Fiscal especial: más preocupado por una “fiesta de disfraces” que por audiencia ante la CIDH por el caso Ayotzinapa
En octubre de 2023, luego de que las madres y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa expresaran por primera vez en una marcha nacional su desilusión con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por considerar que comenzó a “obstaculizar” la investigación para esclarecer los hechos que llevaron a la desaparición de sus hijos, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) exigió a la Unidad Especial un informe sobre el caso Ayotzinapa.
Para ese momento, el Estado mexicano ya tenía fecha para celebrar una audiencia ante la CIDH. Sin embargo, previo a la entrega del informe y la audiencia, el fiscal especial Gómez Piedra decidió hacer una fiesta por el día de muertos al interior de las oficinas de la FGR.
El festejo consistió en un “desfile de disfraces de catrinas y concurso de calaveritas”, mismo que se realizó el 31 de octubre de 2023. En una de las fotos compartidas por los agentes de la FGR se puede ver a Rosendo Gómez Piedra -con camisa color rosa- sentado en medio de fiscales de la Unidad.
“Llevó un maquillista amigo suyo que nos cobró por maquillarnos […] en el año 2023 se cobró 500 pesos por persona, debido a que él trajo a una persona que maquillaba y nosotros pagamos por el servicio”, refieren los fiscales, que aseguran que para repetir el festejo “en el 2024 pidió 300 pesos por persona”.
En el lado izquierdo de la foto también se alcanza a ver a Dolores Cerino, la “catrina” con falda amarilla, blusa blanca y sombrero, quien fue señalada en una de las denuncias por supuestamente pedir dinero a nombre Gómez Piedra para apoyar la campaña de la fiscal especial de derechos humanos, Sara Irene Herrerías Guerra, actual candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Ese día, el fiscal Rosendo Gómez Piedra también decidió hacer un “banquete tabasqueño”, con comida que ordenó al personal comprar, banquete que incluso incluyó la figura del expresidente López Obrador, pues “iba a tener invitados”, realizado “obligatoriamente y con dinero de sus subordinados”.
De hecho, en algunas de las fotos se alcanza a ver que entre sus ‘invitados’ estuvo la propia fiscal especial Sara Irene Herrerías Guerra, vestida de camisa blanca y pantalón color café.
El 9 de noviembre de 2023 se llevó a cabo la audiencia ante la CIDH, en la que los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y sus representantes denunciaron la existencia de un “desmantelamiento” de los mecanismos que llevan el caso.
Este hecho, advirtieron, se sumaba a la negativa del Ejército por entregar toda la información del caso en su poder, la decisión del Gobierno de investigar al exfiscal especial del caso Ayotzinapa por presuntamente entorpecer la investigación y la renuncia de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, para sumarse al equipo de Claudia Sheinbaum, entonces virtual candidata presidencial de Morena.
Por este motivo, tanto los familiares de los estudiantes desaparecidos como los integrantes de la CIDH reprocharon que no haya asistido a la audiencia en Washington, Estados Unidos, ni el fiscal Rosendo Gómez Piedra, quien solo envió una carta, ni el nuevo subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Arturo Medina, actual presidente de la COVAJ.
La embajadora de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luz Elena Baños, que fue la única que habló por parte del Estado mexicano, leyó la carta enviada por Gómez Piedra, en la que el fiscal aseguró que la investigación de su antecesor estuvo “plagada de irregularidades” sin presentar mayores avances.
“Pero para nosotros es totalmente indignante que Rosendo Gómez Piedra, lejos de rendir el informe que la CIDH había solicitado a la UEILCA, estuviera más preocupado por el festejo del Día de muertos, al que prestó más atención y organización”, señalan los fiscales.
Premios a sus allegados, otras de las prioridades del fiscal especial del caso Ayotzinapa
El 26 de septiembre de 2024, como cada año, las madres y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa marcharon por el aniversario de la desaparición de sus hijos, esta vez dirigiendo también sus exigencias a Claudia Sheinbaum, quien estaba a unos días de asumir como la primera presidenta en la historia de México.
De hecho, en su primer discurso ante el Zócalo de la Ciudad de México, la presidenta enumeró los cien compromisos de su administración, entre los que prometió -otra vez- atender el caso Ayotzinapa, “hasta encontrar” a los normalistas desaparecidos 10 años atrás.
Un mes después, la organización Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, publicó un duro texto editorial titulado Ayotzinapa: 121 meses de impunidad y mentiras en el que entre otras cosas criticó que a 26 días de la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum no haya habido un “acercamiento, menos una fecha probable para reestablecer el diálogo en un caso de graves violaciones a derechos humanos”.
Mientras esto pasaba, Ixchel Magaña Vicente, administradora especial de la UEILCA, envió un correo a todas las y los trabajadores de la Unidad Especial, con copia para el fiscal especial Gómez Piedra, para informarles que “el periodo de inscripción para el CONCURSO DE CALAVERITAS LITERARIAS 2024” sería hasta el 29 de octubre, mismo que tendría un costo de “$300.00 que servirá para premiar al 1er, 2do y 3er lugar”.
Es decir que una vez más el fiscal especial prefería organizar un festejo por encima del avance en las investigaciones. En el mismo correo se especificó a las y los “licenciados” -como suelen nombrarse entre los trabajadores de la fiscalía- que la “fecha límite de entrega” sería el día primero de noviembre de 2024.
“Obviamente no lo dice el correo, pero también era técnicamente obligatorio por que el doctor quería un número mínimo de participantes que tenían que cumplirse”, señala uno de los fiscales.
Pero el jueves 31 de octubre, Magaña Vicente volvió a enviar un correo en el que señaló que “por instrucciones superiores me permito remitir los ganadores de los tres primeros lugares del concurso”.
Como cada año desde el 2022, el “bono” fue entregado a personajes cercanos al fiscal especial del caso Ayotzinapa, quienes según los denunciantes se sumaban a los “premios al personal que se destacaba en su desempeño”, estímulos que fueron autorizados por el fiscal Gertz Manero en principio para premiar a todos los trabajadores, pero que Gómez Piedra sólo entregaba a sus allegados, a cambio de que le dieran en efectivo el 20 por ciento del bono.
El 6 de mayo de 2025, Animal Político dio a conocer que un grupo de servidores públicos de la Unidad Especial de Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA), adscritos a la Fiscalía General de la República (FGR), presentaron una primera denuncia formal ante diversas autoridades para solicitar que se investigue a altos mandos de la unidad, quienes presuntamente les solicitaron dinero para apoyar la campaña de la fiscal especial Sara Irene Herrerías Guerra como candidata a ministra de la Suprema Corte.
En la denuncia anónima, presentada vía correo ante el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, se acusa que al menos dos altos funcionarios de la UEILCA no solo habrían solicitado dinero al personal a su cargo a nombre del fiscal del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, sino también asistir en compañía de más personas a un evento de campaña de la candidata Herrerías Guerra, actual titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, organismo del que depende la propia Unidad Especial del Caso Ayotzinapa.
Días después, en diversos medios de comunicación se dio a conocer que integrantes de la UEILCA presentaron una segunda denuncia en contra del titular de la Unidad, Rosendo Gómez Piedra, por los delitos de peculado, extorsión, abuso de autoridad, cohecho e intimidación.
La denuncia fue presentada ante autoridades como Adriana Campos, fiscal especial de Asuntos Internos de la FGR, pero también ante autoridades como la propia presidenta Claudia Sheinbaum.
Entre sus acusaciones, los fiscales del caso acusaron que Gómez Piedra presuntamente usa vehículos oficiales sólo para que vayan por comida y regresen a las oficinas antes de que se enfríe, además de que pide dinero al personal a su cargo y que el fiscal apenas pasa cuatro horas al día en la oficina, y que gasta la mitad en desayunar; que contrata a gente sin preparar a la que luego exige su primer cheque de nómina.
“De los casos más notorios e indignantes es la contratación del director general César Ovidio Suárez Aldecoa, un tabasqueño amigo de Rosendo Gómez Piedra, que no tiene la menor idea ni conocimiento sobre materia penal, ni la investigación de delitos, ni la integración de carpetas, ni averiguaciones previas ni derechos humanos […] encargado de la investigación”, sostiene la denuncia.
Respecto a esta denuncia, en entrevista con el diario El País, el fiscal especial Rosendo Gómez Piedra señaló que las acusaciones son falsas y que se trata de una “venganza” por el despido de dos personas, que “estaban robando información”, razón por la que ya se presentó una denuncia de hechos por robo, en contra un ministerio público y una auxiliar.
De acuerdo con el diario español, la denuncia tiene fecha del 21 de abril (ocho días después de la primera denuncia que los trabajadores de la UEILCA presentaron en contra su titular), en la que supuestamente se señala que el presunto robo ocurrió en la madrugada del 26 de marzo, y que tiene que ver con la “manipulación de una computadora de un compañero ausente”, en la que había “información de solicitudes de extradición y otros temas importantes que tiene que ver con la variante internacional” del caso.
“Este, es un tema bastante serio, que afecta y atañe el éxito de las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas; mismas que debido a estas conductas delictivas practicadas por Gómez Piedra y su equipo, no han podido avanzar”, aseguran los agentes en activo entrevistados por Animal Político.
