Nacional

Imágenes del tema: kelvinjay. Con la tecnología de Blogger.

Estados

Política

Violencia

Batres acusa a la SCJN de excluirla y confabular con empresas de Salinas Pliego

Tras denunciar que la Primera Sala del máximo tribunal constitucional buscaba aprobar un tercer impedimento en su contra, promovido por Grupo Salinas, la ministra Lenia Batres Guadarrama acusó, el 12 de junio de 2025, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por “confabular” con las empresas del magnate regiomontano Ricardo Salinas Pliego, para permitirles evadir pagos fiscales por más de 35 mil millones de pesos, incluyendo recargos y multas.

En su cuenta de la red social X, la ministra señaló que la SCJN había permitido una estrategia dilatoria del grupo empresarial encabezado por Salinas Pliego, lo que, según ella, había retrasado por más de medio año la resolución de los juicios, con un acumulado de 56 impedimentos y otros recursos.

Batres Guadarrama publicó un video de 11 minutos de duración, en el que reveló que la Primera Sala de la SCJN alistaba la votación del proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, que proponía aceptar la recusación promovida por Elektra, para excluirla de la discusión del amparo directo en revisión 6321/2024, relacionado con un crédito fiscal de más de 33 mil millones de pesos contra dicha empresa.

La ministra afirmó que el proyecto de Pardo Rebolledo la acusaba de haber perdido objetividad e imparcialidad, al validar la denuncia de Elektra sobre una supuesta animadversión hacia Salinas Pliego, basada en publicaciones que ella hizo en redes sociales entre 2014 y 2021, antes de integrarse a la SCJN.

“¿Qué Corte puede llamarse suprema si sanciona retroactivamente la libertad de expresión de una de sus integrantes, que ni siquiera es materia de sanción? ¿Qué Corte puede llamarse suprema si no solo permite, sino que confabula con particulares para ayudarles a que no cumplan con la Constitución de la que deberían ser guardianes?”, cuestionó Batres Guadarrama, quien se autodenomina “la ministra del pueblo”.

La integrante de la SCJN rechazó la interpretación del proyecto de Pardo Rebolledo, argumentando que la causal de impedimento por “enemistad manifiesta” debía implicar un conflicto de interés comprobable, no simples opiniones públicas o percepciones subjetivas. Ante ello, respaldó su postura con precedentes en asuntos similares (39/2024, 40/2024, 42/2024), donde se resolvió que la emisión de opiniones no comprometía la imparcialidad de un ministro.

“Algunos ministros que sí parecen tener interés particular por resolver estos asuntos han censurado mi libertad de expresión de manera retroactiva, con argumentos insostenibles y absurdos para convertir esas opiniones antiguas en causa de impedimento. Es como si al Inter Miami se le ocurriera expulsar a [Lionel Andrés] Messi [Cuccittini], por haber opinado hace 10 años que el mejor equipo era el Barcelona, si me permiten el símil”, ironizó Batres Guadarrama.

Además, la ministra recordó que la Primera y la Segunda Sala de la SCJN ya habían aprobado dos impedimentos anteriores promovidos por el mismo grupo empresarial, lo cual calificó de ilegal, al no haberse acreditado que su participación derive en algún beneficio o perjuicio personal. También denunció una estrategia jurídica sistemática impulsada por Salinas Pliego y sus compañías, con la colaboración -activa o pasiva- del máximo tribunal constitucional.

“Primero, porque se aceptó pasivamente una retahíla de 56 impedimentos y recursos como táctica dilatoria, lo que permitió posponer durante al menos siete meses la resolución de estos juicios”, subrayó Batres Guadarrama, quien también recordó que en marzo de 2024, la SCJN amparó a Totalplay, también del Grupo Salinas, para reducir un adeudo fiscal de 645 millones 763 mil 797 pesos, correspondiente a omisiones del Ejercicio Fiscal 2011.

“Como ministra no puedo presumir la existencia de ningún adeudo de nadie, pero en este caso ya se eximió del pago de 621 millones de pesos a una empresa de este grupo, en una resolución injustificada”, insistió la auto denominada “ministra del pueblo”.

El 21 de mayo de 2025, por cuatro votos contra uno, la Primera Sala de la SCJN declaró que Batres Guadarrama estaba impedida para votar el amparo directo en revisión 5654/2024 de Elektra, por sus múltiples pronunciamientos públicos contra Salinas Pliego. Loretta Ortiz Ahlf fue la única ministra que votó en contra. Sin embargo, el resto de sus homólogos rechazaron el impedimento de dicha empresa contra Yasmín Esquivel Mossa.

El 6 de mayo de 2025, la Segunda Sala de la SCJN multó por 65 mil pesos -el monto máximo permitido por la ley- a Grupo Elektra, por sus tácticas dilatorias, para no pagar dos créditos fiscales que sumaban 34 mil 743 millones de pesos.

La empresa perteneciente al conglomerado de Grupo Salinas promovió impedimentos infundados contra los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Ortiz Ahlf, en su estrategia para bloquear durante siete meses la votación respectiva.

El 1 de mayo de 2025, tras ser cuestionada respecto a los dichos de Salinas Pliego de que políticos llegaban al Gobierno sin pagar impuestos, ni poder administrar una empresa con un mínimo de 50 gentes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que había mucha hipocresía en ello.

Durante su conferencia de prensa matutina, la titular del Poder Ejecutivo Federal se le preguntó sobre los dichos de Pedro Sola Murillo, presentador de TV Azteca, respecto a que votaran en las elecciones, quienes pagaran impuestos, a los cuales Salinas Pliego respondió diciendo que para ser “gobiernicola” deberían también presentar sus declaraciones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de los últimos 20 años.

“Totalmente de acuerdo, es más para ser #Gobiernicola deberían también presentar sus declaraciones del SAT de los últimos 20 años. Luego salen con que nunca han tenido una cuenta y por lo tanto nunca han pagado impuestos, además deben demostrar que pueden administrar una empresa con un personal minimo de 50 gentes. Eso de que llegue puro ignorante que cree que el dinero crece en los árboles está cabrón”, publicó Salinas Pliego, en su cuenta de la red social X.

“Yo creo que ya no saben ni qué decir, la verdad. Además, son muy ignorantes porque todos los mexicanos y mexicanas pagan impuestos. Cuando compras un producto pagas el [Impuesto al Valor Agregado] IVA. Todos pagan, todas y todos. Entonces, hay mucha ignorancia, la verdad, y segundo, mucho racismo y mucho clasismo”, respondió la mandataria nacional.

“¿Qué decimos nosotros? Solo que cumplan con la ley, porque eso sí se llenan de discursos del Estado de derecho pero cuando se trata de que llegue a ellos, no, ese sí no es derecho, ese sí tiene que seguir siendo chueco. O se llenan de discursos hablando de libertad, pero cuando algún compañero de ustedes saca algo en su contra, no, entonces sí que no haya libertad, porque eso sí está muy tremendo. Entonces hay mucha hipocresía, pero miren, que haya libertad de expresión, es lo más importante, que siga habiendo libertad de expresión”, comentó la presidenta.

El 14 de marzo de 2025, Sheinbaum Pardo expresó que el tema de fondo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación con Salinas Pliego, era si debía pagar impuestos, más allá de cuáles ministras estaban impedidas para resolver sobre los recursos que había presentado el empresario ante adeudos fiscales.

“Primero, mi solidaridad con Lenia Batres porque ayer subieron un hashtag, ahí muy ofensivo y la verdad es que se puede estar o no de acuerdo, pero la ofensa no, la ofensa personal, entonces mi solidaridad con ella, primero que nada”, indicó la mandataria nacional.

“Segundo, hay que ir al tema de fondo más allá de las reglas internas de la Corte, que no conozco en particular de si ella debía votar o no votar, ayer dije que porque no debía votar porque porque no era objetiva, eso fue lo que le dije a ella”, apuntó la presidenta.

“Sí, entonces siempre la objetividad, ustedes que son periodistas saben que, pues tiene sus matices siempre, en fin, hay toda una discusión hasta filosófica sobre la verdad y la objetividad y todo lo demás, pero yo decía: ¿por qué no se quejaron los mismos que se quejan ahora cuando el ministro [Luis María] Aguilar [Morales] tuvo guardado el caso durante tanto tiempo?”, recordó Sheinbaum Pardo.

“Y el tema de fondo es si se deben pagar impuestos ¿o no? Y la respuesta de fondo es: se deben pagar impuestos. Todo mexicano y mexicana debe pagar impuestos, de acuerdo con las normas establecidas, entonces, eso es lo que está de fondo”, destacó la mandataria nacional.

Asimismo, la presidenta criticó el uso reiterado de amparos por parte del empresario regiomontano, para evitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Además, reiteró que lo realmente importante era el pago de impuestos, en vez de discutir sobre la imparcialidad de los ministros. Sugirió que centrarse en cuestiones individuales o personales no contribuía a un diálogo más productivo.

“Los amparos y los requeteamparos, y los requetequetequete amparos que se han dado para este caso, en todo caso eso es lo que hay que plantear más allá de, yo creo que Yasmín también es una buena Ministra, Lenia también, pues ustedes saben que Loretta también, pues han defendido muchas de las posiciones que hemos planteado nosotros”, enfatizó Sheinbaum Pardo.

“Entonces, más allá, pues yo creo que las redes y todo lo que discutan es el fondo del asunto y que se defienda una ministra o a cualquier persona, a cualquiera coincida con nosotros, coincida con nosotros o no coincida con nosotros no ayuda a un debate político de altura que es lo que queremos en nuestro país”, finalizó la presidenta.

La titular del Poder Ejecutivo Federal acotó que esperaría la resolución de la SCJN y expresó que el domingo 1 de junio de 2025, la ciudadanía podría elegir a los jueces, magistrados y ministros, para renovar el Poder Judicial. Justificó que la reforma fue un paso necesario para garantizar que la justicia fuera equitativa y no estuviera influenciada por el poder económico.

“No se les olvide, primero de junio la elección al Poder Judicial, viene un nuevo Poder Judicial porque el fondo de por qué cambia el Poder Judicial son dos cosas: uno es la corrupción y el nepotismo, vamos a poner las juntas y la otra, pues es que en México se separó, con la cuarta transformación, se separó el poder económico del poder político, solamente que falta una parte”, expresó Sheinbaum Pardo.

“Lo que se quiere es que se separe el poder económico de la justicia y que todos tengan acceso a la justicia por igual, que el más pobre tenga acceso a la justicia igual que el más rico en la misma dimensión, que no sea el dinero lo que defina si hay justicia o no frente a un caso en nuestro país, entonces vamos a esperar al Poder Judicial”, abundó la presidenta.

El 13 de marzo de 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) -adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)- afirmó que sería un funesto precedente y un acto de favoritismo, que la SCJN le concediera a Salinas Pliego un amparo contra la investigación que inició de todos sus movimientos bancarios, crediticios y bursátiles, de 2012 a 2021.

Un día después de que Batres Guadarrama fuera declarada impedida para votar este asunto, la UIF destacó, en un comunicado, que el titular del Juzgado Décimo Sexto Administrativo de Distrito en la Ciudad de México, Gabriel Regis López, que en primera instancia le otorgó el amparo al empresario, pretendía “golpear” la capacidad del país para combatir el lavado de dinero.

La UIF aseguró, además, que pidió a la SCJN atraer y resolver en definitiva este amparo, porque la sentencia de dicho juzgador había convertido al dueño de Grupo Salinas en el único mexicano que estaba exento de la aplicación de las leyes que permitían pedir y revisar la información de sus cuentas bancarias.

“Sería un funesto precedente y un acto de claro favoritismo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación convalidara el amparo concedido por el Juez Décimo Sexto de Distrito, Gabriel Regis López, quien evidentemente pretende una vez más golpear la capacidad de nuestro país para prevenir, evitar y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita”, argumentó la Unidad de Inteligencia Financiera.

“El amparo impugnado por la UIF es, ahora, más grave que otras inocuas resoluciones judiciales debido a que deja sin efectos cuatro disposiciones de ley para una sola persona”, enfatizó el organismo adscrito a la SHCP, cuyo titular es Pablo Gómez Álvarez.

“El juez conoce que la UIF recibe reportes procedentes del sistema financiero y del extranjero por mandato de ley y que su objeto es justamente su análisis para los fines establecidos en la legislación. Sustraer a una sola persona de la aplicación de leyes, la ubica por encima de todo un país al otorgarle capacidad definitiva y permanente para eludir la aplicación de la legislación en materia de lavado de dinero y otros ilícitos relacionados, ya que su información financiera personal no podría usarse en procedimiento penal o civil alguno, dentro y fuera del país, para siempre”, advirtió.

Además, la UIF expuso que la solicitud de la información bancaria de Salinas Pliego respondía a que era uno de los 72 mexicanos cuyo nombre fue publicado en los ‘Pandora Papers’, y, en octubre de 2021, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) pidió a los países miembros obtener y analizar los datos financieros de sus nacionales enlistados en dicha publicación.

Sin embargo, el 4 de julio de 2022, el titular del Juzgado Décimo Sexto Administrativo en la Ciudad de México, otorgó el amparo al magnate regiomontano, contra la solicitud que hizo la UIF a distintos bancos, para obtener los datos de sus actividades financieras.

Según la UIF, dicho amparo impedía que se aplicara al dueño de TV Azteca la Ley de Instituciones de Crédito y Ley del Mercado de Valores, que facultaban a la Unidad de Inteligencia Financiera, para obtener datos de actividades financieras, “como parte de sus funciones tendientes a proteger al sistema financiero y la economía nacional”.

“Asimismo, el juez Regis determinó que la información que por ley deben entregar los sujetos obligados [instituciones financieras del país] a la UIF no podrá ser utilizada nunca en ningún caso ni bajo motivo alguno, ni aún para la presentación de denuncias por la posible comisión de delitos”, subrayó la Unidad de Inteligencia Financiera.

La UIF aseveró que, con este fallo, Salinas Pliego “ha sido convertido por disposición de un juez de distrito en el único mexicano cuya esfera jurídica ha sido desincorporada de cuatro artículos de las dos leyes mencionadas”.

El 9 de marzo de 2023, la UIF solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la revisión del amparo concedido por el juez Regis López. Ante ello, la Segunda Sala del máximo tribunal constitucional admitió atraer el caso.

El organismo adscrito a la SHCP aseguró que pidió a la SCJN asumir el caso, porque se trata bade un asunto de la mayor importancia nacional, ya que el conocimiento y análisis de las operaciones financieras inusuales y sospechosas eran parte de un sistema mundial de combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, compromiso internacional que México había incorporado a su legislación.

La ministra Batres tenía un proyecto en el que proponía sobreseer o cancelar el trámite del amparo contra el magnate regiomontano, argumentando que la pesquisa de la UIF no ocasionaba ningún perjuicio a los derechos de Salinas Pliego.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Cómputo final del INE: Hugo Aguilar será presidente de la Corte; hubo 22.8% de votos nulos

Aunque los resultados estaban conocidos desde días antes, hasta las 5 de la tarde de ayer el INE seguía sin recibir y revisar 155 actas, que llegaron y fueron computadas este jueves.

El Instituto Nacional Electoral (INE) terminó de computar hoy las últimas de las 84 mil 266 actas de las elecciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con lo que alcanzó la revisión del 100% de boletas –dos días después del plazo definido--; los resultados marcan una participación de 13.01%, una tasa de votos anulados o no utilizados de 22.8%, y confirman que Hugo Aguilar Ortiz será el presidente del máximo tribunal de justicia del país durante los próximos dos años, tras obtener el 5.3% de los votos. 

Aunque los resultados estaban conocidos desde días antes, hasta las 5 de la tarde de ayer el INE seguía sin recibir y revisar 155 actas, que llegaron y fueron computadas este jueves.

Poco antes de mediodía de este 5 de junio, el INE había revisado el 99.72% de las actas relativas al Tribunal de Disciplina Judicial, que reflejan una tasa de abstención ligeramente superior a la de la SCJN –87.12% por el momento--, y unos resultados también alineados con los “acordeones” atribuidos a Morena, que fueron difundidos antes de las elecciones. 

Los funcionarios del organismo electoral siguen revisando las actas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de las magistraturas de circuito y de los juzgados de distrito, que marcan --hasta el momento-- unas tasas de abstención mayores a las de la SCJN.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

“Que un indígena presida la Corte no significa que vaya a defender las causas”: consejo de pueblos originarios sobre Hugo Aguilar

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) señaló que la deuda histórica continúa con las comunidades originarias, pues la elección judicial discriminó a jueces nombrados por usos y costumbres al no considerar los sistemas de justicia ancestrales.

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) se pronunció sobre el abogado Hugo Aguilar, quien se perfila para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y señaló que, aunque una persona indígena asuma el cargo, eso no significa que defenderá las causas de las comunidades originarias.

“Informamos a los pueblos, que el hecho de que un indígena presida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no significa que vaya a defender las causas de las comunidades originarias”, sentenció el consejo en un comunicado sobre la deuda histórica que persiste con ellos en medio de la aplicación de la reforma judicial y la elección de personas juzgadoras que se llevó a cabo el pasado 1 de junio.

“Recordemos como Benito Juárez impulsó la desamortización de los bienes de las comunidades, lo que significó el despojo de tierras comunales y que miles de indígenas y campesinos se convirtieran en peones explotados rapazmente por las grandes haciendas”, añadió.

“No hay nada que celebrar”: consejo indígena señala discriminación por elección judicial

El consejo constituido por autoridades tradicionales de 70 comunidades de Michoacán señaló que a pesar del discurso oficial de la reforma judicial y la elección de jueces, magistrados y ministros, la deuda histórica continúa con los pueblos originarios debido a que no consideraron su cultura, organización ni sus sistemas de justicia ancestrales.

Aseveró que la reforma al Poder Judicial no se consultó de forma apropiada con los pueblos indígenas en Michoacán, pues no hay una acta de Asamblea General para verificar que se llevó a cabo una consulta “previa, libre e informada sobre las implicaciones de las reformas constitucionales que restructuraron el poder judicial, transgrediendo el derecho a la consulta sobre medidas legislativas que nos afectan”.

Refirió que la reforma y la elección judicial discriminó a jueces nombrados por usos y costumbres al no considerar los sistemas de justicia ancestrales que existen en las comunidades originarias, como es el caso de Michoacán, donde hay más de 200 juzgadores tradicionales que no son reconocidos, pero que cada día resuelven diversos asuntos, entre ellos problemas territoriales, familiares, civiles y de delitos menores.

Añadió que alrededor de 20 comunidades no permitieron la instalación de casillas para el pasado 1 de junio como parte de su autonomía y libre autodeterminación.

“En perspectiva histórica, no hay nada que celebrar, la deuda con la justicia de los pueblos indígenas continúa”, concluyó.

Hugo Aguilar aparecía en acordeones distribuidos por Morena

Hugo Aguilar, un abogado mixteco, hizo campaña para ministro con la frase “ya nos toca” y se comprometió con la justicia ambiental y de las comunidades indígenas, pero desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) coordinó consultas para los megaproyectos prioritarios del expresidente Andrés Manuel López Obrador sin cumplir con los estándares internacionales de Derechos Humanos.

Aguilar fue propuesto como candidato a la Corte por el Poder Ejecutivo y recibió el apoyo público de Claudia Sheinbaum.

El 22 de febrero, antes del inicio formal de las campañas, pero ya con las listas de candidatos publicadas por los comités de evaluación, la mandataria expresó su respaldo, sin decir su nombre. “Queremos que un indígena llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dijo. Hugo Aguilar Ortiz fue el único aspirante indígena.

Durante las campañas, su nombre y su número, el 34, coincidían en primer lugar en los acordeones impresos y digitales que fueron distribuidos de forma masiva para favorecer a candidatas y candidatos morenistas. La operación dio resultado.

Ahora, el funcionario del gobierno morenista no sólo se perfila para llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también para presidir el máximo tribunal del país.

Con el 99.89 % de las actas computadas, Hugo Aguilar sumaba este miércoles 6 millones 131 votos, mientras que la ministra Lenia Batres registraba 5.7 millones.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Hugo Aguilar: de operador de AMLO para megaproyectos a presidente indígena de la Suprema Corte

Hugo Aguilar, quien será el segundo ministro indígena en presidir el máximo tribunal, enfrentará el rechazo de pueblos originarios que lo señalan por burocratizar despojos con megaproyectos de la 4T y silenciar a víctimas de acoso. “No nos representa”, denuncian en entrevista.

“Ya nos toca a los pueblos indígenas ocupar un espacio importante en las instancias de toma de decisión de este país”, fue el lema de campaña de Hugo Aguilar Ortiz, cuya participación en la elección judicial lo ha llevado a convertirse en el segundo indígena que presidirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Juárez fue su primer titular en 1858), lo cual generó júbilo en la 4T. Sin embargo, desde comunidades y representaciones de pueblos originarios surgen voces preocupadas, de desencanto, rechazo y franca indignación.

Activistas, organizaciones civiles y representantes de comunidades en Morelos, Oaxaca y la Península de Yucatán expresaron que si bien Aguilar Ortiz tiene una trayectoria previa como activista ciudadano y defensor indígena, a partir de su incorporación al gobierno, primero con el entonces gobernador de Oaxaca Gabino Cué y luego con Andrés Manuel López Obrador en el gobierno federal, legitimó desde el Instituto de los Pueblos Indígenas (INPI) —junto con su titular Adelfo Regino— despojos e imposición de los megaproyectos a los que AMLO dio prioridad en su sexenio, como fueron el Corredor Interoceánico y el Tren Maya.

También cuestionan que Aguilar haya participado en una elección judicial “que no fue más que una simulación”.

En Oaxaca, de donde Hugo Aguilar es originario, el activista mixe Joaquín Galván sostiene en entrevista con Proceso que si bien es cierto que el abogado mixteco es brillante, “la mayor parte de su vida ha operado para el Estado, sobre todo en la imposición de los megaproyectos, como el Corredor Interoceánico”.

Esta postura fue secundada por Mario Quintero, de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), quien señaló a Hugo Aguilar por “burocratizar el despojo” con consultas fast track que nunca fueron libres, previas e informadas, sino que “se impusieron con el consentimiento forzado de las autoridades”.

Mientras que Miguel Ángel Aguirre, coordinador regional del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas, afirma que Hugo Aguilar tiene una deuda moral y política con las comunidades indígenas y la biorregión de los Chimalapas y que ahora, con el cargo que va a ocupar, tendría que hacer cumplir la sentencia que se ganó en noviembre de 2021 en todos sus términos para devolver al pueblo zoque territorios de esta reserva, en disputa con comunidades de Chiapas.

Del propio Joaquín Galván se viralizaron varios mensajes en la red X, en los cuales hace un señalamiento directo contra Aguilar: “@quinomixe Cuando mi compañera Sandra Domínguez denunció a funcionarios del INPI por su participación en chats de acoso sexual contra mujeres indígenas, el equipo jurídico del INPI, encabezado por Hugo Aguilar, envió a uno de sus abogados a ofrecerle un cheque abierto a cambio de su silencio.

“Esta situación se hizo a través del abogado miembro del equipo Cristian Mahatma. Mi amiga Sandra me lo reportó inmediatamente, les dijo que no quería más que la destitución de Rolando Vázquez Pérez, jefe de plazas del INPI”, dicen las publicaciones del activista.

Como activista, Hugo Aguilar defendió los derechos de las comunidades indígenas en la organización Servicios del Pueblo Mixe y participó en la elaboración de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Oaxaca, publicada en 1996, que a la fecha reconoce que de los 570 municipios que conforman la entidad, 417 se rigen por los sistemas normativos indígenas y 153 por el régimen de partidos políticos.

“Como abogado soy fan de Hugo; él es una persona brillantísima, por eso ha logrado escalar en los movimientos indígenas del sureste y con esa formación dentro del activismo indígena construyó un nombre y una carrera”, afirma el defensor mixe Joaquín Galván.

En sus inicios "nos vimos representados en Adelfo Regino y Hugo. Esa dualidad Hugo-Adelfo está en todo el camino que han hecho con las comunidades indígenas, pero la segunda etapa de su vida, con la llegada de Gabino Cué, genera esa ruptura con la base social de los noventa y el movimiento zapatista”, recuerda.

Esta ruptura, dice, comenzó cuando entró como funcionario y operó apoyando los intereses del Estado y confrontando a los movimientos indígenas. De cierto perfil bajo, de manejo moderado dentro de las estructuras del Estado, ya con Andrés Manuel López Obrador finalmente se proyectó como subdirector del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.

"Aquí es el punto medular, porque estuvo en dos momentos clave de las estrategias o políticas de la 4T imponiendo megaproyectos y consultas a modo. En este caso, Hugo fue el cerebro de las consultas del Tren Maya y del Interoceánico, que estuvieron marcadas por las denuncias de despojos violentos y Hugo sólo estaba sirviendo para legitimar el proceso de despojo para pueblos indígenas a través del INPI, más allá que de las mismas comunidades", sostiene Galván.

Galván menciona que después de que la activista Sandra Domínguez exhibió el chat de funcionarios Sierra XXX que mostraba a mujeres indígenas, la llamaron “desde el equipo jurídico del INPI, encabezado por Hugo Aguilar”, para entregarle un cheque en blanco como un tipo de reparación, que ella rechazó. Finalmente, el organismo optó por destituir a Rolando Vásquez Pérez, jefe de plazas.

"Y sí, los proyectos neoliberales de despojo como el Tren Maya y el Interoceánico no se explican sin la legitimación neoliberal del INPI a cargo de Adelfo Regino y Hugo Aguilar Ortiz, a través de consultas cuestionables. Por ellas hay defensores de la tierra detenidxs federalmente (sic)", señala Galván.

"Ahora el nuevo Benito Juárez no nos debe insultar la inteligencia. Es brillante abogado, con momentos, y no por ser indígena y romantizar a Benito va a actuar, así porque Hugo lleva años representando a los intereses del Estado mexicano. Esperemos que por primera vez logre actuar por sí mismo y a tener autonomía", ironiza, aludiendo a su colaboración de años con el director del INPI Adelfo Regino.

Mario Quintero, de la APIIDTT, recuerda que “el papel que jugó Hugo lo conocemos por el caso de Mareña Renovable (empresa eólica que pretendió instalarse en la Barra de Santa Teresa, en el Istmo de Tehuantepec). Ayudó a interponer recursos legales, pero fue una sorpresa cuando engrosa al INPI y realiza una serie de consultas fast track, sí vimos rostros de disgusto al burocratizar el despojo”.

Las consultas, dice, “nunca fueron libres ni informadas, sólo buscaban el consentimiento forzado de autoridades y acarreados por el poder en turno”.

¿Será imparcial?

Quintero calificó de cuestionables las elecciones del Poder Judicial celebradas el domingo 1 de junio último. Se dijo preocupado, pues “ahora no sabemos de qué lado va a ponerse Hugo, porque a nosotros ya nos demostró que está del lado oficialista de los megaproyectos, y en ese papel que va asumir ¿va a ser imparcial de los casos de despojo”, se pregunta.

Considera que sí es un logro que haya en la Suprema Corte personas indígenas, pero “no quiere decir que por ser indígenas o defensores vayan a mantener sus convicciones y los ideales”, aclara.

Para Quintero, la intervención de Hugo Aguilar en las consultas para los megaproyectos a través del INPI “fue un golpe político, porque lo considerábamos un aliado, pero fue muy evidente el cambio de personalidad y trato a las comunidades, y sobre todo a los que éramos cercanos”. Ahora, dice, el tiempo dirá si va a ser imparcial “o va a seguir dando favoritismos al gobierno federal, o peor aún, a empresas privadas y la narcopolítica vigente en el país. No es lo mismo tener cargos menores que estar en puestos de tomas de decisiones”, finaliza.

Por su parte, Miguel Ángel Aguirre dice esperar que como ministro y como próximo presidente de la Suprema Corte Hugo Aguilar cumpla la sentencia que lo puede reivindicar con los pueblos zoques de los Chimalapas, por la disputa de 160 mil hectáreas. “Tiene esa deuda moral e histórica”, pues, dice, no se ha cumplido ni una cuarta parte de lo resuelto en dicha sentencia.

Recuerda que Aguilar hizo una controversia constitucional en 2012 por este conflicto “y él fundamentó muy bien, pero para defender el hueso y por presiones de su compadre Adelfo Regino (ambos) dejaron que los hermanos Víctor Hugo Alejo y Ángel Alejo no hicieran nada” para perder el territorio de los Chimalapas.

Tren Maya y la simulación desde el INPI

"Yo no quiero decir que vamos a tener esperanza porque fue lo que mucha gente, defensores y activistas, apostaron con López Obrador, y él es la misma gente de López Obrador. (Hugo Aguilar Ortiz) es indígena, pero en realidad no representa los pueblos indígenas, está representando a un partido político (Morena), no al pueblo. No nos representa, no nos sentimos representados con él", expone en entrevista Sara López González, fundadora del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), con sede en Campeche.

El CRIPX se sumó al menos a tres amparos con la esperanza de detener el avance del Tren Maya, megaproyecto del expresidente Andrés Manuel López Obrador, como parte de las comunidades indígenas que se articularon para frenar la obra y en reiteradas ocasiones se pronunciaron en contra de las consultas indígenas, que fueron organizadas desde el área del INPI a cargo del ministro electo.

En Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, está el Centro Comunitario U Kúuchil K Ch'i'ibalo'on, cuyos integrantes también promovieron los amparos contra el megaproyecto en sus territorios.

Wilma Esquivel, integrante de esta organización, asevera que la consulta indígena no fue un acto de libre determinación. Se trató de un ejercicio de promoción y para legitimar el Tren Maya.

“Nos trataban (Fonatur y el INPI) como si no tuviéramos capacidad de pensar y analizar, como si nos tuvieran que decir qué hacer. Si alguien que tiene un puesto de poder fue parte de esta consulta es de preocupación, porque no podemos confiar en las decisiones que tome y ejerza ese puesto”, dice, refiriéndose a la elección de Hugo Aguilar.

A las opiniones de Sara y Wilma se suma la de Ana, una defensora de la tierra y territorio de la Península de Yucatán, quien refirió que el gobierno de la 4T está haciendo uso de la representatividad indígena para sus fines.

"La llegada de Hugo no es para cumplir con las demandas de los pueblos indígenas, no representa a las comunidades indígenas y nunca ha existido un posicionamiento sobre las violaciones por despojos de megaproyectos de la Península. Desde el Estado están haciendo uso político del ser indígena", reclama.

El abogado Jorge Fernández Mendiburu, integrante del Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal, AC, quien acompañó varios de los amparos interpuestos contra el Tren Maya, remarca que es prioritario vigilar la actuación de Hugo Aguilar.

Al ser Aguilar de origen mixteco se espera que lleve a la discusión o promueva estándares de calidad para construir una justicia intercultural en el país. Sin embargo, no se debe perder de vista que podría existir un conflicto de interés con temas como el Tren Maya, dice.

"Aquí la pregunta es que si el caso del Tren Maya llegara a la Corte ¿qué pasará? Porque al final del día él fue parte del mecanismo que operó las consultas indígenas. Si el caso llega a la Corte teniendo como uno de los argumentos de violencia de los derechos del tema de la consulta, será como un tipo juez y parte", acota.

Las consultas indígenas no sólo fueron cuestionadas por los pueblos originarios. En su momento, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para México hizo un extrañamiento, en el que refirió que no se cumplió con los estándares mínimos del proceso de consulta.

De hecho, durante su campaña para ministro de la Suprema Corte en las semanas previas al 1 de junio, Aguilar Ortiz prácticamente omitió hablar del impacto que han ejercido los megaproyectos sobre las comunidades mayas, pese a promoverse como integrante de los pueblos originarios, durante su recorrido por la Península.

Por ejemplo, el abogado estuvo en Playa del Carmen el 16 de abril último en gira como candidato, en un evento organizado por exfuncionarios de origen indígena, quienes han ocupado puestos en el gobierno local, principalmente emanados de la 4T.

Aunque su mensaje era el impulso hacia los pueblos originarios, nunca tocó el tema del impacto sobre las comunidades por las obras del Tren Maya y otras similares que se ejecutaron durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y produjeron despojos a través de expropiaciones sobre el territorio maya, extractivismo cultural y aumento de delitos de alto impacto donde antes no ocurría.

Aguilar se dedicó a alabar la reforma judicial en aquel encuentro ocurrido en la casa ejidal de Playa del Carmen.

Su arribo generó mucha expectativa. Incluso, integrantes de Sélvame del Tren, colectivo contra el Tren Maya, acudieron a su presentación. Sin embargo se retiraron cuando lo escucharon hablar en favor de las reformas judiciales impulsadas por la 4T, que en los hechos han bloqueado la defensa jurídica contras las obras federales.

Para el poeta y activista maya Pedro Uc Be, miembro de la Asamblea de defensores del Territorio Maya Múuch' Xíinbal, el ministro electo sólo tomó la bandera indígena, pero sin tocar temas verdaderos de constantes violaciones que han sufrido los pueblos originarios ante los proyectos federales en esta zona del país en los años recientes.

“Me parece que son los ejemplos emblemáticos de cómo se usa políticamente el nombre de los pueblos indígenas para que se adquiera el poder. No es extraño que este personaje también esté haciendo lo mismo (...) no lo ubicamos a él (Hugo Aguilar) ni siquiera lo ubicamos muy bien, porque nunca apareció para decir: "Bueno, estoy interesado en el tema y quiero conocer la postura de ustedes los pueblos mayas”, expone Pedro Uc.

Contrario a la esperanza que existe sobre la resolución de importantes juicios a favor de las comunidades mayas, Uc mencionó que no esperan un cambio importante.

“No podemos pensar en que algo bueno vaya a pasar en el nivel de gobierno federal o en el nivel del gobierno estatal. No podemos pensar en eso. Nuestra esperanza está en nosotros mismos, está en nuestra propia comunidad, está en nuestra propia cultura, está en el esfuerzo organizativo activo”, remata.
No obstante, hay otro sector en Quintana Roo que ve con buenos ojos la llegada de Hugo Aguilar a la Suprema Corte. Quetzal Tzab, activista indígena que promovió la candidatura a ministro, sostuvo que es un gran paso para los pueblos indígenas.
“Espero que sí haya una voz ahora más fuerte, sobre todo en el caso de que en Quintana Roo cuánta gente indígena está en la cárcel y no se le ha dado trámite a sus casos por el simple hecho de que muchos de ellos no hablan la lengua española y no existe un intérprete”, dice Quetzal Tzab.

Contrario a Pedro Uc, Tzab sostiene que las comunidades aceptaron el proyecto del Tren Maya, aunque esto trajo luego fuertes conflictos por los montos que recibieron por las indemnizaciones tras las expropiaciones de varios ejidos.

“Se prestó a elección simulada”

En Morelos, Juan Carlos Flores Solís, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTAMPT), afirma que Hugo Aguilar “no es garantía de justicia para los pueblos indígenas”.

Incluso prevé sentencias alineadas con la 4T que permitirían avanzar megaproyectos como la termoeléctrica de Huexca.

Desde 2012, Juan Carlos Flores Solís —abogado e integrante del FPDTAMPT— acompaña la resistencia de pueblos contra el Proyecto Integral Morelos (PIM), impulsado por la CFE. El proyecto tiene su base en Huexca, Yecapixtla, Morelos, a 118 km de la Ciudad de México, e incluye una termoeléctrica, un gasoducto que parte de Tlaxcala, cruza Puebla y llega a Morelos, y un acueducto desde Cuautla y Ciudad Ayala.

Originario de Puebla, Juan Carlos luchó junto a Samir Flores Soberanes, comunicador comunitario y defensor del territorio en Morelos, asesinado a balazos el 20 de febrero de 2019 frente a su casa.

A 13 años del inicio de la resistencia contra el Proyecto Integral Morelos, la termoeléctrica de Huexca sigue sin operar gracias a los amparos promovidos por campesinos y ejidatarios. En este contexto, se avecina una nueva etapa en el Poder Judicial, pues un ministro indígena está por asumir la presidencia de la SCJN.

Flores califica como “una vergüenza” la reciente elección judicial, al asegurar que fue “hecha a modo” para beneficiar a Morena. “Esta elección fue diseñada para que el partido tuviera jueces, magistrados y ministros afines. Lo dijo el propio López Obrador desde que impulsó la reforma. De ahí salieron estos ‘acordeones del bienestar’”, afirma.

Uno de los nombres más votados, Hugo Aguilar, fue incluido en dichos acordeones. Según Flores, su ascenso refleja una estrategia respaldada por estructuras del poder en todos los niveles, incluidos el INPI, Morena y Construyendo Justicia.

“Se utilizó a los pueblos indígenas como carne de cañón para colocar en el poder a personas convenientes. Hay volantes que lo presentan como ‘el candidato indígena’”, denuncia. Afirma que este discurso fue eficaz porque “quienes más necesitan justicia son los pueblos indígenas, además de víctimas de desaparición y violencia de género”.

Flores advierte que la Cuarta Transformación se ha valido de símbolos para legitimarse ante sectores vulnerables. “Primero fue la presidenta, con el discurso de ser la primera mujer. Ahora llaman a Aguilar ‘el nuevo Benito Juárez’. Es parte del doble discurso del gobierno”.

Aunque reconoce que Aguilar tiene experiencia y podría aportar una nueva perspectiva, alerta sobre posibles retrocesos. “Ya en la Corte veremos criterios jurídicos que acoten los derechos y la autonomía indígena, especialmente en temas como megaproyectos que no han sido consultados adecuadamente”.

Además, critica las consultas realizadas por el INPI. “Han sido a modo, sin respetar estándares internacionales. No puede haber consultas generales cuando está en juego el territorio de un pueblo. Eso ocurrió con el Proyecto Integral Morelos: fabrican mayorías en otras regiones para imponer decisiones”.
Con el nombramiento de nuevos ministros, magistrados y jueces —en particular, con la llegada de Hugo Aguilar a la Suprema Corte— se anticipa la emisión de criterios que podrían significar un retroceso en materia de derechos indígenas.
“Yo calculo que en esta administración, o durante el periodo del nuevo ministro, se emitan criterios jurídicos que, lejos de proteger, busquen restringir los derechos de los pueblos indígenas”, advierte el activista.

Con respecto a los megaproyectos, señala que se prevé su consolidación sin cambios de fondo en los criterios judiciales. “No creemos que haya modificaciones —afirma—. Al contrario, lo ocurrido con el Proyecto Integral Morelos probablemente se extienda a otros megaproyectos en el país”.

El abogado señala que este panorama agudizará las problemáticas sociales del país. “Un Poder Judicial corrupto, muchas veces inerte, ignorante y lento, aún conservaba cierta diversidad: había jueces con ética, capacidad profesional y que actuaban como contrapeso frente a intereses económicos y políticos. Sin ese equilibrio, el país se encamina hacia un Estado más monolítico y centralizado, que decidirá el destino de todas y todos”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS, CLAUDIA V. ARRIAGA DURÁN, OCTAVIO MARTÍNEZ, ESTRELLA PEDROZA.

Presidencia de la Corte será para quien obtenga más votos: INE

Hasta el momento el abogado Hugo Aguilar Ortiz encabeza las preferencias con 5 millones 408 mil 731 votos.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei aseguró que la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será para el candidato que obtenga más votos en la elección judicial.

Hasta el momento el abogado Hugo Aguilar Ortiz encabeza las preferencias con 5 millones 408 mil 731 votos, con el 93.1526% de las actas computadas.

“No hay lugar a dudas, la candidatura que obtenga mayor votación será la que presida los próximos dos años la Corte”, sostuvo Taddei en conferencia de prensa. 

Al ser cuestionada, la presidenta consejera aseguró que la ley es explícita en cuanto a la presidencia y a la integración de la nueva Corte. 

“El artículo es muy claro, la asignación de cargos inicia con mujeres para dar oportunidad a que sean cinco las que integren, (la Corte), pero eso no significa que en la presidencia esté establecido que también se inicie con una mujer”, afirmó. 

Al corte de las 13:00 horas, la página de resultados del INE indicaba que Aguilar Ortiz lideraba la preferencia y en segundo lugar de las preferencias era para Lenia Batres Guadarrama, que llevaba registrados 5 millones 187 mil 971 sufragios. El tercer lugar lo ocupa, hasta el momento, Yasmín Esquivel con 4 millones 632 mil 233 votos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Hugo Aguilar: de consultas indígenas cuestionadas al respaldo de Sheinbaum, su camino hacia la Corte

Hugo Aguilar, quien se perfila como el próximo presidente de la Suprema Corte, fue el encargado de coordinar las consultas de los megaproyectos Tren Maya y Corredor Interoceánico, señaladas por la ONU y organizaciones de incumplir los estándares internacionales de derechos humanos.

El abogado mixteco Hugo Aguilar Ortiz hizo campaña para ministro con la frase “ya nos toca” y se comprometió con la justicia ambiental y de las comunidades indígenas, pero desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) coordinó consultas para los megaproyectos prioritarios del expresidente Andrés Manuel López Obrador sin cumplir con los estándares internacionales de Derechos Humanos.

Aguilar fue propuesto como candidato a la Suprema Corte por el Poder Ejecutivo y recibió el apoyo público de Claudia Sheinbaum. El 22 de febrero, antes del inicio formal de las campañas, pero ya con las listas de candidatos publicadas por los comités de evaluación, Sheinbaum expresó su respaldo, sin decir su nombre. “Queremos que un indígena llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dijo la presidenta. Hugo Aguilar Ortiz fue el único aspirante indígena. 

Durante las campañas, su nombre y su número, el 34, coincidían en primer lugar en los acordeones impresos y digitales que fueron distribuidos de forma masiva para favorecer a candidatas y candidatos morenistas. La operación dio resultado.

Ahora, el funcionario del gobierno morenista no sólo se perfila para llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también para presidir el máximo tribunal del país. Con el 86 % de las actas computadas y una participación de apenas 12 %, sumaba 4 millones 869 mil votos, mientras que la ministra Lenia Batres registraba 4 millones 625 mil, una diferencia de 244 mil sufragios.

Mano derecha de Adelfo Regino, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Hugo Aguilar también ha sido el encargado de coordinar el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, un órgano creado por el INPI el año pasado y cuyos integrantes de comunidades indígenas fueron seleccionados por invitación directa de Aldelfo Regino.

Aguilar no fue asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) como se difundió en redes sociales. De acuerdo con el periodista Luis Hernández Navarro, quien participó como asesor en las mesas de los acuerdos de San Andrés, el que formó parte de la lista de asesores fue Floriberto Díaz de la organización indígena Servicios para el Pueblo Mixe (SERmixe), aunque no pudo participar debido a una enfermedad y en su lugar asistió Adelfo Regino. Hugo Aguilar sí fue integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI) como parte del área jurídica de SERmixe.

Desde 2018, como coordinador General de Derechos Indígenas del INPI, el abogado mixteco se ha encargado de coordinar las consultas de los megaproyectos de la autoproclamada Cuarta Transformación, como la del Tren Maya y la del corredor Interoceánico.


Sin embargo, en esos proyectos hay señalamientos de simulación, que las consultas fueron a mano alzada, y no fueron informadas y de buena fe conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Por ejemplo, en el caso del Tren Maya, el 15 de diciembre de 2019, Hugo Aguilar participó en una sesión informativa en Xpujil, Calakmul, Campeche, según consta en el acta de la asamblea. Ahí, Aguilar Ortiz aseguró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quería hacer “las cosas diferentes” y se iba a “decidir con el pueblo”.

Sin embargo, ni Hugo Aguilar ni algún otro funcionario del gobierno les informó sobre las consecuencias del megaproyecto ni les presentaron los estudios de impacto ambiental. Años después, en marzo pasado, la propia Alicia Bárcena, titular de la Semarnat, reconoció lo que activistas y defensores ambientales advertían: el Tren Maya ha causado daños ambientales.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU- DH) señaló, tras participar como observadores en asambleas regionales informativas en noviembre y diciembre de 2019, que la información proporcionada a las comunidades indígenas en la ruta del Tren se centró exclusivamente en los posibles beneficios, omitiendo los impactos negativos, lo que les impidió tomar decisiones plenamente informadas, pues en ese momento ni siquiera existían estudios de impacto ambiental.

La ONU-DH también documentó deficiencias en la metodología de la consulta: los tiempos fueron reducidos, no siempre hubo intérpretes adecuados y muchas personas no pudieron asistir por falta de recursos. Como resultado, la mayoría de los asistentes fueron autoridades municipales y ejidales, lo que limitó la representatividad del proceso.

Numerosas comunidades aprovecharon esas reuniones para pedir al gobierno acceso a agua potable, drenaje, caminos, vivienda, salud y educación. La ONU-DH advirtió que estas demandas fueron interpretadas como una aceptación tácita del proyecto, cuando en realidad reflejan condiciones de rezago estructurales.

Romel González Díaz, integrante del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, acusa en entrevista que lo que hizo el gobierno fue “presentar una serie de actas de asambleas amañadas” y que incluso en Tres Huastecas, comunidad de Calakmul, se avaló una asamblea “donde hay muertos y gente que no vive en la comunidad”.

Para Romel se trata de un antecedente preocupante para un futuro integrante de la Suprema Corte. “¿Si un juzgador desde el principio está haciendo actos incorrectos como puede juzgar desde arriba, desde la Corte?”, cuestiona el activista.

En tanto, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y organizaciones locales de Veracruz denunciaron que el proceso de consulta indígena realizado en 2019 para el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que forma parte de los llamados Polos de Desarrollo para el Bienestar (Podebis), también incumplió lo establecido en el Convenio 169 de OIT. 

“Invitaron solo a algunas autoridades de las comunidades indígenas de la región sin un previo proceso de información en sus respectivas comunidades, por lo cual las autoridades no podían hablar a nombre de sus comunidades que ni siquiera estaban informadas”, señalaron.

Según la organización, las autoridades del INPI se reunieron únicamente con algunas comunidades del sur de Veracruz y, durante los encuentros, condicionaron la aprobación de obras locales al respaldo del proyecto.

Además, se reportó la presencia de elementos militares, lo que fue interpretado por los habitantes como un mecanismo de presión.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NELDY SAN MARTÍN, GUADALUPE FUENTES.

Según las tendencias, Hugo Aguilar sería presidente de la SCJN; ministras “4t” se quedan

Hugo Aguilar Ortiz, actual titular de la Coordinación de Derechos Indígenas, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), se perfilaba, hasta un corte de las 09:00 horas del 2 de junio de 2025 -tiempo de la Ciudad de México-, para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aunque, al igual que todos los demás candidatos que integrarían el Pleno del máximo tribunal constitucional, no tenían experiencia dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Con un avance del 47.4212 por ciento de actas electorales computadas y una participación ciudadana de 11.2255 por ciento, Aguilar Ortiz mantenía la ventaja de entre 64 candidatos a ministro de la SCJN, que desde la noche del 1 de junio de 2025 comenzó a perfilarse, al iniciar el registro de voto en las juntas distritales.

Según un perfil elaborado por la organización no gubernamental Observatorio Electoral Judicial (OEJ), de origen mixteco y nacido en Tlaxiaco, Oaxaca, Aguilar Ortiz es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) y cuenta con estudios de Maestría en Derecho Constitucional, en la misma institución educativa.

“Cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito agrario y de derechos indígenas, destacando roles clave en la Procuraduría Agraria, la [Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano] SEDATU y el INPI. Ha trabajado en el organismo electoral estatal de Oaxaca, promoviendo sistemas normativos indígenas”, indicó dicha ONG.

“En 2018, enfrentó controversias al validar una elección municipal en Reyes Etla, Oaxaca, acusada de irregularidades. En diciembre de 2024, fue excluido inicialmente de la lista de aspirantes a la SCJN, reconociendo el error el Comité de Evaluación del Legislativo”, señaló el OEJ, respecto a los conflictos de interés de Aguilar Ortiz.

“Comenzó su trayectoria profesional en la Procuraduría Agraria, ocupando roles como jefe del departamento jurídico en Xalapa, subdelegado en Tuxtla Gutiérrez y delegado estatal en Tlaxcala y Oaxaca”, narró la ONG.

“Fue Director General de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de la Reforma Agraria (ahora SEDATU), donde coordinó la defensa legal en casos de restitución de tierras y conflictos comunitarios durante ocho años. Fue Coordinador General de Derechos Indígenas en el INPI (2018-2024)”, recopiló el OEJ.

“Participó en organismos electorales, siendo encargado de Sistemas Normativos Indígenas en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) y consejero titular en el Registro Agrario Nacional”, agregó la ONG.

“Ponente en espacios académicos y de organizaciones sociales como la UABJO, la Universidad Iberoamericana, la [Universidad Nacional Autónoma de México] UNAM, [Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales] FLACSO, Academia Mexicana de los Derechos Humanos, Universidad Intercultural de Tabasco y la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, sobre temas de Derecho Agrario, derechos indígenas, Derecho Constitucional y pluralismo jurídico”, detalló el OEJ.

En tanto que las ministras en funciones Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, se mantendrían en el cargo. Además, María Estela Ríos González -quien desde el 2 de septiembre de 2021 al 30 de septiembre de 2024 fue titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador- también entraría a la SCJN.

Asimismo, sería ministra Natalia Téllez Torres Orozco, quien en la actualidad es magistrada en la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), también propuesta por el político tabasqueño.

En el caso de los hombres aspirantes a ministro, habrían ganado un espacio en la SCJN el académico e investigador de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Isaac de Paz González, así como Federico Anaya Gallardo, asesor en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, del 2010 al 2011, durante la Jefatura de Gobierno interina de Martí Batres Guadarrama.

También habría obtenido un espacio en el máximo tribunal constitucional, el abogado penalista César Mario Gutiérrez Priego, hijo de José de Jesús Gutiérrez Rebollo, un general de división del Ejército Mexicano y que en 1996 fue nombrado como jefe del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), dependiente de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR), que en ese entonces estaba subordinada al Gobierno de Zedillo Ponce de León.

Sin embargo, tras ser investigado en 1997, por la aparición de una supuesta grabación entre Gutiérrez Rebollo y Amado Carrillo Fuentes, alias “El Señor de los Cielos”, líder del Cártel de Juárez -en la que presuntamente el general discutía los pagos que el capo sinaloense debía realizarle, a cambio de ignorar la utilización de aviones de su propiedad para el transporte de droga-, el llamado “zar anti narcotráfico” fue detenido, acusado de soborno, de obstrucción a la justicia y de facilitar el transporte de cocaína.

Gutiérrez Rebollo fue condenado a 31 años, 10 meses y 15 días de prisión, por el uso ilegal de armas restringidas al Ejército. Luego, en 2007, fue condenado por un tribunal federal a una nueva pena de prisión de otros cuarenta años, y una multa de 24 millones 716 mil 829 pesos, por su presunta colaboración con Carrillo Fuentes.

El general murió de cáncer cerebral en el Hospital Central Militar de la Ciudad de México el 19 de diciembre de 2013, mientras cumplía su condena de 40 años de prisión, que antes de su internamiento purgaba en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, “El Altiplano”, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Batres reclama a SCJN quitarla de caso Salinas Pliego sólo por animadversión personal

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró impedida a la Ministra Lenia Batres para participar en un juicio de amparo de la empresa Elektra.

La Ministra Lenia Batres Guadarrama confirmó que fue declarada impedida por sus compañeros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para participar en la votación de un recurso legal promovido por el empresario Ricardo Salinas Pliego, relacionado con un adeudo fiscal sobre el pago de impuestos.

La Primera Sala de la SCJN resolvió el impedimento 30/2024 promovido por Grupo Elektra, que solicitó excluir a las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel Mossa del análisis de un amparo relacionado con un adeudo fiscal superior a mil 431 millones de pesos.

Sin embargo, los ministros determinaron no declarar legal el impedimento contra Esquivel Mossa, pero legal contra Lenia Batres. Esto tras declarar que la togada mantiene una “animadversión personal” contra Salinas Pliego, lo cual podría comprometer su imparcialidad en el caso.

Ante la decisión del máximo tribunal, la Magistrada Batres Guadarrama afirmó que el impedimento contra su participación en la votación de un asunto de la empresa Elektra, buscaba, "sin mucho ruido", que no participara en los demás juicios en los que la empresa de Salinas Pliego busca no pagar impuestos.
Por medio de una tarjeta informativa, la juzgadora destacó que la Sala se basó en publicaciones que ella hizo desde el año 2014, en las que se ha pronunciado en el sentido de que Salinas Pliego pretende no pagar impuestos respecto del lucro que obtuvo al vender acciones de su propia empresa.
"Este caso podría convertirse en el primero a resolver por el Tribunal de Disciplina Judicial", indicó la candidata para como Ministra desde su cuenta oficial de X, antes Twitter.
En el mismo argumento, Lenia Batres señaló que la Segunda Sala utilizó sus declaraciones para impedirla de votar otro amparo de Salinas Pliego, con el que el magnate impugnó la solicitud que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) hizo a todas las entidades financieras y casas de bolsa para conocer su información patrimonial.
“En ese caso, además, la enemistad manifiesta que tendría que acreditarse, suponiendo sin conceder, que procedería por esta causal, no sólo contra uno de los dueños de la empresa sino contra sus múltiples propietarios, es decir, el resto de accionistas del grupo empresarial, lo cual, obviamente, no sucede. Si no fuera contra los accionistas, la enemistad tendría que acreditarse contra la persona moral Elektra, caso que tampoco sucede”, sostuvo Batres.
Por otra parte, la Ministra acusó a la Primera Sala de la SCJN de no aplicar el mismo criterio utilizado en casos similares, donde se determinó que emitir opiniones no compromete la objetividad para resolver un expediente, como ocurrió en los impedimentos 39/2024, 40/2024, 42/2024, 7/2025 y 8/2025.

“La sentencia propuesta por el Ministro Pardo Rebolledo contradice lo que ya ha sostenido la SCJN, en ambas Salas, al cuestionarse la objetividad de la Ministra Lenia Batres derivado de la libertad de opinión que ejerció años antes de convertirse en ministra”, concluyó.

Salinas Pliego teme una corte adversa

A inicios de marzo, la juzgadora Lenia Batres Guadarrama aseguró que el empresario Ricardo Salinas Pliego tiene prisa de que el órgano jurisdiccional deseche las sentencias sobre el pago de impuestos por más de 34 mil millones de pesos que adeuda al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Esto ante el temor de enfrentarse a una Corte adversa tras la elección judicial que se llevará a cabo el próximo mes de julio.

En entrevista con "Los Periodistas", programa que se transmite a través del canal de SinEmbargo Al Aire, destacó que el dueño del conglomerado Grupo Salinas, ha presentado durante meses recursos legales para retrasar la resolución, pero ahora que está cerca la celebración de la elección judicial, la cual renovará a los integrantes de la Corte, Ricardo Salinas ha empujado para que se resuelva el proceso.


"Esta persona está interponiendo estos recursos para alargar los procesos. De repente le entró prisa, que eso no deja de llamar la atención, a partir del día de hoy yo creo que es un punto de quiebre, seguramente ya valoró una posible Corte adversa que puede entrar en septiembre o una Corte que él crea que no le resolverá a su favor y por eso le entró una prisa, eso puede ser una razón por la cual los ministros resolvieron así".

La Ministra aseguró que esta prisa responde a los intereses de Salinas Pliego de que los miembros de esta Corte resuelvan a su favor.

"Fue un acto muy atropellado por eso es que lo ligo con los propios intereses de esta persona. Además de manifestar una prisa inusitada después de haber estado consintiendo. Llevo meses solicitando que se le multe a esta persona porque interpone impedimentos que no son procedentes", indicó.

Pese a las denuncias, la Segunda Sala de la SCJN determinó que Batres Guadarrama sí está legalmente impedida para participar en la votación del amparo en revisión 492/2023, cuyo quejoso es Ricardo Salinas Pliego.
De acuerdo con la Corte, existe falta de objetividad por parte de la Ministra, debido a manifestaciones previas que hizo desde su cuenta de X donde arremetía contra los presuntos paraísos fiscales del empresario y exigía que pagara los impuestos "que le debe al país".

Sin embargo, Lenia Batres mencionó en aquella ocasión que Ricardo Salinas Pliego tiene temor de que la nueva Corte sí esté apegada a derecho y lo obligue a pagar su deuda millonaria con el SAT.

"Yo digo que tiene que ver el fin de esta era, esta época, seguramente yo creo que si alguien tiene temor cómo va a resolver una siguiente Corte, por lo menos apegada a derecho, sí hay ese temor, pues muestra mas que un punto a favor de la reforma y que los ministros no van a resolver por consigna, subordinados a intereses personales", aseveró.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Suprema Corte avala reconocer a familiares como 'víctimas indirectas' de feminicidio

El dictamen estudiado por la SCJN relata que el caso de "una niña de 12 años que fue violentada y privada de la vida por dos hombres y un adolescente".

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sentó este miércoles un precedente al establecer que los familiares de una víctima de feminicidio son “víctimas indirectas” del crimen y como tal, tienen derecho a una reparación del daño.

Al revisar el caso de Fátima Quintana Gutiérrez, una niña victima de feminicidio en 2015 en el Estado de México (centro), los ministros de la Primera Sala de la Corte determinaron que un tribunal colegiado debe reconocer como “víctimas indirectas” a su madre, Lorena Gutiérrez Rangel, y a su padre, Jesús Quintana Vega.

Además, ordenaron al tribunal a volver a dictar una sentencia “sin topes normativos estrictos” para la reparación integral del daño.

La propuesta de la ministra Margarita Ríos Farjat fue aprobada por unanimidad de cuatro votos.

El dictamen relata que el caso de “una niña de 12 años que fue violentada y privada de la vida por dos hombres y un adolescente, siendo su cuerpo abandonado en un canal”.

Detalla que, inicialmente, solo uno de los perpetradores fue condenado por feminicidio agravado, pero tras la inconformidad de los padres, se repuso el procedimiento y ambos hombres fueron condenados a una pena vitalicia y reparación del daño.

A pesar de que los padres promovieron un nuevo juicio de amparo directo, argumentando que no se les reconoció como víctimas indirectas en la reparación del daño, este recurso fue negado, según se detalla en el expediente de los antecedentes del caso antes de llegar a la Corte.

Finalmente, la resolución establece que “el reconocimiento de los padres como víctimas indirectas no debe depender de formalismos, sino del vínculo con la víctima”.

Además, determina que “el Estado debe ser condenado solidariamente por incumplimiento de su obligación de prevenir el delito de feminicidio”.

“Por ello, la reparación del daño debe ser integral, incluyendo medidas de satisfacción para redignificar a la víctima y establecer garantías de no repetición“, señala el amparo directo en revisión 5363/2023.

Asimismo, indica que dicho tribunal colegiado identificará y notificará a las autoridades del Estado de México responsables de la reparación integral, quienes están obligadas a cumplir lo ordenado sin excusas de que “carecen de facultades”.

Este fallo establece un precedente en la justicia para las familias de las víctimas de feminicidio en México, donde de 2015 a la fecha, se han registrado más de 8 mil feminicidios, es decir, asesinatos de mujeres en razón del género, según las cifras oficiales.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP) indican que en 2024 se reportaron 797 feminicidios en el país, donde el Estado de México lidera los registros con 73 casos, y de enero a marzo de 2025, se han registrado 162 feminicidios a nivel nacional, de los cuales, 18 ocurrieron en el Estado de México.

Fátima Varinia Quintana Gutiérrez fue asesinada a los 12 años en 2015 en Lerma, Estado de México, a manos de tres hombres, los cuales se han amparado y uno de ellos salió libre por ser menor de edad.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

SCJN definirá a los tres integrantes del nuevo Órgano de Administración Judicial

El OAJ estará conformado por cinco integrantes, tres de ellos designados por la Corte, uno por el Poder Legislativo y otro por el Poder Ejecutivo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definirá en los próximos días el nombramiento de tres de los integrantes del nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ) que adoptará parte de las tareas que hoy desempeña el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

De acuerdo con la reforma judicial el OAJ estará conformado por cinco integrantes, tres de ellos designados por la Corte, uno por el Poder Legislativo y otro por el Poder Ejecutivo, y controlará la administración de los juzgados y tribunales federales, el Máximo Tribunal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Esto implica que las personas que la Corte designe tendrán mayoría, por lo que se prevé que el tema genere polémica entre los ministros.

Fuentes federales confirmaron que durante la sesión privada de este lunes 10 de marzo, la ministra presidenta, Norma Piña presentó un proyecto de Acuerdo General por el que sus compañeros en el Pleno hubieran tenido que presentar tres propuestas el próximo martes para realizar la elección inmediatamente.

Sin embargo, ante la importancia del asunto, los ministros acordaron esperar a que esté presente Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien no estuvo en la sesión, para discutir el proyecto presentado por la ministra presidenta.

Para aprobar el acuerdo, la ministra presidenta requiere de seis votos de sus compañeros.

Mientras tanto, la ministra Loretta Ortiz anunció su intención de votar en contra del proyecto al considerar que la actual integración de la Corte no debe designar a los integrantes del OAJ, sino el nuevo Pleno de ministros electos por voto popular que iniciará funciones a partir del 1 de septiembre próximo.
“Votaré en contra de la aprobación de este Acuerdo General, ya que, a mi parecer, implica asumir una función de designación que corresponde a la nueva integración de la Suprema Corte, la cual entrará en funciones el próximo 1 de septiembre”, señaló a través de su cuenta de X.
Para la ministra los integrantes del OAJ deben ser designados el 1 de septiembre de 2025, misma fecha en que dicho órgano deberá iniciar funciones.

De acuerdo con la reforma judicial, por única ocasión, la primera designación de los integrantes del OAJ requiere de ocho votos.

Si la actual conformación de la Corte admite realizar las designaciones, las tres ministras afines al gobierno federal, Ortiz Ahlf, Lenia Batres y Yasmín Esquivel, quienes además son candidatas para conservar sus cargos en el Máximo Tribunal, podrán vetar cualquier nombramiento que los otros ministros intenten realizar.

La reforma judicial también establece que los integrantes del OAJ deberán iniciar sus funciones en la fecha en que tomen protesta los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) que serán electos el 1 de junio de 2025, es decir, que tomarán protesta el 1 de septiembre.

Lo cual implica que para el 1 de septiembre ya deberá estar designado el OAJ, es decir, que tendría que ser la actual Corte la que realice tales nombramientos, aunado a que el candado de los ocho votos aplica a la integración actual debido a que los subsecuentes nombramientos del Órgano, que realice la nueva Corte de nueve ministros, únicamente pide seis votos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

Ministra Yasmín Esquivel presenta dos fallos opuestos; Lenia Batres exige frenar proyectos contradictorios

La ministra Yasmín Esquivel presentó dos proyectos de sentencia distintos para un mismo caso. Esto llevó a la ministra Lenia Batres a enviar un oficio solicitando que no se enlisten asuntos contradictorios, señalando que esta práctica confunde el debate y dificulta la toma de decisiones colegiadas.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa presentó dos proyectos de sentencia diferentes para resolver un mismo asunto, pese a que no está permitido ni en la Ley ni en el Reglamento interno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que provocó que la ministra Lenia Batres Guadarrama enviara un oficio solicitando que no se enlisten asuntos contradictorios.

En su escrito, la ministra Lenia Batres considera que de permitirse, se “obstaculiza simultáneamente alcanzar una decisión colegiada”. 

“Por este medio, le solicito su amable intervención a fin de que someta a consideración del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el abandono de la práctica de presentar dos proyectos con sentido contradictorio al momento de someterlos a nuestra consideración durante las sesiones de Pleno y Sala”, señala el oficio firmado por Batres y dirigido a la ministra Norma Piña, presidenta del Máximo Tribunal del país, del que Animal Político tiene copia. 

El conflicto interno entre ambas ministras, cercanas al oficialismo, ocurre en medio de la lucha por la presidencia de la Suprema Corte, de cara a las elecciones del próximo domingo 1 de junio. En dicho proceso electoral no solo se elegirá a los próximos ministros, magistrados y jueces del país, sino que también se elegirá a la persona que encabezará al Máximo Tribunal del país para el periodo 2025-2027. 

Se trata de una de las tantas modificaciones a la Constitución tras la reforma judicial del expresidente Andrés Manuel López Obrador, publicada el 15 de septiembre de 2024, en la que se estableció que la Corte se compondrá de nueve integrantes, y no 11 como actualmente funciona, y cuya presidencia “se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura”. 

Este diferendo entre las ministras también ocurre en medio de diversos señalamientos en contra de ambas y de Loretta Ortiz Ahlf por actos anticipados de campaña para la elección judicial y promoción adelantada, cuando las campañas oficiales iniciarán hasta el próximo 30 de marzo y terminarán el 28 de mayo de 2025

Los dos proyectos contradictorios de la ministra Esquivel Mossa

El asunto que cayó en manos de la ministra Esquivel Mossa trata de una contradicción de criterios (8/2025) suscitada entre el Pleno Regional en Materias Administrativas y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, y el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en Mérida.

En este caso el Pleno de la Corte tiene que resolver si es constitucional o no que se cobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por importación y por enajenación a las empresas, cuando se da el supuesto de retorno virtual de mercancías, que es una facilidad otorgada a las empresas residentes en México que importan temporalmente mercancías, para el efecto de que se consideren retornadas al extranjero sin salir físicamente del país. 

Sin embargo, a la hora de presentar su propuesta, la ministra Esquivel Mossa presentó dos propuestas de resolución: la primera declarando la constitucionalidad de la regla de comercio exterior y en la otra su inconstitucionalidad, según ambos proyectos de sentencia a los que tuvo acceso Animal Político. 

Ambos proyectos fueron listados por primera vez el 6 de febrero de 2025, pero luego de la queja de la ministra Lenia Batres los asuntos fueron retirados. Solo el proyecto que propone la constitucionalidad del cobro de impuesto volvió a ser enlistado el pasado 20 de febrero, al considerar que es “congruente” por “apegarse al contexto normativo que la rige”.

El oficio de la ministra Lenia Batres

Luego de la presentación de ambos proyectos, listados por primera vez el 6 de febrero de 2025, la ministra Lenia Batres envió un oficio dirigido a la ministra presidenta Norma Piña bajo el asunto “abandono de práctica en la función jurisdiccional”, fechado el lunes 17 de febrero de 2025. 

“En el ánimo de que esta Suprema Corte resuelva objetivamente las problemáticas jurídicas planteadas por la ciudadanía, deben atenderse las reglas legales de deliberación pública”, señala el oficio.  

En el mismo documento se señala que en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se dispone que, en cada sesión, será presentado a consideración de las y los ministros “un proyecto” y, en caso de que no obtenga la mayoría de la votación, será desechado para la formulación de uno nuevo. 

“El objetivo de que se vote un solo proyecto y sea returnado en caso de no alcanzar la votación para que en una siguiente sesión se discuta, se encuentra expreso en la misma norma: retomar los argumentos vertidos en el debate del primer proyecto para la formulación del siguiente. Ello se hace imposible cuando se anticipa la elaboración de un proyecto alternativo sin conocer los argumentos del resto del órgano colegiado”, señala el oficio. 

En resumen, la ministra Batres señaló que presentar varios asuntos contradictorios “confunde los términos de la discusión y obstaculiza simultáneamente alcanzar una decisión colegiada. Es más, ignora los razonamientos del órgano colegiado”, por lo que pidió revisar estas prácticas al interior de la Corte.

Dicho oficio tendrá que ser revisado por las y los ministros de la Corte, que deberán atender el asunto antes de la sesión pública a realizarse este jueves 27 de febrero, día en el que será discutida la contradicción de criterios.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MEZA.