Entre el  jueves 12 y la madrugada de este viernes 13 de junio dos cadáveres fueron localizados al interior de dos vehículos abandonados en los distritos de La Presa y Playas de Tijuana, en esta última dirección también se halló el cuerpo sin vida de un hombre con lesiones de arma de fuego, hecho en el que se detuvo a dos presuntos miembros del Cártel de Sinaloa (CDS).

El primer hallazgo fue el registrado a las 14:19 horas de la tarde del jueves en la colonia Los Laureles, donde se encontró a un hombre sin vida, identificado como Vicente Chávez García, quien tenía una lesión de bala en la cabeza.

En este hecho fueron detenidos José Ángel Solis Bueno y Manuel Munguía Moreno, quienes supuestamente están identificados como integrantes del CDS.

Varias horas más tarde del hecho anterior, a las 21:24 horas en el Ejido Rojo Gómez se halló el cadáver de otro hombre, el cual no ha sido identificado, al interior de un vehículo estacionado en un lote baldío. La víctima tenía lesiones de arma de fuego.

La madrugada de este viernes 13 de junio a la 01:27 horas en la colonia Herrera, fue localizado un vehículo marca Toyota línea cambry color guinda con placas de circulación A49NWB4, y en el asiento trasero de este se encontró un bulto con silueta humana envuelto en una cobija color rojo con amarillo, al inspeccionarlo se descubrió que se trataba de una mujer sin vida que estaba maniatada.

Tijuana suma 44 homicidios en junio.

El niño Fernando fue víctima de un secuestro virtual en el municipio de Ayala, Morelos, confirmaron autoridades estatales. Gracias a la colaboración entre vecinos y corporaciones de seguridad, el menor fue localizado sano y salvo, escondido en una barranca del poblado de Tenextepango. 

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia, explicó que el menor de 12 años fue engañado mediante una llamada telefónica que simulaba una situación de riesgo, lo que derivó en su desaparición.

Néstor Jesús Garduño, de 38 años, quien era coordinador de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, fue asesinado tras ser víctima de un ataque a balazos afuera de su domicilio, en la colonia Valle Dorado en esta ciudad. 

El atentado contra el integrante de la organización popular más reconocida de Puebla, la cual está por cumplir 51 años de su fundación, ocurrió la noche del martes 10 de junio, alrededor de las 21 horas, cuando Garduño llegaba a su casa y fue atacado a balazos por un sujeto que cubría su rostro con un casco negro.

Cuando estalló el escándalo de la Casa Blanca adjudicada a la familia Peña-Rivera, entonces presidente Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera primera dama del País, por allá de noviembre de 2014, y el grupo de investigación de Aristegui Noticias develó que poseían una mansión valorada en unos 7 millones de dólares, que además estaba a nombre de una empresa relacionada con el Grupo Higa, el principal constructor de los gobiernos del priista, quien salió a dar la cara por la casa fue la esposa, entonces y ahora apodada La Gaviota por una interpretación en una telenovela.

Sola, con un traje morado, contra una pared, con los brazos sobre una mesa y sosteniendo documentos en sus manos, Angélica Rivera habló por ella y defendió su patrimonio. Pocos le creyeron. Sin embargo, salió a dar la cara por su familia, incluido su esposo, el presidente Enrique Peña Nieto.

En Baja California, después de que el 10 de mayo el esposo de la gobernadora informó vía Facebook que su visa de turista le fue revocada, y que con ello había afectado a su esposa, Marina Ávila, no ha dado la cara en 27 días. El primer caballero del estado, y recién afiliado a Morena, ha permanecido escondido en algún lugar de México, o del mundo, y ha dejado sola a su esposa.

No sólo la dejó con la crisis más grande que haya tenido cualquier gobierno estatal en México: que un gobernador, en este caso mujer, en funciones, le hayan retirado la visa para entrar a los Estados Unidos, que prácticamente le prohibieran el acceso a ese país, y para agravar el asunto, estando al frente de la administración de uno de los estados fronterizos con la Unión Americana una relación binacional prioritaria en esta región económica.

A los días del anuncio de la revocación de las visas, primero la del esposo y luego la de la gobernadora, otro escándalo, el segundo en menos de dos semanas, sacudió al gobierno de Baja California: una casa de cuatro millones de dólares, que la propia mandataria presumió en redes sociales, localizada en Rancho Santa Fe, en el condado de San Diego, California, donde departió con sus padres y su hija, pero que está a nombre de un polémico empresario, Fernando Salgado, ligado no sólo a Morena, también al alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, y en algunos proyectos al gobierno del estado, a Carlos Torres Torres y hasta al exfiscal, Ricardo Iván Carpio.

Ambas polémicas, las más grandes que han sucedido en Baja California con el retiro de la visa norteamericana a la mandataria estatal, algo que nunca había ocurrido en el País, y en la utilización de una mansión millonaria en San Diego, la gobernadora Marina Ávila Olmeda las ha enfrentado sola. De su marido nada se sabe, sólo lo que publica en Facebook.

De tener una vida muy pública, de representar junto a su hermano Luis Torres los intereses de la gobernadora, de ser escoltado por camionetas oficiales con escolta y apoyado en las relaciones públicas por el publirrelacionista de Jorge Hank y del gobierno del estado, Miguel Ángel Badiola, Carlos Torres pasó al ostracismo. Se escondió, se esfumó, se ocultó del ojo público y el martes de esta semana, el 3 de junio, finalmente hizo desde donde se encuentre refugiado, lo que debió hacer cuando el retiro de su visa de turista para entrar a los Estados Unidos: se deslindó del cargo “honorario” que su esposa le concedió y el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño también.

Si como Torres Torres dijo en su publicación inicial que lamentaba “profundamente que esta situación haya tenido consecuencias para mi esposa, Marina del Pilar”, y él se consideraba responsable de lo que su esposa estaba viviendo, la pregunta es por qué no se deslindó de su gobierno de manera inmediata. De hecho, fue la gobernadora, quien días después de informar de las revocaciones a ambos de las visas norteamericanas, lo ratificó en el cargo de coordinador de Proyectos Estratégicos.

Hubieron de pasar 25 días, para que finalmente el esposo se deslindara de los espacios de gobierno que ocupaba en la administración de su mujer y en la de Tijuana. Finalmente, fue convencido quizá, o entró en razón tal vez, de hacerse a un lado y no seguir explotando las posiciones políticas de su pareja para provecho de sí mismo, como lo ha hecho sistemáticamente desde 2019 cuando ella era alcaldesa de la capital bajacaliforniana.

La cuestión es que -a diferencia de Angélica Rivera, que lo hizo de frente, con cámaras, que no se escondió y continuó con su vida de primera dama de México-, Carlos Torres, el primer caballero de Baja California, no da la cara; informa desde la oscuridad, agazapado en algún lado justificando poner “pausa” a su vida pública para dedicarse a su familia, a sus hijos, pero dejando sola a su esposa con la crisis política más grande que ha habido en el estado, de la cual es protagonista.

Ahora sí que en el caso de la familia Ávila-Torres no hay un gran hombre detrás de una gran mujer, sino un hombre camuflajeado en el gobierno de su esposa, amparado en un partido político poderoso, confiado en la protección del oficialismo desde la Presidencia de la República, oculto en algún lugar, alejado del ojo público, arropado con la impunidad de investigaciones truncas en la FGR, pero muy señalado por la autoridad de los Estados Unidos que le niega el acceso a su territorio.

Quizá, con el ocultamiento de Carlos Torres, con el hecho de dejar sola a su esposa enfrentando las crisis políticas y personales que tiene, sus aspiraciones a ser candidato de Morena a la alcaldía de Tijuana en 2027 también se hayan esfumado, así como su persona que se perdió en medio del peor brete que se tenga en la historia de Baja California.

La protesta ciudadana sigue: sea con carnes asadas, con gritos de “Fuera Marina” en cualquier concentración de personas, o con el ya muy popular “¿Y el Torres?”, emulando a quienes en Sinaloa buscaban al Gobernador Rubén Rocha. Pero en Baja California, quisieran saber dónde está el esposo de la gobernadora y por qué no da la cara. Al menos, como sí lo hizo La Gaviota, en 2014.

La comisaria del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento (Simas) de Piedras Negras, Dolores García García, presentó evidencias del pago por consumo de alcohol a través del erario público que fue facturado tanto por el gerente del organismo, Lorenzo Menera Sierra, así como por integrantes del Consejo Directivo y empleados diversos.

Las irregularidades van desde la compra de artículos personales, como tenis de marca y con un costo de más de tres mil pesos, hasta contratos a familiares del gerente y proveedores que no se encuentran en el padrón y también son familiares de regidores, además de facturas por gasolina y alimentos a trabajadores y varias personas que no se encuentran en la nómina, así como el pago de arrendamiento de maquinaria con la que sí cuenta la dependencia.

Fernando Salgado Chávez es un personaje muy cercano al poder en Baja California. Aunque públicamente se mueve con un bajo perfil, su influencia la viven y la padecen otros empresarios de la región, particularmente en Tijuana, Rosarito y Ensenada.

Originario del puerto de Ensenada, dicen quienes le conocen que es dado a ser la mano que mueve los hilos, o la cuna de la política, lo cual logra a partir de invertir recursos en las campañas políticas. En el puerto bajacaliforniano fue muy ligado al gobierno de Armando Ayala, quien a su vez fue señalado incluso ante la hoy alcaldesa, Claudia Agatón, como quien obstaculizaba obras y desarrollos por no llegar a acuerdos extraoficiales financieros.

En Baja California, hace unos 15 años, Salgado Chávez hizo amistad y compadrazgo con quien sería el fiscal general del Estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez, motivo por el cual, la esposa del ex fiscal, Anakaren Sánchez Rodríguez, aparece como la directora financiera de la empresa INTL Builders Inc, que dirige Salgado, y la cual compró la casa en Rancho Santa Fe en la que se exhibió la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda (y su familia cercana) en redes sociales.

Para darse una idea de la estrecha relación entre Salgado y Carpio, la esposa de este último es lo que en Estados Unidos se conoce como CFO (Chief Financial Oficcer, por sus siglas en inglés), pero en México en cualquier empresa ese cargo se conoce como “Director Financiero”, y se trata del “responsable de gestionar las actividades financieras de una organización. Supervisa la planificación financiera, la gestión de riesgos, el mantenimiento de registros y la elaboración de informes financieros, garantizando así la salud financiera de la empresa. Los CFO suelen reportar al CEO y tienen una responsabilidad fiduciaria ante la Junta Directiva y los accionistas”, de acuerdo a su definición.

En Rosarito, en la época en que el ayuntamiento lo encabezaba Araceli Brown, el encargado de Desarrollo Urbano, Enrique Díaz Pérez -refieren empresarios de la construcción- tenía dos jefes extraoficiales: uno el notorio por haber sido detenido por narcotráfico en 2009, Candelario Arceaga, el Cande; y el otro, Fernando Salgado Chávez.

Pero cuando esa administración en el quinto municipio terminó, esos poderes fácticos mudaron a Tijuana.

Efectivamente, empresarios de la construcción en la fronteriza ciudad, comentaron a esta columnista cómo Fernando Salgado controla toda obra, concesión o contrato que se otorga en la administración de Ismael Burgueño; para ello proveyeron la lista de funcionarios que se reportan no con el alcalde, sino con Salgado. Entre ellos, por supuesto, Enrique Díaz Pérez, quien pasó del Ayuntamiento de Rosarito, a ser el encargado de Desarrollo Urbano de Tijuana.

Se suma Pedro Montejo Peterson, secretario de Economía, quien es íntimo amigo de Fernando Salgado; Juan Diego Mascareño López en el IMPLAN; Nelly del Carmen Pabello Vega en Oficialía Mayor; y, muy importante, Fran Ochoa Chávez, en la Dirección de Obras e Infraestructura.

Con este entramado de colaboradores municipales, la red de Salgado -confiaron los empresarios- se encarga de bloquear proyectos que no concilian con ellos en términos financieros. Varios de los entrevistados para este texto, que solicitaron el anonimato por muy obvias razones de represión o mayores obstáculos en los trámites municipales, confiaron que los permisos, anuencias, citas, proyectos que entregan al Ayuntamiento de Tijuana no tienen el visto bueno del alcalde Burgueño, sino del empresario Fernando Salgado, a quien los funcionarios le reportan directamente. Algunos de estos desarrolladores están esperando que concluya la presente administración en Tijuana, para poder reactivar sus proyectos en otras condiciones y con otros funcionarios.

Toda esta red de funcionarios al servicio de externos y no del ayuntamiento, salió a colación una vez que se hizo público que la casa en la que la gobernadora Marina Ávila Olmeda presumió la celebración del Día del Padre en junio de 2024, y que publicó en su red social X, y que se asumió era su residencia, está a nombre de la empresa de Fernando Salgado donde la esposa del ex fiscal Carpio, Anakaren Sánchez, también aparece como directora financiera.

La mansión, porque, de hecho, el término de casa le queda chico, tiene alberca, seis recamaras, cuatro baños y medio, jacuzzi, barra, y hasta una playa artificial; además, claro, de las áreas de uso personal y común como salas, cocina, estancias y etcétera. Esta casa se descubrió cuando Marina Ávila publica la foto festejando a su padre, y la escenografía, un elegante sofá blanco con cortinas cafés, coincide con la de la mansión puesta en venta en marzo de este mismo año, un mes antes de que, al esposo de la gobernadora, Carlos Torres, y a ella misma, les fuera revocada la visa para internarse en los Estados Unidos.

La residencia en cuestión fue adquirida por tres millones 995 mil dólares, y por ejemplo, en el 2024, nada más de predial, pagó poco más de 50 mil dólares.

Tanta opulencia presumida por la gobernadora en sus redes, en momentos de una crisis política como la que vive por la revocación de su visa, hizo que se investigara la foto que publicó, y a la persona que ella señaló como el propietario de la mansión. Así se conoce la influencia de Fernando Salgado Chávez en la política bajacaliforniana y los bienes y raíces en los Estados Unidos, que utilizan mexicanos; o utilizaban, cuando podían entrar a aquel país.

La cuestión es si el poder y la influencia de Salgado seguirá ahora que se conoce de sus redes; o si, por ejemplo, el alcalde Ismael Burgueño retoma la administración de su gobierno y nombra a sus propios funcionarios; o si de plano el compromiso es tanto que se mantiene el escenario como está. Y eso, se verá en los próximos días.

Pero de que se ha destapado algo en Baja California, es una realidad innegable.

El expresidente de Bienes Comunales de Santa Cruz Tagolaba, Anastasio “N”, alias “Tacho Canasta”, fue asesinado en un terreno de labranza en conflicto ubicado en la Sexta Sección de esa comunidad perteneciente al municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca.

El atentado contra del exlíder comunal “Tacho Canasta” se registró este día en un predio cercano al hospital del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) en Santo Domingo Tehuantepec, el cual se encuentra en disputa por la presunta invasión de este personaje y su hermano Sergio Gutiérrez, quienes han sido acusados de encabezar un grupo armado y de contar con la protección de gobiernos priistas y ahora morenistas.

La mañana de este domingo, 25 de mayo de 2025, una narco manta, presuntamente adjudicada a un integrante del Cártel Arellano Félix (CAF), fue dejada en la entrada del fraccionamiento Natura, sección Bosques, sin que hasta el momento se reporte algún detenido.

El narco mensaje estaba en un camión gris, estacionado en la privada Cardenales esquina con bulevar Natura, enfrente de una tienda Oxxo, del citado fraccionamiento en el sureste de Tijuana, según la información obtenida por ZETA

“Hola. Me comunico presencialmente no es amenaza pero si no se ponen vergas (016), (015) D´ Fracc. Natura a quien dejen jalar agusto le comenzaré a tronarlos todos sus puntos. Bueno a lo que voy traigo 6 personas en mi lista Reitero me comunico para el permiso y no poner hoy su zona Natura vamos x ustedes, 1 tragedias, el Fockner, Chuy, Fran, Iair, Luis Pinchez ratas ATTE, Mata ratas Tijuana CAF (Sic)”, señalaba textualmente el mensaje.

Cinco días antes, el martes 20, en un puente sobre el bulevar Fundadores de esta ciudad fronteriza fue abandonado otro narco mensaje presuntamente firmado por el CAF. En él amenazaban al Hibael Suárez Osorio, comisionado de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE)

“Hibael Suárez Osorio Comisionado de la policía ministerial. Sigues tu por ratero Regresa los 50 mil dls que te robaste Ya viste como le fue al agente que mandaste a robarnos ATTE. CAF (Sic)”, señalaba el mensaje.

Ese día, otra manta colocada en el puente rosa del fraccionamiento El Mirador indicaba: “Romero de que sirvieron los 20 mil dls para tu silla que se la dieron a Carrillo. Si no respetas acuerdo (Sic)”

Por este hecho fueron aprehendidos Héctor Omar “N” y Dylan Eduardo “N” en inmediaciones de la colonia El Porvenir.

Las organizaciones y pueblos cholultecas llegaron a un acuerdo con el gobierno estatal y el ayuntamiento de San Andrés Cholula para que sus estrategias comunitarias, ante la expansión inmobiliaria sobre sus tierras, sean tomadas en cuenta en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano.

Luego de 36 horas de mantener un bloqueo en la carretera federal que comunica Puebla con Atlixco, los manifestantes lograron establecer una mesa de diálogo con el subsecretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, y la alcaldesa de San Andrés, Guadalupe Cuautle.

Tras horas de negociaciones, las autoridades aceptaron dar continuidad a un convenio que ya se había firmado en años anteriores para tomar en cuenta estas estrategias que buscan evitar que los pobladores originarios sigan siendo desplazados de sus tierras o que se saqueen recursos como el agua.

Parte de los acuerdos firmados es que, en una mesa de trabajo, académicos de universidades como la Ibero, la Buap y la Udlap, expongan los análisis que ya emitieron sobre estas estrategias y propuestas, y que esto se haga con la participación de representantes de la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Estado.

“Una vez realizada la exposición de dictámenes o documento de factibilidad por las Universidades, y en caso de que exista viabilidad jurídica y técnica manifestada por todas las instancias competentes en la materia, se iniciará el proceso para la integración de las estrategias y/o acciones propuestas por los pueblos originarios, por el Ayuntamiento de San Andrés Cholula”, indica el documento firmado.

Entre las estrategias que proponen está el crear polígonos de protección, de terrenos no vendibles, en torno a los pueblos originarios; revertir los incrementos en costos de escrituración de propiedades en comunidades cholultecas; frenar extracción de agua y llevar a cabo estudios sobre riesgo de hundimientos, entre otros.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) emitió un boletín para aclarar que las obras propuestas por el gobierno de Alejandro Armenta Mier, como son el Cablebús y la Universidad del Deporte, aún no han sido aprobadas y siguen en evaluación, pues apenas fueron presentados sus proyectos este 21 de mayo.

En rueda de prensa el día 22, el gobernador poblano aseguró que esas dos obras ya las había autorizado el INAH “por unanimidad”.

La tarde de este sábado 24 de mayo fue colocada una manta afuera de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, ubicadas sobre bulevar Cuauhtémoc y Río Suchiate en la colonia Revolución.

La manta amenazaste fue dejada en un vehículo tipo sedan marca Toyota Celica de color gris con placas A89NSX1, el cual estaba estacionado en la parte posterior de la Secretaría de Seguridad.

En la manta se podía leer: “Hay te va pinche maricon que la juegas al verga de ser jefe de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana (Luis Juan Ramírez R) si le sigues la cura pendeja al 01 Luis García Barraza te vas a terminar arrepentido porque ya sabemos quién es el que maneja tus negocios sucios y te los vas a sentar para que te metas al carril y cantada doble (Jean Eliut Villanueva García) va a chingar su madre, para que sepa aquí todos están ubicados, pero son más conscientes y saben que la silla no es para siempre así que alineate y ábrete porque les queda poco tiempo. Atte CJNG”.

Fue a las 12:26 horas del medio día, vía frecuencia de mandos, que personal de monitoreo informó de una pareja sospechosa, la mujer estaba vestida de negro y el hombre usaba camisa azul, que estaba revisando las instalaciones de la Secretaría, indicando que estos se fueron en dirección a la Avenida Paseo de los Héroes a espaldas del establecimiento de comida rápida Carl’s Jr.

Al lugar arribó una unidad de la Policía Municipal, la cual notificó que posiblemente los presuntos responsables iban a bordo de un vehículo marca Honda Accord de color blanco con placas de California, Estados Unidos, 7UKX579, en dirección al Mercado Hidalgo, ubicado sobre el bulevar Sánchez Taboada.

Los agentes realizaron la búsqueda de los presuntos responsables, logrando ubicarlos sobre las calles Manuel Gutiérrez y Juan de Dios Peza, en donde fueron intervenidos.

De acuerdo con el reporte, posteriormente se informó que faltaba un segundo vehículo, por lo que realizaron la búsqueda, encontrándolo en la parte posterior de la Secretaría, siendo este el que contenía el mensaje amenazante.

Aunque la demanda de derechos fue admitida, el juez de amparo se declaró incompetente para conocer de la misma, pues la quejosa señala prácticamente a todos los juzgados federales, además de los del fuero común.

Citlalli Amaya, emanada del partido Movimiento Ciudadano (MC) y que fue alcaldesa de Tlaquepaque durante el periodo 2022-2024 pidió la protección de la justicia en contra del acto consistente en “la orden de aprehensión y su ejecución”.

Sin embargo, dice el juez de amparo “en el apartado denominado “autoridades responsables ordenadoras” de dicha demanda, se observa que se señaló como tal a este Juzgado Federal, así como al resto de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco”.

“Bajo ese panorama, se pone en evidencia que en este momento, se actualiza la regla de competencia excepcional prevista en el artículo 38 de la Ley de Amparo”, advierte el juzgador, por lo que la demanda de garantías podría ser remitida a un juez de distrito de Colima.

Hasta el momento se desconocen los motivos por los que la regidora y exalcaldesa teme ser detenida, pero la actual presidenta municipal, Imelda Pérez Segura, de Morena, ha denunciado irregularidades y daños al erario por parte de la administración anterior a la suya por 139 millones 272 mil pesos.

A 14 años de uno de los hechos más violentos registrados en el estado de Veracruz, un juez de control dictó sentencia condenatoria de 70 años de prisión contra Víctor Hugo “N”, encontrado culpable de homicidio doloso calificado en agravio de 65 víctimas y de homicidio doloso calificado en grado de tentativa contra una persona identificada con las iniciales T.L.M. 

Además de la pena privativa de libertad, el juez ordenó el pago por concepto de reparación del daño y la suspensión de sus derechos civiles y políticos, en el marco de la causa penal 760/2018.

Hasta el próximo jueves se reanudará la audiencia judicial de Rubén “N”, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), quien permanece desde el 9 de mayo en prisión preventiva en el penal de Cieneguillas. 

El rector enfrenta acusaciones por el delito violación equiparada agravada en contra de una menor, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Un juez de control ordenó la prisión preventiva en contra de Rubén Ibarra Reyes, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), detenido la noche del pasado viernes en el municipio de Guadalupe por la fiscalía estatal y quien es señalado de la presunta comisión del delito de violación equiparada agravada.

En la audiencia, que se llevó a cabo el sábado en el Centro de Justicia Penal de Cieneguillas, el juez determinó la prisión preventiva hasta el próximo lunes 12 de mayo, en la que el juez Alfredo Sánchez Domínguez determinará la situación jurídica del rector.

La acusación, por la que la fiscalía pretende imputar al rector, se desprende de una denuncia presentada en noviembre de 2024.

En un comunicado la institución señaló en un comunicado que “la atribución de estos hechos corresponde a la esfera personal del imputado, sin que exista conexión alguna con su desempeño o gestión dentro de la Universidad Autónoma de Zacatecas”.

Del mismo modo lo precisó el secretario general interino de la UAZ, Armando Flores de la Torre, en una rueda de prensa, al mencionar que se trata de un “procedimiento meramente personal, no tiene nada que ver con la institución”.

Ante la aprehensión del rector, el Flores de la Torre asumirá sus funciones provisionalmente, de acuerdo con la ley universitaria, en tanto el Consejo Universitario no defina las acciones a seguir.

“La institución no es una persona, somos todos los universitarios: docentes, estudiantes y personal administrativo”, dijo.

El próximo 14 de mayo, la UAZ celebrará elecciones en las que se elegirá a un nuevo rector y otros 700 cargos, con la participación de estudiantes, maestros y trabajadores. Los principales contendientes son la líder del sindicato universitario, Jenny González Arenas, y el exsecretario general, Ángel Román Gutiérrez.

La Fiscalía General de Puebla, con el apoyo del Ejército, la Marina y policía estatal, cateó inmuebles propiedad del alcalde de Cuautempan, Gerardo Cortés Caballero, quien fue postulado por PT-Morena, en los cuales decomisó drogas, armas, cartuchos útiles y vehículos.

En un comunicado, la FGEP señala que estos cateos llevados a cabo en Cuautempan y en Ahuacatlán, ambos municipios ubicados en la Sierra Norte de Puebla, se derivan de reportes de actividades ilícitas en esos lugares como cobro de piso de 200 a 500 pesos por comerciante, robo de mercancías a transportistas y negocios, así como venta y distribución de droga.

Según medios locales, las casas intervenidas son propiedad del actual presidente municipal, Cortés Caballero, y de su padre, de igual nombre, quien también fue alcalde de ese municipio en dos periodos anteriores (2008-2011 y 2018-2021), grupo político que se había sumado a la 4T.

Los pobladores reportan que Cortés Caballero no ha hecho apariciones públicas desde el jueves, por lo que se presume que se dio a la fuga.

En tanto que la FGEP informó que los inmuebles quedaron asegurados, pero no reporta personas detenidas. Solo indica que las investigaciones continúan para dar con los responsables de esas actividades ilícitas.

Cabe recordar que el 7 de marzo fueron aprehendidos los alcaldes de Chalchicomula de Sesma y de Tlachichuca, los hermanos Uruviel y Giovanni González Vieyra, luego de que se llevaron a cabo cateos en inmuebles de su propiedad.

A la fecha se encuentra prófugo Ramiro González Vieyra, quien es hermano de los dos ediles detenidos y a su vez era presidente municipal de la localidad vecina de San Nicolás Buenos Aires. Los tres hermanos llegaron a la alcaldía tras ser candidatos por Movimiento Ciudadano.

La alcaldesa de Capulhuac, Selene Hernández Herrera (PT), solicitó licencia temporal del cargo por 90 días, alegando asuntos de carácter personal, misma que fue aprobada por unanimidad en el Cabildo.

La solicitud se da en medio de los señalamientos en su contra por presunta violencia física, verbal y sexual hacia una psicóloga del DIF municipal.

En sesión extraordinaria se presentó el punto en el que la munícipe justificó su solicitud, pero no aclaró si las cuestiones personales podrían estar relacionadas con una investigación en su contra.

La tercera regidora, Sarita Arellano Hernández, asumirá las funciones de presidenta municipal en tanto se cumple el plazo de la licencia de la titular Selene Hernández.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, José Francisco Vázquez Rodríguez, mencionó a medios locales que, hasta el momento, “no hay un procedimiento en contra de la alcaldesa” y, advirtió que serán las autoridades correspondientes quienes deslinden responsabilidades.

De acuerdo con testigos, una camioneta tipo Suburban sin placas, presuntamente parte del convoy, atropelló a José Luis Chipahua Bernabé, de 31 años y padre de dos menores, quien falleció poco después del impacto.

El fiscal general de Morelos, Edgar Maldonado Ceballos, nombró a Leonel Díaz Rogel como nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), pese a que mientras fue encargado de despacho de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos cometió diversas irregularidades denunciadas por los propios colectivos de víctimas.  

Estos señalamientos incluyen prácticas como la contratación de personal no capacitado y el desorden administrativo que generó conflictos con familiares de personas desaparecidas.

Ocho niñas y niños resultaron con quemaduras de distinta gravedad durante un campamento organizado por el Colegio Françoise Dolto, plantel Berriozábal, en el Centro Histórico de Oaxaca, la noche del 29 de abril.

El evento formaba parte de las actividades escolares por el Día de la Niñez, y hasta este día, las familias exigen justicia.

Según información recabada por el colectivo Mujeres Luchando con Fuerza X México, el incidente ocurrió al interior de las instalaciones del colegio, cuando un docente habría intentado reavivar una fogata utilizando alcohol, lo que provocó una expansión de las llamas que alcanzó a las niñas, niños y al propio maestro.