El colectivo Desaparecidos Tetelcingo y Jojutla denunció irregularidades en el proceso. Reportaron errores en la nomenclatura usada por la Fiscalía de Morelos.
Más de 60 cuerpos —entre ellos al menos 10 bebés, más de 10 mujeres y una decena de restos óseos— han sido recuperados durante la cuarta diligencia de exhumaciones en las fosas de Jojutla, Morelos, informaron buscadoras, luego de que las autoridades anunciaran la suspensión de los trabajos por riesgo de colapso de un muro perimetral dañado por las lluvias recientes.
La Fiscalía General de Morelos explicó que la decisión se basó en un dictamen técnico de la Dirección de Servicios Periciales, que advierte fracturas y fisuras en el muro —de 24.40 metros de largo por 1.95 de alto—, parcialmente colapsado. Continuar con las excavaciones podría generar vibraciones y poner en riesgo al personal.
Los trabajos se realizaban en el panteón municipal Pedro Amaro de Jojutla. La excavación ha alcanzado una profundidad de 2.5 metros, lo que agrava el peligro. La recomendación oficial fue suspender la diligencia y demoler el muro antes de continuar.
El colectivo Desaparecidos Tetelcingo y Jojutla denunció irregularidades en el proceso. Reportaron errores en la nomenclatura usada por la Fiscalía, lo que impide un conteo claro de los restos.
“Hasta ahora hablamos de más de 60 cuerpos, incluidos entre 10 y 12 bebés y entre 10 y 12 mujeres, además de una decena de restos óseos. Pero la clasificación no es clara”, dijo Amalia Alejandra Hernández Hernández, integrante del colectivo y tía de Oliver Wenceslao Navarrete, inhumado de forma irregular en ese lugar.
Puso como ejemplo que un bebé completo fue etiquetado como “H”, usado para restos óseos dispersos. “Para nosotras es un individuo; para la Fiscalía, solo un fragmento. Así no se puede saber cuántas personas hay realmente”.
También señaló que hay bolsas con restos de más de una persona y fragmentos no identificables como cuerpos completos, ni como producto de violencia o atención médica, por falta de análisis especializado.
Amalia denunció además la ausencia de la Guardia Nacional durante al menos dos días. Su participación, dijo, ha sido clave para obtener perfiles genéticos. “Han sacado ADN donde la Fiscalía decía que no se podía. Si no están, se pierde información valiosa”.
Agregó que no hay antropólogo físico ni arqueólogo adscrito por parte de la Fiscalía. La única presencia especializada en campo es una arqueóloga de la Comisión Nacional de Búsqueda, pero —según aseguró— no cuenta con cédula profesional.
Por ello, pidió al Congreso local que exija la presencia del fiscal Edgar Maldonado Ceballos en el lugar. “Queremos que venga, que vea cómo se está trabajando y escuche a las víctimas. No es lo mismo que le manden una tarjeta informativa”, reclamó.
También criticó a la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas, Penélope Picazo Hernández, por dar entrevistas sin haber estado en las fosas. “Está desinformando. Pedimos que la comisión envíe a un asesor jurídico que acompañe en campo y dé respaldo directo a las familias”, dijo.
La diligencia fue acordada en una reunión celebrada el 16 de abril entre colectivos y autoridades de los tres niveles de gobierno. La Fiscalía informó que convocará a una nueva reunión en los próximos días para revisar avances, presentar el dictamen técnico y definir una fecha para retomar los trabajos, una vez que se garantice la seguridad en la zona.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.
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