El abogado Raúl Andrade Osorio denunció en Aristegui En Vivo que fue detenido arbitrariamente mientras representaba a una víctima de violencia vicaria, tras ser agredido por el presunto responsable. Afirmó que su detención estuvo vinculada a un posible tráfico de influencias por parte del abogado Jorge Sánchez Recaño, quien presume cercanía con el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta.
El doctor Raúl Andrade, apoderado de la asociación civil Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, denunció en Aristegui En Vivo que fue detenido de forma arbitraria por su labor como abogado en un caso de violencia vicaria, lo cual, según afirmó, ocurrió en un contexto de tráfico de influencias.
Andrade relató que fue citado a la Agencia de Investigación de Violencia Intrafamiliar para recoger unos oficios, acompañado por su clienta, la madre de un menor sustraído, cuando apareció el padre del niño, presunto agresor, y lo agredió físicamente.
“Me detienen de una forma sumamente arbitraria, porque no estaba yo en delito flagrante“, declaró Andrade, quien explicó que el agresor lo acusó falsamente de haberlo golpeado.
El abogado señaló que el presunto agresor, Luis Enrique N., tiene como abogado a Jorge Sánchez Recaño, quien “presume que tiene vínculos muy fuertes con el gobernador del estado (Puebla), Alejandro Armenta”, lo que habría derivado en privilegios y protección institucional. Según Andrade, “advertimos con mi detención una situación de tráfico de influencias”.
Aseguró que la fiscal de género, Karla Michel Salas Sánchez, “nos dijo que el niño no estaba sustraído porque estaba con su padre”, criterio que, según Andrade, ha sido superado desde hace años.
Criticó que “la fiscal de género la mandó a llamar (a la madre) y dijo: ‘mira, te quedas sin abogado, entonces te voy a nombrar un asesor jurídico de la Comisión Estatal de Víctimas’”.
Andrade explicó que “la madre quedó sola” tras su detención, lo que provocó que se le amedrentara: “le dijeron que si seguían así las cosas iba a mandar al niño al DIF”.
Andrade sostuvo que su liberación se dio porque no hubo flagrancia, ni evidencias suficientes, y denunció un trato diferenciado en favor del presunto agresor: “la Fiscalía advirtió que la verdad era una cuestión claramente autoritaria y por eso decidieron dejarme en libertad”.
El abogado pidió que se investigue a Jorge Sánchez Recaño y a la fiscal Karla Michel Salas Sánchez por sus vínculos con el gobernador”.
Adriana Leyva Alanís relata que personas que se identificaron como policías de investigación intentaron detenerla por una orden de aprehensión que correspondía a otra persona.
Hombres vestidos de civil que se identificaron como policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México intentaron detener a la activista Adriana Leyva Alanís, a pesar de que la orden de aprehensión correspondía a otra mujer con el mismo nombre, pero con diferentes características físicas.
El pasado 8 de julio, los supuestos agentes la esperaron a que saliera de su domicilio para intentar esposarla. Ahora, la activista relata a Animal Político lo ocurrido, luego que la asociación civil Mujeres Unidas X La Libertad, a la que pertenece, emitió un comunicado que fue suscrito por organizaciones, como Equis Justicia y CEA: Justicia Social, para denunciar el intento de detención arbitraria.
Adriana, subdirectora de Mujeres Unidas X La Libertad, dedicada a mejorar las condiciones de vida de mujeres en prisión, ya había hablado con uno de ellos, identificado como José, quien unos 40 minutos antes tocó a su puerta.
“¿Te acuerdas del problema que tuviste hace unos años? Vengo de la Fiscalía y necesito que vayas a firmar unos documentos relacionados con ese asunto”, le dijo el hombre, quien se identificó como José.
Quién es Adriana Leyva Alanís, la activista que sufrió intento de detención arbitraria en CDMX
La activista estuvo cuatro años y medio en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, de abril de 2011 a septiembre de 2015, por lo que pensó que se trataba de ese caso. Aunque se le hizo muy extraño que la buscaran en su domicilio, pues ocurrió hace 10 años y ya cumplió su sentencia.
De hecho, junto con otras mujeres de su organización, acude con regularidad a distintos centros penitenciarios de la capital del país para impartir talleres y apoyar a internas en sus procesos. Su labor ha sido reconocida incluso por autoridades del gobierno de la CDMX, como el reconocimiento “Mujeres destacadas” en marzo de 2024, de manos del exjefe de gobierno Martí Batres.
El hombre le dijo que algunas hojas de su expediente se habían mojado porque estaba lloviendo y necesitaban otra vez sus firmas. Ella accedió a acudir al reclusorio Oriente para firmar los documentos que le pedían y se despidió de él.
Cuarenta minutos después, Adriana salió a comprar cigarros y un refresco. Mientras conversaba con una comerciante frente a un Oxxo, vio que José se le acercaba.
“¿Qué, me está siguiendo?”, le preguntó.
“Lo que pasa es que tienes una orden de aprehensión y te vamos a detener”, le respondió.
Ella negó tener una orden de aprehensión y mientras explicaba que estaban en un error, otro hombre se acercó con unas esposas.
—Es por el robo de hace cuatro años —le dijeron.
Adriana se defendió; les dijo que no estaba involucrada en ningún robo hace cuatro años.
—¿Robo a qué?—, cuestionó.
—Robo a tienda —le contestó uno de ellos.
—No, ¡cómo cree! A tienda yo no. Me va a disculpar, pero yo no soy —les dijo.
Adri, como le dicen sus compañeras de la organización, dice que llegó otra persona con la carpeta de investigación y al revisar la fotografía de la mujer con la orden de aprehensión, el agente se dio cuenta de que no coincidía con sus características físicas.
—Estamos buscando a una mujer de 1.70, y tú mides como 1.60 —le dijo.
—No, yo mido 1.50, no me andes inventando estatura. Pertenezco a una asociación civil que defiende los derechos humanos de las mujeres internas; no soy yo. Ustedes tendrían que haber investigado antes.
Además, la mujer a la que buscaban es corpulenta, con facciones muy distintas. El hombre se justificó señalando que se trataba de un caso de homonimia o robo de identidad.
Consultada a través del área de comunicación, la Fiscalía de la CDMX negó contar con algún registro de intento de detención por parte de policías de investigación.
A una semana de lo ocurrido —un hecho que le generó miedo, removió recuerdos y la criminalizó—, Adriana compartió con este medio fotografías del intento de detención. Pero para ella lo preocupante es que por errores similares, ante la falta de una investigación adecuada, hay personas en prisión.
“Si ya me pasó a mí directo, en carne propia, ¿a cuánta gente no le pasó? Hace unos años, una chica del Estado de México nos presentó a su esposo. Un señor sano, inocente, de verdad, que se da a querer. Le dijimos: ‘¿Tú por qué estuviste?’ Él dijo: ‘Por asesinato, pero yo no lo hice, carnala. Resulta que llegaron a mi pueblo y preguntaron por Ramón, y dijeron: “Ahí está Ramón”, y me agarraron y me metieron 20 años a la cárcel’. Estuvo 20 años”, recuerda.
“Yo dije: ‘¿cómo van a llegar nada más así y, como se llama Ramón, se lo van a llevar?’ Pues ya lo estoy viviendo. Resulta que, porque yo me llamo así, entonces les valió madres la foto, ¿no? Al final del día hay que presentar a alguien”.
Exigen a Fiscalía de CDMX investigar el intento de detención arbitraria de activista
Las organizaciones firmantes condenaron los hechos, pues aseguraron que no solo representa un riesgo para la libertad y seguridad de Adriana Leyva Alanís, sino que constituye un ataque a la labor de defensa de derechos humanos que realiza Mujeres Unidas por la Libertad desde hace años.
Por ello, exigieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que investigue a fondo lo ocurrido, esclarezca el origen y la legalidad de la actuación de los policías, y sancione a quienes resulten responsables.
Además, pidieron al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que otorgue medidas de protección inmediatas para Adriana Alanís, así como para la actual directora de Mujeres Unidas X la Libertad y cofundadora, Beatriz Maldonado.
“Me prometí que mi tranquilidad no la iba volver a perder”, dice la activista, ahora más serena tras una semana en la que casi no quería ni salir de su casa. “Una cosa es que tú te la quites, la tranquilidad; otra, muy distinta, es que alguien más te la quite”, remata Adri.
Policías de Morelos se equivocan y detienen a Marvin un joven con discapacidad intelectual, y lo acusan por robo y portación de arma de fuego.
Familiares, amigos y compañeros de Marvin, un joven con discapacidad intelectual, protestaron en el Centro Histórico de Cuernavaca para exigir su liberación inmediata, tras ser detenido arbitrariamente por policías del Mando Coordinado y acusado de participar en el robo a mano armada de una motocicleta.
La detención del joven de 18 años, que por su condición, su comportamiento es como el de un niño de 10 años, fue cerca de las 15:00 horas, el pasado viernes, en el municipio de Emiliano Zapata en la colonia Prohogar al interior del panteón municipal.
El padre del normalista desaparecido César Manuel González Hernández compartió el momento previo a la detención del hombre en Tixtla.
Presuntos policías municipales de Tixtla, Guerrero, detuvieron y golpearon a Mario González, uno de los padres de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala en 2014.
En redes sociales, el padre del normalista desaparecido César Manuel González Hernández, difundió un video en el que se observa un momento antes de su detención en el punto conocido como El Triángulo por parte de presuntos policías.
Alrededor de 300 policías estatales golpearon, lanzaron piedras, balas y gases lacrimógenos y bloquearon el paso a campesinos mayas de Ixil, Yucatán, así como detuvieron a al menos un hombre durante un nuevo intento de despojo de más de 300 hectáreas de tierras de uso común por los empresarios inmobiliarios Chikri Abimerhi y Gerardo Millet.
“Nos tiraron piedras, gas lacrimógeno, hubo balas. A una señora le lastimaron su pierna. Ahora van a traer a más policías y hay mucho movimiento. Un señor quería entrar porque tenía una vaca pariendo y los policías lo pisotearon y se lo llevaron, no nos dicen dónde está y no sabemos nada, a su esposa tampoco le dan información”, dijo a Desinformémonos Alejandra Kantún Chim, del colectivo Defensores y Protectores del Futuro de IXIL.
Cuatro hombres vestidos de civil y sin identificar detuvieron aribitrariamente al defensor del agua y el territorio y comunicador nahua Alejandro Torres Chocolatl en la comunidad de Santa María Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla, Puebla.
Los hombres llegaron a bordo de dos autos particulares que interceptaron el vehículo en el que iba a bordo Torres, «y lo hicieron bajar para llevárselo detenido en dirección a la casa de INjusticia de Tlaxcalancingo, San Andrés Cholula», informaron los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes.
El Grupo de Trabajo de la ONU recomendó la liberación de Mario Almanza, Jorge Hernández y Sergio Rodríguez, quienes llevan 20 años presos sin sentencia.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas determinó que autoridades mexicanas torturaron y detuvieron arbitrariamente a Mario Almanza, Jorge Hernández y Sergio Rodríguez, quienes llevan más de 20 años en prisión sin sentencia.
Los tres imputados fueron detenidos sin orden de aprehensión el 13 de agosto de 2002 por agentes ministeriales de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tlaxcala vestidos de civil, a bordo de vehículos no balizados, y fuera del área territorial de su competencia.
El número de reportes por procedimientos irregulares de autoridades migratorias en aeropuertos ha crecido en los últimos años, advierte la organización Sin Fronteras, que este lunes lanzará la campaña #VocesAeropuertoMx.
Ante la creciente problemática de detenciones de personas extranjeras y devoluciones arbitrarias en los aeropuertos de México, este lunes la organización Sin Fronteras pondrá en marcha la campaña #VocesAeropuertoMx, con la finalidad de tener un mejor registro de casos, facilitar su difusión en redes sociales y dar información sobre vías formales de denuncia.
“Hemos visto muchas detenciones y devoluciones arbitrarias que se justifican por algún tipo de alerta migratoria o algún problema en la segunda revisión ante migración; es algo que nos preocupa muchísimo en Sin Fronteras porque ahí hay también personas que eran sujetas de protección internacional que nunca lograron entrar a un procedimiento ante la Comar (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados) para verificar si requerían ayuda”, explica Fernanda Rivero, coordinadora de comunicación e incidencia de la agrupación.
El taxista fue llevado a los separos municipales por una presunta falta administrativa, mientras que su unidad fue remolcada a un corralón en turno sin ningún presunto delito.
Una patrulla de la Policía Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fue captada por una cámara de vigilancia cuando obligaba a correr a un perro que mantenía atado de la parte trasera del vehículo, mientras éste iba a alta velocidad.
El video fue difundido en redes sociales y condenado por usuarios, que reprobaron los actos de los funcionarios municipales.
Durante más de dos años, las mujeres detenidas la mañana del 10 de julio en la glorieta Santa Fe, capital del estado, han buscado tener acceso a la justicia, que se sancione a los mandos de Seguridad Pública que ordenaron su detención cuando pretendían ser escuchadas por el gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.
Al declarar que actuaron sin órdenes de mandos superiores, elementos rasos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) pretenden encubrir responsabilidades de funcionarios de primer nivel y justificar la detención de tres mujeres buscadoras y una activista durante la manifestación en julio de 2020 cuando se inconformaron por el nombramiento Héctor Díaz Ezquerra como comisionado estatal de búsqueda.
Durante más de dos años, las mujeres detenidas la mañana del 10 de julio en la glorieta Santa Fe, capital del estado, han buscado tener acceso a la justicia, que se sancione a los mandos de Seguridad Pública que ordenaron su detención cuando pretendían ser escuchadas por el gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) denunció la detención «ilegal y arbitraria» de los maestros p’urhépecha Cecilia Lorenzo Santiago, Miguel González Estrada y José Luis Sebastián Estrada, por los «Kuarichas» de la comunidad de Cheranastico.
Explicó que la policía comunal Kuarichas «aún no obtiene el reconocimiento jurídico, por lo que sus integrantes carecen de personalidad jurídica para poner a disposición a cualquier detenido», de manera que las retenciones son «inconstitucionales» y violan el debido proceso.
Debido a pleitos legales que sostienen con sus exparejas tras haberse separado de ellos, tres mujeres integrantes del Frente Nacional contra Violencia Vicaria fueron arrestadas.
En los primeros días del mes de julio, tres mujeres integrantes del Frente Nacional contra Violencia Vicaria fueron arrestadas por autoridades, como resultado de los pleitos legales que sostienen con sus exparejas tras haberse separado de ellos.
La organización reportó que el pasado 4 de julio Yetlanezy Baltierrez fue detenida en Sonora, acusada de incumplir con el pago de la pensión alimenticia de su hijo de 18 años, aunque no existe un fallo que determine que le debe dinero a su exmarido por los años que estuvieron separados y el joven aún era menor de edad. Debido a esta irregularidad en su proceso, la mujer fue liberada horas después.
El Corredor Interoceánico del Istmo es un megaproyecto que impulsa el gobierno federal y que incluye la rehabilitación de las vías férreas del puerto de Salina Cruz, Oaxaca, hasta Coatzacoalcos, Veracruz, y la construcción de parques industriales.
“Esto no me doblega” afirmó la profesora ayuujk (mixe), Micaela Valdivieso Joaquín, al abandonar las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Oaxaca donde permaneció detenida durante 48 horas junto con su hijo por el “delito de oposición” a la obra del Corredor Interoceánico.
Y advirtió que “vamos a seguir luchando (porque) lo único que yo intenté fue defender un patrimonio y que lo voy a seguir defendiendo porque esto no me doblega”.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México dirigió la Recomendación 03/2021 a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Fiscalía General de Justicia, por detenciones ilegales y arbitrarias de 37 personas, quienes se encuentran en los reclusorios varoniles Norte y Sur, y el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla.
De enero del 2018 a diciembre del 2021, la CDHCM abrió 959 expedientes sobre casos vinculados a hechos donde las personas peticionarias refirieron una detención ilegal o arbitraria, precisó su presidenta Nashieli Ramírez Hernández.
De 23 mujeres detenidas, 15 quedaron libres tras pagar una fianza. Colectivas y organizaciones piden a autoridades no ejercer acción penal.
Ocho mujeres que participaron en las manifestaciones de 8M en el estado de Aguascalientes continúan detenidas y este miércoles podrían ser vinculadas a proceso.
Desde el pasado lunes, diversas colectivas y organizaciones acusaron que sus compañeras fueron agredidas y detenidas de forma arbitraria por las autoridades estatales y municipales.
Además de las 8 mujeres, hay un hombre que también podría ser vinculado a proceso por participar en la marcha.
Integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) y pobladores de Ocosingo, Chiapas, denunciaron la detención arbitraria y «con lujo de violencia y abuso de autoridad» de dos de sus miembros que se trasladaban a Palenque para la venta de café orgánico.
Los detenidos, Fernando Espinoza Pérez y Baldemar Espinoza Pérez, fueron interceptados el pasado 10 de febrero a la altura del crucero Peña Limonar por un grupo de cincuenta personas con «armas fuego, palos y machetes», liderados por el presidente del comisariado, el concejo de vigilancia, el secretario del comisariado y el agente auxiliar municipal de Ocosingo.
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero exigió la liberación inmediata de Jorge Darío Meyra León, de 64 años, quien fue golpeado y detenido arbitrariamente por la policía mexiquense el pasado 14 de enero y recluido en el Centro Preventivo de Readaptación Social de Chalco.
Meyra León, quien padece bradicardia sinusal, fue detenido luego de que acudiera a donde unos policías violentaban «con uso excesivo de la fuerza» a unos jóvenes en Chalco. En el lugar, los policías empujaron a Meyra y lo llevaron hacia una de las patrullas en el lugar, y lo acusaron de haber quitado un arma tipo revólver a uno de los oficiales.
A un año de la detención «violenta y arbitraria» del defensor y vocero del Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas (CODEDI), Fredy García, en su proceso continúan las irregularidades por las que se encuentra «prácticamente obligado a purgar una pena anticipada por un delito que no cometió y del cual no se ha dictado una sentencia», denunció la Coordinación para la Libertad de Personas Defensoras Criminalizadas en Oaxaca.
La Coordinación explicó que constitucionalmente los plazos para ser juzgado no deben prolongarse más allá de un año, pero en el caso de García apenas el 20 de octubre pasado se declaró cerrado el plazo de la investigación, «sin que se haya señalado fecha para llevar a cabo la audiencia intermedia, pues escudándose en la pandemia se le ha mantenido en prisión a lo largo de un año».
Después de semanas de declaraciones erráticas del gobernador Enrique Alfaro sobre la brutal represión de las manifestaciones que exigían justicia por el asesinato de Giovanni López a manos de policías, el caso ya no es suyo. La autoridad federal atrajo la investigación y, además de los videos y los reportes de los defensores de derechos humanos que desmintieron desde el principio la versión del mandatario jalisciense, empiezan a conocerse los crudos testimonios de los detenidos.
A pesar de que en las manifestaciones del jueves 4 al sábado 6 en esta ciudad hubo más de un centenar de detenciones arbitrarias por parte de la policía ministerial, en especial el viernes 5, sólo se han presentado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) 14 denuncias contra la Fiscalía General del Estado (FGE). Esta dependencia la encabeza Gerardo Solís, quien como procurador tiene más de 5 mil denuncias de violaciones a los derechos humanos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y 31 observaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las cuales fueron ignoradas.
El anunció del gobernador llega luego de que el presidente López Obrador anunciara que pediría la intervención de la CDNH en el caso.
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que retirará los cargos contra los seis jóvenes detenidos el pasado sábado en Guadalajara tras las protestas por la muerte de Giovanni. “Estoy tomando en este momento la decisión, de una vez más y por última ocasión, de levantar los cargos contra los seis jóvenes que están detenidos por los hechos cometidos el día sábado (…) para que puedan quedar de inmediato en libertad”, señaló.
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