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Detienen y procesan al general Víctor Chávez, exsecretario de Seguridad de Tabasco

El general, con tres décadas de experiencia en áreas de Seguridad de las Fuerzas Armadas, es el militar de más alto rango procesado por violencia sexual en contra de una mujer.

Este miércoles se dio a conocer que el General Víctor Hugo Chávez Martínez, quien se desempeñó como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, fue detenido y encarcelado para enfrentar un proceso penal por tres delitos.

Se trata del primer general de la Secretaría Defensa Nacional (Defensa) que es procesado por cargos de abuso y violencia sexual en contra de mujeres que estaban bajo su mando.

De acuerdo con fuentes castrenses, el general Chávez Martínez fue denunciado ante la Fiscalía General de Justicia Militar por una mujer de la Guardia Nacional que se encontrada bajo su mando por un caso grave de acoso y violencia sexual, por lo que el pasado 1 de junio fue separado de su cargo al frente de la Guardia Nacional en Colima.

Posteriormente, el 8 de julio fue ejecutada una orden de aprehensión en su contra y puesto a disposición de un Juzgado de Militar de Control Adscrito a la Quinta Región Militar con sede en Zapopan, Jalisco.

Tras analizar las pruebas presentadas por las partes, el juez militar dictó el auto de vinculación a proceso en contra del general Víctor Hugo Chávez por los delitos de violación, abuso de autoridad y abuso sexual agravado.

Además, el juez castrense ordenó prisión preventiva justificada en contra del general brigadier, por lo que fue internado en la prisión militar de La Mojonera, ubicada en Zapopan, Jalisco. A su vez, la mujer afectada fue trasladada a otra entidad, bajo fuertes medidas y protocolos de seguridad, con el fin de proteger su integridad.

El juez militar de control dio un plazo de tres meses a la Fiscalía Militar para concluir la investigación de este caso, aunque el plazo podría ampliarse hasta seis meses.

El sucesor de Hernán Requena en Tabasco

El General Víctor Hugo Chávez Martínez fue nombrado Secretario de Seguridad de Tabasco un mes después de la renuncia de Hernán Bermúdez Requena a ese mismo cargo.

Bermúdez Requena actualmente es buscado por la justicia a nivel internacional.

La sucesión de Chávez a Bermúdez no fue inmediata: el comisionado de la Policía Estatal, José del Carmen Castillo Ramírez, fungió como encargado de despacho de la dependencia durante poco más de un mes, hasta que finalmente el general Víctor Chávez, se hizo cargó de la Secretaría de Seguridad tabasqueña.

En febrero de 2025, el general Chávez Martínez salió de la Secretaría de Seguridad de Tabasco mientras el estado atravesaba una nueva ola de violencia.

En abril de 2025, el general brigadier fue nombrado coordinador de la Guardia Nacional en Colima, cargo en el que duró apenas tres meses por la existencia de una investigación en su contra.

Esta tarde, el abogado y excandidato a ministro, César Gutiérrez Priego, publicó en sus redes sociales que:  “Víctor Hugo Chávez, sí se encuentra vinculado a proceso por delitos meramente del orden militar, en específico por presunto acoso sexual agravado a un elemento femenino bajo su mando, no tiene ninguna relación con su encargo como ex secretario de seguridad en el Estado de Tabasco”.


La captura ocurre mientras autoridades intentan dar golpes a la organización delictiva conocida como “La Barredora”, después de que se dio a conocer que la orden de captura contra Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco nombrado por el entonces gobernador y actual senador de la República, Adán Augusto López Hernández.


Archivos del Ejército, filtrados por el colectivo Guacamaya, apuntan que las fuerzas armadas sabían que este mando policial encabezaba “La Barredora”; la información era conocida por el gobierno federal mientras Adán Augusto se desempeñaba como secretario de Gobernación, en la administración de ‘su hermano’, Andrés Manuel López Obrador.

¿Quién es Víctor Hugo Chávez Martínez?

En el boletín de su nombramiento en 2024, se apuntó que Víctor Hugo Chávez contaba con más de 35 años de servicio ininterrumpido en el Ejército.

Tenía el grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor.

Contaba con experiencia en tareas de Fuerzas Especiales, cursos y diplomados en la Escuela Superior de Guerra, de la Policía Militar, y de la Escuela Militar de Inteligencia del Ejército y Fuerza Aérea.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: JUAN OMAR FIERRO, SEBASTIÁN BARRAGÁN.

Violencia vicaria: acusan a coronel de la Sedena de tráfico de influencias en Coahuila

El coronel José Barragán Chávez fue demandado desde 2022 por no reconocer la paternidad de una niña que tuvo con “Hatzy” en Coahuila. La madre, cuya hija padece hemiparesia, asegura que el militar tiene protección judicial y que la ha amenazado de muerte.

Un coronel de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) rechaza reconocer a su hija, quien tiene una condición médica que requiere tratamiento especializado, y pagar su manutención, lo que ha logrado con la protección de autoridades judiciales en el estado de Coahuila.

Se trata del coronel de infantería de Estado Mayor José Barragán Chávez, quien desde el año 2022 fue demandado por Hatzy, nombre modificado por razones de seguridad, con quien tuvo una hija, para otorgar el reconocimiento de paternidad de ésta, pagar la manutención e inscribirla al servicio médico de las Fuerzas Armadas, debido a que la niña padece hemiparesia (debilidad o falta de control muscular en la mitad del cuerpo).

Proceso tuvo acceso a la demanda de reconocimiento de paternidad presentada por Hatzy contra el militar en la que relata que de 2019 a 2020 fue segundo comandante del 69 Batallón de Infantería, de la ciudad de Saltillo, Coahuila, época en la que ellos se conocieron y sostuvieron una relación sentimental que duró dos años, pese a que él es casado.

Para enero de 2021, Barragán fue convocado a concurso de selección para cubrir plazas de Agregado Militar y Aéreo Adjunto a las embajadas de México en el extranjero, donde resultó vencedor y fue asignado a la Embajada de México en Canadá, con residencia en Ottawa, Ontario.

En agosto de ese año, antes de que Barragán se fuera a Canadá, Hatzy quedó embarazada y le dio la noticia al futuro padre.
“Tal noticia fue recibida por José Barragán Chávez de una manera sorpresiva, manifestando enojo y cuestionándose sobre cómo nos había podido pasar eso, señalando incluso que precisamente por esa razón él no andaba con una jovencita, sino con una mujer inteligente y madura que no le pudiera ‘salir con una cosa así’”, detalló la mujer.
Conforme fue avanzando el embarazo la situación entre ellos era cada vez más tensa, llegando al grado en el que, en julio de 2022, tres meses después de que la hija de ambos nació y estando él en Canadá, Hatzy inició el litigio de reconocimiento de paternidad.

La estrategia del militar

En los tres años que lleva de iniciado el litigio por los derechos de su hija, Hatzy ha padecido violencia vicaria, institucional, impunidad y tráfico de influencias por parte de José Barragán Chávez.

Su demanda fue admitida a trámite por Daniel Abraham González Esquivel, juez Tercero de Primera Instancia en materia Familiar en Coahuila, bajo el número de expediente 1078/2022.

De manera provisional, en octubre de 2022 el juez decretó una pensión alimenticia a favor de la niña consistente en el 25% de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios de Barragán Chávez.

El militar contestó la demanda hasta febrero de 2023, por lo que el juez ordenó la realización de una prueba de ADN y designó como perito oficial a Edgar Arnoldo de la Rosa Alvarado, coordinador de Genética de la Fiscalía General de Coahuila.

Sin embargo, entre los abogados que el elemento castrense designó para representarlo, se encuentra Anel Concepción de la Rosa Padilla, media hermana del perito designado por el juez González Esquivel.

Para ese momento Hatzy no había reparado en la relación familiar entre ambos, pues acababa de recibir amenazas de muerte por parte de Barragán Chávez durante una videollamada que le hizo desde la Embajada de México en Canadá, razón por la que lo denunció por violencia familiar.
En una audiencia realizada el 3 de abril de 2023 ante el juez de Distrito, Benito Edgardo Hernández Luna, del Centro de Justicia Penal Federal de Coahuila de Zaragoza, con sede en Torreón, el coronel compareció por videoconferencia acompañado por sus abogados y, de manera extemporánea, afirmó que ya sabía que el resultado de la prueba de ADN no saldría en su contra.
Fue en ese momento que Hatzy se dio cuenta de que la abogada Anel Concepción de la Rosa Padilla y el perito encargado de realizar la prueba para acreditar la paternidad de su hija comparten el apellido paterno, por lo que consiguió las actas de nacimiento de ambos para acreditar que son hijos del mismo padre, razón por la que el 9 de abril solicitó declarar impedido a Edgar Arnoldo de la Rosa Alvarado para que él no realice el dictamen pericial.

Sin embargo, al percatarse de esto, el 11 de abril siguiente, Barragán Chávez revocó a la abogada Anel Concepción de la Rosa Padilla, pero mantuvo al resto de su equipo legal, para que su medio hermano y perito designado por el juez Familiar no fuera declarado impedido.

El militar no sólo logró su cometido sino que el juez González Esquivel le impuso una multa a Hatzy por “faltas de probidad y lealtad” y ordenó realizar una anotación en su registro profesional por mala praxis legal.

Posteriormente, en el juicio familiar todas las pruebas de Hatzy fueron desechadas y sólo fue admitida una prueba de Barragán Chávez, que consistía en la declaración de la mamá de la niña.

En tanto, para la prueba genética ordenada desde el inicio, el juez determinó que no se permitiría a ninguna de las partes designar perito, se realizaría con un perito único: Arnoldo de la Rosa Alvarado.
El perito tomó las muestras de ADN el 8 de mayo de 2023 únicamente a Hatzy y al militar, no a la hija de ambos, y en ningún momento se respetó la cadena de custodia que debe observarse para las mismas.
Para el 6 de julio de 2023 Hatzy debía presentarse al juzgado para desahogar la prueba que le fue admitida al militar, pero no acudió por razones médicas, y aunque presentó justificante, el juez ordenó investigarla, citó a su médico, requirió sus antecedentes clínicos y pidió informe al trabajo de ella para saber si había presentado incapacidad médica o no.

Ante las conductas del juez González Esquivel, Hatzy presentó una queja en su contra al Consejo de la Judicatura de Coahuila, donde se determinó el 28 de septiembre de 2023 iniciar un procedimiento de responsabilidad en su contra.

El juez se excusó de continuar con el juicio y envió el expediente al juzgado Cuarto de Primera Instancia en materia Familiar.
En tanto, en el procedimiento de responsabilidad iniciado por el Consejo de la Judicatura, el juez ofreció como testigo al perito de la Rosa Alvarado, quien acudió a declarar acompañado del abogado Osvaldo Espinoza Rodríguez, quien meses después, en enero de 2025, compareció como defensor de Barragán Chávez en una audiencia de medidas de protección solicitadas por Hatzy en la carpeta de investigación iniciada contra el militar por violencia familiar.
Sin embargo, el juez Daniel Abraham González Esquivel fue absuelto, por lo que Hatzy solicitó un amparo en el que el juzgado Quinto de Distrito le dio la razón en febrero de este año, pero dicha resolución ya fue impugnada.

“Existe un evidente desequilibrio de poder entre el demandado, coronel José Barragán Chávez, y yo, ello aunado a sus múltiples amenazas de que él movería las cosas a su favor aquí en Saltillo. Tengo temor de que siga cometiendo actos de corrupción e influyentismo para lograr su cometido, pues es evidente que el Poder Judicial local ha actuado en forma parcial a su favor”, comentó Hatzy para Proceso.

“Tengo temor de que siga ejerciendo actos de violencia, incluso temo por mi integridad o la de mi hija, pues fui informada en la Sedena que él ya culminó su comisión en la Embajada de México en Canadá y ya se encuentra en territorio nacional como comandante de Batallón de Policía Militar en Irapuato, Guanajuato”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

La Sedena busca tirar 259 hectáreas más de selva para hacer rentable el Tren Maya

La deforestación de selva maya permitirá una terminal con almacenes de autopartes, químicos y tanques de combustible. El proyecto, de siete mil 700 millones de pesos, busca hacer rentable el megaproyecto mediante el transporte de carga.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) planea deforestar otros 259 hectáreas de la selva maya para construir una terminal multimodal del Tren Maya, destinada a cargar y descargar mercancías en tráileres, la cual tendrá un costo calculado en siete mil 700 millones de pesos.

De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto que la Sedena entregó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la nueva terminal tendrá, entre otros, un almacén de residuos peligrosos, un alojamiento para la Guardia Nacional y otro para los tripulantes, un edificio aduanal, zonas de almacenamiento de combustible, e implicará la “remoción de vegetación forestal” en 259.59 hectáreas.

En el documento, la institución castrense indicó que la terminal multimodal servirá como “almacén temporal destinado a depositar la carga proveniente de vías terrestres de autotransportes para seguir su traslado por medio de vías férreas en el sureste mexicano”; se prevé que 117 personas trabajarán en ella durante su fase de operación, incluyendo 27 soldados de la Guardia Nacional.

Esta terminal multimodal, que no estaba contempladas en el programa original del Tren Maya, forma parte de la segunda etapa del megaproyecto, que consiste en la infraestructura para transportar carga en los más de mil 500 kilómetros de vías del tren. 

En abril último, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el arranque de esta segunda fase, que contemplará terminales en Poxilá y Progreso, en Yucatán; Chetumal y Cancún, en Quintana Roo, y en Palenque, Chiapas, donde se conectará con el Tren Interoceánico; la presidenta informó que el gobierno planea invertir 40 mil millones de pesos en esta infraestructura.

Estas obras aumentarán el costo del Tren Maya, una de las más onerosas del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que en diciembre de 2024 ya había costado 470 mil 428 millones de pesos, según documentó Proceso en su edición de junio.

Rentable con la carga

Con el transporte de carga, el gobierno federal pretende hacer un poco más rentable el Tren Maya y llegar a un “punto de equilibrio” en 2030, del que se encuentra muy lejos: en 2024 la empresa que opera el tren reportó ingresos propios de apenas 275 millones 831 pesos, un monto que no cubrió ni 10% de los dos mil 837 millones de pesos que informó como gastos de operación.

“Por eso es muy importante que hayamos iniciado ya la construcción de las instalaciones de carga, para que en 2027-2028 ya estemos generando muchos más ingresos que nos permitan absorber los costos operativos”, dijo Óscar David Lozano Águila, el director de la empresa castrense, durante la conferencia matutina del viernes.

Al preguntarle sobre el costo total del Tren Maya, el general aseveró que no tenía el “dato preciso”; reconoció que el megaproyecto apenas está en “etapa de maduración” y requiere que “se le inyectan recursos”; recordó que “muchas empresas mueren en los primeros tres años”, pero que “nosotros tenemos la ventaja del apoyo del gobierno federal”.

Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del agrupamiento de ingenieros “Felipe Ángeles”, de la Sedena, explicó que la institución castrense terminará las cuatro terminales “más rentables” en un año y medio, incluyendo la de Cancún, con el compromiso de tener una ruta ferroviaria de carga del sureste hasta Nogales, Sonora, a finales del sexenio.

Vallejo agregó que la terminal multimodal de Cancún estará conectada a la red ferroviaria del Tren Maya por una “vía secundaria” que permitirá “que los viajeros que viajan por la línea férrea del Tren Maya no vean estos inmensos patios de carga donde se pierde gran cantidad de vegetación”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

No hay pruebas de colusión de instituciones con red de “huachicoleo”, afirma Harfuch

Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó, el 18 de julio de 2025, que no había pruebas que Cirio Sergio Rebollo Mendoza, alias “Don Checo”, presunto líder de una organización dedicada al robo de hidrocarburos o “huachicol” en el centro del país, recibiera protección desde la Secretaría de Marina (SEMAR), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Coordinación de Inteligencia de Petróleos Mexicanos (PEMEX), tal como lo informó, el mismo día, el diario Reforma.

“Con relación a la nota del Periódico Reforma donde refiere que había protección de @SEMAR_mx y de @FGRMexico a una célula criminal dedicada al robo de hidrocarburo preciso lo siguiente: Después de seis meses de trabajos de investigación realizado por personal de @SSPCMexico en coordinación con las áreas de inteligencia de @SEMAR_mx, la @FGRMexico obtuvo 12 órdenes de cateo y 7 órdenes de aprehensión”, escribió el funcionario federal, en su cuenta de la red social X.

“Como resultado, se desmanteló una de las principales organizaciones criminales dedicadas al robo y comercialización ilícita de hidrocarburo en la zona centro del país. Fueron detenidas 32 personas, se aseguraron 16 millones de pesos, 21 tractocamiones, 8 pipas, diversos contenedores y un tanque estacionario, además de animales exóticos. Este es un hecho sin precedentes que muestra el compromiso de este gobierno para combatir estas operaciones delictivas. Las investigaciones continúan y no hay un sólo indicio o prueba sobre una colusión de las dos instituciones referidas, fueron precisamente estas instituciones, las que desarticularon esta red criminal”, recordó García Harfuch.

Según la investigación citada por el rotativo, misma que llevó a la cárcel a “Don Checo”, la FGR intervino legalmente su teléfono semanas antes de que fuera aprehendido en el municipio de Ixtlahuaca, Estado de México, y en sus conversaciones supuestamente se constató que era protegido y que pagaba a servidores públicos de los tres niveles de Gobierno.

Reforma detalló que los cerca de dos mil audios grabados presuntamente revelaron que “Don Checo” ordenaba a sus lugartenientes reunirse con marinos, que pagaba 25 mil pesos semanales a funcionarios de Inteligencia de PEMEX y que la FGR le avisó con anticipación que iba a catearle uno de los inmuebles donde presumiblemente guardaba “huachicol”.

Según el mismo diario, en una de las llamadas, registrada por la Fiscalía General de la República como “evento 800”, uno de los lugartenientes le comentó a “Don Checo”, que una de las tareas que tenía pendiente era cubrir la nómina de los funcionarios de la petrolera paraestatal.

“Le tengo que dar 25 mil pesos cada ocho días al de Inteligencia, al nuevo, al Pérez, al director, que es un nuevo acuerdo, se darían 25 mil hoy de entrada y el lunes cada semana 25”, dijo el interlocutor del presunto líder delictivo. En otra escucha telefónica con número 1146, uno de sus subordinados le reportó a Rebollo Mendoza que tenía los sobres amarillos listos para entregarlos a funcionarios de la petrolera paraestatal mexicana.

“Ya tengo que dejar algo de dinero, ayer no les di, ayer le entregué al chilango, ya traigo tres sobres, uno de Inteligencia de PEMEX, uno de 74 que dice Municipal y otro de Investigación de PEMEX, son 55 mil pesos, que se los iban a dar a la licenciada Isela porque se los iba a dar al ‘Puma’, pero necesito que me traigan dinero porque no sé si puedo agarrar eso”, comentó el mismo supuesto lugarteniente de “Don Checho”.

Según Reforma, la conversación número 1079, una mujer le anunció a Rebollo Mendoza que le acababan de avisar que la FGR iba a catear un inmueble de la organización “huachicolera”, ubicado en el kilómetro 136 de la Autopista México-Querétaro, en el que guardaban combustible robado.

“Me acaba de hablar ‘El Güero Mantecas’, que les hablaron los de la Fiscalía General de la República para una presentación… le dijeron que se va a proceder con la orden de cateo en el 136”, indicó la mujer, citada por el rotativo.

En otra de las llamadas intervenidas, con número 1153, Israel Molina Núñez, alias “El Mil Millones”, mando medio de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Jilotepec, en el Estado de México, y también detenido en la misma causa, le pidió a “Don Checo” 5 mil pesos para gratificar a un Ministerio Público de la FGR y a un policía, por liberar a un cómplice de la organización detenido con un arma de fuego.

“Ya no agarré los sobres porque ya se los di a la licenciada Isela, ya me están pidiendo el recurso, son los 200 que tengo que dejar, 205 mil pesos. Los 200 que usted ayer me ofreció yo se lo di por todo, pero tengo que dejarle 5 mil a un policía, entre un policía y un MP que nos atendió, patrón”, expresó “El Mil Millones”.

“Claro, ¿pero ya los van a dejar? ¿Chivo dado, chivo brincado, su rancho pagado?”, respondió Rebollo Mendoza. “Sí”, contestó Molina Núñez. Según el rotativo, la FGR también hizo un reporte de la grabación registrada como el número 909, de la línea telefónica con terminación 8478, en la que “Don Checho” habló con un sujeto no identificado y dejó constancia de la supuesta complicidad de los marinos.

“El hombre refiere: ‘No, ya no me dio tiempo. Vaya con los amigos los marinos’. El hombre dos refiere: ‘Hay que ir con ellos pegados con el jefe, pero hoy a las 11 se va a chingar a su madre, y ya me dijo el amigo que ya yéndose me avisa y le damos para adelante’. ‘El amigo éste sí jala, pero él anda ahí como con los de la Marina y la estatal'”, reveló el reporte, citado por el diario Reforma.

El 9 de julio de 2025, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, vinculó a proceso a “Don Checo” y a cinco de sus supuestos operadores, por delincuencia organizada, con la finalidad para cometer delitos en materia de hidrocarburos. También, por los delitos de posesión y almacenamiento ilícito de petrolífero y sustracción ilícita de combustibles.

Los coprocesados fueron Luis Miguel Ortega Maldonado, “El Flaco de Oro”; Diego Rebollo González, Aurelio Hernández Lozano, “El Gepeto”, Israel Molina Núñez, “El Mil Millones”, y Eréndira Jacala García Hernández, “La Yeyé”.

El impartidor de justicia les fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, tiempo previsto para que la defensa y la Fiscalía General de la República reunieran los datos de prueba necesarios para un eventual juicio.

Al mismo tiempo, el juez les ratificó la imposición de la prisión preventiva de oficio, medida cautelar por la que los hombres permanecerían internados en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, EDOMEX, y García Hernández en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil Número 16, en Coatlán del Río, Morelos.

El 28 y 29 de junio de 2025, elementos de Seguridad federales capturaron a 32 presuntos miembros de la organización que presuntamente lideraba “Don Checo” y que desde el 2015 operaba el robo de combustible a gran escala en la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Querétaro. Rebollo Mendoza y sus presuntos operadores fueron detenidos con base en una orden de aprehensión.

En el operativo, las autoridades de Seguridad federales aseguraron 12 inmuebles que funcionaban como centros de operaciones, 21 tractocamiones, 14 semirremolques, 5 remolques, 14 contenedores tipo tanque y autotanques, 8 pipas, 5 cajas secas, un tanque estacionario y fueron clausuradas 2 tomas clandestinas.

Además, incautaron animales exóticos, 48 vehículos -algunos blindados y de lujo-, un autobús, 12 motocicletas y 36 armas de fuego, una bodega de almacenamiento, dosis de droga y cajas de medicamentos controlados, y casi 16 millones de pesos en efectivo.

El Gobierno Federal identificó a “Don Checo” como el líder del grupo delictivo, mientras que a Ortega Maldonado lo catalogó como el principal operador y socio de la organización, en tanto que el ingeniero Hernández Lozano fue señalado como el encargado de elaborar estructuras de tanques y de ser el intermediario en la venta de los hidrocarburos robados.

Por su parte, a García Hernández le atribuyeron ser la responsable de establecer convenios con autoridades policiales y ministeriales, así como del transporte, y a Molina Núñez de mantener los contactos con autoridades y “fabricar” documentos apócrifos para acreditar la procedencia de los combustibles.

Previo a este operativo, se libraron siete órdenes de aprehensión contra los mandos de este supuesto grupo delincuencial, de los cuales fueron detenidos seis, entre ellos “Don Checo” y sus presuntos cómplices ahora procesados. Los otros 26 fueron capturados en flagrancia durante la redada.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Sheinbaum dice que hay acuerdos con población de Bacalar para residencia de la Sedena

La presidenta aseguró que todo lo relacionado con la Manifestación de Impacto Ambiental está en regla.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que ya hay acuerdos entre la población de Bacalar que se oponía a la construcción de una residencia para militares frente a la laguna, además de que todo lo relacionado con las manifestaciones de impacto ambiental está en regla. 

En la edición de julio, Proceso publicó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) permitió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) comenzar la obra sin la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA); además de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró no poder hacer nada “ante el aval de la Semarnat y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que ha evitado pronunciarse sobre los efectos de la obra en los muros del Fuerte de San Felipe, construido en el siglo XVIII para contener la piratería en las costas de Caribe mexicano".  

Aunque la Sedena afirmó en principio que el inmueble sería destinado a soldados con afectaciones postraumáticas derivadas de sus labores, fuentes castrenses consideraron que sería para altos mandos, como comandantes de región y zona. También se reveló que se dio una autorización de exención de la MIA y que el inmueble contará con instalaciones como bar, jacuzzi, alberca, estacionamiento y área de juegos, entre otros elementos.  

Otro aspecto es que la población apoyada por el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) “interpuso el amparo 313/2025, mismo que el 12 de mayo último resultó en una suspensión provisional de obra por determinación del Juzgado Primero de Distrito. La Sedena pasó por alto una primera suspensión provisional del mismo juzgado, emitida el 9 de abril último, así como la del 12 de mayo”.  

Sobre este inmueble, propiedad de la Sedena, a la orilla de La Laguna de Siete Colores y enfrente del Fuerte de San Felipe, la mandataria federal respondió:  

“Ya hay diálogo con ellos, ya hay diálogo, sí, ya se está llegando a un acuerdo. Y son instalaciones de la Secretaría de la Defensa, no es para una persona en particular, ni mucho menos, sino son instalaciones para el Ejército Mexicano”, afirmó. 

La presidenta reiteró: “Ya hay diálogo y va a seguir habiendo diálogo con la comunidad. Y están los Impactos Ambientales y todo lo que se requiera”, aunque se le insistió en algunos aspectos.  

-Sobre el asunto del Impacto Ambiental, había una solicitud de que fueran eximidos de que hubiera una Manifestación de Impacto. 

- No. Está todo en regla. 

- ¿Sí hubo una Manifestación? 

- Está todo en regla. 

- ¿Sin problema? 

- Sí.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA ESCOBAR.

Ejército sospechaba de vínculo del exsecretario Bermúdez Requena con el crimen organizado desde 2021

Un informe castrense, elaborado en 2021, señaló que el exfuncionario y sus colegas habrían ordenado el asesinato de "Kalimba, un líder criminal regional, al año siguiente, otro reporte lo ubicó al frente del grupo criminal conocido como La Barredora.

Informes de inteligencia militar, filtrados por los hackers de Guacamaya Leaks, revelaron que el Ejército sospechaba de las actividades criminales de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de seguridad de Tabasco, al menos desde febrero de 2021, de acuerdo con “El País”. 

Bermúdez Requena, apodado “Comandante H”, se encuentra prófugo de la justicia y hay una orden de aprehensión en su contra desde febrero de este año, por ser el presunto líder de la organización criminal “La Barredora”, informó el general Miguel Ángel López Martínez, comandante de la 30 Zona Militar, el pasado viernes 11 de julio.

“La Barredora” —grupo delictivo dedicado al tráfico de drogas, la extorsión y el robo de combustible o huachicol— se dividió a finales de diciembre de 2023, lo que desató una ola de violencia en Tabasco, mientras otros grupos delictivos luchan por conseguir el control que ostentaba.  

Hernán Bermúdez Requena, fue designado por el exgobernador Adán Augusto López, actual coordinador de Morena en el Senado y quién dejo su puesto como mandatario cuando fue nombrado secretario de Gobernación por el expresidente tabasqueño Andrés Manuel López Obrador en agosto del 2021.  

En su lugar, quedó Carlos Merino, quién ocupó su puesto hasta 2024 y mantuvo a Bermúdez a cargo de la seguridad pública.    

En un documento elaborado en 2021, el Centro Regional de Fusión de Inteligencia Región (Cerfi) Sureste señaló que el asesinato de un líder criminal regional, alias “Kalimba”, había sido ordenado por “’El H’, posiblemente el secretario de seguridad, Hernán Bermúdez Requena”, y sus colegas, ‘El Lic’, Tomás Díaz, asesor del director de la policía ministerial de la Fiscalía local, y un tal alias ‘Rayo’”, reveló “El País”. 

En agosto del 2022, en un documento también elaborado por el Cerfi y titulado: “Actividad Delictiva en Tabasco”, se ubicó a Requena al frente de “La Barredora”, junto a Tomás Díaz, y otros integrantes de la burocracia policial estatal, como José del Castillo, comisionado de la policía estatal, el inspector Leonardo Arturo Leyva, director general de la policía estatal, o Ulises Pinto, un expolicía federal.  

Sin embargo, Requena, siguió en el cargo hasta enero de 2024. En entrevista en el noticiero vespertino de Radio Fórmula, el general Miguel Ángel López Martínez aseguró que un juez ordenó su captura, el 14 de febrero de 2025 “ese día hay registros de que salió del país” aseguró.  

La última información de las autoridades militares es que se encuentra en Brasilia, en donde el gobierno mexicano está en contacto con la Interpol para aprehenderlo. 

El 13 de noviembre del año pasado, a un mes y medio de haber llegado al gobierno de Tabasco, el mandatario Javier May Rodríguez, también de Morena, aseguró que en la entidad todo mundo sabía que Bermúdez Requena era el cabecilla de “La Barredora”. Adán Augusto López no se ha pronunciado sobre los últimos acontecimientos.  

¿Quién es Hernán Bermúdez Requena?

Hernán Bermúdez Requena ocupó diversos cargos públicos, el último de ellos como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco, al cual renunció en enero de 2024. 

De acuerdo con reportes periodísticos, su carrera en el sector público inició en el gobierno de Manuel Gurría Ordoñez en Tabasco, en 1992, donde fungió como director de Seguridad Pública del estado.  

Desde 1995 y hasta 1997 se desempeñó como director del Centro de Readaptación Social del Estado durante el gobierno de Roberto Madrazo Pintado. Finalmente, en 2019, dirigió la Policía de Investigación de la Fiscalía de Tabasco, hasta que pasó a convertirse en el titular de la SSPC.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sedena asigna otro contrato millonario a Sima, proveedora de equipo e insumos médicos

Por un monto aproximado de 530 millones de pesos, Sima cuenta con más de mil millones de pesos en contratos adjudicados de forma irregular en el primer semestre del año.

Tal como se preveía, una vez más la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) otorgó otro millonario contrato a la empresa Sincronía Médica Aplicada (SIMA), proveedora de equipo e insumos médicos, realizando el fallo de la licitación durante la madrugada, y justificando con un criterio de puntajes que es muy poco transparente.  

Con el contrato otorgado, correspondiente a la Licitación Pública Electrónica Nacional LA-07-110-007000999-N-417-2025 para la “Contratación de un servicio de abastecimiento de material, insumos y apoyo técnico con el equipo médico requerido para realizar procedimientos de hemodinamia para el Hospital Central Militar y 5 Hospitales Militares Regionales de Especialidad”, por un monto aproximado de 530 millones de pesos, esta empresa suma más de mil millones de pesos en contratos adjudicados de forma irregular en el primer semestre del año.

Como anticipamos en una publicación anterior, pese a que en esta licitación SIMA no ofertó la propuesta más económica ni obtuvo el mayor puntaje, en la publicación del fallo de la licitación la Sedena informó que de acuerdo con el “Criterio de evaluación por puntos y porcentajes”, fue la mejor calificada, mientras que declaró que las otras seis empresas no cumplían con el porcentaje mínimo, aunque no transparenta ni desglosa las calificaciones parciales.  

Lo anterior se suma a las sospechas y dudas sobre cómo, desde altos mandos de la Sedena se ha beneficiado a la empresa de Nelly Guevara Garibay, directora y representante legal de SIMA, pues en otras contrataciones se han declarado desiertas las licitaciones de forma sistemática, para luego adjudicar los contratos de manera directa, a pesar de que diversas compañías cuentan con propuestas competitivas, las cuales han sido desechadas para favorecer a la empresa SIMA. 

Diversas publicaciones en medios, refieren que la falta de transparencia en las licitaciones de la Sedena proviene desde la administración del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos. Destacando que en los últimos dos sexenios SIMA obtuvo contratos por más de mil 300 millones de pesos en Sedena, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y en los estados de Chihuahua, Jalisco y Veracruz. 

Además, en el mismo periodo se han denunciado irregularidades y vínculos entre altos mandos militares y Nelly Guevara, denuncias que han valido la observación de la Auditoría Superior de la Federación, situación que parece prevalecer, de acuerdo con el resultado de esta madrugada y los contratos otorgados en lo que va del año. 

En los primeros meses del presente año, SIMA obtuvo el contrato de la licitación pública electrónica: LA-07-110-007000999-N-408-2025, referente a la “Contratación de un servicio de abastecimiento de insumos, instrumental y apoyo técnico con el equipo médico requerido para la realización de procedimientos quirúrgicos de la especialidad de angiología, cirugía vascular y endovascular” para la SEDENA por 108 millones 991 mil pesos. 

Además de la LA-07-110-007000999-N-402-2025 para “Servicio de abastecimiento de material e insumos y apoyo técnico de la imagenología y radiología invasiva para el Hospital Central Militar, Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología, Unidad de Especialidades Médicas y escalones de atención médica que cuentan con servicios de radiología”, por un monto de 365 millones 549 mil 203 pesos. 

La Dirección General de Sanidad Militar, a cargo de Miguel Ángel Aguirre Lara, se ha convertido en un centro de poder donde coinciden altos mandos militares, licitaciones millonarias y empresarias del sector salud que resultan favorecidas por adjudicaciones directas, en donde SIMA concentra contratos en sectores estratégicos del abasto médico en la Sedena, tales como anestesia, banco de sangre, equipo médico y medicamentos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.

SIMA, contratista favorita de Sedena, concentra contratos millonarios

La beneficiaria de los contratos es Nelly Guevara Garibay, directora y representante legal de SIMA, quien en los dos últimos sexenios obtuvo contratos por más de mil 300 millones de pesos, entre lo acumulado en la Sedena, ISSSTE, así como en las secretarías de Salud de Chihuahua, Jalisco y Veracruz.

La contratista favorita del periodo del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, busca perpetuarse en los servicios médicos brindados a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), mediante dos nuevos contratos.

El negocio implica un total que supera los 474 millones de pesos, que han sido adjudicados en el primer semestre de este año.

La beneficiaria de dichos contratos es Nelly Guevara Garibay, directora y representante legal de Sincronía Médica Aplicada (SIMA), proveedora de equipo e insumos médicos, quien en los dos últimos sexenios obtuvo contratos por más de mil 300 millones de pesos, entre lo acumulado en la Sedena, ISSSTE, así como en las secretarías de Salud de Chihuahua, Jalisco, Veracruz, respectivamente.

Sólo en los primeros meses de 2025, la empresa SIMA de Nelly Guevara se ha hecho de la licitación pública electrónica: LA-07-110-007000999-N-408-2025, referente a la “Contratación de un servicio de abastecimiento de insumos, instrumental y apoyo técnico con el equipo médico requerido para la realización de procedimientos quirúrgicos de la especialidad de angiología, cirugía vascular y endovascular” para la SEDENA por 108 millones 991 mil pesos.

Además de la LA-07-110-007000999-N-402-2025 para “Servicio de abastecimiento de material e insumos y apoyo técnico de la imagenología y radiología invasiva para el Hospital Central Militar, Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología, Unidad de Especialidades Médicas y escalones de atención médica que cuentan con servicios de radiología”, por un monto de 365 millones 549 mil 203 pesos.

Los contratos, otorgados por la Subdirección de Adquisiciones de la SEDENA, a cargo del coronel José Manuel Sosa Lagunes, sumarían aproximadamente 474 millones 540 mil 203 pesos.

Aún más. A estas podría sumarse la Licitación Pública Electrónica Nacional LA-07-110-007000999-N-417-2025 para la “Contratación de un servicio de abastecimiento de material, insumos y apoyo técnico con el equipo médico requerido para realizar procedimientos de hemodinamia para el Hospital Central Militar y 5 Hospitales Militares Regionales de Especialidad”, por un monto aproximado de 530 millones de pesos.

En esta última licitación, en la que SIMA no ofertó la propuesta más económica ni obtuvo el mayor puntaje, se encamina a declarse desierta bajo el argumento de que, de los siete licitantes, sólo SIMA cumple con la propuesta técnica.

La Dirección General de Sanidad Militar, a cargo de Miguel Ángel Aguirre Lara, se ha convertido en un centro de poder donde coinciden altos mandos militares, licitaciones millonarias y empresarias del sector salud que resultan favorecidas por adjudicaciones directas.

El modus operandi, identificado en otras contrataciones, consiste en declarar desiertas las licitaciones de forma sistemática, para luego adjudicar los contratos de manera directa a SIMA o a compañías ligadas a esta.

Lo anterior, pese a que en los procesos licitatorios diversas compañías cuentan con propuestas competitivas, las cuales han sido desechadas para favorecer a la empresa SIMA y a otras con las que participa de forma conjunta.

Desde sexenios pasados se vienen denunciando estas irregularidades y vínculos entre altos mandos militares y Nelly Guevara, las cuales incluso han sido observadas por la Auditoría Superior de la Federación.

La concentración de contratos de este proveedor en sectores estratégicos del abasto médico en la SEDENA, tales como anestesia, banco de sangre, equipo médico y medicamentos, y el recorte de 20% en el presupuesto de los hospitales para este 2025, podrían agravar la crisis de desabasto de insumos que ya viven los militares, los cuales han realizado protestas y denuncias públicas respecto a esas deficiencias.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.

Militar evade pensión y servicio médico para su hija con ayuda institucional

Francisco Javier Xala, teniente oficinista adscrito a la Sedena, ha evitado cumplir una sentencia que lo obliga a reconocer a su hija, pagar manutención e inscribirla al ISSFAM. Con respaldo de la institución militar, ha obstruido la justicia y violado los derechos de la menor.

En los últimos cuatro años el teniente oficinista Francisco Javier Xala Chigo, adscrito a la sección 3 del Estado Mayor conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ha evitado cumplir con una sentencia que le ordena pagar la manutención de una hija que durante seis años se negó a reconocer e inscribirla al servicio médico que le corresponde, lo que ha logrado con el apoyo de la institución castrense.

Desde 2021 el juez Séptimo de Proceso Oral en materia Familiar de la Ciudad de México, Teófilo Abdo Kuri, condenó a Xala Chigo a reconocer la paternidad sobre una niña que tuvo desde 2013, pagarle manutención así como el retroactivo de los años que no la reconoció como suya e inscribirla ante el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) para que reciba servicio médico gratuito como corresponde a todos los hijos de los militares.

En 2013 el teniente Xala Chigo llevaba casi un año viviendo con su entonces pareja sentimental, ocho años menor que él, quien por razones de seguridad solicitó resguardar su nombre.

Un buen día ella le dio la noticia de que tenía dos meses de embarazo, él no respondió nada inmediatamente, simplemente esperó a que ella saliera a trabajar para sacar sus cosas del departamento que compartían y cambiar las chapas del lugar para evitar que ella intentara ingresar nuevamente al que había sido su hogar en los últimos meses.

En entrevista, ella reconoció que inicialmente no insistió en pedir una explicación sobre lo que estaba pasando, pues le tenía miedo, ya que, asegura, el teniente Xala Chigo se caracteriza por ser un hombre agresivo.
Me dejó un recado con el vigilante de que yo no tenía nada que hacer ahí, que no regresara, no pude hacer nada, la verdad tenía miedo.
Con este cambio repentino llegaron otros problemas, como la pérdida de su empleo y la falta de recursos para tomar acciones legales contra su expareja de quien, además, desconocía si contaba con algún fuero castrense que lo protegiera de cualquier demanda.

“Yo no sabía si como militar lo podía demandar para que reconociera a mi hija y le diera lo que por derecho le corresponde, y cuando empecé a buscar abogados, pues los que sí saben, cobran carísimo y yo no tenía recursos”, explicó.

Durante ese tiempo ella se enteró de que el teniente era divorciado, hecho que le había ocultado, que tenía dos hijos mayores y que, poco tiempo después de que él la sacó del departamento, Xala Chigo inició una relación con la mujer que les hacía el aseo cuando vivieron juntos con quien ahora tiene dos hijos pequeños.

En 2019, cuando al fin tuvo recursos para pagar un abogado, demandó a Francisco Javier Xala Chigo el reconocimiento de la paternidad sobre su hija.

El caso fue admitido a trámite por el juez Abdo Kuri y en su respuesta a la demanda el teniente dijo que nunca fue informado de la existencia de la niña, pese a que su expareja presentó diversas pruebas para acreditar, no sólo que le informó del embarazo y nacimiento de la bebé, sino que hasta le solicitó ayuda para su manutención.

En septiembre de ese año Xala Chigo ofreció a su expareja llegar a un convenio en el que reconocería la paternidad sobre la niña y registrarla conforme a la ley.

Sin embargo, en enero del año siguiente, la madre de la niña tuvo que informar al juez que el teniente jamás se presentó a registrar a su hija, por lo que el juzgador ordenó continuar con el procedimiento.

Ante la negativa de reconocer la paternidad de la niña, en el juicio se ordenó la realización de una prueba de ADN bajo la advertencia de que, si el teniente no acudía al Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia capitalino a realizarse la prueba, se declararía que es el padre de la niña de manera automática.

De nueva cuenta el teniente ignoró la orden del juez y no se presentó a la toma de muestras, por lo que su expareja solicitó que, además de declarar formalmente que el militar es el padre de la niña, se le condene al pago de una pensión alimenticia, el pago retroactivo de la misma por todos los años que él omitió cumplir con su obligación, e inscribirla ante el ISSFAM, pues la pequeña carece de servicio de seguro social porque su madre trabaja de manera independiente.

Con la pandemia de 2020 el caso se retrasó y en mayo de 2021, cuando el juez estaba por dictar su sentencia, el teniente informó que desde septiembre de 2019 le dio mil 300 pesos quincenales a la madre de la niña por concepto de pensión alimenticia, para que esta cantidad fuera tomada en consideración al momento de fijar un monto definitivo en el fallo.

Además, indicó que mantenía a sus hijos mayores, uno de 21 y 17 años de edad en aquella época, y a su madre, de 77 años.

En su sentencia el juez Abdo Kuri ordenó al teniente registrar a la niña como suya y para evitarle confusiones a la menor autorizó que se le pusieran primero los apellidos de su mamá, con los que siempre había vivido hasta ese momento, y después el apellido de su padre, Xala.

En su análisis del caso, Abdo Kuri afirmó que durante el juicio el teniente Xala Chigo obstruyó la justicia y violó los derechos humanos de su propia hija.

“El demandado pasó por alto una determinación judicial (por no ir a la toma de muestras de ADN). En ese tenor el demandado, con su conducta procesal, obstruyó la impartición de justicia violentando el derecho humano de la menor de edad de investigar por conducto de su progenitora, su origen, el cual es un bien jurídicamente tutelado por nuestra Constitución”, explicó el juez en el fallo.

Asimismo lo condenó a pagar 20% de sus ingresos ordinarios y extraordinarios como integrante de la Sedena por concepto de pensión alimenticia en favor de su hija, que equivalen a poco más de cinco mil pesos mensuales y, como en septiembre de 2019 fue el propio Xala Chigo quien ofreció llegar a un convenio y aceptó registrar a la niña, reconociendo desde entonces su paternidad, el juzgador también lo condenó a pagar el retroactivo exigido por su expareja, cuyo monto sería calculado conforme a sus percepciones, el porcentaje de la pensión alimenticia y el tiempo desde el nacimiento de la niña hasta el dictado de la sentencia.

También le ordenó inscribir a la niña en el servicio médico que le proporciona la Sedena, es decir, ante el ISSFAM.

Burocracia verde olivo

Una vez que el fallo quedó firme, en julio de 2021, la primera y última vez que el teniente Xala Chigo vio a su hija fue el día que acudió al Registro Civil a registrarla como suya.

Para entonces la niña tenía ocho años, pese a ello, actualmente no se acuerda de su papá ni pregunta por él, pues éste jamás ha buscado tener un vínculo con ella.

Debido a que el registro ante el ISSFAM lo debe realizar personalmente el teniente Xala, su expareja ha encontrado diversos obstáculos para lograr que su hija reciba la atención médica que le corresponde.

Pese a que la sentencia quedó firme desde 2021, no fue sino hasta 2023 que fue expedida la credencial del ISSFAM a nombre de la niña, pero, casualmente, sus apellidos estaban mal.

Por ello, en noviembre de ese año el director general de Seguridad Social Militar, general de brigada Roberto Claudio del Rosal Ibarra, informó al juzgado que la expareja del teniente Xala debía regresar la credencial errónea para recibir una nueva.

“Yo fui, pero al llegar me dijeron que esa persona ya no estaba ahí y hasta ahora nadie sabe a quién le corresponde recibir la credencial y darme una nueva, el problema es que en la Sedena todo lo tengo que hacer mediante oficios emitidos por el juzgado y todo eso es muy tardado”, explicó la madre de la niña.
Yo sé que él tiene contactos para bloquear cualquier trámite en la Sedena, y como es muy agresivo yo ya temo por mi seguridad.
Aunque al teniente le descuentan el porcentaje de la pensión alimenticia directamente de la nómina, el descuento para el pago del retroactivo no ha podido ser una realidad, pues incluso desde la propia Sedena han incumplido con los informes requeridos por el juez para cuantificar el monto, lo que ya causó que el juzgador imponga multas tanto al teniente como a otros funcionarios de la institución.

Desde el 28 de mayo último el Poder Judicial de la Ciudad de México está en paro de labores, lo que ha ocasionado que casos como el de la hija del teniente Xala Chigo se vean afectados, pues hasta ahora la niña no ha logrado tener ni siquiera la atención médica que por derecho le corresponde.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

Reforma a la Guardia Nacional permite que militares compitan por cargos públicos: MC

Ivonne Ortega advierte sobre una “licencia especial” que sólo podría ser otorgada por quien encabece el Poder Ejecutivo o la Secretaría de la Defensa.

La coordinadora de Movimiento Ciudadano (MC) en San Lázaro, Ivonne Ortega, acusó que la reforma sobre la Guardia Nacional que se discutirá este martes tiene un artículo que permite a militares para competir por cargos públicos. 

En entrevista en la Cámara de Diputados, la legisladora emecista explicó que el artículo 44 concede una “licencia especial” para que el o la titular del Ejecutivo o secretario de Defensa puedan otorgar la licencia a los militares para competir por cargos públicos.

“Hay muchísimos temas que me parecen muy graves en la reforma, pero este artículo en particular, en el 44, en donde concede una licencia especial que no está contemplada en el 35, esta licencia especial solo la podría dar la persona que esté en el alto mando, sea presidenta, presidente de su momento o el secretario de la Defensa, ellos son los que pudieran otorgar esta licencia. 

“¿Para qué? Para competir en cargos de elección popular, para poder ser funcionarios de gabinete, para poder ser funcionarios descentralizados, para poder ser funcionarios municipales, estatales o federales, o cualquier encomienda que su cargo no la instruya”, detalló. 

El artículo 44 en su numeral III establece que la “licencia especial” es la que se concede o en la que se coloca al personal militar con formación policial integrante de la Guardia Nacional, para desempeñar cargos de elección popular cuando la persona titular del Ejecutivo Federal los nombre para el desempeño de una actividad ajena a la Guardia Nacional, y desempeñar actividades o empleos civiles en dependencias del Ejecutivo Federal, de los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios, en organismos descentralizados o empresas de participación estatal y otras dependencias públicas, siempre que esas actividades o empleos requieran separarse temporalmente de sus funciones de seguridad pública para estar en aptitud legal de desempeñarlos. 

Ivonne Ortega advirtió que con el “permiso especial” los militares pueden entrar a cualquiera de las categorías de trabajo, municipales e instituciones federales sin que pase por el Senado, la Cámara de Diputados u otra cosa, sólo la libre disposición de quien los imponga.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.

Sheinbaum nombra a ex comandante de la Guardia Nacional, como cónsul en Dallas

Luis Rodríguez Bucio, ex comandante general de la Guardia Nacional-, y ex titular de la Subsecretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), fue designado, el 18 de junio de 2025, por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como titular del Consulado General de México, en Dallas, Texas, Estados Unidos.

Según oficio firmado por el canciller Juan Ramón de la Fuente Ramírez, la titular del Poder Ejecutivo Federal también designó a Carlos Iriarte Mercado -ex diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ex presidente municipal de Huixquilucan, así como ex director general de Seguridad Pública y Tránsito en el Estado de México, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto-, como cónsul general en Boston, Massachusetts, también en EE. UU.

Otros titulares de consulados designados por la mandataria nacional mexicana, fueron Rafael Eugenio Laveaga Rendón, en Atlanta, Georgia; Marcos Augusto Bucio Mújica, en Nueva York; Donají Alba Arroyo, en Raleigh, Carolina del Norte; Marco Antonio Mena Rodríguez, en San Francisco, y Neftalí Said Pérez González, en San José, estos últimos dos en California, Estados Unidos.

Mientras que, según el oficio firmado por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), otros titulares de consulados nombrados por Sheinbaum Pardo fueron Claudia Velasco Osorio, en Sao Paulo, Brasil; mientras que para Toronto y Vancouver, Canadá, fueron designados Iván Norberto Sierra Medel y Julián Adem Díaz de León, respectivamente.

En el oficio -que fue originalmente signado por la titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y que se envió al canciller, con la petición de que se solicitara la aprobación de ese y otros nombramientos a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión- estaban los nombramientos de seis personajes sin ninguna experiencia diplomática.

Los otros cuatro de la lista son integrantes del Servicio Exterior Mexicano (SEM). Además del ex comandante general de la Guardia Nacional, el nuevo titular del Consulado General de México en Nueva York tampoco cuenta con experiencia en cargos diplomáticos.

Bucio Mújica fungió como vocero de Francisco Buenaventura Labastida Ochoa, durante la campaña presidencial del PRI en el año 2000, y, durante el Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ocupó cargos en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Mientras que Pérez González fue ex director del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Por su parte, Mena Rodríguez ganó la gubernatura de Tlaxcala como candidato del PRI, entidad que gobernó del 1 de enero de 2017 al 30 de agosto de 2021. Tras ello, se volvió militante de Morena.

Mena Rodríguez también se desempeñó como director general de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL), del 16 de agosto de 2023 al 11 de mayo de 2025, durante la Administración de López Obrador. Asimismo, Alba Arroyo, militante de Morena, fue candidata a la Secretaría General de dicho partido y es cercana de Mario Martín Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Federal.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Reformas de “Guardia Nacional” legalizan el espionaje militar

Esta semana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa para expedir la Ley de la Guardia Nacional y reformar leyes secundarias en la materia. Estas reformas proponen legalizar la vigilancia de las comunicaciones por parte del Ejército, una práctica que hemos advertido y documentado ampliamente por sexenios- como lo revela la investigación Ejército Espía– y que se ha llevado a cabo ilegalmente en contra de periodistas, defensoras de derechos humanos, investigadoras e incluso funcionarios públicos con impunidad.

A través del artículo 29, fracciones XXI a XXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública General, esta reforma propone facultar a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para procesar y usar información en actividades de inteligencia por motivos de seguridad nacional, sin que existan controles o salvaguardas para acotar estas atribuciones.

Adicionalmente, si bien la Ley de Guardia Nacional vigente no incluye salvaguardas suficientes en la realización de actividades de investigación e inteligencia, la reforma propuesta no sólo no las incorpora, sino que representa un retroceso a los controles existentes. Por ejemplo, el artículo 9 fracción XXVI de la redacción propuesta  genera confusión respecto de si la Guardia Nacional requiere autorización judicial para acceder a los datos conservados en manos de empresas de telecomunicaciones o para conocer la georreferenciación de los equipos de comunicación móvil en tiempo real.

Estas reformas son parte de un paquete de iniciativas presentadas ante el Congreso de la Unión que configuran -de manera individual y conjunta- un panorama peligroso para los derechos humanos. Por ejemplo, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública plantean la interconexión de bases de datos nacionales e internacionales tanto públicas como privadas sin los controles necesarios, así como la creación de una Plataforma Nacional de Telefonía Móvil. La Ley de Telecomunicaciones propone también este registro obligatorio de usuarios de telefonía y la obligación de las empresas de conservar y compartir datos, incluyendo la geolocalización en tiempo real. Además, las reformas a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia Desaparición Forzada imponen la CURP biométrica como condición obligatoria para acceder a servicios públicos y privados y una Plataforma Única de Identidad para validar, monitorear y gestionar la identidad de todas las personas en México con consultas en tiempo real. 

El incremento de las facultades de vigilancia sin control para la SEDENA y el debilitamiento de controles para la Guardia Nacional planteadas en estas reformas, así como las propuestas legislativas mencionadas en el párrafo anterior son presentadas en un contexto de debilitamiento de disposiciones en materia de transparencia y datos personales. En esencia, esta legalización de la vigilancia de comunicaciones por parte del Ejército expone gravemente la intimidad de la población y plantea importantes riesgos a la protección de datos personales y los derechos humanos.

Esta reforma, aunque se presenta bajo el título “en materia de Guardia Nacional”, rebasa este ámbito y le da facultades de vigilancia sin controles al Ejército. Por ello, denunciamos enérgicamente ésta y las demás propuestas legislativas -promovidas por el Poder Ejecutivo Federal- que buscan ampliar la infraestructura tecnológica y las facultades de vigilancia estatal. Hacemos un llamado al Congreso de la Unión para desechar estas reformas en beneficio de la población mexicana y analizar este tipo de propuestas desde una perspectiva de derechos humanos enfocada en el establecimiento de controles democráticos a la vigilancia. 

De igual manera, hacemos un llamado a la resistencia a todas las personas comprometidas con los derechos humanos para visibilizar los intentos de legalización de la vigilancia de comunicaciones practicada por el Ejército. Es necesario seguir exigiendo transparencia, rendición de cuentas y garantías de no repetición ante las múltiples violaciones a los derechos humanos que implican estas prácticas intrusivas.

Firman

R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales

ARTICLE 19, Oficina para México y Centroamérica

Social TIC

FUENTE: RED EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DIGITALES
AUTOR: RED EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DIGITALES.
FECHA: 13 DE JUNIO DEL 2025.

Semar contrata a empresa de consul nicaragüense; bajo su custodia entró combustible ilegal a México

Servicios Especializados de Investigación y Custodia es el nombre de la empresa contratada por la Marina para vigilar el puerto de Guaymas, en Sonora. Bajo su mando ocurrió el ingreso ilegal al país de más de dos millones de litros de diesel, el 20 de marzo último.

Las aguas en la bahía de Guaymas, Sonora, se caracterizan por su tranquilidad y profundo color verde con rayas azules que pintan el Mar de Cortés.

En esta calma una empresa de seguridad privada vinculada al sandinismo nicaragüense, contratada por la Secretaría de Marina, vigila las instalaciones del puerto federal desde agosto de 2022, gracias a un contrato vigente de 65.6 millones de pesos.

Se trata de Servicios Especializados de Investigación y Custodia, SA de CV (SEICSA), registrada en Monterrey y propiedad del cónsul honorario Elías Gerardo Valdés Cabrera, quien acumuló contratos por casi cuatro mil millones de pesos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Valdés Cabrera, además, abrió otras dos empresas en la Ciudad de México, en las que uno de sus accionistas es Roberto Carlos Avendaño Vázquez, socio en otra empresa creada también en la capital del país por David Ashdruval Martínez Hernández, hijo del general en retiro Audomaro Martínez, quien fue el titular del Centro Nacional de Inteligencia en el sexenio lopezobradorista.

Otra socia del cónsul honorario es María Dolores Zorrilla Solana, exfuncionaria del DIF en Chiapas. Su hermano, Juan Jerónimo, está también asociado con el hijo del general Audamaro junto con Avendaño Vázquez.

Con SEICSA como responsable de la seguridad en el puerto de Guaymas, ocurrió parte de la operación transnacional que involucró a funcionarios públicos mexicanos y empresas extranjeras para ingresar al país de manera ilegal dos millones 226 mil litros de diesel el 20 de marzo último, en el buque contenedor Torm Agnes.

La embarcación, de manufactura danesa y bandera singapurense, surcó por el Golfo de México desde la última semana de enero proveniente del puerto de Houston, en Estados Unidos.

Ahí embarcó en el muelle 16 de la Refinería de Houston City, administrado por la empresa Valero Energy Corporation. El buque arribó a la agencia de aduanas y fronteras CBP (siglas en inglés), según constata el registro de buques en comercio exterior, correspondiente a despachos, con folio CF1401, publicado el 25 de enero.

Tras su salida de aguas estadunidenses, el barco de 180 metros de largo se dirigió al puerto…

Fragmento del texto publicado en la edición 0024 de la revista Proceso, correspondiente a junio de 2025

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS IBARRA.

“Fue un engaño”: Ejército pidió permiso para construir alojamiento para empleados, pero es un hotel del Tren Maya en Uxmal

En 2022, la Semarnat autorizó en solo una semana un permiso en materia de impacto ambiental para que el Ejército construyera un alojamiento para personal de seguridad, pese a que los detalles del proyecto describían un hotel turístico.

Para su procedimiento de evaluación de impacto ambiental, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) presentó el Hotel Tren Maya de Uxmal, en Yucatán, como si fuera un alojamiento para personal de seguridad y no como un destino turístico.

El 3 de noviembre de 2022, el Ejército solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el otorgamiento de la autorización provisional en materia de impacto ambiental para realizar la “Construcción de un alojamiento para el personal que brinda el servicio de seguridad a la zona arqueológica de Uxmal (Santa Elena, Yucatán)”. Sin embargo, los detalles del proyecto que los funcionarios de Semarnat recibieron en sus escritorios describen algo muy distinto, pues incluye un área de hotel de 26.6 hectáreas, una zona de glamping de 5.91 hectáreas en la selva maya, una entrada monumental y pretende ocupar un total de 40.76 hectáreas, la misma superficie de colonias como la Juárez o la Doctores de la Ciudad de México.

A pesar de estas incongruencias, Semarnat otorgó la autorización provisional en una sola semana, cuando este procedimiento suele tardar un par de meses. Poco más tarde, el 24 de noviembre de 2022, la Sedena solicitó la modificación de algunos detalles del proyecto y lo renombró “Construcción de un Hotel en Nuevo Uxmal”, esta vez diciendo explícitamente que la finalidad era “solucionar la necesidad de servicio de hospedaje a los visitantes de la Zona Arqueológica de Uxmal”.

“Obviamente un inmueble de este tipo tendría un impacto ambiental mucho inferior al que tiene un hotel de lujo”, dice Romel González del Área jurídica del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX). “La lógica del gobierno y del Ejército parece ser primero construir y luego eventualmente pedir perdón por las afectaciones, como lo hicieron con el Tren Maya”.

De acuerdo con el área jurídica del CRIPX, se trata de un “engaño institucional” que involucra varias dependencias federales: Sedena, Semarnat y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que dictaminó la viabilidad de la obra. 

Fue hasta un año después del inicio de las obras que un ingeniero del Ejército ingresó a Semarnat la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto “Construcción de un Hotel en Nuevo Uxmal”, que según la dependencia está en su página de Internet “a disposición del público”, aunque en realidad no se encuentra.

Sucesivamente, el pasado 27 de marzo de 2025, la Semarnat publicó en la Gaceta Ecológica el resolutivo del proyecto con su nombre originario: “Alojamiento para el personal que brinda el servicio de seguridad a la zona arqueológica de Uxmal”. Pese a que opera como un hotel.

Animal Político buscó una postura de la Sedena, pero no recibió ninguna respuesta. A Semarnat se le preguntó por qué otorgó la autorización provisional a un proyecto de alojamiento para militares cuyas características son de un hotel turístico, pero al cierre de edición no hubo una explicación.


Un parque y un hotel gestionados por militares en Uxmal

El Hotel Tren Maya de Uxmal comenzó a construirse antes de contar con permisos ambientales, es decir, antes de que su MIA fuera aprobada, como ocurrió con los otros cinco hoteles que el Ejército gestiona a lo largo de la ruta del Tren Maya, tal como te contamos en esta nota. Además, la población local no fue consultada ni informada antes del inicio de las obras. 

El inmueble tiene 160 habitaciones, un estacionamiento para 212 vehículos, alberca, gimnasio, spa y se encuentra a lado de la zona arqueológica de Uxmal. Está inmerso en el Parque Nacional Nuevo Uxmal, de 1700 hectáreas, que a la par del hotel es de propiedad de una empresa del Ejército: el Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica (GAFSAOMM).

Recientemente, Pedro Ayuso, un poblador de la zona, visitó el Parque Nacional Nuevo Uxmal con su familia. “A unos metros de la entrada hay un retén de militares que te piden tus documentos y te preguntan a qué vas; siendo que estás allí de turista, se siente realmente muy raro”, relata.

“Después del retén se encuentra el Hotel Tren Maya y luego el ingreso al parque, que cuesta 140 pesos para los turistas nacionales. El boleto incluye la posibilidad de recorrer un pasillo que está bajo el sol, aunque en Yucatán el calor es realmente infernal. El camino lleva a un espacio donde hay unos animales en cautiverio, y son un venado, un jabalí, un pavo de monte y un ocelote: la verdad es que no me pareció nada atractivo para los turistas. De hecho, no había casi nadie y los artesanos que trabajan allí me dijeron que gastan más en pasaje para alcanzar su puesto de lo que ganan con la venta de sus productos”.

No sólo es Uxmal, Ejército pide autorización para otro hotel en ruta del Tren Maya

Sedena empleó la misma maniobra para obtener la autorización provisional de impacto ambiental para poder comenzar a construir el Hotel Tren Maya de Calakmul. Según una nota publicada en agosto de 2023 por Giovanna Gasparello y Jorge Fernández Mendiburu en Los Angeles Press, en febrero del mismo año la Dirección General de Ingenieros de la SEDENA presentó a SEMARNAT una solicitud de autorización provisional relativa a la “Construcción de un alojamiento para el personal que brinda seguridad, monitoreo, investigación, logística y educación ambiental en la Zona Arqueológica de Calakmul, Campeche” (que, por otro lado, fue registrado ante la Secretaría de Hacienda como “alojamiento para el personal [militar] en tránsito en la región Sureste”).

Los planos del proyecto muestran un edificio efectivamente pequeño, pero el oficio de autorización provisional describe la obra que hoy en día afecta al corazón de la Reserva de la Biósfera de Calakmul, a 10 kilómetros de la zona arqueológica: el Hotel Tren Maya, un inmueble de dos pisos con cuatro torres, un estacionamiento para casi 400 carros y 144 habitaciones.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ORSETTA BELLANI.

“Asistencia de militares al Consejo General del INE fue una cortesía”, afirma Taddei

Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), afirmó, el 1 de junio de 2025, que la presencia de un grupo de elementos de las Fuerzas Armadas en el Salón de Plenos del Consejo General del órgano constitucional autónomo, mientras se desarrollaba una sesión pública, fue una “cortesía” con ellos, porque cuidaban los materiales electorales.

Entrevistada por representantes de diversos medios de comunicación, después de emitir su voto en una casilla seccional de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, Taddei Zavala argumentó que en la sede central del INE se llevó a cabo la instalación de la mesa de coordinación en materia de seguridad, y posteriormente se invitó a los militares al Salón de Plenos del Instituto Nacional Electoral, como una cortesía.

“Una cortesía fue que estuvieran participando en la sesión del Consejo General. No podemos hacer de una vulneración de la autonomía por ¡por Dios! El instituto desde que nace, el [Instituto Federal Electoral] IFE, hay que tener buena memoria para esto, ha sido siempre protegido por las fuerzas de seguridad”, enfatizó la consejera presidenta del INE.

“Acudimos a ellos con toda confianza para que resguarden las boletas electorales. Si algo pudiera perder la autonomía el Instituto, es que pudieran hacer uso indebido de todo el material electoral”, consideró Taddei Zavala.

“Como una cortesía a la presencia en el Instituto y a todo el país, de las facilidades que nos brindan para resguardar el proceso. No podemos hablar de falta de autonomía, me parece un exceso, porque siempre hemos puesto la confianza en las fuerzas de seguridad”, insistió la consejera presidenta del INE.

Un grupo de elementos de las Fuerzas Armadas estuvieron presentes, el domingo 1 de junio de 2025, en el Salón de Plenos del Consejo General del INE, mientras se desarrollaba una sesión pública, lo que no había sucedido en los 35 años de historia del órgano constitucional autónomo, desde que fue fundado, el 11 de octubre de 1990, como el ahora extinto IFE.

Al menos tres elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), así como un elemento de la Guardia Nacional (GN), todos vestidos con uniforme militar camuflado, estuvieron presentes durante las casi dos horas que duró la primera parte de la sesión pública permanente del Consejo General del INE.

“Efectivamente, nunca había ocurrido algo semejante en la sala del Consejo General. Las y los consejeros no fuimos consultados ni informados de ello”, confirmó Jaime Rivera Velázquez, consejero del órgano constitucional autónomo electoral.

“Nunca en la historia política del IFE-INE autónomos vimos a militares en la sesión del Consejo General. Su presencia en el área destinada al personal de la secretaría ejecutiva es un símbolo, pero sobre todo, un mensaje de que el INE ha dejado de ser autónomo e independiente”, escribió Alfredo Figueroa Fernández -ex consejero del Instituto Federal Electoral, del 15 de agosto de 2008 al 30 de octubre de 2013-, en su cuenta de la red social X, donde también anexó una fotografía de la presencia de los elementos de las Fuerzas Armadas.

“Ojalá que el @INEMexico salga a desmentir esta noticia. una cosa es la indispensable colaboración con las fuerzas armadas, otra que tengan presencia -aunque sea como público- en los órganos de decisión del INE… De ser cierto, es algo inédito y símbolo de los “nuevos tiempos”, indicó, por su parte, Lorenzo Córdova Vianello, ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, desde el 3 de abril de 2014 hasta el 3 de abril de 2023.

Antes, la titular de la Secretaría Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, encabezó la instalación de la mesa de seguridad conjunta, con representantes de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Defensa (DEFENSA), Marina (SEMAR), Gobernación (SEGOB), además de Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR).

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.