Dando cumplimiento a una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por quinta ocasión en 19 años, la Junta Especial Número 10 de la JFCA emitió un laudo en el que ordenó abrir el incidente de liquidación para determinar el número de trabajadores del SNTMMSRM y la cantidad que le correspondería a cada uno de ellos, de los recursos reclamados.
Sin embargo, la Junta Especial Número 10 de la JFCA indicó que debido a que el SNTMMSRM en su momento entregó 80 mil pesos a los demandantes, esa cantidad sería descontada a los recursos previstos para la liquidación, aunque también incluirían el pago de los rendimientos acumulados durante casi dos décadas.
“En el expediente 14/2012, se ordena la apertura de incidente de liquidación con fundamento en el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de conocer la base de trabajadores que, de 31 de octubre de 1988 prestaban sus servicios a las empresas Mexicana de Cobre y Mexicana de Cananea sobre la cantidad de 54 millones 84,470.90 dólares, que debe ser objeto de distribución proporcional, a fin de establecer proporción que corresponde a cada trabajador”, dice el laudo, de casi 700 cuartillas de extensión.
El caso se remonta a 1990, cuando Grupo México compró Mexicana de Cananea, empresa que estaba en suspensión de pagos, por lo que se comprometió a darle al Sindicato minero una participación accionaria de 5 por ciento.
El fideicomiso se formó en 2005, por la venta de Mexicana de Cananea, pero se desintegró, según constaba en el expediente laboral, por el propio Gómez Urrutia, quien después de realizar dos huelgas en contra de Grupo México, recibió casi 55 millones de dólares, a través del fideicomiso F/9645-2, de Scotiabank Inverlat.
En 2006, un grupo de aproximadamente siete mil 500 trabajadores presentó la primera denuncia sobre el manejo irregular del dinero que obtuvo el SNTMMSRM en el 2004, como parte de un acuerdo con la empresa minera Mexicana de Cananea perteneciente a Grupo México, pero que nunca se distribuyó entre los mineros.
Gómez Urrutia se autoexilió en el año 2006, en Vancouver, Canadá, año en que ocurrió una explosión en la mina 8 de Pasta de Conchos, en Nueva Rosita, Coahuila, que dejó 65 trabajadores muertos. Sin embargo, regresó a México en 2018, al obtener el fuero constitucional que le otorgó el cargo como senador plurinominal por Morena.
El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, supuestamente habría renunciado a la nacionalidad canadiense para poder obtener una candidatura y convertirse en senador plurinominal por Morena.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un certificado, el 9 de marzo del 2018, que presuntamente comprobaba que Gómez Urrutia se había presentado al Consulado de México en Vancouver para hacer oficial su renuncia a la nacionalidad canadiense.
Sin embargo, según el diario Reforma, no existía evidencia de que Gómez Urrutia realizó el procedimiento administrativo que las leyes canadienses exigían para certificar que se había dejado de ser nacional de ese país, pero al analizar su caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) consideró que el documento de la SRE era suficiente para declararlo elegible como senador.
Además, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de México, a petición de un ciudadano desde diciembre de 2018, le ordenó a Gómez Urrutia aclarar detalles sobre su renuncia a la nacionalidad canadiense. Ante lo que el líder sindical minero aseguró que ya poseía pasaporte del “país de la hoja de maple”.
Por su parte, el portal de noticias digital canadiense The Breaker señaló que hasta ese momento en que difundieron la noticia, Gómez Urrutia no había respondido a un correo electrónico en el que se le cuestionaba si su viaje era por motivos de negocios o de carácter oficial.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.
