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Liberan al Kateo por ineficiencia del Ministerio Público Federal

El recientemente detenido en Zapopan, Jalisco, Diego Abel Miranda Rodríguez, el Kateo, que fuera lugarteniente de Pablo Edwin Huerta Nuño, el Flaquito, líder del Cártel Arellano Félix (CAF), fue liberado de un Juzgado Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, en funciones de Juez de Control, con residencia en Puente Grande.

Pifias en la puesta a disposición por parte del Ministerio Público de la Federación solo consiguieron que el presunto narcotraficante estuviera menos de una semana en el Reclusorio Preventivo de Guadalajara (Comisaría de Prisión Preventiva) y recibiera un auto de no vinculación a proceso por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

El sujeto detenido cuando presuntamente se hallaba enfiestado al amanecer del domingo 13 de julio último, en el restaurante bar La Reina de Mazatlán, ubicado al cruce de las avenidas Valle de Atemajac y Servidor Público, en Jardines del Valle, por la Policía Municipal de Zapopan, fue registrado con el nombre de Luis Mier Luna, misma identidad que prevaleció para quedar enlistado en el Área de Filiación del penal y en la promoción de una demanda de amparo.

LOS HECHOS

La captura ocurrió poco después de las 06:00 horas cuando la pareja de Mier Luna y/o Miranda Rodríguez acudió a recogerlo a bordo de un vehículo de la marca Jeep; sin embargo, la impericia de la mujer provocó que chocara levemente con alguna estructura, lo que advirtieron policías municipales, que al aproximarse a la unidad observaron un fusil AK-47 en el interior. El ahora liberado salió del establecimiento de mariscos y defendió a la joven, asegurando que ella no tenía broncas y que las cosas que había en el automotor eran suyas.

Pese a que la mujer tripulaba la unidad donde estaba el arma de fuego larga, los uniformados dejaron ir a la mujer y pusieron a disposición de autoridades ministeriales al apodado el Kateo. La Fiscalía del Estado no tenía asunto que perseguir al individuo, o al menos eso trascendió, del que por qué no lo investigaron a fondo, y entonces lo remitieron a la Delegación Jalisco de la Fiscalía General de la República (FGR). De ahí le ejercitaron acción penal por la portación ilegal del arma de uso de las Fuerzas Armadas.

La defensa del imputado alegó una detención ilegal, sin embargo, el Juez de Control decidió dictar la medida cautelar de prisión preventiva y dejar que la defensa hiciera su trabajo durante el término constitucional ampliado. El argumento legal del equipo legal de alias el Kateo fue que su cliente no estaba dentro del automotor donde estaba el arma larga asegurada por los policías zapopanos e incluso presentaron un video sobre el momento del arresto que lo evidenciaba.

El Ministerio Público Federal adscrito no tuvo la capacidad de enderezar la carpeta de investigación ni de aportar pruebas que permitieran un auto de vinculación. Tampoco la voluntad de que compañeros de la Fiscalía General de la República, ya sea de la Delegación de Tijuana, o de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentaran carpetas de investigación existentes en Baja California por la pertenencia de Mier Luna y/o Miranda Rodríguez al Cártel Arellano Félix y en los últimos tiempos aliado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

CRÍMENES EN BAJA CALIFORNIA

Es de dominio público, y ZETA lo ha documentado, que Diego Abel Miranda, el Kateo, además de ser líder de las células criminales referidas, está señalado de ser el autor intelectual del asesinato de la agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), Dalia Consuelo Espinoza Suszek, el 3 de noviembre de 2023. El móvil del homicidio de la mujer policía estaría ligado a una detención y dos robos, uno de 30 kilos de cocaína y otro más de 20 armas ejecutado por agentes estatales en un lapso de dos a tres meses.

Al Kateo también se le imputan acciones en diversas carpetas de investigación, en México y Estados Unidos, por tráfico de drogas de Jalisco a San Diego, secuestros, trata de personas migrantes, homicidios y el incendio de 19 automotores el 12 de agosto de 2022. Antes, ya estuvo detenido por intervención de un grupo de inteligencia en julio de 2021, durante una boda realizada en un rancho en la zona de El Coronel, en Ensenada, donde era el padrino del evento; sin embargo, esa vez también fue liberado por un juez federal.

AMPARO POR SI LAS DUDAS

Debido a que quien se hace llamar Luis Mier Luna aún seguía preso el domingo 20 de julio, en el penal de Puente Grande, su abogada Tania Guadalupe Domínguez Campaña, quien llegó desde Tijuana para asesorar jurídicamente al imputado, presentó una demanda de amparo en su favor alegando actos de privación ilegal de la libertad de parte del Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco y otras autoridades. El juicio de garantía fue radicado con el número de expediente 678/2025 en el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal de la entidad, con el complejo penitenciario.

Dado el señalamiento de actos violatorios de derechos humanos como lo sería la retención prologada del imputado, seguramente dando tiempo al Ministerio Público Federal para que impidiera su excarcelación, el juez de amparo comisionó al actuario Judicial adscrito a ese tribunal para que acudiera a las instalaciones del penal, a efecto de localizar al directo quejoso Mier Luna, para pormenorizar los detalles que pudiese apreciar de la condición física del individuo e incluso lo cuestionara sobre su estado de salud.

En la misma diligencia, el actuario judicial de la adscripción tenía que notificarle la demanda de amparo promovida en su nombre, para que en ese momento, o bien, dentro del término de tres días, manifestara si ratificaba o no dicho escrito. El Kateo fue localizado en la prisión pero manifestó “No ratifico la demanda de amparo promovida a mi favor”. Además, se hizo constar que no se advirtieron golpes en su cuerpo y al ser cuestionado sobre su estado de salud, “refirió que se encuentra bien”. Por lo anterior, se tuvo por no presentada la demanda en el juicio de amparo. Ya estaba destinado que recuperaría en breve la libertad.

BIEN REPRESENTADO

La defensora de Mier Luna y/o Miranda Rodríguez cuenta con experiencia en el ámbito penal federal, pues años atrás, a inicio de la década se le ubicaba como Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, Posteriormente se dedicó al litigio atendiendo casos relevantes de delitos contra la salud, llevando defensas como la del ex agente federal Édgar Luciano Beristáin Ávila, detenido junto con otros sujetos por elementos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército, en posesión de un cargamento de droga en 2016.

La profesionista también ha sido abogada de personajes como Pedro Herrera Estrada, el Viejón o Peter, identificado por autoridades de la Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad como cabecilla de la célula de Los Erres, que presta sus servicios al CJNG.

Por lo pronto, Diego Abel y/o Luis, el Kateo, quien abandonó el penal de Puente Grande a las 12:00 horas del lunes 21 de julio, seguirá moviéndose entre Guadalajara, Tijuana y San Diego, pues no existe impedimento legal para que lo haga.

Al solicitar información en la Delegación Jalisco de la Fiscalía General de la República, en Guadalajara, solo se obtuvo evasivas y entretención para no dar a conocer el fracaso ministerial, bajo el argumento de “las investigaciones sobre este caso y la persona continúan”. En los próximos días se conocerá si dicha autoridad apela a la resolución o muestra su conformidad como aparentemente lo hizo al no aportar pruebas que lograran la vinculación a proceso.

FUENTE: SEMANARIO ZETA (INVESTIGACIONES)
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Mayoría del TEPJF rechaza investigar reparto de acordeones de Morena y Gobierno de CDMX

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó, el 10 de julio de 2025, la decisión de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) de desechar una denuncia contra Morena y el Gobierno de la Ciudad de México, relacionada con el uso de acordeones en la elección de integrantes del Poder Judicial, realizada el 1 de junio de 2025.

Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Sala Superior sostuvo que la queja no contenía elementos mínimos, como circunstancias de modo, tiempo y lugar, ni identificación de responsables, para abrir una indagatoria. Los magistrados Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Felipe de la Mata Pizaña y Janine Madeline Otálora Malassis respaldaron el proyecto, mientras que Reyes Rodríguez Mondragón votó en contra.

Según la argumentación del proyecto elaborado por De la Mata Pizaña, la denuncia carecía de pruebas suficientes. El documento presentado por la organización civil Justicia Común incluía publicaciones periodísticas, entre ellas una investigación que vinculaba a funcionarios públicos y brigadistas con la entrega de guías de votación, presuntamente financiadas con recursos públicos.

Rodríguez Mondragón advirtió que el análisis del INE no fue exhaustivo, al limitarse a una revisión preliminar de la información presentada. Señaló que la autoridad pudo solicitar información a la Policía Cibernética, al banco emisor de los cheques referidos en las denuncias o incluso al medio que publicó la investigación. Reiteró que las notas periodísticas debieron presumirse veraces y suficientes para iniciar una diligencia formal.

En contraste, Fuentes Barrera afirmó que no correspondía iniciar procedimientos sancionadores sin indicios claros, y consideró que las publicaciones no superaban el umbral de prueba mínima exigida por la ley electoral. La presidenta del TEPJF, Soto Fregoso, coincidió con esa postura.

En paralelo, la organización Defensorxs denunció que su impugnación contra la elección de los magistrados Gilberto Bátiz García y Claudia Valle Aguilasocho fue indebidamente retenida por el TEPJF. Miguel Alonso Meza señaló que, conforme a la reforma judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debía resolver ese recurso, no el propio Tribunal Electoral, al tratarse de la elección de sus integrantes.

El recurso, de 274 páginas, incluía señalamientos respecto a coacción del voto, uso de recursos públicos, encuestas dirigidas y propaganda ilegal. Defensorxs exigió que la denuncia sea remitida a la SCJN antes del 28 de agosto de 2025, fecha límite para resolver más de 300 impugnaciones relacionadas con el proceso judicial.

La Sala Superior del TEPJF afirmó que continuará evaluando los recursos que cumplan con los requisitos legales y reiteró su disposición al escrutinio público.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Pegasus: diez años de corrupción y espionaje impunes

Pegasus no es un problema de unos cuantos funcionarios y particulares que obraron mal, sino es el rostro de un Estado que espía de manera generalizada sin consecuencias. El software cambia de manos —PAN, PRI, Morena—, pero el mecanismo se mantiene intacto.

Desde 2015, México se convirtió en laboratorio del uso masivo del spyware Pegasus, desarrollado por NSO Group. Esta arma silenciosa invade teléfonos, graba conversaciones, rastrea ubicaciones y roba datos sin dejar huella visible. Casi una década después, su uso está más que documentado, pero la Fiscalía General de la República (FGR) no ha logrado que se condene a un sólo responsable. 

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012–2018), Pegasus se usó como herramienta para vigilar a periodistas, activistas y opositores. Esta semana, una disputa legal en Israel entre los empresarios Uri Emmanuel Ansbacher y Avishai Neria —líderes de KBH y BSD, respectivamente— reveló que, desde 2012, se habrían pagado hasta 25 millones de dólares para "invertir" en Peña. Ambas empresas estaban directamente involucradas en la venta de equipos y sistemas de seguridad al Gobierno mexicano durante el sexenio de EPN. La red KBH sirvió como intermediaria de NSO Group para introducir Pegasus en México.

En nuestro país, los registros de la FGR confirman la existencia de esta red. Un testigo protegido, identificado como "Zeus", ha señalado desde 2019 a Peña Nieto, Osorio Chong y Eugenio Ímaz como los responsables directos del aparato de espionaje. A pesar de contar con contratos, facturas y testimonios, la FGR sólo ha judicializado un caso, el de Juan Carlos García Rivera, quien fue absuelto en 2024, pese a que el propio Juez reconoció que sí hubo espionaje contra Carmen Aristegui… por investigar y publicar sobre la llamada Casa Blanca de Enrique Peña Nieto.

Andrés Manuel López Obrador prometió terminar con el espionaje, pero los datos lo desmintieron. Según documentos del litigio WhatsApp/Meta contra NSO Group, en mayo de 2019 se detectaron 456 infecciones con Pegasus. México concentró el 37  por ciento de los casos globales en esa muestra. Citizen Lab, organización experta en ciberseguridad, identificó múltiples dispositivos infectados entre 2019 y 2022, incluyendo los de periodistas, defensores de derechos humanos y funcionarios del propio gobierno obradorista.

La Sedena adquirió Pegasus desde 2019, a través de Comercializadora Antsua, empresa ligada a la red KBH, la misma que habría sobornado al Gobierno anterior. Los contratos fueron ocultados bajo el pretexto de "seguridad nacional". Sólo tras una orden judicial en 2024, se obligó al Ejército a entregarlos. Aun así, la opacidad persiste y no se han entregado.

Pese a las pruebas —documentos, análisis forenses, testimonios— la FGR no ha avanzado en una sola carpeta de investigación abierta  por los casos ocurridos en este sexenio. La Sedena niega a la institución investigadora la existencia de contratos que ya fueron exhibidos. En resumen: nadie ha sido nombrado, nadie ha sido juzgado, nadie ha rendido cuentas.

México tiene derecho a saber: ¿quién ordenó espiar?, ¿a quiénes?, ¿para qué?

Para nada resulta increíble que desde el periodismo de investigación, el trabajo de la sociedad civil organizada y la academia se haya avanzado más en el esclarecimiento de los hechos sobre un caso tan complejo. Lo que sí resulta inverosímil es que, pese a tantos hallazgos que se han traducido en pruebas en el marco de investigaciones formales, se siga diciendo desde el discurso de la FGR que “faltan pruebas”.  

Pegasus no es un problema de unos cuantos funcionarios y particulares que obraron mal, sino es el rostro de un Estado que espía de manera generalizada sin consecuencias. El software cambia de manos —PAN, PRI, Morena—, pero el mecanismo se mantiene intacto. Hay evidencia y hay víctimas concretas. Por eso: no, no faltan pruebas. Lo que falta es voluntad de llegar hasta las últimas consecuencias, cosa que el Fiscal Gertz no ha hecho hasta ahora.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: LEOPOLDO MALDONADO.

Tribunal absuelve a excomandante acusado de torturar a Lydia Cacho

El Tribunal consideró que no hay pruebas suficientes que vinculen a Juan Sánchez Moreno con el delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal absolvió a Juan Sánchez Moreno, excomandante de la Unidad Especializada en Cumplimiento a Mandamientos Judiciales de la Policía Judicial de Puebla, de la condena en su contra por siete años de prisión, al considerar que no hay pruebas suficientes que lo vinculen con el delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho. 

Al conceder un amparo liso y llano, el pasado 4 de julio, el tribunal con sede en Quintana Roo ordenó emitir sentencia absolutoria y la libertad inmediata de Sánchez Moreno, quien estaba preso en el Centro Penitenciario Benito Juárez, de esa entidad.

El 13 de abril de 2021 se condenó al excomandante a siete años de prisión, acusado de humillar, intimidar y amenazar a Cacho durante?su traslado de Cancún a Puebla en 2005. 

No obstante, su defensa apeló esta sentencia, que derivó en este fallo emitido por el Tribunal Colegiado que consideró que no había “evidencia fehaciente que destruya la presunción de inocencia o demuestre, sin duda razonable, que el acusado instigó a terceros para perpetrar el delito”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

Cuatro años después de la muerte de Simón Pedro Pérez López se sigue pidiendo justicia

Se conmemoran cuatro años de la ejecución de Simón Pedro Pérez López, defensor comunitario de derechos humanos, miembro activo de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

La comunidad de Acteal, valora y reconoce la lucha que han dado la madre, padre, hermana y hermano, esposa, hijas e hijos de Simón Pedro al sostener sus voces frente a la violencia contra quienes defienden los derechos humanos.

Afirman que a pesar de la captura del autor material, el caso sigue en impunidad puesto que la Fiscalía General del Estado de Chiapas no agotó todas las líneas de investigación, ni esclareció la responsabilidad de autores intelectuales.

Finalmente, la comunidad le recuerda al Estado mexicano su obligación indeclinable de garantizar los derechos humanos, proteger la integridad y la vida de las personas defensoras, especialmente la de los pueblos originarios.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

El adolescente Alexander salió por refrescos y la policía de Acatlán lo mató; 5 años después, su familia sigue exigiendo justicia

A 5 años del asesinato de Alexander, joven de 16 años, su mamá exige que las autoridades cumplan con la reparación del daño, como una disculpa pública y una investigación seria sobre el actuar de la policía de Acatlán, Oaxaca.

“¿Ya viste al asesino que mató a tu hijo?”. Virginia Gómez, de 46 años, recuerda con los ojos muy abiertos la escena en la que se encontró de frente con uno de los cinco implicados en el homicidio de su hijo Alexander Martínez Gómez; un joven de apenas 16 años que jugaba en la Tercera División del futbol mexicano, y que tenía serias posibilidades de debutar como profesional. 

Han pasado cinco años de la muerte de su hijo y de que un video suyo se hizo viral en grupos de whatsapp y redes sociales, y su caso escaló a nivel nacional. En ese video, tomado la noche del 9 de junio de 2020, se observa a la mujer en la puerta de un hospital en el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, gritando desgarrada por el dolor. Minutos antes, a eso de las 22:30 de esa noche, su hijo adolescente había muerto de un balazo en la cabeza a manos de la policía municipal.

“Mi hijo tenía un sueño, quería ser futbolista profesional. ¡Yo luché con él para superar todos los obstáculos. ¡Y miren lo que le hicieron! ¡Me lo mataron esos malditos!”, gritaba Virginia fuera de sí aquella noche ante la pérdida de ‘Chander’, como lo conocen en la comunidad.

La mujer habla ahora mucho más serena sentada en una silla de plástico en su casa, en un poco habitual día gris y lluvioso en la muy calurosa Acatlán, un municipio de unos 45 mil habitantes que está separado de Tezonapa, Veracruz, por una calle. 

Uno de los implicados en la muerte de Chander está preso y condenado a 35 años de cárcel, en buena medida, y así lo reconoció en una recomendación la Defensoría de Derechos Humanos de Oaxaca, por la investigación que ella misma emprendió contra la policía de su localidad. Una investigación, no obstante, y una búsqueda tenaz de la verdad que la ha llevado, además de soportar el tremendo peso de la muerte de su hijo, a vivir con escoltas por las amenazas.

–He sido amedrentada, amenazada e intimidada. Me llegan muchos mensajes por medio de Messenger de Facebook diciéndome ‘ya cállate’, ‘ya lo que pasó, ya se olvidó, no le muevas más’, ‘te estás metiendo con el patrón, ya párale’. Pero nunca me callé. He ido a la Fiscalía una y otra y vez, y todas las veces que han sido necesarias, a denunciar.

Virginia, a quien conocen en Acatlán  más por el nombre de ‘Vicky’, dice a continuación que, a pesar de la detención y sentencia de uno de los policías implicados –supuestamente, el que realizó el disparo fatal–, el caso de Chander continúa sin lograr la “justicia plena”, además de que no se han cumplido las medidas de reparación del daño que en 2021 determinó tras una investigación la Defensoría de Derechos Humanos oaxaqueña, la cual consideró el caso de Chander como “una ejecución arbitraria” de la policía local de Acatlán. De ahí que los otros cuatro elementos implicados en el caso sigan en libertad y trabajando vestidos de uniforme, placa y pistola por las calles de la localidad, donde se encontró de frente con uno de ellos.


–Fui a la graduación de una sobrinita que va al kínder. Nunca pensé que el hijo del policía que asesinó a Chander iba a estar también ahí. 

El hijo del policía condenado es Sergio R. R., también agente de policía municipal de Acatlán, y uno de los cinco implicados en la muerte del adolescente. 

‘Vicky’ asegura que él fue el policía que trató de ‘plantar’ una pistola al cadáver de su hijo, para luego pregonar la versión de que el joven futbolista era un peligroso criminal que se había negado a detenerse en un retén policiaco. De hecho, esa fue la versión oficial: en un escrito enviado por el alcalde de aquel entonces del municipio oaxaqueño, Adán Maciel, a la Defensoría de Derechos Humanos de Oaxaca, el edil, que es el jefe de la policía, aseguró que de acuerdo con sus elementos el joven iba armado y se negó a parar en un retén. Además, aseguran que a un policía se le cayó el arma al suelo y por accidente se disparó matando en el acto al adolescente.

Por fortuna, o más bien por “una señora con las faldas bien puestas”, como apunta ‘Vicky’, que testificó que ella vio cómo el policía trató de plantar el arma al joven, la versión oficial quedó desacreditada.

–No tengo estómago para ver a la cara a los policías de Acatlán –murmura ‘Vicky’–. Para mí, siempre serán los desgraciados que le quitaron la vida a Chander.

Por eso dice que el día que se encontró a uno de los implicados de frente en la graduación de su sobrina, donde muchos otros niños y niñas se graduaban para salir del kínder, se tuvo que sentar para procesar sus emociones. 

–Al principio no lo reconocí, porque ahora está más robusto. Él venía de recoger a uno de los niños, y cuando se topó frente a mí se puso rojo como un tomate. Yo todavía en mi mente pensé: ‘pobre muchacho, se ve que no ha caminado mucho entre tantas personas y se ha puesto rojísimo por la pena’. 

Fue entonces, dice la mujer, cuando alguien se le acercó por la espalda y le susurró al oído: 

“¿Has visto al asesino de tu hijo?”. 

Asesinato de Alexander: la versión de la policía de Acatlán y la de la familia

La noche del 9 de junio de 2020, la patrulla de policía municipal con número 023 se encontraba en un ‘filtro de seguridad’ sobre la carretera El Amate-Acatlán de Pérez de Figueroa, a la altura del taller de ‘Los Hinestrozas’. El ‘filtro’, o el retén, se instaló debido a la presencia de grupos delictivos en la región –dos años antes, en abril de 2018, sujetos armados bajo aparentemente la siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación amenazaron en un video al alcalde– y por “las constantes amenazas” a la corporación policiaca, justificó el edil de Acatlán, Adán Maciel, en el escrito que envió a la Defensoría de Derechos Humanos. 

De acuerdo con la versión policiaca, a eso de las 22:30, la patrulla se percató de unas luces que, al parecer, eran de motocicletas que venían a exceso de velocidad en su dirección. 

“Al notar que se trataba de nueve motocicletas, el mando Sergio R. R., indicó al conductor de la unidad, Higino C. M. que encendiera los códigos parlantes de la patrulla, y a los elementos Isaac R. G., Sergio R. R. (padre del mando) y Adolfo D. G., que con sus lámparas de mano les hicieran señas para que bajaran la velocidad, haciendo caso omiso a las indicaciones. Al no detenerse y pasar por donde se encontraba parado el elemento Sergio R. R. (padre del mando) lo tiran, y al caer su escopeta se acciona al impacto con el suelo”, asegura la versión oficial, que señala que de inmediato los policías trataron de brindar los primeros auxilios al joven Alexander, aunque subrayó que el adolescente iba armado.

“El mando corre a brindarle los primeros auxilios y observa que aproximadamente (sic) se encontraba un arma de fuego tipo pistola en el suelo”, continúa el escrito de la versión oficial, que más adelante asegura que, debido a la beligerancia de los vecinos y de la madre que llegó al lugar, los agentes pidieron apoyo a la comandancia y uno de ellos, Sergio R. R., “priorizó tomar el indicio que se encontraba cerca del lesionado –pistola color negra–” para resguardarlo como evidencia en el caso.

Posteriormente, a las 00:05 horas, un policía había sido detenido para esclarecer los hechos ante la fiscalía oaxaqueña, y a las 00:30 horas se presentaron agentes ministeriales en el lugar para iniciar la investigación. 

Sin embargo, esta versión oficial fue desmentida por la investigación de la Defensoría de Derechos Humanos, y también ante la justicia, que condenó a Sergio R. R. a 35 años de prisión, aunque se quedaron fuera de la imputación el resto de elementos que intervinieron. 

A continuación, ‘Vicky’ cuenta una versión muy distinta de los hechos. 

–Ese 9 de junio, mi hijo y unos amigos celebraban el cumpleaños de otro amiguito, y salieron a comprar unos refrescos y unas pizzas para pasar un rato en mi casa. Salieron con sus motos a comprar a una tiendita a menos de un kilómetro de mi casa y, de los nueve, ya solo regresó el hijo de una maestra y otro muchacho que iba con una amiga. 

–Ellos fueron los que me dijeron que los policías municipales les habían cerrado el paso cuando mi hijo y los amigos venían ya de regreso. Me dijeron que la policía no les hizo ningún alto, que nada más les cerraron el paso, que varios policías se bajaron de la batea de la camioneta y que comenzaron a tirarles, y que vieron cómo Chander se había caído de la moto.

Otro adolescente resultó herido al caer también de su moto tratando de huir de los disparos. 

De inmediato, ‘Vicky’ se trasladó al lugar de los hechos, un camino de terracería donde, asegura, nadie podría transitar a gran velocidad por lo irregular del camino. 

–Vi a mi hijo tirado en el suelo junto a su moto, que aún tenía las luces encendidas, pero nunca pensé que estuviera muerto. Pensé que se había dado un golpe en la cabeza por la caída y que estaba inconsciente. 

La mujer recogió a su hijo entre sus brazos. Cuenta que los cinco policías la observaban en silencio. 

–Les gritaba qué le habían hecho a Chander, pero ninguno contestaba. Solo se miraban unos a otros. 

Ante el bullicio, vecinos del lugar se acercaron. Los ánimos comenzaron a caldearse, al tiempo que los policías trataban de sacarlos del lugar. 

Hasta ese momento, ‘Vicky’ asegura que, pese a lo que señaló el informe policial, los agentes no habían pedido una ambulancia, ni le dieron primeros auxilios. Fue una persona de la multitud que conocía a ‘Vicky’ quien llamó a la ambulancia, que llegó 15 o 20 minutos después. 

–Pero uno de los policías se acercó al chofer de la ambulancia y le dijo algo en corto, y éste hizo el amago como para retirarse del lugar. Entonces, mi otro hijo, Alexis, se puso delante de la ambulancia y comenzó a golpear el cofre, y mucha gente se tiró encima de la ambulancia y le obstruyó el paso. Al de la ambulancia ya no le quedó más remedio que sacar una camilla, subir a Alexander, y llevarlo al hospital de la comunidad.

Pero ya era demasiado tarde. 

Chander, el adolescente que soñaba con ser futbolista profesional, estaba muerto.

Violaciones a los derechos de las víctimas en el caso del homicidio de Alexander en Oaxaca

La Defensoría de Derechos Humanos, en su investigación previo a la emisión de la recomendación 1/2021, la cual elaboró a partir de dictámenes oficiales que fueron materia en el juicio del caso, señaló numerosas irregularidades en el actuar de la policía y en su posterior informe de los hechos.

Por ejemplo, la Defensoría establece que “no se acreditó la legalidad ni absoluta necesidad que motivara accionar el uso de armas letales, ya que no se estaba repeliendo una agresión o peligro real, actual o inminente”, por lo que concluyó que “la muerte arbitraria de un menor de edad fue el resultado de un uso ilegal de la fuerza imputable a la Policía municipal de Acatlán de Pérez de Figueroa”. 

El informe de la Defensoría también contradice la versión de la policía de que el arma de uno de los agentes se habría detonado por accidente al caer al suelo, producto de la supuesta embestida de uno de los jóvenes que iban en moto. 

“Según un informe pericial, es poco probable que el tipo de arma del policía Sergio R. R. se accionara en la forma en la cual dicen los policías que se disparó”, señala la Defensoría, que agrega al respecto: “Existe, además, un dictamen de criminalística en el que se documentó la existencia de otros disparos en la escena del crimen”. 

“La actuación omisa y negligente de los primeros intervinientes fue evidenciada por los familiares del adolescente que perdió la vida, su madre, padre y hermano, quienes se dieron a la tarea de investigar”, continúa señalando la Defensoría. 

“Fueron ellos quienes, al acudir a la escena del crimen, se percataron y se fijaron en –fotografía y video– de varios daños en árboles y un vehículo estacionado que en dictámenes posteriores la Fiscalía General corroboró que algunos fueron producidos por disparo de arma de fuego. Incluso, ubicaron y lograron que un perito en criminalística de campo extrajera de un árbol un elemento balístico esférico”.

El informe de Derechos Humanos concluye que los agentes locales, así como el agente de investigación estatal Gerardo P. C., cometieron “violaciones graves” en la preservación de la escena del crimen, y apunta también a la Fiscalía oaxaqueña, al señalar que tampoco investigó las demás armas de fuego de los policías para determinar si habían sido accionadas o no.

En definitiva, remata la Defensoría, los elementos policiacos violaron el derecho de las víctimas a una “investigación seria, imparcial y efectiva” para esclarecer los hechos, a partir de los cuales un joven de 16 años fue muerto de un disparo en la cabeza, al que, además, intentaron criminalizar al ‘plantarle’ una pistola junto a su cuerpo, tratando de crear una narrativa de que se trataba de delincuentes que quisieron evadir un supuesto retén de la autoridad. 

Por todo ello, la Defensoría, desde marzo de 2021, determinó en su informe una serie de medidas de reparación del daño dirigidas tanto al presidente municipal de Acatlán, como a la Fiscalía estatal oaxaqueña. 

Entre esas medidas están, por ejemplo, que se realice por parte de ambas autoridades un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública por las violaciones graves cometidas contra Chander y su familia, y que se haga una investigación “seria, imparcial, y efectiva” sobre la actuación policiaca, y sobre “la manipulación y alteración en la preservación y procesamiento de indicios y evidencias (…), incluyendo a la totalidad de los elementos de la Policía Municipal de Acatlán, independientemente de la persona que ya se encuentra sujeta a proceso penal por estos hechos”. 

Sin embargo, a cinco años del caso, y a cuatro de la recomendación que ‘Vicky’ lleva siempre consigo cuando va a pedir a pedir ayuda al consulado estadounidense –su hijo tenía la doble nacionalidad– o cuando acude a la fiscalía estatal, o a tocar la puerta de las autoridades del Gobierno Federal, la mujer denuncia que esas medidas de reparación del daño no se han cumplido, y que los otros cuatro elementos involucrados no han sido investigados y continúan en activo.

Además, tampoco le han querido pagar el dinero que, por ley, corresponde a las víctimas cuando hay un caso de homicidio. 

–Ningún dinero va a reparar la pérdida de mi hijo. Jamás –subraya tajante ‘Vicky’–. Ningún dinero me va a regresar su vida, porque mi hijo no tiene precio. Pero, como me dicen los abogados, es un derecho que tenemos, y aunque no quisiéramos ese dinero, es algo que están obligados a pagar, a cumplir, y tampoco lo han hecho. Se han hecho de la vista gorda. 

Mamá de Alexander dejó su trabajo de secretaria para buscar justicia para su hijo

Como muchas otras víctimas en México que ante la falta de resultados de las autoridades asumen el peso de las investigaciones en sus casos, o las búsquedas de sus seres queridos, ‘Vicky’ tuvo que dejar su trabajo como secretaria en una empresa y se ha convertido en una activista y en una voz autorizada y respetada en Acatlán, donde otras víctimas acuden a ella –mandadas a veces incluso por gente que trabaja en el Ayuntamiento– pidiéndole ayuda, a pesar de que les deja muy en claro que ella solo es una madre en busca de justicia para su hijo. 

–Les dicen: ‘miren, acá no podemos hacer nada, pero vayan con ‘Vicky’. Y pues no sé –se encoge de hombros–, creo que la gente me ve como una especie de ‘heroína’ porque fui una mamá que sí levantó la voz ante la injusticia de la muerte de un niño. Yo levanté la voz en un lugar donde la gente, por miedo, no lo hacía; preferían irse del municipio para que no les hicieran daño, porque inmediatamente empezaban las amenazas diciéndoles ‘si no te callas, te vamos a matar’. 

Su lucha, incluso, no pasó desapercibida para los partidos políticos, pues asegura que llegaron a tocar su puerta para que se presentara como candidata a la alcaldía, propuesta que rechazó. 

–Se los he dicho cuando han venido a buscarme para la ‘poliquería’: ustedes no piensan en mí, no piensan en lo que siento al ver a esos policías. ¿Ustedes creen que me voy a sentar en una silla en la Alcaldía y voy a ver a esos policías que mataron a mi hijo? No, sólo de pensarlo se me revuelven las tripas. 

Cuestionada si, por el desgaste que implica la búsqueda de justicia en México, un país con niveles de impunidad por arriba del 90 %, y por el hecho de que su vida cambió para siempre con cuatro escoltas cuidando cada uno de sus pasos, no ha pensado en irse de Acatlán para empezar de cero en otro lugar, la mujer de inmediato niega con la cabeza. 

–Hay gente que después de lo de Chander se me acerca y me dice: ‘ay, cómo estás, pensamos que ya no vivías aquí’. Y siempre les contesto lo mismo: ‘no, nunca me he ido de aquí, ¿por qué debería irme yo? Ellos, los policías, son quienes mataron a mi hijo. Yo no he hecho nada malo. 

Además, Vicky asegura a colación que está convencida que lo que está haciendo, la búsqueda de esa “justicia plena”, es la mejor forma de honrar la memoria de Chander. 

–Ha quedado claro que fue un crimen de Estado, pues agentes del Estado asesinaron a mi hijo. Por eso fui a la Fiscalía Anticorrupción y puse otra denuncia en contra de los otros cuatro policías y los funcionarios que los protegieron y respaldaron en sus mentiras. 

A continuación, la mujer hace una pausa y reflexiona en silencio. 

–Mi hijo siempre verá a una mamá fuerte, que no se dio por vencida, y que nunca estuvo sometida en un rincón llorando –recalca aseverando con la cabeza–. Por eso, yo voy a seguir luchando hasta que haya justicia.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.

Ortiz Franco: 21 años de impunidad

La exigencia de identificar a los responsables y castigarlos

La normalidad de la mañana de aquel martes 22 de junio del 2004 se volvió desgarradora cuando empezó a circular de manera extraoficial, la información del homicidio del editor de ZETA, Francisco Ortiz Franco. Tomaron su vida impunemente frente a sus dos menores hijos.

Primero, la defensa del cerebro que se niega a creer que una horda de criminales, traficantes, envenenadores, repulsivos, le quitaran la vida a un hombre justo, tranquilo, íntegro y ecuánime sin afanes protagónicos, al compañero periodista, al editor, al maestro.

Inmediatamente después, el golpe de realidad que derrumba, que ahoga, mientras se tiene la extraña sensación de que las manos de la muerte oprimen dolorosamente el corazón y el pecho.

Luego la furia, la impotencia frente a los augurios de injusticia. Ortiz Franco fue asesinado a plena luz de día, a 300 metros de las oficinas principales de la Fiscalía General del Estado, pero nadie fue detenido. La camioneta de los homicidas la abandonaron en la misma vialidad donde cometieron el homicidio, apenas unas cuadras rumbo al este, pero, aun así, tardaron muchas horas en encontrarla.

Las primeras investigaciones determinaron tres hipótesis, que no se excluían una a la otra, porque en todos los casos los sicarios estaban ligados al Cártel Arellano Félix. Pero después de 21 años sin que los responsables hayan sido detenidos, juzgados y sentenciados, evidencian que las fiscalías, estatal y federal, decidieron no avanzar.

En la primera hipótesis, se indicaba que el traficante Arturo Villarreal Heredia -detenido junto a Javier Arellano Félix “El Tigrillo”, el 14 de agosto de 2006 y procesado en Estados Unidos- ordenó su muerte, después que el licenciado Ortiz Franco exhibió las relaciones del gobierno con el cártel, al publicar en un reportaje las caras de 71 sicarios del CAF, a los que les dieron credenciales oficiales como agentes ministeriales de la PGJE de Baja California.

La segunda era por el mismo motivo, pero involucraba como autores materiales a agentes ministeriales del estado, con pistoleros de los Zetas, y sicarios del Barrio Logan en California. En la tercera los matones también eran del CAF, pero el móvil era la revisión que Ortiz Franco estaba haciendo de la carpeta de investigación por el homicidio del codirector de ZETA, Héctor Félix que involucraba a Jorge Hank Rhon.

Este sábado 22 de junio se cumplirán 21 años de la tragedia, y la respuesta de los gobiernos y sus fiscalías continúa siendo el irresponsable silencio.

En este contexto, Francisco no sólo fue víctima de los asesinos materiales e intelectuales del CAF que lo privaron de la vida. Muerto, las autoridades estatales y federales decidieron revictimizarlo con la ausencia de justicia. Y esta impunidad alcanza a las otras víctimas, su familia, Gabriela su viuda y sus tres hijos hoy adultos con vidas hechas, quienes también han sido expuestos al desdén gubernamental.

Hace cuatro años, el 15 de febrero del 2021, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la familia Ortiz enviaron un comunicado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informando su “voluntad de iniciar un proceso de solución amistosa” con el Estado Mexicano para la reparación del daño sufrido por la familia.

En aquel momento, la CIDH remitió un comunicado al Gobierno Federal, informando que había decidido “ponerse a disposición de ambas partes con miras a alcanzar una solución amistosa” y solicitó a la Federación “tenga a bien manifestar, dentro del plazo de un mes, contado a partir de la fecha de transmisión de la presente comunicación, si tiene interés en iniciar el procedimiento”. Cuatro años y cuatro meses después, el Estado continúa sin responder.

Sin la participación del gobierno, el 20 de febrero de 2025, la CIDH informó “que el caso se encuentra procesalmente listo en la etapa de fondo”, los que únicamente significa que la CIDH podrá pronunciarse sobre el asunto “con base en la información disponible en el expediente”.

Ante el evidente desaire del Gobierno Federal, se le preguntó a Carlos Lauría, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), si han explorado algún otro camino para buscar el resarcimiento del daño; el representante de periodistas explicó que si la CIDH emite un informe con recomendaciones al Estado y éstas no se cumplen en un plazo razonable, la Comisión podría decidir, someter el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Así las cosas. Después de 21 años, la indolencia del gobierno continúa ampliando, extendiendo, el camino de impunidad que la familia sigue recorriendo.

Por eso, de nuevo, como se ha hecho de manera permanente desde el año 2004, esta casa editora exige a los gobierno y fiscalías estatal y federal, que continúen la carpeta de investigación que irresponsablemente mantienen abandonada; que identifiquen a los autores materiales e intelectuales, los procesen, que los castiguen. Y cumplan con su obligación de atender a la familia Ortiz con el respeto que merecen todas las víctimas.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ROSARIO MOSSO CASTRO.

Homicidio "'en vivo" de la influencer Valeria Márquez cumple un mes; sigue sin esclarecerse

A un mes del suceso no se han emitido órdenes de aprehensión, aunque las autoridades han entrevistado a más de 30 personas, incluyendo a Vivian de la Torre, amiga de Valeria.

Este viernes 13 de junio se cumplió un mes del homicidio de la influencer Valeria Márquez, de 23 años, asesinada durante una transmisión en vivo. Hasta el momento, no se han girado órdenes de aprehensión. Existen al menos tres líneas de investigación y han declarado 30 personas, entre ellas amigas y trabajadoras de la estética donde ocurrió el crimen.

El fiscal estatal, Salvador González de los Santos, indicó que han "trabajado de forma intensa" para tratar de esclarecer el caso y mencionó que la carpeta de investigación es voluminosa, consistente en tres tomos.

"Es un tema que nos ha absorbido bastante tiempo y trabajo en materia de investigación de campo y de inteligencia. La carpeta de investigación está conformada por tres tomos, en cuanto a entrevistas, análisis de videos y trabajo forense. Hemos realizado un gran esfuerzo para tratar de resolver este homicidio que ha sido, ciertamente, complejo de investigar, pero creo que ya tenemos muchos avances y espero que pronto podamos tener noticias", expresó. 

Sin embargo, el funcionario estatal no quiso revelar más detalles sobre el rumbo de las líneas de investigación. Indicó que existen varios enfoques y agregó que prefirió no dar más información para evitar la revictimización de Valeria Márquez. 
"Sería muy aventurado en este momento proporcionar detalles, ya que queremos mantener el éxito de la investigación. Prefiero omitir esta parte no porque no deseemos compartirla, sino por el principio de sigilo de la investigación", señaló González de los Santos. 
La Fiscalía del Estado de Jalisco inició la investigación bajo el protocolo de feminicidio, dada la naturaleza del crimen y el contexto de violencia de género en el país. A un mes del suceso no se han emitido órdenes de aprehensión, aunque las autoridades han entrevistado a más de 30 personas, incluyendo a Vivian de la Torre, amiga de Valeria, y a una empleada identificada como Erika, quienes estaban presentes o conectadas al momento del ataque, respectivamente.
"Puedo mencionar en lo general lo que se ha hecho, pero ha sido un trabajo intenso que continúa. Casi a diario realizamos operativos de búsqueda de campo, análisis de información y entrevistas a personas, lo cual ha hecho que este expediente sea tan voluminoso. Quiero dejar claro que hemos estado comprometidos desde el primer día para tratar de esclarecer este hecho", declaró el fiscal estatal. 
Valeria Márquez, conocida en redes sociales por su contenido de belleza y estilo de vida, se encontraba interactuando con sus seguidores en su negocio, "Blossom The Beauty Lounge", ubicado en la colonia Real del Carmen, Zapopan.

Cabe recordar que, durante la transmisión, tras expresar un "mal presentimiento" y preocupación por un paquete misterioso, se perpetró el ataque. Un hombre, presuntamente haciéndose pasar por repartidor, ingresó al establecimiento y le disparó al menos en tres ocasiones, causándole la muerte en el lugar.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ELIZABETH RIVERA AVELAR.

Absuelven a cuatro policías acusados de presunta desaparición forzada y homicidio de tres jóvenes en Romita, Guanajuato, en 2023

Un juez absolvió a los policías, pues la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato (FGE) no pudo comprobar que presuntamente los hayan entregado a un grupo criminal, ni que los hayan amenazado.

Cuatro policías de Romita, Guanajuato, fueron liberados tras haber sido acusados de desaparición forzada y homicidio del matrimonio conformado por Daniela Castro y Juan Pablo Vargas, de 27 y 25 años, y de Carlos Esteban Rocha Anguiano de 25.

El pasado 11 de enero de este año, el juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Oralidad de la Segunda Región del Estado, Alfonso Israel Valdez Alvarado, liberó a cuatro expolicías de Romita que habían sido acusados por el delito de desaparición forzada, incluido el entonces director de Policía de dicho municipio, pues la Fiscalía no pudo sostener mediante pruebas que existieron amenazas previas y que las personas detenidas fueron entregadas a un grupo delincuencial.

Los cuerpos de los jóvenes fueron encontrados en una fosa clandestina el pasado 23 de febrero de 2023, en la zona de El Escoplo, en el Rancho El Refugio.

Caso de los jóvenes en Romita, Guanajuato

De acuerdo con la Plataforma por la Paz y Justicia de Guanajuato, el 19 de febrero de 2023 a las 19:00 horas, las víctimas viajaban en un automóvil, cuando colisionó con otro que se encontraba estacionado en la calle. Al lugar de los hechos arribaron agentes de la policía vial para proporcionar asistencia, pero la víctima refiere al oficial que ya se están arreglando con los propietarios del vehículo y que su presencia no es necesaria.

“Posteriormente por un grupo de Whats App, el comisionario de Seguridad Pública de Romita es informado del suceso. Momentos después el mismo comisionado arriba al lugar y procede a detener a la víctima que conducía el vehículo en estado de ebriedad, remitiendo al mismo a la estación de policía de Romita”, señala la plataforma.

Añadió que, en testimonios de los declarantes, el comisionario declaró a la víctima que ya lo estaban buscando y que sería entregado al crimen organizado.

“A la estación de policía arribaron los otros dos ofendidos, con la intención de averiguar qué había ocurrido con la primera víctima. Ambos son detenidos y remitidos a la jueza cívica, pero ninguna de las detenciones es registrada en el Sistema Nacional de Detenciones, es archivada de manera física”, indicó.

Detalló que a las 23:00 horas de ese mismo día, arribó hasta las instalaciones de Seguridad Pública un vehículo de motor del cual descendieron varias personas y uno de ellos se identificó como el hermano de las víctimas, “que está ahí” para pagar la multa

“Pero que prefiere no entrar en las instalaciones”, refiere.

En ese sentido, dicho familiar entregó el dinero de las multas al elemento de la policía municipal y por mandato de una jueza cívica, son “liberados”.

“En esa la madrugada del día 20 de febrero, se presentan a la estación de policía los padres de los afectados, a los cuales se les informa que sus familiares ya fueron liberados por otro pariente. El comisario, al ser cuestionado por los padres asegura que no puede proporcionar más información de los eventos que acontecieron, ni del paradero de sus seres queridos”, aclaró la plataforma.

Según Valdez Alvarado, y que hubiera existido negativa a informar sobre la detención.

Violencia en Guanajuato

El estado del bajío ha sido recrudecido por la violencia en los últimos días, pues la Fiscalía General del Estado (FGE) informó de la localización de 17 cuerpos en fosas clandestinas en una vivienda en la comunidad de Rancho Nuevo del Llanito, en el municipio de Irapuato.

Además, la madrugada del 19 de mayo, se registró un ataque armado en la comunidad de San Bartolo, en el municipio de San Felipe, que dejó como saldo siete muertos, todos del sexo masculino, informó el ayuntamiento.

En ese contexto, Guanajuato se mantiene a la cabeza como el estado más violento: en 2024 registró 3 mil 151 asesinatos y entre enero y abril de este año hubo mil 260, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La entidad junto con Baja California, Estado de México, Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Jalisco, concentran más de la mitad de los homicidios en el país.

La violencia persiste a pesar de que a finales de marzo la gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, dio a conocer que, tras la visita del Gabinete de Seguridad federal, se acordó la creación de dos grupos especializados en materia de seguridad.

El primero de ellos, detalló, es liderado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y se encarga de la ministerialización de las causas penales, esto significa que los operativos tengan como resultado más órdenes de aprehensión y más sentencias condenatorias.

El segundo, el cual es mixto y está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), coordina operaciones especiales, principalmente en los municipios de atención prioritaria, y tiene apoyo del Grupo de Inteligencia Operativa del Estado.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

SCJN blinda a Yasmín Esquivel y a Arturo Zaldívar contra investigaciones en su contra

La resolución aprobada por unanimidad por el Pleno de la Corte el 3 de marzo en sesión privada, también protege a la ministra presidenta Norma Piña.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) blindó a la ministra Yasmín Esquivel Mossa y al ministro en retiro, Arturo Zaldívar contra la investigación de las denuncias que fueron presentadas en su contra.

Esquivel Mossa, fue denunciada en enero de 2023 por el supuesto plagio de su tesis de licenciatura y con la que se tituló en el año 1987; mientras que Zaldívar, fue denunciado en el año 2024 por supuestamente encabezar una red de tráfico de influencias durante su presidencia en el Poder Judicial de la Federación (PJF).

La resolución aprobada por unanimidad por el Pleno de la Corte el 3 de marzo pasado en sesión privada, también protege a la ministra presidenta Norma Piña quien fue denunciada por Zaldívar en abril de 2024 por supuestamente interferir en la elección presidencial a favor de la excandidata panista, Xóchitl Gálvez.

“Este Tribunal Constitucional determina que lo dispuesto en el Acuerdo General Plenario 9/2005 ya no se encuentra vigente para atender las quejas y/o denuncias ciudadanas en que se atribuya responsabilidad administrativa a alguna ministra o ministro de este Alto Tribunal.

“Por tanto, las quejas y/o denuncias ciudadanas en las que se atribuyan alguna responsabilidad administrativa en contra de alguna Ministra o Ministro, ya sea en funciones o en retiro, deben ser remitidas a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas para su desechamiento, teniendo como referente lo determinado en la presente consulta a trámite”, establece la resolución cuyo proyecto fue elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

En su resolución el ministro precisó que la ley establece que los integrantes del Pleno cuentan con fuero que los protege contra acusaciones de responsabilidad política y penal e incluso frente a su propia renuncia, pero no especifica qué pasa con acusaciones de responsabilidad administrativa.

Añadió que el acuerdo General 9/2005 facultaba al Pleno de la Corte para investigar las acusaciones de posibles responsabilidades administrativas en contra de los ministros, pero que a partir de la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador ya dejó de tener vigencia debido a que esa facultad fue transferida al Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) que entrará en funciones el 1 de septiembre próximo y ni siquiera es aplicable a estos casos.

“Actualmente ya no se sostiene la vigencia del Acuerdo General Plenario 9/2005, tratándose de faltas administrativas atribuidas a las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ello es así, ante la inexistencia de un marco legislativo que desarrolle y precise el procedimiento sancionador aplicable a dichos juzgadores, así como el tipo de faltas administrativas que les pueden ser atribuidas (incluyendo su gravedad) y las sanciones susceptibles de imponerse”, indica.

“No pasa inadvertido lo dispuesto en el artículo 97 constitucional en su redacción vigente a partir de septiembre de dos mil veinticuatro, en el sentido de que ‘Cualquier persona o autoridad podrá denunciar ante el Tribunal de Disciplina Judicial hechos que pudieran ser objeto de responsabilidad administrativa o penal cometidos por alguna persona servidora pública del Poder Judicial de la Federación, incluyendo ministros, magistrados y jueces, a efecto de que investigue y, en su caso, sancione la conducta denunciada’. Sin embargo, esa disposición no puede ser interpretada de manera aislada, sino en correlación con el resto de las disposiciones que campean en la materia. Concretamente, tratándose de ministras y ministros, también debe observarse lo dispuesto por el artículo 94 de la Constitución Federal, en lo relativo a que las ministras y ministros de la Suprema Corte solo podrán ser removidos de sus cargos en los términos del Título Cuarto de la propia Ley Fundamental, en correlación con el cúmulo de garantías judiciales especialmente reforzadas para tales impartidores de justicia”.

Es decir, que pese a que la facultad le fue conferida al TDJ para investigar a los ministros, estos sólo pueden ser removidos de sus cargos por causas graves y a través de un juicio político o declaratoria de procedencia.

“Sin que lo anterior implique dotar de impunidad alguna a dichos impartidores de justicia, pues como ya se destacó, sí pueden ser sujetos de responsabilidad penal en términos de lo previsto por el artículo 111 de la Constitución Federal, o bien, ser sometidos a responsabilidad política de conformidad con el diverso artículo 110 del mismo ordenamiento”, enfatiza el fallo.

“Mientras no exista un marco legislativo que desarrolle con precisión las faltas susceptibles de atribuirse a los ministros y ministras de la Suprema Corte, así como las sanciones y el procedimiento a seguir para su determinación, no se les puede reprochar responsabilidad administrativa a fin de no interferir con la alta función jurisdiccional que se les ha conferido. Aunado a que la falta de ese desarrollo legislativo no puede ser subsanada a través de un Acuerdo General Plenario, como el 9/2005, que motivó la apertura de la presente consulta a trámite”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

Denuncian ante CNDH negligencia en investigación de muerte de médico tabasqueño

La familia del médico Jorge Enrique Flores Silva acudió a la CNDH para denunciar el presunto encubrimiento de la Fiscalía de Tabasco y la FGR en la investigación de su muerte (2022). Pese a evidencias de homicidio, autoridades lo declararon suicidio y desestimaron pruebas clave.

La familia del médico tabasqueño Jorge Enrique Flores Silva llevó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el caso en el que acusan a la Fiscalía Estatal de Tabasco y a la Fiscalía General de la República (FGR) de intentar dar carpetazo a la investigación sobre la muerte del joven, ocurrida el 31 de diciembre de 2022.

Proceso informó el 7 de octubre de 2023 que, pese a la existencia de elementos que apuntan a un posible homicidio, la fiscalía estatal declaró en un inicio que el joven médico se suicidó.

Para diciembre de ese mismo año, y ante las presiones de la familia, la fiscalía estatal solicitó a la FGR que analice la carpeta de investigación del caso, pues, para entonces, ya existía una segunda necropsia y otra versión de los hechos proporcionada por los familiares del médico fallecido.

Desde agosto de 2024 la FGR señaló que no podía atraer el caso para continuar con la investigación porque no existían indicios sobre la comisión de delitos federales que son los que le competen investigar.

Ello, pese a que durante la revisión la delegación de la FGR en Tabasco envió a un policía federal ministerial que señaló que a unas casas del domicilio en el que Jorge Enrique Flores falleció, hay un punto de venta de droga.

Para noviembre de 2024, 11 meses después de recibir la carpeta de investigación, la FGR emitió diversos dictámenes periciales no concluyentes, pero en los cuales descartó todos los dictámenes aportados por la familia.

Entre ellos, la segunda necropsia en la que fueron halladas diversas lesiones en el cuerpo del doctor, además de la fractura de nariz y en la séptima cervical en las que se habían enfocado los peritos oficiales durante la primera necropsia y que fueron ignoradas por el Ministerio Público local.

Asimismo en esa segunda necropsia se evidenció la ausencia de un surco o marca en el cuello que indique que el joven médico se ahorcó, conforme a la versión oficial manejada por la fiscalía tabasqueña.

Otro dictamen desestimado fue el de la autopsia psicológica en el que la perito designada por la familia, Patricia Rodríguez Reyes, destacó que no hubo un resguardo apropiado de la escena del crimen por parte de la fiscalía de Tabasco y se omitieron pruebas halladas en la casa del médico.

Por ello, en diciembre de 2024, Jorge Enrique Flores Mendoza, padre de la víctima, presentó una denuncia contra los funcionarios y peritos de la FGR que revisaron la carpeta de investigación de la fiscalía estatal y desestimaron las evidencias de un posible homicidio.

“Los ciudadanos agentes del Ministerio Público de la federación, adscritos a la célula 1-3 de Villahermosa, Tabasco, señalados con antelación, fueron omisos en emitir una determinación en la carpeta de investigación con el número FED/TAB/VHS/0001299/2023”, dice la denuncia de la que Proceso posee una copia.

“Los peritos que fueron convocados mediante solicitud del fiscal encargado, a efecto de que emitieran sus opiniones periciales, solicitudes que fueron aceptadas sin ostentar la experticia requerida, realizaron sus planteamientos retardados”.

Dilación

La denuncia se encuentra radicada ante la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos de la FGR que ya solicitó a la fiscalía de Tabasco la autopsia psicológica.

En tanto, en diciembre de 2024 Flores Mendoza también presentó una queja ante la CNDH en la que incluyó tanto a los funcionarios de la fiscalía de Tabasco como a los de la FGR, pues el caso de su hijo permanece estancado y las autoridades locales rechazan investigar cualquier posibilidad de que Jorge Enrique Flores Silva fue asesinado.

En su escrito de queja, el padre del médico fallecido acusa que “la carpeta sólo fue derivada a esta Fiscalía (General de la República) con la finalidad de ganar tiempo, de enfriar el caso ante la gran presión que se ejerció a través de medios de comunicación, marchas, redes sociales, por tanta irregularidad vertida en la carpeta por el personal de la FGE Tabasco.

“Ya se tenía preparado un plan que era declinarla, pregunto entonces, por qué la aceptaron, sin ningún fundamento jurídico que lo avalara o permitiera, solo basta leer el documento con el cual es remitida por la FGE Tabasco, para darse cuenta que no existía competencia jurídica, pero fue aceptada, inicia una carpeta y tarda 10 meses en emitir dictámenes”, expone el escrito consultado por Proceso.

“Lo cual nos hace ver que fue un favor el que hizo la FGR Tabasco a la FGE Tabasco, es evidente que se encargaron de enfriar la carpeta y esperar los tiempos, ya teniendo todo preparado, mientras que a nosotros nos decían que los dictámenes se encontraba aún en revisión e incluso en la FGR CDMX para su análisis”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

A un año de la masacre en Chicomuselo, pobladores acusan: “Seguimos siendo víctimas”

Los asistentes recordaron que fueron obligados a actuar como escudos humanos en los enfrentamientos entre grupos armados, fueron desplazados de sus hogares y violentados incluso por las fuerzas de seguridad que supuestamente deberían protegerlos.

A un año de la masacre en Chicomuselo, donde 11 víctimas fueron asesinadas en el ejido Nuevo Morelia, en un ataque perpetrado por grupos del crimen organizado que se disputan el control de la región Sierra, miles de católicos peregrinaron y señalaron que aún viven tiempos difíciles con mucho dolor, indignación e impotencia ante la realidad de la violencia que han sufrido y siguen siendo víctimas. 

Durante la jornada conmemorativa que estuvo encabezada por el obispo de San Cristóbal de las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez, y el obispo auxiliar Luis Manuel López, los asistentes recordaron que fueron obligados a actuar como escudos humanos en los enfrentamientos entre grupos armados, fueron desplazados de sus hogares y violentados incluso por las fuerzas de seguridad que supuestamente deberían protegerlos.

“Nuestras voces fueron silenciadas por las armas, fuimos obligados a ponernos como barrera humana en los enfrentamientos entre grupos delictivos, fuimos golpeados por quienes debían garantizar la seguridad de nuestros pueblos, nos vimos en la necesidad de huir de nuestras comunidades para salvar nuestra vida, regresamos, no porque hubiera condiciones de seguridad garantizadas por el estado sino por el temor de perder nuestro patrimonio ante el saqueo y robo”. 

En la ceremonia donde se expresó la indignación, la memoria y la denuncia de la violencia estructural que sufren las comunidades, los manifestantes aseguraron: “Vivimos tiempos difíciles con mucho dolor, indignación e impotencia ante la realidad de la violencia que hemos sufrido y seguimos siendo víctimas”. 

Luego de una caminata, se colocó un altar maya con frutas y granos para rendir homenaje a las víctimas: Ignacio, Isidra, Teresita de Jesús, Rosalinda, Yojari Belén, Dolores, Alfonso, Azael, Urbano, Brandi y Joel. Al final del acto religioso realizado en el panteón donde se construyó una capilla para honrar a las víctimas, se leyó un pronunciamiento. 

“Nuestro corazón se duele por las víctimas inocentes masacradas en medio de la violencia”, manifestó el Pueblo Creyente al demandar una paz real, “no sinónimo de militarización”, sino basada en la justicia y la libertad. 

Fuimos silenciados por las armas

Los fieles manifestaron: “Mucho se ha dicho que la paz ha llegado a nuestros pueblos, pero desde nuestra fe y nuestra esperanza sabemos que la paz no es una simple palabra, sino que brota de la justicia. Como pueblos de Chiapas necesitamos una verdadera paz, que no es sinónimo de militarización, una paz donde los pueblos podamos ser libres de violencia, amenazas e intimidaciones, donde se restablece el estado de derecho para todos y cada uno”. 

Expresaron que el hecho de que “los pueblos ya no denuncien, no quieren decir que hay paz, las voces de nuestros pueblos han sido silenciadas, nuestros silencios son un grito al cielo, clamamos justicia, queremos paz verdadera como ha sido proclamada por el Papa León XIV”. 

Origen del conflicto, la minería: pobladores

El control y disputa de la minería es señalada por los habitantes, como una causa estructural de la violencia en la región. En el documento aseguran que “la minería ha sido causa concreta de los intereses de empresas y grupos delictivos para controlar el territorio”. 

Los manifestantes refirieron que a principios del pasado mes de abril, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y diversos cuerpos de seguridad anunciaron de manera informal la clausura de la explotación minera, por lo que pidieron a las autoridades competentes que “hagan el pronunciamiento y publicación oficial de la clausura de la minería en Chicomuselo, ya que esto es algo en lo que hemos insistido como comunidades y pueblos desde hace muchos años, lo que ha ocasionado que mujeres y hombres fueran asesinados por quienes tienen sus intereses en la explotación minera”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA COUTIÑO.

Caso Pamela Anaya: a cuatro años de su muerte, la justicia no llega

El presunto responsable de la muerte de Pamela sería un poderoso empresario inmobiliario, de acuerdo con la familia de ella.

Este 3 de mayo se cumplen cuatro años de la muerte de Pamela Anaya, quien perdió la vida en Avándaro, Valle de Bravo, luego de quedar atorada en la puerta eléctrica de su casa, hecho que presuntamente fue provocado por el empresario Isaac Salomón “N.”. A cuatro años de la tragedia, la familia de Pamela acusa diversas omisiones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por ejemplo, que ni siquiera se ha realizado un análisis de cómo sucedieron los hechos sobre el fallecimiento.

“Nosotros ya hemos mandado a hacer varios peritajes con peritos privados porque la fiscalía no los hace. Ahorita tenemos casi 1 año esperando que la fiscalía haga la mecánica de hechos“, acusa en entrevista Daniel Anaya, hermano de Pamela.

La familia afirma que los peritajes privados que mandaron a hacer apuntan a que la muerte de Pamela Anaya se trata de un feminicidio presuntamente perpetrado por Isaac Salomón “N.”.

“Con la mecánica de hechos que tenemos, nosotros le estamos exigiendo a la fiscalía que judicialice a esta persona y que emita la orden de aprehensión en contra del responsable de la muerte de mi hermana”, señala Daniel en entrevista para Aristegui Noticias. 

“Son 1,600 fotografías“, señala sobre la reconstrucción pendiente del caso. El material busca esclarecer el momento en que la puerta eléctrica se cerró, atrapando a Pamela, y apunta al empresario como la persona que, desde un vehículo, habría accionado el control remoto que provocó el cierre.

“Mi hermana está atorada y él todavía voltea la camioneta e impacta contra las puertas, son como dos toneladas más de fuerza”, dice Daniel.

Además de esto, comparte el hermano, se encuentran las irregularidades cometidas en el traslado de Pamela a un hospital, por ejemplo, no llevarla a la Cruz Roja ubicada a cinco minutos del lugar de los hechos o al Hospital General que está a diez minutos para que ella pudiera ser atendida. En lugar de eso, fue trasladada al Hospital ABC, ubicado en Observatorio, Ciudad de México, ubicado a más de 100 kilómetros de Avándaro.

Otro punto que resalta la familia es que Pamela estaba vestida cuando la trasladaron al hospital, pero al llegar ya no llevaba ropa. 

Durante el trayecto de más de 3 horas para llegar al hospital también cambiaron de ambulancia a Pamela, porque supuestamente la primera que la recogió se quedó sin gasolina. Ambos vehículos de emergencia pertenecen a Chevra Hatzalah y fueron operados por voluntarios durante el traslado, a lo largo del cual alguien le inyectó a Pamela 7.5 miligramos de midazolam. 

Midazolam es un sedante utilizado antes de procedimientos médicos y cirugía. Según Medline Plus, la inyección de esta sustancia “puede ocasionar problemas graves para respirar o que podrían poner en riesgo la vida como una respiración superficial, lenta o temporalmente detenida que puede ocasionar una lesión cerebral permanente o la muerte”.

Pamela llegó viva al hospital el domingo 2 de mayo del 2021, pero tras sufrir seis paros cardiorrespiratorios murió a las 16:45 horas del lunes 3 de mayo.

Según cuenta la familia de Pamela, los doctores dieron aviso al Ministerio Público, pues ella llegó con graves heridas y marcas en muñecas, tobillos y piernas que la hacían ver como una víctima de secuestro.

El caso de Pamela fue inicialmente cerrado por la fiscalía del Estado de México, argumentando que fue “un accidente”, sin embargo, la familia apeló esta decisión y consiguió que el 22 de marzo del 2022 se reabriera el caso.

Tanto el ministerio público Manuel Torres como la jueza Laura Serrano Mellado son los responsables de que el caso se haya cerrado inicialmente, acusan los familiares, quienes presentaron denuncias por las omisiones de la primera investigación.

Luego de la reapertura del caso, la fiscalía del Estado de México aparentó buena voluntad para esclarecer los hechos, no obstante, ahora ya no les contestan las llamadas y las investigaciones se encuentran prácticamente paralizadas, señalan el hermano, la madre y el padre de Pamela.

“La fiscalía no ha hecho nada, absolutamente nada“, enfatiza Daniel Anaya. “Se ve cómo están inclinados hacia el lado de la persona que ocasionó la muerte de mi hermana”.

Para la familia, el posible favorecimiento de la fiscalía hacia Isaac Salomón “N”. se debe a su poder económico. 

El poder económico de Isaac Salomón “N.”

Isaac Salomón “N.” es un empresario mexicano de origen judío, con ascendencia polaca. Tiene una trayectoria de más de cinco décadas en el sector inmobiliario.

Nacido en la Ciudad de México, se trasladó a Monterrey, Nuevo León, donde fundó en 1973 la empresa Servicios Corporativos Javer, S.A.B. de C.V., conocida como Casas Javer, misma que cotiza en la Bolsa y ha construido viviendas en diversos estados del país, incluyendo Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes, Estado de México, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Puebla.​

También es fundador de Nexxus, empresa privada de bienes raíces industriales con sede en Monterrey. Nexxus, establecida en 1991 como extensión industrial de Casas Javer, ha desarrollado siete parques industriales en el norte del país, invirtiendo más de mil millones de dólares y acumulando un extenso banco de terrenos en Monterrey.

Además ha sido miembro activo de diversas organizaciones empresariales, incluyendo la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI) y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) .​

Otro de sus proyectos ha sido El Pabellón M, construido en el centro de Monterrey.

En el 2016, le fue entregado por el Ayuntamiento de Monterrey el reconocimiento “Medalla al Mérito Emprendedor y Empresarial Lorenzo Zambrano Treviño”.

El 20 de julio de 2012, Isaac recibió de la Dirección General de Puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, un permiso vigente por 10 años para la operación de dos atracaderos de madera y una pasarela, con uso residencial y sobre propiedad nacional, ubicados en Valle de Bravo, Estado de México.

Se buscaron medios de contactos para contar con la postura de Isaac Salomón pero no fue posible localizarlos. Sin embargo, a lo largo de los años ha declarado a la prensa que todo se trata de un accidente.

Las contradicciones de Isaac Salomón “N.”

Aquel fatídico 3 de mayo de 2021 en que murió Pamela, Isaac Salomón “N.” cayó en una serie de contradicciones sobre los hechos que levantan sospechas para la familia de ella.

Según Daniel Anaya, Isaac dejó una carta en el hospital donde internó a Pamela en la cual explica que ella oprimió el botón de la puerta eléctrica donde quedó atascada, lo que se desmiente con los videos de aquel día y la explicación técnica sobre lo sucedido.

El hermano de Pamela también afirma que él habló por teléfono con el empresario. Durante la llamada, Isaac le habría dicho a Daniel que Pamela se había accidentado en unas puertas de cristal, pero que se encontraba bien– afirmaciones que resultaron falsas.

Para conocer la postura oficial de la Fiscalía del Estado de México, Aristegui Noticias envió solicitudes a los encargados de comunicación, pero no ha habido respuesta.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN/BRANDON J. CELAYA TORRES, ANA PATRICIA VELÁZQUEZ.

Regina Martínez: 13 años de impunidad

La periodista fue doblemente silenciada, al ser ultimada y después al cerrarse su caso como un asunto “pasional”.

A finales de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió públicamente a reabrir la investigación sobre el asesinato de Regina Martínez, corresponsal de Proceso; casi cinco años después de aquella promesa presidencial, el caso continúa sin resolverse.

“Estamos en los hechos buscando que no queden impunes, no hay ninguna razón para que no se aclaren esos homicidios, esos asesinatos”, aseguró el exmandatario al ser cuestionado por la coordinadora de corresponsales de Proceso Verónica Espinosa.
–En lo que planteas de Regina estoy totalmente de acuerdo, que se busque el procedimiento para reabrir el caso.

–¿Es un compromiso, presidente?

–Es un compromiso.

Martínez investigó sobre cuestiones de derechos humanos, delincuencia organizada y vínculos entre miembros de cárteles y funcionarios de Veracruz, especialmente durante el gobierno de Fidel Herrera y Javier Duarte; este último se encuentra recluido en prisión acusado delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

La periodista fue doblemente silenciada, al ser ultimada y después al cerrarse su caso como un asunto “pasional”, que además deja un pendiente desde el Poder Judicial quien se negó a reconocer a Proceso como víctima y que sea el Estado el responsable del asesinato de la reportera.

Regina Martínez era una periodista sumamente respetada en Xalapa, capital del estado de Veracruz.

Llegó a publicar investigaciones en profundidad sobre cuestiones de derechos humanos, delincuencia organizada y vínculos entre miembros de cárteles y funcionarios de Veracruz.

Martínez Pérez fue asesinada el 28 de abril del 2012 en el interior de su domicilio en la privada Rodríguez Clara en el barrio de El Dique. Sus victimarios la golpearon y ahorcaron con una jerga en el baño. De su vivienda se robaron un reloj, un teléfono celular y una computadora y nada más. 

La entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a cargo del exlíder estatal del PRI, Amadeo Flores Espinosa, filtró a la prensa que el asesinato de Regina tenía tintes pasionales.

Conocida como “La Chaparrita” en su natal Veracruz, ejerció el periodismo durante más de 30 años, los últimos 12 en el semanario Proceso.

El homicidio de la corresponsal veracruzana ocurrió durante la administración del exgobernador Javier Duarte y únicamente ha sido detenido y sentenciado uno de los dos probables responsables del crimen: Jorge Antonio Hernández “El Silva”, quien desde 2013 afirmó que confesó haber participado en el delito que acabó con la vida de Regina Martínez porque fue torturado.

Al día de hoy, sigue prófugo José Adrián Hernández Domínguez, "El Jarocho", acusado de ser el autor material del homicidio.

Como parte del “Proyecto Cartel”, el consorcio internacional de periodistas Forbidden Stories investigó el homicidio de la corresponsal, trabajo en el que participaron 60 periodistas de 25 organizaciones y medios de 18 países, incluyendo a Proceso.

Entre los testimonios de esta investigación, se acreditó que el gobierno de Javier Duarte desplegó una operación política, mediática y jurídica para “sembrar” a toda costa la versión de que Regina Martínez fue asesinada por dos hombres a quienes recibió en su casa y que le robaron. Uno de ellos, según la versión gubernamental, era su novio y se dedicaba a la prostitución.

Antes del asesinato

Antes del homicidio de Regina, 13 periodistas fueron asesinados. El caso que más impactó hasta entonces fue el del subdirector de Notiver, Milo Vela, y su familia, acribillados en su domicilio. 

El 27 de septiembre de 2011 Regina confió de manera anónima: “Vivo el peor clima de terror, cierro con llave toda la casa, no duermo y salgo a la calle viendo a un lado y otro para ver si no hay peligro”.

Tres meses después, en diciembre de 2011, entraron a robar a su casa. Cuando llegó, los intrusos apenas se habían ido, el baño aún tenía vapor. Regina sintió el miedo recorrer su espalda y respirarle en el oído. 

De acuerdo con Martínez, la puerta de su domicilio no fue forzada, como cuando la asesinaron dos meses después en su casa.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RODRIGO HERNÁNDEZ LÓPEZ.