Al menos 180 trabajadores fueron despedidos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; en muchos casos les ofrecieron liquidaciones hasta dentro de dos meses y medio, y menos dinero del que les corresponde por ley.
Alicia es una de las trabajadoras que fueron despedidas. En septiembre iba a cumplir 35 años de antigüedad, estaba próxima a jubilarse, pero ahora no sabe si tendrá oportunidad de hacerlo y tampoco tiene claro si le darán el monto que le corresponde de liquidación, ya que el día que anunciaron su salida de la Junta Federal de intentaron que aceptara recibir menos dinero, a lo que ella se negó.
“El día que nos avisaron les dije que no iba a firmar, porque pedí toda mi documentación, a lo que me respondieron que no se me podía dar, y que tampoco había lugar para reubicarme en otra área. Y nosotros ya sabíamos de la desaparición de las juntas especiales, sabíamos que un día se iba a terminar el trabajo, pero no de la manera que lo hicieron”, señaló Alicia.
Molesta, reclamó que pese a los años de servicio que llevan en la Junta Federal, “nos trataron como si fuéramos rateros –ya que fueron escoltados por personal de seguridad hasta la salida del edificio– y por el momento desconocemos qué vaya a pasar, pues nuestras autoridades no han querido negociar el pago justo y en tiempo de nuestra liquidación, pues además de querer darnos menos nos dicen que el dinero posiblemente llegaría dentro de dos meses”.
“¡Imagínese! Dos meses y medio, cuando algunas son mamás solteras, son viudas o divorciadas, ¿con qué van a alimentar a sus hijos en ese tiempo? Además, habemos personas que por nuestra edad avanzada ya no vamos a encontrar trabajo fácilmente, como yo, que estaba próxima a jubilarme”, agregó.
En el caso de Rubén, otro de los afectados, ni siquiera fue avisado de que había sido despedido, ya que se encontraba de incapacidad. La manera en la que se enteró que estaba entre las personas que perdieron su empleo fue que no le pagaron la última quincena, algo que no pudo reclamar ya que se suspendieron las actividades de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) por el paro.
“Cuando regresé de mi incapacidad me encontré con que ya habían cerrado la Junta por los compañeros a quienes hicieron firmar su liquidación, pero a mí nunca me llamaron, nunca me avisaron, no me mostraron papeles y no tuve oportunidad de sacar mis cosas”, comentó.
Para Rubén resulta preocupante que las autoridades les estén prometiendo el pago de la liquidación dentro de dos meses y medio, “porque pasado ese tiempo prescribe el derecho del trabajador a demandar, porque ya firmaron una renuncia… y en mi caso ni siquiera hay un papel en el que se determine que me despidieron, ¿entonces cómo reclamo?”.
Se sabía que juntas especiales desaparecerían, pero no cuándo
Sin embargo, Fabiola, abogada que continúa como trabajadora activa de la JFCA, remarcó que las personas que fueron despedidas no tuvieron algún aviso previo de lo que ocurriría, ni de cuándo sería, y tampoco se les dio la posibilidad de ser reubicados en alguna otra área de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), dependencia de la que depende la Junta Federal.
“Ya se venía viendo la desaparición de algunas juntas federales, pero no hubo información previa a la del 26 de mayo, cuando a varios compañeros los mandaron llamar a las oficinas de los presidentes de cada junta y los intimidaron para que firmaran un documento en el que aceptaban una gratificación ya calculada, no importando puesto, años de servicio, si eran sindicalizados o de confianza, y después fueron sacados de forma violenta por la seguridad interna de la Junta”, reclamó la abogada.
Desde su consideración, lo que preocupa al resto de los empleados de la JFCA es “que si estoy viendo que a mis compañeros los sacaron con la mano en la cintura, los que seguimos seremos nosotros. Por eso es que el pasado 2 de junio decidimos cerrar la Junta con la finalidad de llamar la atención de las autoridades”.
De acuerdo con Fabiola, desde el segundo día del paro “se han acercado con nosotros autoridades que se ostentan como de la Secretaría del Trabajo, verbalmente dicen que son directores de áreas, pero no nos consta porque no se identifican, y aunque señalan estar en disposición de apoyarnos, no hablan de reubicación y jubilación de los compañeros, sino únicamente de una negociación”.
“Nosotros impartimos justicia, y estamos viviendo injusticias de nuestra misma casa. La mayoría de los trabajadores somos abogados y sabemos que un despido no se hace así, la ley es muy clara en que se tiene que avisar a cualquier persona que se le va a despedir, y que el día que eso ocurre se debe traer el cheque en la mano, pero la Secretaría del Trabajo y la Junta Federal están pisando nuestros derechos laborales“, apuntó.
Según la Secretaría del Trabajo, de los 180 trabajadores que fueron despedidos de las seis juntas especiales, hay únicamente 30 que no aceptaron el proceso de indemnización que les ofrecieron. En conferencia de prensa, el director de asuntos jurídicos, José Luis Sánchez, indicó que hay un proceso de conciliación.
El temor a represalias contra quienes se quedan o puedan ser reubicados
“No hay manera, o sea, no se puede trabajar de esta forma. Lo único que queremos es que si se nos va a liquidar se haga conforme a derecho, porque de todos modos ya sabemos que prácticamente estamos todos despedidos, y esto se va a acabar, como se anunció con la reforma de 2019″, expresó.
Ante este panorama, dijo, “hay que seguir haciendo paro. Sabemos que afectamos a muchísima gente que tiene premura por sacar sus juicios, los abogados tienen derecho a velar por sus asuntos, pero si no hay justicia aquí no se puede dar justicia en otro lado”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERÉNDIRA AQUINO.
