Jefe de la oficina de la gobernadora será magistrado del Tribunal Superior de Justicia

Con 102 mil 666 votos según los cómputos finales, José de la Peña Ruiz de Chávez será una de las nueve magistraturas, cinco de mujeres y cuatro de hombres, integrantes del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo. En octubre de 2024 había sido nombrado jefe de la Oficina de la Gobernadora Mara Lezama. 

Al inicio del gobierno de la morenista, fue coordinador del Gabinete de Seguridad hasta 2024, que inició su cargo más reciente. La Oficina de la Gobernadora se encarga de evaluar el desempeño de las distintas dependencias, revisar el avance en las metas de gobierno, dar seguimiento a las quejas y comentarios sobre la administración e incluso representar a Mara Lezama.

En 2021, un comunicado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) —que integró la coalición Juntos Hacemos Historia con Morena y el Partido del Trabajo— dio cuenta de que José de la Peña Ruiz de Chávez había sido separado de la dirigencia estatal en Quintana Roo. Al entonces diputado local la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le congeló sus cuentas por presuntos vínculos con la mafia rumana y lavado de dinero, según reportaron medios como Reforma.

En declaraciones a medios, José de la Peña Ruiz de Chávez negó que busque la presidencia del TSJ. El Artículo 99 constitucional establece que el TSJ será presidido por una persona titular de la magistratura elegida por el Pleno en el mes de agosto de cada cuatro años, con posibilidad de reelección.

Cercana a exgobernador y hasta futbolista profesional llegan al TSJ

Landy Beatriz Blanco Lizama también será una de las cinco mujeres magistradas del TSJ. En agosto de 2022 fue nombrada titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo (CEAVEQROO) por el Congreso local, al ser propuesta en la terna del exgobernador Carlos Manuel Joaquín González.

La CEAVEQROO es un organismo público descentralizado de la administración pública estatal encargado de fungir como órgano operativo del Sistema Estatal de Atención a Víctimas.

El exgobernador de Quintana Roo que propuso a Blanco Lizama ahora también es afín a Morena. El 5 de enero de 2023 fue nombrado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador como actual embajador de México en Canadá.

Personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo ahora serán magistradas del TSJ. Por ejemplo, la jueza de ejecución penal Wendy Fabiola Barrera Ucán, la jueza familiar Elena Esmeralda González Flores, la magistrada unitaria para adolescentes Teresa de Jesús Villa Velasco, el juez civil Fabián Azael Gamboa Song y el juez de ejecución en funciones de juez de primera instancia Omar Yael Landeros Rosado.

Otra de las cinco mujeres magistradas del TSJ será Gabriela del Carmen Rodríguez Díaz, directora del Instituto de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial de Quintana Roo desde 2024.

En el caso de los hombres, uno de los cuatro integrantes del TSJ será José Raúl Galán Muedano, director general de la notaría 12 de Cancún y exjugador profesional del equipo de futbol Atlante de la Liga de Expansión.

Marco Antonio Torre Constantino, subsecretario del Trabajo de la zona sur, dentro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno de Mara Lezama, será magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial. Fue el único candidato masculino para ocupar una de las tres plazas disponibles, por lo que prácticamente tenía asegurado su puesto. 

Además, Marco Antonio Torre Constantino apareció en los tres listados de candidaturas porque en Quintana Roo la ciudadanía sólo podía votar en bloque según el poder que postuló: Ejecutivo, Legislativo o Judicial, y no por aspirantes a juezas o jueces, magistradas y magistrados en lo individual.

Así, Torre Constantino fue el aspirante más votado, con 169 mil 474 sufragios a su favor, la mayoría provenientes de su postulación por el Poder Ejecutivo (102 mil 222), según los cómputos finales concluidos el 12 de junio de 2025.

En el bloque del Poder Ejecutivo, propuesto por Mara Lezama, también estaba Nelsy Lucely Trejo Puc, quien se ha desempeñado como directora de Recursos Materiales y Servicios Generales dentro de la Secretaría de Finanzas y Planeación del gabinete de la gobernadora morenista.

Y, finalmente, Elizabeth Moreno Rejón, nombrada por el Congreso local en junio de 2024 titular del Órgano para la Igualdad de Género, Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres será magistrada de este nuevo tribunal creado con la reforma judicial. 

“La presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial se renovará cada cuatro años y será designada por el Pleno con posibilidad de reelección, por una sola vez, para un periodo de igual duración”, establece el artículo 106 constitucional.

Por su parte, el INM dijo a este medio que ya abrió una investigación interna y que están trabajando en mejorar el sistema informático para evitar el acaparamiento de las citas.

Cómo se obtiene en línea una cita en Migración

Desde octubre de 2024, el INM implementó un sistema de citas en línea para realizar trámites migratorios (el Portal de Servicio del INM), como la solicitud de un permiso de permanencia en el país, una visa de trabajo, la residencia permanente, o la reposición de un documento migratorio.

A través de ese portal de internet, la autoridad federal establece un día y una hora, y la persona extranjera acude con su cita para iniciar el trámite. En este punto hay que aclarar que la cita por sí sola es un trámite gratuito. Lo que sí tiene un costo es el trámite que se realice posteriormente ante la autoridad.

“Sin embargo, desde junio pasado, obtener una cita se ha vuelto una tarea imposible”, plantea uno de los abogados del despacho, al que llamaremos Javier.

Lo anterior, explica el abogado, debido a que el sistema agota los espacios “en tan solo unos segundos”, dejando sin posibilidad a los usuarios de realizar trámite alguno.

Venden ilegalmente citas para trámites migratorios hasta en 3 mil pesos

El despacho legal detectó que, al mismo tiempo que las citas se agotaban en solo unos segundos en el portal del INM, comenzaron a aparecer múltiples anuncios en redes sociales de personas que ofrecen ‘ayuda’ para la obtención de una de esas preciadas citas.

Las personas que se anuncian ofrecen precios que oscilan entre los 1 mil y los 3 mil pesos por cita. Animal Político pudo constatar algunos de estos anuncios, en los que personas también de origen extranjero se publicitan con un número de celular para contactarlos.

“Nuestra investigación indica que la mayoría de las citas en línea están siendo acaparadas por una mujer, al parecer de nacionalidad rusa. Esta persona lucra con la venta de esas citas que acapara mediante un chat de Whatsapp, manteniendo oculta su identidad”, explica Javier.

Incluso, el despacho legal tomó registro de que, en las inmediaciones de la Subrepresentación Federal del INM en Playa del Carmen, se encuentran pegadas, en postes y paredes, hojas que anuncian abiertamente la venta ilegal de citas.

Igualmente, en algunos negocios cercanos a las oficinas locales del INM se reparten tarjetas que contienen un código QR que conecta a un número de Whatsapp.

“Al conectarse a la aplicación mediante el mencionado código QR, se observa que se trata de un número celular de extranjeros y que se utiliza como imagen el logotipo oficial del INM con la leyenda ‘Secretaría de Gobernación Instituto Nacional de Migración´”, expuso el despacho de abogados en una carta remitida al titular del INM, Sergio Salomón Céspedes, y de la que este medio guarda copia.

“Al consultar a dicho número mediante un chat de Whatsapp, en respuesta envían una captura de pantalla del Portal de Servicios del INM que contiene un listado de citas disponibles y a la venta. Llama la atención que cuentan con citas disponibles todos los días de la semana y prácticamente en todos los horarios”.

Una vez que se elige la hora y la fecha, entonces se solicita al extranjero una serie de datos necesarios para poder agendar la cita. Y cuando éste paga la cantidad que le solicita la persona, entonces le envían el comprobante de la cita.

“Esta es la única vía en la que actualmente pueden conseguirse citas”, subraya el abogado.

Defraudan con citas falsas para trámites migratorios en Playa del Carmen, Quintana Roo

No obstante, el despacho legal también detectó que otras personas, aprovechando la necesidad que muchos extranjeros tienen de realizar múltiples trámites migratorios, ofrecen también citas, que luego resultan “apócrifas”, falsas.

“Así, cuando los extranjeros acuden al INM con una cita adquirida de manera informal, frecuentemente descubren que no está registrada en el sistema, lo que les impide realizar sus trámites y los dejan en una situación de vulnerabilidad”.

Además, diversos testimonios dijeron al despacho de abogados que uno de los ‘facilitadores’, que ofrece citas por medio de dos perfiles de Facebook con la promesa de “librar la batalla de las citas por ti”, lo que hace es vender una misma cita a varios extranjeros. Es decir, la revende.

“Como resultado, los migrantes que por necesidad compran una cita a esta persona, llegan a la oficina del INM y se encuentran con que la cita ha sido cancelada, quedando expuestos a una pérdida de tiempo y dinero”.

Sobre lo anterior, Javier expone como hipótesis que el portal de citas del INM ha podido ser “hackeado”, o “manipulado por personas que se apoderan de casi la totalidad de citas disponibles para venderlas a extranjeros migrantes que necesitan realizar trámites en la subdelegación de Playa del Carmen, en una práctica que los deja en un estado de total indefensión”.

Los abogados recuerdan que el posible hackeo del portal del INM representa un delito de acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, “pues, evidentemente, para acaparar la gran mayoría de las citas disponibles, debe accederse y manipularse de alguna forma el sistema informático que opera el Estado mexicano”.

INM abre investigación interna sobre venta ilegal de citas para trámites migratorios

En respuesta, el Instituto dijo estar al tanto de la situación y subrayó que está tomando medidas en dos sentidos.

El primero, el INM aseguró a este medio que ya abrió “una investigación formal” a través de su Órgano Interno de Control. “Si ha habido alguna situación indebida (de algún funcionario del Instituto) habrá consecuencias”, señaló la dependencia.

Y el segundo, el Instituto informó que ya se está trabajando en “mejorar el sistema informático” para que ya no haya personas que puedan acaparar las citas para los trámites.

“Eso ya se está llevando a cabo. Estamos trabajando en fortalecer los protocolos para evitar este tipo de situaciones”, recalcó la dependencia.

Además, explicó que esta decisión refleja su compromiso con la responsabilidad social, ambiental y empresarial, pero también con el desarrollo económico sostenible de la isla de Cozumel y el estado de Quintana Roo.

José Urbina, buzo profesional de cuevas en la entidad, dijo en entrevista para Animal Político que el comunicado de la empresa es en realidad sólo una pausa con pretensiones de continuar con la construcción de este proyecto.

“No es una victoria ambientalista. Una victoria ambientalista sería que esta gente entendiera qué es lo que está mal y qué es lo que se protege pero no lo entienden. No lo quieren entender y no les importa, esto es un aliciente para la comunidad de Cozumel que protege el arrecife porque sabemos que, finalmente, los políticos tuvieron capital entre la población que está decidida a proteger su hogar y están escuchando”, añadió.

Urbina resaltó que, espera que esta pausa represente la cancelación del cuarto muelle o cualquier otro proyecto similar en la Península de Yucatán y todo México.

Cuarto muelle continúa en revisión

Animal Político consultó al área de comunicación social de la Semarnat sobre el comunicado que emitió la empresa Muelles del Caribe S. A. de C.V. con la suspensión temporal de la obra.

La secretaría señaló que el proyecto del cuarto muelle de Cozumel continúa en revisión de la resolución dictada en materia de impacto ambiental, emitida el 7 de diciembre de 2021, luego de una impugnación recibida por parte de habitantes de la isla.

La admisión del recurso de revisión se dio el pasado 13 de junio, cuando la Semarnat admitió a trámite un recurso de revisión en el que habitantes de la isla cuestionaron el resolutivo SGPA-DGIRA-DG-05859-21, mediante el cual se autorizó dicho proyecto.

La autorización, según señala el resolutivo de 2021, se da en materia de Impacto Ambiental del proyecto “Muelle Cozumel, Terminal de Crucero” emitido en referencia a los aspectos ambientales derivados de las obras y actividades del proyecto, así como del impacto ambiental derivado del cambio de uso de suelo en una superficie de 1.1 ha de vegetación secundaria de selva mediana subperennifolia, con pretendida ubicación en el municipio de Cozumel, Quintana Roo.

La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, bajo el ejercicio de sus atribuciones, determinó que el proyecto es “ambientalmente viable”, por lo que resolvió “Autorizarlo de manera Condicionada”.

Dicha autorización del proyecto, en su momento, dictó una vigencia de 30 meses para llevar a cabo las obras y actividades de preparación del sitio y construcción del proyecto. De la misma manera, este tendría una vigencia de 30 años, tiempo destinado para su operación y mantenimiento.

Sin embargo, la vigencia estará condicionada a la construcción del proyecto. El primer plazo comenzará a partir del día siguiente de que sea recibida la presente resolución; mientras que el tiempo de operación y mantenimiento iniciará al término del primero.

Sobre la revisión que hará la Semarnat a la Manifestación de Impacto Ambiental Regional del Cuarto Muelle, Pepe Urbina dijo que desde la sociedad civil esperan que la dependencia retome un camino en el que se le dé prioridad absoluta al medio ambiente.

“Esperemos que vean que esta manifestación fue erróneamente autorizada, que no respetaba la realidad del arrecife en la zona y que se tiene que revocar y proteger (…) No se trata de defender solo el Arrecife de Villa Blanca, todo está conectado y lo que sucede en [él] tiene impacto en otras zonas del arrecife del Parque Nacional, lo que sucede dentro del manglar. Todo está conectado”, reiteró.

Muelles en Cozumel no traen derrama económica

La organización Conservación, Investigación y Manejo Ambiental de Cozumel (CIMAC A.C.) fue quien interpuso el recurso de revisión en contra del oficio resolutivo que autorizó el proyecto “Muelle Cozumel, Terminal de Cruceros”.

Guadalupe Martín, presidenta de la asociación civil CIMAC en Cozumel cuenta con 20 años de trabajo, es bióloga y descendiente de los fundadores de la isla, habló de los proyectos que amenazan a la isla como es el Cuarto Muelle, un club de playa, entre otros.

Advirtió que estas estructuras rompen con la fisionomía natural y generan un impacto ecológico y social. Además, resaltó que, como isla, no tienen la facilidad de moverse al depender del cruce de un ferry que abre a las 7:00 de la mañana y cierra a las 10:00 de la noche.

En entrevista para Animal Político, Guadalupe Martín explicó que en Cozumel tienen tres muelles que, desde su construcción, han golpeado a los arrecifes en la isla. Dos de ellos se encuentran al sur, cerca de lo que hoy es Parque Marino y para su existencia se destruyó parte del arrecife paraíso que colindaba con la unión de una conexión directa con el arrecife Villa Blanca.

“El arrecife Villa Blanca era uno pero por el llamado ‘desarrollo’ mataron a un arrecife. Lo que queda del arrecife es un pequeño espacio que dejaron que hoy llamamos ‘Paraíso’ y todo lo demás lo mataron por construir esos muelles internacionales que no traen la derrama económica para el cozumeleño como se dice que traen”, denunció.

Martín señala que la ocupación de los muelles existentes no llega ni al 50 % pese a contar con tres de ellos. Ante esto, denuncia que el “Cuarto Muelle” no debió existir bajo ninguna justificación.

Aunque la empresa, Muelles del Caribe S.A. de C.V. justificó en su comunicado que pausar la construcción del Cuarto Muelle representa una oportunidad para reforzar las medidas ambientales y atender las preocupaciones de algunos sectores de la comunidad cozumeleña, con el fin de que este proyecto cumpla plenamente su objetivo de generar beneficios sostenibles y de largo plazo para el crecimiento regional.

Martín señaló que este proyecto no trae ninguna derrama económica para los habitantes de la isla de Cozumel.

“Para qué buscar otro espacio cuando no hay necesidad porque hay espacios de muelle para poner los barcos que quieran traer. Esto no es por necesidad, no es por derrama económica para el cozumeleño, esto, seguramente, es por un beneficio económico para ellos”, resaltó.

Medios de comunicación locales dieron a conocer que los cuerpos tenían huellas de tortura y al parecer se trataba de choferes del sindicato de taxistas Lázaro Cárdenas del Río, quienes días atrás habían sido reportados desaparecidos por la misma Fiscalía. 

Cinco días antes del triple homicidio, un supervisor de la misma organización gremial de choferes de taxi fue ejecutado en la colonia irregular In House, de Playa del Carmen. 

Por este crimen, el 14 de julio, el fiscal del estado Raciel López Salazar dijo que existen dos líneas de investigación: narcomenudeo e invasión de tierras. 

No obstante, por el hallazgo de los cuerpos –calificado de triple homicidio– ha decidido guardar silencio.  

El 21 de julio Raciel López Salazar encabezó la conferencia de prensa de la Mesa de Seguridad de Quintana Roo. Estuvo acompañado de la secretaria de Gobierno Cristina Torres Gómez, y del secretario de Seguridad Ciudadana, Julio César Gómez. 

En ningún momento los funcionarios hablaron de este hecho delictivo. Por el contrario, López Salazar sostuvo que durante el primer semestre del año hubo una reducción del 52% de homicidios dolosos, en comparación con el mismo semestre de 2024. 

Asimismo, Luis Herrera Quiam, secretario general del sindicato de taxistas Lázaro Cárdenas del Río, también ha mantenido el silencio ante el caso que señalan de menoscabo de sus propios agremiados. 

Herrera Quiam se desempeña también como secretario general del ayuntamiento de Playa del Carmen. 

En Quintana Roo, los tres principales sindicatos de taxistas, ubicados en Tulum, Playa del Carmen y Cancún, tanto agremiados, como algunos dirigentes, han estado relacionados en presuntas actividades ilícitas por lo que han sido detenidos, como el caso de Salomón Alfonso Muñoz, quien siendo dirigente de la agrupación sindical Andrés Quintana Roo, fue acusado de homicidio.

Según los primeros informes, García habría muerto por ahorcamiento, aunque las autoridades aclararon que la investigación sigue en curso y no se descarta ninguna línea, incluida la posibilidad de un homicidio.

Melvin García fue periodista en Cozumel y Mérida, Yucatán, actualmente se encontraba laborando como comisionista.

Es autor del libro “Mayra, su vida terminó, su historia comenzó”, en el que vinculó al exgobernador Félix González Canto con un crimen ocurrido en la isla.

Tras la publicación, denunció persecución política y se alejó del municipio por varios años, y según medios, regresó a Cozumel hace apenas unos meses.

La zona del hallazgo fue acordonada, y peritos continúan con las diligencias para esclarecer los hechos.

La Fiscalía aún no ha emitido información oficial sobre la causa del deceso.

El incendio ocurrió en una zona estratégica para las obras, por lo que las autoridades locales se mantienen en alerta.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas ni sobre daños a la infraestructura del Tren Maya.

Las autoridades tampoco han dado detalles sobre qué originó el siniestro.

Además, la organización Conservación, Investigación y Manejo Ambiental de Cozumel (CIMAC) ha denunciado las afectaciones que podría causar un cuarto muelle en la isla.

Con pangas (embarcaciones pequeñas) y manifestaciones en las calles, han solicitado entablar diálogo con el presidente municipal, José Luis Chacón, y expresarle su preocupación por este proyecto que amenaza la conservación marina de México.

Tras las denuncias de los posibles daños por la construcción de un cuarto muelle, la Semarnat atrajo el caso para revisar el proyecto.

La Semarnat revisará el resolutivo en materia de impacto ambiental, emitido desde el 7 de diciembre de 2021, tras la impugnación de los vecinos de la Isla.

Semarnat revisará proyecto de construcción de un cuarto muelle en Cozumel

La Secretaría del Medio Ambiente federal atenderá el recurso de revisión interpuesto por habitantes de la isla de Cozumel en contra del oficio resolutivo que autorizó el proyecto “Muelle Cozumel, Terminal de Cruceros”, conocido también como “cuarto muelle”.

Esta dependencia, encabezada por Alicia Bárcena, valorará el proyecto del cuarto muelle con base en la normatividad vigente, la protección del ecosistema arrecifal y el derecho de la población a un medio ambiente sano.

El 13 de junio pasado la Semarnat admitió a trámite un recurso de revisión, luego de que habitantes de Cozumel cuestionaron el resolutivo SGPA-DGIRA-DG-05859-21 que autorizó el proyecto.

Para el 18 de junio, la Secretaría notificó a las vecinas y a la empresa promovente que inició un procedimiento administrativo derivado de esa impugnación.

Oscar Rebora, titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo y buzo, expresó en redes sociales su rechazo al proyecto cuarto muelle de Cozumel luego de bucear en la zona del arrecife Villa Blanca que podría ser afectado, invitado por el gremio hotelero.

Rebora comentó al Periódico Quequi que tras bucear por el arrecife encontró un ecosistema sano. También explicó que este ecosistema marino, aunque no se encuentra dentro de una área natural protegida sí se considera una zona de amortiguamiento marino.

Una zona de amortiguamiento es toda la carga que está recibiendo el arrecife. Por ello, se deja un espacio para que toda esa carga pueda irse y amortiguar, también, las consecuencias que va teniendo o cargas rebasadas que ya tiene el área natural protegida, explicó el funcionario local.

Pobladores de Cozumel, el gremio náutico e integrantes de CIMAC marcharon pacíficamente el 20 de junio pasado desde Playa Mantarrayas hasta el Palacio Municipal.

El contingente lo integraron 100 personas a pie, más de 100 motocicletas y más de 50 automóviles en caravana de la sociedad cozumeleña que rechaza este proyecto.

Guadalupe Martín, presidenta de la organización Conservación, Investigación y Manejo Ambiental de Cozumel, reconoció la respuesta de los habitantes de la isla por atender la convocatoria para protestar en contra del cuarto muelle.

“Gracias por demostrar que el puedo de Cozumel defiende al arrecife Villa Balanza y su ecosistema”, agradeció la cozumeleña en sus redes sociales. Además, dijo que continuarán manifestándose tras lograr la revisión de la MIA que la Semarnat estará analizando.

Tras la marcha, Margarita Vázquez Barrios, representante del presidente municipal, recibió a una parte del contingente de manifestantes, quienes comunicaron que han tenido una respuesta negativa de parte del ayuntamiento, derivado de la revisión de la Manifestación de Impacto Ambiental que inició la Semarnat.

El hecho ocurrió por la mañana del jueves. Versiones oficiales indican que ambos compartían el mismo centro de trabajo, desde donde se perpetraba el acoso. 

Fue en la calle Chaca con avenida Tulum, cerca de la estación de autobuses de Cancún, donde la mujer fue interceptada por el hombre, quien, tras hacerse de palabras, le arrojó una sustancia corrosiva en el rostro. 

Inmediatamente emprendió la huida, mientras que la víctima recibió atención de comerciantes de la zona y se llamó a la policía del municipio de Benito Juárez (Cancún), que inició un operativo para dar con el atacante. 

Por la tarde, la Fiscalía de Quintana Roo informó la detención de un un hombre señalado de haber sido el autor material de la agresión, por lo que se inició una carpeta de investigación para esclarecer el caso por el delito de feminicidio en grado de tentativa. 

“Las primeras investigaciones señalan que el sujeto acosaba a la mujer desde tiempo atrás, por lo que el día de hoy la siguió para interceptarla en la avenida Tulum del municipio de Benito Juárez, donde después de insultarla le arrojó ácido en la cara y huyó del lugar”, informó en un comunicado la Fiscalía estatal. 

El caso inmediatamente causó consternación entre la población quintanarroense, mientras que autoridades condenaron el hecho. La gobernadora Mara Lezama Espinosa confirmó que la víctima se encuentra estable recibiendo atención médica. 

“La agresión cruel y cobarde cometida en contra de una mujer que fue atacada con ácido es inaceptable y actuaremos con todo el peso de la ley en contra de su agresor, el cual les informo, les confirmo, ha sido detenido. Aquí no hay espacio para la violencia machista, aquí se protege la vida de las mujeres”, dijo en un mensaje. 

El municipio de Benito Juárez, con cabecera en Cancún, tiene activa una alerta de género desde 2017 debido a casos de feminicidio y otros actos de violencia contra la mujer que se han registrado en la localidad turística más importante del país.

El domingo, el día de elección judicial, Cruz Lara se dirigía a una casilla a ejercer el voto cuando fue interceptado y privado de su libertad por varios sujetos que conducían mototaxis —pochitaxis, como aquí se le conocen—. 

“Me bajan bruscamente y me meten a un área verde. Me golpean, me dan patadas. Eran cuatro sujetos. Tres venían amagándome en la puerta de atrás del mototaxi (…) el chofer saca una tabla y me hinca, me da tablazos, me da 10 tablazos. Me dicen que es por hocicón, que es para que ya deje de hablar o hacer críticas periodísticas hacia el alcalde Gilberto Gómez Martínez y que eso era un primer escarmiento, que a la segunda iban contra mi familia”, narró a Proceso Hilario Alfonso, desde un sitio fuera de Quintana Roo donde se mantiene resguardado. 

El reportero atribuyó esta agresión a la cobertura que ha realizado sobre probables actos de corrupción registrados en Puerto Aventuras, una alcaldía que se ubica dentro del municipio de Playa del Carmen, cerca del corredor hotelero Riviera Maya. 

Por estos hechos, la víctima presentó una denuncia penal ante la Fiscalía local, la cual quedó asentada bajo el número de acta con terminación 4597/2025. 

Inmediatamente después abandonó esta entidad, donde desde hace siete años ejercía la labor reporteril a través de la página de noticias locales Informativo Puerto Aventuras. Se unió así a la lista de periodistas desplazados por la violencia que se vive a diario en diversas localidades del país. 

Sobre la agresión se encuentra notificado el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, afirmó Cruz Lara.

Fuentes oficiales y medios locales precisaron que los detenidos son integrantes de la célula delictiva ‘Los Compich’, afín a la facción ‘Los Chapitos’, grupo generador de violencia dedicado al narcomenudeo y extorsión.

Señalaron que entre ellos se ubicó a José Benjamín Hau Herrera, alias ‘El Cuervo’, líder regional de las operaciones de este grupo en Tulum, además de Fernando ‘N’, alias ‘El Gavilán’ y Carlos Manuel ‘N’, alias ‘El Barni‘, a quienes les decomisaron nueve armas de fuego, 49 cargadores, una granada, dos cascos balísticos, ocho chalecos tácticos y cuatro kilos de marihuana.

En el comunicado se apuntó que al cumplir recorridos de vigilancia terrestre en el municipio de Tulum, en inmediaciones de la carretera Nuevo Xcan-Kantuninkin, los agentes ubicaron a tres personas quienes, al notar su presencia, intentaron huir pero fueron alcanzados y tras realizar una inspección de seguridad les hallaron las armas y la droga.

Las instituciones que integran el gabinete de seguridad del Gobierno de México han realizado cerca de tres mil 500 detenciones, incluyendo capos buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), tras los acuerdos para evitar aranceles a México con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y reforzar el combate contra el tráfico de drogas.

El 7 de mayo, durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que no existe autorización a favor de la construcción de la megaestructura.

No obstante, esta iniciativa a cargo de la empresa Muelles del Caribe, cuenta con una concesión para el aprovechamiento de bienes de dominio público expedido en 2022 por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, además de un resolutivo favorable entregado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ambas anuencias fueron otorgadas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

En las últimas semanas, cierto sector de la población inició la campaña de rechazo con actividades para recabar firmas, escritos a las autoridades y ahora esta protesta bajo el agua.

“Es un capricho, es una necedad de un pequeño grupo, de gente que hace dinero de prostituir el Caribe mexicano. Es así, es así, no hace falta. Cada quien defiende su lugar con sus recursos al alcance y hay estrategias legales que van adelante, hay investigaciones que ponen los conocimientos a disposición y los buzos nos manifestamos buceando, poniendo en evidencia que ahí hay pastos marinos, hay corales, hay esponjas, hay vida”, sostuvo José Urbina Bravo, buzo integrante del colectivo Sélvame del Tren, que realizó la inmersión.

Han sido dos demandas de amparo que han promovido los habitantes de la isla; sin embargo, los jueces federales han desechado los recursos bajo el argumento de que no hay afectación contra las personas.

Cozumel es el principal punto de atraque de cruceros en el país. En 2024 recibió más de cuatro millones de visitantes por esta vía; sin embargo, los disidentes del Cuarto Muelle sostienen que la derrama económica no es palpable porque estiman que el 40% de los habitantes de la isla viven en condiciones de pobreza, además de que los servicios básicos son escasos.

La abogada Fabiola Cortés Miranda, fundadora de la asociación civil Somos tus Ojos, inició una campaña de anulación del voto en la zona de juzgados civiles y familiares de Playa del Carmen.

“Van a elegir por bloques, en las boletas están integrados nombres de jueces palomeados por el Poder Legislativo, por el Poder Ejecutivo y por el Poder Judicial (...) usted va a elegir a los jueces por bloque, ésa es la peculiaridad de la elección en Quintana Roo, ni siquiera va a elegir por nombre, no se preocupe ni siquiera en saber los nombres (...) hay nombres que se repiten en las tres boletas”, explicó Fabiola Cortés.

En total, 48 candidatos se ven en condiciones ventajosas en la elección porque aparecen sus nombres repetidos en las boletas.

La abogada Cortés Miranda enumeró cada una de estas anomalías que se ha vivido en el proceso electoral judicial local y ha invitado a la ciudadanía a anular su voto para no legitimar la elección. La campaña se replicará en las principales ciudades de esta entidad y con mayor actividad jurisdiccional.

La entidad es una de las 19 donde se desarrollará una elección judicial local, a la par de los comicios para la elección de miembros del Poder Judicial de la Federación, aunque para esta última elección los nombres de los candidatos aparecen en un solo listado.

Pero en el caso de Quintana Roo, por la impugnación ganada por el Ejecutivo, el día de la elección los ciudadanos electores recibirán dos boletas: uno para la elección de magistrados y otro para jueces locales.

Ambas papeletas cuentan con tres listas de candidatos o bloques, cada uno emanado del Comité de Evaluación que los postuló: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial.

Sin embargo, seis candidatos a magistrados aparecen en los tres listados; mientras que 42 candidatos a jueces se encuentran en la misma situación. Por ello, tienen prácticamente un 100% de posibilidades de ganar, porque se votará por el bloque y no por la persona.

Además, en algunos casos aparecen hasta dos veces en las listas, contra otros aspirantes cuyos nombres aparecen en una sola ocasión.

El 31 de marzo, el Instituto Electoral de Quintana Roo publicó el primer diseño de boletas electorales que contemplaba una sola lista de candidatos para juez y otra para magistrado.

En un principio el diseño de las boletas estaba contemplado para que los candidatos aparecieran en una sola lista, es decir, el elector tuviera así la oportunidad de elegir de un sólo grupo los candidatos de su preferencia para ser juez y en otro, para magistrados.

El 3 de abril Carlos Felipe Fuentes del Río, consejero Jurídico de Mara Lezama, presentó una apelación también como secretario del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo. En el escrito de demanda expuso que el Instituto Electoral de Quintana Roo carecía de facultades para determinar un diseño de las boletas en un solo listado, además de que creaba confusión.

La construcción a cargo de la Defensa se encuentra en la zona federal de la Laguna de Bacalar. Frente a la obra se encuentra el Fuerte de San Felipe, un monumento patrimonio histórico del estado de Quintana Roo.

El amparo promovido por Proyecto Justicia Común (PROJUC) y Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, A.C. (DMAS) denuncian que la construcción es un proyecto hotelero que arrancó sin contar con los permisos ambientales necesarios.

De acuerdo con los colectivos, esta construcción es ilegal ya que inició sin una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ni un proceso de consulta pública para la comunidad. 

Por lo que un  juez de Distrito en el estado de Quintana Roo otorgó suspensión provisional para detener de inmediato la construcción de este proyecto que pone en riesgo el medioambiente y la cultural de Bacalar.

Animal Político publicó que, en su momento, la Defensa Nacional solo se limitó a decir que su construcción está exenta de presentar la manifestación de impacto ambiental que la ley ordena.

Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) señaló que se trata de una intervención que no genera desequilibrio ecológico, pero no presentó alguna justificación o pruebas que respalden dicha afirmación.

En un comunicado conjunto, la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, A.C. (DMAS) señaló que el 28 de abril fue la fecha que se fijó para celebrar la audiencia incidental en la que se analizará si se concede la suspensión definitiva.

Al cierre de esta nota, ni la Sedena ni Semarnat han emitido un comunicado sobre la continuación de las  obras pese a que existe una suspensión provisional vigente.

“No ha sido fácil, hemos recibido muchas llamadas de gente muy poderosa, para sucumbir, para claudicar, no vamos a claudicar, tenemos muy claro el camino”, dijo Lezama Espinosa. 

El conflicto ha entrado en una etapa más álgida luego de que Aguakán perdió en abril pasado un amparo, con el que buscó anular un decreto aprobado por el Congreso de Quintana Roo para el retiro de la concesión que estaba pactado hasta el año 2053. 

Esta concesión le permite el control del suministro del agua potable en cuatro municipios de esta entidad: Benito Juárez, Playa del Carmen, Puerto Morelos e Isla Mujeres, justo donde se ubican los destinos turísticos más grandes del país y existen más de millón y medio de habitantes. 

Tras perder el amparo en abril pasado, la empresa presentó el lunes 12 un recurso de revisión con el que busca revertir la sentencia contra el retiro de la concesión. 

Asimismo, se solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelva un recurso de queja contra una suspensión definitiva a favor de la concesionaria que data de enero de 2024. 

Este recurso es trascendente porque, aunque Aguakán perdió el amparo, las autoridades estatales no le pueden retirar la concesión hasta que se decida qué procederá con esta suspensión definitiva que buscan quede en manos de los ministros del máximo tribunal, aunque serán, en caso de admitirse, los siguientes ministros electos tras la elección judicial que decidirán la permanencia de la empresa. 

Así, mientras el gobierno quintanarroense ya se ha adherido a los recursos que promueve la concesionaria, como otra revisión anunciada este martes dentro del juicio de amparo indirecto 1323/2023 que resuelve el Juzgado Octavo de Distrito de Cancún, la empresa hace también frente al conflicto en un juzgado mercantil de la Ciudad de México. 

En la capital del país ha solicitado que un arbitraje francés sea el que resuelva el conflicto, tal como se pactó en el título de concesión aprobado por el Congreso de Quintana Roo en 2014, en la era del exgobernador priista Roberto Borge Angulo, hoy preso, quien fue el principal causante de esta irregular entrega del agua potable en la entidad.

En un comunicado de Greenpeace México, destacó que esta medida es un paso significativo en la defensa ambiental y un logro de la ciudadanía y organizaciones que han alzado la voz para defender el equilibrio ecológico, el patrimonio cultural y el derecho a un medio ambiente sano.

Greenpeace se sumó a una denuncia popular ante la Profepa, en conjunto con organizaciones de Quintana Roo.

“La construcción, iniciada en enero de este año, fue denunciada por no contar con los permisos ambientales necesarios, como la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), ni haber pasado por un proceso de consulta pública a la comunidad. El proceso de dragado con maquinaria pesada podría ocasionar daños ambientales irreversibles a la laguna de los siete colores, además de las afectaciones propias de la construcción y uso del inmueble”, señaló.

Sedena alega que obra es exenta de impacto ambiental

En ese sentido, la Defensa Nacional se ha limitado a decir que su construcción está exenta de presentar la manifestación de impacto ambiental que la ley ordena, mientras que la Semarnat dice que se trata de una intervención que no genera desequilibrio ecológico, pero sin mayor justificación o pruebas que respalden tal afirmación.

“Si bien, esta suspensión es un paso importante en la lucha ciudadana por la preservación de la laguna de Bacalar, será hasta el 28 de abril cuando se celebre una audiencia incidental, en la cual se definirá si se otorga la suspensión definitiva, lo cual implicaría detener la construcción de la Sedena hasta que se dicte la sentencia del Amparo”, indicó la organización.

Hizo un llamado a las autoridades para que haya legalidad y transparencia de salvaguardar la integridad de la laguna y del medio ambiente.

“Es indispensable que se realice una revisión profunda sobre los impactos ambientales del proyecto, y que se garantice la participación informada de la comunidad”, reiteró.

Aclaró que seguirán atentos al proceso judicial para ir sumando voces “para que este precedente se traduzca en justicia ecológica y respeto pleno a la legalidad y los derechos de las comunidades”.

Obra vulnera Ley General de Equilibrio Ecológico

El empresario y representante de la Asociación Agua Clara, Sandro Ciccarelli, explicó que las obras de la Sedena vulneran la Ley General de Equilibrio Ecológico, ya que el proyecto no fue sometido a consulta pública, impidiendo que la ciudadanía conozca la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y analice adecuadamente los efectos que la obra pueda causar. Además, se atenta contra el patrimonio histórico de Bacalar, por lo que exigen su reubicación.

“Se propone que la Sedena reubique su proyecto y que este terreno, que se encuentra en un lugar tan icónico, pase al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y quede abierto al público”, señaló Ciccarelli.

Advirtió que la construcción de un edificio con habitaciones para los empleados en la Base de los Marinos, frente al Fuerte de Bacalar y a la orilla de la laguna, representa una agresión al patrimonio histórico del municipio y pone en riesgo la inversión millonaria que cientos de empresarios han destinado para consolidar Bacalar como el principal atractivo turístico del sur de Quintana Roo.

Patrimonio histórico de Bacalar en peligro por la Sedena

La construcción del Ejército se encuentra frente al Museo del icónico Fuerte de San Felipe del “Pueblo Mágico”.

El Fuerte de San Felipe fue construido en 1733 para proteger Bacalar de los piratas ingleses, franceses, holandeses, y de otras nacionalidades. Durante la Guerra de Castas, el fuerte fue tomado por los indígenas insurrectos el 21 de febrero de 1858.

Con el paso de los años tuvo diversos usos de carácter militar hasta que en 1965 uno de sus cuatro baluartes fue adaptado como museo y declarado Patrimonio Histórico Nacional. Desde 1974, último año de Quintana Roo como territorio, ha sido un símbolo histórico.

Sin embargo, se conoce su trayectoria profesional como reportera en medios locales desde hace varios años.

Según la ficha de búsqueda, Rosalía mide aproximadamente 1.60 metros, pesa cerca de 75 kilos, tiene cabello largo, negro y rizado, y ojos color café oscuro.

Como seña particular, tiene un tatuaje de un colibrí en la espalda y el día que desapareció vestía una chamarra de mezclilla azul, pantalón de mezclilla, tenis y gorra negros.

Las autoridades solicitan a la ciudadanía que, en caso de contar con información que contribuya a su localización, se comuniquen con la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo al número 998 881 7150, extensión 2130.