Durante sus primeros seis meses de gobierno, la ahora exalcaldesa morenista Lizbeth Victoria Huerta –que gobernó el ayuntamiento oaxaqueño de Asunción Nochixtlán de diciembre de 2019 a mayo de 2021– desvió 8 millones 795 mil pesos del presupuesto local, concluyó una auditoría especial realizada sobre 11 millones de pesos entregados a su administración, en dicho periodo.

El monto de este desvío equivale a 80 % del recurso público ejercido en ese periodo por la exalcaldesa de Nochixtlán y auditado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, ahora llamada Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca.

Aunque esta auditoría fue realizada en 2021, a raíz de las denuncias de corrupción promovidas por la activista Claudia Uruchurtu Cruz –quien luego fue víctima de desaparición forzada, por agentes del mismo ayuntamiento–, el gobierno de Oaxaca ordenó mantener ocultos sus resultados por un periodo de cinco años, hasta marzo de 2025, al considerar que hacerlos públicos obstruiría las actividades de revisión y fiscalización. Tras el vencimiento del plazo, Animal Político obtuvo esta auditoría especial a través de una solicitud de información pública.

Uruchurtu denunció estos hechos ante el gobierno estatal del priista José Murat, actualmente senador de Morena. También acudió a la Secretaría de Gobernación, cuya titular era Olga Sánchez Cordero, y a la Presidencia de México, encabezada en ese momento por Andrés Manuel López Obrador. La activista no obtuvo respuesta de ninguna de esas instancias.

La única denuncia de Claudia Uruchurtu que tuvo alguna consecuencia fue la que presentó ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Oaxaca (OSFE), el 26 de agosto de 2019.

Esta denuncia derivó en la realización de una “auditoría por situación excepcional” a los primeros seis meses de la gestión de Lizbeth Victoria Huerta. Esta revisión sólo analizó un tercio del presupuesto asignado en ese periodo.

Dos meses antes de que la autoridad concluyera su auditoría excepcional, empleados del ayuntamiento de Nochixtlán raptaron y desaparecieron a la activista Claudia Uruchurtu, luego de que participó en una manifestación afuera de la presidencia municipal, el 26 de marzo de 2021. Hasta la fecha, el paradero de Claudia Uruchurtu sigue sin ser determinado.

Este criterio en beneficio de Lizbeth Victoria Huerta fue aplicado por el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, incluso cuando la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas establece que son “autores del delito” los funcionarios que físicamente privan de la libertad a la víctima, así como los superiores jerárquicos que oculten o nieguen información sobre los hechos, tal como hizo la exalcaldesa al obstruir las investigaciones realizadas.

“Ninguna autoridad investigó las denuncias de corrupción presentadas por Claudia, como el motivo por el cual fue desaparecida forzosamente”, detalla Sara Uruchurtu, otra hermana de la activista. “Nosotras siempre insistimos en que ocultar esos actos de corrupción de la exalcaldesa Lizbeth Victoria Huera era el móvil del crimen cometido contra nuestra hermana, pero la respuesta que siempre nos dieron fue que ese era un delito diferente, desvinculado, y si queríamos una investigación específica, teníamos que iniciar un proceso separado. Nunca fueron a fondo.”

Todas las autoridades que omitieron estas investigaciones, tanto federales como estatales, pertenecían o estaban subordinadas a Morena.

Investigaciones por desvío de recursos públicos de Nochixtlán sigue inconclusa

Sin vida y con impactos de bala fue hallada Reyna Belen de 23 años, a la altura de la rivera del Río de los perros, en la octava sección Cheguigo de Juchitán, Oaxaca.

Al lugar, arribaron las autoridades de justicia y acordonaron la zona, sin embargo, sus familiares se llevaron su cuerpo.

Este feminicidio ocurre a menos de una semana del feminicidio de Marbel, otra mujer zapoteca que fue ultimada a balazos en pleno centro de esta ciudad zapoteca.

Lo que sabe es que Reyna Belén vivía en la novena sección, una de las zonas con más alta marginación y pobreza de Juchitán.

Crecencio Hernández, agente municipal de la comunidad triqui de Río Metates Copala, Oaxaca, fue asesinado la tarde del sábado, mientras que su hijo resultó herido, confirmaron autoridades locales.

El crimen del profesor de primaria e integrante de la agrupación social Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), de aproximadamente 35 años de edad, ocurrió tras ser atacado con armas de fuego sobre la Carretera Federal 125 “Pérez Gazga”, a la altura del local Carnitas El Chinelo y Hamburguesas La Juguetona, en el municipio de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca.

Tras la agresión, el agente municipal y su hijo fueron trasladados de emergencia para recibir atención médica; sin embargo, Hernández falleció y su hijo se reporta como delicado.

Al lugar arribaron elementos de seguridad, pero hasta el momento no se ha detenido a ninguna persona relacionada con el crimen.

La comunidad zapoteca de Santa María Jalapa del Marqués, Oaxaca, denunció públicamente las amenazas de despojo, privatización y control ilegal sobre El Aguaje.

La comunidad afirma sufrir de despojo y abandono desde la construcción de la presa en 1961, bajo promesas de progreso y agua potable para todas las casas, sin embargo, no recibieron beneficios. Denuncian que el acceso al agua es escaso y que las familias tienen que organizarse para acarrear agua desde El Aguaje.

Finalmente, recalcan el esfuerzo comunitario sin apoyo institucional por preservar y defender El Aguaje, y exigen el reconocimiento de El Aguaje como espacio comunitario,el cese inmediato de cualquier intento de apropiación sin consentimiento de la comunidad y el acceso y suficiente al agua potable.

COMUNICADO:

En Oaxaca, familiares y autoridades buscan a Ana Kareen López Velasco, joven mixteca de 17 años, quién fue vista por última vez el pasado 6 de julio, en la localidad Cerro Verde, San Miguel Huautla, Oaxaca, perteneciente al distrito Asunción Nochixtlán.

Kareen vestía un suéter de color rojo con cierre al frente, una blusa negra y pantalón de mezclilla.

Su madre, Rosalía Velasco García, teme que su hija haya sido raptada bajo engaños de un supuesto trabajo en San Luis Potosí.

Acudió ante la Vicefiscalía en Nochixtlán, donde levantó una denuncia y posteriormente la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Oaxaca emitió una ficha de búsqueda para dar con el paradero de Ana Kareen.

De acuerdo con agrupaciones sociales, en lo que va de la administración del morenista Salomón Jara Cruz, al menos 900 jóvenes entre 12 y 25 años de edad han desaparecido en Oaxaca, por lo que señalaron esto es un signo de alerta que aún no se atiende.

En un hecho precedente para el estado de Oaxaca conformado por 570 municipios, esta tarde, las y los legisladores aprobaron la desaparición del Ayuntamiento Constitucional de San Mateo Piñas tras la renuncia de sus concejales por el crimen de la presidenta municipal, Lilia Gemma García Soto.

El pasado 15 de junio de 2025, un comando armado privó de la vida a la entonces presidenta Municipal Lilia Gemma García Soto, y 15 días después, el 30 de junio de 2025 se llevó a cabo la asamblea extraordinaria, en la que de manera unánime las y los concejales presentaron su renuncia irrevocable a sus respectivos cargos, la cual fue aceptada por la asamblea.

Por lo que desde el recinto local, con 33 votos a favor, la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado declaró procedente en Sesión Extraordinaria la desaparición del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Mateo Piñas, distrito de Pochutla, en la Costa, para el período legal comprendido del 01 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2025.

Las causas fueron plenamente acreditadas con elementos de prueba en términos de lo previsto en el artículo 115, fracción I de la Constitución Política de México.

Lo anterior, derivado de las renuncias irrevocables al cargo de todas y todos los concejales propietarios electos como parte de la Radicación del Expediente CPGAA/197/2025 y de acuerdo con lo previsto en el artículo 59 fracción I de la Ley Orgánica Municipal.

El dictamen con Proyecto de Decreto fue emitido en sentido positivo por la Comisión Permanente de Gobierno y Asuntos Agrarios a petición de los ciudadanos Carlos Regino García García y Alejandro García Silva, quienes el pasado 11 de julio del presente año solicitaron al Congreso local este procedimiento.

En este sentido, el gobernador de Oaxaca, el morenista Salomón Jara Cruz deberá nombrar a un encargado de la Administración Municipal, con el objetivo de que la ciudadanía y población en general de esta demarcación no tenga vacío de autoridades y se garanticen las funciones esenciales y la prestación de servicios públicos competencia del Ayuntamiento.

Pueblos del Istmo de Tehuantepec que este lunes instalaron cuatro bloqueos carreteros aseguraron que de no resolverse sus demandas contra la gentrificación, el despojo territorial, la criminalización de defensores comunitarios y las altas tarifas de luz en Oaxaca, protestarán durante la Guelaguetza en la región y se desplazarán a la capital para instalar un campamento.

Los cuatro bloqueos en Jalapa del Marqués, El Coyul, Puente Madera y Zanatepec fueron instalados «ante la falta de respuestas a nuestras legítimas demandas», entre las que se encuentran medidas contra la gentrificación y turistificación de los pueblos, barrios y colonias de Oaxaca, así como la revocación de la sentencia contra el defensor binnizá David Hernández Salazar, de la comunidad de Puente Madera, quien es víctima de una «persistente criminalización» a pesar de que existen dos sentencias que lo absuelven de los delitos fabricados desde 2022.

COMUNICADO:

Mientras las autoridades del gobierno de Oaxaca anuncian que el estado tiene  las puertas  abiertas al mundo con motivo de la Guelaguetza 2025, que inicia este lunes, colectivos, organizaciones y jóvenes independientes se organizan para visibilizar los efectos del encarecimiento del costo de vida en la entidad por fenómenos como la turistificación y la gentrificación.

Después del Encuentro Nacional contra la Gentrificación que sostuvieron del 16 al 19 de julio en Oaxaca, representantes de colectivos de jóvenes del estado, y de otras entidades como Baja California Sur, Ciudad de México, Estado de México y Michoacán, se pronunciaron contra estos fenómenos de turistificación y gentrificación.

Los calificaron como “estrategias de despojo estructuradas desde el capital y el Estado, bajo el disfraz del desarrollo, modernización o revitalización de los espacios urbanos” y manifestaron que la vía para hacerles frente es la organización.

“Consensuamos y al final consideramos que las problemáticas sirven para nombrar y definir la gentrificación y no que la gentrificación las nombre, que el concepto debe ser adaptado a las realidades que atraviesa cada comunidad o cada lucha”, explica Hannia, estudiante oaxaqueña de Gestión Cultural. 

Hannia apunta que luego del encuentro observaron que los conceptos de turistificación y gentrificación resultan insuficientes para describir fenómenos como el desplazamiento de comunidades o el cambio de uso de suelo en las costas de Oaxaca, orientados a facilitar proyectos inmobiliarios.

En lo que va del gobierno de Salomón Jara, más de 900 mujeres han desaparecido en Oaxaca, en su mayoría niñas y jóvenes de entre 12 y 29 años, denunciaron colectivos y organizaciones de derechos humanos con base en datos del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca).

“La mayoría de estos casos siguen impunes, mientras las familias enfrentan revictimización institucional, falta de protocolos con enfoque de género y negligencia sistemática”, señalaron las organizaciones tras un encuentro de juventudes activistas, colectivos e instituciones educativas, en el que realizaron un análisis colectivo e interseccional sobre las condiciones que atraviesan los jóvenes en la entidad.

Además de las cifras “alarmantes” por la desaparición de mujeres, las juventudes y organizaciones también alertaron por el índice de explotación y exclusión laboral; el racismo, la discriminación lingüística y el despojo territorial contra los jóvenes indígenas y afrodescendientes; la exclusión de las juventudes de la diversidad sexogenérica en espacios laborales y educativos; así como la exclusión sistemática de las juventudes con discapacidad.

“Las juventudes enfrentan una situación marcada por violencias estructurales, discriminación, falta de acceso a empleos dignos, desapariciones, criminalización, violencia institucional, las desigualdades de género, clase, origen étnico, orientación sexual, identidad de género y territorio, generando graves impactos en sus vidas, en su bienestar emocional y en el futuro de las juventudes oaxaqueñas”, destacaron en un comunicado conjunto.

Frente a la crisis de derechos humanos que enfrentan los jóvenes en Oaxaca, exigieron al gobierno estatal acciones efectivas de búsqueda e investigación de los casos de desaparición de mujeres; políticas que garanticen condiciones laborales justas y libres de violencias; políticas públicas interseccionales “que partan del diálogo real con juventudes urbanas, rurales, afrodescendientes, indígenas, migrantes, con discapacidad y de la diversidad sexogenérica”, y el cese a la criminalización y persecusión policial de los jóvenes, entre otras medidas.

COMUNICADO:

El congreso de Oaxaca optó por disolver el gobierno del municipio indígena de Zapotitlán Palmas, en la región mixteca, antes que reconocer la violencia de género que se ejerció contra su primera presidenta municipal, Inés Martínez, y la regidora de Salud, Elodia López.

Esto, pese a que el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) resolvió que la presidenta municipal fue víctima de violencia política en razón de género.

Desde hace dos años, las dos mujeres —junto con algunas compañeras de la administración local— comenzaron a ser discriminadas por los síndicos y regidores hombres, quienes les acusaban de ser incompetentes para el cargo público solo por el hecho de ser mujeres y posteriormente las acusaron de desvío de recursos sin presentar pruebas, con la intención de desprestigiarlas.

Sancionan a síndico y regidor por violencia política en razón de género

Martínez y López denunciaron la violencia política en razón de género ante el Tribunal Electoral oaxaqueño en noviembre de 2023, quien siete meses después emitió sanciones contra el síndico José Longinos y el regidor de Hacienda, Damián Reyes, por sus acciones machistas.

En el documento, señalaron que “en varias ocasiones eran ignoradas al querer emitir una opinión y muchas veces calladas, manifestándoles que no tenían que involucrarse en temas de hombres, como eran las obras que se llevarían a cabo en el Municipio”. Además, fueron objeto de gritos e insultos por parte del regidor de Hacienda.

Igualmente, en noviembre de 2023, durante una asamblea general del municipio, el síndico y sus allegados acusaron sin fundamentos a Martínez y López de mal uso de los recursos públicos, pero al intentar desmentir las acusaciones a ambas políticas se les negó la palabra.

Al analizar los hechos y las pruebas presentadas, el Tribunal Electoral de Oaxaca determinó que sí existió violencia política contra las dos mujeres en razón de género, ya que “los denunciados utilizaron su cargo para emitir acusaciones frente a la asamblea general de la comunidad, de las cuales ninguna prueba se aportó” y que hizo con la finalidad de difamar y calumniar a las servidoras públicas.

“Las acciones denunciadas no fueron espontáneas o fruto del desconocimiento de los denunciados, y en ellas se advierte un uso consciente de los estereotipos de género y de la consecuencia de las acciones llevadas a cabo”, detalló el órgano en el expediente PES/03/2024, que emitió en julio de 2024.

Los magistrados locales determinaron imponer al síndico Longinos y al regidor Reyes una multa de 54 mil 285 pesos cada uno, así como inscribir a ambos en el Registro oaxaqueño de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género por un periodo de nueve años un mes y siete años tres meses, respectivamente.

Por su parte, el síndico y el regidor interpusieron un juicio para la protección de sus derechos ante el Tribunal Electoral en febrero de 2025 donde alegaron que la presidenta municipal y dos regidoras estaban cometiendo violencia política e institucional en su contra, pero los magistrados determinaron que no habían elementos probatorios de modo, lugar y tiempo, por lo que concluyó inexistente esta violencia.

Sin embargo, el Tribunal sí identificó que la presidencia municipal adeudaba dietas tanto al síndico como al regidor de Hacienda, y resolvió que Inés Martínez debía convocarlos a las sesiones de cabildo.

Congreso oaxaqueño desaparece poderes del municipio de Zapotitlán Palmas

Con el apoyo de Fuerzas Federales y Estatales fue detenido “El Cubi” por el asesinato de dos personas perpetrado durante un ataque armado en la carretera Cristóbal Colón, a la altura de la población de Marilú perteneciente a Santa María Tequisistlán, confirmó la Fiscalía General de Oaxaca. 

En un comunicado la Fiscalía informó que ejecutó una orden de aprehensión que permitió la detención de A.R.Z., alias "El Cubi", por el delito de homicidio calificado con ventaja de dos personas y tentativa de homicidio en contra de otra víctima, ocurridos en la región del Istmo de Tehuantepec.

“¿Ya viste al asesino que mató a tu hijo?”. Virginia Gómez, de 46 años, recuerda con los ojos muy abiertos la escena en la que se encontró de frente con uno de los cinco implicados en el homicidio de su hijo Alexander Martínez Gómez; un joven de apenas 16 años que jugaba en la Tercera División del futbol mexicano, y que tenía serias posibilidades de debutar como profesional. 

Han pasado cinco años de la muerte de su hijo y de que un video suyo se hizo viral en grupos de whatsapp y redes sociales, y su caso escaló a nivel nacional. En ese video, tomado la noche del 9 de junio de 2020, se observa a la mujer en la puerta de un hospital en el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, gritando desgarrada por el dolor. Minutos antes, a eso de las 22:30 de esa noche, su hijo adolescente había muerto de un balazo en la cabeza a manos de la policía municipal.

–He sido amedrentada, amenazada e intimidada. Me llegan muchos mensajes por medio de Messenger de Facebook diciéndome ‘ya cállate’, ‘ya lo que pasó, ya se olvidó, no le muevas más’, ‘te estás metiendo con el patrón, ya párale’. Pero nunca me callé. He ido a la Fiscalía una y otra y vez, y todas las veces que han sido necesarias, a denunciar.

Virginia, a quien conocen en Acatlán  más por el nombre de ‘Vicky’, dice a continuación que, a pesar de la detención y sentencia de uno de los policías implicados –supuestamente, el que realizó el disparo fatal–, el caso de Chander continúa sin lograr la “justicia plena”, además de que no se han cumplido las medidas de reparación del daño que en 2021 determinó tras una investigación la Defensoría de Derechos Humanos oaxaqueña, la cual consideró el caso de Chander como “una ejecución arbitraria” de la policía local de Acatlán. De ahí que los otros cuatro elementos implicados en el caso sigan en libertad y trabajando vestidos de uniforme, placa y pistola por las calles de la localidad, donde se encontró de frente con uno de ellos.

–Fui a la graduación de una sobrinita que va al kínder. Nunca pensé que el hijo del policía que asesinó a Chander iba a estar también ahí. 

El hijo del policía condenado es Sergio R. R., también agente de policía municipal de Acatlán, y uno de los cinco implicados en la muerte del adolescente. 

‘Vicky’ asegura que él fue el policía que trató de ‘plantar’ una pistola al cadáver de su hijo, para luego pregonar la versión de que el joven futbolista era un peligroso criminal que se había negado a detenerse en un retén policiaco. De hecho, esa fue la versión oficial: en un escrito enviado por el alcalde de aquel entonces del municipio oaxaqueño, Adán Maciel, a la Defensoría de Derechos Humanos de Oaxaca, el edil, que es el jefe de la policía, aseguró que de acuerdo con sus elementos el joven iba armado y se negó a parar en un retén. Además, aseguran que a un policía se le cayó el arma al suelo y por accidente se disparó matando en el acto al adolescente.

Posteriormente, a las 00:05 horas, un policía había sido detenido para esclarecer los hechos ante la fiscalía oaxaqueña, y a las 00:30 horas se presentaron agentes ministeriales en el lugar para iniciar la investigación. 

Sin embargo, esta versión oficial fue desmentida por la investigación de la Defensoría de Derechos Humanos, y también ante la justicia, que condenó a Sergio R. R. a 35 años de prisión, aunque se quedaron fuera de la imputación el resto de elementos que intervinieron. 

A continuación, ‘Vicky’ cuenta una versión muy distinta de los hechos. 

–Ese 9 de junio, mi hijo y unos amigos celebraban el cumpleaños de otro amiguito, y salieron a comprar unos refrescos y unas pizzas para pasar un rato en mi casa. Salieron con sus motos a comprar a una tiendita a menos de un kilómetro de mi casa y, de los nueve, ya solo regresó el hijo de una maestra y otro muchacho que iba con una amiga. 

–Ellos fueron los que me dijeron que los policías municipales les habían cerrado el paso cuando mi hijo y los amigos venían ya de regreso. Me dijeron que la policía no les hizo ningún alto, que nada más les cerraron el paso, que varios policías se bajaron de la batea de la camioneta y que comenzaron a tirarles, y que vieron cómo Chander se había caído de la moto.

En definitiva, remata la Defensoría, los elementos policiacos violaron el derecho de las víctimas a una “investigación seria, imparcial y efectiva” para esclarecer los hechos, a partir de los cuales un joven de 16 años fue muerto de un disparo en la cabeza, al que, además, intentaron criminalizar al ‘plantarle’ una pistola junto a su cuerpo, tratando de crear una narrativa de que se trataba de delincuentes que quisieron evadir un supuesto retén de la autoridad. 

Por todo ello, la Defensoría, desde marzo de 2021, determinó en su informe una serie de medidas de reparación del daño dirigidas tanto al presidente municipal de Acatlán, como a la Fiscalía estatal oaxaqueña. 

Entre esas medidas están, por ejemplo, que se realice por parte de ambas autoridades un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública por las violaciones graves cometidas contra Chander y su familia, y que se haga una investigación “seria, imparcial, y efectiva” sobre la actuación policiaca, y sobre “la manipulación y alteración en la preservación y procesamiento de indicios y evidencias (…), incluyendo a la totalidad de los elementos de la Policía Municipal de Acatlán, independientemente de la persona que ya se encuentra sujeta a proceso penal por estos hechos”. 

Sin embargo, a cinco años del caso, y a cuatro de la recomendación que ‘Vicky’ lleva siempre consigo cuando va a pedir a pedir ayuda al consulado estadounidense –su hijo tenía la doble nacionalidad– o cuando acude a la fiscalía estatal, o a tocar la puerta de las autoridades del Gobierno Federal, la mujer denuncia que esas medidas de reparación del daño no se han cumplido, y que los otros cuatro elementos involucrados no han sido investigados y continúan en activo.

Anoche, a través de una transmisión en vivo, el periodista zapoteca Ignacio Santiago, creador de la página de noticias “Pluma digital”  denunció que elementos de la policía estatal detuvieron en Juchitán, Oaxaca a dos de sus guardias proporcionadas por el Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras adscrito a la Secretaría de Gobernación, lo cual pone en riesgo su vida.

Señala que la detención fue 5 minutos después de que los guardias lo hubieran dejado en su domicilio tras una larga jornada de trabajo.

“Me llamaron y me dijeron que los auxiliara, porque la policía estatal los había detenido, me trasladé al lugar y supuestamente la detención fue porque traían licencia vencida y venían tomados, lo cual es mentira”, narra.

José Ignacio Santiago ingresó al Mecanismo desde hace 8 años, cuando atentaron contra su vida, y desde hace 6 años cuatro elementos de seguridad se turnan para protegerlo.

El reportero externa que además de la detención de ambos guardias, los uniformados también le arrebataron sus armas, y a pesar de que el Mecanismo ya se comunicó con ellos explicándoles que fungen como guardias de un periodista, siguen detenidos en el cuartel de la policía estatal ubicada en el ex Ingenio del municipio de El Espinal, Oaxaca.

José Ignacio señala, que en la mañana del domingo recibió una llamada telefónica alertando de que le iban a hacer daño, lo cual hizo caso omiso.

“Todo esto viene de parte del Comisionado de la Policía Estatal, Francisco Santiago García, porque en diversas ocasiones he denunciado las irregularidades de esta corporación estatal, supongo que eso no le ha parecido, pero yo solo cumplo con mi trabajo. Por fortuna yo no venía con los guardias, ellos ya se iban a descansar, y ahora siguen detenidos, esto es un abuso y represión”, recalca.

Enfatiza que quedarse sin guardias lo pone aún más en riesgo, pues con los temas que trabaja, que son en su mayoría nota policiaca y roja, corre más riesgo su vida.

La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) convocó a una marcha-calenda a celebrarse el próximo viernes 20 de junio, con motivo del 40 aniversario de la organización y para exigir el cese de la criminalización de indígenas en la región.

Tan sólo del 2022 al 2024 se documentó la apertura de 55 carpetas de investigación contra personas defensoras que se oponían al Corredor Interoceánico. De esas carpetas, al menos 24 seguían abiertas contra indígenas ayuujk y binizaa, acusadas de ataques a las vías de comunicación, señalamiento infundado, de acuerdo a lo documentado por una Misión Civil de Observación.

La “jornada de lucha y fiesta” se celebrará en los municipios de Matías Romero y Santa María Petapa, Oaxaca. La marcha-calenda iniciará a las 10 horas en el Mercado 12 de octubre, recorrerá las calles de Matías Romero hacia Rincón Viejo Petapa.