Durante la gestión de David Colmenares al frente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ha disminuido la realización de auditorías forenses, un tipo de investigación en el que el organismo realiza “una revisión rigurosa y pormenorizada de procesos, hechos y evidencias, con el propósito de documentar la existencia de un presunto acto irregular”.

Entre 2019 y 2022, la ASF realizó el menor número de auditorías forenses en los últimos 10 años. Mientras en la administración del anterior auditor, Juan Manuel Portal, se realizaban entre 10 y 15 auditorías forenses por año, en la de Colmenares han sido menos de 10 e incluso, en 2021, no hubo ninguna, de acuerdo con la revisión del Programa Anual de Auditorías de 2013 a 2022.

De 2019 a 2021, el gobierno federal incurrió en probables daños al erario por 77 mil 244 millones 152 mil 400 pesos, según datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicados por El Universal.

Según el periódico mexicano, en obras insignias de la Cuarta Transformación (4T), existen pagos en exceso y contratos a sobrecostos.  De igual forma,  en proyectos del gobierno como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, la Auditoria detectó esquemas irregulares de contratación de los servidores de la nación y pagos duplicados, así como la presunta entrega de pensiones a  adultos mayores  que ya habían fallecido.

Proyectado para inaugurarse en julio de 2017, el Tren Interurbano México-Toluca reportó en 2021 —a siete años del inicio de su construcción— un avance de obra del 76.5%. Además, durante ese año, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló irregularidades en el uso de recursos públicos, tanto de parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) como del Gobierno de la CDMX, por 72 millones de pesos.

La Secretaria de Educación Pública de febrero del 2021 a septiembre del 2022, Delfina Gómez Álvarez, implementó durante su gestión el programa La Escuela Es Nuestra (LEEN), al cual en el 2021 se le destinaron más de 13 mil 500 mdp. Al siguiente año, y a pesar de las anomalías y faltas de resultados que reportó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la funcionaria pidió 32 mil millones más, reportó Eje Central.

La compra consolidada de medicamentos a través de la ONU, como propuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para supuestamente combatir la corrupción, no funcionó: 31 hospitales de especialidad del país recibieron solo el 5% de los medicamentos que habían solicitado para el tratamiento del cáncer en 2021. 

Así lo reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión que hizo a la “Adquisición Consolidada y Distribución de Medicamentos Oncológicos” del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), en la auditoría de cumplimiento 2035 publicada este lunes como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2021. 

El organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y su filial Diconsa acumularon más irregularidades durante 2021: en su revisión a la Cuenta Pública de ese año, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que estas instituciones tuvieron anomalías conjuntas que pueden constituir daños al erario por 2 mil 346 millones 318 mil 674 pesos.

La ASF señaló conductas irregulares principalmente derivadas del pago de servicios que no cumplieron con las especificaciones que Segalmex había pactado con sus proveedores, así como de incentivos otorgados sin las facturas debidas y de diferencias en los saldos que Diconsa guarda de sus mercancías.

La Auditoría Superior de la Federación encontró posibles irregularidades por más de 376 millones al revisar los contratos de 2021 de la nueva refinería de Dos Bocas.

Se trata de observaciones administrativas que aún pueden ser aclaradas o subsanadas por Petróleos Mexicanos.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó 37 millones 692 mil 505 pesos por aclarar en obras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en específico en trabajos realizados en la Terminal de Carga y Aduanas, en la Terminal de Pasajeros y en la Torre de Control.

Por falta suficiente de supervisión de trabajos, durante la construcción de plataforma y vía del Tren Maya para los tramos I, II, III y, sobre todo IV, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó mil 194 millones de pesos por aclarar, lo que equivale a 0.51 por ciento de la inversión total estimada.

Los gastos por comprobar son derivados de pagos en exceso, duplicidad en actividades y otras irregularidades, monto que ya contempla las solventaciones hechas por Fonatur antes de la publicación de este informe de Cuenta Pública 2021. Además, en el tramo V, el más cuestionado y blanco de amparos por poner en riesgo los cenotes y la selva, no registró montos por aclarar ni irregularidades.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso el 11 de mayo una denuncia por el presunto desvío de 807 millones de pesos en la compra de un software realizada por la extinta Policía Federal el sexenio pasado, en la que incluyó al actual fiscal de Campeche, Renato Sales, pese a que en la investigación de la auditoría realizada en 2019 y en los años posteriores el propio órgano fiscalizador no le había adjudicado alguna responsabilidad. 

La auditoría en la que se basa la denuncia no menciona ninguna injerencia de la Comisión Nacional de Seguridad —entonces dirigida por Sales—, sino que concentra el señalamiento sobre posibles irregularidades en las áreas de la Policía Federal que firmaron y pagaron el contrato. 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) responsabilizó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de no haber difundido entre la población suficiente información sobre las obras de revestimiento y ampliación del río Tula como para obtener el consentimiento de las personas directamente afectadas, provocando así el rechazo comunitario al proyecto.

En su revisión de la Cuenta Pública 2017, el órgano fiscalizador señaló que, aunque desde mediados de ese año se adjudicaron contratos para efectuar en el río Tula las obras ordenadas por la Semarnat para ampliar su cauce, los trabajos de limpieza, desazolve, rectificación y revestimiento con concreto no pudieron efectuarse por las fallas en la manera como la Conagua comunicó los impactos del proyecto a la población.

Gerardo Lozano, ex director del área de Cumplimiento Financiero, renunció a la Auditoría Superior de la Federación, en rechazo a un cambio del reglamento interno que impide que su área, encargada de analizar el gasto público, presente denuncias por malos manejos.

El auditor de Cumplimiento Financiero, Gerardo Lozano, renunció a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), una semana después de denunciar el freno de 60 dictámenes que deberían haber sido denunciados penalmente por la existencia de presuntos delitos cometidos por funcionarios públicos, confirmaron fuente de la institución.

La renuncia tiene efectos para este martes 16 de noviembre, debido a las diferencias entre Lozano y el auditor Colmenares ante los cambios en el reglamento de la institución que limita la actuación de áreas como la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero que Lozano encabezó desde 2018.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) no ha presentado denuncias por 60 dictámenes técnicos que alcanzan un monto de mil millones de pesos por posibles irregularidades, debido a cambios administrativo en su reglamento que impulsó el auditor David Colmenares para tener control directo sobre este tipo de gestiones.

David Colmenares, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entregó en la Cámara de Diputados la segunda parte de las auditorías a la Cuenta Pública 2020, e informó que están pendientes de aclarar 12 mil 253 millones de pesos. 

En el informe también se da cuenta de los gastos realizados en sedes del DIF, municipios y estados, entre otros. Y por primera vez se auditó a universidades tecnológicas y politécnicas, y colegios de bachilleres locales.

Agustín Caso Raphael, el auditor que calculó en 331 mil millones de pesos el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, cifra tres veces mayor a lo proyectado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, defendió su estimación y aseguró que la diferencia en las cifras radica en el tipo de metodología que se utilice.  

Aunque Caso Raphael fue separado del cargo el pasado 1 de marzo, compareció ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados este martes, donde explicó la metodología aplicada en la auditoría al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, encargada del proyecto en Texcoco, y en la que, aseguró, “no existió dolo o motivación política”.  

Con el Sistema Nacional Anticorrupción inoperante, la Secretaría de la Función Pública (SFP), dependencia de primera línea en erradicar la corrupción y vigilar las buenas prácticas, resultó afectada en su objeto y razón de ser por las numerosas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano del Poder Legislativo dedicado a supervisar el ejercicio presupuestal y el desempeño en el Ejecutivo. Éste descalificó a la auditoría por un informe deficiente y exigió que se le investigara.

Desde el viernes 26 de febrero fue separado del cargo Agustín Caso Raphael, auditor especial de desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, encargado de la auditoría que fiscalizó el costo de cancelación del aeropuerto de Texcoco que ascendía a 331 mil millones de pesos, cifra tres veces superior a lo anunciado por el gobierno federal, pero que luego reconoció inconsistencias en la metodología.

Tras la discrepancia en las cifras, la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Cámara de Diputados inició una investigación sobre lo ocurrido en dicha auditoría y solicitó al auditor federal, David Colmenares, la separación del cargo del funcionario público, por lo que este lunes no acudió a la comparecencia ante diputados.

El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 no sólo presentó el que es considerado como su mayor error en los datos de la cancelación del Nuevo Aeropuerto en Texcoco, sino que también lo hozo en las cifras de la construcción de la Refinería Dos Bocas.

Rocío Nahle García, Secretaria de Energía, aseguró que en el reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) “también hay grandes errores” respecto a los datos que emitió sobre uno de los proyectos insignia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.