El colectivo “Juanito, un rayo de luz por encontrarte”, integrado principalmente por mujeres de Yuriria, Uriangato y Moroleón, presentó una denuncia pública mediante una carta dirigida a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, en la que expone presuntos actos de acoso sexual, amenazas y revictimización por parte de funcionarios municipales de Yuriria.
La misiva, firmada por sus integrantes, detalla que estas acciones han vulnerado los derechos de madres, hermanas y otras mujeres que conforman el colectivo, y han incrementado los riesgos en su labor de búsqueda de personas desaparecidas.
Según el documento, las afectaciones fueron denunciadas ante Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos cometidos en contra de Mujeres por Razones de Género, aunque las integrantes del colectivo expresan desconfianza hacia las instituciones, especialmente las municipales.
También se presentó una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, bajo el número de expediente 1260/2025E.
El colectivo señala directamente a Juana, directora del Instituto Municipal de la Mujer, y a María Dolores, directora de Recursos Humanos, por presuntas amenazas y ofensas verbales ocurridas durante actividades conmemorativas del 8 de marzo.
Además, acusan al síndico municipal Omar de presunto acoso sexual contra varias integrantes del grupo. Señalan que el funcionario habría solicitado favores sexuales a cambio de realizar trámites o condicionar apoyos, y que se ostenta como protegido por su cercanía con el fiscal Gerardo Vázquez Alatriste.
Por lo anterior, el colectivo solicita la intervención del Gobierno Estatal para garantizar su seguridad y frenar lo que califican como violencia institucional.
Asimismo, piden condiciones para continuar con su labor de búsqueda sin temor a represalias, pues, aunque la alcaldesa Victoria Eugenia Ramírez Zavala conoce el caso, no ha tomado medidas al respecto.
“Confiamos en que el Gobierno de la Gente nos apoye, proteja y garantice nuestros derechos como víctimas”, expresan en la carta.
Sheinbaum aseguró que, entre septiembre de 2024 y marzo de 2025, se registró una reducción de 19 homicidios diarios.
De septiembre de 2024 a julio de 2025, Guanajuato logró una reducción del 48% en homicidios dolosos, con un promedio diario de 5.7 casos, el nivel más bajo en ocho años, indicó el gobierno de Guanajuato.
En el marco de la Cuarta Reunión de Gobernadoras, Gobernadores y Mandos Territoriales, la mandataria estatal, Libia Dennise García Muñoz Ledo, presentó los resultados que ha tenido la entidad en materia de seguridad.
“Se reconoce el gran trabajo que hemos hecho para reducir significativa y sostenidamente los homicidios dolosos en nuestra entidad”, indicó.
Asimismo, atribuyó el logro a la estrategia integral CONFIA, basada en la regionalización táctica, la inteligencia operativa, la prevención social y la atención especializada a delitos prioritarios como la extorsión, el secuestro virtual y la violencia de género.
Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, entre septiembre de 2024 y marzo de 2025, se registró una reducción de 19 homicidios diarios; señaló que este delito se ha reducido específicamente en Guanajuato y Tabasco.
“Entre septiembre y marzo son 19 homicidios menos diario; es decir, en septiembre del 2024, se cometían 19 homicidios más diariamente, de lo que nos está aportando la cifra preliminar de marzo”, dijo la mandataria federal, en comparación con el registro del sexenio anterior de Andrés Manuel López Obrador.
Sheinbaum concluyó que ese resultado es “un esfuerzo muy importante de la estrategia de seguridad que estamos siguiendo”.
Pese a que los gobiernos federal y estatal de Guanajuato presumen la reducción en las víctimas de homicidio doloso, la cifra de personas asesinadas en la entidad creció 17.9% en los primeros cinco meses de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2024.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y mayo del año pasado, se registraron mil 217 víctimas de homicidios en la región, cuando en el mismo periodo de 2025 se contabilizaron mil 435.
Aunque sí se registró una baja del delito en los últimos dos meses, Guanajuato sigue siendo la entidad con el mayor número de homicidios dolosos en el país, al concentrar el 13.3% de los asesinatos en 2025, además de ser uno de los siete estados que reportaron incrementos anuales en la violencia homicida.
La reducción en la incidencia de homicidios dolosos ha sido una de las metas prioritarias desde el inicio del mandato de Sheinbaum.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que se hacen revisiones periódicas en materia de seguridad en la entidad, por lo que en Guanajuato la finalidad es incrementar las operaciones, revisar la estrategia de seguridad e identificar en qué ayudará la Federación al estado.
Por su parte, García Muñoz Ledo indicó que algunos de los acuerdos alcanzados en la reunión regional fueron:
Fortalecer las mesas de operación, judicialización e inteligencia entre los estados participantes.
Reforzar los operativos regionales coordinados entre entidades federativas.
Atender de manera prioritaria el delito de extorsión, en alineación con el nuevo plan nacional.
Asimismo, destacó que actualmente, Guanajuato tiene a la policía estatal mejor pagada de México, con un sueldo mensual bruto de 28 mil 502 pesos, como parte del compromiso con la dignificación del servicio público en seguridad.
“Hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para garantizar la paz de Guanajuato (...) Estoy segura de que unidos (con el Federal) somos más fuertes. En Guanajuato estamos listos para seguir construyendo ese estado seguro que todas y todos queremos", expresó la gobernadora local.
Por: Draco Draculon lunes, julio 21, 2025/Comentarios: 0Guanajuato,
Nacional
Corren a funcionaria de Celaya que le dijo “a mí me cuesta 2 mil pesos que te desaparezcan” a un ciudadano. El alcalde morenista se deslinda.
Las imágenes de una funcionaria del sistema de aguas de Celaya, Guanajuato, amenazando de muerte a un ciudadano, se volvieron virales este lunes, por lo que las autoridades tomaron cartas en el asunto e iniciaron el proceso para dar de baja a la agresora.
“A mí me cuesta 2 mil pesos que te desaparezcan”, dijo la funcionaria de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Jumapa) de Celaya, Guanajuato, al amenazar a un ciudadano en un negocio.
La Jumapa informó que ya inició un proceso para dar de baja a la servidora pública, bajo el argumento de que no tolerará ningún tipo de violencia o intimidación por parte de su personal.
En Celaya, Guanajuato, el organismo encargado del sistema de agua y alcantarillado es la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya (Jumapa), un organismo descentralizado de la administración pública municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de prestar los servicios de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento.
No obstante, forma parte de la estructura del gobierno municipal.
“A mí me cuestan dos mil pesos que te desaparezcan”: Nuncionaria municipal de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Jumapa) de Celaya, Guanajuato, amenaza a un ciudadano.
La Jumapa informó que ya inició un proceso para dar de baja a la servidora pública, bajo el… pic.twitter.com/B8a5wzaNQ9
De acuerdo con El Sol del Bajío, en palabras del presidente municipal, Juan Miguel Ramírez Sánchez (de origen morenista), la funcionaria agresora, de quien no se ha proporcionado nombre, fue despedida desde el viernes.
“¿Cómo vas a desaparecer a una persona con 2 mil pesos? eso es una súper amenaza, nosotros ya la dimos de baja, no venía con nosotros, era de las anteriores administraciones”, dijo el alcalde.
Mientras que Saúl Trejo Fuentes, director de la Jumapa, señaló que la ahora exempleada ingresó en 2022 en el departamento de atención al cliente. Desconoció si la situación se judicializará y agregó que el afectado es hijo de un exalcalde y hermano de una exdiputada del PAN.
La denuncia fue presentada ante las instancias correspondientes después de que un video donde se escucha la amenaza se viralizara en redes sociales.
Una funcionaria pública de Celaya está siendo investigada por autoridades locales luego de que presuntamente amenazara con desaparecer a un hombre a cambio de 2 mil pesos.
Medios locales reportan que la denuncia fue presentada ante las instancias correspondientes después de que un video donde se escucha la amenaza se viralizara en redes sociales.
En el audio, la mujer señala que con una cantidad económica específica podría hacer desaparecer a la persona, lo que generó la apertura de una carpeta de investigación por posibles delitos de amenazas e intimidación.
Se reporta que instancias judiciales y de seguridad han iniciado procesos para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades legales.
La identidad de la funcionaria y el afectado no han sido reveladas debido a protocolos de privacidad y seguridad.
Un video muestra el momento exacto en el que ocurrió la agresión sobre la sede de Seguridad Pública en la calle Juan Pablo Segundo de la colonia Lázaro Cárdenas, alrededor de las 8:14 de la mañana.
Artefactos explosivos fueron lanzados por la mañana del viernes 11 a la sede de la Secretaría de Seguridad Pública de Uriangato, municipio del sur del estado, desde un dron que fue operado para sobrevolar dichas instalaciones.
El gobierno municipal presidido por Juan Carlos Martínez Calderón, del PVEM, señaló que se lanzó un artefacto y aseguró que no se reportan elementos lesionados ni daños en las instalaciones.
Pero otra versión al interior del propio municipio refiere que en realidad fueron dos los artefactos explosivos lanzados a las instalaciones, y que las esquirlas de uno de ellos sí alcanzaron a un elemento de la preventiva, que sufrió lesiones leves.
Este ataque sería investigado como un acto terrorista, señalaron fuentes del municipio.
“Durante el pase de lista se detectó el sobrevuelo de un dron que habría liberado un artefacto explosivo de bajo poder”, indicó el gobierno uriangatense en un comunicado.
Un video muestra el momento exacto en el que ocurrió la agresión sobre la sede de Seguridad Pública en la calle Juan Pablo Segundo de la colonia Lázaro Cárdenas, alrededor de las 8:14 de la mañana. Se observa una vista del patio del inmueble, mientras algunos elementos de Policía municipal permanecen resguardados bajo un techo y miran hacia el cielo.
Instantes después, se ve cómo un artefacto cae al área del patio y detona.
Fuentes del municipio señalaron que un segundo artefacto fue lanzado cerca del área de estacionamiento de las camionetas de la corporación, y al detonar en el suelo, las esquirlas alcanzaron a un policía, quien sufrió algunas lesiones que no ponen en peligro su vida.
Los artefactos eran de fabricación casera, según se indicó.
El municipio indicó que de inmediato se activaron los protocolos de seguridad y que elementos de fuerzas estatales de la Secretaría de Seguridad, así como federales, se presentaron para resguardar las instalaciones.
“Es importante destacar que el evento no fue de gran magnitud, pero está siendo atendido con la debida seriedad y coordinación”, dice el comunicado del municipio.
En noviembre del año pasado, la hermana del presidente municipal fue víctima de una agresión armada en la cual resultó herida de un disparo cuando caminaba por una calle de la ciudad. El municipio señaló que se trató de un intento de asalto.
Testigos indicaron a las autoridades que un grupo de hombres armados llegó hasta las canchas del Parque Ecológico de este municipio y dispararon en varias ocasiones, de manera directa, contra el funcionario y posteriormente huyeron.
El secretario del Ayuntamiento de Apaseo el Alto, Guanajuato, Ignacio Alejandro Roaro Aguilar, fue asesinado a balazos este sábado cuando participaba en un partido de basquetbol.
En un comunicado, el gobierno municipal condenó enérgicamente “el artero, vil y cobarde ataque ocurrido (…) en el que perdió la vida nuestro compañero y amigo, el Secretario del Ayuntamiento, Ignacio Alejandro Roaro Aguilar”.
Nos unimos al inconmensurable y profundo dolor de su familia, a quienes expresamos nuestro más sentido pésame y todo nuestro respaldo institucional y humano. Para nosotros este dolor no tiene nombre.
Según las primeras versiones, el ataque armado, que además dejó a otra persona gravemente herida, ocurrió durante un encuentro deportivo en el que el funcionario era parte de uno de los equipos.
Testigos indicaron a las autoridades que un grupo de hombres armados llegó hasta las canchas del Parque Ecológico de este municipio y dispararon en varias ocasiones, de manera directa, contra el funcionario y posteriormente huyeron.
En el comunicado, el gobierno municipal señaló que el hecho “enluta a toda la administración municipal y a nuestra comunidad” y que la víctima era “un servidor público ejemplar, comprometido con la legalidad, el servicio y el bienestar de Apaseo el Alto. Un ser humano honesto, recto y entrañable amigo”.
Agregó que en establecieron contacto con la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato, la Fiscalía General del Estado y las Fuerzas Federales para reforzar la seguridad en la zona al tiempo que “ya realizan las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de este cobarde acto” y que el crimen no quedará impune.
En otro comunicado, la Secretaría de Seguridad y Paz condenó el homicidio y consideró que “este cobarde atentado representa una afrenta directa contra las instituciones”.
“Las primeras investigaciones apuntan a que este hecho podría estar vinculado como represalia a una reciente detención relevante realizada por la Policía municipal, como parte de los esfuerzos y el gran compromiso del gobierno municipal para debilitar estructuras delictivas”, añadió la secretaría.
A finales de mayo pasado, 11 agentes de la Guardia Nacional fueron detenidos por policías municipales de Apaseo el Alto, señalados como presuntos responsables de la extracción ilegal de combustible.
Guanajuato es el segundo en México con mayor cantidad de tomas clandestinas de combustible y el municipio Apaseo el Alto es uno de los ocho en el estado en los que se registra esta actividad ilegal.
El 19 de junio, José Juan fue retenido y subido junto con su motocicleta a una camioneta con logos del Ejército ante los ojos de su papá. Desde entonces no se sabe su paradero.
Elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía del estado son señalados como presuntos responsables de la desaparición forzada de un adolescente de 14 años, al que se llevaron después de que aparentemente acudieron a ejecutar un cateo en una vivienda en Valle de Santiago el 19 de junio, y de quien no se sabe su paradero desde entonces.
José Juan Arias Solís fue retenido y subido junto con su motocicleta a una camioneta con logos del Ejército ante los ojos de su papá. El hombre estaba en la azotea de su casa en la colonia Ranchos Unidos; escuchó los gritos de su hijo, quien llegó al exterior de la casa cuando vio llegar las patrullas con los elementos, a las 11:30 de la mañana de ese día, y según contó, vio cómo lo sometían, lo golpeaban y después se lo llevaban, sin que haya podido localizarlo desde ese momento.
Los elementos acudieron en vehículos oficiales, camionetas de la GN y vehículos del Ejército y de la AIC, de los cuales por lo menos de uno se cuenta con el número, además de que hay una cámara del C4 cerca de la casa, informó el abogado José Luis Miranda, asesor jurídico de la familia del adolescente.
Miranda indicó que ya se interpuso un amparo que fue admitido por la titular del Juzgado Noveno de Distrito en Irapuato, Karla Macías Lovera, para requerir a las autoridades involucradas la información, búsqueda y ubicación del muchacho.
La jueza Macías ha llevado varios casos similares en el estado, por los que ha requerido e incluso sancionado al Ejército ante reportes de desaparición de personas y su posible responsabilidad.
“Él (el papá del menor) estaba en la azotea dándole de comer a los perros, escucha a su hijo gritar, quiere salir, se lo impiden (los agentes); a las 4 de la tarde se presenta un supuesto agente del ministerio público; se llevan al papá a la fiscalía, no le imputan ningún delito, es liberado a las 10:30 de la noche”, detalló.
Aunque desde ese día los padres de José Juan preguntaron en la Fiscalía si había alguna acusación contra su hijo o si se encontraba detenido y en dónde, no hubo respuestas.
Los militares y la AIC incluso se llevaron la motocicleta de José Juan en una de las patrullas. El funcionario de la Fiscalía estatal que se presentó en la casa dijo que efectivamente se trataba de un cateo; se trata de una persona adscrita a la oficina de la FGE en Valle de Santiago, que se negó a proporcionar su nombre y cargo al papá de José Juan, dijo el abogado.
Omisiones y sospechas
A pesar de la denuncia por la desaparición, fue hasta el 30 de junio cuando se emitió la ficha de búsqueda por la propia Fiscalía estatal.
Al día siguiente, la carpeta de investigación pasó a manos de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Irapuato.
El asesor jurídico explicó que la Fiscalía estatal tampoco ha informado sobre el motivo del supuesto cateo, que fue realizado cerca del mediodía del 19 de junio en el domicilio de la familia de José Juan, ubicado en la colonia Ranchos Unidos de Valle de Santiago, al sur del estado.
“No tenemos evidencia de que haya una diligencia en alguna carpeta de investigación”, sostuvo. “Pedimos a la fiscalía que solicite información sobre si hay otra carpeta de investigación que justifique el supuesto cateo o fue una diligencia fuera de la ley”.
El abogado precisó que en caso de que José Juan hubiera sido detenido, tendrían que haberlo remitido a una fiscalía especializada en justicia para menores, pero hoy en día no hay noticia de su paradero. “Conforme pasa el tiempo es más preocupante”.
Mediante el amparo interpuesto, dijo el asesor jurídico, se exige la localización inmediata de José Juan, que la Guardia Nacional, el Ejército y la AIC proporcionen los nombres de los elementos involucrados, el acceso a los videos del C4 y la geolocalización con ayuda del teléfono celular que tenía el menor cuando se lo llevaron.
Miranda dijo que hay algunos elementos de prueba que ya fueron entregados a la Fiscalía, con datos de las patrullas.
José Juan es estudiante de secundaria; fuera de sus clases, ayuda a sus papás en el taller mecánico a cargo de su padre y en un comercio que atiende su mamá.
“Suponiendo que estuviera en malos pasos, la autoridad de todos modos debe responder qué pasó con él”, demandó el asesor de la familia.
Claudia Sheinbaum dio a conocer que ya "se está haciendo la investigación" del "homicidio múltiple" que tuvo lugar en la celebración de las Fiestas de San Juan de Irapuato.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló la mañana de este miércoles que la masacre de anoche en Irapuato, Guanajuato, que dejó 10 muertos fue por un enfrentamiento, en el que "lamentablemente fallecieron niños".
"En este caso en realidad fue un enfrentamiento, pero lamentablemente fallecieron niños. Entonces es muy lamentable lo que ocurrió", dijo al ser cuestionada por el ataque que se registró durante la celebración de una fiesta patronal en esa entidad.
En su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo aseguró que ya "se está haciendo la investigación" del caso, y que continuará el trabajo conjunto con Libia Dennise García, Gobernadora de Guanajuato.
"Se va a seguir trabajando en conjunto con la Gobernadora y hasta donde se puede trabajar conjuntamente, y también las fuerzas federales haciendo su trabajo", agregó.
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum adelantó que más tarde el Gabinete de Seguridad dará a conocer información de este "lamentable homicidio múltiple" que ya "está en investigación".
Aunque destacó que "vienen disminuyendo los homicidios en Guanajuato", ayer por la noche hubo una masacre en la celebración de las Fiestas de San Juan en la colonia Barrio Nuevo, ubicada en Irapuato, la cual tuvo un saldo preliminar de 10 muertos y varios heridos.
Los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas del martes.
Trascendió que sujetos armados arribaron a la calle Bustamante, donde había un baile, y abrieron fuego contra las personas que ahí se encontraban.
Vecinos se comunicaron a la Central de Emergencias 9-11 para reportar detonaciones de arma de fuego y solicitar la intervención de los cuerpos de emergencia.
A través de redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó el reporte.
Enseguida, los elementos de la Policía Municipal se desplazaron al lugar, donde encontraron a personas que presentaron impacto por arma de fuego.
Algunos heridos fueron trasladados al hospital en vehículos particulares, otros recibieron los primeros auxilios por parte de paramédicos que llegaron a la zona. Esto, mientras que elementos de Tránsito Municipal bloquearon un tramo de la calle Guadalupe Victoria, desde Casimiro Liceaga a Torres Landa.
El área se mantuvo delimitada por los uniformados que notificaron lo sucedido a los agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes se harían cargo de levantar indicios para iniciar con las investigaciones.
Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de Ley.
— Secretaría de Seguridad Ciudadana 👮🏻♀️ (@segpublicaira) June 25, 2025
Al respecto, el Gobierno Municipal emitió un comunicado para lamentar y condenar los hechos; además de informar la puesta en marcha de un operativo de búsqueda de los presuntos responsables.
Se detalló que en el operativo trabajan elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Guardia Nacional (GN), y de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE).
Al menos diez personas fueron asesinadas y 12 resultaron heridas, durante un ataque armado registrado, alrededor de las 23:20 horas del martes 24 de junio de 2025, en una fiesta patronal de San Juan Bautista, en un domicilio ubicado en la calle Bustamante, colonia Barrio Nuevo, en Irapuato, Guanajuato, según lo confirmaron la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato (SSCG) y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE).
Las detonaciones ocurrieron mientras hombres, mujeres, niños y ancianos, se encontraban reunidos en la celebración religiosa. Según información preliminar, reportada por medios locales, las víctimas fueron alcanzadas por proyectiles de arma de fuego en el interior del inmueble.
Entre las víctimas fatales se encontraban hombres, mujeres y un menor de edad, mientras que los heridos incluyeron a un niño de dos años, quien recibió un disparo en el ojo y fue trasladado a un hospital.
Tras la emergencia, el Gobierno Municipal de Irapuato activó un operativo conjunto en coordinación con la SSCG, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional (GN) y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE). Al sitio arribó personal del Centro de Atención Integral a Víctimas (CAIV), que brindó apoyo psicológico, asesoramiento jurídico y acompañamiento a los familiares de las víctimas, además de orientación para la presentación de denuncias ante la FGE.
Videos difundidos en redes sociales mostraron a los asistentes disfrutando de la celebración momentos antes del ataque. En las imágenes se escucharon múltiples detonaciones, lo que provocó confusión y pánico entre los presentes, quienes buscaron refugio al percatarse de los disparos.
La FGE inició la investigación correspondiente respecto a los hechos. Peritos del Servicio Médico Forense (SEMEFO) continuaban con el levantamiento de los cuerpos hasta la madrugada del 25 de junio de 2025.
El Gobierno Municipal condenó el ataque y reiteró su compromiso de esclarecer el caso y garantizar que los responsables rindan cuentas ante la justicia. Las autoridades informaron que no habrá retrocesos en los esfuerzos por devolver la tranquilidad a la región.
Esta sería la masacre número 17 registrada en el estado de Guanajuato, en lo que va de 2025, según datos oficiales. Sin embargo, hasta el momento, Libia Dennise García Muñoz, militante del Partido Acción Nacional (PAN) y gobernadora desde el 26 de septiembre de 2024, no se ha pronunciado al respecto.
De acuerdo con la togada, quien ha sido crítica con la reforma al Poder Judicial desde sus redes sociales, ocho hombres armados entraron a casa de su madre, por lo que decidió dejar de publicar en las plataformas, por seguridad de su familia.
La jueza federal en Guanajuato, Reyna Rodríguez López denunció a través de sus redes sociales que hombres armados irrumpieron en el domicilio de su madre, por lo que anunció que dejará de publicar sus opiniones por motivos de seguridad.
La jueza, titular del Cuarto Tribuna Laboral Federal de Asuntos Individuales con sede en Guanajuato, ha sido crítica de la reforma judicial y la elección impulsada por la 4T, misma que ha rechazado de manera pública, e incluso pidió no ser considerada para continuar en su cargo hasta el 2027 (luego de que salió favorecida con esa posibilidad) y retirarse en este año, al señalar “no seré mandadera de nadie”.
En una publicación que hizo en octubre de 2024, Rodríguez López señaló, a propósito de la reforma judicial: “Este gobierno no tiene escrúpulos, ni alma, hablan desde la mentira y pretende que nos quedemos sentados, callados, viendo como realizan sus actos atroces”. Ha calificado la elección como “una farsa”.
El domingo 15 de junio, en la misma red, la jueza informó sobre la irrupción del grupo armado: “Más de 8 hombres armados entraron a casa de mi mamá. Voy a dejar de publicar por un tiempo, por ella y por mi familia”, dice el mensaje, que tuvo cientos de comentarios y miles de reacciones.
Más de 8 hombres armados entraron a casa de mi mamá.
Voy a dejar de publicar por un tiempo, por ella y por mi familia.
Al respecto, la Asociación Mexicana de Juzgadoras difundió un pronunciamiento de respaldo a la jueza, y expresó su indignación y preocupación “ante el cobarde ataque de que fue víctima” su familia, aunque sin referir el nombre, pero precisando que se trató de hechos que ocurrieron el fin de semana en territorio nacional.
Exigieron a las autoridades federales y de Guanajuato investigar lo sucedido y otorgar medidas de protección a la jueza y a su familia, además de que dijeron que esperan que lo ocurrido “no sea un acto de represalia o persecución” por su postura crítica frente a la reforma judicial.
Por ello, pidieron que esta posibilidad sea una línea de investigación a considerar por las autoridades, ante “los ataques sistemáticos al Poder Judicial en los últimos meses”.
“Se trata de un atentado inadmisible que vulnera no sólo la seguridad de una servidora pública y su núcleo más íntimo, sino también el principio de protección del Estado de derecho que debe garantizar la vida y la integridad de quienes imparten justicia”, señalaron.
La asociación señaló que, a pesar de que la juzgadora y su familia no sufrieron algún daño físico, la agresión evidencia “el alarmante nivel de violencia al que están expuestas las juezas en ejercicio de su función”.
Además, pidieron establecer un protocolo especializado de seguridad para mujeres juzgadoras en riesgo, y esclarecer los motivos del ataque, sobre cuya investigación estarán muy atentas y en alerta, aseguraron.
Don Panchito, padre buscador, fue privado de la libertad por sujetos armados en su propio domicilio en Irapuato, mientras que su hijo Jaime fue asesinado.
En Irapuato, Guanajuato, sujetos armados ingresaron al domicilio de José Francisco Arias, conocido como Don Panchito y padre buscador en activo del colectivo Hasta Encontrarte, a quien privaron de la libertad mientras que a su hijo Jaime González Vázquez, de 27 años, lo asesinaron.
“Desaparecieron a un buscador (…) y antes de desaparecerlo matan a su hijo. Exigimos a las autoridades buscarlo con vida. Ni un buscador más!!!!” (sic), escribió el colectivo en su página de Facebook tras los hechos ocurridos la noche de este lunes 9 de junio.
Viviana Mendoza, integrante de Hasta Encontrarte, relató a Animal Político que alrededor de las 20:00 horas de este lunes la señora Eva María Vázquez Flores, esposa de Don Panchito y también parte del colectivo, se comunicó en el grupo de WhatsApp de la agrupación para informarles que su esposo había sido secuestrado y su hijo asesinado.
Ante esto, los integrantes del colectivo se trasladaron al lugar de los hechos, en la colonia Álvaro Obregón, en donde la señora Eva les relató que se encontraba con su esposo viendo la televisión cuando sujetos armados ingresaron a la fuerza y los colocaron boca abajo, por lo que no pudo ver en qué momento mataron a su hijo Jaime, quien se encontraba en la parte de arriba de la casa, y solo presenció cuando se llevaron a su esposo.
De acuerdo con Viviana, el señor José Francisco no les había comunicado haber recibido amenazas o que sintiera algún tipo de riesgo. “No logramos entender porqué lo privaron de la libertad y porqué asesinaron a su hijo”, añadió.
La privación de la libertad del padre buscador y su hijo en Irapuato fue condenada por organizaciones en defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión como Amnistía Internacional, Artículo 19 y la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, las cuales, al igual que el colectivo, exigieron su localización con vida, así como seguridad para personas buscadoras y el cese de agresiones en su contra.
“Que la gente sepa que buscar y ser parte de un colectivo no es fácil, es vivir con miedo de que te maten todos los días por buscar a un ser querido. Y en ese camino uno va creando un lazo de hermandad (…) Todas las del colectivo volvimos a sufrir la desaparición de un familiar (por el secuestro de Don Panchito)”, señala Viviana Mendoza.
Si bien la Fiscalía estatal inició con las investigaciones correspondientes, hasta el momento de la publicación de esta nota no ha emitido un pronunciamiento al respecto.
En tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato únicamente realizó una publicación en redes en la que informa que “a través del Centro de Atención Integral a Víctimas (CAIV) difundimos en sitios públicos las Fichas de Búsqueda de Irapuatenses”, esto sin mencionar el caso específico de Don Panchito pero en las fotos se ve a una funcionaria colocando su ficha de búsqueda en paredes.
Cabe destacar que José Francisco y Eva María buscan a su hijo Miguel Ángel González Vázquez, desaparecido el 20 de enero de 2022, y localizado sin vida en febrero de 2023, pero como la Fiscalía sólo restituyó fragmentos del cuerpo, ellos decidieron continuar en la búsqueda así como apoyar en el rastreo de otras víctimas de desaparición y participar en marchas.
Agresiones contra personas buscadoras en México
En los últimos 13 años se han registrado 26 casos de asesinato, feminicidio o desaparición de familiares de personas desaparecidas en el país, para un promedio de dos cada año.
Noe Sandoval, Lorenza Cano, Lucero Berenice, Teresa Magueyal y Blanca Esmeralda son algunos de los buscadores que fueron ultimados o desaparecidos, y a pesar de que ya habían recibido amenazas o habían sido víctimas de agresiones, no recibieron una protección o ésta fue insuficiente para salvaguardar su integridad.
Ante esta situación, en febrero de 2024 familiares y colectivos pidieron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir al Estado mexicano medidas de protección y seguridad para personas buscadoras ante el incremento de amenazas y asesinatos en su contra.
Como parte de esa exposición, el activista Raymundo Sandoval apuntó que la Plataforma por la Paz y la Justicia ha registrado desde 2010 el asesinato de más de 20 personas buscadoras, 15 de ellas durante el sexenio de Andrés Manuel Lópe Obrador. Después, la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU agregó que de 2019 a la fecha, el organismo tiene documentados al menos nueve casos de mujeres asesinadas como posible represalía a la búsqueda.
Lorena Jaqueline Morales fue encontrada muerta dentro de una maleta en un predio ubicado en el tramo de la carretera al municipio de San Felipe en Guanajuato. Hay una persona detenida.
El pasado martes 3 de junio se confirmó el hallazgo del cuerpo de Lorena Jaqueline Morales Valencia, de 28 años de edad, quien desde el 22 de mayo fue reportada como desaparecida en León, Guanajuato.
En sus redes sociales el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (IMUG) lamentó profundamente el feminicidio de Lorena Jacqueline, “que nos llena de dolor y profunda consternación”. En un comunicado aseguraron que en Guanajuato hay “cero tolerancia” ante la violencia contra las mujeres y dijeron que confiaban en el trabajo de la Fiscalía para esclarecer el caso.
Un día después de localizar su cuerpo, se hicieron públicas grabaciones de video en las que Juan Antonio “N” —el presunto feminicida y jefe de Jaqueline—, carga lo que parece ser un cuerpo humano envuelto en plástico y después, sale de lo que sería su casa con una pesada maleta en el conjunto habitacional de la colonia Valle del Campestre.
De acuerdo con los testimonios de la familia, Juan Antonio “N” acosaba y seguía en ocasiones a la joven y por eso ella creía que cambiando de trabajo, él la dejaría de molestar.
Aunque aún no hay un pronunciamiento oficial por parte de la Fiscalía General del Estado sobre el feminicidio de Lorena Jaqueline, autoridades locales confirmaron la detención de Juan Antonio “N”, quien ya se encuentra a disposición de la dependencia estatal.
La desaparición
Lorena Jaqueline fue reportada como desaparecida el pasado 22 de mayo, cuando no volvió a su casa, después de salir a buscar trabajo. Su familia contó que esperaban que llegara cerca de las 19:00 horas, pero no fue así, por lo que al día siguiente, su madre y su tía fueron a la Fiscalía para reportarla como desaparecida.
De acuerdo con sus testimonios, la joven tenía vinculado su teléfono celular al de su tía, y su ubicación comprobó que se encontraba en la dirección donde vivía su presunto agresor. Debido a esto, la familia confrontó a Juan Antonio “N” sobre el paradero de Jaqueline pero sin obtener respuestas, ni de la Fiscalía que aunque activó el Protocolo Alba, no realizó acciones de búsqueda, según la denuncia de los familiares.
Ante la desesperación, llenaron la zona cercana a la casa del presunto agresor con los volantes de su ficha de desaparición y su fotografía. Según el medio AM de Guanajuato, el cuerpo de Lorena ya tenía ocho días en el Semefo, pero la investigación se hizo hasta que salió el video de Juan Antonio “N”en redes sociales.
Un documento de la Fiscalía estatal asegura que en lo que va de este 2025 la entidad tiene el registro de siete feminicidios, y que los municipios con mayor incidencia de este delito son León, Celaya, Irapuato, Salamanca, Silao y Guanajuato, con la mayor incidencia arrojando un 59.36 por ciento de la totalidad de los casos.
De último momento, la diputada del PVEM, Luz Itzel Mendo González, anunció que cambiaría su decisión, por lo que se sumó al voto panista y perredista. Guanajuato es uno de los estados con leyes más restrictivas en el país en torno al aborto.
El Congreso de Guanajuato rechazó la despenalización del aborto. La iniciativa no consiguió la mayoría de votos en la sesión de este jueves, luego de que la semana pasada se registrara un empate.
De último momento, la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luz Itzel Mendo González, anunció que cambiaría su decisión, por lo que se sumó al voto panista y perredista. De esta manera se alcanzaron 19 votos a favor de mantener la penalización del aborto y se registraron 17 en contra.
La decisión de la legisladora desató un fuerte caos en el pleno: colectivos feministas le gritaban “¡pinche vendida, pinche vendida!”, mientras que grupos en contra de la despenalización del aborto le aplaudían y ovacionaban.
“Hablé con mujeres compañeras, hablé con mi conciencia y hoy he cambiado de opinión (…) “No soy ninguna vendida, hoy votaré a favor del dictamen”, dijo.
Insistió en que no estaba de acuerdo con que el aborto sea tratado como un servicio más y que en Guanajuato no hay ninguna mujer encarcelada por aborto, por lo que consideraba que no era necesario quitarlo como delito para proteger a las mujeres.
“Este no es tema de colores partidistas, el Partido Verde Ecologista al cual pertenezco orgullosamente reconoce la libertad de conciencia y en uso de plena libertad hoy defiendo con serenidad mi voto, yo no quiero que las mujeres vayan a prisión pero tampoco quiero que el aborto se imponga como política pública”, expresó Mendo González.
El aborto en Guanajuato
Previo a la discusión, organizaciones civiles hicieron un llamado a resolver el empate de la votación anterior y garantizar los derechos reproductivos de las mujeres; recordaron que el acceso a la interrupción del embarazo es un tema de salud pública, particularmente en un estado que durante 2023 fue la segunda entidad con mayor incidencia de abortos en el país.
En 2023 Guanajuato registró 5 mil 421 abortos, según el Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios de la Secretaría de Salud de México. Mediante este se sabe también que de quienes vivieron esos eventos de salud, el 1.2 % (64) eran niñas de 10 a 24 años, y el 21.1 % (mil 143) tenía entre 15 y 19 años de edad.
Por otro lado, León (27.2 %), Irapuato (10.4 %) y Celaya (7.3 %) fueron los municipios donde hubo mayor incidencia de abortos. Del total registrado en el estado, 3 mil 065 (56.6 %) se realizaron mediante legrado uterino instrumental.
Guanajuato es uno de los estados con leyes en torno al aborto más restrictivas en el país, pues lo permite solo en casos de violación y riesgo a la vida, por lo que no permite que las mujeres guanajuatenses tengan una vida reproductiva libre de estigma y con respeto a su autonomía reproductiva.
Diputados a favor y en contra de la despenalización del aborto
Durante su intervención, la diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Alicia Pedroza Orozco, destacó que la despenalización del aborto no es un asunto ideológico, sino que tiene que ver con la salud pública y con los derechos de las mujeres.
“Es un asunto de salud pública, no ideológico (…) La penalización mata en silencio, mata con miedo”.
“¿Quiénes somos nosotros para imponer? ¿Quiénes somos nosotros para obligar a una mujer a tener un destino que no eligió?”, dijo frente al pleno al enfatizar que es falso que en Guanajuato ya no se criminaliza a las mujeres que abortan.
Asimismo, destacó que de archivarse la iniciativa, las mujeres no van a olvidar. “Será una traición con nombre y apellido, y el costo será alto porque ya no estamos en el siglo pasado y esta generación está presente”, advirtió.
Recordó que ya existe un amparo en trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que podría obligar al Congreso de Guanajuato a despenalizar el aborto.
Por el contrario, el diputado del PAN, Jorge Espadas, reafirmó su postura en contra de la despenalización del aborto. “Abortar es matar. Este tema tiene que ver con la vida, y el PAN no vino aquí a debatir sobre la vida, vino a defenderla”, enfatizó.
“Las y los diputados hicimos campaña, registramos una plataforma legislativa, y ahí establecimos el compromiso con cada elector, con cada mujer y hombre: vamos a defender la vida desde la concepción. Hoy estamos cumpliendo con los ciudadanos”, afirmó.
En tanto, la diputada panista Jared González respaldó al legislador y destacó su postura en “defensa de la vida desde la concepción”, e insistió en que despenalizar el aborto significaría desproteger a las mujeres del estado.
Un juez absolvió a los policías, pues la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato (FGE) no pudo comprobar que presuntamente los hayan entregado a un grupo criminal, ni que los hayan amenazado.
Cuatro policías de Romita, Guanajuato, fueron liberados tras haber sido acusados de desaparición forzada y homicidio del matrimonio conformado por Daniela Castro y Juan Pablo Vargas, de 27 y 25 años, y de Carlos Esteban Rocha Anguiano de 25.
El pasado 11 de enero de este año, el juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Oralidad de la Segunda Región del Estado, Alfonso Israel Valdez Alvarado, liberó a cuatro expolicías de Romita que habían sido acusados por el delito de desaparición forzada, incluido el entonces director de Policía de dicho municipio, pues la Fiscalía no pudo sostener mediante pruebas que existieron amenazas previas y que las personas detenidas fueron entregadas a un grupo delincuencial.
Los cuerpos de los jóvenes fueron encontrados en una fosa clandestina el pasado 23 de febrero de 2023, en la zona de El Escoplo, en el Rancho El Refugio.
Caso de los jóvenes en Romita, Guanajuato
De acuerdo con la Plataforma por la Paz y Justicia de Guanajuato, el 19 de febrero de 2023 a las 19:00 horas, las víctimas viajaban en un automóvil, cuando colisionó con otro que se encontraba estacionado en la calle. Al lugar de los hechos arribaron agentes de la policía vial para proporcionar asistencia, pero la víctima refiere al oficial que ya se están arreglando con los propietarios del vehículo y que su presencia no es necesaria.
“Posteriormente por un grupo de Whats App, el comisionario de Seguridad Pública de Romita es informado del suceso. Momentos después el mismo comisionado arriba al lugar y procede a detener a la víctima que conducía el vehículo en estado de ebriedad, remitiendo al mismo a la estación de policía de Romita”, señala la plataforma.
Añadió que, en testimonios de los declarantes, el comisionario declaró a la víctima que ya lo estaban buscando y que sería entregado al crimen organizado.
“A la estación de policía arribaron los otros dos ofendidos, con la intención de averiguar qué había ocurrido con la primera víctima. Ambos son detenidos y remitidos a la jueza cívica, pero ninguna de las detenciones es registrada en el Sistema Nacional de Detenciones, es archivada de manera física”, indicó.
Detalló que a las 23:00 horas de ese mismo día, arribó hasta las instalaciones de Seguridad Pública un vehículo de motor del cual descendieron varias personas y uno de ellos se identificó como el hermano de las víctimas, “que está ahí” para pagar la multa
“Pero que prefiere no entrar en las instalaciones”, refiere.
En ese sentido, dicho familiar entregó el dinero de las multas al elemento de la policía municipal y por mandato de una jueza cívica, son “liberados”.
“En esa la madrugada del día 20 de febrero, se presentan a la estación de policía los padres de los afectados, a los cuales se les informa que sus familiares ya fueron liberados por otro pariente. El comisario, al ser cuestionado por los padres asegura que no puede proporcionar más información de los eventos que acontecieron, ni del paradero de sus seres queridos”, aclaró la plataforma.
Según Valdez Alvarado, y que hubiera existido negativa a informar sobre la detención.
Violencia en Guanajuato
El estado del bajío ha sido recrudecido por la violencia en los últimos días, pues la Fiscalía General del Estado (FGE) informó de la localización de 17 cuerpos en fosas clandestinas en una vivienda en la comunidad de Rancho Nuevo del Llanito, en el municipio de Irapuato.
Además, la madrugada del 19 de mayo, se registró un ataque armado en la comunidad de San Bartolo, en el municipio de San Felipe, que dejó como saldo siete muertos, todos del sexo masculino, informó el ayuntamiento.
En ese contexto, Guanajuato se mantiene a la cabeza como el estado más violento: en 2024 registró 3 mil 151 asesinatos y entre enero y abril de este año hubo mil 260, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La entidad junto con Baja California, Estado de México, Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Jalisco, concentran más de la mitad de los homicidios en el país.
La violencia persiste a pesar de que a finales de marzo la gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, dio a conocer que, tras la visita del Gabinete de Seguridad federal, se acordó la creación de dos grupos especializados en materia de seguridad.
El primero de ellos, detalló, es liderado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y se encarga de la ministerialización de las causas penales, esto significa que los operativos tengan como resultado más órdenes de aprehensión y más sentencias condenatorias.
El segundo, el cual es mixto y está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), coordina operaciones especiales, principalmente en los municipios de atención prioritaria, y tiene apoyo del Grupo de Inteligencia Operativa del Estado.
Durante la sesión de vigilancia, que instaló el Consejo local del INE en Guanajuato, se informó del incidente ocurrido alrededor de las 4 de la tarde, dos horas antes de que terminara la jornada de votaciones.
La presencia de un grupo de personas armadas provocó el cierre anticipado de la casilla 2858 básica, ubicada en la comunidad Quiriceo en el municipio de Valle de Santiago.
El paquete con los votos de la elección judicial federal fue trasladado al consejo distrital, con resguardo de elementos de seguridad pública.
Durante la sesión de vigilancia, que instaló el Consejo local del INE en Guanajuato, se informó del incidente ocurrido alrededor de las 4 de la tarde, dos horas antes de que terminara la jornada de votaciones.
El presidente del Consejo local del INE en el estado, Jaime Juárez Jasso, descartó que se tratara de un grupo armado con intención de irrumpir en la elección judicial.
"El tema no tiene que ver con asuntos electorales. Es decir, si fuera un tema de asuntos electorales, hubieran destruido nuestra documentación, la hubieran quemado, la hubieran roto", sostuvo.
Juárez Jasso recordó que la instrucción que recibieron capacitadores y funcionarios de casilla es que no pusieran en riesgo su integridad física, por eso, el presidente de la casilla 2858 decidió cerrar y pedir el apoyo de la fuerza pública para trasladar el paquete.
La comunidad de Quiriceo se ubica a menos de 20 kilómetros de la cabecera municipal.
"Solo fue esa casilla. Las otras casillas han seguido funcionando normalmente y lo que vamos a hacer nada más es que en el trayecto, de ser posible, haya acompañamiento de la fuerza pública, para que nos acompañen y lleguen seguros los paquetes al Consejo Distrital".
En la sesión de vigilancia también se informó que un capacitador del INE tuvo un accidente en el municipio de San Felipe, al volcar el vehículo en el que viajaba. La salud del funcionario del INE se reporta estable.
Jaime Juárez Jasso aceptó que será hasta la mañana del lunes que pudiera conocerse el porcentaje de participación a la elección judicial en Guanajuato, pero en las casillas se vio poca afluencia de ciudadanos.
En el estado se instalaron 3 mil 929 casillas para que 4 millones 910 mil 421 personas puedan emitir su voto.
Gobernadora va a votar para evitar llegada de afines a Morena al PJ
Minutos antes de las 10:00 horas del domingo, llegó a la escuela primaria Justo Sierra, en el municipio de León, la gobernadora panista, Libia García Muñoz Ledo, a votar.
En entrevista, reconoció que las opiniones sobre salir o no a votar al interior del PAN se dividieron, pero ella optó por ir a las urnas por convicción personal.
"No dejemos la decisión en manos de otros. Muchos no querían que se diera la reforma, así me lo han expresado, pero es una reforma que está. El llamado es a que la ciudadanía salga".
Libia García señaló que la decisión de salir a votar la tomó para evitar que perfiles afines a Morena ocupen cargos en el Poder Judicial de la Federación.
"No votar significa, de entrada, que vamos a aceptar lo que otros van a decidir por nosotros. Al final es una elección que se va a definir por quienes venimos a votar, por el nivel tan bajo de participación, quienes participan sí van a tener influencia".
En Guanajuato la elección para cargos en el Poder Judicial local será hasta 2027.
En el parabrisas del taxi fue dejado un mensaje en una cartulina en contra de un mando regional y del fiscal antisecuestros de la Fiscalía General del Estado.
Los cuerpos desmembrados de cuatro hombres y una mujer fueron encontrados en un taxi en el puerto de Acapulco. Y esta mañana una camioneta tipo Urvan de transporte público fue incendiada por hombres armados cerca de la calzada Pie de la Cuesta.
Autoridades informaron que el hallazgo fue reportado al filo de la medianoche del jueves frente a la plaza comercial Caracol, en la colonia Emiliano Zapata, cerca del bulevar Vicente Guerrero.
En ese lugar las corporaciones hallaron abandonado un taxi marca Volkswagen tipo sedan. Dentro de la unidad de servicio público fueron encontrados los cuerpos mutilados de cuatro hombres y una mujer.
En el parabrisas del taxi fue dejado un mensaje en una cartulina en contra de un mando regional y del fiscal antisecuestros de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Este destino turístico continúa padeciendo la violencia criminal que ha alcanzado a trabajadores del transporte público, comerciantes y hasta periodistas.
Durante este 2025 en Acapulco se han registrado 221 asesinatos. De enero a abril en Guerrero se han reportado de manera oficial 492 homicidios.
En tanto, la alcaldesa morenista Abelina López Rodríguez, aspirante a la candidatura a la gubernatura, está enfrascada en una controversia con el senador Félix Salgado, padre de la gobernadora Evelyn Salgado, a través de su empleado el titular de la Auditoría Superior del Estado, Marcos César Paros Peralta Hidalgo.
Este jueves se discutió en el Congreso del Estado la iniciativa para despenalizar el aborto.
Este jueves, en el Congreso de Guanajuato se dio un empate en la votación sobre la despenalización del aborto en la entidad y la iniciativa quedó pendiente, ya que el resultado fue 18 votos a favor y 18 en contra.
Se necesitaba el 50% más un voto de los 36 diputados, donde 11 de Morena, dos de Movimiento Ciudadano, una del Partido del Trabajo y dos legisladores del PRI y dos del PVEM estuvieron a favor de despenalizar el aborto.
Por ello, la discusión se reanudará en la próxima sesión ordinaria, programada para el 5 de junio.
Estos partidos defendieron mantener en la Constitución local el reconocimiento legal de la vida desde la concepción, lo que implica que el aborto siga siendo considerado un delito en Guanajuato.
Según el artículo 201 de la Ley Orgánica del Congreso local, esta votación obliga a posponer la discusión para la próxima sesión ordinaria, programada para el 5 de junio.
El voto determinante fue el de la diputada Rocío Cervantes (PRI) quien rechazó la despenalización del aborto y fue felicitada por diputadas y diputados del PAN tras manifestar su decisión.
Las deliberaciones se desarrollaron en medio de manifestaciones pacíficas de grupos a favor y en contra del aborto, que se concentraron en las inmediaciones del Palacio Legislativo.
Posturas encontradas
El coordinador de la bancada del PAN, Jorge Espadas Galván, afirmó que de aquí a la próxima sesión buscará cabildear con las otras fuerzas opositoras para lograr el desempate y mantener la criminalización del aborto.
Vamos a trabajar todos los días para conseguir los votos que se requieren para aprobar este dictamen.
Durante la discusión, el diputado del PAN, y exgobernador del Estado, Juan Carlos Romero Hicks afirmó que tratados internacionales ratificados por México reconocen el derecho a la vida desde la concepción.
“Mientras más vulnerable es una persona, más merece nuestra atención, cuidado y protección” y sostuvo que el inicio de la vida “no depende de la adhesión de un tribunal” auque todo acto legislativo debe orientarse al bienestar común.
El legislador del PVEM, Sergio Contreras Guerrero, se pronunció en contra de criminalizar a las mujeres.
“El Verde siempre defenderá la vida, pero no podemos criminalizar a las mujeres que tomen esta difícil decisión”; además, dijo que que el Código Penal “es una pistola cargada sobre la cabeza de las mujeres de Guanajuato”, por lo que propuso generar condiciones dignas para prevenir embarazos no deseados.
Por parte de Morena, la diputada María Eugenia García Oliveros defendió la iniciativa al señalar que el aborto forma parte de los derechos sexuales y reproductivos; además de que se deben “garantizar los derechos humanos de las mujeres”.
También recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que el aborto es parte del derecho a la libertad reproductiva.
La Fiscalía de Guanajuato informó que en el inmueble se localizaron los cuerpos de 11 hombres, dos mujeres y cuatro personas con sexo aún por determinar.
Tras el hallazgo de 17 cuerpos en una fosa clandestina en la comunidad Rancho Nuevo del Llanito, en el municipio de Irapuato, el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, reveló que la mayoría de las víctimas fueron asesinadas hace dos meses o menos.
En entrevista, el funcionario estatal destacó que en los trabajos de investigación de la Fiscalía por la desaparición de personas consiguieron que un juez de control concediera una orden de cateo y, al llegar al inmueble ubicado en la calle Santos Degollado, encontraron las bolsas con los cuerpos.
De acuerdo con la última actualización de la Fiscalía del Estado, en el inmueble se localizaron los cuerpos de 11 hombres, dos mujeres y cuatro personas con sexo aún por determinar.
"La información que tenemos es que la temporalidad (de los cuerpos) puede ser de dos meses a la fecha. La Fiscalía está haciendo las investigaciones correspondientes, entiendo que hay cinco personas (identificadas) que tenían ficha de búsqueda que se ha informado a sus familiares", comentó Jorge Jiménez Lona.
A través de un comunicado de prensa, la Fiscalía de Guanajuato confirmó que se identificaron entre los cuerpos a cinco personas que habían sido reportadas como desaparecidas: cuatro hombres y una mujer.
La Fiscalía estatal expuso que el día 22 de mayo obtuvieron la orden de cateo del inmueble y durante las primeras horas del viernes 23 de mayo ingresaron al sitio agentes del Ministerio Público, peritos criminalistas, células de arqueología y antropología forense, binomios K9 y agentes de investigación criminal. La casa se encontraba deshabitada.
Durante el primer día de trabajos, el personal de la Fiscalía localizó 16 cuerpos sin vida en distintas fases de descomposición. También se localizaron cuchillos, machetes, picos, palas, prendas de vestir y calzado.
La revisión al inmueble siguió el sábado 24 de mayo con maquinaria pesada y especialistas en arqueología forense, y mientras se realizaban pozos de prospección encontraron un cadáver en estado de esquelitización parcial, sin que hasta el momento se haya definido el sexo.
"No fue un hallazgo fortuito, sino el resultado de una línea de trabajo sustentada en labores de inteligencia y actos de investigación específicos", señala el comunicado de la Fiscalía de Guanajuato.
Los cuerpos fueron trasladados para su análisis e identificación a los laboratorios forenses de la Fiscalía local.
Los elementos de la Guardia Nacional fueron capturados en flagrancia; usaban patrullas y armas oficiales.
Once elementos de la Guardia Nacional en activo fueron detenidos en Apaseo el Alto, Guanajuato, por su presunta participación en actividades de robo de combustible, o ‘huachicoleo’.
El operativo se realizó la noche del sábado 24 de mayo en la comunidad El Espejo, luego de que una llamada anónima al 911 alertara sobre la presencia de una toma clandestina y movimientos sospechosos en la zona.
De acuerdo con los primeros reportes, los elementos de la Guardia Nacional fueron sorprendidos custodiando un tractocamión conectado a un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), donde se realizaba la extracción ilegal de hidrocarburo.
Los detenidos portaban armas largas y utilizaban patrullas oficiales y una camioneta particular para resguardar el sitio.
Durante la intervención, la policía municipal aseguró nueve fusiles de asalto, dos patrullas oficiales tipo Silverado, una camioneta Nissan Rogue y el tractocamión con autotanque utilizado para el traslado del combustible extraído de manera ilícita.
Al ser cuestionados, uno de los oficiales afirmó que solo estaban “proporcionando seguridad”, pero la inspección reveló la operación de huachicol en flagrancia. Algunos de los efectivos intentaron huir, pero finalmente 11 fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para la investigación correspondiente.
Hasta el momento, la Guardia Nacional no ha emitido un comunicado oficial sobre el incidente hasta el momento.
En el estado de Guanajuato fueron detenidas nueve personas presuntamente relacionadas con el robo de hidrocarburos, tras el cateo de cuatro inmuebles.
Elementos de las fuerzas federales detuvieron este lunes a nueve personas presuntamente relacionadas con el robo de hidrocarburos, tras ejecutar cuatro órdenes de cateo en diversos predios de Guanajuato, según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Las detenciones, de acuerdo con lo revelado por las autoridades en un comunicado, se llevaron a cabo en el municipio de Salamanca, luego de que un Juez de control otorgara las órdenes para intervenir tres inmuebles ubicados en la colonia El Calabozo y uno más en Villa Salamanca 400.
De acuerdo con la SSPC, los predios señalados mantienen una relación con grupos del crimen organizado, toda vez que se almacenaban hidrocarburos de presunta procedencia ilícita.
En los sitios se desplegó un operativo de manera simultánea para cumplimentar las órdenes de cateo. Durante la operación participaron elementos de la SSPC, la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).
Resultado de estas acciones se detuvieron a nueve hombres, se aseguraron dos armas de fuego cortas, un arma de fuego larga, diversos cartuchos, cuatro vehículos, cuatro motocicletas y siete tractocamiones. Además de 11 semirremolques, 24 autotanques, dos bombas de trasvase, tres motores, 12 contenedores, aproximadamente 27 mil litros de asfalto y diversa documentación.
A los detenidos se les informó el motivo de su detención, se les leyeron sus derechos de Ley y junto con lo asegurado fueron presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal. En tanto, los predios fueron sellados y quedaron bajo resguardo policial.
Con estas acciones, las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades locales para construir la paz y llevar tranquilidad a la ciudadanía de todo el país.
