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Calzada Flotante en Tlalpan, ¿un proyecto que acelerará la gentrificación? Esto alerta un experto

El urbanista Pablo Gaytán expone los riesgos del proyecto de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para recibir el Mundial de Futbol, y recuerda que en 1982 se inició el patrón de la transformación territorial en la Ciudad de México, cuando inversionistas y autoridades comenzaron a urbanizar Santa Fe.

De acuerdo con el sociólogo y urbanista Pablo Gaytán, el proyecto de la Calzada Flotante de Tlalpan que impulsa la jefa de Gobierno, Clara Brugada, como parte de la infraestructura para recibir la Copa Mundial FIFA 2026, promoverá un proceso de reconfiguración urbana que profundiza la lógica de despojo relacionada con el fenómeno de gentrificación en la capital mexicana. 

Lo que está en juego no es sólo la transformación de barrios, sino la implementación de un plan de negocios estructurado, orquestado por una alianza entre gobierno y sector privado que se ha mantenido intacta desde los ochenta, compartió en entrevista el especialista, quién este año publicó el libro Estado Inmobiliario en la Ciudad de México: Despojo, desalojo, desplazamiento y desarraigo 1982-2024.

Gaytán describió el fenómeno de gentrificación como “imparable” y ahora, en plena efervescencia de protestas contra la gentrificación, advirtió que la Ciudad de México parece avanzar sin pausa hacia un modelo urbano que privilegia a los grandes capitales inmobiliarios y turísticos. 

La expansión de la gentrificación ya no se limita a las zonas centrales, o de “tensión inmobiliaria”, como han sido calificadas por el gobierno local. El urbanista identifica un nuevo frente al sur, impulsado por la construcción de la llamada calzada flotante de Tlalpan, una obra que en su primera fase conectará Tlaxcoaque con el Metro Taxqueña y que, en su análisis, no busca mejorar la movilidad cotidiana, sino habilitar el traslado del capital inmobiliario hacia colonias como Portales, Campestre Churubusco, Xola, Villa de Cortés, donde cualquier peatón puede ubicar decenas de torres en construcción.

La segunda fase pretende conectar Periférico con el Centro Histórico, lo que incluso podría expandir el fenómeno a alcaldías donde era “impensable”, como Xochimilco. Tláhuac, Tlalpan y Magdalena Contreras. 

Esta operación, apunta Gaytán, replica el patrón de transformación territorial que inició en 1982, cuando inversionistas como George Soros, en alianza con el Departamento del Distrito Federal encabezado por Carlos Hank González, comenzaron a urbanizar Santa Fe, bajo un modelo de expropiación para construir proyectos inmobiliarios. En consecuencia a lo anterior, en 1997 se colocó la primera piedra de la Torre Mayor sobre la avenida Reforma, con capital del empresario canadiense Paul Reichmann.
Esa torre marca la salida para la nueva oleada, entonces viene la conexión Santa Fe, Reforma, Avenida Juárez, Centro Histórico, se comienzan a desarrollar ahí proyectos inmobiliarios y los efectos que tiene cualquier proyecto inmobiliario en todos los sentidos es de cinco kilómetros a la redonda, la primera colonia que empieza a resentir los efectos es la colonia Juárez, de manera inmediata. 
De acuerdo con el especialista, el vínculo entre el sector público, financiero e inmobiliario se consolidó con las asociaciones público-privadas durante el gobierno de Andrés López Obrador como jefe de Gobierno, en particular con grupos empresariales como Carso y Danhos, que comenzaron a crear asociaciones público privadas para crear proyectos turísticos a través de un fideicomiso del Centro Histórico:

“Ya después de eso vienen los siguientes desarrollos y aumento de la influencia de los proyectos de gentrificación en los gobiernos, tanto de Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera, Claudia Sheinbaum y hoy día Brugada".

Se trata de un “caldo de cultivo de la gentrificación” que se puede identificar en el proyecto de la calzada flotante de Tlalpan, que además forma parte de un rediseño urbano vinculado al Mundial de Fútbol de 2026. 

Este nodo de obras no está aislado: se articula con otras infraestructuras –la modernización del Tren Ligero, una nueva línea del Trolebús de Ciudad Universitaria a Huipulco, así como nuevos tramos de Cablebús para conectar con el Ajusco– que confluyen en un epicentro: el Estadio Azteca, que se perfila como un futuro centro de espectáculos.

Doble discurso

El investigador señaló que, aunque el discurso oficial reconoce las afectaciones sociales causadas por la gentrificación, proyectos como la calzada flotante responden principalmente a una lógica de expansión territorial orientada al turismo y a la inversión privada: 
Pensado en Xochimilco, el Ajusco y el Estado Azteca como los nuevos yacimientos deportivos, del espectáculo, del turismo para que entren recursos para la industria turística, en particular en beneficio a plataformas de hospedajes a corto plazo. 
Además, considera que la construcción de vivienda social en las colonias Buenos Aires y Doctores, como plantea la actual administración, podría expandir dinámicas de gentrificación en zonas que la propia Brugada ha calificado de tensión inmobiliaria.

Y cuestiona la viabilidad del tope de rentas anunciado el 16 de julio último, como parte del Bando Uno que presentó la jefa de Gobierno para atender la gentrificación, al considerar que se trata de una medida reactiva y simbólica ante el descontento social que emergió en las protestas recientes contra la gentrificación –las cuales tuvieron lugar los pasados 4 y 20 de julio–, pero que carece de sustento legislativo y operativo.

En el análisis de Pablo Gaytán, la capital mexicana podría estar frente a un fenómeno de gentrificación masivo en el que participan todos los niveles de gobierno, pues mientras en la Ciudad de México se desarrollan megaproyectos urbanos orientados al turismo y a la inversión inmobiliaria, en la periferia se están diseñando las condiciones para absorber el desplazamiento que estos mismos proyectos generan.

En particular, señaló el caso de Chalco, donde ya se planea infraestructura urbana a gran escala, como una planta potabilizadora y un nuevo centro de transferencia de transporte, lo cual anticipa una nueva ola de expansión metropolitana. 

Explica, estas obras no están pensadas para mejorar las condiciones de vida de quienes ya habitan la zona, sino para facilitar la reubicación de población desplazada por procesos de gentrificación en la capital, reforzando así una lógica de segregación urbana impulsada desde el propio aparato gubernamental.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: XIMENA AROCHI.

Ordenan reinstalar memorial de Mauricio Aguilar Leroux, desaparecido en Veracruz

Trabajadores del gobierno federal y del gobierno capitalino recibieron la orden de reinstalar en el Zócalo de la Ciudad de México el memorial de Mauricio Aguilar Leroux, desaparecido desde el 27 de mayo de 2011 en Córdoba, Veracruz, que fue instalado por su esposa Mary Coronado, su hija y familias buscadoras el 23 de abril de 2024 y retirado por las autoridades.

«No les reconocemos el gesto de reinstalarlo, ni les damos las gracias porque simplemente nunca debieron de haberlo retirado. Esperamos que, así como instalaron este, pronto reinstalen los otros cuatro que quitaron», escribió el artista y activista Alfredo López Casanova tras la colocación del memorial del pasado 23 de julio.

Añadió que la reinstalación del memorial «no es cualquier cosa», sino que es «una gran victoria de las familias contra el desprecio y el desdén de las autoridades frente a la crisis humanitaria y el horror cotidiano que vive el país, del cual ellos son responsables junto con los gobiernos pasados».

El 24 de abril de 2024, colectivos y organizaciones denunciaron «el insensible retiro de cuatro memoriales» instalados por las familias de las víctimas de desaparición frente al Palacio Nacional. Los memoriales recordaban a Óscar Antonio López Enamorado, joven migrante hondureño desaparecido en Jalisco en 2010; Antonio Verástegui y su hijo Antonio de Jesús, desaparecidos el 24 de enero de 2009 en Coahuila; Alejandro Alfonso Moreno Baca, desaparecido el 27 de enero de 2011 en Nuevo León; y Marco Antonio Amador Martínez, joven migrante hondureño desaparecido en Tamaulipas el 11 de marzo del 2013.

Los memoriales fueron retirados por militares que custodiaban el recinto presidencial, presuntamente por instrucciones del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador el 15 de marzo del 2024, frente a lo cual las familias interpusieron un amparo para solicitar la protección de la Justicia de la Unión al considerar que el retiro de los memoriales violentó sus derechos humanos a la memoria, a la protesta, a la manifestación, a la legalidad y seguridad jurídica.

El mismo día que emitieron el comunicado, las familias exigieron a las autoridades que no cometieran «las mismas violaciones» con el memorial de Mauricio Aguilar, instalado sólo un día antes del pronunciamiento. Sin embargo, el memorial fue retirado.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

El Frente por la Vivienda Joven reivindica la lucha radical contra la gentrificación en la CDMX

El Frente por la Vivienda Joven denuncia a Morena por favorecer intereses inmobiliarios. Rechazan el plan de Clara Brugada, tachándolo de insuficiente frente a la crisis habitacional. “Cuando no tienes nada que perder, sólo te queda ganar derechos”.

El Frente por la Vivienda Joven (FJV), integrado por disidencias de izquierda radical, se ha convertido en una voz crítica y activa contra el fenómeno de la gentrificación en la Ciudad de México. 

Este movimiento rechaza la izquierda institucional representada por Morena y culpa a la actual administración capitalina de impulsar una agenda de desarrollo urbano que favorece intereses particulares por encima de las necesidades sociales de los habitantes.

Representante del FVJ, Valentina Ramírez expone en entrevista que la crisis de la vivienda en la CDMX golpea con mayor fuerza a la juventud, especialmente a sectores vulnerables como la comunidad trans y estudiantes, quienes enfrentan rentas impagables y condiciones precarias.

También precisó que el colectivo en el que está, el cual se ha hecho presente en las dos marchas contra la gentrificación, surge el 24 de abril último (con 714 afiliados) en un contexto histórico donde la propiedad nunca fue realmente accesible para la mayoría de la población. “Ni nuestros abuelos ni nuestros padres fueron dueños de lo que tenían. La especulación y los créditos transformaron el mercado de la vivienda en un sistema en el que ya nadie es dueño de nada”. 

Asegura que la generación actual de jóvenes, que se manifiesta activamente contra la gentrificación, es la más radicalizada, pues “cuando no tienes nada que perder, sólo te queda ganar derechos”.

Ramírez refiere que el Frente está en favor de todos los “métodos de lucha”, incluyendo aquellos que utilizan la fuerza, “porque así es como se generan los cambios en la historia; no combates al narco dándole abrazos, por ejemplo”. 

 “El Frente por la Vivienda Joven –continúa– no incide en lo que el Gobierno llama disturbios, que se catalogaría mejor como iconoclasia. Si es cierto que tenemos una gran afinidad con los grupos del Bloque Negro, específicamente hay una organización llamada Frente Autodefensas que se encarga de proteger a nuestros contingentes, esta organización, si bien no acciona, intenta interactuar con los bloques negros para que, si van a accionar, tienen que hacerlo con responsabilidad”.

Rechazo al plan de Brugada

Valentina Ramírez expone otra realidad: los precios de arrendamiento en zonas cercanas a universidades alcanzan entre cinco mil y ocho mil pesos mensuales por espacios diminutos y compartidos con varias personas, en lugares con falta de servicios básicos y en algunas ocasiones sin garantías en el acceso a agua o en condiciones mínimas de salubridad. 
El salario mínimo es una tontería en comparación con las rentas, y la inflación reduce aún más el poder adquisitivo.
El movimiento que representa, explica, está conformado principalmente por exmilitantes de la izquierda radical, como el Partido Comunista de México y el Movimiento de Trabajadores Socialistas; sólo una minoría son exmilitantes De Morena.

Aunque el partido en el poder dice ser de izquierda, el Frente por la Vivienda Joven no lo respalda y cuestiona su autenticidad. Sobre ello, Ramírez recordó que el movimiento de la Cuarta Transformación está conformado en gran parte por cuadros de la vieja y nueva escuela del PRI, “un régimen totalitario con experiencia en mantener el poder a través de métodos autoritarios”. 

La integrante del FVJ denuncia que a “Morena le gusta hablar mucho del cártel inmobiliario”, el cual ha sido ligado al PAN. Sin embargo, a fin de cuentas todos esos permisos de construcción tienen que pasar por todos los niveles de gobierno. En ese sentido, desde el PAN, PRI, PRD, hasta Morena, PT y partidos satélites aliados son igual de culpables y se han beneficiado”. 

En ese contexto, la Ciudad de México ha sido escenario de dos manifestaciones contra la gentrificación, realizadas en las últimas semanas. La primera protesta se hizo el 4 de julio último, con una marcha que partió del Parque México hacia las colonias Roma Norte y Doctores en la alcaldía Cuauhtémoc, donde el contingente vandalizó comercios durante el recorrido.

La segunda ocurrió el 20 de julio pasado, partió desde la estación Fuentes Brotantes, del Metrobús, hacia el Monumento al Caminero y después se dirigió al Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC), en Ciudad Universitaria, donde manifestantes también realizaron destrozos en la fachada del recinto.

Tras la primera protesta, el 16 de julio la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó un plan de 14 puntos en respuesta a las denuncias sobre el encarecimiento de la vivienda. 

Entre las medidas, anunció que propondrá ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de ley de rentas justas, razonables y asequibles, con el objetivo de regular y estabilizar los precios de alquiler en la capital. 

Para el Frente por la Vivienda Joven estas propuestas no abordan de fondo la complicidad de los distintos niveles de gobierno con el modelo urbano que privilegia la especulación y el despojo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: XIMENA AROCHI.

Protestan para exigir aparición de Ana Amelí, joven desaparecida en el Ajusco

Familiares, amistades y colectivos protestaron este miércoles en la Ciudad de México para exigir la aparición con vida de Ana Amelí García Gamez, joven de 19 años desaparecida el pasado 12 de julio en el Ajusco, donde acudió para escalar el Pico del Águila.

“No podemos esperar a que si la Fiscalía tiene recursos limitados, técnicos, humanos o económicos, pues el tiempo pasa y simplemente no tenemos resultados”, dijo el padre de la joven, Ricardo García, en el mitin al finalizar la movilización en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La marcha inició en la Glorieta de las y los Desaparecidos en Avenida Reforma y caminó por las calles del centro capitalino hasta la Fiscalía para exigir que las autoridades actúen en la búsqueda y pronta localización de la joven, estudiante de Biología.

De acuerdo con García, la familia busca que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSCCDMX) intervenga para que despliegue a elementos de la policía, de inteligencia y de unidades especializadas para agilizar la investigación.

Por su parte, la madre de la joven, Claudia Vanessa Gamez, aseguró que en las reuniones que se han llevado a cabo con las autoridades no se tienen claras las líneas de investigación, por lo que pidió que “si no se puede en México, que se pida colaboración con otros países”. “Yo creo que México internacionalmente tiene muchos aliados como para pedir la tecnología si es que no la tiene”, añadió Gamez.

Con consignas como “Querida Amelí, tu familia te espera”, “Amelí: nada nos detendrá ¡Hasta encontrarte!” o “Reclamamos seguridad para las mujeres en el espacio público y bosques”, la madre y el padre de la joven encabezaron la marcha, en la que participaron amistades, colectivos y familiares de víctima de desaparición.

Los padres de Amelí señalaron que aún están a tiempo de encontrar con vida a su hija y pidieron a la sociedad civil ofrecer cualquier información sobre el posible paradero de Amelí.

Amelí García informó a su familia que iría a escalar el Pico del Águila con unos amigos el 12 de julio, pero al no poder localizar a sus compañeros en el punto de reunión, comentó a sus padres que subiría con otro grupo de alpinistas. Al llegar a la cima, envió una foto a su familia y escribió que iniciaría el descenso, después de lo cual no volvió a comunicarse ni regresó a casa.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Frente de pueblos y barrios del Anáhuac exige moratoria de proyectos inmobiliarios en Ciudad de México

En medio de la discusión centrada en los procesos de gentrificación vinculados al desplazamiento de la población originaria, motivados por la llegada de turistas y migrantes del norte global, el Frente de pueblos y barrios del Anáhuac busca ampliar la perspectiva de cómo se producen los cambios en la capital, poniendo el énfasis en la denuncia del despojo por el acaparamiento de recursos clave, como el suelo y el agua.

“La gentrificación es una consecuencia del proceso de acaparamiento y los procesos de despojo. Los pueblos y barrios originarios se han visto históricamente afectados por diversos proyectos de infraestructura, ya sean carreteras, ejes viales, líneas de metro o plazas comerciales. Todo eso que normalmente se le conoce como “urbanización” ha afectado los territorios de los pueblos”, dijo Alejandro Velázquez, uno de los integrantes del Frente, en diálogo con Desinformémonos.

El análisis compartido por el Frente, señala que las discusiones sobre la gentrificación han estado muy centradas en el ámbito urbano, y desde los pueblos y barrios se busca incluir también lo que sucede en el suelo de conservación de la capital, así como con “el territorio y los bosques, que también han sido afectados por estas dinámicas”, los cuales se han visto cercados por el crecimiento de complejos residenciales de lujo, como el caso del pueblo de Xoco y la torre Mítikah, o por la construcción de vialidades, como la lucha por la protección de los humedales de Xochimilco, frente a la construcción del puente vehicular Periférico – Cuemanco, que avivó el conflicto social en la zona sur de la ciudad.

“Nosotros pensamos que se tiene que replantear el modelo de ciudad por completo. Se siguen construyendo diversos proyectos urbanos inmobiliarios que están afectando el suministro de agua a los habitantes de pueblos y barrios. Aumentan los problemas de movilidad, también de calidad del aire, por eso decimos que debe establecerse una suspensión de trámites para nuevos megaproyectos inmobiliarios, mientras no se tenga una discusión a fondo del tipo de ciudad que queremos”, comentó Velázquez a este medio.

La propuesta fue lanzada a la par de la manifestación del domingo 20 de julio de 2025, en apoyo al pueblo de Santa Úrsula Xitla, en la alcaldía Tlalpan, que ha denunciado su rechazo a la construcción de 52 casas de lujo en Fuentes Brotantes 132, por parte de la empresa Graus. La movilización fue custodiada en todo su recorrido por centenas de granaderos y policías auxiliares y de tránsito de la ciudad de México, dando inicio al nuevo protocolo de control de manifestaciones, anunciado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, a inicios de julio, tras la realización de la marcha antigentrificación y como evidencia de la presión que el Mundial de fútbol, que comenzará en once meses, está aplicando sobre la gestión del conflicto social en la ciudad.

“Con el mundial, hay muchos alcaldes que están muy interesados en promover a los pueblos originarios como objeto turístico y eso, pues, es volver a la cultura de los pueblos una mercancía también”, criticó la fuente.

Sin reconocimiento ni consulta

El Frente de pueblos y barrios del Anahuac nació como una organización popular que nuclea a 66 pueblos originarios, dónde confluyen autoridades tradicionales y representantivas de los mismos, así como integrantes de los colectivos de cada pueblo. Velázquez dijo que la organización tiene presencia en prácticamente todas las alcaldías de la capital, y que sus ejes de trabajo son la defensa del territorio, la construcción de autonomía y la reivindicación y revitalización de la cultura de los pueblos de la capital mexicana.

“Somos una organización apartidista, independiente, anticapitalista según nuestro estatatuto, antripatriarcal y antirracista, que hemos participado en la defensa de los derechos de los pueblos y en la discusión de leyes que los afectan”, indicó.

Por esto, el Frente ha marcado su rechazo con la construcción de un sistema publico de registro de pueblos y barrios en la ciudad de México, que fue lanzado en 2022 por la Secretaría de Pueblos originarios y comunidades indígenas (SEPI) cuya convocatoria “anuló los derechos colectivos de más de 150 pueblos ya reconocidos, desde el punto de vista del Gobierno porque nosotros sabemos que los tenemos, que esos derechos existen”, contó.

Sin embargo, se condiciona actualmente el reconocimiento de pueblo originario a aquellos que cumplan con el registro establecido, lo que ha interferido en su capacidad para oponerse a proyectos inmobiliarios, como fue el caso de la resistencia a Fuentes Brotantes.

“Para ser reconocidos como pueblos, se establecieron una serie de requisitos, hacer censos, presentar actas de nacimiento, certificados de escolaridad y otros trámites que han llevado a que la Secretaría de Pueblos niegue el derecho a la consulta ante proyectos inmobiliarios privados, argumentando que los pueblos no están registrados como tales”, expresó.

Durante ese proceso, el Frente de Pueblos se manifestó públicamente y presentó también una demanda colectiva ante el Tribunal electoral de la Ciudad de México, quien se declaró incompetente en el asunto. Sin embargo, Velázquez comentó que “vinculamos estas problemáticas de registro y de la existencia misma de la Secretaría de Pueblos con estas problemáticas también, porque cuando se niegan los derechos a los pueblos, se niega una herramienta que se puede utilizar en la defensa del territorio, frente a los cambios de usos de suelo”.

Estos desarrollos incluyen también a los patrocinados por el Gobierno por medio del instituto de la vivienda, los cuales dada su magnitud y ubicación periférica también terminan afectando las zonas rurales y de conservación: “no queremos negar el derecho a la vivienda y sobre todo, a una vivienda social, pero sí vemos que muchos de estos proyectos de INVI son de carácter masivo y que, si no hay un proceso de diálogo o consulta previa, generan conflictos”, apuntó. Para el Frente, la clave está en el respeto a la consulta previa, libre e informada, como se establece en los convenios internacionales que regulan la materia.

Velázquez explicó que, aunque el Frente no forma parte de la organización de defensa de Fuentes Brotantes, comparten la preocupación de un pueblo que ha estado “desde hace mucho tiempo, muy asediado por la urbanización: en 2017 se terminó de construir una plaza comercial, Patio Tlalpan, y hay muchos desarrollos en la zona. Nosotros reivindicamos la consulta de los pueblos y la defensa de su derecho al territorio”, concluyó.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Manifestantes rechazan plan de Brugada contra la gentrificación: “es solo un curita”

La protesta contra el desplazamiento de habitantes por el encarecimiento de la vivienda se trasladó ahora al sur, donde manifestantes alertan contra el desabasto de agua y el probable ecocidio.

Este domingo 20 de julio, alrededor de 600 personas se congregaron en la estación Fuentes Brotantes del Metrobús, en la alcaldía Tlalpan, para manifestarse contra la gentrificación, un fenómeno que según advierten habitantes de diferentes demarcaciones, se acrecentará con la celebración de la Copa Mundial FIFA 2026. 

Al grito de “¡Vecino callado, será gentrificado!”, habitantes de toda la ciudad exigieron a la administración de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, medidas contundentes para combatir el fenómeno de la gentrificación en la capital mexicana, pues calificaron la propuesta de 14 puntos de la morenista como un “curita” que no atiende la situación en profundidad y continúa favoreciendo intereses particulares.

Aunque según los propios datos del Gobierno capitalino, la gentrificación se concentra en Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, durante la segunda protesta contra la gentrificación hubo habitantes de Tlalpan y Álvaro Obregón, quienes pidieron visibilizar el progreso de dicho fenómeno en el resto de la capital mexicana. 

Sobre el caso de la alcaldía encabezada por la morenista Gabriela Osorio, hubo al menos 20 inconformes que acudieron con pancartas y letreros en contra de la construcción de un centro residencial en el parque Fuentes Brotantes, el cual defendieron como una importante zona de recarga para el subsuelo.

En contraste, denunciaron que la construcción del complejo implicará un ecocidio y un desabasto de agua para los habitantes de las zonas cercanas, así como el “posible” encarecimiento de vivienda digna para los habitantes que han construido su vida en esta parte de la CDMX. 

En entrevista con Proceso, María Teresa Gutiérrez, habitante de Tlalpan, declaró: “Esperamos que el Gobierno escuche a la gente, no lo ha hecho, ha sido indiferente, queremos que haga valer los derechos de los ciudadanos, de los pueblos y barrios de Tlalpan”. 

Y detalló que la situación para muchos habitantes de la demarcación es “terrible, como es posible que dicen que no hay agua y pronto ves que dan permisos desenfrenados, brutales.

Para Gutiérrez es importante que en la capital no solo se atienda el tema de la gentrificación en las colonias de la alcaldía Cuauhtémoc, como Condesa y Roma. 

No es la única habitante que acudió a la protesta con esta exigencia. 

Como ella, Ruth, residente de la alcaldía Álvaro Obregón, opinó que el problema va más allá de las zonas que presentan un “evidente crecimiento de la gentrificación”. 

Para ella, la construcción de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro implicó fracturas en su estilo de vida y el de sus vecinos: “La obra empezó a dar un proceso de terrenos de compra en engorda, empezaron a llegar las inmobiliarias con tarjetas del Gobierno a desalojar a la gente, en el 2018, a decirles que sus viviendas no tenían dueño e iban a ser expropiadas, los obligaron a vender”. 

Y añadió: “Aquí el desplazamiento se da cuando los sacan de sus casas, ellos se tienen que ir a colonias más alejadas (…) algo que veníamos platicando era visibilizar que el Gobierno a través de las obras públicas está gentrificando, hay muestra de ello”. 

Jóvenes contra la gentrificación

La protesta estuvo conformada principalmente por jóvenes que se pronunciaron por su derecho a una vivienda digna y asequible. 

Vania Teresa Jiménez, habitante de Benito Juárez, compartió a Proceso su experiencia al enfrentar el mercado inmobiliario en la CDMX como una joven de 33 años: “La renta es cara, los salarios son ridículos, en cuánto está el salario mínimo, es casi imposible vivir sola dignamente, tienes que tener hasta tres o cuatro roomies (…) es más fácil para un extranjero acceder a una vivienda digna”. 

Sobre la propuesta de 14 puntos que presentó Brugada con el objetivo de combatir la gentrificación, la manifestante opinó que se trata de una medida “curita”, que no atiende la problemática en realidad: “Yo de por sí no puedo entrar en los programas de vivienda, tengo entendido que es hasta los 29 años. Ni siquiera se preocupan por los jóvenes, es mínimo lo que les dan. Muchos tienen que trabajar y estudiar al mismo tiempo, con salarios irrisorios”. 

En tanto, una integrante del bloque negro, que prefirió mantener su identidad en el anonimato, dijo que es claro el motivo por el que este domingo 20 de julio salieron a manifestarse los jóvenes de la ciudad: “Estamos preocupados, no tenemos las mismas condiciones de antes para poder conseguir una propiedad, cada vez es más complicado y nos vemos forzados a movernos a las periféricas de la ciudad, mientras las zonas en las que se puede encontrar mejores condiciones de vida, son acaparadas por extranjeros o personas que ya cuentan con demasiados privilegios, mientras somos tantos los que enfrentamos condiciones complicadas, realidades del México profundo que el gobierno prefiere no voltear a ver”. 

Al ser cuestionado sobre el impacto de los disturbios registrados en la manifestación, respondió: “Cuando les conviene es iconoclasia, cuando no, vandalismo”.

Pueblos originarios, también en pie de lucha

Otra de las voces que se pudieron escuchar en la protesta fue María Elizabeth Álvarez Reséndiz, habitante del pueblo de Xoco en Benito Juárez y miembro Frente por la Defensa de los Pueblos y Barrios Originarios en defensa de la Anáhuac, quien declaró: “El Gobierno para desplazarte, primero hace división, llega a cortar el tejido social. Si tú estás muy necesitado, lo aceptas. Eso fue lo que pasó en el pueblo de Xoco, ahí hubo gente de la alcaldía y del Gobierno. Yo estoy aquí porque sé lo que es que te destruyan su casa”. 

La representante recordó la construcción del proyecto de Mitikah y describió cómo ha cambiado la vida para los vecinos del desarrollo departamental: “Te puedo decir que fue una vivencia, sé lo que se siente que lleguen las empresas con sus trabajadores a criminalizarte, a hacer lo que quieren hacer en tu territorio (…) a mí me deterioran mi vivienda, jamás la empresa se quiso hacer cargo de nada, ni el Gobierno, burlas, es más hasta fuimos reprimidos”. 

También sentenció: “El Gobierno tiene una agenda que no es para los capitalinos”.

VIDEOS:



FUENTE: PROCESO.
AUTOR: XIMENA AROCHI.

Me dieron a mi hijo “sin tráquea y sin lengua”, el testimonio de una madre sobre la crisis en el Incifo

Empleados, madres y activistas dan sus testimonios sobre lo que ocurre en el Instituto de Servicios Periciales y de Ciencias Forenses de la CDMX: cadáveres maltratados, donados ilegalmente, falta de insumos, autoridades omisas y revictimización de familiares.

La crisis que enfrenta el Instituto de Servicios Periciales y de Ciencias Forenses (Incifo) pasa por la falta de insumos, déficit de personal, maltrato de cuerpos y acumulación de cadáveres no identificados, problemas que han sido denunciados públicamente por personal de la propia institución sin que hasta el momento haya una solución. 

A su vez, el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía General de Justicia y el Gobierno de la Ciudad de México han evitado pronunciarse de fondo sobre las condiciones en que opera el organismo forense.

El deterioro del funcionamiento del Incifo afecta la atención y dignidad de las víctimas directas e indirectas en la capital mexicana, quienes además denuncian prácticas cuestionadas, como la donación de cuerpos no identificados a instituciones educativas fuera de los tiempos legales establecidos. Esa situación agrava la vulnerabilidad de los restos humanos bajo custodia estatal y representa un nuevo nivel de revictimización al dificultar la identificación de personas desaparecidas y el acceso a la justicia, mientras la falta de insumos y personal sigue retrasando necropsias vitales para esclarecer homicidios, suicidios y accidentes.

En las instalaciones del Incifo el déficit de personal y las cargas excesivas de trabajo no sólo se reflejan en documentos apilados, también en cadáveres acumulados, con una tendencia a aumentar. 

Un perito forense, que solicitó permanecer en el anonimato por temor a represalias, compartió en entrevista: “Lo que hace como tres años eran cinco mil, en 2023, por ejemplo, fueron de seis mil 459 y en 2024, siete mil necropsias anuales. Si va a seguir aumentando tienen que prevenirlo”. 

Al mismo tiempo los cuerpos acumulados en la institución corren el riesgo de ser donados, sin ser identificados y fuera de los tiempos legales, a una institución educativa, o incluso que se vulnere su derecho a ser tratados con dignidad en las propias instalaciones de la institución. 

Existen pruebas de lo anterior: a finales de junio último, mientras los trabajadores del Incifo se encontraban en una protesta para exigir mejores condiciones laborales y solidarizarse con el paro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), en redes sociales se filtraron videos con imágenes que evidencian el maltrato de cadáveres por parte de algunos peritos, entre ellos Andrés Oriol Morales, actual subdirector de Tanatología.

Los videos trascendieron en medios de comunicación, pero no fue así entre las autoridades del Poder Judicial, encargado del Incifo. De acuerdo con el perito entrevistado, ante sus inconformidades los trabajadores recibieron una “respuesta tibia” que se centró en un aumento salarial de 5% y no atendió las causas en profundidad; incluso, permitió que las violaciones a la dignidad de los cadáveres continúe impune, ya que el presidente magistrado, Rafael Guerra, sólo declaró al respecto que los videos fueron tomados hace un año.

“Parece que se le olvidó (a Guerra) ajustar las cuentas de los involucrados, o no quiso”, lamenta el perito sobres las irregularidades denunciadas. 

“No hemos tenido ningún llamado por parte de la Contraloría para las quejas que se han metido. De hecho, Andrés Oriol, que ha salido en estos vídeos sobre maltrato de cadáver, igual continúa en sus funciones”, aseguró el profesional de las ciencias forenses que se dijo indignado ante la indiferencia de las autoridades. 

Además alertó que, si la situación no es atendida, “estallará una crisis que no podrán negar ni esconder” en la que los principales afectados serán las víctimas directas e indirectas de la capital mexicana: 
A veces no se dimensiona, pero nuestro trabajo está relacionado directamente con la atención a las víctimas. Hacemos todas las necropsias judiciales que están relacionadas con homicidio, suicidios, accidentes, aquellas que están relacionadas con fallecimientos de personas no identificadas.
Familias buscadoras, revictimización 

Para las familias buscadoras no es una novedad la crisis que atraviesa el Incifo, pues desde hace más de un año denuncian maltrato por parte de los funcionarios que forman parte de la institución, así como la falta de personal y la poca ética en el manejo de cuerpos no identificados.

Después de la difusión del material gráfico que confirma los señalamientos, ante las víctimas indirectas de desaparición el Poder Judicial de la CDMX también mantiene silencio, así como el gobierno de Clara Brugada y la Fiscalía General de Justicia local. 

El 8 de julio último, integrantes de los colectivos Colectivo Mariposas Destellando Buscando Corazones y Justicia, Hasta Encontrarles CDMX y Una Luz en el Camino presentaron una denuncia en la Fiscalía capitalina y una queja en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, contra quien resulte responsable de los actos vejatorios, contenidos contra cuerpos y restos humanos bajo resguardo del Estado en la capital del país. 

Al cierre de esta edición, no hay avances en las indagatorias del recurso legal que presentaron las familias.

La madre buscadora Jaqueline Palmeros consideró en una conversación con Proceso que el Instituto de Ciencias Forenses requiere de una reestructuración institucional profunda que “no se está dando”. 

Aún más, la también activista dijo que, con la situación actual en el instituto, los colectivos ven poco realistas los compromisos en materia forense que asumió la administración de Clara Brugada con la Estrategia para la Búsqueda y Localización de Personas 2025-2030, presentada en abril último ante la presencia del magistrado presidente. 

Para la hermana buscadora Yadira González, el maltrato de cadáveres no es la única violación institucional de la que son víctimas las familias buscadoras: 
Hay una práctica sistemática de donar los cuerpos sin tener una identificación plena, tenemos la información de que se estuvieron donando por muchos años o se siguen donando desde hace muchos años cuerpos con uno, dos o tres meses de haber llegado al Incifo, incluso tenemos algunos datos de días de haberse donado. 
El cuerpo de su hijo fue donado

Sobre la donación de cuerpos fuera de los parámetros legales por parte del Incifo a instituciones educativas, Laura Cabañas acudió a las instalaciones de Proceso para dar testimonio sobre el caso de su hijo, Julio César Cervantes Cabañas, un hombre de 47 años, que desapareció el 20 de septiembre de 2021. 

Aunque Cervantes Cabañas fue encontrado sin vida sobre la vía pública de la alcaldía Coyoacán en enero de 2024, su madre nunca fue notificada sobre el traslado del cuerpo al Incifo y pasaron 10 meses para que lograra localizarlo, sin el apoyo de las instituciones dedicadas a la búsqueda de personas.

“Nunca me avisó ni la Fiscalía, ni el Incifo. Quien me avisó fue una persona del Instituto Nacional Electoral que tenía las huellas de mi hijo y las fue a cotejar al Incifo para ver si estaba ahí. Efectivamente, ahí estaba, ahí estuvo porque a los cinco días lo echaron para la escuela de medicina (del Instituto Politécnico Nacional IPN), lo donaron, lo traficaron, no entiendo”. 

Laura Cabañas compartió que, después de recibir la visita del funcionario del INE, salió “corriendo” hacia las instalaciones del Incifo, ahí fue atendida por una doctora que le notificó que el cuerpo de Julio César Cervantes Cabañas había sido donado y le dijo: “Pero no se preocupe, dele gracias a Dios de que no fue echado a la fosa común”. 

Frente a las cámaras, el rostro de la madre se descompuso y su voz se quebró en el momento en el que comenzó a describir las condiciones en las que recibió el cuerpo de su hijo: “Lleno de reactivos, negro, sin tráquea, sin lengua”. 

“No ha habido justicia para mi hijo, ni por su asesinato, ni por el maltrato que sufrió después”, asegura la madre, para quien es necesario que las autoridades “aprendan de memoria el concepto de dignidad”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: XIMENA AROCHI.

Gobierno de la CDMX incumple ley que regula a Airbnb; vecinos se amparan

El registro obligatorio de plataformas de hospedaje temporal debió estar en funcionamiento a más tardar el 5 de octubre de 2024.

Vecinos de diversas colonias de la Ciudad de México interpusieron un amparo para que el gobierno capitalino aplique una reforma a la Ley de Turismo local que regularía las plataformas de hospedaje de alquiler temporal como Airbnb, Booking y Expedía, entre otras.

En conferencia de prensa, el Frente por el Arraigo y la Inclusión Vecinal informó que el 4 de abril del 2024 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México una reforma a la Ley de Turismo, con la cual se gesta una regulación inicial a Airbnb. La iniciativa establece la obligación gubernamental de crear, administrar y poner en operación un Padrón de Plataformas Tecnológicas que debe incluir un Padrón de Anfitriones.

Según la norma impulsada por Martí Batres, entonces Jefe de Gobierno interino, el registro obligatorio de plataformas de hospedaje temporal debió estar en funcionamiento a más tardar el 5 de octubre de 2024.

Sin embargo, casi 10 meses después el registro no se había creado ni puesto en marcha, por lo que el 24 de junio de 2025 vecinos, que conforman el Frente, presentaron una demanda de amparo en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México por el incumplimiento del artículo 7 fracción VI Bis, 61 Bis y cuarto transitorio de la Ley de Turismo aplicable a la Ciudad de México, en que se exige la creación, administración y operación del Padrón de Anfitriones y el Padrón de Plataformas Tecnológicas.

En dicho amparo se demanda a Alejandra Frausto Guerrero Titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, y a Ángel Augusto Tamariz Sánchez, Titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México.

Al respecto, en su contestación de demanda la Secretaría de Turismo respondió que no tiene atribuciones para operar y administrar el Padrón de Anfitriones y el Padrón de Plataformas Tecnológicas. Mientras que la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México señaló que ya han creado el portal electrónico del Padrón de Anfitriones y el Padrón de Plataformas Tecnológicas.

No obstante, indicó la Agencia en su respuesta de demanda, que no se encuentra en operación debido a que Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Turismo de la Ciudad de México, no ha firmado el documento que autoriza la activación de la plataforma.

La Agencia Digital de Innovación Pública señaló que dicha plataforma en etapa de prueba o preliminar se encuentra cargada en la dirección electrónica https://dev.estanciaeventual.cdmx.gob.mx/; pero hasta este viernes 18 de julio, el sitio dice que “no se puede acceder”.


“En este contexto, las y los vecinos de la Ciudad de México que conformamos este frente, exigimos a las autoridades responsables que asuman con seriedad su responsabilidad y cumplan con los compromisos adquiridos frente a la crisis urbana y el proceso de gentrificación acelerada que estamos enfrentando”, indicaron en la rueda de prensa.

Sergio Juaricua, integrante del Frente, señaló que lo que busca la demanda de amparo es que se realice el padrón, y de esta forma se comience a regular el hospedaje de alquiler temporal.

“Es un amparo virtuoso y novedoso, porque en lugar de suspender, lo que está buscando es la obligatoriedad de la secretaria de Turismo para que gire la instrucción al Instituto de Innovación para que eche a andar el padrón. No busca que se suspenda sino que se aplique”, dijo Sergio.

La plataforma Airbnb, acotó Sergio, inició como un proyecto “buena onda”, donde la idea era que si el dueño de un inmueble tenía cuartos deshabitados podía recibir personas y cohabitar con ellas.

“Lo que tenemos que hacer es la legislación que tiene Nueva York (Estados Unidos). Volver a la plataforma a su espíritu original como fueron las casas de huéspedes en la Ciudad de México. Eso sí se vale. Creemos que eso es correcto: cohabitar un espacio con un turista y compartir saberes y conocimientos, pero crear una empresa hotelera pirata, que viola usos de suelo, nos parece muy grave, porque la consecuencia es el desplazamiento forzado de cientos de habitantes”, agregó Sergio.

En tanto, el abogado Arturo Aparicio, del colectivo Claudia Cortés, explicó que la reforma a la Ley de Turismo además establecía que los anfitriones de las plataformas de hospedaje temporal deberían de tener el 50 por ciento de ocupación durante un año.

“Hasta el momento, la información que tenemos es que no hay ninguna política dentro de la plataforma de Airbnb regulando internamente esto con sus anfitriones”, expresó.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: SHARENII GUZMÁN.

Pese a falta de dinero para insumos y salarios, el PJCDMX gasta 340 mdp en rentas y equipo obsoleto

Auditorías exhiben una contradicción en el Poder Judicial de la CDMX: mientras su presidente, Rafael Guerra Álvarez, asegura escasez de recursos para mejorar salarios y contratar más personal, se destinan millones de pesos en renta de inmuebles y hasta para pagar el sueldo de un profesor coral.

Mientras el magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), Rafael Guerra Álvarez, y el gobierno capitalino afirman que no hay dinero para comprar insumos para la institución ni incrementar el salario de los trabajadores, el tribunal destina más de 340 millones de pesos en pagar rentas de edificios, computadoras e impresoras sin que pueda enfrentar la falta de insumos ante el creciente número de casos que llegan a los tribunales de la capital.

En mayo último los trabajadores del PJCDMX iniciaron un paro de labores que duró 41 días en el que, entre otras cosas, demandaron insumos para poder trabajar, la apertura de más plazas, un incremento salarial y el pago de prestaciones que les deben desde el año 2020.

Pese a la parálisis de miles de casos en materia familiar, civil, penal y laboral, la presidencia del PJCDMX y el gobierno capitalino insistieron en que no hay recursos suficientes para responder a estas demandas.

Para poner fin al paro, las autoridades se comprometieron a destinar por única ocasión 29 millones 47 mil 748.23 pesos a distribuirse en partes iguales entre los trabajadores del nivel 046 al J20 y a entregar un bono extraordinario cuya cantidad no fue definida.

Ambos pagos serán entregados en diciembre próximo y también se comprometieron a realizar un análisis presupuestal para determinar qué partidas pueden ser recortadas del presupuesto del propio PJCDMX para poder incrementarles el salario en el año 2026.

Pese a los alegatos de la falta de dinero, el PJCDMX destina parte de su presupuesto, entre otras cosas, al pago de rentas de edificios y bienes muebles como computadoras e impresoras que, por lo menos hasta el año 2023, significaron un gasto de 347 millones 664 mil 600 pesos.

De acuerdo con la última auditoría realizada al PJCDMX en el año 2024, con relación al ejercicio 2023, la institución renta los edificios de Fray Servando y Patriotismo, que albergan tribunales laborales y juzgados civiles respectivamente.

Por la renta del edificio de Fray Servando, destinó 23 millones 305 mil 300 pesos ese año (1 millón 942 mil 108 pesos mensuales), pese a que el inmueble fue uno de los más dañados del PJCDMX durante el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Tanto, que causó que en octubre de ese año los 20 juzgados de proceso oral en materia civil, los 10 de proceso oral en materia familiar y la Unidad de Gestión Administrativa en materia familiar, que se encontraban ahí el día del sismo, tuvieron que ser reubicados en los edificios de la Ciudad Judicial de la Avenida Niños Héroes en la colonia Doctores.

Mientras que la Dirección de Consignaciones Civiles, que también se encontraba en Fray Servando, fue trasladada al edificio de Río de la Plata 48.

Dichas acciones fueron adoptadas casi un mes después del sismo, pues todavía el 24 de septiembre de 2017 el PJCDMX había informado que ninguno de sus inmuebles presentaba daño estructural y los trabajadores fueron obligados a reanudar labores al día siguiente.

El inmueble permaneció cerrado al público y los trabajadores, excepto para personal de seguridad, hasta el año 2022, cuando se implementó la reforma laboral con la que se crearon nueve tribunales laborales y el primer tribunal de asuntos colectivos en la CDMX.

Estas oficinas fueron ubicadas en Fray Servando 32 donde también fueron colocadas 11 salas de audiencia y la Oficialía de Partes Común en la materia.

Durante el paro de labores del PJCDMX los trabajadores de ese edificio dieron a conocer que los nueve tribunales laborales y el de asuntos colectivos cuentan con nueve personas cada uno para atender más de 30 mil expedientes, no cuentan con peritos asignados y en redes sociales han dado a conocer que sólo hay dos actuarios para los 10 tribunales que recorren toda la CDMX para realizar diversas diligencias.

“No nos pagaban horas extra hasta que tuvimos que cerrar, nuestros juzgados son muy pequeños, nuestros archivos somos de cuatro por cuatro o menos”, dieron a conocer el 27 de junio último durante una marcha realizada por los trabajadores desde la Ciudad Judicial hasta el Zócalo capitalino.

En tanto, el PJCDMX renta la Torre Vertia, ubicada en Avenida Patriotismo, cuyo dueño es Grupo Constructor Rouz.

En el año 2023, la institución gastó 198 millones 969 mil 300 pesos (16 millones 580 mil 775 pesos mensuales) para pagar la renta de dicho lugar, pese a que la empresa dueña, a la que fue adjudicado directamente el contrato de arrendamiento, está implicada en el caso del Cártel Inmobiliario.

La renta de dicho edificio fue aprobada en el año 2019, a unos meses de que inició la administración de Guerra Álvarez, e implicaba la mudanza de las oficinas que se encontraban en La Viga 1174 y Avenida Juárez 104, cuyas rentas costaban en aquel entonces nueve millones de pesos mensuales que se incrementarían en un 60% por la rent.a 

El contrato tenía vigencia hasta el año 2024 e incluía la adecuación de los espacios a las necesidades del PJCDMX, el equipo y mobiliario de oficina, así como el mantenimiento del primer año de arrendamiento.

En su momento, la organización civil México Justo advirtió que la diferencia de montos de las rentas del edificio de Patriotismo y los otros inmuebles que albergaban oficinas del PJCDMX, podía ser utilizada para mejorar otras áreas y capacidades profesionales del organismo.

Asimismo hasta 2023 destinó 75 millones 791 mil 600 pesos en la renta de computadoras y 49 millones 598 mil 400 pesos para el alquiler de equipos de impresión.

Durante el paro los trabajadores se quejaron de que estos equipos son obsoletos e insuficientes para hacer frente a las excesivas cargas de trabajo y abatir el rezago que desde el año 2020 no sólo incrementó, sino que, hasta ahora no lo han podido abatir.

Contrataciones por honorarios

Aunque entre las demandas de los trabajadores está la contratación de más personal para hacer frente a la carga de trabajo, el PJCDMX tiene previsto para este año destinar miles de pesos en la contratación por honorarios de diferentes profesionales, aunque no todos estarán adscritos a juzgados, salas u otras oficinas jurisdiccionales.

De acuerdo con los documentos públicos del PJCDMX, este año la administración de Guerra Álvarez contrató a Enrique Rodríguez Gutiérrez como profesor del grupo coral del Tribunal quien mensualmente recibe un pago de 18 mil 820 pesos libres de impuestos, por lo que al final de 2025 habrá recibido 225 mil 840 pesos de los capitalinos.

Mientras que un trabajador administrativo especializado en el PJCDMX gana apenas 12 mil pesos mensuales libres de impuestos y en los últimos 10 años no ha sido incrementado su salario más de un 5% a inicios de este año, lo que implicó que su sueldo creciera, apenas, 200 pesos más.

Proceso confirmó que el grupo coral del Tribunal está conformado por trabajadores jubilados de la institución que son convocados por el magistrado presidente, Rafael Guerra para participar en los eventos que organiza su oficina.

Se prevé que el próximo 11 de agosto el grupo coral participe en la inauguración de la Feria Nacional del Libro Jurídico que cada año organiza el PJCDMX.

En cambio, un notificador ejecutor de la Dirección de Administración Financiera contratado bajo el mismo esquema de honorarios recibirá un pago mensual de 13 mil 125 pesos mensuales, es decir, 157 mil 500 pesos al final del año libres de impuestos.

Ello, pese a que para ser notificador ejecutor se requiere licenciatura en Derecho con cédula profesional.

Entre los contratos por honorarios más altos están los de servicios de seguridad de los cuales fueron adjudicados 28 por pagos mensuales de 26 mil 730 pesos libres de impuestos, 320 mil 760 anuales, a capitanes y tenientes cuyas corporaciones de origen no se precisan en ninguno de los instrumentos jurídicos e incluso están contemplados licenciados cuya profesión es desconocida.

“Realizar tareas como coordinador de seguridad, para apoyar y reforzar las actividades de los servidores públicos del Poder Judicial de la Ciudad de México, cuando en el interior de los inmuebles se presenten situaciones que atenten contra la integridad y seguridad de las personas o bienes; además de coadyuvar con la atención de emergencias que pudieran poner en peligro la vida o la seguridad de las personas en el interior de las instalaciones”, señalan los contratos como descripción del servicio requerido.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

Brugada presenta 14 medidas para combatir la gentrificación en CDMX; va por regulación de rentas y defensoría de inquilinos

Regulación de rentas y precios y construcción de vivienda pública, son algunas de las medidas de Brugada ante la gentrificación en CDMX, fenómeno por el cual ya ha habido manifestaciones.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de CDMX, presentó una serie de medidas en pro del derecho a la vivienda y para combatir el fenómeno conocido como gentrificación, como parte del Plan Maestro: Por una ciudad habitable y asequible con identidad y arraigo local.

Este proyecto se da en el contexto de las marchas contra la gentrificación en la capital del país, la primera de las cuales se realizó el viernes 4 de julio y para este domingo 20 se tiene contemplada una segunda movilización.

Algunos de los argumentos dados por Brugada son “la justicia habitacional” como un derecho fundamental de todas las personas, los aumentos en el costo de la vivienda durante los últimos 10 años, tanto de compra como en renta, y el desplazamiento de habitantes originarios y comercios locales debido a la llegada “de nuevos actores con mayor poder adquisitivo”.

“La gentrificación se inscribe en los patrones de transformación urbana vinculados a la transformación de bienes activos financieros y la especulación que se deriva del impacto de la economía global sobre las grandes ciudades”, señaló.

Cabe destacar que tras la primera protesta contra la gentrificación, el mensaje que emitió Brugada se centró en anunciar que habría una “estrategia especial” para evitar violencia en las manifestaciones, luego de que en esa marcha varios establecimientos de las colonias Roma y Juárez resultaron afectados.

En ese mensaje, la mandataria capitalina también se pronunció contra la gentrificación que está afectando, principalmente, a las colonias céntricas de la ciudad debido a que, dijo, implica la expulsión de la población “ante la construcción o ante una situación de vida distinta a la que tradicionalmente tiene la gente en los lugares”.

Ante esta situación, una de las primeras acciones de las autoridades fue convocar a un diálogo con vecinos de las colonias Roma, Hipódromo y Condesa, en el que algunos de los asistentes defendieron las condiciones del alto costo de las viviendas en venta o renta mientras que otros pidieron que se regule el incremento de estancias para turistas, y exigieron que se garantice su seguridad ante la posibilidad de que ocurran nuevas movilizaciones.

Estas son las 14 propuestas de Gobierno de CDMX para enfrentar gentrificación
  1. Estabilizar las rentas: las rentas habitacionales en la Ciudad de México no pueden tener un aumento mayor a la inflación reportada por Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el año anterior, como lo indica actualmente el Código Civil en su artículo 2448. Se crearán los instrumentos jurídicos necesarios para garantizar su cumplimiento.
  2. Se establecerá el Índice de Precios de Alquiler Razonable y Zonas de Tensión Inmobiliaria: el objetivo de dicho índice será aplicar políticas integrales en favor del fortalecimiento comunitario, la inclusión urbana y frenar los desplazamientos involuntarios, especialmente en estas zonas.
  3. Se fortalecerá la Regulación de la Renta de Viviendas en Ocupaciones de corta estancia y en plataformas de alojamiento temporal con el fin de respetar las disposiciones legales, se determinará una metodología objetiva y rigurosa para regular la operación del alquiler de viviendas de uso temporal.
  4. Defensoría de Derechos Inquilinarios: se creará un nuevo organismo público que dará apoyo legal, mediación y defensa para sancionar abusos o desalojos ilegales y promover nuevas relaciones entre arrendatarios y arrendadores.
  5. Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles: se impulsará una nueva ley para regular los precios de alquiler de vivienda, equilibrar derechos y obligaciones entre arrendatarios y arrendadores; y regular plataformas de arrendamiento temporales.
  6. Vivienda pública con enfoque sostenible: se priorizará la construcción de vivienda pública en zonas céntricas y de alta presión inmobiliaria a partir de un modelo sostenible que contemple la redensificación equilibrada, respeto a las dinámicas socioculturales y locales, así como la consolidación de reserva territorial.
  7. Vivienda pública en renta para sectores prioritarios: se ampliará el arrendamiento social para jóvenes, madres solteras, adultos mayores y trabajadores de la ciudad central.
  8. Énfasis en Vivienda Nueva Progresiva: se fortalecerá el apoyo de vivienda para ampliar espacios habitacionales en barrios populares y la creación de condominios familiares.
  9. Coordinación con sector privado: se combatirá la especulación inmobiliaria en zonas críticas y se promoverá la producción de vivienda asequible.
  10. Plan Maestro Instrumento de planeación participativa con la comunidad habitante en zonas de alta tensión para definir lineamientos, estrategias y acciones.
  11. Programa de arraigo comunitario, protección y preservación del espacio público y del patrimonio histórico, cultural y artístico: se protegerán espacios públicos y patrimonio cultural mediante políticas de cohesión social la diversidad y la pluralidad.
  12. Estímulos a comercios locales: se fortalecerá la economía barrial mediante apoyos a MiPyMES, oficios tradicionales y pequeños comercios con créditos e incentivos que favorezcan su permanencia en la comunidad.
  13. Participación comunitaria en la gestión: las políticas de inclusión, arraigo, convivencia y reducción de desigualdades, se definirán con consulta y participación activa de las comunidades
  14. Observatorio de suelo y vivienda: se creará una instancia para sistematizar y analizar datos sobre precios y contratos de vivienda y suelo, incluyendo renta corta y larga duración, con respaldo jurídico.
Estas acciones serán aplicadas en “zonas tensionadas” que comprenden 17 mil 376 predios, 3 mil 501 inmuebles y 910 manzanas en las colonias Hipódromo Condesa, Condesa, Juárez, (excluyendo Zona Rosa), Roma Norte y Sur, Doctores y Buenos Aires, en la alcaldía Cuauhtémoc, y Escandón secciones I y II y San Miguel Chapultepec secciones I y II en la Miguel Hidalgo.

“Se busca dar cumplimiento a los principios establecidos en la Constitución de la Ciudad de México, una legislación de carácter progresista que reconoce de manera explícita el derecho a la vivienda digna y al derecho a la ciudad”, se señala como motivación de este Plan Maestro.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Confunden a activista con homónima e intentan detenerla en la Ciudad de México

Adriana Leyva Alanís relata que personas que se identificaron como policías de investigación intentaron detenerla por una orden de aprehensión que correspondía a otra persona.

Hombres vestidos de civil que se identificaron como policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México intentaron detener a la activista Adriana Leyva Alanís, a pesar de que la orden de aprehensión correspondía a otra mujer con el mismo nombre, pero con diferentes características físicas.

El pasado 8 de julio, los supuestos agentes la esperaron a que saliera de su domicilio para intentar esposarla. Ahora, la activista relata a Animal Político lo ocurrido, luego que la asociación civil Mujeres Unidas X La Libertad, a la que pertenece, emitió un comunicado que fue suscrito por organizaciones, como Equis Justicia y CEA: Justicia Social, para denunciar el intento de detención arbitraria.

Adriana, subdirectora de Mujeres Unidas X La Libertad, dedicada a mejorar las condiciones de vida de mujeres en prisión, ya había hablado con uno de ellos, identificado como José, quien unos 40 minutos antes tocó a su puerta.

“¿Te acuerdas del problema que tuviste hace unos años? Vengo de la Fiscalía y necesito que vayas a firmar unos documentos relacionados con ese asunto”, le dijo el hombre, quien se identificó como José.

Quién es Adriana Leyva Alanís, la activista que sufrió intento de detención arbitraria en CDMX

La activista estuvo cuatro años y medio en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, de abril de 2011 a septiembre de 2015, por lo que pensó que se trataba de ese caso. Aunque se le hizo muy extraño que la buscaran en su domicilio, pues ocurrió hace 10 años y ya cumplió su sentencia.

De hecho, junto con otras mujeres de su organización, acude con regularidad a distintos centros penitenciarios de la capital del país para impartir talleres y apoyar a internas en sus procesos. Su labor ha sido reconocida incluso por autoridades del gobierno de la CDMX, como el reconocimiento “Mujeres destacadas” en marzo de 2024, de manos del exjefe de gobierno Martí Batres.

El hombre le dijo que algunas hojas de su expediente se habían mojado porque estaba lloviendo y necesitaban otra vez sus firmas. Ella accedió a acudir al reclusorio Oriente para firmar los documentos que le pedían y se despidió de él.

Cuarenta minutos después, Adriana salió a comprar cigarros y un refresco. Mientras conversaba con una comerciante frente a un Oxxo, vio que José se le acercaba.

“¿Qué, me está siguiendo?”, le preguntó.

“Lo que pasa es que tienes una orden de aprehensión y te vamos a detener”, le respondió.

Ella negó tener una orden de aprehensión y mientras explicaba que estaban en un error, otro hombre se acercó con unas esposas.

—Es por el robo de hace cuatro años —le dijeron.

Adriana se defendió; les dijo que no estaba involucrada en ningún robo hace cuatro años.

—¿Robo a qué?—, cuestionó.

—Robo a tienda —le contestó uno de ellos.

—No, ¡cómo cree! A tienda yo no. Me va a disculpar, pero yo no soy —les dijo.

Adri, como le dicen sus compañeras de la organización, dice que llegó otra persona con la carpeta de investigación y al revisar la fotografía de la mujer con la orden de aprehensión, el agente se dio cuenta de que no coincidía con sus características físicas.

—Estamos buscando a una mujer de 1.70, y tú mides como 1.60 —le dijo.

—No, yo mido 1.50, no me andes inventando estatura. Pertenezco a una asociación civil que defiende los derechos humanos de las mujeres internas; no soy yo. Ustedes tendrían que haber investigado antes.

Además, la mujer a la que buscaban es corpulenta, con facciones muy distintas. El hombre se justificó señalando que se trataba de un caso de homonimia o robo de identidad.

Consultada a través del área de comunicación, la Fiscalía de la CDMX negó contar con algún registro de intento de detención por parte de policías de investigación.

A una semana de lo ocurrido —un hecho que le generó miedo, removió recuerdos y la criminalizó—, Adriana compartió con este medio fotografías del intento de detención. Pero para ella lo preocupante es que por errores similares, ante la falta de una investigación adecuada, hay personas en prisión.

“Si ya me pasó a mí directo, en carne propia, ¿a cuánta gente no le pasó? Hace unos años, una chica del Estado de México nos presentó a su esposo. Un señor sano, inocente, de verdad, que se da a querer. Le dijimos: ‘¿Tú por qué estuviste?’ Él dijo: ‘Por asesinato, pero yo no lo hice, carnala. Resulta que llegaron a mi pueblo y preguntaron por Ramón, y dijeron: “Ahí está Ramón”, y me agarraron y me metieron 20 años a la cárcel’. Estuvo 20 años”, recuerda.

“Yo dije: ‘¿cómo van a llegar nada más así y, como se llama Ramón, se lo van a llevar?’ Pues ya lo estoy viviendo. Resulta que, porque yo me llamo así, entonces les valió madres la foto, ¿no? Al final del día hay que presentar a alguien”.


Exigen a Fiscalía de CDMX investigar el intento de detención arbitraria de activista

Las organizaciones firmantes condenaron los hechos, pues aseguraron que no solo representa un riesgo para la libertad y seguridad de Adriana Leyva Alanís, sino que constituye un ataque a la labor de defensa de derechos humanos que realiza Mujeres Unidas por la Libertad desde hace años.

Por ello, exigieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que investigue a fondo lo ocurrido, esclarezca el origen y la legalidad de la actuación de los policías, y sancione a quienes resulten responsables.


Además, pidieron al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que otorgue medidas de protección inmediatas para Adriana Alanís, así como para la actual directora de Mujeres Unidas X la Libertad y cofundadora, Beatriz Maldonado.

“Me prometí que mi tranquilidad no la iba volver a perder”, dice la activista, ahora más serena tras una semana en la que casi no quería ni salir de su casa. “Una cosa es que tú te la quites, la tranquilidad; otra, muy distinta, es que alguien más te la quite”, remata Adri.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NELDY SAN MARTÍN.

Expedientes pendientes y parálisis en los juzgados de la CDMX

El pasado 26 de junio el magistrado presidente del PJCDMX, Rafael Guerra Álvarez reconoció que falta presupuesto para implementar el plan de justicia digital, las exigencias del Nuevo Código Nacional y el rezago histórico que la institución arrastra.

Marissa tiene 32 años y viene de Xalapa, Veracruz. Acude a los juzgados familiares del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) como foránea para un trámite de pensión alimenticia que inició desde hace tres años. 

Hoy dejó encargado a su hijo con su familia en el estado costero. Ella se queja abruptamente de la falta de consideración por parte de los trabajadores y confiesa estar exhausta de los trayectos incómodos en autobús en los que, según la distancia entre Xalapa-Enríquez y la capital del país, el trayecto es de cuatro horas y media aproximadamente.

Con sus gafas y una carpeta color rosa bajo el brazo espera en la fila como otras madres que llegaron a los juzgados familiares este martes, último día de labores antes de que el PJCDMX salga de vacaciones durante dos semanas luego de un paro que mantuvo congelados todos los trámites judiciales durante 41 días.

En la fila hay otras mujeres con carriolas o cangureras que calman, como pueden, a los pequeños mientras esperan la revisión de seguridad de los guardias. Aquí los hombres son una minoría porque regularmente no portan bolsas o bultos que deban ser revisados por el personal de vigilancia del PJCDMX.
“Me arrepiento (de haber iniciado el trámite) y creo que hubiera sido más rápido fuera de la ley… por algo estoy aquí… no tengo dinero”, dice Marissa con voz derrotada.
La mujer cuenta que debe hacer malabares entre el dinero de las copias, los pasajes desde Veracruz y calcular también las vacaciones de los trabajadores en ambas oficinas: Veracruz y CDMX.

El periodo vacacional de los trabajadores iniciará este 16 de julio y se espera que reinicien labores hasta el 4 de agosto próximo.
En la Ciudad Judicial, ubicada en la colonia Doctores, al interior del edificio de Niños Héroes 150 es posible observar una pila de expedientes acumulados, amarrados torpemente con cuerdas desgastadas.

El pasado 26 de junio el magistrado presidente del PJCDMX, Rafael Guerra Álvarez reconoció que falta presupuesto para implementar el plan de justicia digital, las exigencias del Nuevo Código Nacional y el rezago histórico que la institución arrastra.

De acuerdo al Informe Estadístico del Poder Judicial local del presente año, entre 2024 y hasta el 30 de abril pasado los juzgados familiares recibieron 5 mil 940 expedientes nuevos por pensión alimenticia, 93 de ellos corresponden a los que llegaron en los primeros meses de este año.

Ángel Lozano tiene 26 años y es litigante independiente, acudió a la Ciudad Judicial a presentar escritos iniciales de demanda y espera con paciencia su turno afuera de los juzgados. 

En entrevista enfatizó en que el paro ha afectado los casos que lleva pues aunque había trámites como los exhortos que él estimaba que tardarían 6 meses en desahogarse, hoy está por cumplir el año en ello.

Sin embargo, muestra su simpatía por sus compañeros de profesión y trabajadores del Poder Judicial.
“El gobierno debe poner a consideración la falta de personal, el ingreso de los trabajadores y la carga en los juzgados”, sentenció.
Los abogados cruzan con rapidez los juzgados, algunos se muestran empáticos con los trabajadores del PJCDMX, otros se quejan por la falta de consideración en sus ingresos por honorarios y tachan de “impertinentes” a los paristas.

La afluencia de personas en la Ciudad Judicial dista mucho de lo que ocurre en el edificio de Avenida Juárez, que alberga los juzgados familiares, donde las filas duran en promedio 20 minutos, tan sólo para ingresar al inmueble.

En el interior también hay colas que cruzan esquinas y columnas para los módulos de atención, abordar los elevadores y las revisiones de los oficiales. 

Los pequeños juegan entre ellos, esquivando el mar de gente, mientras los mayores vigilan a la distancia prudente y regañan cuando es el caso. 

Los bebés reposan en carriolas o son cargados con pequeñas cangureras. Hombres y mujeres cargan bonches de papeles, esquivando a los pequeños entre la multitud. Este es el último día de labores, antes de dos semanas de vacaciones por ley.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ETHAN BALANZAR.

Brugada lanzará 14 medidas para frenar gentrificación en CdMx; espera marcha pacífica

La gentrificación se ha colocado como una de las principales preocupaciones de las y los capitalinos, por lo que Clara Brugada y el Gobierno de la CdMx darán a conocer el plan con el que buscarán que la urbe sea accesible para sus propios habitantes.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Clara Brugada Molina, adelantó este martes que mañana presentará una serie de medidas para enfrentar la gentrificación en la capital, y convertirla en una urbe asequible y habitable para todos y todas.
"Les quiero comunicar que el día de mañana voy a hacer la presentación del primer Bando de la Ciudad de México, que es justamente este tema; tiene que ver con la habitabilidad, con el derecho de vivir en una ciudad habitable, asequible, con arraigo e identidad local", dijo Brugada en conferencia de prensa.
"Acerca de la gentrificación. Bueno. Acabo de informar que mañana vamos a dar a conocer 14 medidas contra este tema. Catorce propuestas que vamos a llevar a cabo, de distinto tipo", explicó.

Marchas contra gentrificación sí, violencia no

La conferencia se llevará a cabo este miércoles a mediodía en el Museo de la Ciudad de México, en pleno Centro Histórico, frente a un tema que surgió sobre todo a partir de la manifestación que se llevó a cabo hace un par de semanas, donde hubo destrozos en algunos lugares de la Condesa, donde se protestó contra la gentrificación, el alza del precio de las rentas y la llegada de extranjeros con mayor poder adquisitivo que no pagan impuestos.

Brugada también se refirió a la segunda manifestación contra la gentrificación, que se llevará a cabo el próximo 20 de julio, en el sur de la capital mexicana. "Obviamente que sí hay un protocolo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Gobierno, con el objetivo de prevenir, de contener. Por supuesto, que vamos a tener la presencia tanto de Gobierno como de la Secretaría de Seguridad y estar en total disposición, como también la coordinación, con quienes estén dirigiendo la marcha", expresó.
"A mí me parece muy importante, como bien se dijo acá, el tema de la gentrificación es un tema de lo más importante. […] Efectivamente este es uno de los temas centrales en la ciudad y, por supuesto, que estamos de acuerdo en tomar medidas y acciones; lo vamos a hacer", subrayó la Jefa de Gobierno.
Sin embargo, aclaró que "eso no se debe traducir en violencia a terceros". "Eso ya lo hemos hecho, lo repetimos nuevamente: rechazamos todas las acciones de violencia a terceros. Así que, esperamos una marcha pacífica y no sólo de este tema, sino en general de cualquier tema para la Ciudad de México y vamos a estar muy al pendiente", concluyó.

El Mundial 2026 está asegurado en la CdMx

Brugada abordó otro tema que había sido puesto en duda ante las protestas contra la gentrificación y la llegada de extranjeros con alto poder adquisitivo que encarecían los precios: el Mundial de futbol de 2026, donde la capital albergará varios partidos, incluido el inaugural.
“Por ahí ha habido algunas especulaciones, se ha manejado el tema de poner en duda la realización del Mundial en la Ciudad de México; especulaciones, mentiras. No se vale que promuevan esto porque lo único que hacen es justamente que haya desconfianza. Entonces informar que el Mundial está asegurado en la Ciudad de México”, afirmó la Jefa de Gobierno.
“Son especulaciones, ni Canadá, ni Estados Unidos, ni la FIFA, nadie ha planteado este tema. Entonces, por eso digo, en qué se basan, son especulaciones que no tenemos que prestarles atención. [...] Así que el partido inaugural, justamente el 11 de junio del 2026, será en México y estaremos preparándonos como lo hacemos todos los días para recibir el Mundial”, finalizó.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.