Frente a la violencia armada contra Cherán K’eri, Michoacán, y el último ataque registrado el 2 de julio pasado, la comunidad autónoma acordó establecer un toque de queda y la prohibición de la venta de bebidas embriagantes en todos los expendios, para «salvaguardar la integridad de todos y cada uno de los comuneros y comuneras».
La Estructura de Gobierno Comunal de Cherán informó que las medidas son por tiempo indefinido y fueron acordadas para proteger el bienestar de la comunidad, «derivado de los acontecimientos que se han suscitado desde el año 2011», cuando inició el levantamiento para iniciar su autogobierno y expulsar a los partidos políticos, «y con fecha posterior reciente al 2 de julio».
En el último ataque, sujetos armados intentaron entrar a Cherán por los parajes de Rancho de Pino y Cerrito del Aire. En respuesta, la comunidad activó las barricadas y protocolos para proteger a la población. Por la agresión armada, al menos un integrante de la Ronda Comunitaria, el organismo de seguridad comunitario y autónomo de Cherán, resultó asesinado y otro más herido, lo que provocó «indignación, tristeza y rabia» entre los habitantes.
Frente a la violencia que azota la meseta purépecha, la comunidad decidió iniciar un toque de queda de lunes a domingo a las 23 horas. A partir de esa hora, la Estructura de Gobierno Comunal señaló que la ronda actuará con el debido proceso de las detenciones.
«Nuestras principales siguen latentes y han sido la seguridad, justicia y la reconstrucción de nuestro territorio, donde se enmarca el proceso de integridad de todos los comuneros que es de vital importancia para el buen caminar de nuestra comunidad», agregó el gobierno comunal y autónomo de Cherán.
La comunidad zapoteca de Santa María Jalapa del Marqués, Oaxaca, denunció públicamente las amenazas de despojo, privatización y control ilegal sobre El Aguaje.
La comunidad afirma sufrir de despojo y abandono desde la construcción de la presa en 1961, bajo promesas de progreso y agua potable para todas las casas, sin embargo, no recibieron beneficios. Denuncian que el acceso al agua es escaso y que las familias tienen que organizarse para acarrear agua desde El Aguaje.
Finalmente, recalcan el esfuerzo comunitario sin apoyo institucional por preservar y defender El Aguaje, y exigen el reconocimiento de El Aguaje como espacio comunitario,el cese inmediato de cualquier intento de apropiación sin consentimiento de la comunidad y el acceso y suficiente al agua potable.
COMUNICADO:
Santa María Jalapa del Marqués, Oaxaca| Julio 2025
JALAPA DEL MARQUÉS, OAXACA
<< EL AGUAJE NO SE TOCA: CONTRA EL DESPOJO Y LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA >>
Desde la comunidad zapoteca de Santa María Jalapa del Marqués, denunciamos públicamente las amenazas de despojo, privatización y control ilegal sobre El Aguaje, uno de los nacimientos de agua termal más importantes para nuestra vida comunitaria.
Desde la construcción de la presa “Benito Juárez” en 1961, nuestro pueblo ha sido víctima del despojo y del abandono. Nos desplazaron con promesas de progreso y agua potable para todas las casas. Lo que vino después fue otra cosa: la tierra quedó bajo el agua, nuestras casas fueron destruidas, y la supuesta modernización benefició a otros, no a nosotras y nosotros.
Hoy, más de seis décadas después, el acceso al agua potable sigue siendo un problema grave. Solo quien tiene dinero puede comprar pipas. Las demás familias tenemos que organizarnos para acarrear agua desde El Aguaje, que además de ser un manantial, es uno de los pocos espacios que aún se sostienen por la fuerza colectiva de la comunidad.
El Aguaje ha sido defendido, cuidado y sostenido por la colonia Aguascalientes, que lleva ese nombre en honor al manantial. La comunidad ha trabajado sin apoyo institucional, construyendo pilas, galeras, lavaderos y sistemas de luz eléctrica. Se han creado espacios de uso colectivo para las personas, para los animales, para la vida cotidiana.
Ahora, este territorio vuelve a estar bajo amenaza: intereses privados, autoridades locales coludidas y actores externos quieren apropiarse de El Aguaje, disfrazando el despojo con discursos de desarrollo, turismo o modernización. Sabemos que estas estrategias ya han sido utilizadas en otros lugares del Istmo para quitarle el agua a los pueblos y entregársela a empresas.
Denunciamos que la amenaza sobre El Aguaje forma parte de una política más amplia de despojo, control del agua y agresión contra los pueblos que defienden sus bienes comunes. En una región donde se construyen megaproyectos, en la lógica de vaciar los territorios y mercantilizar lo que nos queda.
EXIGIMOS:
El reconocimiento de El Aguaje como espacio comunitario bajo resguardo del Comité de Aguaje.
El cese inmediato de cualquier intento de apropiación, cercamiento o intervención sin consentimiento de la comunidad.
Acceso garantizado, gratuito y suficiente al agua potable para todas las familias de Jalapa del Marqués.
Respeto a las formas de organización comunitaria en torno al uso, defensa y cuidado del agua.
NO VAMOS A PERMITIR UN DESPOJO MÁS.
LA DEFENSA DEL AGUA NO ES NEGOCIABLE.
NO A LA PRIVATIZACIÓN DE EL AGUAJE.
¡NADA ESTÁ RESUELTO!
¡NO HAY PRIMAVERA OAXAQUEÑA, NI GUELAGUETZA, SIN JUSTICIA, PAZ Y LIBERTAD PARA LOS PUEBLOS!
En medio de la discusión centrada en los procesos de gentrificación vinculados al desplazamiento de la población originaria, motivados por la llegada de turistas y migrantes del norte global, el Frente de pueblos y barrios del Anáhuac busca ampliar la perspectiva de cómo se producen los cambios en la capital, poniendo el énfasis en la denuncia del despojo por el acaparamiento de recursos clave, como el suelo y el agua.
“La gentrificación es una consecuencia del proceso de acaparamiento y los procesos de despojo. Los pueblos y barrios originarios se han visto históricamente afectados por diversos proyectos de infraestructura, ya sean carreteras, ejes viales, líneas de metro o plazas comerciales. Todo eso que normalmente se le conoce como “urbanización” ha afectado los territorios de los pueblos”, dijo Alejandro Velázquez, uno de los integrantes del Frente, en diálogo con Desinformémonos.
El análisis compartido por el Frente, señala que las discusiones sobre la gentrificación han estado muy centradas en el ámbito urbano, y desde los pueblos y barrios se busca incluir también lo que sucede en el suelo de conservación de la capital, así como con “el territorio y los bosques, que también han sido afectados por estas dinámicas”, los cuales se han visto cercados por el crecimiento de complejos residenciales de lujo, como el caso del pueblo de Xoco y la torre Mítikah, o por la construcción de vialidades, como la lucha por la protección de los humedales de Xochimilco, frente a la construcción del puente vehicular Periférico – Cuemanco, que avivó el conflicto social en la zona sur de la ciudad.
“Nosotros pensamos que se tiene que replantear el modelo de ciudad por completo. Se siguen construyendo diversos proyectos urbanos inmobiliarios que están afectando el suministro de agua a los habitantes de pueblos y barrios. Aumentan los problemas de movilidad, también de calidad del aire, por eso decimos que debe establecerse una suspensión de trámites para nuevos megaproyectos inmobiliarios, mientras no se tenga una discusión a fondo del tipo de ciudad que queremos”, comentó Velázquez a este medio.
La propuesta fue lanzada a la par de la manifestación del domingo 20 de julio de 2025, en apoyo al pueblo de Santa Úrsula Xitla, en la alcaldía Tlalpan, que ha denunciado su rechazo a la construcción de 52 casas de lujo en Fuentes Brotantes 132, por parte de la empresa Graus. La movilización fue custodiada en todo su recorrido por centenas de granaderos y policías auxiliares y de tránsito de la ciudad de México, dando inicio al nuevo protocolo de control de manifestaciones, anunciado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, a inicios de julio, tras la realización de la marcha antigentrificación y como evidencia de la presión que el Mundial de fútbol, que comenzará en once meses, está aplicando sobre la gestión del conflicto social en la ciudad.
“Con el mundial, hay muchos alcaldes que están muy interesados en promover a los pueblos originarios como objeto turístico y eso, pues, es volver a la cultura de los pueblos una mercancía también”, criticó la fuente.
Sin reconocimiento ni consulta
El Frente de pueblos y barrios del Anahuac nació como una organización popular que nuclea a 66 pueblos originarios, dónde confluyen autoridades tradicionales y representantivas de los mismos, así como integrantes de los colectivos de cada pueblo. Velázquez dijo que la organización tiene presencia en prácticamente todas las alcaldías de la capital, y que sus ejes de trabajo son la defensa del territorio, la construcción de autonomía y la reivindicación y revitalización de la cultura de los pueblos de la capital mexicana.
“Somos una organización apartidista, independiente, anticapitalista según nuestro estatatuto, antripatriarcal y antirracista, que hemos participado en la defensa de los derechos de los pueblos y en la discusión de leyes que los afectan”, indicó.
Por esto, el Frente ha marcado su rechazo con la construcción de un sistema publico de registro de pueblos y barrios en la ciudad de México, que fue lanzado en 2022 por la Secretaría de Pueblos originarios y comunidades indígenas (SEPI) cuya convocatoria “anuló los derechos colectivos de más de 150 pueblos ya reconocidos, desde el punto de vista del Gobierno porque nosotros sabemos que los tenemos, que esos derechos existen”, contó.
Sin embargo, se condiciona actualmente el reconocimiento de pueblo originario a aquellos que cumplan con el registro establecido, lo que ha interferido en su capacidad para oponerse a proyectos inmobiliarios, como fue el caso de la resistencia a Fuentes Brotantes.
“Para ser reconocidos como pueblos, se establecieron una serie de requisitos, hacer censos, presentar actas de nacimiento, certificados de escolaridad y otros trámites que han llevado a que la Secretaría de Pueblos niegue el derecho a la consulta ante proyectos inmobiliarios privados, argumentando que los pueblos no están registrados como tales”, expresó.
Durante ese proceso, el Frente de Pueblos se manifestó públicamente y presentó también una demanda colectiva ante el Tribunal electoral de la Ciudad de México, quien se declaró incompetente en el asunto. Sin embargo, Velázquez comentó que “vinculamos estas problemáticas de registro y de la existencia misma de la Secretaría de Pueblos con estas problemáticas también, porque cuando se niegan los derechos a los pueblos, se niega una herramienta que se puede utilizar en la defensa del territorio, frente a los cambios de usos de suelo”.
Estos desarrollos incluyen también a los patrocinados por el Gobierno por medio del instituto de la vivienda, los cuales dada su magnitud y ubicación periférica también terminan afectando las zonas rurales y de conservación: “no queremos negar el derecho a la vivienda y sobre todo, a una vivienda social, pero sí vemos que muchos de estos proyectos de INVI son de carácter masivo y que, si no hay un proceso de diálogo o consulta previa, generan conflictos”, apuntó. Para el Frente, la clave está en el respeto a la consulta previa, libre e informada, como se establece en los convenios internacionales que regulan la materia.
Velázquez explicó que, aunque el Frente no forma parte de la organización de defensa de Fuentes Brotantes, comparten la preocupación de un pueblo que ha estado “desde hace mucho tiempo, muy asediado por la urbanización: en 2017 se terminó de construir una plaza comercial, Patio Tlalpan, y hay muchos desarrollos en la zona. Nosotros reivindicamos la consulta de los pueblos y la defensa de su derecho al territorio”, concluyó.
Los pueblos y comunidades indígenas de Michoacán exigieron al gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, una mesa de seguridad con las autoridades comunitarias de los cuatro pueblos de Michoacán que ejercen autogobierno. Lo anterior, después de varias semanas exhortando a las autoridades estatales y federal, no sólo que se establezcan diálogos horizontales en materia de seguridad ante el contexto de violencia e inseguridad que viven, sino que sean tomadas en cuenta sus peticiones en torno al Plan de Justicia Purépecha.
El viernes 18 de julio, en el foro “Empoderamiento del gobierno comunal a través de 4º orden de gobierno”, que se llevó a cabo en Pátzcuaro, Michoacán, concejos comunales que son integrantes del Frente por la Autonomía de Concejos y Comunidades Indígenas realizaron una acción política ante el gobernador Ramírez Bedolla y el próximo ministro presidente de la Suprema Corte De Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz.
En la acción, con playeras negras con el impreso “Sin seguridad no hay justicia”, presentaron un escrito en el que se les exhorta a las autoridades atender de manera urgente y pronta la problemática de seguridad y violencia que vive la entidad. Sobre todo después de que el pasado 2 de julio la comunidad de Cherán Keri fue víctima de un ataque a manos del crimen organizado, en el que falleció un joven y otra persona resultó herida.
Asimismo, manifestaron su indignación con el gobierno del estado, pues en días pasados, el todavía titular de la Fiscalía General de Michoacán, Adrián López Solís, fue nombrado Notario Público Titular 178, en el estado con ejercicio en el Distrito Judicial de Pátzcuaro. López Solís, de acuerdo con el escrito, “ha sido señalado como uno de los responsables de la masacre ocurrida el 5 de abril en la comunidad de Arantepacua”, mientras él era secretario de gobierno del exgobernador Silvano Aureoles Conejo.
Por su parte, al nuevo ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, se le pidió que se solidarice con sus luchas, pues esperan que el gobierno federal se involucre ante las múltiples problemáticas que afectan las comunidades indígenas de Michoacán. Es importante señalar que además, nuevamente expresaron su preocupación sobre el “lamentable” actuar del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), pues ha convocada a asambleas irregulares, reproduciendo a su vez actos de simulación en torno al desarrollo del plan de justicia para las comunidades purépechas.
Concretamente, el documento firmado por las comunidades de San Mateo Ahuirán y Cherán Atzicurín (municipio de Paracho); San Felipe de los Herreros (Charapan); Arantepacua (Nahuatzen); Santa Fe de la Laguna (Quiroga); La Cantera (Tangamandapio); Angahuan, Santa Ana Zirosto y Nuevo Zirosto (Uruapan); Isla de Janitzio (Pátzcuaro); Carapan (Chilchota) y San Francisco Peribán (Peribán), llaman a darle seguimiento a los acuerdos incumplidos por el gobierno del estado en materia de seguridad y establecer nuevas estrategias para atender la problemática.
Con anterioridad, en el 2022, estas comunidades habían firmado un convenio de coordinación con el gobierno de Ramírez Bedolla. Sin embargo, expresan que varios de estos acuerdos no han sido cumplidos. De manera adicional, mencionan que el apoyo del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (Fortapaz) no ha sido entregado en el 2025. Fortapaz es un programa que tiene como objetivo apoyar a los municipios y comunidades indígenas en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública, a través de estrategias focalizadas basadas en los programas de prioridad nacional que comenzó en enero del 2022.
En el 2023, el programa, asegura el gobierno del estado, benefició a 78 municipios, 24 comunidades indígenas y seis instancias estatales, con una inversión de 841 millones de pesos del Fortapaz, de los cuales 804 son de aportación estatal y 37 municipal. Mientras que para el 2024, se destinó la cantidad de 665 millones 984 mil pesos de dicho fondo. Para el 2025, Bedolla comentó que para tener acceso al recurso, los municipios “debían cumplir con las reglas de operación”, estar al corriente con el pago de impuesto del 3% sobre la nómica, porque “de ahí provienen los recursos para el Fortapaz”. Sin embargo, varias comunidades aseguran que no ha recibido respuesta sobre este apoyo.
Comunidades nahuas y nuntajiiyi’ que se oponen a la instalación del gasoducto marítimo «Puerta del Sureste», en Veracruz, informaron que esperan la resolución del recurso de queja que presentaron el pasado 7 de julio contra la decisión del Juzgado de Distrito en Coatzacoalcos, el cual decidió desechar el amparo que el pasado 25 de junio interpusieron contra el megaproyecto.
Las 15 comunidades explicaron que el Juzgado desestimó el juicio de amparo tres días después de que interpusieron el recurso legal, en el que denunciaron la falta de información pública sobre el gasoducto a las comunidades indígenas afectadas, y la violación de su derecho como pueblos a la libre autodeterminación, relacionada con la disposición de su «maritorio» para el otorgamiento de permisos de construcción y funcionamiento del gasoducto.
«El Juzgado de Distrito en Coatzacoalcos, al que le tocó conocer de este juicio, decidió desechar nuestro juicio de amparo siendo omiso a nuestro planteamiento y desconociendo nuestro derecho a acceder a la justicia en materia ambiental, así como nuestros derechos colectivos basados en nuestros usos y costumbres, como lo es nuestra práctica ancestral de realizar asambleas comunitarias como órgano de toma de decisiones de nuestras comunidades indígenas», precisaron en un comunicado.
El amparo interpuesto por las comunidades de los municipios de Mecayapan, Tatahuicapan y Pajapan, ubicadas sobre la costa del Golfo de México y de la laguna del Ostión, está dirigido contra los «actos u omisiones del poder ejecutivo federal», dirigido por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como contra el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (Asea).
A través del amparo también solicitaron una medida cautelar para que no se active la distribución de gas por el ducto «hasta que sea propicia la información otorgada a los quejosos», así como que se cumpla con el principio precautorio en materia ambiental que compruebe científicamente que no existirán daños al ambiente y a los ecosistemas y que no disminuirá la disponibilidad de sus fuentes de alimentación ni se afectarán a las especies de la región.
Las comunidades señalaron que están a la espera de que un Tribunal Colegiado revise y califique la decisión del Juzgado para continuar con lucha jurídica y comunitaria en defensa de su territorio.
COMUNICADO:
Como lo manifestamos en conferencia de prensa el pasado miércoles 25 de junio en la ciudad de Coatzacoalcos, en el sur de Veracruz, 15 comunidades nahuas y nuntajiiyi’ de los municipios de Mecayapan, Tatahuicapan y Pajapan ubicadas sobre la costa del Golfo de México y de la laguna del Ostión, inconformes por la instalación del gasoducto marítimo “Puerta del Sureste” en nuestro territorio marítimo o “maritorio”, presentamos un juicio de amparo indirecto en los Juzgados de Distrito ubicados en Coatzacoalcos contra actos u omisiones del poder ejecutivo federal, en este caso contra la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, como depositaria del supremo Poder Ejecutivo de la Unión, contra el INPI (Instituto Nacional de Pueblos Indígenas) y contra la ASEA (Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente). Y se llamó a juicio a terceros interesados.
En este juicio de amparo se reclaman: la falta de información pública hacia nosotras, las comunidades indígenas afectadas, y la violación de nuestro derecho como pueblos indígenas a la libre autodeterminación relacionada con la disposición de nuestro “maritorio” para el otorgamiento de permisos de construcción y funcionamiento del gasoducto.
También solicitamos a través de este amparo la medida cautelar de mantener el estado en el que se encuentran las cosas, esto es, que no se active la distribución de gas por el ducto, hasta que sea propicia la información otorgada a los quejosos; y se cumpla con el principio precautorio en materia ambiental, lo que implica que se compruebe científicamente que no existirán daños al ambiente y a los ecosistemas, y que estas afectaciones no provocarán una disminución en la disponibilidad de nuestras fuentes de alimentación, así como que no afectarán a las especies de especial cuidado y protección de acuerdo con las normas vigentes.
El pasado viernes 28 de junio, el Juzgado de Distrito en Coatzacoalcos, al que le tocó conocer de este juicio, decidió desechar nuestro juicio de amparo siendo omiso a nuestro planteamiento y desconociendo nuestro derecho a acceder a la justicia en materia ambiental, así como nuestros derechos colectivos basados en nuestros usos y costumbres como lo es nuestra práctica ancestral de realizar asambleas comunitarias como órgano de toma de decisiones de nuestras comunidades indígenas.
Ante esta decisión del Juzgado, presentamos un recurso de Queja el 7 de julio para que un Tribunal Colegiado revise y califique esta decisión.
Después de diversas movilizaciones y presiones por parte de varios pueblos y comunidades mazahuas, purépechas, nahuas y otomíes de Michoacán, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retiró de la lista de asuntos a tratar el caso de Crescencio Morales, comunidad mazahua que vio vulnerado su derecho constitucional al autogobierno y al presupuesto directo.
El martes 15 de julio, la SCJN tenía planeada la discusión sobre las Controversias Constitucionales 17/2022, 165/2021 y 83/2022, interpuesta por los ayuntamientos de Zitacuaro y Erongarícuaro, para determinar si son constitucionales diversos artículos de la Ley Orgánica Municipal y de otras leyes que regulan la administración directa del presupuesto directo y derecho de la consulta. Sin embargo, los asuntos fueron retirados del listado de la siguiente sesión pública ordinaria el 5 de agosto de 2025.
Por medio de una transmisión en vivo, frente a las puertas de la Corte, el presidente del Concejo de Autogobierno de Crescencio Morales, Silvestre Chávez, agradeció el apoyo y acompañamiento de autoridades de diferentes comunidades indígenas de Michoacán, sobre todo las autoridades comunales y habitantes de las comunidades purépechas de Santa Fe de la Laguna, Cherán Atzicurín, San Felipe de los Herreros, Arantepacua, La Cantera, Angahuan, Isla de Janitzio, Carapan, San Mateo Ahuirán, Santa Ana Zirosto, Nuevo Zirosto y San Francisco Peribán; de la comunidad nahua de El Coire; y de la comunidad otomí de Carpinteros.
“La Corte tiene en sus manos gran parte del futuro de nuestras comunidades, donde queremos que la decisión reconozca y valore el gran derecho que tenemos las comunidades de Michoacán al autogobierno…que en los últimos años hemos logrado como parte de la lucha y de las estrategias en la defensa y en la conquista de nuestros derechos. En nombre de la comunidad indígena mazahua de Crescencio Morales, agradezco a todas las comunidades y al Frente… que en este día nos acompañemos y que estemos juntos, que estemos al pendiente de las siguientes sesiones donde se destinará nuestro futuro y de gran parte del derecho de las comunidades de nuestro país”, declaró Silvestre Chávez en una transmisión.
Además, agregó que estarán a la espera de que las y los nuevos integrantes de la SCJN retomen la discusión, con base en lo establecido en la reforma del artículo 2º constitucional, pues los pueblos deben ser reconocidos como sujetos de derecho público, como ocurre en Michoacán.
En abril del año pasado, el máximo tribunal resolvió a favor de la comunidad indígena Crescencio Morales al analizar impugnaciones contra disposiciones de la Ley Orgánica Municipal de Michoacán y el acuerdo IEM-CG-278/21 del Instituto Electoral local, ambos relacionados con el derecho de autogobierno indígena, la administración directa de recursos y consulta. Por mayoría de seis votos, el pleno de la Corte decidió no invalidar dichas normas por falta de consulta previa.
Esta determinación se basó en que el caso presenta diferencias relevantes respecto de los criterios adoptados en las controversias constitucionales 56/2021 y 69/2021, en las que sí se declaró la invalidez de disposiciones similares, aunque con efectos limitados a los municipios promoventes. Además, acordó realizar un análisis de fondo sobre la constitucionalidad de estas disposiciones, y se anticipó la presentación de un nuevo proyecto de resolución, acordando como fecha de discusión el 15 de julio.
“Siendo sinceros, no es sorprendente que la Corte esté buscando mermar la autonomía indígena. No sería la primera vez que los ministros prefieren proteger los derechos de las élites políticas sobre los derechos de los pueblos originarios. Con tristeza vemos cómo la Corte se niega a escucharnos por una simple, pero perversa razón: los ministros quieren proteger los privilegios de los políticos y los municipios, que siempre han sometido y excluido a nuestras comunidades, pero quieren maquillarlo”, se lee en un escrito –publicado por la ministra Lenia Batres– firmado por concejos comunales autónomos de Michoacán, así como por el Frente por la Autonomía de Consejos y Comunidades Indígenas.
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) exigió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que respete las autonomías de los pueblos de la entidad durante la discusión del pleno de este martes, en la que se debatirá la posibilidad de “invalidar leyes estatales que sustentan el autogobierno local, con el argumento de que ‘invaden’ facultades de gasto en municipios”.
“Hoy los derechos colectivos se encuentran en debate, conflicto y pugna”, señalaron las 70 comunidades p’urhépecha, otomí o hñahñú, matlazinca o pirinda, nahuatl y afromexicanas que integran el Consejo, frente a la intención de las autoridades de alegar “elementos de inconstitucionalidad” en las leyes que protegen los autogobiernos locales de las comunidades autónomas.
La discusión principal que inicia este 15 de julio, explicaron, será sobre invalidar la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán y la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán en los municipios de Erongarícuaro y Zitácuaro, “debate que ya lleva más de dos años y medio en la SCJN, para lo cual en un primer momento se argumentó que las comunidades no fueron debidamente consultadas, lo que exhibió el mal trabajo legislativo del Congreso del Estado”.
El dictamen se revirtió luego de que los pueblos y comunidades se movilizaron y cientos de comuneros organizaron Jornadas Nacionales en Defensa de la Autonomía, pero ahora el debate se centra en el análisis de la existencia de elementos de inconstitucionalidad “por una supuesta intromisión en las facultades presupuestales de los municipios”.
“Exigimos a la SCJN que respete los derechos adquiridos y ejecutados de los autogobiernos en la entidad, que no ignoren lo establecido en el artículo 2 constitucional que instituye el derecho de los pueblos indígenas a recibir y administrar su presupuesto directamente, y que resuelvan según los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos”, demandaron las comunidades del CSIM.
Como parte de sus acciones en defensa de su autonomía, el CSIM organizó una jornada de protesta frente a la SCJN, así como una ceremonia p’urhépecha en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México.
COMUNICADO:
🐚 Derechos colectivos en debate, conflicto y pugna. Comunidades Indígenas exigen que la #SCJN respete las autonomías de Michoacán #CSIM🟪🟦🟨🟩
DERECHOS COLECTIVOS EN DEBATE, CONFLICTO Y PUGNA
EXIGIMOS QUE LA SCJN RESPETE LAS AUTONOMÍAS INDÍGENAS DE MICHOACÁN
A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
AL PUEBLO DE MÉXICO Y DE MICHOACÁN
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
Comunidades indígenas y afromexicanas de #Michoacán a 14 de julio de 2025.
El martes 15 de julio, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación #SCJN debatirá un tema trascendental para los pueblos y comunidades indígenas de Michoacán, se discutirá invalidar leyes estatales que sustentan el autogobierno local, con el argumento de que “invaden” facultades de gasto en municipios.
La discusión principal versa en invalidar la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán y la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán en los Municipios de Erongarícuaro y Zitácuaro, debate que ya lleva más de 2 años y medio en la SCJN, para lo cual en un primer momento se argumentó que las comunidades no fueron debidamente consultadas, lo que exhibió el mal trabajo legislativo del Congreso del Estado.
Este dictamen se revirtió gracias a la movilización de pueblos y comunidades, cientos de comuneras y comuneros se manifestaron en Jornadas Nacionales en Defensa de la Autonomía. Ahora el debate se centra en el análisis de la existencia de elementos de inconstitucionalidad por una supuesta intromisión en las facultades presupuestales de los municipios. Hoy los derechos colectivos se encuentran en debate, conflicto y pugna.
En Michoacán, durante los últimos 20 años han florecido procesos de autodeterminación, autogobierno, y autonomía, con base en el derecho histórico, internacional y constitucional, los pueblos originarios han creado Consejos de Gobierno Comunal, Rondas Comunales (sistemas propios de seguridad) y Planes de Desarrollo Comunitario, todo ello, como una expresión de democracia directa y el poder de las asambleas generales. Fundadas en la memoria histórica, se han establecido más de 45 comunidades autónomas.
En este contexto, las 70 comunidades p’urhépecha, otomí o hñahñú, matlazinca o pirinda, nahuatl y afromexicanas que conformamos el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, exigimos a la #SCJN, que respete los derechos adquiridos y ejecutados de los autogobiernos en la entidad, que no ignoren lo establecido en el artículo 2 constitucional que instituye el derecho de los pueblos indígenas a recibir y administrar su presupuesto directamente, y que resuelvan según los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos.
Finalmente, convocamos atenta y respetuosamente a los pueblos y comunidades indígenas, a redoblar esfuerzos y continuar organizándonos, resistiendo y luchando por la defensa de la autonomía, la vida, el territorio y la madre tierra.
CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM
TERUNHASKUA K’ OIA, ECHERI KA JURAMUKUKUA IAMENTU IRETECHANI
JUSTICIA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
El INPI consideró de suma importancia que el caso sea analizado a la luz el nuevo marco constitucional en materia de derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas.
El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) pidió este lunes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) garantizar el derecho de las comunidades indígenas del estado de Michoacán a ejercer de manera directa los recursos provenientes de la hacienda pública municipal.
El exhorto se relaciona con las controversias constitucionales 17/2022, 165/2021 y 83/2022, enlistadas para ser analizadas el martes 15 de julio por las y los ministros que próximamente concluirán su encargo en el máximo tribunal del país.
De acuerdo con un comunicado del INPI, las demandas fueron presentadas por la comunidad mazahua de Crescencio Morales, en el municipio de Zitácuaro, y la comunidad P'urhépecha de Jarácuaro, ubicada en Erongarícuaro, luego de que las autoridades locales interpusieran recursos legales para impedir que ejerzan de manera directa los recursos presupuestales provenientes del ámbito municipal.
El INPI exhorta a la SCJN a garantizar el derecho de las Comunidades Indígenas del Estado de Michoacán a ejercer en forma directa los recursos provenientes de la hacienda pública municipal.
El INPI recordó que el 30 de septiembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que reformó el Artículo 2 de la Constitución, reconociendo a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Además, el segundo párrafo del citado apartado B obliga al Congreso de la Unión, a las legislaturas de las entidades federativas y a los ayuntamientos a “establecer las partidas específicas en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos, para que los pueblos y comunidades indígenas las administren y ejerzan conforme a las leyes de la materia”.
"Esta base constitucional está estrechamente relacionada con el derecho que tienen los pueblos indígenas, en ejercicio de su libre determinación, a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas, como lo dispone el Artículo 4 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas", se lee en el boletín.
Con estos argumentos, el INPI llamó a la SCJN a establecer un precedente que reconozca plenamente a las comunidades como sujetos de derecho público, permitiéndoles ejercer sus derechos conforme al nuevo paradigma constitucional.
El Instituto consideró que sólo una interpretación centrada en los derechos colectivos permitirá superar un modelo estatal paternalista, y avanzar hacia una relación equitativa entre los pueblos indígenas y el Estado mexicano.
En este contexto, destacó que el fallo que emita la Corte debe hacer efectivo el Artículo 2 constitucional y exigir a los municipios de Michoacán cumplir con su Ley Orgánica, pionera en regular el autogobierno indígena y el manejo directo del presupuesto local.
“Esto no es un simple ataque armado, es la demostración de el gobierno del Estado de Michoacán y el gobierno federal han decidido abandonar deliberadamente su deber de proteger a los pueblos indígenas y, en los hechos, han permitido que el crimen organizado invada, aterrorice y ponga en riesgo la vida de nuestra comunidad”, señaló la comunidad de Cherán en un pronunciamiento colectivo durante el mitin de hoy frente al palacio de gobierno de Michoacán.
Cientos de comuneros de la comunidad purhépecha de Michoacán, se movilizaron hoy en el centro de Morelia para exigir seguridad, garantías y justicia, luego del ataque armado de un grupo ligado al crimen organizado que intentó ingresar a su comunidad el pasado 2 de julio.
La marcha, convocada por acuerdo de asamblea, partió de la Casa Michoacán rumbo al hasta Palacio de Gobierno, donde comuneros, comuneras y colectivos y organizaciones aliadas advirtieron que permanecerían en plantón hasta que sus demandas fueran resueltas en una mesa de trabajo con el gobernador del estado y funcionarios federales.
“Esta marcha no es de fiesta, es de lucha y de protesta”, “Gobierno ojete, Cherán no es un juguete”, “Francisco, amigo, el pueblo está contigo” y “Daniel, aguanta, el pueblo se levanta”, fueron algunas de las consignas durante la movilización que inició aproximadamente a las 11 de la mañana.
“En Cherán exigimos paz, un alto a la violencia. Nuestro territorio no es zona de guerra”, señaló un comunero frente al Palacio de Gobierno, durante un mitin en el que participaron representantes de jóvenes y mujeres de Cherán, quienes son parte activa del proceso autonómico que construyen desde hace 14 años.
“Cherán no se vende, Cherán no se da, porque tiene comuneros con mucha dignidad”, fue otra de las consignas de una comunidad indignada que recorrió las principales avenidas de Morelia, exigiendo el diálogo con las autoridades y advirtiendo que de no llegar a acuerdos definitivos se mantendrían en plantón indefinido.
“Exigimos la rendición de cuentas inmediata ante la negligencia y olvido estatal con el que se ha gestionado la seguridad de nuestros pueblos originarios; denunciamos con rabia estos hechos que constituyen una agresión directa y brutal, predeterminada contra nuestra autonomía como comunidad originaria”, señalaron, al tiempo que reiteraron que “no fue un conflicto entre comunidades, sino una agresión externa y deliberada que puso en riesgo la vida de mujeres, niños, hombres y personas mayores”
Tribunal declaró infundado recurso presentado por mineras y reconoció derechos de comunidades indígenas.
Luego de 11 años de lucha legal, el pueblo maseual frenó definitivamente todas las concesiones mineras en la Sierra Norte de Puebla, así lo informó la organización Territorios Diversos para la Vida (TerraVida), que acompañó el proceso legal.
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito declaró infundado el recurso presentado por la Minera Autlán, a través de sus subsidiarias Minas Santa Martha y Grupo Ferrominero.
El Tribunal confirmó que las concesiones mineras Atexcaco I, Atexcaco II y Macuilquila, asentada en los municipios de Tlatlauquitepec, Cuetzalan del Progreso y Yahonáhuac, carecen de sustento legal, por lo cual quedaron canceladas de manera definitiva.
En 2018, las comunidades del pueblo maseual habían obtenido un amparo contra esos proyectos mineros, ratificado en 2022, pero el cual fue impugnado por las empresas mineras.
Con el fallo quedó cerrado de manera definitiva la puerta a los proyectos extractivos en territorio indígena, “representa un triunfo contundente en la defensa del agua, el cerro y la vida comunitaria, y reafirma con fuerza el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre su territorio y su futuro”, asentó TerraVida.
Proceso inédito
Para las comunidades y organizaciones que acompañaron el proceso legal, el fallo marca un precedente inédito de la forma en cumplir con las sentencias judiciales. Destacaron el proceso de consulta impulsado por el pueblo maseual que reconoció plenamente la autoridad de su asamblea y del Consejo Maseual Altepetajpianij, llevado a cabo conforme a los tiempos y cosmovisión maseual.
“Este proceso no solo garantizó el consentimiento libre, previo e informado; también dio vida al principio de pluriculturalidad establecido en el artículo 2º de la Constitución mexicana”, subrayaron.
Nuevo ciclo de vida
Las comunidades afirmaron que con la cancelación definitiva de las concesiones mineras inicia una etapa de “pensar, sentir y construir el florecer, el cuidado del territorio y el vivir en paz”, pues el el Talokan y los sitios sagrados, como los manantiales, están a salvo.
Recordaron que en estos 11 años, celebraron más de 44 asambleas, tejieron alianzas con pueblos tutunakus de Veracruz y llevaron el mensaje de que “nuestro territorio no es un recurso”, es (nuestro) cuerpo, memoria y espiritualidad.
Reconocieron que a pesar de haber liberado al territorio maseual de la minería, “las amenazas persisten, pues otros megaproyectos siguen poniendo en riesgo a las comunidades”.
El pueblo maseual en Puebla obtuvo justicia en su territorio: un tribunal colegiado declaró infundado el recurso que interpusieron empresas mineras. Con este fallo, comunidades indígenas lograron una victoria histórica.
El pueblo maseual en Puebla logró un falló histórico ante concesiones mineras, una vez que un tribunal colegiado declaró infundado el recurso de las empresas, frenando de manera definitiva los proyectos extractivos en su territorio.
En la resolución, 24/2024, el tribunal confirmó que las concesiones mineras Atexcaco I, Atexcaco II y Macuilquila carecen de sustento legal y quedan canceladas de manera definitiva.
Este resultado llega tras 11 años de litigio en los que el pueblo maseual defendió su derecho humano al medio ambiente sano, su territorio, su cultura y su futuro en armonía con la montaña y el agua.
El fallo se dio en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito. Las comunidades indígenas maseual de la Sierra Norte de Puebla celebraron la victoria tras esta histórica resolución con la que empresas mineras no podrán emprender más proyectos extractivos en este territorio indígena.
El proceso tuvo una consulta libre, previa e informada para consentimiento y más de 44 asambleas comunitarias.
De acuerdo con un comunicado de la organización Territorio Diversos para la Vida (Terra Vida), quienes acompañaron este proceso, el altepet, es decir, la unión sagrada entre el agua, la montaña y las personas, seguirá vivo y libre de minería, gracias a la resistencia organizada del pueblo maseual y su defensa por la vida.
Para el pueblo maseual ‘al’ significa agua y ‘tepet’ cerro, que en conjunto son el resultado de una ‘unión sagrada’. Para ellos, este fallo le recuerda a las empresas mineras que el territorio “no está en venta, no se negocia y se defiende”.
¿Cómo defendió el pueblo maseual su territorio?
De acuerdo con Terra Vida, este fallo a favor de las comunidades indígenas de Puebla marca un precedente inédito en la forma de cumplir con las sentencias judiciales.
Las comunidades obtuvieron un primer fallo a favor en 2018 del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo, Civil y del Trabajo en Puebla. Para el 2022 obtuvieron confirmación por el Tercer Tribunal Colegiado.
En ese momento, el pueblo maseual impulsó una consulta para el consentimiento del proceso, que reconoció plenamente la autoridad de su asamblea y del Consejo Maseual Altepetajpianij.
Dicho proceso se llevó a cabo conforme a los tiempos, formas y cosmovisión maseual, garantizando el consentimiento libre, previo e informado. Además, mostró la importancia del principio de pluriculturalidad establecido en el artículo 2º de la Constitución Mexicana.
Las comunidades maseuales celebraron más de 44 asambleas y tejieron alianzas con pueblos tutunakus de Veracruz y entregaron al tribunal una carta en la que fueron claros con la importancia de proteger su territorio, la montaña y el agua.
En la carta señalaron que el territorio en el que cohabitan las comunidades indígenas con la naturaleza no es un recurso. “Es nuestro cuerpo, nuestra memoria, nuestra espiritualidad. Necesitamos paz para poder florecer”.
Renacer tras cancelación de concesiones mineras
Terra Vida explicó que con la cancelación definitiva de las tres concesiones mineras en Puebla, para el pueblo maseual termina una larga etapa de angustia para comenzar a vivir en paz.
La organización señaló que a partir de ahora, “el Talokan y los sitios sagrados, como los manantiales, están a salvo de minería”.
Además, señalaron que durante los 11 años que ha durado el litigio nacieron niñas y niños que han crecido en medio de este proceso colectivo de defensa, el cual también busca garantizar que continúen siendo parte del pueblo maseual y que puedan vivir, jugar y desarrollarse en el territorio ancestral que sus madres, padres, abuelas y abuelos han preservado.
Pese a que el pueblo maseual ganó una batalla ante empresas mineras advierten que las amenazas al territorio continúan con megaproyectos que ponen en riesgo a las comunidades.
“Las comunidades seguirán organizándose con dignidad para defender la vida. El tribunal votó por la vida. Votemos siempre por la vida, y trabajemos para que nuestros territorios y espacios estén rebosantes de ella”, añadió Terra Vida en su comunicado.
La organización pacífica de Las Abejas de Acteal manifestó su solidaridad con la comunidad migrante en Estados Unidos que ha protestado contra las redadas masivas y la represión de Donald Trump, así como con los activistas de México y de otros países que, «desafiando el régimen israelí, se dirigen a Gaza llevando alimentos».
En un comunicado, Las Abejas de Acteal se pronunciaron contra las formas de violencia que atraviesan los distintos pueblos en el país y otras partes del mundo y recordaron en Chiapas uno de los episodios más recientes sucedió en la comunidad tsotsil de Tzajalch’en, donde la población denunció la presencia de «grupos armados vinculados al crimen organizado identificados con los gobiernos» el pasado 8 de junio.
«Hace unos días, hubo disparos, no hubo heridos, pero se creó un clima de miedo, provocado por hombres armados que entraron intimidando a la comunidad. Llegaron la GN (Guardia Nacional) y el ejército, pero en lugar de dar seguridad, de investigar a los grupos armados, se escucharon más disparos», resumieron.
Añadieron que el 9 de junio, un día después del ataque armado, las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal llegaron a la comunidad e «hicieron como que iban por los agresores», pero entraron a la escuela Ignacio Zaragoza, detuvieron a un integrante de Las Abejas y al agente de la comunidad y «los acusaron falsamente de secuestro, pero después de intimidarlos tuvieron que liberarlos».
«Porque la violencia en la zona va escalando, las comunidades alertan sobre el riesgo de una masacre del pueblo tsotsil por parte del crimen organizado. Se volverá a repetir la historia de 1997, cuando, después de que denunciamos la presencia de los paramilitares, y Jtotik Samuel también alertó al gobierno que si no se atendía algo podía pasar, pero no nos creyeron, ¿se repetirá la historia?», cuestionaron Las Abejas.
Tras denunciar la violencia en Chiapas y solidarizarse con los pueblos de Estados Unidos y Palestina, la organización exigió garantías de seguridad, el cese inmediato de la intimidación y criminalización de las comunidades «que defienden la justicia y la paz» e investigaciones que lleven desmantelar a los grupos armados vinculados al crimen organizado «que operan impunemente en la región tsotsil».
COMUNICADO:
Al Congreso Nacional Indígena
Al Consejo Indígena de Gobierno
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
A las y los Defensores de los Derechos Humanos
A los Medios Libres y Alternativos
A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional
A la Sociedad Civil, Nacional e Internacional
A todas las mujeres que luchan
Hermanas y hermanos:
Este tiempo de lluvias, nos traen cosas buenas y malas, vemos las bendiciones de Dios en ellas, ya que nos recuerdan la esperanza que compartíamos con nuestros hermanos y hermanas, antes de ser martirizados nuestros cultivos, la cosecha, que nos da nuestra madre tierra, también las flores de colores que por años nos han dado idea para combinar los trajes de nuestra región. Lo malo son los deslaves que desbaratan los cerros y nos pone en riesgo de acabar sepultados, así como la violencia que se vive en el mundo. Pero nuestra esperanza está en la palabra de Dios “Como la lluvia desciende del cielo, y no vuelve allá, sin haber empapado y fecundado la tierra y haberla hecho germinar, dando la semilla para sembrar y el pan para comer, así será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y cumpla su misión. Is. 55, 10-11
Creemos en esta palabra, como organización nos anima porque necesitamos agua para vivir, y así también, como la lluvia, la Paz que necesitamos para vivir, empapará la tierra, ¡esa es nuestra esperanza!
Hemos vivido historias de violencia, (como los deslaves) en nuestro municipio, desde 1996, con los paramilitares, violencia que paró la masacre de Acteal, pero nunca acabó totalmente, la historia más reciente es lo que está pasando en algunas comunidades, por ejemplo, Tzajalch’en que denunciaron la presencia de grupos armados vinculados al crimen organizado identificados con los gobiernos. Hace unos días, hubo disparos, no hubo heridos, pero se creó un clima de miedo, provocado por hombres armados que entraron intimidando a la comunidad. Llegaron la GN y el ejército, pero en lugar de dar seguridad, de investigar a los grupos armados, se escucharon más disparos.Después llegaron a la comunidad las Fuerzas de Reacción Inmediata, o sea los Pakales, hicieron como que iban por los agresores, entraron a la escuela Ignacio Zaragoza, detuvieron a un compañero de Las Abejas de Acteal y al Agente de la comunidad, los acusaron falsamente de secuestro, pero después de intimidarlos tuvieron que liberarlos. Escuchamos en las noticias las palabras del gobernador diciendo que “nadie está por encima de la ley”, pero los pakales sí parecen estar encima de la ley, porque son injustos, arbitrarios, no nos respetan como personas, violan nuestros derechos, o ¿cuál ley?
Porque la violencia en la zona, va escalando, las comunidades alertan sobre el riesgo de una masacre del pueblo tsotsil por parte del crimen organizado. Se volverá a repetir la historia de 1997, cuando, después de que denunciamos la presencia de los paramilitares, y Jtotik Samuel también alertó al gobierno que si no se atendía algo podía pasar, pero no nos creyeron, ¿se repetirá la historia?
Por otra parte, en el norte muchos hermanos y hermanas nuestras, sufren la separación de sus hijos, están siendo criminalizadas, unos están presos, otras han sido deportadas, por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y todos sufren represión, por parte de las Fuerzas Armadas que el mismo presidente movilizó en diferentes ciudades, reforzando su autoritarismo.
Pero reconocemos y agradecemos al Pueblo hermano de EU, que rechaza las políticas represivas de su gobierno, protestando en las calles, en favor de nuestros hermanas y hermanos de México y del Mundo que trabajan en su país.
También nos duele Palestina, que el Israel deshumanizado continúe el genocidio, asesinando niñas y niños inocentes, personas atacadas por francotiradores mientras buscan comida y cientos de heridos que mueren por falta de medicina, usando el hambre y la medicina como armas de guerra, y no conforme con acabar con Palestina, ataca a Irán, poniendo en riesgo a la humanidad, con una tercera guerra mundial, que acabaría con la vida del planeta.
Nos solidarizamos con los y las compañeras de México y de otros países que, desafiando el régimen israelí, se dirigen a Gaza llevando alimentos.
Hermanas y hermanos: las y los invitamos a No aceptar que la violencia, se convierta en nuestra norma de vida. No nos identifiquemos con esa forma de vivir. Tenemos dignidad, principios y valores humanos, que nos comprometen, a armonizar la vida con acciones no violentas.
Las comunidades tsotsiles, Las Abejas de Acteal y la comunidad de Tzajalch’en que construimos la Paz sin violencia:
EXIGIMOS A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO:
Garantías de seguridad
Que cesen de inmediato la intimidación y criminalización de las comunidades que defienden la justicia y la paz.
Investigaciones reales que los lleve a desmantelar los grupos armados vinculados al crimen organizado, que opera impunemente en la región tsotsil
¡VIVAN LOS MÁRTIRES DE ACTEAL!
¡VIVA SIMÓN PEDRO!
¡VIVA P. MARCELO!
¡ALTO AL GENOCIDIO CONTRA PALESTINA!
¡VIVA PALESTINA LIBRE!
¡NO A LAS GUERRAS, SI A LA PAZ!
Desde Acteal, Casa de la Memoria y de la Esperanza.
Atentamente.
La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.
Por la Mesa Directiva:
Victorio Santiz Gómez Juan Gabriel Vázquez Vázquez
“En estos días, tememos un ataque armado o probable masacre que pueda ocurrir por los grupos criminales que operan en esta región”, alertaron las autoridades de la comunidad tsotsil de Tzajalch’en, Chiapas, durante una jornada de oración ecuménica para pedir acompañamiento tras las agresiones armadas y la criminalización de las que fueron víctimas los pasados 8 y 9 de junio.
“Existe un peligro latente en la comunidad y están siendo amenazadas de muerte las autoridades por vía telefónica y verbal”, denunciaron los mandos comunitarios de Tzajalch’en. La jornada de oración, realizada este 14 de junio, se convocó luego de que el 8 de junio se registraran detonaciones de armas de fuego desde un monte a alrededor de 400 metros de la escuela e iglesia católica de la comunidad.
Minutos después de las detonaciones, un grupo de personas armadas llegó a Tzajalch’en y se dirigieron al lugar de donde salieron los disparos. La población notificó a las autoridades municipales y tiempo después llegaron elementos de la Guardia Nacional y el ejército, pero la violencia continuó el día siguiente, cuando la Fiscalía Indígena de los Altos de Chiapas y elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) llegaron a la comunidad para pedir que las autoridades comunitarias y un integrante de la organización pacífica de Las Abejas de Acteal los acompañaran a informar la situación.
“Sólo fue una simulación cuando nos dijeron que los acompañáramos para supuestamente investigar los hechos. Estando en el camino personal de la Fiscalía y los pakales nos amenazaron y nos agredieron físicamente, culpándonos de secuestradores”, acusaron las autoridades de Tzajalch’en, que responsabilizaron a las instituciones de las amenazas en contra de los mandos comunitarios.
Además de las amenazas, señalaron que la Fiscalía y las FRIP son responsables de fomentar la venta y consumo de drogas en la comunidad, el robo de cinco celulares y dos radios portátiles del agente rural municipal, de generar violencia y de criminalizar sus usos y costumbres.
Por ello, exigieron al gobierno federal y estatal poner fin a la violencia en Chiapas y especialmente en la comunidad de Tzajalch’en, donde el riesgo de que continúen las intervenciones de grupos armados es “latente”.
Organizaciones locales e internacionales han señalado que no existe una cifra exacta de personas en situación de desplazamiento forzado pero calculan que en los últimos años entre 16,000 y 21,000 personas han sido desplazadas internamente en Chiapas.
Más de una decena de familias indígenas tzotziles, víctimas del desplazamiento forzado en Chiapas desde hace nueve años por la violencia que se vive en la región, hicieron un llamado al Gobierno estatal para su “reubicación integral”.
“Han pasado nueve años desde el trágico desplazamiento forzado que sufrimos (…) Desde entonces hemos vivido en condiciones de extrema vulnerabilidad”, manifestó Araceli Cruz, portavoz de las 14 familias desplazadas, quien también recordó que en ese periodo ocurrió la desaparición y asesinato de su familiar Guadalupe Cruz Hernández.
Desde 2016 este grupo de personas indígenas, originarias del municipio de Chenalhó, se vieron obligadas a abandonar su hogar debido a enfrentamientos entre grupos armados que los expulsaron de su territorio, por lo que ahora viven hacinados en un campamento provisional ubicado en el municipio de San Cristóbal de las Casas, donde afirman estar sometidos a condiciones inhumanas.
Con la intención de mejorar las condiciones de vida de estas familias, Cruz exigió al actual gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, una “solución integral y diálogo directo” con las autoridades, pues aseguró que al momento “no hay una ruta de trabajo clara” para garantizar su seguridad y vivienda digna.
“Estamos pidiendo justicia, queremos una solución definitiva, una reubicación integral que nos permita rehacer nuestras vidas en paz con acceso a vivienda, tierra, salud, educación, trabajo”, sostuvo.
Actualmente, las familias conformadas por niños y adultos mayores, sobreviven en viviendas precarias edificadas con techos de lámina y tejas entreabiertas que las expone a bajas temperaturas y lluvias en un territorio propenso a ciclones tropicales, de los cuales se esperan hasta 20 en esta temporada de 2025.
Ante esta situación, Alonso Gutiérrez, padre de familia de ocho hijos, comentó a EFE que las condiciones en estos campamentos siempre fueron “pésimas”, ya que los espacios son muy reducidos, por lo que ellos mismos tuvieron que hacer arreglos para mejorar la calidad de vida de los integrantes.
“Por el techo entra el agua y el frío, los que más sufren son los niños y bebés, pues aquí estamos viviendo. Hemos protegido el techo con plástico, pero el sol y el agua lo rompen”, apuntó Gutiérrez, también indígena de la comunidad tzotzil.
Organizaciones locales e internacionales han señalado que no existe una cifra exacta de personas en situación de desplazamiento forzado, pero calculan que en los últimos años entre 16,000 y 21,000 personas han sido desplazadas internamente en Chiapas.
El desplazamiento forzado es cuando las personas se ven obligadas a dejar sus hogares o huyen debido a la violencia, los conflictos, las persecuciones y las violaciones de los derechos humanos, como sucede con conflictos agrarios en Chiapas.
Líderes indígenas denuncian que el próximo presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, avaló abusos, consultas amañadas, represión contra la Nación Yaqui y manipulación del “Plan de Justicia” de López Obrador. En este contexto prevalece el acoso del Crimen organizado en su territorio.
Indígenas yoremes de la Nación Yaqui manifestaron zozobra por la asunción de Hugo Aguilar Ortiz como presidente de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, en septiembre próximo. En entrevista telefónica, denuncian que él es uno de los responsables del despojo actual y abusos que sufre este grupo ancestral, y aseguran: “No queremos a ese indígena, el más corrupto que se pueda conocer en todo México”.
En los últimos años el grupo indígena yoreme ha tenido que resistir la ocupación territorial cada vez mayor del crimen organizado y la intervención del gobierno federal para implementar el “Plan de Justicia del Pueblo Yaqui”, decretado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2021.
Este plan presuntamente contempló la restitución a los yaquis de 20 mil hectáreas de territorio, créditos para vivienda, impulso a la educación y servicios de salud, pero principalmente la ejecución de un plan hidráulico en la Cuenca del Río Yaqui, en respuesta a la escasez que padecen los pueblos del sur de Sonora, a raíz de la construcción del Acueducto Independencia en 2009, principalmente.
El principal operador del Plan de Justicia, según señala la tropa yoeme, fue Hugo Aguilar Ortiz, entonces coordinador general de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y ahora virtual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras las elecciones del 1 de junio último.
Fernando Jiménez, indígena yoreme y defensor del territorio yaqui, denuncia en la entrevista con Proceso que el supuesto Plan de Justicia de López Obrador se trató en realidad de “una herramienta de control en donde el INPI es el que tiene las palancas en la mano; ellos deciden cómo, cuándo y quiénes van a recibir los apoyos y las bondades de un plan de justicia.”
También Jiménez señala tanto a Aguilar Ortiz como a Adelfo Regino –titular del mismo INPI–, como los funcionarios que los discriminaron y negaron el acceso a los indígenas yoremes a las reuniones de las consultas indígenas para ejecutar el “Plan de Justicia” y que, a puerta cerrada, celebraron con otras dependencias federales y autoridades yaquis impuestas por ellos mismos.
Ahí –puntualiza Jiménez– se notó prácticamente que el control, la batuta, la llevaba el INPI en las personas de Adelfo Regino y Hugo Aguilar. Todos los escritos, todas las actas que se levantaban en esas reuniones no tenían las características que hace un secretario tradicional, tenían una esencia ya más rebuscada, ya más politizada; ellos decidían qué era lo bueno para los yaquis y qué era lo malo para los yaquis.
Estos señalamientos también quedaron asentados en la queja que presentó el defensor de los derechos yaquis César Cota Tórtola desde agosto de 2021ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), reportada en la edición 2344 de Proceso.
En ella, Cota señala como responsables de prácticas discriminatorias a los ya mencionados Aguilar Ortiz y Regino, así como también a los funcionarios locales del INPI Luis Andrés Chávez Vera, delegado en Sonora, y a Hilario Molina Amarillas, representante del mismo Instituto en el pueblo de Pótam.
De acuerdo con esta queja, presentada ante el Quinto visitador de la CNDH, David Mendívil Figeroa, Cota expresó de estos funcionarios que “en diversas reuniones que han sostenido con las autoridades tradicionales de los Ocho pueblos de la tribu yaqui (...) han estado incitando al odio, al racismo, la confrontación y a la división entre los diversos representantes de (...) la Nación Yaqui”.
Lo anterior con el fin de imponer “a toda costa los acuerdos que a ellos les favorezcan, como representantes del gobierno de México, queriendo callar, opacar, menoscabar y limitar la participación de los yoremes de la Nación Yaqui”, detalla Cota Tórtola.
Además de los funcionarios del INPI ya mencionados, la queja de César Cota señala a funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Comisión Nacional del Agua (Conagua), Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría de Comuninaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) entre otras.
“Aprovechándose de su condición política –continúa la queja– y abusando de su poder de servidores públicos, pretenden imponer a los gobernadores de los Ocho Pueblos de la tribu yaqui, lo que debe acordarse en las reuniones de las consultas indígenas y en las reuniones del Plan de Justicia Yaqui, siendo ellos mismos los que manipulan a su placer las actas de hechos y minutas de trabajo que se celebran entre autoridades tradicionales”.
También, se asienta en esta queja, “los servidores públicos enunciados han estado utilizando los recursos públicos del erario nacional y abusando constantemente de su poder para fomentar la corrupción en el interior de nuestras autoridades tradicionales (...) con prebendas y dádivas económicas o en especie”.
De esa manera –explica el defensor yaqui Cota Tórtola en el escrito–, los funcionarios señalados “solicitan las firmas de nuestras autoridades tradicionales para poder mandar en las reuniones de las consultas indígenas, utilizando también el pretexto de que están haciendo valer el Plan de Justicia (...) que les ordenó realizar el presidente, sin ni siquiera tomar en consideración las opiniones de nuestras autoridades tradicionales.
“Simplemente les imponen los acuerdos y los extorsionan intimidándolos al manifestarles que, si no hacen lo que ellos dicen y mandan, simplemente les retiran los apoyos y los pueden echar fuera de las autoridades tradicionales de la tribu yaqui”, denuncia Cota, actual líder de la tropa yoemia.
Todo lo anterior –explica la queja–, pese a contar con dos sentencias de amparo para realizar consultas indígenas, las cuales fueron ordenadas por el Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia, bajo los expedientes 461/2011, radicada en el Juzgado octavo de distrito; y el 603/2014 en el Juzgado décimo de distrito, ambos del estado de Sonora, así como otras sentencias ejecutorias de amparo y juicios de amparo en proceso.
“Las autoridades del gobierno de México (…) no permiten que dichos procesos de consulta indígena sean debidamente desahogados en nuestras comunidades indígenas, siendo el principal promotor en el desacato a las órdenes judiciales el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas”, puntualiza Cota Tórtola en su documento.
Además, en la entrevista para Proceso, el defensor yoreme Fernando Jiménez declaró que la intervención de Hugo Aguilar y los funcionarios públicos mencionados “dentro de nuestra política interna, hicieron cambiar ya las formas de gobierno, mediante el INPI o lo que ellos manejan como lo que es mejor para la tribu.
“Los secretarios ahorita llevan el control y las decisiones de un gobierno tradicional. Ya no se convocan a reuniones, a una asamblea general para tomar decisiones tan importantes como es el problema que tenemos con el agua”, expone Jiménez.
Violencia y crimen organizado
La intromisión en la política interna de los pueblos yaquis por parte de Hugo Aguilar y otros funcionarios públicos del INPI ha tenido consecuencias aún más graves, ya que también han obstaculizado otros temas vitales para la tribu como lo es la violencia originada por el crimen organizado.
Vivimos ante el acecho del despojo de nuestras tierras y nuestros recursos naturales por parte del crimen organizado, que está apoderándose con el claro objetivo de exterminar nuestra raza indígena ancestral, a través de la comisión de delitos, y de los constantes ataques a nuestros usos y costumbres que generan los servidores públicos en complicidad con las células del crimen organizado presentes en nuestro territorio.
Así se puede leer en otra queja presentada el 4 de julio de 2024 ante la CNDH en la Ciudad de México, tramitada por los representantes yaquis Esteban Guillén Álvarez, Isabel Seguapicio Hurtado, Agustín Molina Meza y César Cota.
En ese documento, los miembros de la tropa yoreme señalan que desde 2011 células del crimen organizado comenzaron a asentarse en el territorio yaqui. Eso en el contexto de las movilizaciones populares que realizó la tribu contra la construcción del “Acueducto Independencia” en 2009.
Sin embargo, los representantes yaquis señalan que en la actualidad “la situación es consternante”, debido a que grupos del crimen organizado están reclutando “a niños desde los diez años y a adolescentes, quienes son equipados con armas de alto calibre, enviciados y utilizados como halcones o vigilantes” para mantener el control de los territorios yaquis.
“Al que no respete sus reglas simplemente lo desaparecen o asesinan y los descuartizan aventando sus restos en nuestras iglesias o en las guardias tradicionales donde se reúnen nuestras autoridades para atender los asuntos del gobierno interno de nuestros pueblos yaquis”, denuncia el escrito.
Hasta el momento, los yaquis cuentan con las denuncias y testimonios que dan cuenta de alrededor de 50 integrantes de la tribu yaqui que se encuentran desaparecidas o han sido asesinadas.
Debido a la amenaza que esto representa para su comunidad, expresa la queja que el 15 de junio de 2023 los representantes yaquis se reunieron con Ana Luisa Chávez Haro, subsecretaria de Concertación Social del gobierno de Sonora, junto a otros representantes gubernamentales, con la mediación del entonces delegado de la CNDH en Sonora, Octavio Grijalva Vázquez, con el fin de coordinar medidas de seguridad para los pueblos yaquis.
Sin embargo, estas gestiones fueron obstaculizadas por la intervención de Abel Leyva Castellanos, coordinador de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora (CEDIS-Sonora), quien defendió que “todas las acciones de seguridad por indicaciones del gobernador del estado debían ser coordinadas por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en el marco de la implementación del Plan de Justicia Yaqui que ejecutaba el gobierno federal”.
Asimismo el funcionario alegó que ninguna acción de seguridad podía entenderse con autoridades duales o representantes no autorizados del pueblo yaqui, por lo que –señalan los yoreme–, “no podíamos sostener ningún tipo de acuerdo en defensa de los derechos de nuestros pueblos, por ser supuestamente autoridades duales no reconocidas por el gobierno.”
Lo anterior, evidenció –según la denuncia– “que los principales actores que obstaculizan el debido desarrollo y progreso de los acuerdos de la mesa de seguridad del estado de Sonora, en coordinación con las autoridades del gobierno federal, son los mismos representantes del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, Hugo Aguilar Ortiz”, entre otros.
Estos servidores públicos “mienten constantemente en sus informes y de paso siembran la división, confrontación y distanciamiento entre autoridades tradicionales de los ocho pueblos yaquis, con el claro objetivo de que no exista unión y acuerdos entre autoridades del gobierno tradicional (…) que puedan presentar organizada y unificadamente una solución a la problemática de la violencia”.
En ese sentido, los representantes de la tribu yaqui también señalan como corresponsables a “los servidores públicos de la Secretaría de Gobernación, especialmente los de las áreas de Derechos Humanos (a quienes señalan de) no hacen nada por atender la situación, (…) han presentado informes y girado instrucciones para que no se nos atienda en ninguna instancia”, negándoles sus facultades para representar a la tribu yaqui.
El acoso contra los yoremes
Dado que la lucha de los yaquis ha sido popular pero también legal –debido a la alianza que han tejido con organizaciones de la sociedad civil y despachos de abogados de Sonora y la Ciudad de México–, en un mensaje videograbado el 11 de enero de 2022 un grupo de cinco indígenas yoreme denunció persecusión política, amenazas, intimidación y acoso por parte de autoridades impuestas del pueblo de Pótam, en específico Patricio Varela Martínez y el secretario de Vícam Pueblo (una de las ocho poblaciones yaquis), Onésimo Viquimea Valenzuela.
Por órdenes de estas personas, según lee una mujer yaqui en castellano, un grupo armado ajeno a la comunidad secuestró a Juan Pedro Maldonado Martínez, Jesús Molina Castillo y Anselmo Molina en la guardia de Pótam.
De acuerdo con la denuncia, Varela Martínez y Viquimea, “con el apoyo de los servidores públicos del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas están generando esta ola de violencia en la Nación Yaqui. El motivo de ello es obligarnos a firmar el desistimiento de una demanda de amparo que interpusimos para garantizar nuestros derechos humanos, resguardando el derecho de todos los yoremes de la Nación Yaqui, por el confuso decreto de la creación del Distrito de Riesgo 018”.
En anteriores ocasiones hemos declarado en la búsqueda de la verdad que los integrantes de la santa iglesia de Pótam, junto con la tropa yoremia de los ocho pueblos de la Nación Yaqui, interpusimos ese amparo para detener la entrada en vigor del citado decreto, porque lamentablemente nos percatamos que con mentiras y engaños el INPI simuló la organización de una consulta indígena, queriéndonos imponer por la fuerza un decreto que debe ser sujeto de revisión.
A la fecha, la persecución no ha parado y apenas el pasado 16 de mayo “un comando disfrazado de militares o como marinos” irrumpieron en la guardia tradicional del pueblo Loma de Guamúchil-Cocorit, atacando a dos yaquis, incluyendo el propio líder de la tropa Yoremia, César Cota Tórtola, con el fin de “amedrentar y tratar de callar la voz (...). Intimidación y amenazas es lo que estamos pasando en éstas últimas fechas.
Jiménez cuestiona los resultados de las elecciones que le dieron el triunfo a Aguilar Ortiz: “Mirando la elección por televisión la noche del domingo iba César Gutiérrez Priego, le llevaba (ventaja) y sorpresivamente en la madrugada pues se cayó (...) A Hugo Aguilar Ortiz no lo conocen en ninguna parte del país y la pregunta del millón es ¿cómo le hizo?”
Asimismo César Cota –quien se encuentra solicitando medidas cautelares por la represión que ha vivido en las últimas semanas–, asegura que Hugo Aguilar es “el causante de lo que está pasando con la tribu yaqui (...) También que lo digan los indígenas del sur, de Chiapas (...) de Jalisco (...) que también alcen la voz porque no les conviene que un traidor indígena se quede ahí, siendo el causante de lo que pasa en la tribu yaqui (...) el que ha causado mucho destrozo en el estado y en toda la nación.”
El indígena yoreme Agustín Molina dice: “Hugo Aguilar para nosotros es un indígena corrupto, no lo queremos ni queremos que tenga una representación legal, ni en la Suprema Corte de Justicia.”
“Y quisiera decirles a todos los grupos indígenas de todo el Estado mexicano –agrega Molina– que alcen su voz, no queremos a ese indígena, el más corrupto que se pueda conocer en todo México”.
