El reportaje del Washington Post, que cita a fuentes familiarizadas con las nuevas estrategias que se piensan aplicar, califica este nuevo enfoque del gobierno sobre los cárteles como una “potencialmente riesgosa prioridad” para una agencia de espionaje que en los años recientes se enfocó en China, las operaciones antiterroristas en Oriente Medio y África y el apoyo a Ucrania en el contexto de la guerra contra Rusia.

Ahora, el director de la CIA, John Ratcliffe, tiene la intención de trasladar los recursos de la agencia a su misión antinarcóticos y aplicar los conocimientos adquiridos en sus dos décadas de seguimiento, infiltración y desmantelamiento de redes terroristas para luchar contra los cárteles, asegura The Washington Post, citando una fuente anónima que expresó cautela debido a que aún no están plenamente concluidos estos planes.

“Las lecciones aprendidas en el ámbito de la lucha contra el terrorismo son aplicables a la misión de lucha contra el narcotráfico y los cárteles. No se ha aplicado todo el peso de esas lecciones a este problema”, afirmó la fuente.

"Una reacción feroz"

El énfasis –señala el diario, citando a otros informantes– estará puesto en un mayor apoyo de EU a las fuerzas antidrogas en México, sin estar claro si tomarían medidas directas en suelo mexicano.

Ex funcionarios de inteligencia y militares advierten que una operación así provocaría una reacción feroz y dañaría las relaciones entre Estados Unidos y México, incluida la cooperación antidrogas, sostiene el Post.

“No creo que la gente entienda del todo lo que eso podría significar. Una cosa es hacer eso en un entorno sin ley, como Yemen, Somalia o Afganistán”, dijo al WP un ex funcionario de inteligencia estadunidense.

Otro funcionario militar citado por el rotativo asegura que el Pentágono no tiene planes de ese tipo por el momento.

La nota del periódico propiedad del magnate Jeff Bezos menciona la opinión de exfuncionarios de inteligencia, militares y diplomáticos en el sentido de que una estrategia más dura probablemente alejará a México. Un mayor intercambio de inteligencia y capacitación podría ayudar, pero es poco probable que produzca los resultados rápidos y visibles que Trump desea, sostiene el diario.

“No se puede entrar con las armas en mano”, dijo al WP Daniel Gerstein, coronel retirado del ejército de EU que sirvió en Colombia, quien descartó que un enfoque así pudiera ser exitosos.

En su extensa nota, The Washington Post recuerda que la CIA ha tenido un papel secreto desde hace tiempo en la lucha contra el narcotráfico en México. Durante años, menciona, ha trabajado en estrecha colaboración y en silencio con el ejército mexicano para perseguir a los capos de la droga, aun cuando esta cooperación se vio fracturada sobre todo desde el arresto en 2020 del general Salvador Cienfuegos.

“Acciones contraproducentes”

La nota citas declaraciones del congresista demócrata Joaquín Castro, miembro del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, quien considera que las asociaciones de inteligencia con aliados extranjeros son importantes para acabar con los cárteles, aunque consdidera que Hasta la fecha, las acciones de la administración Trump han sido “contraproducentes” para esos objetivos.

“Esta administración no ha presentado un plan creíble para contrarrestar la violencia de los cárteles o proteger a los ciudadanos estadunidenses del crimen transnacional. En cambio, la estrategia de Trump ha consistido principalmente en amenazas grandilocuentes de invadir México, imponer aranceles punitivos al comercio o designar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras”, dijo Castro.

No es lo mismo combatir a los cárteles que al terrorismo, dice el WP con base en las afirmaciones de exfuncionarios, y pone como ejemplo cuando EU entrenó y equipó a fuerzas locales “aprobadas” en Afganistán. Pero allí, a diferencia de México, el ejército estadunidense y sus representantes controlaban franjas de territorio.

“No creo que Trump esté buscando cosas que se puedan hacer de manera lenta y metódica”, dijo un exfuncionario de inteligencia al diario.

“Un hueso duro de roer”

Finalmente, The Washington Post cita a al exembajador en Colombia William Brownfield, quien recuerda que EU ya había entrenado a unidades antidrogas mexicanas en el contexto de la Iniciativa Mérida.

“Eso funcionó durante un tiempo. ¿Funcionará ahora, con Sheinbaum? No lo sé. México es un hueso duro de roer”, dice Brownfield respecto a la reacción visceral que provocaría la presencia militar o policial estadunidense en territorio mexicano: “No hay absolutamente ninguna manera de hacer esto sin provocar ira”

Según detallaron los funcionarios a CNN, la CIA no había sido autorizada a utilizar los drones para llevar a cabo acciones letales, además de que añadieron que no preveían utilizar las aeronaves no tripuladas, para llevar a cabo ataques aéreos. Sin embargo, los agentes de la agencia independiente estadounidense, en México compartían la información recogida, a los funcionarios mexicanos.

El General Atomics MQ-9 Reaper (Segador en inglés), originalmente conocido como Predator B, es un vehículo aéreo no tripulado (UAV), desarrollado por la compañía estadounidense General Atomics Aeronautical Systems y usado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

El MQ-9 dispone de un motor turbohélice de 950 caballos de fuerza. Activos desde el año 2007, es usado en múltiples misiones incluyendo en la frontera México bajo el mando de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Es capaz de volar a 15 mil metros de altura sin ser detectado.

Sin embargo, el mismo día, al ser cuestionada al respecto -durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió en una sola frase: “es parte de esta campañita”, sin abundar más sobre ello.

De acuerdo con datos publicados por el Poder Judicial de la Federación, existe una clara tendencia al alza en la resolución de solicitudes de intervención de comunicaciones privadas por parte de jueces federales en los últimos años. 

Mientras en 2017, el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, los jueces recibieron mil 756 solicitudes para intervenir comunicaciones, en 2018, el año de la transición, hubo 5 mil 881  y para 2023 registraron 10 mil 626, lo que representa un crecimiento de 80% en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. 

Sin embargo, existe evidencia de que las autoridades utilizan las herramientas de vigilancia aún sin orden judicial y sin tener facultades legales.

Entre los abusos que se han documentado, se encuentra evidencia revelada por The New York Times en noviembre de 2023 sobre cómo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México accedió a registros telefónicos, mensajes de texto y datos de localización de diversas figuras políticas, tanto del partido gobernante como de la oposición.

La Fiscalía solicitó esta información a la empresa de telecomunicaciones Telcel, argumentando que estos datos serían utilizados en investigaciones sobre secuestros y desapariciones e invocando las causales de excepción de la autorización judicial previa a las que se refiere el artículo 303 del CNPP.

Sin embargo, R3D sostiene que se trata de un “modus operandi”, toda vez que también le ocurrió a la periodista Marcela Turati, la cofundadora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Mercedes Doretti, y la defensora de derechos humanos Ana Lorena Delgadillo, quienes señalaron que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) accedió a sus registros telefónicos al incluirlas en en la misma carpeta donde se investigaba a integrantes de una organización delictiva.

“A partir de estos casos se ha apreciado un modus operandi en el que las fiscalías abren una investigación o usan una existente y, con base en ‘información anónima’, solicitan a las empresas de telecomunicaciones que les den información de números que no guardan relación con algún delito. De esta forma se utilizan carpetas sobre secuestro u otros delitos graves con la intención de eludir la obligación de obtener autorización judicial federal de manera previa”, señala el informe.

La organización R3D documentó en “El estado de la Vigilancia” que en México se han usado herramientas como FinFisher de Gamma International, Galileo de Hacking Team, Pegasus de NSO Group y Reign de Quadream para infectar equipos y acceder a toda la información del usuario. 

También han utilizado herramientas de extracción forense e incluso antenas falsas y geolocalización basada en la explotación de vulnerabilidades en la infraestructura de telecomunicaciones. 

El primer antecedente de Pegasus en México se registró en 2012, cuando investigaciones periodísticas publicaron que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) se convirtió en el primer cliente internacional de NSO Group, al adquirir el sistema Pegasus como parte de una serie de contratos celebrados con la empresa Security Tracking Devices S.A. de C.V., los cuales ascendieron a 5.6 mil millones de pesos.

El espionaje continuó en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en 2019 y 2022, toda vez que existe evidencia de que la Sedena adquirió un software a la empresa autorizada para la venta del software en México, con el que accedió a la comunicación celular del defensor de derechos humanos, Raymundo Ramos, el periodista Ricardo Raphael y un periodista de Animal Político.

Respecto a la más reciente investigación sobre el abuso de Pegasus por parte del Ejército entre 2019 y 2022, la Fiscalía no ha logrado ningún avance en más de dos años. Ni siquiera ha podido obtener los contratos en los que el Ejército obtuvo licencias para operar Pegasus. 

Esto porque la Sedena se ha negado a hacer públicos los contratos con NSO Group para la adquisición de Pegasus u otros sistemas de vigilancia, como prometió públicamente el presidente López Obrador,  a pesar de las numerosas pruebas y documentos que muestran el número y las fechas de los contratos, así como los pagos realizados por la institución.