La violencia contra el sector empresarial en el municipio de Tuxpan, al norte de Veracruz cobró una nueva víctima este lunes, sumando cuatro en menos de un mes.

Nabor Casco Machorro, dueño de las farmacias Independencia, fue asesinado a balazos mientras lavaba su vehículo frente a su domicilio, ubicado en la calle 1 del fraccionamiento Jesús Reyes Heroles.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados llegaron al lugar y le dispararon sin mediar palabra, y el cuerpo del empresario, de aproximadamente 60 años, quedó tendido junto al automóvil.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.

AUTOR: REDACCIÓN.

LINK: https://aristeguinoticias.com/230425/mexico/veracruz-asesinan-a-cuatro-empresarios-en-un-mes-en-tuxpan/

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV) notificó el posible cierre de la investigación de la tortura que policías ministeriales cometieron contra el indígena ñuhú Diego Bonilla, “a pesar de la existencia de elementos periciales, testigos e incluso análisis de contexto”, denunciaron organizaciones y centros de derechos humanos.

Bonilla, originario de la comunidad El Pericón, en el municipio de Texcatepec, fue testigo del homicidio de su amigo el 29 de mayo de 2023, por lo que al día siguiente fue trasladado a Huayacocotla para rendir su testimonio en la FGEV, donde policías ministeriales “lo inmovilizaron amarrándolo con una cobija, luego lo presionaron con las rodillas, trepados sobre su cuerpo, y comenzaron a meterle agua por la nariz repetida y violentamente” para que incriminara a otra persona por el crimen, explicaron el Comité de Derechos Humanos Sierra Norte de Veracruz, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo, entre otras organizaciones.

De acuerdo con la denuncia, el testimonio de Bonilla “fue tergiversado y redactado en español, sin respetar su idioma ni su versión real”, para detener a Silverio Reyes, hoy preso por el crimen a pesar de que Diego Fernando nunca lo señaló como responsable. Durante su declaración ante el fiscal itinerante, en presencia de una intérprete oficial, Bonilla relató en ñuhú cómo fue torturado por la policía, pero “tanto el Fiscal como la intérprete ignoraron su testimonio” y redactaron una versión “que Diego no entendió” y que “le pidieron firmarla y retirarse”, precisaron.

Con el acompañamiento de las organizaciones, el 30 de junio de 2023 Bonilla presentó una denuncia formal por tortura y la Fiscalía Especializada abrió una carpeta de investigación, pero durante más de cuatro meses “no se realizó ninguna diligencia sustancial”, por lo que se interpuso un amparo. La demanda fue admitida en marzo de 2024 y a partir de entonces se realizaron algunas diligencias, como la toma de declaración de Diego, la ratificación de su denuncia y la inscripción del caso en el Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET), así como se programó la aplicación del examen médico-psicológico conforme al Protocolo de Estambul.

“A pesar de estas evidencias y del avance impulsado por el juicio de amparo, el 25 de marzo de 2025, la Fiscalía de Tortura anunció su intención de cerrar el caso, al enviar una determinación de no ejercicio de la acción penal a revisión de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales. Es decir, considera que Diego no fue víctima de tortura, a pesar de la existencia de elementos periciales, testigos e incluso análisis de contexto”, señalaron las organizaciones.

Frente a la pretensión de la Fiscalía de Veracruz, las organizaciones y centros de derechos humanos exigieron que las autoridades no cierren la investigación sin agotar todas las diligencias, que respeten el derecho de Bonilla a una investigación con enfoque intercultural, y que cese el uso de declaraciones obtenidas bajo coacción.

“La tortura no puede seguir siendo ignorada ni encubierta por las propias instituciones encargadas de impartir justicia”, subrayaron las organizaciones, que aseguraron que la decisión de la Fiscalía “refuerza el patrón de impunidad” en Veracruz frente a las denuncias de violaciones a derechos humanos.

COMUNICADO:

“Esas personas que me dieron el mensaje pueden estar tranquilas. Yo, en este momento, me bajo de la contienda. No me interesa ese cargo ni ningún otro de elección popular. No me interesa participar, así no”. 

Con lágrimas en los ojos, Anell Acevedo, exaspirante del Partido del Trabajo (PT) a la presidencia municipal de La Antigua, uno de los 212 municipios que renovará alcaldías el próximo 1 de junio, anunció en su perfil de Facebook que tras ser objeto de amenazas se retira del proceso electoral. 

“El día de hoy recibí, vamos a llamarlo un mensaje, una sugerencia muy concreta, pidiéndome que me retirara de la contienda”, expuso Acevedo. 

“Y debido a ese mensaje no voy a participar. Es muy difícil esto, sentí mucho miedo, porque esto no es política. La política de ninguna manera debe ser bajo amenazas de ningún tipo hacia ningún candidato, aspirante, ni persona. Es muy duro, tengo hijos y decido retirarme para cuidar mi integridad y la de mi familia”, concluyó la exaspirante del PT.

Vicente Aguilar, coordinador estatal petista, detalló en conferencia de prensa el pasado 25 de marzo que tres personas llegaron a la casa de la exaspirante y le ordenaron retirarse, o de lo contrario lo pagaría con sus hijos. No obstante, la dirección estatal del PT catalogó en ese momento el suceso como algo “aislado”, por lo que dijeron que no pedirían medidas de seguridad para sus abanderados.

Sin embargo, ayer martes 1 de abril, a tan solo unas horas de que este día 2 concluya el proceso de registro de precandidatos ante el Organismo Público Electoral Local (OPLE), la postura del partido cambió cuando en las primeras horas de la madrugada sujetos balearon hasta en 20 ocasiones la camioneta de Crispín Hernández, aspirante a la alcaldía de Mixtla de Altamirano, en la zona montañosa de la región de Zongolica, y luego la quemaron hasta calcinarla. 

El atentado a la camioneta del aspirante, aunque no dejó heridos ni víctimas, sí prendió las alarmas al interior del partido.  

“Se nos hace raro que sean ya dos aspirantes del PT amenazados, por lo que vamos a poner atención especial en todos nuestros aspirantes, para que cualquiera que vea, sienta o reciba algo raro, nos lo informe y así nosotros podamos pedir seguridad especial para ellos”, dijo en entrevista con Animal Político Ramón Díaz Ávila, diputado local del PT, que especificó que esa petición de seguridad se la harían al Gobierno del estado y al Gobierno federal, una vez que ya queden conformadas el próximo 15 de abril las listas oficiales de candidatos y candidatas ante el OPLE.

Donde también tienen las alarmas encendidas es en Movimiento Ciudadano. El coordinador estatal de ese partido, Luis Carbonell, señaló en entrevista que al menos 10 aspirantes de su partido decidieron bajarse también de la contienda ante amenazas y hechos de violencia. 

“En algunos casos, decidieron simplemente apartarse de la contienda luego de recibir amenazas, y en otros nos dijeron de manera muy contundente que recibieron una visita de alguien y que, por el bien de sus familias, ya no deseaban participar en el proceso”, apuntó Carbonell, que destacó que, al margen de lo que establecen las cifras de que en los últimos años hubo una reducción de homicidios en la entidad, “se ha vuelto muy difícil hacer campaña en cualquier rincón de Veracruz”.

Un día después, el 9 de febrero, se reportó el secuestro del aspirante por Morena a la alcaldía de Cotaxtla, Vicente Domínguez Aparicio. Se trata de un empresario ferretero y de la construcción que participaba en la pinta de bardas junto a otros morenistas, cuando sujetos armados lo interceptaron, lo subieron con violencia a un auto rojo, y se lo llevaron aparentemente rumbo a Tierra Blanca. 

Tan solo unas semanas antes, el empresario había anunciado públicamente su intención de participar en la contienda electoral como aspirante a la alcaldía de Cotaxtla, también en la zona centro del estado. Cuatro días después del secuestro, el aspirante morenista fue hallado con vida, aunque con golpes por el cuerpo. Por el momento, se desconoce si continuará en la contienda por la alcaldía.

Mientras que el 10 de diciembre del año pasado, Benito Aguas Atlahua, diputado federal de 45 años y excalcalde de Zongolica, en la región montañosa de la zona centro de Veracruz, fue asesinado a balazos cuando viajaba en su camioneta por la comunidad de Tepenacaxtla. 

“La situación se está poniendo complicada y hay intranquilidad”, lamentó Federico Salomón Molina, presidente del comité estatal del PAN en Veracruz, en esta nota que publicó Animal Político el pasado 7 de marzo. 

“Por eso el exhorto al gobierno del estado es para que se ponga a revisar y supervisar qué es lo que está pasando, porque nada de esto que está sucediendo va a ayudar para que la gente salga el día de la elección a votar con tranquilidad y en libertad”, agregó el dirigente blanquiazul que, además, recordó que en el estado, como en el resto del país, también se realizarán las elecciones para el Poder Judicial, lo cual puede complicar aún más las cosas. 

El blanquiazul nombró municipios como Sayula, Acayucan, Jáltipan y Poza Rica, como otros de los focos rojos en Veracruz para hacer campaña por el voto.

Colectivos de familiares de personas desaparecidas bloquearon las instalaciones de la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz como medida de presión para exigir mejoras en su funcionamiento. Denunciaron despidos, trabajo lento y mala atención a las víctimas.

Las madres también bloquearon varias calles del centro de Xalapa, a escasos metros del Palacio de Gobierno.

A finales de enero pasado, Norma salió de su casa para buscar a su hijo desaparecido en Veracruz, cuando la policía irrumpió en su domicilio, golpeó y detuvo a su otro hijo, también buscador. No fue un episodio aislado, sino una situación que enfrentan familias buscadoras a manos de elementos del Estado en la entidad.

Norma viajó durante tres horas para liberar a su hijo de los separos de la Policía Municipal de Poza Rica. Estaba golpeado y lastimado, bajo la acusación de que cometió una infracción de tránsito. La corporación se justificó así tras entrar a su casa, robar su moto y las cámaras de seguridad, causar destrozos y llevarse al buscador.

Actos como este, en el que elementos de seguridad golpean, acosan y dañan a las y los buscadores en Veracruz, se han convertido en una situación constante según denuncian las integrantes de colectivos de búsqueda.

“Si el gobierno, las autoridades, van a empezar, para que no se den a conocer este tipo de noticias, a atacarnos a los colectivos o a las familias, pues estamos fregados, porque entonces nos van a desaparecer también a nosotros como hicieron con nuestros familiares para que esto no se sepa”, opina Olga Lidia Salazar Hernández, representante del Colectivo Unidos por Amor a Nuestros Desaparecidos, quien considera que la violencia contra ellas es una forma de buscar silenciarlas.

El acoso y la violencia por parte de elementos del Estado se ha convertido en un problema más que enfrentan las integrantes de colectivos de búsqueda, en una entidad que reporta 7 mil 46 personas desaparecidas y no localizadas al 22 de marzo de 2025. Esto la ubica como la cuarta entidad con mayor cantidad de casos, detrás de Jalisco, Estado de México y Tamaulipas. 

La misma policía que golpeó al hijo de Norma, quien pidió resguardar su identidad y no usar su verdadero nombre por temor a represalias, es la que está acusada de asesinar a golpes al buscador Magdaleno Pérez Santes el pasado 12 de marzo. 

Él fue detenido y golpeado en los separos municipales. Tras ser liberado y llegar a su casa falleció por los golpes. Por este caso hay dos elementos vinculados a proceso en prisión preventiva, pero el Colectivo al que pertenecía, María Herrera Poza Rica, pidió la disolución de la Policía Municipal. Aunque hasta el momento sus peticiones no han sido atendidas.

“Hoy nos damos cuenta, que el chico (el hijo de Norma) aguantó porque es un muchacho joven, 22-23 años, tendrá por ahí el muchacho, pero pues no corrió la misma suerte nuestro compañero (Magdaleno), que ya era una persona adulta”, dice Salazar Hernández. 

El joven reconoció a algunos de los agentes cuando irrumpieron en su casa, ya que habían participado juntos en una búsqueda en campo semanas atrás. A pesar de decirles que los conocía, la golpiza no se detuvo.

Cuando estaban en los separos, la policía revisó el teléfono del joven, quien guardaba fotografías de unas fosas clandestinas recién encontradas por el colectivo. Eso le costó más golpes, lo que incrementó la sospecha de que esa era la verdadera razón del abuso policial. 

El joven fue liberado y trasladado a un hospital gracias a la intervención de Norma y otras autoridades. Sin embargo, dos meses después, el acoso continúa. Las patrullas policiales rondan constantemente su hogar, en lo que parece ser un claro acto de intimidación.

Aunque está documentado, muchas recomendaciones han sido rechazadas junto a la petición de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de brindarles seguridad a las víctimas. 

La Fiscalía General del Estado ha recibido ya 7 recomendaciones de la Comisión Estatal este año (de las 17 emitidas en total), varias de ellas relacionadas con desapariciones de personas. Una fue rechazada y el resto está en proceso.

Distintos actores políticos han señalado que estos rechazos son sistemáticos. Al negar las recomendaciones, las víctimas recurren a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha emitido tres recomendaciones en 2025 y cinco en 2024 a la FGE, instándole a aceptar las emitidas por la Comisión Estatal en años anteriores. 

“La no aceptación por parte de esa autoridad evidencia una actitud de indiferencia y falta de compromiso en el cumplimiento de las leyes y una falta de colaboración en la tarea de protección no jurisdiccional de los derechos humanos”, señala la recomendación 229/2024. 

Esta recomendación documenta las amenazas recibidas por las víctimas indirectas para que dejen de buscar, y la sospecha de que provienen de personal de la Fiscalía, pues usaron datos que solo tenía esa dependencia. Lo mismo sucede con otra de las recomendaciones, donde se les pide que ahora sí acepten y donde se señala las amenazas por parte de personal de esta y otras dependencias. 

El integrante del Consejo Estatal Ciudadano de la Comisión de Búsqueda, Pedro Lobato, asegura que se requiere que las recomendaciones de derechos humanos donde se solicitan garantías de no repetición se cumplan, que existan capacitaciones al personal y altos mandos de las corporaciones y existan sanciones no solo administrativas sino punitivas contra quienes cometan esos actos.

Dijo que el Mecanismo de Búsqueda, conformado por la Secretaría de Gobierno, FGE, SSP, Comisión de Búsqueda, el Consejo Ciudadano y demás, ya tenía reportes desde la administración pasada del acoso y violencia que realizan los elementos de policías en diferentes partes del estado contra las buscadoras. Pero éste no ha cesado y ya cobró una vida.  

Salcedo asegura que los colectivos llevan bitácoras de las persecuciones y actos de intimidación como una forma de protección; también han interpuesto quejas ante los organismos de control interno de las corporaciones, pero no han tenido resultados. 

Salazar Hernández afirma que han documentado otros casos, como el de otro joven, hijo de una buscadora, que fue detenido y golpeado en la playa de Tecolutla. No les permitieron pagar la multa y, al identificarse como víctima indirecta de desaparición, los golpes se intensificaron.

Debido a los agresores identificados, que trabajan en dependencias de seguridad, y las constantes violencias, es que las buscadoras aseguran no poder confiar en las corporaciones de seguridad que las deberían proteger y en realidad las violentan. 

“Ya ni siquiera en la autoridad podemos confiar (…)  enojados porque el gobierno nos quiere quitar de en medio para que no sigamos marcándole los errores, porque solamente nos quieren quitar de en medio para que no sigamos haciendo el trabajo que ellos deberían de hacer y no lo hacen”, sentencia Salazar. 

Por su parte, Salcedo afirma que lo único que buscan es poder seguir trabajando para encontrar a sus seres queridos y que las autoridades les brinden las condiciones para poder hacerlo.

“Nosotros trabajamos en grupos, en colectivos, trabajamos porque hubiese una ley, nos esforzamos porque fuese implementada, porque fuese homologada, porque de ahí se desprendieran comisiones, protocolos, se activaran a incluso alertas y todo, y ni siquiera nos dejan operar eso (…) ahí estamos las madres exigiendo una y otra, y otra vez exactamente lo mismo, que nos den la seguridad para poder realizar ese gran trabajo y esa gran labor que hacemos desde el corazón”, dice Salcedo.

Francisco Javier Román-Bardales, alias “Veterano de Tribus” y uno de los líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13), fue detenido en Veracruz y extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por crimen organizado, terrorismo y narcotráfico.

Román-Bardales fue arrestado por autoridades mexicanas el 17 de marzo de 2025 y entregado a agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en el puerto de entrada de San Ysidro, California, el 18 de marzo. Un día después, fue presentado ante la Corte Federal en Central Islip, Nueva York, donde se ordenó su detención preventiva.

Acusaciones por liderar operaciones criminales de la MS-13

Aunque el 15 de marzo finalizó una primera etapa de búsqueda con el hallazgo de cinco víctimas, los vecinos reportan que habría al menos diez cadáveres más. 

Desde hace dos meses, los pobladores de Atitla reportaron movilización en unas cuevas de la comunidad por lo que desde entonces pedían acciones de búsqueda.

Luis Alfredo Cruz López, el presidente municipal de Acultzingo, Veracruz es acusado por los pobladores de Atitla por supuesta protección a grupos delictivos. Entre ellos el de Roberto de los Santos, “El Bukanas”, quien sería supuestamente su familiar.

La jueza Yuriria Zoraya López Gaspar, del Juzgado Sexto en el Séptimo Distrito Judicial de Veracruz, resolvió que el empresario Arturo Castagné Couturier incurrió en difamación, calumnias y violencia política de género contra la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, y le impuso el pago de una indemnización de 14 millones de pesos. 

La mandataria estatal demandó al empresario por daño moral, argumentando que durante su campaña a la gubernatura de Veracruz, entre abril y mayo de 2024, Castagné difundió información en redes sociales que fue considerada falsa y sin sustento, en la que lo acusaba de enriquecimiento ilícito y corrupción durante su gestión como titular de la Secretaría de Energía.

Alin Isaday Salas Isidro, de 27 años, fue privada de la libertad la tarde del 16 de marzo de 2025, mientras circulaba por el centro de la ciudad de Poza Rica.

La joven es hija de una buscadora del Colectivo María Herrera, quien busca a su sobrino Osiel Juárez Isidro, desaparecido desde el 25 de noviembre de 2020.

Un fin de semana violento sacudió la zona central de Veracruz, dejando un saldo de nueve personas asesinadas y una más herida en distintos hechos ocurridos en Acultzingo, Córdoba, Fortín de las Flores y Mariano Escobedo, entre la noche del sábado y este domingo.

Este sábado 15 de marzo, una llamada de emergencia alertó a las fuerzas federales y estatales sobre la presencia de cuerpos sin vida en el municipio de Acultzingo.

Durante un operativo, la Fiscalía General de Veracruz localizó una cueva en la localidad de Vaquería, donde encontraron y rescataron cinco cuerpos.

Debido a la magnitud del hallazgo, la Fiscalía Regional con sede en Orizaba, solicitó apoyo a la Fiscalía?para enviar más personal especializado desde Xalapa para colaborar en las labores de rescate e investigación.

Las diligencias continuaron este domingo, con un fuerte resguardo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).

La cueva se ubica en un camino de terracería, aproximadamente a 4 kilómetros de la carretera “Camino del Mesón”, que conecta la cabecera municipal de Acultzingo con la zona alta de Vaquería y las vías del ferrocarril.

Horas después, en Córdoba, a unos 54 kilómetros de distancia, también en la zona centro, el empresario Ángel Terán Fuentes y su hijo Miguel Terán fueron asesinados dentro de una cancha privada de pádel, ubicada en la colonia Dimas.

De acuerdo con los primeros reportes, el empresario jugaba junto a su hijo y una joven cuya identidad no fue revelada, cuando hombres armados irrumpieron violentamente en el lugar y dispararon directamente contra ellos.

Las víctimas fueron identificadas como Ángel Terán Fuentes, propietario del taller automotriz Tersol, y su hijo, un estudiante universitario.?

Los agresores huyeron tras el ataque, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero.

Durante la madrugada del domingo, en Fortín de las Flores, a 11 kilómetros de Córdoba, un hombre fue asesinado dentro de su domicilio, mientras que su hijo quedó herido de gravedad.

Los hechos ocurrieron en la colonia Adalberto Díaz Jácome, cuando sujetos armados ingresaron a la vivienda y abrieron fuego contra las víctimas.

El joven, gravemente herido, fue auxiliado y trasladado de emergencia a un hospital de la zona, donde permanece bajo resguardo policial.

Este domingo por la tarde, fue hallado un cuerpo calcinado en la localidad Loma Grande, municipio de Mariano Escobedo, a 22 kilómetros de Fortín de las Flores.?

El cuerpo fue localizado tras una llamada anónima al Palacio Municipal de Mariano Escobedo, que alertó sobre su presencia cerca de la carretera a Loma Grande, en la desviación hacia la Congregación El Berro.?

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Veracruz no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre estos hechos violentos ni sobre el avance en las investigaciones.

Magdaleno Pérez Santes, padre buscador e integrante del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera, murió tras presuntamente ser golpeado por elementos de la policía municipal de Poza Rica, Veracruz.

De acuerdo con colectivos de búsqueda, a Magdaleno lo detuvieron en Poza Rica y presuntamente lo golpearon los elementos de seguridad. Horas después lo liberaron, llegó a su casa y le contó a su familia lo que pasó y que se sentía mal, se quejó de un intenso dolor en la espalda y la cabeza; posteriormente falleció.

Su madre declaró a Milenio que fue golpeado y llegó adolorido a casa después de ser liberado el día lunes 10 de marzo, pero ya no pudo levantarse de su cama.

“Le quitaron su celular, le quitaron todo su dinero, le pegaron con un tubo”, dijo al señalar que recibió golpes en la cabeza y la espalda.

Tres personas muertas y una más herida dejó un ataque armado contra los ocupantes de una vivienda en Veracruz, que sufre una escalada de agresiones dirigidas, informaron este jueves fuerzas de seguridad.

Desde finales de febrero hasta este jueves hay al menos 10 personas asesinadas por comandos armados que irrumpieron en comercios o en casas en distintas regiones del estado.

De acuerdo con fuentes policiales, el nuevo ataque ocurrió en un barrio de la comunidad de Villa Allende del municipio de Coatzacoalcos, un puerto del sur de Veracruz.

Testigos y primeras versiones indican que los hombres armados ingresaron a la casa habitación y dispararon a los residentes, dejando un saldo de tres muertos, entre ellos un conocido empresario de la zona.

Un estudiante de bachillerato que había sido reportado como desaparecido la noche del domingo 2 de marzo, en la localidad de La Estanzuela, municipio de Emiliano Zapata, fue encontrado sin vida la noche del lunes. 

Víctor Emanuel Cano Jiménez, de 15 años, cursaba el segundo semestre en la Escuela de Bachilleres Antonio María de Rivera, turno matutino, en Xalapa. La noche del domingo informó a su familia que saldría a una tienda cercana a su domicilio, en La Estanzuela, y que regresaría pronto. Vestía una bermuda, chanclas y una camiseta. 

Durante la madrugada de este sábado, un policía municipal de Fortín de las Flores, Veracruz, disparó y asesinó a un joven de 19 años tras una revisión policiaca. 

La víctima, identificada como Pablo Ortigoza Martínez, era boxeador amateur y estudiante universitario.

El fin de semana, un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), identificado como teniente de sanidad, y un taxista, fueron detenidos tras cometer varios asaltos en tiendas de conveniencia en diferentes puntos de la ciudad de Minatitlán, Veracruz .

En un lapso de menos de 40 minutos, el militar asaltó al menos ocho establecimientos, generando alarma entre trabajadores y clientes.

Los primeros reportes indican que los asaltos comenzaron en las colonias Cuauhtémoc y Tacoteno, y se extendieron hasta el centro de Minatitlán.

Josué Otoniel Alejandre Gaytán, director y fundador del diario digital NDI Noticias de Isla, fue encontrado sin vida en su domicilio la mañana de este jueves. 

Elementos de seguridad acudieron al lugar para realizar las primeras diligencias y determinar con precisión la causa de su muerte.

El padre buscador Héctor Aparicio Martínez fue desaparecido el pasado 26 de enero en Tihuatlán, Veracruz, reportaron el colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera y la Brigada Nacional de Búsqueda (BNB).

Aparicio formaba parte del colectivo María Herrera Poza Rica para buscar a su hijo José Alfredo Aparicio Delgado, desaparecido desde el 5 de febrero de 2017 en Tihuatlán.

«La búsqueda de nuestros seres queridos desaparecidos no debe representar una situación de vulnerabilidad y no debe representar un riesgo para la vida e integridad de las familias buscadoras», señaló el colectivo y la BNB en un comunicado.

Las familias buscadoras en Veracruz exigieron a la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía General del Estado que den con el paradero de Aparicio, así como demandaron a las autoridades que detengan las agresiones y desapariciones de quienes buscan a sus seres queridos y pongan fin a «este escandaloso crimen de lesa humanidad».

COMUNICADO:

La Fiscalía General de Veracruz informó sobre la detención de Reveriano Pérez, exalcalde de Coxquihui y aspirante por Morena para repetir el cargo en ese municipio, por ser presuntamente culpable del delito de homicidio calificado.

En una ficha informativa, la Fiscalía estatal detalló que el exalcalde es solicitado por las autoridades de Puebla, bajo el proceso penal 235/2022 por el presunto homicidio de una persona identificada con las iniciales H.A.L.A., cometido en el municipio de Teziutlán.

“Respetando sus derechos humanos y el debido proceso, será entregado a las autoridades ministeriales de aquel estado, para ser presentado ante el juez que lo requiere, quien definirá su situación jurídica”, precisó la Fiscalía de Veracruz.