“El despliegue de diez mil efectivos militares implica un costo para las finanzas públicas que no estaba considerado dentro del paquete económico”, advierte la agencia calificadora.
El despliegue de diez mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera con Estados Unidos podría presionar las finanzas públicas, advirtió la agencia crediticia HR Ratings.
En un informe, HR Ratings considera positivo el aplazamiento de aranceles a los productos mexicanos acordado por la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo estadunidense Donald Trump, aunque expuso que aún existen económicas en el corto plazo.
La calificadora considera la decisión de aplazar los aranceles como positiva en el contexto de la desaceleración de la actividad económica en el último trimestre, lo cual se pudo haber agravado en el primer trimestre del año con la entrada en vigor de esta medida.
El aplazamiento en la imposición de aranceles del 25 por ciento fue resultado de los acuerdos alcanzados con el gobierno mexicano, entre los que destacaron el compromiso de reforzar la frontera norte de México con la llegada de 10 mil elementos de la
Guardia Nacional con el objetivo de disminuir los volúmenes de migración hacia Estados Unidos, así como mantener los esfuerzos en torno a reducir a la delincuencia organizada y el envío de sustancias ilícitas, recordó HR Ratings y advirtió:
“Es importante considerar que el despliegue de diez mil efectivos militares implica un costo para las finanzas públicas que no estaba considerado dentro del paquete económico, lo que podría presionar el nivel de gasto durante un tiempo indeterminado, sumado a las nuevas funciones que se podrían realizar en la frontera.
“Asimismo, una política exterior más severa por parte de Estados Unidos, en comparación con los años anteriores, implicaría la creación de programas presupuestarios adicionales dentro del paquete económico para atender la entrada de connacionales e integrarlos dentro de la economía nacional”.
Despidos, interrupción o reducción de pagos, falta de mantenimiento a los equipos, son algunas consecuencias del recorte a los centros públicos de investigación por la política de austeridad de Sheinbaum.
La recién creada Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) nació con un recorte del 3.8% de presupuesto, en comparación con los recursos que tuvo el año pasado el entonces CONAHCYT, debido a la política de austeridad del gobierno de Claudia Sheinbaum, pese a que es una científica que asegura que en su administración se impulsará la ciencia. En el caso de los centros públicos de investigación, en promedio recibieron 11 % menos, lo que ha implicado despidos, interrupción o reducción de pagos, así como la falta de mantenimiento al equipo e instalaciones.
Aunque para este 2025 no se contempló una reducción de plazas en los 24 centros públicos de investigación dependientes de la SECIHTI, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se recortaron 849 millones 279 mil 816 pesos -con respecto al 2024-, de los cuales 841 millones 79 mil 633 pesos se quitaron para el pago de remuneraciones y otras prestaciones laborales.
Para la Red ProcienciaMx esta reducción resulta alarmante, dado que en el último sexenio los centros de investigación ya habían tenido recortes “que en algunos casos los dejaron sin recursos para pagar luz e internet, o sea, estaban con una economía sostenida por alfileres, pero con este recorte se agrava mucho más la situación de los trabajadores, porque está concentrado mayormente en salarios y remuneraciones“.
Brenda Valderrama, integrante de la Red ProcienciaMx, explicó que “cada uno de los centros públicos de investigación empezó a tomar decisiones sobre qué recortar: en algunos casos fueron los recursos para honorarios, otros para eventuales y en algunos casos se redujeron los estímulos, lo que repercute en la operatividad de prácticamente todos ellos”.
“Si bien se han hecho públicos algunos comunicados provenientes de las Secretarías de Ciencia y Hacienda y Crédito Público en el sentido de que no existe indicación para llevar a cabo despidos de personal u omitir pagos de prestaciones, la realidad al interior de los centros públicos es diferente y existen numerosos testimonios tanto de despidos, como de reducción u omisión de pagos, y existe además preocupación de que se afecten compromisos de becas académicas”, alertó la Red.
Las instituciones que tuvieron un mayor recorte en el presupuesto –en comparación con lo recibido en 2024– son el Centro de Investigaciones en Óptica, del 13.4%; seguido del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, con 13.4% menos; el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, al que se redujo 12.3%; el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), al que se le quitó 12.2%, así como el Centro de Investigación en Matemáticas y el Centro de Investigación Científica de Yucatán, a los que disminuyeron 12.1%.
Animal Político consultó a la SECIHTI sobre las denuncias de afectaciones que ha tenido la reducción de presupuesto para los centros públicos de investigación, sin que hasta el momento de la publicación haya recibido respuesta.
Despidos y reducción de salarios en el CIDE por “la austeridad republicana”
De acuerdo con la información del PEF, para 2025 el CIDE tuvo 57 millones 910 mil pesos menos de presupuesto, en comparación con el año previo, una reducción del 12.2%.
Aunque según el presupuesto el número de plazas se mantuvo, los recursos para cubrir los pagos de salarios, seguridad social, prestaciones y estímulos se redujeron en 57 millones 299 mil 684 pesos.
Hugo, cuyo verdadero nombre se omite por temor a represalias, llevaba trabajando desde principios de 2021 en el CIDE como profesor asociado en el departamento de Administración Pública, inicialmente por periodos anuales, y después de la llegada de José Antonio Romero Tellaeche como director, se volvieron trimestrales, hasta diciembre pasado, cuando sin previo aviso se dejó de renovar su nombramiento.
“A final de 2024 se iba a vencer otra vez mi contrato, el 31 de diciembre, y el penúltimo día laboral antes de salir de vacaciones fui informado de manera informal, por un conocido, que debido a lo del presupuesto iban a recortar personal eventual, y que me había tocado”, relató.
Debido a que no contaba con una plaza permanente, Hugo no tuvo “margen de maniobra” para exigir liquidación o alguna otra remuneración como parte de su despido, “simplemente no volvieron a renovar mi contrato, y después, hablando con un representante sindical, me enteré que había varias personas con plazas de asistente y personal eventual que estaban en la misma situación, sobre todo en el sector académico”.
Ahora, se encuentra en la búsqueda de empleo, “porque por la fecha en que se dió la situación, no hay lugares donde estén abriendo plazas. Mi proyecto de vida es irme al doctorado este año, de hecho hice algunas aplicaciones, pero los resultados salen hasta el siguiente mes, y en caso de que me acepten en alguna universidad, yo me iría en agosto o septiembre, pero hasta entonces tengo que hacer algo y a la fecha no he encontrado nada”.
Otro académico entrevistado comentó que desde el gobierno del expresidente López Obrador, con el nombramiento de María Elena Álvarez-Buylla como titular de CONAHCYT y de José Antonio Romero Tellaeche como director del CIDE, el centro “ha ido en picada” por recortes presupuestales y el acoso permanente a su comunidad por parte de las autoridades.
El académico reclamó que esto ha llegado hasta el punto de recortarles indefinidamente el 60% de sus salarios, decisión de la que se enteraron “por Twitter, y ya después nos llegó a nuestros correos un mail que decía que no había recursos porque Hacienda no había dado suficiente presupuesto, y que entonces iba a haber un recorte al pago de nuestros estímulos”, sin que previamente se les convocara a alguna reunión con autoridades para dialogar al respecto.
A ello se suma el hecho de que el centro está en condiciones deplorables, “desde cosas básicas como que en alguna ocasión nos dijeron que no hiciéramos exámenes muy largos porque no había papel para imprimirlos, hasta situaciones lamentables como que el comedor cierra antes de que termine el año escolar porque se acabó el presupuesto y ya no hay comida, o que las puertas de los baños están en condiciones deplorables porque no les dan mantenimiento”.
Ante esta situación, el académico detalló que sindicatos de distintos centros públicos de investigación se acercaron a la SECIHTI para pedir apoyo, y lograron solventar los pagos de nómina para los próximos meses; sin embargo, el director del CIDE les dijo que los recortes “están pasando en todos los centros, porque es un asunto de la austeridad republicana”.
Al igual que Hugo, el académico expresó que su intención es dejar el país, frente a las afectaciones en sus condiciones laborales en el CIDE, y que “las autoridades académicas y federales no tienen apertura”.
“Aprecio mucho a la institución, porque conozco la calidad de los docentes y de los alumnos, me gusta mucho darles clases, sin embargo, en esta situación es muy desgastante, porque hay una incertidumbre total; uno tiene familia, tiene hijos, tiene que pagar colegiatura, gastos de seguro médico que ahora ya no nos cubre… por eso comencé nuevamente la búsqueda de empleo fuera de México”, lamentó.
Recorte deja proyectos en pausa e impide jubilaciones en centros de investigación
En otras instituciones, como el Centro de Investigación en Química Aplicada, con sede en Saltillo, Coahuila, debido a la disminución de presupuesto, “desde el año pasado tenemos muchos equipos que requieren mantenimiento, pero no los han arreglado, y eso es algo que antes no había pasado en los más de 20 años que llevo trabajando aquí, y ahora nos avisaron que hubo un recorte de recursos para salarios, becas y estímulos“, expuso una académica cuyo nombre se omite por temor a represalias.
La investigadora señaló que, como consecuencia, “nos dijeron que definitivamente no se van a abrir más plazas, ni a cubrir aquellas que ahora están disponibles, e incluso ha pasado que la falta de recursos detenga las jubilaciones de trabajadores, porque no alcanza para su finiquito”.
Además, expuso que, en el caso del Centro de Investigación en Química Aplicada, el recorte de 51 mil 365 pesos para materiales y de 183 mil pesos para el pago de servicios básicos, arrendamiento y mantenimiento agravarán la situación en la que se encuentran las instalaciones, en las que ya “hay problemas con los equipos que requieren reparación”.
“Por ejemplo, tenemos dos equipos de rayos X sin poder usar, y para nosotros son muy importantes en cuanto a las labores de investigación, además de que tenemos programas de posgrado donde los muchachos los requieren, pero les tenemos que decir “espérate, deja las pruebas para después, a ver si alcanzas a presentarlas”, porque no nos queda de otra”, describió la académica.
La otra opción que tienen los académicos y estudiantes “es buscar en otras universidades y centros que nos quedan cerca que se hagan intercambios, cada quien busca contacto con otras instituciones para ver qué equipos tienen y realizar los trabajos que requiere”.
La académica coincidió en que, frente a las restricciones que tienen, profesores y estudiantes ven como opción el salir de México, “porque aquí apenas estamos sobreviviendo, pero seguimos en picada, lo que afecta la generación de nuevo conocimiento porque el costo es muy alto y no hay apoyo… pero no dejamos de trabajar, ya veremos cómo se van dando las cosas”.
Los ingresos que aportó Pemex a la Federación sumaron 60.72 mil mdp, pero el gobierno devolvió a Pemex 92.87 mil mdp vía transferencias, por lo que el Estado terminó con pérdidas de 32.15 mil mdp, de acuerdo con el informe el Erario al Momento de México Evalúa.
Los primeros cuatro meses del año registran el mayor crecimiento del gasto público en los últimos 20 años, derivado de un aumento en subsidios y transferencias en el contexto electoral, de acuerdo con el informe el Erario al Momento de México Evalúa.
El gobierno federal destinó 232 mil pesos para promover la imagen del Tren Maya y sólo 99 pesos con 49 centavos para la prevención y control de enfermedades, de acuerdo con el reporte oficial de comunicación social y publicidad del 2023.
La justificación del gasto para la publicidad del megaproyecto federal fue que se necesitó revertir la “desinformación, tergiversación, las falsedades y la manipulación en medios y en redes sociales”, en relación con la información de científicos, académicos y activistas sobre los impactos medioambientales, culturales y sociales que tendrá el Tren Maya en la Península de Yucatán.
De acuerdo con el informe trimestral de Finanzas Públicas de Hacienda, se han dejado de gastar al menos 4 mil 523 millones de pesos en estos rubros.
Pese a tener presupuesto aprobado, dependencias del gobierno federal no han gastado 4 mil 523 millones de pesos en becas, mantenimiento de carreteras, de sitios históricos; inversión en agua potable y alcantarillado, y en atención directa a víctimas de violaciones a derechos humanos.
Así lo detalla la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en su primer informe trimestral sobre las Finanzas Públicas y en la que se observa el avance del gasto público de enero a marzo de este año.
A diferencia de los primeros dos años de gobierno, marcados por la “austeridad republicana”, en 2021 y 2022 la administración de López Obrador se excedió en cientos de millones de pesos del presupuesto aprobado por el Congreso, principalmente por gastos en las secretarías de Estado y las paraestatales. En comparación con 2018, último año del sexenio de Peña Nieto, el actual gobierno aumentó el año pasado su gasto real en 60%.
En 2022 las secretarías de Estado del gobierno de Andrés Manuel López Obrador gastaron 343 mil 47 millones de pesos adicionales a los que tenían presupuestados; de este monto extra, 90% fue absorbido por la construcción del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, así como por atribuciones adicionales a las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Defensa Nacional (Sedena).
El monto equivaldría a una parte del costo total del evento, ya que en su conferencia mañanera del 15 de septiembre sin hacer mención al costo, dijo que el pago del contrato para la ceremonia del Grito de Independencia estaría dividido entre el Gobierno Federal y el de la Ciudad de México.
El gobierno de la CDMX encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo firmó un contrato por hasta 23 millones de pesos para evento del festejo del Grito de Independencia el pasado 15 de septiembre que incluyó el concierto de Los Tigres del Norte.
El Universal publicó que el contrato fue signado entre la Secretaría de Cultura capitalina y la empresa Kit Wear. Por la administración local firmó Argel Gómez Concheiro, director general de Grandes Festivales Comunitarios, y por la empresa el apoderado legal Edwin Gafyd Flores Gordillo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador mandó a la Cámara de Diputados una iniciativa para transferir facultades de control administrativo a la Secretaría de la Función Pública.
A tres años de que a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se le dieron atribuciones para, entre otras cosas, controlar gran parte del gasto con el fin de evitar la burocracia y la corrupción, ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una nueva iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el objetivo de transferir dichas facultades a la Secretaría de la Función Pública (SFP).
De acuerdo con expertos, este modelo podría caer en un retroceso para el control y la fiscalización del gasto público, pues la propuesta de reforma podría provocar el debilitamiento a los órganos directos de control, los cuales se han visto reducidos en recursos monetarios y materiales en los últimos años.
El Gobierno de AMLO puja, desde el primer día de su administración, por reducir el costo de la burocracia nacional. Aunque las cifras oficiales indican que en 23 meses de mandato ahorró 40.8 mil millones de pesos, el reto no sólo es limitar el gasto de las “burocracias doradas” y mantener la tendencia de control presupuestario sin sacrificar la eficiencia del sector público. También debe cuidar el Gasto Corriente, que aumenta más rápido que las erogaciones en Servicios Personales.
La burocracia del sector público mexicano le costó al país 15 billones 932 mil 21 millones 200 mil pesos entre los años 2000 y 2020, o un promedio de casi 800 mil millones de pesos anuales durante el periodo, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El despilfarro en el Instituto Nacional Electoral (INE) no para: el órgano autónomo más oneroso sigue derrochando los recursos de México sin que a su consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, parezca importarle que más de 60 millones de personas sufren pobreza, pues de lo contrario ejercería el erario de forma honesta y austera. Un ejemplo del dispendio es el gasto por más de medio millón que asignó en 2020 para destruir prendas y materiales no utilizados en la elección de 2018.
Se trata de un cargamento de 270 mil piezas nuevas y semi-nuevas (chalecos, mochilas, porta gafetes, impermeables y tablas) que se suelen destinar para el uso de los supervisores electorales (SE) y capacitadores asistentes electorales (CAE) que participan en los procesos federal y locales, pero que hace dos años finalmente no se usaron o se devolvieron. Y que en vez de reutilizarlos en las próximas elecciones de este 2021, simplemente se destruyeron.
El presupuesto total asignado para eliminar el cargamento fue de 549 mil 840 pesos, en correspondencia con la propuesta económica que presentó la empresa recicladora Intertek Tesing Services de México para tal fin. Aquí el tema no es sólo que el INE compró materiales y prendas en exceso en 2018, causando un evidente sobrecosto al presupuesto público, sino que, adicionalmente, pagó por destruirlas en 2020.
El mandatario expuso hoy su inconformidad con el otorgamiento de amparos, refiriendo en particular el caso de funcionarios del Poder Judicial, que ganaron en juicio a las disposiciones legales que quería implementar para que nadie gane más que el titular del poder ejecutivo.
La primera medida polémica del presidente Andrés Manuel López Obrador, bajar salarios de servidores públicos de los otros poderes y organismos autónomos, resurgió hoy cuando planteó que considera enviar una iniciativa de reforma constitucional para conseguirlo.
El mandatario expuso hoy su inconformidad con el otorgamiento de amparos, refiriendo en particular el caso de funcionarios del Poder Judicial, que ganaron en juicio a las disposiciones legales que quería implementar para que nadie gane más que el titular del poder ejecutivo.
