“De acuerdo con los representantes de estos seis organismos, el motivo de la suspensión fue el respaldo público de Concanaco Servytur a la reforma a la Ley del INFONAVIT promovida por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo”, refirió la CONCANACO SERVYTUR, en un comunicado.
“La CONCANACO SERVYTUR MÉXICO no se aparta del diálogo; por el contrario: seguiremos tendiendo puentes, construyendo acuerdos y representando con firmeza a los sectores de comercio, servicios y turismo, que por Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, representamos y que nos han confiado su voz desde hace 108 años de historia en nuestras mil instalaciones y a través de nuestros líderes empresariales y de opinión, con arraigo en las poblaciones en 258 Cámaras Empresariales que nos conforman. La exclusión no debe ser el camino cuando lo que está en juego es el desarrollo con justicia y el impulso a los sectores productivos del país”, abundó la Confederación.
“Refrendamos nuestro compromiso con un México más justo, más próspero y más unido. Analizaremos y apoyaremos todas las iniciativas que busquen el bien común, generen desarrollo territorial, impulsen la formalidad y estén alineadas con los principios de legalidad, inclusión y honestidad, que encabeza nuestro sector empresarial”, insistió la CONCANACO SERVYTUR.
Desafortunadamente, esta suspensión ocurre en un contexto de llamados a la unidad empresarial en defensa de los intereses económicos de México, por los temas que estamos atravesando en nuestro país y su vinculación con el exterior. Nuestra Confederación reafirma su compromiso absoluto con México, la legalidad y el fortalecimiento de las instituciones, creemos en una representación transparente, moderna y alineada en torno a quienes promueven el desarrollo. Seguiremos sumando en las actividades que impulsa el Gobierno de México junto con los gobiernos, de los estados y los municipios, sin ceder ante presiones externas ni intereses personales ajenos al desarrollo empresarial”, finalizó.
Con 71 votos a favor, 36 sufragios en contra y 2 abstenciones, el Pleno Senado aprobó, el 13 de febrero de 2025, en lo general, la reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), que permitiría la creación de una empresa filial, manejada por el Gobierno Federal, para construir viviendas, usando los ahorros de los trabajadores.
Hasta antes de dicha reforma, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores era un organismo público tripartita, que contaba con la participación del sector de los trabajadores, el sector empresarial y el Gobierno.
Los votos a favor fueron emitidos por los grupos legislativos de los partidos Morena, Verde Ecologista Mexicao (PVEM) y del Trabajo (PT), mientras que los sufragios fueron de los integrantes de las bancadas de Acción Nacional (PAN), del Revolucionario Institucional (PRI) y de Movimiento Caiudadano (MC).
Los diputados federales del PAN, PRI y MC acusaron a legisladores de la auto denominada “Cuarta Transformación”, de aprobar una reforma que daría paso a la creación de una empresa filial, la cual se apropiaría del ahorro de los trabajadores, en la subcuenta de vivienda.
Por su parte, los senadores de la “4t” afirmaron que la reforma tenía como objetivo, entre otras cosas, ofrecer arrendamiento accesible con opción de compra, brindando nuevas alternativas para los trabajadores que buscaban acceso a una vivienda digna.
En la reforma a la Ley del INFONAVIT se estableció que los recursos del Instituto y los que estuvieran bajo su administración, como es el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, serían utilizados para la construcción de las viviendas que realizaría, a través de una empresa filial.
En la iniciativa se determinó que la Dirección General del Instituto proveería lo “necesario” para poner a disposición del público, en forma periódica y a través de su página de Internet, información “clara, sencilla, precisa, confiable y actualizada”, que permitiera conocer la situación financiera, administrativa, económica y los riesgo relacionados con el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Asimismo, según el proyecto, se debería dar la misma información de la empresa filial, de sus proyectos de construcción y de proveedores contratados. Además se ordenó que la fiscalización del INFONAVIT estaría a cargo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y ésta sería competente para revisar la actividad del Instituto como organismo fiscal autónomo, la debida integración y la administración de su patrimonio, el ejercicio del presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia, así como del de inversión en materia de construcción y administración inmobiliaria.
En la reforma también se indicó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) supervisaría y vigilaría que las operaciones del Instituto en materia crediticia, se ajustaran a las normas establecidas y se ordenaría que, en caso de incumplimiento del INFONAVIT, se establezcan “programas de autocorrección”, y en su caso dar vista a la Contraloría General del Instituto, del incumplimiento al programa.
La iniciativa también indicó que el INFONAVIT no sólo construiría, sino que podría rentar viviendas a los trabajadores. Para ello tendrán las siguientes obligaciones: Pagar en tiempo, forma y de manera completa las rentas a que estén obligados, por lo que el monto de las rentas será descontado del salario de los trabajadores.
Además de cuidar la vivienda; notificar al Instituto de cualquier defecto, daño o deterioro que observe; desocupar y entregar la vivienda que se le otorgara al terminar el arrendamiento. También estarían prohibido que los trabajadores usaran la vivienda para fines distintos a su habitación y residencia, así como darla en subarrendamiento.
Aunado a lo anterior, en el proyecto se estableció que en la Ley Federal del Trabajo /LFT) se mencionaba que los abonos para cubrir los préstamos del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, destinado al arrendamiento social, adquisición, construcción, reparación o ampliación de la vivienda, no se deberían exceder el 20 por ciento de salario para préstamos y del 30 por ciento del salario para rentas.
El 6 de febrero de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que con la reforma a la Ley del INFONAVIT no se verían vulnerados los recursos de los trabajadores y aseguró que este cambio permitiría combatir la corrupción en dicha institución.
Desde su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, la titular del Poder Ejecutivo Federal explicó que los fondos de vivienda de los trabajadores estaban regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
La mandataria nacional explicó que anteriormente en el esquema de organización del INFONAVIT participaba una parte la dirección patronal y otra la sindical, pero cometieron muchos actos de corrupción.
Sin embargo, según la también ex titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, con la reforma se permitirá la participación tripartita del gobierno, sector empresarial y el de los trabajadores. Además, aseguró que con esto se podría someter a revisiones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
“Es falso este planteamiento de que, como dice el PAN, que se van a usar los fondos de los trabajadores para quién sabe qué cosa”, señaló la mandataria en contra de la oposición, que ha acusado que esto permitirá que el gobierno disponga de los ahorros de 70 millones de personas. Los fondos están ahí, permanecen, ahí están, ahora se va a construir vivienda, va a haber transparencia y no va a haber corrupción. Es el objetivo de esa ley”, insistió Sheinbaum Pardo.
El CCE -cuyo presidente es Francisco Cervantes Díaz- está conformado por 12 grandes organizaciones: la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO-SERVYTUR), la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), y, la Asociación de Bancos de México (ABM).
Así como por el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA).
Además de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE), y, por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).
El Consejo Coordinador Empresarial se auto define como un organismo autónomo que representa al sector empresarial y regula acciones de organismos de diversos sectores empresariales en México, con el fin de impulsar el crecimiento económico del país y el nivel de competitividad de las empresas mexicanas.
El CCE es el máximo órgano de representación del sector privado, y agrupa a las organizaciones cúpula empresariales, que en su conjunto aglutinan a más de 2 mil asociaciones y alrededor del 80 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de México.
