En un primer momento, Mariela fue enviada al Centro de Atención Integral al Menor Desamparado (CAIMEDE) y posteriormente, a Casa Otoch, en donde el viernes 16 de mayo fue agredida sexualmente por dos de sus compañeros. 

“Quiero que me la devuelvan y me dijeron que no, que porque tienen protocolos (pero) mi hija está expuesta a que le pase cualquier cosa. Uno de los chicos que la tocó se supone que saldría ya porque tiene 18 años, pero no se ha ido. Ellas reconocieron que él es un muchacho que no respeta”, declaró en entrevista el martes 20, mientras esperaba la resolución del amparo. 

Rocío apoyó la decisión de su hija Mariela de abortar cuando le pidió ayuda. La adolescente tenía 13 años cuando se enteró que estaba embarazada, no quería ser madre, así que acudió con su mamá para ir al médico. 

En noviembre de 2024, Rocío y Mariela acudieron juntas a una consulta con el doctor de una farmacia. Adquirieron misoprostol y siguieron las instrucciones médicas.  

Tres días después la menor tuvo dolor y sangrado intenso. Se asustó. Su madre estaba trabajando, así que le pidió ayuda a su abuela, quien la llevó a urgencias a la Unidad Médica Familiar del IMSS No. 58.

Mariela fue enviada al hospital de la T1 del IMSS en Mérida; fue ahí cuando un doctor, al ver llegar a Rocío, le advirtió que la policía iría a buscarla.

“Mi hija tenía apenas un mes y unos días de embarazo, por eso es que decidimos hacerlo. Yo había leído y sabía que ya no era un delito en el país”, relató, al referirse al fallo de la Corte que declaró inconstitucional penalizar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, resolución emitida a principios de septiembre de 2023. 

A pesar de ello, a Rocío le abrieron dos carpetas de investigación en la Fiscalía General del Estado (FGE) por tentativa de feminicidio, que ya fue cerrada y otra más, la UNATD 709/2023, por aborto y hechos posiblemente delictuosos.

Mariela estuvo ocho días en el hospital y un día antes de su alta médica, citaron a su mamá en la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del estado (Prodennay). Declaró sobre lo que ocurrió con su hija y al día siguiente que fue por ella, le dijeron que no podía llevársela.

La lucha por Mariela

En Yucatán se legalizó el aborto en abril de 2025, las mujeres y personas gestantes pueden interrumpir el embarazo durante las primeras 12 semanas.

Rocío y Mariela no están solas. Un equipo de asesores legales, que trabajan para defender a las mujeres y personas gestantes de la criminalización de sus derechos sexuales y reproductivos, las acompañan.

Mariela no sólo fue separada de su mamá en una condición de vulnerabilidad. Los primeros seis meses tenían prohibidas las visitas. Con apoyo de la abogada en derecho Amelia Ojeda Sosa, interpuso cuatro amparos –todos resultaron a favor de ambas– para poder verla.

Fue hasta el cuarto, el 596/2024, que se resolvió en el Juzgado Primero de Distrito en Mérida, Yucatán, que la Prodennay no tuvo más opción que permitir las visitas entre Mariela y su mamá Rocío. 

“Presentaron un recurso de queja en contra la admisión del amparo y todos los recursos los perdieron porque no hay una argumentación válida para eso. La suspensión provisional que se concedió para que la señora pueda ver a su hija la cumplieron porque les iban a imponer multas por no cumplir con la suspensión definitiva que fue dictada por el juez de distrito”, explicó Ojeda. 

A partir de la agresión que vivió Mariela, en la que dos compañeros de Casa Otoch la agredieron sexualmente en los pasillos del Centro de Asistencia Social (CAS), Rocío se reunió con el personal de la Prodennay este lunes, pero se rehúsan a regresarle a su hija.

La asesora legal de Rocío explicó que contra ella no hay delito que perseguir e incluso, la carpeta por tentativa de feminicidio ya fue cerrada y en la de hechos posiblemente delictuosos no hay actos de investigación. 

Aun así, la Prodennay le pidió a Mariela que se desista del amparo.

“Lo que argumentan es que tiene que desistirse porque hay una orden de autoridad judicial que dice que todo debe mantenerse en ese estado y eso es una interpretación errónea de la orden del juez. El amparo puede resolverse de dos formas: con la sentencia dictada sobre el juez o el sobreseimiento para que no haya razón de ser sobre el amparo, ¿y cuál sería la forma de que se resuelva? que restituyan a su hija, de esa manera le informan al juez de distrito que ya no habría material sobre la cual juzgar, se sobreseería”, apuntó Amelia. 

“Si nos querían castigar, ya nos castigaron mucho. Desde hace más de un año está mi hija lejos, solo pido que me la devuelvan porque también ahora tengo miedo por su integridad”, lamentó Mariela. 

Del caso de Mariela y Rocío se solicitó al DIF Yucatán conocer su postura sobre el tema, hasta antes de la publicación no hubo respuesta. 

El 21 de mayo, Amelia Ojeda y un equipo de personas abogadas, ganaron una lucha contra la criminalización por aborto en el estado. Madre e hija ya están juntas en casa.