Los testimonios de sobrevivientes del rancho Izaguirre en Teuchitlán son la prueba principal por la que José Ascensión Murguía Santiago, alcalde del municipio ubicado en la región Valles de Jalisco, fue vinculado a proceso el pasado viernes por el delito de delincuencia organizada agravada por tratarse de un servidor público.
El 3 de mayo, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al integrante de Movimiento Ciudadano acusándolo de estar relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que operaba el rancho Izaguirre, donde mantuvo a decenas o cientos de personas privadas de su libertad para convertirlas forzadamente en sicarios. El entrenamiento incluía prácticas con pistolas de gotcha; también eran obligados a desmembrar y quemar los cuerpos de quienes eran asesinados.
“Usted colaboró con ellos, decidió pertenecer, […] las víctimas en ese lugar lo vieron. Fue visto, colaboró brindando seguridad para captar gente privada de su libertad, sobajada, deshumanizada, para que pertenecieran a un grupo delictivo. Lo sabía y no hizo nada”, aseguró la acusación.
La audiencia de vinculación a proceso se realizó los días 3 y 9 de mayo en el Centro de Justicia Penal Federal en Jalisco. De los más de 100 datos de pruebas asentados en los 23 tomos de la causa penal 473/2025 de la investigación por los hechos delictivos relacionados con el rancho Izaguirre, la FGR utilizó los testimonios de Azul, Verde, Rojo y Australia —testigos de identidad reservada, tres de ellos víctimas sobrevivientes— para acusar a Murguía Santiago de brindar recursos humanos y materiales al CJNG, y de estar en la nómina de este grupo delictivo.
Guerreros Buscadores de Jalisco, uno de los cientos de colectivos en México que busca a sus familiares desaparecidos, llegó al rancho el 5 de marzo, tras recibir información anónima sobre la ubicación de varias fosas clandestinas. El predio de aproximadamente 10,000 metros cuadrados, delimitado por una barda, se ubica en el ejido La Estanzuela del municipio de Teuchitlán, a 58 kilómetros de la ciudad de Guadalajara, la segunda más importante del país.
Después de ingresar al rancho y trabajar más de cinco horas en la prospección del terreno, una integrante del colectivo hizo una transmisión en vivo para documentar lo que encontraron: cientos de restos óseos calcinados y enterrados bajo ladrillos y tierra, decenas de cartuchos de grueso calibre percutidos, áreas para entrenamiento físico y táctico, baños desvencijados, una especie de cocina, y un galerón donde decenas de prendas, maletas, zapatos y objetos personales se apilaban ante un altar dedicado a la Santa Muerte. Estos hallazgos evidenciaron que era un centro de confinamiento, entrenamiento y exterminio del CJNG; el colectivo logró hurgar en las entrañas de la maquinaria de reclutamiento forzado que desde hace lustros echó a andar esta organización criminal.
Por el caso Teuchitlán están detenidos José Gregorio Lastra Hermida, el Lastra, ex policías municipales de Tala, y Murguía Santiago, quien fue presidente municipal de Teuchitlán hasta su vinculación a proceso. Al día siguiente, 10 de mayo, el cabildo nombró como alcalde interino a Jaime Alberto Rodríguez Ballesteros.
Policías de otros municipios involucrados
En las audiencias del 4 y el 9 de mayo, los agentes del Ministerio Público plantearon que el rancho Izaguirre está relacionado con una red de reclutamiento de personas encabezada por Gonzalo Mendoza Gaitán, el Sapo o el 90, y bajo sus órdenes estaría el Lastra, quien presuntamente se encargaba de enganchar a jóvenes con falsas promesas de trabajo y reclutarlos de manera forzada para el CJNG. A las centrales de autobuses de Tlaquepaque y Zapopan llegaban las personas en busca de un empleo, y en esos puntos eran desaparecidos para trasladarlos a Teuchitlán.
Los defensores de Murguía Santiago insistieron a la jueza Juana Beatriz Aguilar Jiménez que no podía ser vinculado a proceso solo con base en cuatro testimonios de identidad reservada que “se obtuvieron sin controles judiciales”, por lo que solicitaron desecharlos.
En favor del alcalde, presentaron declaraciones de sus colaboradores, en las que descartaban que pudiera estar asociado con grupos delictivos, lo que según los abogados permitía formular una hipótesis del caso mejor sustentada.
La jueza señaló que la hipótesis de la defensa estaba basada en opiniones, mientras que la presentada por la FGR tenía mayor peso probatorio y permitía reconstruir cómo operaba la red de reclutamiento: atraídos por falsas promesas de trabajo, los jóvenes eran trasladados a los ranchos Izaguirre y La Vega —localizado también en Teuchitlán—; después de obligarlos a cambiarse de ropa, eran maltratados y comenzaban a ser entrenados en el lugar, para luego continuar su adiestramiento en las montañas de la región Valles.
En la primera audiencia, la FGR aseguró que se encontraron restos de huesos con exposición térmica. La versión de que era un campo de exterminio ha intentado ser negada por el Gobierno federal, al afirmar que en el rancho Izaguirre solo entrenaban personas, cuando sobrevivientes declararon en los días posteriores al hallazgo que fueron testigos de asesinatos y eran obligados a incinerar los cuerpos.
Este sistema de desaparición con fines de reclutamiento forzado es casi idéntico a como operaban los campamentos encontrados en Tala en 2017, donde la Fiscalía General del Estado de Jalisco logró liberar a jóvenes que tenían reporte de desaparición y habían sido privados de su libertad para convertirlos en sicarios del CJNG. El entrenamiento incluía asesinar a compañeros, descuartizarlos y “echarlos a los elotes”, esto es, quemarlos encima de leña rociada con gasolina. Quienes lograban sobrevivir eran enviados a otros lugares del país.
La FGR señaló que el entrenamiento en el rancho Izaguirre tenía la finalidad de mandar personas a la “guerra en Zacatecas” y, si alguno de los reclutados se oponía, “lo mataban”. En los límites de Jalisco, Zacatecas, Durango y Nayarit, la población refiere amenazas constantes de grupos delictivos que se disputan esos territorios.
Según uno de los testimonios, en el caso Teuchitlán también están involucrados policías de Tala, Etzatlán y otros municipios de la región Valles, indicó la jueza.
El pasado 29 de marzo, en la audiencia de vinculación de Gabriel “N”, quien fue policía municipal de Tala durante tres meses de 2024, la acusación principal para relacionarlo con el rancho Izaguirre fue el testimonio de un hombre liberado el 19 de septiembre de ese año en el operativo que realizó la Guardia Nacional en el lugar.
Este hombre declaró que tres días antes, cuando circulaba en su moto, lo detuvieron policías de Tala a las 4:30 horas para “hacerle una revisión de rutina”; posteriormente lo llevaron al rancho Izaguirre. No queda claro si tenían libertad para trasladarse al municipio vecino de Teuchitlán o si entregaban a las personas a integrantes del cártel dentro de Tala. Esto coincide con las redes de operación intermunicipales señaladas por la jueza Aguilar Jiménez.
Chocan acusación y defensa
El sábado 3 de mayo, la FGR detuvo a Murguía Santiago cerca de su domicilio, cuando circulaba en una camioneta roja. El juez que otorgó la orden de aprehensión fue Rogelio León Díaz Villarreal, pero como la audiencia de vinculación se realizó el fin de semana, se le asignó a la jueza de guardia, Juana Beatriz Aguilar Jiménez.
Los funcionarios de la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada solicitaron que la audiencia se desarrollara en privado porque la investigación no estaba concluida, pero la jueza señaló casos de excepción en el apartado del principio de máxima publicidad y permitió el acceso a los medios durante la etapa de imputación.
El alcalde pidió una ampliación del término de 144 horas, por lo que la audiencia continuó el 9 de mayo. Al lugar llegaron decenas de personas con la consigna “Chon es inocente” —en alusión al apodo de Murguía Santiago—, que se manifestaron en el estacionamiento del Centro de Justicia Penal Federal de Jalisco.
La audiencia comenzó a las 13:00 horas. En la mesa de la defensa se encontraba Murguía Santiago, vestido con una playera tipo polo color beige, acompañado de cuatro abogados. La mesa de la FGR estaba integrada por siete funcionarios que trasladaron en un carrito los 23 tomos de la carpeta de investigación.
La defensa señaló que la prueba a desahogar era el testimonio de la mujer que fue secretaria particular del alcalde. Ella explicó que acudió a testificar porque le sorprendían las acusaciones de delincuencia organizada que le imputaban al político emecista, pues siempre lo acompañaba, sobre todo en el periodo de campaña electoral que abarcó de marzo a junio de 2024; también le revisaba la agenda, iban juntos a eventos, en las reuniones manejaba su teléfono, y nunca vio nada extraño.
En la primera audiencia, la FGR expuso que Rojo dijo que se utilizó maquinaria —una retroexcavadora y una motoconformadora— del municipio de Teuchitlán para remover tierra dentro del rancho Izaguirre. La secretaria explicó que ese equipo lo tenían en comodato a través del programa estatal A Toda Máquina, y que lo dejaron inservible, sin luces, y “no puede moverse”.
El testimonio del oficial mayor del ayuntamiento, quien conoce el procedimiento de préstamo de la retroexcavadora, apoyó esta versión, pues aseguró que no se utilizaba por el mal estado en que se encontraba.
Sobre la acusación de Rojo de que el alcalde le pidió una noche que abrieran una fosa para depositar restos humanos, la secretaria enfatizó que era imposible, ya que es “muy miedoso”. “Él veía perritos atropellados y les buscaba albergue; si trataba así a animalitos, no me imagino que le hiciera daño a humanos”, indicó.
El relato de la secretaria se centró en señalar que estuvo con el alcalde en fechas clave como el 5 de mayo de 2024. De acuerdo con uno de los testigos de identidad reservada, Murguía Santiago se reunió ese día con Lastra Hermida, supuesto encargado del reclutamiento forzado del CJNG, en el rancho Izaguirre. La funcionaria de Teuchitlán insistió en que en esa fecha hicieron actos de campaña y terminaron después de las 23:00 horas.
Durante su intervención, los funcionarios de la FGR le hicieron preguntas con la intención de que se contradijera y así evidenciar que el alcalde tenía espacios de tiempo en los que no estaba con su secretaria.
Los abogados de Murguía Santiago plantearon una argumentación técnico-jurídica para apoyar su petición a la jueza de que se atendiera la hipótesis alternativa de la defensa. Cuestionaron que, con 23 tomos de investigación, la FGR solo presentara cuatro testimonios para vincular al alcalde, que no ofreciera más evidencias, y que se centrara en un “debate político y populista que apela a los sentimientos, y se trata de un debate técnico”.
Presentaron también por escrito los testimonios de seis policías, que dijeron no saber del rancho ni de la operación del CJNG, y de un bombero que trabajó como chofer del alcalde, quien incluso señaló que el 11 de marzo de 2025 tuvieron que ir al rancho Izaguirre con los colectivos de buscadoras y “se perdieron, no supieron para dónde darle”.
Ante la acusación de que Murguía Santiago se reunía en un bar a “planificar” con integrantes del crimen organizado, los abogados ofrecieron el testimonio del dueño, quien negó haberlo visto, “porque se sabe que no toma”, y porque van “puros jovencitos de entre 17 y 24 años”.
Un ministerio público de la FGR consideró absurdo que los agentes no supieran de la presencia del cártel. “Se sabe, y sobre los policías municipales, sí, podrían estar coludidos, no es un secreto que las policías son las primeras autoridades que colaboran en Jalisco. Es irrisorio que digan que no existe”.
En los ranchos de Teuchitlán, los investigadores han encontrado cartuchos, cargadores, tablas, chalecos con logotipos del CJNG, drogas con sellos de dibujos de un sapo con trenzas o con el número 90.
“No es solo un rancho, también está La Vega, donde hubo detenidos. […] No es un hecho oculto. Es notorio. Del cúmulo probatorio se da cuenta de la participación directa del alcalde. Se han visualizado múltiples víctimas por el reclutamiento forzado”, dijo un ministerio público.
Otra funcionaria federal señaló que, aunque Murguía Santiago tomó un permiso para hacer campaña electoral, no está excluido de responsabilidad porque fue alcalde desde 2021 y reelecto en esta administración; en todo ese periodo, el rancho funcionó, hubo privaciones de la libertad, trabajo forzado, asesinatos, y “de muchas víctimas se desconoce su paradero. ¿Dónde están? ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó el derecho a la verdad y a la justicia?”.
La jueza estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación, pues la FGR señaló que aún tiene que hacer 150 entrevistas. Murguía Santiago está vinculado a proceso por delincuencia organizada agravada por ser servidor público y estará en prisión preventiva oficiosa por dos años.
