El equipo legal de Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, logró mantener en el limbo la resolución de los litigios contra créditos fiscales por más de 34 mil millones de pesos.

Mediante la tramitación de recursos de reclamación e impedimentos contra cuatro ministros, Elektra logró que la resolución de los litigios permanezca empantanada, lo que puede implicar que, finalmente, sean los nuevos ministros electos por voto popular quienes resuelvan los casos.

El caso se trata de un litigio contra una multa que le fue impuesta por declarar una pérdida fiscal mayor a la que realmente sufrió durante el ejercicio 2012, pues Elektra omitió declarar ingresos acumulables por conceptos de inventario acumulable.

La Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la multa que asciende a 67 millones 165 mil 827 pesos, contra lo cual la empresa tramitó un amparo directo en el que afirmó que fue incorrecto que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le requiriera porque en ese momento Grupo Elektra tenía calidad de sociedad controlada por Grupo Salinas y que, conforme a la ley vigente en 2012, las únicas obligadas a pagar el impuesto consolidado eran las sociedades controladoras, es decir, Grupo Salinas.

El Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa en la Ciudad de México concedió el amparo y declaró que Grupo Elektra tenía razón al afirmar que el SAT debía requerir el pago a Grupo Salinas.

Contra esta sentencia, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tramitó un recurso de revisión en el que afirmó que la interpretación del Colegiado es inconstitucional.

De acuerdo con las listas públicas de la SCJN, el 8 de enero próximo la ministra Batres Guadarrama prevé presentar el caso a sus compañeros en la Segunda Sala.

Conforme al proyecto, la ministra afirmó que no existe un fundamento constitucional o legal que exente a las sociedades controladas, como lo era Grupo Elektra en 2012, de la obligación de comprobar al SAT que ya pagó todos sus impuestos y obligaciones aduaneras, por lo que también puede ser sancionada en caso de que se determine que incurrió en omisiones.

“El legislador no estableció una orden de prelación para fiscalizar a las empresas controladoras en relación con las controladas, sino que refiere que tiene la facultad de llevar a cabo el escrutinio de cualquier contribuyente a fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones, claro está, conforme a las disposiciones legalmente previstas”, señala el proyecto.

“(Es) jurídicamente válido el que la autoridad esté en plena posibilidad de fiscalizar y, en su caso, determinar créditos fiscales directamente a una empresa controlada del grupo, con independencia de que, posteriormente, la empresa controladora lleve a cabo las adecuaciones y declaraciones complementarias que resulten necesarias”.

En consecuencia, si la propuesta es avalada por la Segunda Sala, la multa impuesta a Grupo Elektra quedaría confirmada definitivamente.

Impedimentos contra ministros

Elektra intentó ampliar las causas por las cuales consideró que las ministras, cercanas al gobierno federal, están impedidas para conocer de este amparo, pero la Corte desestimó esta pretensión y contra esta decisión, la empresa tramitó un recurso de reclamación que fue enviado a la ministra Margarita Ríos Farjat.

Debido a que Ríos Farjat fue jefa del SAT designada directamente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en el año 2019, Grupo Elektra también afirmó que está impedida para resolver el recurso de reclamación.

Dicho impedimento fue turnado al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que elabore el proyecto en el que determine si Ríos Farjat está o no impedida.

Se prevé que el proyecto de González Alcántara Carrancá declare que la ministra no pueda resolver la reclamación, pues desde 2020 ya existe un precedente en otro litigio de Grupo Elektra en el que Ríos Farjat fue declarada impedida.

También desde agosto pasado en la ponencia del ministro Pérez Dayán se encuentra pendiente el amparo en revisión 6321/2024 con el que Grupo Elektra busca evitar el pago de un crédito fiscal de 2013 por 33 mil 306 millones 476 mil 349 pesos.

En enero de 2019 el TFJA confirmó la obligación de Grupo Elektra de pagar el millonario monto, por lo que la empresa solicitó un amparo ante el Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa de la Ciudad de México.

En marzo de 2021, dicho tribunal rechazó amparar a la empresa de Salinas Pliego bajo el argumento de que no reúne el criterio de interés excepcional.

De acuerdo con la información obtenida por Proceso, el ministro tenía previsto presentar en octubre pasado su proyecto para desechar el amparo de Grupo Elektra pero, tal como pasó con el amparo que se encuentra en la ponencia de Esquivel Mossa, la empresa tramitó diversos recursos para frenar la discusión.

En este caso los impedimentos no sólo fueron sobre las ministras Esquivel y Batres sino sobre el ponente, Alberto Pérez Dayán y también fueron turnados a Pardo Rebolledo para que la Primera Sala los resuelva.

Grupo Elektra pidió que la Primera Sala no resuelva esos impedimentos, lo que generó que existiera un conflicto competencial entre ambas salas de la Corte próximas a desaparecer con la implementación de la reforma judicial.

De este modo, si la actual conformación de la Corte no logra resolver los impedimentos y recursos de reclamación antes de agosto, es posible que los casos le correspondan a los nuevos ministros que serán electos por voto popular el próximo 1 de junio.

Los accionistas de Grupo Elektra avalaron este viernes cambios relevantes en la compañía, como la designación del nuevo presidente del Consejo de Administración, mientras el fundador de la compañía, Ricardo Salinas Pliego, asumirá un cargo honorario, y lo que se venía anunciando desde hace semanas: la salida del conglomerado de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La Secretaría de Economía (SE) ha solicitado desestimar el arbitraje presentado por inversionistas estadunidenses en contra del Estado mexicano por el caso de su controversia contra TV Azteca.

La dependencia federal fijó la noche de lunes su postura sobre el reclamo de inversionistas del vecino país contra el gobierno mexicano, vía paneles de arbitraje, por la negativa de Ricardo Salinas Pliego para pagar sus adeudos.

Grupo Elektra ha tenido dos malas noticias en menos de 24 horas: primero la calificadora S&P la colocó en grado especulativo al considerar que enfrenta contingencias fiscales que podrían agravarse en los próximos 12 meses y esta mañana la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) informó que suspendió la cotización de sus acciones, un día después de haberla habilitado.

El magnate Ricardo Salinas Pliego aseguró, a las 21:00 horas del 26 de septiembre de 2024, que el presidente Andrés Manuel López Obrador mintió respecto a lo que realmente ocurrió entre ellos, con respecto a los supuestos “impuestos no pagados” por Grupo Elektra, tema para el cual tenían un “pacto” que el mandatario nacional no estaba cumpliendo y por ello decidió demandarlo.

El empresario regiomontano detalló que en distintas revisiones durante los últimos años, las autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT) afirmaron que esas pérdidas no eran deducibles y que debían pagar por ello. Después, en una revisión posterior en 2013, cambiaron de opinión y afirmaron que esas pérdidas sí eran deducibles, pero como la ley cambió, tenían que pagar nuevamente.

La Ministra Loretta Ortiz Ahlf  reveló en una entrevista que a lo largo de su carrera como funcionaria pública, diversas personas se han acercado a ella con la intención de cometer actos de corrupción y destacó un episodio reciente con gente de Grupo Salinas, los cuales pretendían manejar su imagen en un momento en el que la Suprema Corte estaba resolviendo un caso de impuestos de la firma.

Dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propondrán desechar los amparos con los que Grupo Elektra busca evitar el pago de créditos fiscales que suman más de 34 mil millones de pesos.

De acuerdo con las listas judiciales el próximo 2 y 9 de octubre, los amparos de Elektra serán discutidos por la Segunda Sala.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicitó a la Suprema Corte de Justicia desechar por improcedentes los dos recursos de Grupo Elektra para evitar pagar créditos fiscales de 34 mil 737 millones de pesos. Las reclamaciones fueron turnadas este viernes al Ministro Alberto Pérez Dayán para que elabore los proyectos.

De acuerdo con el recurso de reclamación número 540/2024, las revisiones de Elektra no debieron ser admitidas, ya que no hay temas novedosos sobre interpretación Constitucional que ameriten la intervención de la Corte.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa afirmó que ya tenía realizado su proyecto de resolución del recurso de revisión con el que Elektra busca evitar el pago de un crédito fiscal por mil 431 millones 466 mil 606 pesos.

Sin embargo, el caso no podrá ser discutido este miércoles debido a que el Pleno de la Corte acordó suspender labores, por lo menos hasta el próximo lunes, luego de que sus trabajadores se fueron a paro.

López Obrador aseguró que, ante esta situación, lo que procedería sería denunciar a la Ministra presidenta de la SCJN y pedir juicio político, pero sería un escándalo y acusarían a su Gobierno de persecución.

La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández admitió a trámite un recurso de revisión presentado por Elektra contra un crédito fiscal de mil 431 millones de pesos.

De acuerdo con las listas de la Corte, Norma Piña ordenó enviar el expediente a la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, para que ésta analice el caso y en los próximos meses presente su proyecto de resolución a la Segunda Sala del Máximo Tribunal.

La CNBV aseguró que la sanción aplicada contra Salinas Pliego fue en su carácter de miembro del consejo de administración de Grupo Elektra, debido a las irregularidades detectadas en 2019.

Un tribunal federal confirmó este jueves que Elektra, empresa de Ricardo Salinas Pliego, tiene un adeudo de 18 mil 455 millones de pesos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó Reforma.

De acuerdo con el medio de circulación nacional, el fallo lo dio el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, el cual, con una votación de dos contra uno, se negó a otorgar un amparo directo contra una sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ganó ayer un juicio contra Grupo Elektra por los adeudos que tiene ante la falta del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), los cuales suman más de dos mil millones de pesos.

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador no es divertido sino interesante que a Ricardo Salinas Pliego le gustan los yates “a mí me daría pena, vergüenza subirme a un yate de esos en un país con tanta pobreza”; aunque por las diferencias negó que se pueda revocar la concesión de TV Azteca.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló la mañana de este viernes que los ataques de TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, contra la propuesta de reforma oficialista del ahorro para el retiro se deben a que precisamente la Afore Azteca, administrada por Grupo Salinas, tiene un adeudo de mil 780 millones de pesos con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya que no ha regresado el dinero no reclamado por los trabajadores, algo que más tarde el magnate calificó como “mentira”.

“Utilizan los noticieros –tienen todo el derecho para utilizar la concesión, y toda la libertad de expresión, que nunca va a haber censura en nuestro Gobierno. No ha habido y no habrá censura– pero creo que es legal, legítimo el que podamos ejercer nuestro derecho de réplica”, dijo en su conferencia matutina el mandatario mexicano, desde Palacio Nacional.

En medio de la asignación, por segunda ocasión consecutiva, de un contrato para administrar más de 8 millones 937 mil 918 cuentas individuales pendientes de asignación y las inactivas, los ingresos por comisiones de Afore Azteca aumentan, pero el costo de afiliación bajó de 285.6 millones de pesos a 114.4 millones, un ajuste de 59 por ciento.

El Grupo Salinas, dueño de Afore Azteca, ha obtenido este contrato por un periodo de seis años mientras litiga ante el Estado mexicano el pago de impuestos de la controladora de Afore Azteca, el Grupo Elektra, por más de 60,000 millones de pesos.

Los amparos de Grupo Elektra contra el crédito fiscal que tiene desde hace más de 10 años podrían regresar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde, hasta ahora, los ministros han rechazado intervenir.

Aunque los casos regresen al Máximo Tribunal, los ministros no podrán modificar las sentencias de amparo que, eventualmente dicten los tribunales Colegiados que correspondan.

Fitch Ratings bajó las calificaciones internacionales de riesgo emisor (IDR, por sus siglas en inglés) de Banco Azteca, que pertenece a Ricardo Salinas Pliego, esto de “largo plazo en monedas extranjera y local a ‘BB-’ desde ‘BB’, y la calificación nacional de largo plazo a ‘A(mex)’ desde ‘A+(mex)’“. “La perspectiva de las IDR de largo plazo y de la calificación nacional de largo plazo es estable”, afirmó.

De acuerdo con el informe de la agencia, “la baja en las calificaciones obedece a los riesgos mayores que Banco Azteca está asumiendo debido a las prácticas débiles de gobierno corporativo de su grupo controlador y los créditos comerciales con partes relacionadas altos y sostenidos del banco”, es decir, por malos manejos de Grupo Salinas.