La organización Artículo 19 (A19) exigió a a las autoridades que atiendan «de forma inmediata» al periodista Luis Daniel Nava Jiménez, corresponsal de Proceso y El Sur: Periódico de Guerrero, a quien sujetos armados y uniformados de negro amagaron y robaron el teléfono celular y computadora en Chilpancingo, Guerrero.

A19 demandó a la Unidad Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos que se coordine con el Mecanismo Federal de Protección para atender «de forma inmediata» al Nava Jiménez, cuyo ataque, el pasado 9 de noviembre, sucedió luego de que reportara la desaparición y masacre de 11 personas en la entidad, en donde pobladores denunciaron la omisión de autoridades estatales.  

Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, México se ha mantenido como el país con el mayor número de periodistas asesinados, hasta el momento se registraron 38, a esto se suma al ataque que cada mañana desde su conferencia de prensa atiza contra los medios de comunicación, a quien tilda de "medios de manipulación". En este contexto y ante la ausencia de este tema en la campaña presidencial, Jorge Álvarez Máynez y Xóchitl Gálvez han suscrito un acuerdo para la protección del periodismo con Reporteros Sin Frontera (RSF).

La candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México, y el aspirante de Movimiento Ciudadano, firmaron la propuesta de cinco puntos estratégicos elaborados por RSF, con el fin de reforzar la acción de gobierno a favor de la protección de los periodistas y del derecho a la información.

En los últimos siete años han sido asesinados ocho comunicadores que estaban inscritos en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México.

Esta cifra, de acuerdo con Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), subraya la necesidad urgente de fortalecer y reformar las políticas federales que buscan garantizar la seguridad de quienes ejercen la profesión informativa.

Tras la difusión del número telefónico móvil de Natalie Kitroeff, jefa de la oficina del diario estadounidense The New York Times (NYT), para la República Mexicana, Centroamérica y el Caribe, un total de 123 corresponsales y comunicadores mexicanos exigieron, el 28 de diciembre de 2024, al presidente Andrés Manuel López Obrador, que ejerciera su derecho de réplica, sin poner en riesgo la integridad de los periodistas.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) -organización no gubernamental, con sede en Nueva York, Estados Unidos, que promueve la libertad de prensa y los derechos de los periodistas a nivel mundial- fue la que dio a conocer la misiva.

La organización Artículo 19 urgió a periodistas quienes hayan asistido a las conferencias mañaneras en los últimos años, y cuyos datos personales fueron filtrados, a “activar protocolos de seguridad y tomar debidas precauciones”.

Asimismo, pidió al gobierno federal clarificar cuáles fueron las medidas que tomó para evitar la vulneración de los datos personales que recolectó, específicamente las medidas contempladas en el sistema de gestión.

Después de cuatro años de que la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hiciera una serie de recomendaciones al actual gobierno para atender la situación de riesgo contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración anunció el arranque de la campaña “De frente a la libertad”, patrocinada por la Unión Europea y diseñada con la colaboración de la ONU-DH.

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) consideró que la seguridad de los periodistas en el país debe ser tema en la agenda de la reunión entre los presidentes de Canadá, Justin Trudeau, de Estados Unidos, Joe Biden, y de México, Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior al citar cifras recabadas por la propia organización, según las cuales, el 2022 fue el año más mortífero para los periodistas en la historia de México, con 14 casos, de los cuales al menos 11 tienen relación directa con su trabajo, subrayó RSF.

Durante los narcobloqueos, balaceras y quema de automóviles de este jueves en Culiacán, Sinaloa, reporteros y fotógrafos que cubrieron los hechos fueron víctimas de amenazas con armas de fuego y robos de automóviles y de equipos de trabajo, denunciaron Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

De acuerdo con las organizaciones, en los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado y autoridades federales y estatales que derivaron de un operativo para capturar al líder del cártel de Sinaloa, Ovidio Guzmán, se registraron amenazas con armas de fuego a los periodistas, al menos cuatro robos de automóviles de prensa, uno de los cuales se confirmó que fue quemado, y cinco robos de equipo de trabajo, entre ellos dos computadoras, dos celulares y unos audífonos.

En medio de declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que hay medios de comunicación que —dice— quieren afectar a su gobierno, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo que “los periodistas necesitan protección, no ataques de autoridades” y que México debe cumplir su obligación de garantizarles condiciones de seguridad.

La Secretaría de Gobernación anunció la creación de 30 nuevas plazas para el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en cumplimiento, dijo, con la instrucción dada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La medida representa el aumento del 70 por ciento de su plantilla.

Por medio de un comunicado, expuso que con ello continúa el fortalecimiento de dicha instancia “para seguir aumentando sus capacidades y brindar más servicios a más personas en todo el territorio nacional”.

Ya son 386 los beneficiarios del programa de seguridad social para periodistas por cuenta propia, informó esta mañana en conferencia de prensa Jesús Ramírez, coordinador general de Comunicación Social de Presidencia.

La iniciativa oficial es calificada como “imposición” al no haber sido producto de una consulta entre los periodistas por la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Medios de Comunicación contra la Precarización Laboral, Asamblea #TenemosQueHablar, mientras que Artículo 19 alerta sobre el riesgo de que el programa se utilice para cooptar a los profesionistas.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer este miércoles que el 25 por ciento del presupuesto destinado para publicidad gubernamental será utilizado para otorgar seguridad social a periodistas en México que no tienen este beneficio.

En conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo federal anunció que ya fue tomada esta decisión, la cual se implementará a partir de este año.

Con 607 votos a favor, 2 en contra y 73 abstenciones, el Parlamento Europeo aprobó, este jueves 10 de marzo, una resolución en la que pide al Gobierno de México, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, garantice la protección y la creación de un entorno seguro para periodistas y defensores de los derechos humanos.

Además, la institución parlamentaria de la Unión Europea manifestó su preocupación por las “duras y sistemáticas críticas formuladas por las más altas autoridades del Gobierno mexicano contra los periodistas y su labor”, en concreto, a la retórica “populista” del presidente López Obrador durante sus conferencias de prensa matutinas.

Reporteros de Tijuana recriminaron al gobierno federal que apoye, bajo el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, a criminales que simulan ser reporteros.

“La señora no trabaja en las calles donde andamos reporteando, estamos descontentos porque protege el gobierno federal y estatal a criminales que no son reporteros y que hacen páginas para narcotraficantes, nada más se la pasan halconeando… estamos descontentos por eso”, reclamó y denunció la reportera Ana Lilia Ramírez, quien labora para diversos medios de información en el estado.

Durante su conferencia de prensa matutina, celebrada en el Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo aclaró que la propuesta le fue formulada por un periodista durante su vista al norte de la República. Los fondos saldrían de una parte del presupuesto que el gobierno federal destina a los contratos publicitarios con los medios de comunicación.

Organizaciones civiles pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) brindar medidas cautelares a favor de la periodista y activista Claudia Martínez Sánchez, quien además de ser perseguida y hostigada por el gobierno de Miguel Barbosa Huerta, ha recibido recientes amenazas de muerte.

“Esperamos el día que salgas de coyo (municipio de Coyomeapan) con las patas frías por delante”, fue uno de los mensajes que recibió la periodista el 21 de enero en sus redes sociales.

El Gobierno mexicano empezó un proceso de revisión de los mecanismos para la protección de periodistas y luchadores sociales, afirmó este jueves el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esta mañana a la Secretaría de Gobernación y directamente al Subsecretario Alejandro Encinas que haga contacto con el periodista Ricardo Ravelo para que se le brinde protección, luego de que denunciara persecución por parte del Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro.

El lunes pasado, en una conferencia, Alfaro amenazó al periodista con emprender acciones legales en su contra por publicar dos columnas en SinEmbargo en las que denuncia presuntos nexos del mandatario y su círculo más cercano con el crimen organizado.

Durante la conferencia presidencial, el funcionario negó la existencia de varias empresas prestando servicios en el Mecanismo. “Hay una sola: RCU Sistema, SA de CV”. Sobre los servicios de protección usados en el Mecanismo, indicó que se ha iniciado un proceso de sustitución gradual de éstos para que sean prestados por Protección Federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. “Ha ido aumentando a pesar de que en muchos casos hay resistencias de los propios beneficiarios porque quieren protección particular”.