Tres edificios de instituciones nacionales  han sido tomados en los últimos meses por personas inconformes con la actuación de los organismos en los temas que les corresponden. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), desde el 17 de febrero; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde el 4 de septiembre; y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), desde el pasado 12 de octubre.

En los tres casos, las autoridades han publicado comunicados asegurando que están abiertas al diálogo. Y también en los tres casos, los inconformes se han quejado de que esos comunicados solo aparecen en internet, pero los titulares de las dependencias no se paran ahí a escucharlos ni demuestran un compromiso real para atender sus demandas. Por lo que no han anunciado que tengan intenciones de moverse.

Los diputados aprobaron durante la madrugada de este miércoles diversos cambios a leyes que traerán cambios en impuestos y servicios para el próximo año.

Los legisladores aprobaron la Miscelánea Fiscal 2021 que incluye cambios a la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación.

Un puñado de empresas trasnacionales resultaron ampliamente beneficiadas con recursos públicos a través de fideicomisos receptores de recursos federales a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Diez empresas sirven como ejemplo: Intel; Kimberly Clarck; Whirrpool; Bayer; Volskwagen; Monsanto; Mabe; Femesa Logística; Honeywell; IBM y Bimbo, obtuvieron en suma 891 millones de pesos de fondos federales.

Los abogados responsables de identificar y localizar a las familias de los menores que fueron separados en la frontera sur de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump no han podido localizar a los padres de 545 de estos niños, según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

El gobierno introdujo en 2018 una política de “tolerancia cero” en la frontera con México, lo que se tradujo en la separación indiscriminada de unas dos mil 800 familias. La mayoría de ellas permanecían aún bajo custodia en Estados Unidos cuando una orden ejecutiva puso fin a esta controvertida medida.

Pese a una leve mejoría en el mercado laboral, la informalidad no cesa, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la población ocupada informal en septiembre de 2020 fue de 28.1 millones, 245 mil más que en agosto del mismo año. Dicho comportamiento se debió principalmente al crecimiento de los ocupados dentro del sector informal que pasó de 13.6 millones (49%) en agosto a 13.9 millones (49.6%) en septiembre de 2020.

Entre diciembre de 2018 y septiembre de 2020, es decir en los primeros 22 meses de este sexenio, más de 65 mil 300 personas han sido asesinadas en México. En promedio, son 99 víctimas de homicidio y feminicidios todos los días en el país. Se trata del arranque más violento para un gobierno en lo que va del siglo.

Pero mientras eso sucede, el 40 por ciento de los policías estatales, la primera línea de defensa para prevenir y en su caso detener a los homicidas y criminales, gana menos de 10 mil pesos al mes, y el diez por ciento percibe menos de cinco mil. A ello se suma la falta de capacitación y de evaluación de los agentes.

La Cámara de Diputados aprobó una reforma al Impuesto Sobre la Renta (ISR) que restringe las vías para que organizaciones de la sociedad civil obtengan recursos para financiar sus actividades y limita sus acciones a proyectos en los que se puedan facturar todos sus gastos, lo que dificultaría que se atienda a localidades sin acceso a internet.

Estas reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), se aprobaron con 283 votos a favor, 129 en contra y 4 abstenciones.

El próximo 30 de octubre, Alfonso Durazo dejará la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de la República. Se irá, como se anticipó desde su llega al Gobierno federal, a encabezar la candidatura de Morena al Gobierno de Sonora, su natal estado.

Durazo es el único civil en las áreas policiacas y de investigación del Gobierno Federal. Su área de acción ha estado acuerpada por los titulares de las Fuerzas Armadas, el General Cresencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional, y por el Almirante José Ojeda, Secretario de Marina.

Ignorado. Rebasado. Confundido. Extraviado. Así está el Presidente de México ante la detención, en Estados Unidos, del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, presuntamente por estar coludido con el narcotráfico.

Que sabía de la investigación. Que no sabía. Que el General es lo podrido del neoliberalismo. Que siempre no. Que se investigue a la DEA. Que hay respeto a EU. En fin. López Obrador ha sido un costal de contradicciones con esta detención.

La Primera Sala aprobó el proyecto que determinó como infundado el recurso de reclamación promovido por la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal. La Suprema Corte determinó en junio que al detener la nueva política del SEN no se afectan la seguridad ni la economía nacionales, que ha sido el argumento de la Secretaria Nahle y del Presidente López Obrador. El mandatario mexicano ha asegurado que su Gobierno va a defender el nuevo acuerdo del Cenace.

Los ejidos de Moyotepec y Tenextepango, Morelos, mantendrán su apoyo y respaldo total al plantón de San Pedro Apatlaco de Ayala, que ha evitado el inicio de operaciones del Proyecto Integral Morelos (PIM), a pesar de los intentos de división de las asambleas y la violencia derivada de la tensión entre los pobladores.

En asambleas simultáneas en ambos ejidos, los ejidatarios reafirmaron su apoyo a no permitir que el agua del río Cuautla se utilice para operar la termoeléctrica de Huexca, por lo que manifestaron su respaldo total al plantón de Apatlaco que ha evitado se concluya el acueducto que transportaría el agua del río al megaproyecto.

Al confirmar que dimitirá al cargo de secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Sonora, Alfonso Durazo apuntó hoy: “Renuncio al gabinete pero no al proyecto político que ha encabezado el presidente, mucho menos renuncio a respetar, reconocer su liderazgo político, la congruencia indiscutible que ha tenido el presidente en su ejercicio como gobernante”.

Durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador colmó de elogios a Durazo y dijo que aún realiza esfuerzos por convencerlo de que no renuncie.

El gobierno mexicano puso en tela de juicio este miércoles la labor del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y le sugirió que se someta a una autocrítica y reflexión “para determinar si aún cuenta con la autoridad moral necesaria” para encabezar el organismo.

Maximiliano Reyes, subsecretario para América Latina y el Caribe del gobierno de México, dijo en su discurso en la Asamblea General de la OEA que durante las elecciones presidenciales de Bolivia de 2019 la Secretaría General de la organización “utilizó de manera facciosa a la misión de observación electoral para denunciar prematuramente un supuesto fraude que nunca existió” ante el triunfo de Evo Morales Ayma, proceso que a la postre generó una crisis social en ese país que derivó en un golpe que llevó al mandatario a presentar su dimisión. 

Tras la eliminación de 109 fideicomisos, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó al consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, realizar una amplia auditoría a todas esas figuras y fondos y, en los casos en que haya evidencias de corrupción y mal manejo de recursos, se presenten denuncias penales ante la Fiscalía General de la República. 

A partir de esta mañana y durante tres meses se estarán dado a conocer ejemplos sobre las irregularidades y desviación de recursos detectados a través de estos fideicomisos, porque este asunto, aseguró, no termina en su desaparición. “A veces es necesaria la claridad, no las medias tintas, no la indefinición: la defensa de esos fideicomisos y de esos fondos era la defensa de la corrupción, así de claro”, subrayó.  

Josefina Vázquez Mota, Senadora del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró este miércoles que no recibió los 73 millones de dólares de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de Enrique Peña Nieto para apoyar a la comunidad México-Americana en los Estados Unidos, tal como fue revelado hoy por Rodolfo González, titular de Radio, Televisión y Cine (RTC), como parte de su reporte sobre el mal manejo de los fideicomisos en México.

De 2013 a 2018 se transfirieron 41 mil 624 millones de pesos a grandes empresas privadas de México y el mundo a través de los fideicomisos y apoyos fiscales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), informó María Elena Álvarez-Buylla, titular del organismo.

En su intervención durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la funcionaria federal detalló que en el periodo que analizó, y que corresponde al Gobierno de Enrique Peña Nieto, se observó un “uso discrecional y opaco” de recursos públicos por medio de los fideicomisos.

La exposición fue amplia: en su último informe, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño dio cuenta de sus resultados, enfatizó los delitos que están a la baja y, declarando, “lo menciono rápido”, terminó declarando dos resultados adversos.

El feminicidio, indicador delictivo que ha sido altamente conflicto para el gobierno por el movimiento feminista, subió 0.4% entre enero y septiembre de este año, en comparación con el mismo periodo de 2019.

Cinco días después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió los lineamientos en materia de austeridad, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) contrató la renta de un vehículo para su titular, Ana Gabriela Guevara, a razón de 3 mil 700 pesos por día.

De acuerdo con el contrato que obra en el portal CompraNet, la Conade firmó un contrato por este servicio con la empresa Value Arrendadora SA de CV por el periodo que va del 24 de septiembre al 31 de diciembre de este año.

A 15 meses de su renuncia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el gobierno de la Cuarta Transformación, Carlos Urzúa reconoce en el presidente Andrés Manuel López Obrador una genuina preocupación por la pobreza y la desigualdad en México. No obstante –dice–, el mandatario no abandona el clientelismo, además de tener una visión “setentera” del petróleo como motor de la economía. 

El economista egresado del Colegio de México (Colmex) advierte, en entrevista realizada mediante un cuestionario que respondió por escrito, que López Obrador es el único que decide acerca de las políticas económicas de peso con un modelo económico difícil de definir.