El Primer Tribunal Colegiado Penal del Tercer Circuito pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolver, en definitiva, si Miguel Ángel Félix Gallardo, de 79 años de edad, alias “El Jefe de Jefes” o “El Padrino” -cofundador del primer cártel que hubo en México, el de Guadalajara, alrededor de 1980-, era culpable de los asesinatos del agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), Enrique “Kiki” Camarena Salazar, y del piloto aviador de la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Alfredo Zavala Avelar, ocurridos en febrero de 1985, delito por el que fue condenado, el 27 de agosto del 2017, a 37 años de prisión.

El 28 de abril de 2025, Norma Lucía Piña Hernández, presidenta del máximo tribunal constitucional turnó a la ministra Margarita Ríos Farjat ,la petición del citado Tribunal Federal, que no había hecho públicos los argumentos por los que consideró que el caso tenía características jurídicas extraordinarias que ameritaran la atracción del caso por parte de la SCJN.

El citado Tribunal Federal pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a ejercer su facultad de atracción para resolver el amparo directo de Félix Gallardo, último recurso para impugnar la condena de 37 años de prisión que le impuso un juez, en agosto de 2017, sentencia confirmada en febrero de 2018, por una magistrada de apelación.

Según lo informó el diario Reforma, Ríos Farjat tendría que presentar un proyecto a la Primera Sala de la SCJN, para determinar si procedería la atracción, asunto que tendría que ser resuelto en las cuatro sesiones que quedaba entre el 11 de junio y el 13 de agosto de 2025, cuando cesarían las actividades la actual integración del máximo tribunal constitucional. Si el caso no se votara a más tardar en esas fechas, quedarías pendiente para la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde sería asignado a otro ministro.

“Si no es atraído el caso, el tribunal colegiado tendrá que dictar la sentencia final sobre los hechos del caso, aunque la defensa posteriormente podría llevarlo de nuevo a la Corte, pero solo para alegar temas de interpretación Constitucional. Félix Gallardo, de 79 años, era jefe del Cártel de Guadalajara cuando Camarena y Zavala fueron secuestrados, y siempre ha negado haber ordenado su ejecución o tenido conocimiento de los hechos”, indicó el citado rotativo.

“El juicio de primera instancia sobre este caso se prolongó durante 32 años, hasta que finalmente, el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales en Puente Grande lo declaró culpable, y también lo sentenció a pagar reparación de daño de 20.8 millones de pesos a los familiares de las víctimas. Si bien Félix Gallardo está cerca de compurgar los 37 años de la condena por este asunto, ya que fue detenido en abril de 1989, tiene otra sentencia de 40 años por narcotráfico”, insistió el mismo diario.

Familiares de Enrique “Kiki” Camarena presentaron, el 19 de marzo de 2025, una demanda civil, en la Corte Federal de San Diego, California, contra Rafael Caro Quintero, alias “El Príncipe”, Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Padrino” o “El Jefe de Jefes”, y Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto” cofundadores del Cártel de Guadalajara, el primero que hubo en México-, para exigir pago de daños y perjuicios a los tres capos sinaloenses, a los que acusan de “actos de terrorismo”, por el secuestro, tortura y ejecución del del agente especial de la Administración Antidrogas de EE. UU. (DEA, por sus siglas en inglés), en 1985.

Los afectados -entre ellos nueve parientes de Camarena, incluidos su viuda y tres hijos-, demandaron a Caro Quintero, Félix Gallardo y Fonseca Carrillo, bajo reglas de la Ley Antiterrorismo de 1992, que permitía a cualquier estadounidense afectado por este tipo de actos, demandar a los extranjeros supuestamente responsables de dicho delito.

El gobierno de Estados Unidos ha esperado ya 40 años para enjuiciar a Rafael Caro Quintero por el secuestro y homicidio del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena. Ahora el capo de 72 años podría enfrentarse a la pena de muerte.

Ayer, Rafael Caro Quintero, líder y fundador del Cártel de Guadalajara, fue extraditado vía exprés junto con otros 28 capos de la droga que eran requeridos por Estados Unidos y que, por los cargos que les son imputados, podrían enfrentar cadena perpetua.

Al inicio de la década de los 90, en una redacción periodística en la frontera de Tijuana, los editores solíamos bromear: ¿Y si le pedimos una entrevista a Manuel Bartlett Díaz, pero en San Diego?, sabedores -o al menos con la firme sospecha- de que el hombre fuerte de la Secretaría de Educación en el inicio del sexenio de Carlos Salinas de Gortari no se atrevía a ir a Estados Unidos por temor a ser detenido.

Manuel Bartlett, actual director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se defendió de las supuestas sospechas que habrían tenido agentes estadounidenses de su colaboración con traficantes en el caso del asesinato de Enrique “Kiki” Camarena.

“Esto es la “revelación” de (Ioan) Grillo: especulaciones, sospechas, y ‘quizás’. Nada se puede concluir, porque nada dice. No hay declaraciones del FBI o de la DEA, todo parte de una fuente mexicana, que no afirma, solo especula y ni siquiera sabemos qué especula”.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos entregó documentos clasificados relacionados con la investigación sobre el asesinato de Enrique Camarena Salazar, agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), que señalan a Manuel Bartlett Díaz, Secretario de Gobernación de México en esa época, como probable protector de narcotraficantes.

Hasta antes de estos documentos la participación de Manuel Bartlett, actualmente director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en el crimen del “Kike” Camarena sólo se había mencionado en trascendidos y en dichos de supuestos “testigos protegidos”, pero no en archivos oficiales.

El nombre del actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, por el caso del secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena aparece en los expedientes de la investigación. De acuerdo con el medio Crashoutmedia, Estados Unidos desclasificó un documento sobre el caso en el que se revela que los agentes estadounidenses sospechaban que el político colaboraba con los traficantes que secuestraron y asesinaron al agente de la DEA en 1985.

Dichas sospechas sobre el político se remontan al menos a 1986, cuando Bartlett era secretario de Gobernación, según el memorando desclasificado y enviado desde la embajada en Ciudad de México al director del FBI en marzo de 1986.

El juez federal de Estados Unidos, John A. Kronstadt, ordenó la reapertura del caso y la celebración de un nuevo juicio para Raúl López-Álvarez, condenado por el asesinato en 1985 del agente antinarcóticos Enrique “Kiki” Camarena, según documentos judiciales a los que tuvo acceso la agencia EFE este miércoles.

En el último de estos textos, adelantado por el periódico Milenio y fechado el 23 de marzo, Kronstadt detalló irregularidades por parte del Buró Federal de Investigación (FBI) y decidió anular los cuatro cargos que recaían sobre López-Álvarez, que continuará en prisión sin fianza a la espera de un nuevo juicio.

Este viernes 29 de abril falleció en el Hospital Civil de Guadalajara el interno del penal de Puente Grande, José Luis Gallardo Parra “El Güero” o “El Güerito”, condenado por el secuestro y muerte del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar.

Gallardo Parra pereció por una arritmia cardiaca súbita a consecuencia de un grave mal renal que tenía varios años de padecer, según reportaron los médicos a las autoridades.