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Detienen a 6 policías de BCS relacionados con la desaparición de dos jóvenes

Integrantes de la Mesa de Seguridad Estatal en Baja California Sur confirmaron la detención de seis elementos de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito en Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, relacionados por el delito de desaparición forzada de personas.

Dijeron, que presuntamente estarían relacionados con la desaparición de los jóvenes, Pablo Figueroa Martínez, de 21 años, y Xandro Jesús Torres Procopio, de 17 años.

Y es que, la última vez fueron vistos, el 26 de junio de este año, cuando eran detenidos por elementos policiacos, los ahora imputados.

“Hay probabilidad de que ellos hayan participado en la detención de estos jóvenes, y que después de la detención ya no fue posible localizarlos. La investigación que se realizó por la desaparición de estos dos jóvenes, se iniciaron las investigaciones y se desplegaron diversas líneas de investigación, se logró recabar cierta información que poco a poco se fue recopilando, y desafortunadamente apuntó a agentes de seguridad municipal”, confirmó Antonio López Rodríguez, Procurador General de Justicia del Estado.

Los agentes fueron ubicados en un domicilio de Lomas del Sol, justo cuando culminaban su turno, y fueron identificados como: Alejandra “N”, de 32 años, originaria del estado de Sinaloa; Ramón “N”, 30 años y originario de la Ciudad de México; Sergio “N”, de 23 años del estado de Chiapas; Jesús “N”, de 33 años; José “N”, de 26 años y Pedro N, de 21 años, estos últimos originarios de Baja California Sur.


El Gobierno de Los Cabos a través de su Secretario General de Gobierno, Alberto Rentería Santana dijo que por instrucciones del Alcalde, Christian Agúndez Gómez están colaborando con las autoridades estatales y federales para el esclarecimiento de los hechos, además de que no tolerarán esta clase de conductas que afectan la integridad de los ciudadanos.

“Redoblamos esfuerzos, no solo en capacitación interna, sino con la sociedad de este destino turístico en temas de prevención, porque nuestro interés es la seguridad de cada familia que contribuye a la fortaleza del municipio, así como de quienes nos visitan. La XV administración municipal refrenda su compromiso con la legalidad y no tolerará actos que vayan en contra de la salvaguarda y seguridad de todos los ciudadanos de Los Cabos, siempre en el marco de la ley y el respeto a sus instituciones”, indicó Alberto Rentería.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ANTONIO CERVANTES.

Exalcaldesa de Morena en Nochixtlán desvió 80 % del presupuesto de los primeros seis meses de su gobierno, advierte auditoría

Lizbeth Victoria Huerta, alcaldesa de Nochixtlán de 2019 a 2021 por Morena, desvió 8 millones 795 mil pesos del presupuesto municipal a través de compras y servicios simulados en el primer semestre de su gobierno, de acuerdo con una auditoría local.

Durante sus primeros seis meses de gobierno, la ahora exalcaldesa morenista Lizbeth Victoria Huerta –que gobernó el ayuntamiento oaxaqueño de Asunción Nochixtlán de diciembre de 2019 a mayo de 2021– desvió 8 millones 795 mil pesos del presupuesto local, concluyó una auditoría especial realizada sobre 11 millones de pesos entregados a su administración, en dicho periodo.

El monto de este desvío equivale a 80 % del recurso público ejercido en ese periodo por la exalcaldesa de Nochixtlán y auditado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, ahora llamada Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca.

Aunque esta auditoría fue realizada en 2021, a raíz de las denuncias de corrupción promovidas por la activista Claudia Uruchurtu Cruz –quien luego fue víctima de desaparición forzada, por agentes del mismo ayuntamiento–, el gobierno de Oaxaca ordenó mantener ocultos sus resultados por un periodo de cinco años, hasta marzo de 2025, al considerar que hacerlos públicos obstruiría las actividades de revisión y fiscalización. Tras el vencimiento del plazo, Animal Político obtuvo esta auditoría especial a través de una solicitud de información pública.

Tal como determinó este ejercicio de revisión presupuestal, la administración de la exalcaldesa morenista desvió estos 8 millones 795 mil pesos a través de compras simuladas de diversos bienes, sobre los cuales no existe “constancia de recepción y los resguardos correspondientes, por lo que no se comprueba que dichos bienes se encuentren en propiedad y uso del municipio”.

Exalcaldesa de Nochixtlán presuntamente simuló compras y servicios para desviar recursos, revela auditoría

Entre los bienes cuya compra simuló la administración de Lizbeth Victoria Huerta, en sus primeros seis meses de gestión, están diversos equipos de cómputo, mobiliario de oficina, artículos para aseo, productos químicos básicos, combustible, uniformes para trabajadores, herramientas, carritos para recolección de basura y al menos ocho motocicletas, cuya adquisición fue incluida en la contabilidad del municipio, pero no pudo ser comprobada.

Según esta auditoría especial, la administración de Lizbeth Victoria Huerta también simuló la contratación de diversos servicios, a través de procedimientos administrativos irregulares, cuya realización tampoco fue comprobada. Entre estos servicios cuya contratación fue simulada están actividades culturales, servicios de ingeniería, de elaboración e impresión de documentos oficiales, servicios de reparación de equipo de transporte, así como de producción y difusión publicitaria.

Entre las contrataciones simuladas por el gobierno de Lizbeth Victoria Huerta se encuentran, incluso, los mismos “servicios de contabilidad” del municipio.

La auditoría también confirmó que, tras asumir el cargo como alcaldesa de Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta otorgó a su hermana Natalie Victoria Huerta un salario como empleada municipal, aunque en realidad no pertenecía a la nómina ni existe un expediente de personal que compruebe que realizó algún trabajo por el sueldo devengado.

Bajo este mismo procedimiento de contratación simulada, la exalcaldesa de Nochixtlán otorgó un salario como empleado del ayuntamiento a José Manuel Muñoz Quevedo, a quien se registró en la contabilidad como “asesor jurídico de la presidencia (municipal)”, sin que tampoco pudiera presentarse la “documentación justificativa correspondiente”.

Activista denunció irregularidades en el presupuesto de Nochixtlán

La mayoría de estas irregularidades en el manejo del presupuesto municipal fueron documentadas y denunciadas por la activista local Claudia Uruchurtu entre 2019 y 2020, a través de su propia investigación y la solicitud de información pública.

Uruchurtu denunció estos hechos ante el gobierno estatal del priista José Murat, actualmente senador de Morena. También acudió a la Secretaría de Gobernación, cuya titular era Olga Sánchez Cordero, y a la Presidencia de México, encabezada en ese momento por Andrés Manuel López Obrador. La activista no obtuvo respuesta de ninguna de esas instancias.

La única denuncia de Claudia Uruchurtu que tuvo alguna consecuencia fue la que presentó ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Oaxaca (OSFE), el 26 de agosto de 2019.

Esta denuncia derivó en la realización de una “auditoría por situación excepcional” a los primeros seis meses de la gestión de Lizbeth Victoria Huerta. Esta revisión sólo analizó un tercio del presupuesto asignado en ese periodo.

A pesar de que este ejercicio de fiscalización detectó un desvío de 80 % del presupuesto auditado, el Órgano Superior de Fiscalización, dependiente del Congreso local,  no ordenó revisar el resto del presupuesto asignado en los primeros seis meses del gobierno de la exalcaldesa morenista, ni tampoco los recursos ejercidos luego de ese periodo.

“Si extrapolamos este desfalco de 80 % a todo el presupuesto municipal, no solamente del primer semestre de 2019, sino de toda la administración de Lizbeth Victoria Herta, estamos hablando de mucho más dinero desviado, que sólo 8 millones”, subraya Elizabeth Uruchurtu, hermana de la activista víctima de desaparición forzada.

“Lo más trágico –añade– es que la auditoría con la que se confirmaron estos actos de corrupción se realizó de manera ‘excepcional’, sólo por las denuncias de Claudia. Es decir que si ella no hubiera estado insistiendo, nada habría pasado. Entonces, los políticos corruptos que llegan al gobierno se la pasan robando como si nada, porque saben que no los van a auditar y aunque los auditen, no va a pasar nada.”

El Órgano Superior de Fiscalización de Oaxaca (OSFE) recibió en agosto de 2019 la denuncia de Claudia Uruchurtu y notificó los resultados finales de la Auditoría Excepcional a Nochixtlán en mayo de 2021.

En ese tiempo, el OSFE le requirió directamente a Lizbeth Victoria Huerta “un informe sobre el avance de gestión financiera del Municipio” y concluyó que la entonces alcaldesa de Nochixtlán “no cumplió con las disposiciones normativas aplicables para el correcto ejercicio del gasto público”, lo que dio la razón a Claudia Uruchurtu. Sin embargo, la autoridad clasificó estas conclusiones como reservadas durante los siguientes cinco años.

La desaparición forzada de Claudia Uruchurtu y el gobierno de Nochixtlán

Dos meses antes de que la autoridad concluyera su auditoría excepcional, empleados del ayuntamiento de Nochixtlán raptaron y desaparecieron a la activista Claudia Uruchurtu, luego de que participó en una manifestación afuera de la presidencia municipal, el 26 de marzo de 2021. Hasta la fecha, el paradero de Claudia Uruchurtu sigue sin ser determinado.

En diciembre de 2022, cuatro funcionarios públicos del ayuntamiento de Nochixtlán, entre los que se encuentra la exalcaldesa Lizbeth Victoria Huerta, fueron sentenciados hasta por 60 años de prisión, por el delito de desaparición forzada cometido contra Claudia Uruchurtu. En febrero de 2023 se declaró culpable a un quinto imputado: el asesor jurídico de Lizbeth Victoria.

Así, el de Claudia Uruchurtu Cruz es el primer caso plenamente documentado, aunque no el único, de una desaparición forzada cometida por el Estado mexicano, tras la llegada de Morena a la presidencia de México.

Aunque la morenista Lizbeth Victoria Huerta también fue procesada penalmente por estos hechos, el Tribunal Superior de Justicia del Estado determinó que la exalcaldesa no incurrió en el delito de desaparición forzada en calidad de autora intelectual, sino que sólo cometió el delito de “obstrucción de las investigaciones” emprendidas para esclarecer este crimen, y la benefició con una pena de sólo cuatro años de prisión, que terminó de cumplir en diciembre de 2024.

Este criterio en beneficio de Lizbeth Victoria Huerta fue aplicado por el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, incluso cuando la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas establece que son “autores del delito” los funcionarios que físicamente privan de la libertad a la víctima, así como los superiores jerárquicos que oculten o nieguen información sobre los hechos, tal como hizo la exalcaldesa al obstruir las investigaciones realizadas.

“Ninguna autoridad investigó las denuncias de corrupción presentadas por Claudia, como el motivo por el cual fue desaparecida forzosamente”, detalla Sara Uruchurtu, otra hermana de la activista. “Nosotras siempre insistimos en que ocultar esos actos de corrupción de la exalcaldesa Lizbeth Victoria Huera era el móvil del crimen cometido contra nuestra hermana, pero la respuesta que siempre nos dieron fue que ese era un delito diferente, desvinculado, y si queríamos una investigación específica, teníamos que iniciar un proceso separado. Nunca fueron a fondo.”

Todas las autoridades que omitieron estas investigaciones, tanto federales como estatales, pertenecían o estaban subordinadas a Morena.

Investigaciones por desvío de recursos públicos de Nochixtlán sigue inconclusa

A cinco años de que la auditoría excepcional iniciada por las denuncias de Uruchurtu Cruz revelara que el gobierno de la alcaldesa incurrió en desvío de recursos, el Órgano Superior de Fiscalización de Oaxaca notificó que las investigaciones iniciadas por este desfalco siguen sin concluirse.

La autoridad fiscalizadora informó que desde 2021 existe un “expediente de presunta responsabilidad administrativa que no se le ha dictado resolución alguna. Se considera aún un proceso abierto de investigación”, por lo que, hasta la fecha, ningún involucrado ha sido sancionado, ni tampoco ha sido recuperado el dinero desviado.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

“Conseguir una es imposible”: denuncian en Playa del Carmen venta ilegal de citas para hacer trámites ante Migración

Un grupo de personas acapara citas para trámites migratorios en el Instituto Nacional de Migración en Playa del Carmen, Quintana Roo, y las vende ilegalmente hasta en 3 mil pesos cada una, denuncian ciudadanos.

Ciudadanos en Playa del Carmen, Quintana Roo, denunciaron que hay personas que se dedican a acaparar citas para realizar trámites migratorios ante la subdelegación en esa localidad del Instituto Nacional de Migración (INM) y luego venderlas de manera ilegal para lucrar con un trámite que, además, es gratuito por Ley.

Las personas que venden las citas, que se presentan como ‘facilitadores’, hacen también un uso ilegal del logotipo y la imagen del INM para engañar a los posibles compradores.

La denuncia la realizó un despacho de abogados de Playa del Carmen, que a su vez recibió múltiples quejas de ciudadanos por esta situación. El despacho pide mantenerse en el anonimato por temor a represalias de las personas que venden las citas ilegalmente.

Por su parte, el INM dijo a este medio que ya abrió una investigación interna y que están trabajando en mejorar el sistema informático para evitar el acaparamiento de las citas.

Cómo se obtiene en línea una cita en Migración

Desde octubre de 2024, el INM implementó un sistema de citas en línea para realizar trámites migratorios (el Portal de Servicio del INM), como la solicitud de un permiso de permanencia en el país, una visa de trabajo, la residencia permanente, o la reposición de un documento migratorio.

A través de ese portal de internet, la autoridad federal establece un día y una hora, y la persona extranjera acude con su cita para iniciar el trámite. En este punto hay que aclarar que la cita por sí sola es un trámite gratuito. Lo que sí tiene un costo es el trámite que se realice posteriormente ante la autoridad.

“Sin embargo, desde junio pasado, obtener una cita se ha vuelto una tarea imposible”, plantea uno de los abogados del despacho, al que llamaremos Javier.

Lo anterior, explica el abogado, debido a que el sistema agota los espacios “en tan solo unos segundos”, dejando sin posibilidad a los usuarios de realizar trámite alguno.


Venden ilegalmente citas para trámites migratorios hasta en 3 mil pesos

El despacho legal detectó que, al mismo tiempo que las citas se agotaban en solo unos segundos en el portal del INM, comenzaron a aparecer múltiples anuncios en redes sociales de personas que ofrecen ‘ayuda’ para la obtención de una de esas preciadas citas.

Las personas que se anuncian ofrecen precios que oscilan entre los 1 mil y los 3 mil pesos por cita. Animal Político pudo constatar algunos de estos anuncios, en los que personas también de origen extranjero se publicitan con un número de celular para contactarlos.

“Nuestra investigación indica que la mayoría de las citas en línea están siendo acaparadas por una mujer, al parecer de nacionalidad rusa. Esta persona lucra con la venta de esas citas que acapara mediante un chat de Whatsapp, manteniendo oculta su identidad”, explica Javier.

Incluso, el despacho legal tomó registro de que, en las inmediaciones de la Subrepresentación Federal del INM en Playa del Carmen, se encuentran pegadas, en postes y paredes, hojas que anuncian abiertamente la venta ilegal de citas.

Igualmente, en algunos negocios cercanos a las oficinas locales del INM se reparten tarjetas que contienen un código QR que conecta a un número de Whatsapp.

“Al conectarse a la aplicación mediante el mencionado código QR, se observa que se trata de un número celular de extranjeros y que se utiliza como imagen el logotipo oficial del INM con la leyenda ‘Secretaría de Gobernación Instituto Nacional de Migración´”, expuso el despacho de abogados en una carta remitida al titular del INM, Sergio Salomón Céspedes, y de la que este medio guarda copia.

“Al consultar a dicho número mediante un chat de Whatsapp, en respuesta envían una captura de pantalla del Portal de Servicios del INM que contiene un listado de citas disponibles y a la venta. Llama la atención que cuentan con citas disponibles todos los días de la semana y prácticamente en todos los horarios”.

Una vez que se elige la hora y la fecha, entonces se solicita al extranjero una serie de datos necesarios para poder agendar la cita. Y cuando éste paga la cantidad que le solicita la persona, entonces le envían el comprobante de la cita.

“Esta es la única vía en la que actualmente pueden conseguirse citas”, subraya el abogado.

Defraudan con citas falsas para trámites migratorios en Playa del Carmen, Quintana Roo

No obstante, el despacho legal también detectó que otras personas, aprovechando la necesidad que muchos extranjeros tienen de realizar múltiples trámites migratorios, ofrecen también citas, que luego resultan “apócrifas”, falsas.

“Así, cuando los extranjeros acuden al INM con una cita adquirida de manera informal, frecuentemente descubren que no está registrada en el sistema, lo que les impide realizar sus trámites y los dejan en una situación de vulnerabilidad”.

Además, diversos testimonios dijeron al despacho de abogados que uno de los ‘facilitadores’, que ofrece citas por medio de dos perfiles de Facebook con la promesa de “librar la batalla de las citas por ti”, lo que hace es vender una misma cita a varios extranjeros. Es decir, la revende.

“Como resultado, los migrantes que por necesidad compran una cita a esta persona, llegan a la oficina del INM y se encuentran con que la cita ha sido cancelada, quedando expuestos a una pérdida de tiempo y dinero”.

Sobre lo anterior, Javier expone como hipótesis que el portal de citas del INM ha podido ser “hackeado”, o “manipulado por personas que se apoderan de casi la totalidad de citas disponibles para venderlas a extranjeros migrantes que necesitan realizar trámites en la subdelegación de Playa del Carmen, en una práctica que los deja en un estado de total indefensión”.

Los abogados recuerdan que el posible hackeo del portal del INM representa un delito de acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, “pues, evidentemente, para acaparar la gran mayoría de las citas disponibles, debe accederse y manipularse de alguna forma el sistema informático que opera el Estado mexicano”.

INM abre investigación interna sobre venta ilegal de citas para trámites migratorios

Javier dijo durante la entrevista que han denunciado esta situación en reiteradas ocasiones ante las autoridades del INM, pero éstas, acusa, “han sido omisas” a la fecha.

“La única respuesta recibida hasta ahora ha sido: ‘Es imposible que se manipule el sistema’, lo cual evidencia la falta de atención seria y exhaustiva del problema, lo que resulta inaceptable dada la gravedad de los hechos expuestos”, denunció el abogado.

Animal Político buscó al departamento de comunicación social del INM para preguntar a la institución por esta denuncia.

En respuesta, el Instituto dijo estar al tanto de la situación y subrayó que está tomando medidas en dos sentidos.

El primero, el INM aseguró a este medio que ya abrió “una investigación formal” a través de su Órgano Interno de Control. “Si ha habido alguna situación indebida (de algún funcionario del Instituto) habrá consecuencias”, señaló la dependencia.

Y el segundo, el Instituto informó que ya se está trabajando en “mejorar el sistema informático” para que ya no haya personas que puedan acaparar las citas para los trámites.

“Eso ya se está llevando a cabo. Estamos trabajando en fortalecer los protocolos para evitar este tipo de situaciones”, recalcó la dependencia.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.

Detienen a exalcalde de Zacatecas acusado de homicidio y vínculos con el CJNG

Asimismo fue detenido en otra acción simultánea, Juan Antonio 'N' quien también fue servidor público de Apulco, Zacatecas.

Mauro Yuriel Jauregui Muñoz, que fungió en 2024 como alcalde de Apulco, Zacatecas, fue detenido junto a otras cuatro personas en el municipio Nochistlán.

El exedil de 30 años cuenta con una orden de aprehensión por homicidio calificado en grado de tentativa. Asimismo, en la función pública fue desaforado y removido de su cargo tras los presuntos vínculos con el narcotráfico, particularmente con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Asimismo, fue detenido en otra acción simultánea, Juan Antonio ‘N’, de 44 años, quien también fue servidor público de Apulco y contaba con orden de aprehensión por sus vínculos con el mismo grupo delictivo.

Los cinco hombres detenidos, todos vinculados con el CJNG, fueron capturados en dos acciones distintas en Nochistlán, según confirmaron este viernes autoridades mexicanas.

En la detención, durante el registro de un inmueble, los agentes incautaron armas largas y cortas, así como cartuchos, cargadores, dosis de droga, un vehículo y chalecos balísticos con las siglas CJNG.

En un comunicado conjunto, agencias de seguridad mexicanas señalaron que al investigar los delitos de tentativa de homicidio y asociación delictuosa, se ubicó una casa en Nochistlán, “donde se resguardaban personas vinculadas a un grupo delictivo generador de violencia con orígenes en Jalisco” y tras una orden de cateo otorgada por un juez de control se adelantó el operativo.

La información agregó que al intervenir el domicilio se detuvo a cuatro personas, entre ellas a Mauro Yuriel. También se capturó a Andy Edgardo Jauregui Muñoz, de 29 años, Ricardo de la Cruz García, de 25 años y Eduardo Gabriel Cuatepotzo Guzmán, de 23 años.

En las acciones participaron agentes de las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina (Semar), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Fiscalía del Estado.

El pasado de 22 de julio, el titular de la SSPC de México, Omar García Harfuch, indicó que más de 26 mil personas han sido detenidas en México por delitos de alto impacto desde el 1 de octubre de 2024, cuando inició la administración de Claudia Sheinbaum.

La mandataria asumió la Presidencia el 1 de octubre de 2024, tras el récord de más de 196 mil asesinatos en el gobierno de su predecesor y copartidario, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Regidora de Ixtapan de la Sal cae en "Operativo Liberación"; tiene prisión preventiva

Yareli "N", Regidora en Ixtapan de la Sal, permanecerá en prisión preventiva mientras se investiga su probable participación en la red de extorsión de "La Familia Michoacana" que fue desmantelada en el Edomex con el "Operativo Liberación".

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de México (Edomex) informó que le fue impuesta prisión preventiva a Yareli "N", Regidora del municipio de Ixtapan de la Sal, quien fue detenida en el marco del "Operativo Liberación" contra la extorsión.

A través de un comunicado, la dependencia detalló que la funcionaria deberá permanecer recluida en un penal de la entidad mientras se lleva a cabo la investigación en su contra por presuntamente ser parte de un grupo de extorsionadores al servicio de "La Familia Michoacana". El sábado 26 de julio se llevará a cabo la audiencia en la que se determinará si es vinculada a proceso.

El arresto de esta mujer ocurrió el lunes 21 de julio en el marco del megaoperativo ejecutado por autoridades estatales y federales en 14 municipios mexiquenses para desmantelar una red de extorsión operada por dicho cártel, la cual tenía a su servicio sindicatos, taxistas y hasta una cadena de tiendas.
Regidora extorsionaba comerciantes en nombre de "La Familia Michoacana"

Yareli "N", quien fungía como tercera Regidora en Ixtapan de la Sal, municipio del Edomex, fue detenida en cumplimiento a una orden de aprehensión en su contra por su probable responsabilidad en el delito de secuestro exprés con fines de extorsión.

De acuerdo con la investigación iniciada por el Ministerio Público (MP), los hechos que se le imputan a la funcionaria mexiquense ocurrieron en el mes de abril del 2025, cuando presuntamente participó en la privación de la libertad de un comerciante con el propósito de extorsionarlo.

Según las indagatorias, en dicha ocasión la víctima fue privada de la libertad en la habitación un hotel del municipio de Ixtapan de la Sal, hasta la cual llegó la acusada, se presentó como integrante de "La Familia Michoacana" y le exigió una fuerte suma de dinero a cambio de permitirle continuar con su actividad, además de que amenazó con hacerle daño al hombre o a sus familiares en caso de negarse.


Durante una conferencia de prensa sobre el "Operativo Liberación", el titular de la Fiscalía del Edomex, José Luis Cervantes Martínez, explicó que Yareli "N" invitaba a comerciantes a un hotel ubicado en el municipio de Ixtapan de la Sal para hablar con ellos y tratar de convencerlos de pagarle al cártel.

Supuestamente, cuando la Regidora no lograba convencer a los extorsionados, los llevaba a un rancho en el que tenía alrededor de 50 caballos de gran valor, esto con el fin de demostrar su poder y el de "La Familia Michoacana".
"Se trataba de decir: 'Estos caballos que ves ahí son de los señores de por allá. Entonces tú sabrás si no cooperas porque estás hablando directamente con ellos a través mío'", dijo el Fiscal mexiquense.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

"La Barredora" de Hernán Bermúdez tuvo un embrión criminal en Tabasco: "La hermandad"

Juan Cano Torres fue Secretario de Seguridad Pública y jefe de la “hermandad policiaca”, periodo en el que se desató una ola de secuestros, tráfico de drogas y migrantes, extorsión y asesinatos.

En el Gobierno priista de Manuel Andrade Díaz nació el grupo delincuencial la “hermandad policiaca”, bajo el mando del Secretario de Seguridad Pública, Juan Cano Torres, embrión de “La Barredora” que fundó el prófugo Hernández Bermúdez Requena, quien, en ese Gobierno fue Subsecretario de Protección Civil, Previsión y Readaptación Social, dependencia encargada de manejar los reclusorios y cárceles de Tabasco.

En el año 2000, el Tribunal Electoral Federal del Poder Judicial (TEPJF) anuló la elección de Andrade por fraude, operado por su coordinador de campaña, compadre y secretario general del PRI-Tabasco, Adán Augusto López Hernández.

El Gobernador Roberto Madrazo impuso al Diputado federal, Enrique Priego Oropeza, como Gobernador interino para convocar a nuevas elecciones en 2001 que, mediante otro fraude, ganó Manuel Andrade por segunda vez al abanderado perredista, César Raúl Ojeda Zubieta.

Durante todo su quinquenio (2002-2006), Juan Cano Torres fue Secretario de Seguridad Pública y jefe de la “hermandad policiaca”, periodo en el que se desató una ola de secuestros, tráfico de drogas y migrantes, extorsión y asesinatos.

En marzo de 2007 —tres meses después de concluir el quinquenio de Andrade— Cano Torres fue detenido como uno de los implicados en el atentado en contra del General y nuevo secretario de Seguridad Pública, Francisco Fernández Solís, designado por el entrante Gobernador, el químico Andrés Granier Melo.

La mañana del 6 de marzo, el militar fue atacado por un grupo de sicarios cuando salía del hotel Calinda Viva, de Villahermosa.

Al General sólo se le incrustaron esquirlas en un ojo y salvó la vida, pero murió su chofer José de la Luz Pérez Mayo y resultó herido Leobardo Eugenio Acosta Gutiérrez, auxiliar del jefe policiaco.

Los pistoleros dispararon 106 proyectiles de metralletas AR-15 y de armas calibre nueve milímetros, que impactaron en la camioneta Suburban color vino del General.

Dos semanas después, Cano Torres fue capturado en el municipio de Centla, cuando participaba en un acto oficial de transferencia de servicios del Gobierno del estado a los municipios, cargo que le inventó el “Químico” Granier para protegerlo.

Cano Torres fue arrestado con cuatro más de sus cercanos colaboradores en Seguridad Pública, operadores de la “hermandad policiaca”, bajo cargos de enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada e instigación a homicidio calificado.

A todos les incautaron ranchos, casas y vehículos, productos de robos, extorsiones, secuestros y tráfico de drogas.

Las investigaciones revelaron que la presencia del General Fernández Solís al frente de Seguridad Pública no gustó a la "hermandad policiaca", pues pretendían seguir controlando la corporación.

Un mes después del arresto, el entonces Procurador de Justicia de Granier Melo, Gustavo Rosario Torres, denunció que la “hermandad policiaca” quería perpetuarse en Seguridad Pública para seguir brindando protección a grupos delictivos.

En septiembre 2017, ya como Secretario de Gobierno de Arturo Núñez, Gustavo Rosario acusó al exgobernador Manuel Andrade de abrir las puertas de Tabasco al grupo criminal Los Zetas.

Denunció que, además, dio escoltas a un delincuente que asesinaron y durante sus cinco años de gobierno no “vio” a Los Zetas.

El funcionario acudió a un noticiero radiofónico para rechazar las “insinuaciones gravísimas” de Andrade Díaz, entonces Diputado local del PRI, de que el Gobierno de Arturo Núñez habría ordenado “silenciar” al empresario Jerry Barceló, asesinado el 1 de septiembre.

“Él le abrió las puertas a Los Zetas, él le dio escoltas de la Procuraduría del Estado a uno de los delincuentes que luego mataron”, acusó.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ARMANDO GUZMÁN.

Relaciones peligrosas: los negocios y encuentros de Chávez Junior en Sinaloa

Al mismo tiempo que, según la FGR, Chávez Jr. llevaba una doble vida como elemento del crimen organizado, también tuvo una cordial relación con el gobierno de Sinaloa, a través de contratos y eventos.

Julio César Chávez Jr. no llegó a ser el hijo pródigo del boxeo mexicano. En cambio, formó una historia sorprendente y perturbadora como un deportista relacionado con el Cártel de Sinaloa. Esto lo hizo de forma confesa al admitir que conocía a Ovidio Guzmán, miembro de Los Chapitos que se declaró culpable por actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico, el 11 de julio de este año. 

Al mismo tiempo que Chávez Jr. llevaba una doble vida como elemento del crimen organizado (según explicó la FGR poco después de su captura), también tuvo una cordial relación con el gobierno de Sinaloa (a través de contratos) y con el actual gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, que dicho sea de paso, ha sido señalado por investigaciones periodísticas y capos por tener presuntas relaciones por la organización antes encabezada por Ismael “El Mayo” Zambada.  

Como se mencionó en el reportaje Ya con orden de aprehensión, Chávez Jr. firmó contratos con el Tribunal Electoral de Sinaloa, el boxeador es dueño de la empresa DESARROLLADORA JH S.A. DE C., como consta en varios documentos en poder de EMEEQUIS.

Por ejemplo, el Registro Público de Comercio establece a Julio César Chávez Carrasco (aunque en los documentos también aparece como Carrazco) como dueño mayoritario de las acciones de esta empresa; la otra parte pertenece a Herbert Nieto Padrón, un licenciado en Comercio y Aduanas. En los documentos también se menciona a Julio César Chávez González (la leyenda del boxeo), a la organizadora de eventos Cindhy Margarita Camacho y al hermano de Julio César Chávez Jr., Eduardo Chávez Carrasco (pero con su apellido escrito como Carrazco).


Anteriormente, EMEEQUIS reveló que durante 2018 y 2024, el Tribunal Electoral de Sinaloa realizó contratos con la empresa de Chávez Jr., pese a que este ya tenía una orden de aprehensión en su contra. 

Sin embargo, no es la única institución que ha estado relacionada con esta empresa. Aunque Chávez Jr. aún no era investigado, existen documentos que muestran su relación con el gobierno de Sinaloa.

Por ejemplo, en una factura del 8 de febrero de 2018, se le cobró al gobierno por la “RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, UBICADA EN TERESA DE MIER” por un total de 62 mil 455.40 pesos. En otra factura del mismo día se cobró 56 mil 543.93 por rentas en el mismo inmueble.



Pero no es la única relación con autoridades sinaloenses. Según documentos del Ayuntamiento de Culiacán, para 2018 se autorizó la construcción de un gimnasio a esta empresa. En los documentos queda plenamente identificado Chávez Jr. como el dueño de la empresa.


Esta relación se dio bajo el mandato de Quirino Ordaz Coppel, a cargo del gobierno de Sinaloa, y con el priísta Jesús Antonio Valdés Palazuelos a cargo del municipio de Culiacán. 

Esta comunicación estrecha continuó más allá de los contratos, ya que el actual gobernador, Rubén Rocha Moya, se reunió al menos en dos ocasiones con el púgil, incluso cuando este ya era investigado (a partir de 2019, según la FGR). 

En primer lugar, el morenista asistió a un evento donde convivió con Chávez Jr. la noche del 19 de diciembre de 2021. En ese momento, Rocha Moya se tomó una foto junto al boxeador y lo felicitó por una pelea en la capital del estado: 

“Noche de box en Culiacán, con nuestro gran campeón Julio Cesar Chavez Gonzalez, para ver la pelea de su hijo Julio Cesar Chavez Jr., a quien felicito por su triunfo”.

El evento se mencionó en dos cuentas gubernamentales: la del propio gobernador y la del Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte.

Pero no fue la única vez que se reunieron: el boxeador Iván Morales registró otro encuentro entre Chávez Jr. y el gobernador el 11 de mayo de 2021 en un lugar no determinado. Varias cuentas en redes sociales registraron el momento a través de videos y fotografías.


En esa ocasión, Rocha Moya realizó una llamada con Julio César Chávez padre (a través del teléfono de Chávez Jr.). En ese video, Rocha Moya menciona: 

“Aquí estoy con el Jr., dice que lo regañas mucho, sí me doy cuenta yo, y no es cualquier regaño, vale la pena, hay que hacerle caso”. 

El 4 de julio, luego de la captura de Chávez Jr. el 3 de julio, Rocha Moya se lavó las manos sobre el tema: “Nosotros no tenemos nada que decir al respecto, porque no está en la jurisdicción del estado”, sino de la federación. 

EMEEQUIS buscó al gobierno de Sinaloa y al de Culiacán para cuestionar su relación con el boxeador. Al cierre de este reportaje, no ha habido respuesta.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: MIGUEL ÁNGEL TEPOSTECO RODRÍGUEZ.

Con Rutilio Escandón, “La Barredora” operó en Chiapas desde 2019, asegura exgobernador interino

“El crimen organizado no entra solo. Entra cuando hay omisión, complicidad o cobardía desde el poder. Y eso fue exactamente lo que ocurrió bajo el gobierno de Escandón Cadenas”, dijo el exgobernador interino, Willy Ochoa Gallegos.

El grupo criminal “La Barredora”, supuestamente lidereado por el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena –hoy prófugo de la justicia-, operó en Chiapas y mantuvo presencia activa desde 2019, durante el sexenio de Rutilio Escandón Cadenas, cuñado de Adán Augusto López, denunció el exgobernador interino, Willy Ochoa Gallegos. 

“El crimen organizado no entra solo. Entra cuando hay omisión, complicidad o cobardía desde el poder. Y eso fue exactamente lo que ocurrió bajo el gobierno de Escandón Cadenas”, dijo en una declaración pública.

Ochoa Gallegos aseguró que “mientras el gobierno de Rutilio Escandón se llenaba la boca hablando de paz y transformación, La Barredora cruzaba nuestras fronteras, operando en municipios del norte y oriente del estado con total impunidad”. 

Refirió que reportes periodísticos recientes y documentos filtrados por la prensa nacional confirman que “la organización criminal extendió sus redes desde Tabasco hacia zonas limítrofes de Chiapas, aprovechando el vacío de autoridad y la falta de respuesta institucional”. 

El exgobernador sostiene que el grupo criminal “La Barredora”, señalada por actividades de huachicol, tráfico de drogas, extorsión y trata de personas, bajo el mando de exfuncionarios públicos, “su expansión hacia Chiapas no fue ajena ni desconocida por las autoridades”. 

Por lo que llamó a la Fiscalía General de la República y al Gobierno federal a “investigar a fondo la posible red de encubrimiento y permisividad que facilitó la operación de este grupo criminal en Chiapas; exigió que se deslinden responsabilidades. 

“No se puede construir el futuro de Chiapas sin tener presente lo que se vivió en el pasado. Hoy más que nunca, necesitamos fortalecer al Estado para que pueda hacer frente al crimen organizado con firmeza, investigar sus redes y avanzar hacia una justicia que garantice la paz para todas y todos”, manifestó Ochoa Gallegos. 

El exgobernador interino de Chiapas, Willy Ochoa, ha denunciado públicamente al exgobernador Rutilio Escandón Cadenas, acusándolo de presuntos nexos con grupos delictivos, incluyendo a “La Barredora”. 

Ochoa ha enviado cartas y ha hecho declaraciones a medios, incluso a nivel internacional, para alertar sobre la situación de inseguridad en Chiapas y la supuesta complicidad de Escandón con el crimen organizado. 

Una de sus acciones fue enviar una carta a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, pidiéndole que evaluara el nombramiento de Escandón como cónsul de México en Miami, argumentando sus conexiones con cárteles del narcotráfico. 

De acuerdo a las denuncias de Willy Ochoa, durante la “narcoguerra”, la presencia de grupos como “La Barredora” proliferó de manera exorbitante durante la administración de Rutilio Escandón. 

El grupo Tabasco en Chiapas

En el sexenio de Rutilio Escandón Cadenas predominó un grupo de personajes pertenecientes al círculo de influencia política y familiar con raíces en el estado de Tabasco que ejerció el poder considerablemente en la administración chiapaneca. 

Esta influencia se potenció por la relación de parentesco entre Rutilio Escandón y Adán Augusto López Hernández. Rutilio Escandón era su cuñado, ya que estaba casado con Rosalinda López Hernández, hermana de Adán Augusto, cuya posición estratégica como Administradora General de Auditoría Fiscal del SAT, le otorgaba una gran influencia en las decisiones políticas y económicas, tanto a nivel federal como en Chiapas. 

Su fallecimiento en mayo de 2024 marcó un punto de inflexión. 

Los principales integrantes y figuras claves asociadas al “Grupo Tabasco” que predominaron durante el sexenio de Escandón Cadenas son: Ángel Torres Culebro, quien fue Secretario de Infraestructura y fue colocado como alcalde de Tuxtla Gutiérrez, cargo que desempeña actualmente. 

Antonio Noguera Zurita, tabasqueño que sigue desempeñando el cargo de Director General y Administrador Aeroportuario; José Manuel Cruz Castellanos, se desempeñó como Secretario de Salud y actualmente es senador por Chiapas. 

A lo largo del sexenio de Rutilio Escandón, se observó la llegada de varios funcionarios y allegados de la familia López Hernández que ocuparon puestos claves en el gobierno de Chiapas. Todos ellos consolidaron la red de poder del “Grupo Tabasco” en la entidad. 

Las denuncias de Willy Ochoa apuntan a que esta red de influencia, además de concentrar el poder político, habrían tenido supuestas complicidades con el crimen organizado, lo que habría contribuido al deterioro de la seguridad en Chiapas durante el sexenio pasado.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA COUTIÑO.

Empresa relacionada con hermano de Bermúdez Requena renovó permisos de casinos cuando Adán Augusto estaba en Segob

Una empresa relacionada con Humberto Bermudez Requena, hermano del prófugo Hernán, renovó permisos para operar casinos durante el periodo en que fue secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández.

Una empresa relacionada con el empresario Humberto Bermúdez Requena, hermano de Hernán Bermudez Requena, prófugo de la justicia mexicana buscado por la interpol por los delitos de asociación delictuosa con el grupo La Barredora, renovó permisos para casinos en octubre de 2022, cuando Adán Augusto López Hernández era secretario de Gobernación. 

Humberto Bermúdez Requena también aparece en una serie de fichas de inteligencia militar bajo el señalamiento que los dos hermanos eran parte de una estructura delictiva que desde 1999 se dedicaba al tráfico de cocaína, de acuerdo con el periódico Excélsior.

En 2017, Humberto Bermúdez Requena registró una sociedad de empresas dedicadas a los juegos de azar, en la Notaría 27 de Tabasco, cuyo titular era Adán Augusto López Hernández. El actual coordinador de Morena en el Senado está en el centro de la polémica, porque fue quien designó en 2019 como secretario de Seguridad de Tabasco a Hernán Bermúdez Requena, al principio de su mandato estatal.

PUR UMAZAL TOV, relacionada con Humberto Bermudez Requena, recibió permisos para operar casinos por parte de la administración de Enrique Peña Nieto, los cuales se renovaron con Andrés Manuel López Obrador, durante el periodo en que fue secretario de Gobernación el propio Adán Augusto López Hernández, en octubre de 2022.

PEÑA NIETO OTORGÓ LOS PERMISOS, ADÁN AUGUSTO LOS EXTENDIÓ 10 AÑOS

En 2014, una orden judicial obligó a la Secretaría de Gobernación de México, encabezada en ese momento por Miguel Ángel Osorio Chong, a autorizar la creación de nuevas estructuras de casinos.

Debido a eso, en 2017, la Dirección General de Juegos y Sorteos otorgó a la empresa “Operadora de Coincidencias Numericas S.A. de C.V.” el permiso DJS/DGAAD/DCRCA/2017 para que pudiera operar casinos por 12 años, hasta el 23 de mayo de 2029.

La empresa fue registrada a nombre de Armando Prida Bravo y Fredy de los Reyes Flota León.

Por su parte, Humberto Bermudez Requena, hermano del extitular de seguridad pública de Tabasco, Hernán Bermudez Requena, dio de alta en 2017 una sociedad llamada “Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste”, junto con Joszef Alexander Arguedas Troyo, en la notaría número 27 de Centro, Tabasco, donde el titular que ejerció como autoridad competente fue el propio Adán Augusto López Hernández.

En julio de 2018, durante el periodo en que Alfonso Navarrete Prida fue secretario de Gobernación, recibió la autorización mediante el oficio DGJS/DGAAD/DCRCA/P-01/2017 para que “Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste” pudiera operar un centro de apuestas, además el oficio DGJS/712/2018, otorgado durante noviembre de 2018, que autoriza al grupo a captar apuestas a través del sitio crowncitybets.mx, según documentos obtenidos a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación. 

Otra de las empresas que fue registrada fue PUR UMAZAL TOV, a nombre de José Antonio Haua Maauad, Moisés Shemaría Capuano y Jacobo Shemaría Capuano. 

Esta empresa también está relacionada con Bermúdez Requena, ya que de acuerdo al Registro Público de Comercio, dio de alta las empresas “Con Suerte Y Alegría Guaymas, S.A.P.I. De C.V”, “Con Suerte Y Alegría Navojoa, S.A. P.I. De C.V”., “Con Suerte Y Alegría En Carmen S.A.P.I. De C.V.”, que son proveedores reconocidos de PUR UMAZAL TOV en los estados financieros que se reportan ante la Segob.

La renovación de PUR UMAZAL TOV se dio cuando Adán Augusto era titular de Segob.

PUR UMAZAL TOV recibió, por parte del gobierno federal, en octubre de 2022, una ampliación de 10 años en su permiso de operación de casinos, para que su concesión termine en 2039. Esta actualización fue otorgada ya cuando Adán Augusto López Hernández era titular de la Secretaría de Gobernación.

Actualmente, la cadena Crown City sigue operando con normalidad, con 12 salas en varios lugares como Villahermosa, Campeche, Ciudad del Carmen, Coatzacoalcos, Navojoa, Ciudad Juárez, Guadalajara, Naucalpan, Veracruz y Aguascalientes.

Mientras que la renovación de la concesión de PUR UMAZAL TOV se realizó el 18 de octubre de 2022, bajo el amparo de la Dirección General de Juegos y Sorteos, por 10 años adicionales a esta empresa que es socia de “Con Suerte y Alegría en Carmen S.A.P.I.”, “Con Suerte y Alegría Guaymas S.A.P.I.” y “Con Suerte y Alegría Navojoa”.

Adán Augusto López Hernández estuvo en la Secretaría de Gobernación (Segob) de México desde el 26 de agosto de 2021 hasta el 16 de junio de 2023.

En entrevista reciente con Ciro Gómez Leyva, Adán Augusto, quien gobernó Tabasco entre 2019 y 2021, sostuvo que nunca sospechó de su colaborador cercano, Hernán Bermúdez Requena: “No, la verdad es que no sospeché, si hubiese yo sospechado de él pues inmediatamente lo hubiésemos separado del encargo”.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: JORGE GARCÍA OROZCO.

Caso Koldo: empresas acusadas de corrupción en España obtuvieron contratos en Trolebús, Interoceánico y Tren Maya, por 58 mil mdp

Empresas filiales de Grupo Azvi, que forma parte de la presunta trama de corrupción en España llamada caso Koldo, duplicaron sus ganancias en el país durante el sexenio de AMLO, luego de que los implicados viajaron a México en 2019 para obtener contratos del Tren Maya.

Empresas filiales a Grupo Azvi, acusada de entregar sobornos en España a cambio de contratos de obra pública en la trama conocida como caso Koldo, consiguieron 58 mil millones de pesos en total por contratos en México, tras la reunión de intermediarios   con el entonces secretario de Infraestructura, Javier Jiménez Espriú, y el expresidente del Senado, Ricardo Monreal, en febrero de 2019. 

Se trató de ocho contratos realizados entre 2019 y 2023 en las construcciones emblemáticas de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum –como jefa de gobierno de la Ciudad de México– como el Tren Maya, el Trolebús elevado de Iztapalapa y el Tren Interoceánico, como demuestran documentos oficiales obtenidos por Animal Político. 

Gracias a estos contratos, Grupo Azvi aumentó en 262 % sus ganancias en México. Sólo de estos contratos consiguió 58 mil 390 millones de pesos. En contraste, con los ocho proyectos de infraestructura que hizo en México desde 2011, como parques eólicos y carreteras en Michoacán, obtuvo 809 millones de euros, alrededor de 16 mil millones de pesos, según informó en su página oficial. Es decir, su mayor bonanza vino con el gobierno de la autonombrada “cuarta transformación”.

En 2019, Construcciones Urales –perteneciente a Grupo Azvi– recibió el primer contrato del sexenio por 1 mil 100 millones de pesos. Fue entregado por la Secretaría de Marina (Semar) por la reparación de vías para el Tren Interoceánico, la obra de infraestructura más ambiciosa para el transporte de mercancías y desarrollo económico iniciada por el expresidente López Obrador. Esto, en participación conjunta con Consorcio Ferroviario FIT, S. A de C. V. y Regiomontana de Construcciones y Servicios, S.A.P.I de C.V. 

Durante el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, Construcciones Urales, S. A. de C. V., y Construcciones Urales Procesos Industriales, S. A. de C. V., ambas de Azvi, obtuvieron cinco contratos por 1 mil 219 millones de pesos por la construcción de un tramo en el Trolebús elevado de Iztapalapa; dos de ellos por adjudicación directa y uno más por invitación a tres participantes. 

Esta es una de las obras estrella en materia de movilidad para Sheinbaum. En 2022 se inauguró el primer tramo, cuando ella era aún Jefa de Gobierno de CDMX, y el segundo tramo se estrenó en mayo de 2025, ya como presidenta de México. Aunque la construcción del primer tramo arrancó con un retraso de dos años. “Es una obra innovadora, no hay ninguna obra como esa en ningún lugar del mundo; es un segundo piso donde no van vehículos, van trolebuses. Además es muy rápida, porque en vez de hora y media, el recorrido va a ser de 40 minutos”, dijo la presidenta. 

Sin embargo, la obra no ha mejorado del todo el traslado para los habitantes del oriente del Estado de México, porque las unidades deben salirse de la zona confinada y circular por calles de Valle de Chalco y Chalco.

El periódico Reforma reveló que una de las obras involucradas en el caso Koldo fue el Tren Maya, mediante un contrato adjudicado a Construcciones Urales por 10 mil millones de pesos para el Tramo 3, cuyo costo final se duplicó.

Sin embargo, no fue el único. Animal Político revela ahora que en 2021, las dos empresas filiales de Azvi ganaron otro contrato por 36 mil millones de pesos, en consorcio con las empresas Bombardier Transportation México, S. A. de C. V., Alstom Transport México, Gami Ingeniería e Instalaciones. 

El contrato PTM-12/2021, del 25 de mayo de 2020, detalla que se trató de la adquisición de material rodante (vagones) para el Tren Maya. Los servicios incluyeron “sistemas ferroviarios, material rodante, talleres, cocheras y puestos de control”. 

Justamente en este tramo, construido por el consorcio, se registró el primer incidente al poco tiempo de que el Tren Maya inició operaciones. Hubo un descarrilamiento del cuarto vagón del tren D006 en la cercanía de la estación Tixkokob, Yucatán, en marzo de 2024.

De acuerdo con declaraciones judiciales de uno de los implicados, intermediarios y representantes del gobierno español, a través de su empresa estatal INDECO, habrían preparado el camino desde 2019 para beneficiar a compañías españolas en el Tren Maya, obra emblemática de López Obrador. Esta es la trama.

La presunta trama de corrupción

Azvi forma parte de la presunta trama de corrupción que ha sacudido al gobierno del presidente de España, Pedro Sánchez, y por el que hay una investigación judicial en marcha. En ella están involucrados José Luis Ábalos, exministro de Transporte, su asesor y presunto operador del mandatario español, Koldo García, y el empresario Víctor Aldama. 

Durante el desahogo del caso, el empresario Aldama ha hecho declaraciones judiciales en las que reconoció haber recibido sobornos a cambio de su intermediación para conseguir contratos de obra pública en España, y aseguró haber mediado para conseguir contratos del Tren Maya en México.

En su declaración de noviembre de 2024, Aldama explicó que él, Ábalos y García viajaron a México en febrero de 2019 para buscar contratos del Tren Maya. “Era un contrato muy importante y había muchas empresas españolas interesadas en entrar. Él (Koldo García) sabía de mis conocimientos y de mi llegada al gobierno de México y los contratos que tenía en México y me pide que le pueda echar una mano”. 

En el video de la declaración completa publicada por el medio El Español, Aldama narra que Ábalos, el ministro de Transporte, tuvo reuniones con su homólogo, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y el entonces presidente del Senado, Ricardo Monreal.

Tras ese encuentro, vinieron otros que derivaron en acuerdos oficiales, incluso. “Luego se tuvieron reuniones para que toda la tecnificación y estudios de lo que pudiera ser del Tren Maya, hubiera un convenio de colaboración bilateral, e INECO (empresa estatal española) de alguna manera se lo proporcionara a México. (…) Estábamos hablando de 22 millones de euros”. 

Efectivamente, INECO informó el 18 de diciembre de 2020 haber recibido un contrato por adjudicación directa para ser el ‘operador sombra’ de FONATUR durante tres años. Las actividades consistieron en “revisar la implementación del proyecto, prestando apoyo durante el periodo de construcción y como responsable de la definición de los requisitos de la operación y de las labores de mantenimiento”.

El objetivo de esta colaboración era que “el gobierno de España le proporcionara al gobierno de México, para darle más viabilidad a las empresas españolas para poder licitar y que tuvieran mayor puntuación”, agregó Aldama en su declaración. 

El empresario también manifestó que las constructoras españolas le entregaban las ‘comisiones’ por haber mediado en la adjudicación de obras, y que luego las repartía con Ábalos y Koldo García.

En enero pasado, Grupo Azvi envió una carta al juez del caso para que sea considerada como perjudicada en el procedimiento y se le concediera “licencia a los efectos de presentar querella criminal” contra el Aldama. Porque, aseguró, esas declaraciones se refieren a hechos “completamente inciertos”, según dio a conocer  el medio El Periódico. 

La investigación judicial en España comenzó en 2022 por los contratos de adquisición de equipo de protección sanitaria durante la pandemia de Covid-19 y otorgados de manera directa para beneficiar a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L. En la trama habrían participado Ábalos y Koldo García, entre otros.


Los contratos en México y el caso Koldo

Documentos oficiales confirman que las filiales de Grupo Azvi tuvieron mayor bonanza con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A partir de 2019, el año en qué Aldama y la delegación española viajaron a México para encontrarse con funcionarios, comenzaron los multimillonarios contratos. 

El primer contrato fue obtenido en participación conjunta del Consorcio Ferroviario FIT, S. A. de C. V., Construcciones Urales, S.A de C.V y Regiomontana de Construcciones y Servicios, S.A.P.I de C. V., por 1 mil 103 millones de pesos, para “la correción de 56 km de curvatura y pendiente y rehabilitación de 146.3 km de vía férrea, así como conexión al puerto de Salina Cruz en la línea Z”. 

Lo anterior según información publicada por la Semar en sus informes de avance y resultados del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.

El segundo contrato fue por el Tren Maya, en participación conjunta de Gami Ingeniería e Instalaciones, S. A. de C. V., Construcciones Urales, S. A. de C. V. y Azvi, S. A. U., estas dos últimas pertenecientes a Azvi. 

Fue firmado el 25 de mayo de 2020 para la construcción del Tramo 3 del Tren Maya, por 10 mil 192 millones. Sin embargo, el último registro de pago por este contrato ascendió a 19 mil 503 millones de pesos, según respondió Fonatur-Tren Maya a la solicitud 00027 del medio QRAgenda. 

El tercer contrato fue por la adquisición de vagones para el Tren Maya y fue firmado en junio de 2021. De acuerdo al documento, el pago ascendió a 36 mil 563 millones de pesos. Este fue un proceso que se extendió por seis meses. 

Aunque la licitación se lanzó por primera vez el 24 de noviembre de 2020, las juntas de aclaraciones (donde los posibles participantes exponen sus dudas del concurso) fueron diferidas varias veces, “derivado de la complejidad de las solicitudes de aclaraciones recibidas”. 

Finalmente, las juntas de aclaraciones se cerraron 19 de marzo de 2021, y hasta el 26 de mayo de 2021 se dio el fallo del consorcio ganador, integrado por Construcciones Urales, S. A. de C. V., y Construcciones Urales Procesos Industriales, S. A. de C. V., Bombardier Transportation México, S. A. de C. V., Alstom Transport México, Gami Ingeniería e Instalaciones.

Los contratos por el Trolebús elevado comenzaron en octubre de 2020. El  número DGOT-LPN-L-1-016-2020 fue por  la primera fase de la obra. La Secretaría de Obras de la Ciudad de México pagó 382 millones de pesos a las empresas Gami Ingeniería e Instalaciones y Construcciones Urales. 

Los siguientes tres contratos, para la misma obra, ocurrieron en 2023. El contrato DGOT-IR-L-1-004-2023 del 4 de enero fue por la instalación de fibra óptica y obras complementarias, por las que el gobierno de la Ciudad de México pagó 10 millones de pesos. 

El 15 de enero de 2023, Construcciones Urales Procesos Industriales ganó la adjudicación directa para las obras de electromecánica, según consta en el contrato número DGOT-AD-L-1-005-2023, por 29 millones de pesos. 

El último contrato ocurrió en octubre de 2023 para la “Continuidad (2da etapa) de la obra electromecánica del proyecto integral para la construcción del sistema de transporte eléctrico (trolebús), sobre calzada Ermita Iztapalapa (eje 8 sur) y obras complementarias”. 

Según el documento número DGOT-AD-L-1-022-2023, el monto ascendió a 97 millones de pesos. 

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.

Morena amonesta a diputadas por ligar al partido en pro del sindicato de Pedro Haces

Morena amonestó a dos diputadas federales debido a que participaron y promovieron el proceso de afiliación en la Catem, organización sindical liderada por el diputado Pedro Haces Barba.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena anunció que dos diputadas de su bancada recibieron una amonestación pública debido a que incurrieron en actos que vinculan al partido con el sindicato Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem) liderado por Pedro Haces Barba.

Las legisladoras amonestadas son Adriana Belinda Quiroz Gallegos y Petra Romero Gómez, quienes fueron sancionadas por incurrir en la comisión de actos contrarios a la normatividad interna del instituto político.

De acuerdo con un comunicado emitido por Morena, las morenistas fueron apercibidas debido a que promovieron y participaron en el proceso de afiliación de la Catem.
Ambas legisladoras fueron amonestadas debido a que participaron en actividades relacionadas con el sindicato, liderado por Pedro Haces, en su carácter de diputadas federales de Morena, además de que utilizaron logos y emblemas oficiales del partido para promover intereses gremiales.

El instituto político recalcó que dichas acciones pudieron generar confusión entre la ciudadanía al asociar al organismo sindical con el partido, con lo que se compromete la autonomía del movimiento.

Según el documento compartido por Morena, la afiliación corporativa y el intento de vincular al partido con la Catem puede derivar en prácticas de clientelismo o corporativismo, las cuales están prohibidas.

Debido a las acciones en las que incurrieron las diputadas Adriana Belinda Quiroz Gallegos y Petra Romero Gómez, Morena exhortó a ambas a no reincidir en este tipo de conductas, así como a comportarse conforme a los principios, valores, obligaciones y fundamentos establecidos en los estatutos de Morena.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

No se permitirá el tráfico de influencias en mi Gobierno, advierte Sheinbaum a la 4T

La Presidenta Sheinbaum Pardo aseguró que ningún funcionario, familiar o conocido tiene autorización para intervenir en decisiones administrativas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó este miércoles su compromiso con la ética del Gobierno federal, al asegurar que su administración no tolerará tráfico de influencias de ningún tipo.

Las declaraciones se dieron durante su conferencia matutina, luego de los señalamientos del titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante Ruiz, quien compartió en una reunión en la Cámara de Diputados que algunos legisladores habrían intentado intervenir para evitar sanciones a establecimientos como gasolinerías y hoteles.

Ante la pregunta expresa de una periodista sobre si podrían conocerse los nombres de los políticos involucrados, la titular del Ejecutivo respondió que es el titular de la Profeco quien debe proporcionar esa información. “¿Pueden conocerse los nombres? ¿Se van a poder conocer?", cuestionó.


“Que lo diga ya el titular de Profeco. Que lo comente el titular de Profeco. Él lo comentó en una reunión donde había algunos legisladores de distintos partidos políticos e hizo este comentario. Entonces él tiene que dar más información al respecto”, declaró.

La mandataria federal recalcó que su Gobierno no tolera gestiones indebidas ni influencias externas, sin importar el cargo o parentesco de quien las intente ejercer.
“No puede haber tráfico de influencias de ningún tipo para ninguna cosa en el Gobierno. Esa es mi opinión. Mi familia tiene prohibido hablar con cualquier servidor público que no sea para saludar, o por el día de su cumpleaños, o algo por el estilo, y que se conozca, pero no debe haber tráfico de influencias de ningún tipo en ningún Gobierno”, subrayó.


Asimismo, advirtió que ningún legislador, Presidente Municipal, ni familiar debe intervenir para favorecer a terceros en decisiones administrativas. “Menos si hay una instalación que está funcionando mal, que Profeco dentro del marco de la ley decide suspender. No debe haber alguien que hable por teléfono para decir: ‘Oye, es mi amigo, es mi primo, es mi hermano’.”

La Presidenta Sheinbaum Pardo aprovechó para destacar la honestidad del titular de la Profeco y señaló que el hecho no derivó en un acto de corrupción. “Lo importante es que quede claro que no permitimos bajo ninguna circunstancia ningún tráfico de influencia”, insistió.

Aunque no se revelaron nombres de los integrantes de la Cuarta Transformación (4T) que se acercaron al Procurador, la titular del Ejecutivo dejó en claro que, si se detectan irregularidades, podrían derivar en sanciones administrativas o incluso en renuncias, si así lo amerita la revisión interna.

Exhiben intromisión de 4T


El titular de la Profeco, Iván Escalante, denunció el lunes pasado que diputadas y miembros del movimiento de la 4T han intentado frenar sanciones contra negocios con irregularidades.

Durante una sesión en San Lázaro, pidió que no intervengan sin conocer ambos lados del caso y aseguró que cuenta con el respaldo de la Presidenta Sheinbaum Pardo para aplicar clausuras, incluso ante presiones políticas.

El funcionario federal relató casos recientes donde legisladores buscaron frenar operativos, como en una gasolinera y un hotel con condiciones irregulares. “La Presidenta nunca me ha dicho: ‘No vayas, no hagas’”, afirmó.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sentencian a 12 años de cárcel por peculado a exoficial mayor de Omar Fayad

Además, al exfuncionario se le impuso el pago de una multa por concepto de reparación de daño que asciende a 14 millones 820 mil 904 pesos.

Martiniano Vega Orozco, oficial mayor durante la gubernatura de Omar Fayad Meneses en Hidalgo (2016-2022), fue condenado a 12 años de prisión por el delito de peculado agravado. Además, se le impuso el pago de una multa por concepto de reparación de daño que asciende a 14 millones 820 mil 904 pesos. 

Un Tribunal de Enjuiciamiento encontró culpable al exfuncionario de haber firmado un contrato por 18 millones 249 mil 70 pesos con la empresa Remaco Servicios Empresariales S.A. de C.V., un contratista de ingeniería civil y obras pesadas, para la supuesta adquisición de crema quirúrgica antiséptica por la emergencia sanitaria que ocasionó el covid-19.

Sin embargo, el producto no fue localizado y, con base en la investigación del caso, los recursos fueron malversados, en detrimento de las finanzas públicas.  

Este asunto, que sigue la Unidad Especial para la Investigación del Maxiproceso de lo que el gobierno hidalguense ha denominado la "estafa siniestra", es uno de tres en contra de Vega Orozco. 

Los otros dos, por los que ha sido vinculado a proceso y mantiene la medida cautelar de prisión preventiva, que cumple en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca, también son por posibles contratos simulados. 

Con base en las imputaciones por los otros dos cargos de peculado agravado, el entonces oficial mayor firmó el 15 de junio de 2022 un contrato por 11 millones 850 mil 999 pesos con la persona moral Soluciones Empresariales Rodida S.A. de C.V., para que proporcionara “servicios de informática consistentes en un Sistema Integral de Nómina y Recursos Humanos”. 

No obstante, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en el estado asegura que este servicio nunca se proporcionó, aunque se emitió una factura con la que el gobierno anterior justificó la salida del recurso.  

El tercer proceso contra Martiniano es por facturar un sistema informático para el monitoreo de obras por 11 millones 998 mil 560 pesos. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) denunció que no hay registro de este software por el cual se transfirieron recursos a la firma Aktaion Digital, con quien firmó un "contrato" mediante el cual la Oficialía Mayor validó la operación.  

Martiniano Vega está recluido en el Cereso capitalino desde el 22 de junio de 2023, cuando fue detenido después de una serie de operativos de búsqueda que duraron varios meses, después de que culminó la administración de Omar Fayad en septiembre de 2022.  

En el tiempo que ha estado en prisión, el exresponsable de los recursos materiales, humanos y financieros de la entidad ha recibido dos amparos para que se reponga la audiencia inicial en uno de los procesos que lleva y otra para que se modifique su medida cautelar; no obstante, por los casos acumulados –la prisión ordenada en los otros procesos en su contra—, ha permanecido en la cárcel.  

La carrera política de Martiniano Vega Orozco estuvo ligado a los cargos que ocupó Omar Fayad Meneses.  

Se conocieron cuando en 1993 el hoy embajador de México en Noruega fue nombrado por el entonces gobernador Jesús Murillo Karam director del Instituto Hidalguense de Educación Básica y Normal –antecesor de la Secretaría de Educación Pública (SEPH)–. 

Cuando el exgobernador fue secretario de Desarrollo Social en Hidalgo entre 2005 y 2006, en el sexenio de Manuel Ángel Núñez Soto, Martiniano, profesor normalista de formación, fue su secretario particular, cargo que mantuvo de 2006 a 2009, cuando Omar fue alcalde de Pachuca.  

También con Fayad como legislador federal por el distrito de Huejutla, de 2009 a 2012, Vega Orozco llegó a secretario técnico del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) de la Cámara de Diputados. Lo siguió también en el Senado y hasta la gubernatura hidalguense, siempre postulado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que su jefe político renunció en junio de 2023. 

Por la sentencia, la primera contra el funcionario de mayor rango del sexenio de Fayad Meneses por la denominada "estafa siniestra", a Martiniano le fueron suspendidos sus derechos políticos. Asimismo, continúa a la espera de los juicios por los otros dos procesos que tiene en contra.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁXEL CHÁVEZ.