Con la eliminación del INAI y la Secretaría Anticorrupción como nueva encargada de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), usuarios enfrentan más dificultades para descargar información y hacer solicitudes, a la par que distintas dependencias incumplen la obligación de publicar distintos indicadores.

Se agregaron filtros que hacen más confuso todo el proceso de pedir datos públicos; hay problemas para descargar el historial de solicitudes; el buscador temático del ejercicio presupuestal no muestra resultados, y en general la plataforma tarda más tiempo en mostrar resultados, según señalaron especialistas que usan constantemente la plataforma.

Para hacer una solicitud de información no sólo hay que definir si se piden los datos a la Federación o a una entidad, ahora hay que indicar cuál es la “autoridad garante”, ya sea Transparencia para el Pueblo, la Cámara de Diputados o el Senado, entre otros, y finalmente definir la institución.

“Lo que advertimos es que la plataforma es poco intuitiva con sus usuarios, yo creo que las personas que inclusive tenemos tiempo usándola, advertimos que al menos es confusa. La forma en la cual se organiza la información no te orienta si estás dirigiendo de forma correcta las solicitudes. Por ejemplo, en los sujetos obligados, hay una variación respecto de los sujetos históricos. No sabes si realmente lo estás dirigiendo al sujeto correcto”, destacó Gabriel Espinoza, especialista en materia de Transparencia y Datos Personales. 

Por ejemplo, si una persona requiere información a la Secretaría de la Defensa (Sedena), primero debe seleccionar a la autoridad garante del gobierno federal, Transparencia para el Pueblo, y después a la Secretaría de la Defensa Nacional. 

Si se requiere información de la Cámara de Diputados, se deberá escoger al órgano interno de control de la Cámara de Diputados o si se requiere información de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se debe escoger a su órgano interno de control, en lugar de Transparencia para el Pueblo.

“El panel para checar el historial de las solicitudes y también de las quejas, pues aparecen nuevas casillas que antes no existían, donde se tiene que elegir a la autoridad garante, sea federal o estatal. Antes era en automático porque tenías una sola autoridad garante, un órgano, pues, que era el INAI o los institutos estatales, y ahora para cada estado va a haber un órgano distinto”, señaló Efraín Tzuc, periodista de Quinto Elemento Lab.

En su aviso, la PNT destacó que se crearon nuevas autoridades garantes tanto a nivel federal como local, por lo que actualizó el apartado “Estado o Federación”, para armonizar el listado de las autoridades garantes y los sujetos obligados conforme a la legislación vigente.

Además, si se busca información publicada antes de la desaparición del INAI, las personas usuarias deberán elegir el apartado de “Federación (Histórico)”. 

Por otro lado, usuarios han reportado distintos problemas como incapacidad para  descargar el historial de solicitudes y falta de información actualizada en la búsqueda de temas específicos en la plataforma. Por ejemplo, al buscar información sobre las ganancias del Tren Maya o los contratos de Laboratorios Pisa, sólo muestra resultados actualizados hasta noviembre de 2024. Aunque esta última empresa sí ha recibido contratos durante el gobierno actual.

Mientras que el buscador temático del ejercicio presupuestal no muestra resultados; los apartados de sueldos y directorio muestran información de noviembre del año pasado. Además, Espinoza y Tzuc coincidieron en que la plataforma tarda más tiempo en mostrar resultados respecto a su etapa con el INAI. 

“Tenemos la misma plataforma que antes. Eso no ha cambiado. ¿Cómo van a cumplir este compromiso de acercar el derecho a la transparencia a las personas y mejorar la plataforma? No lo sabemos, pero lo que es evidente es que, como está la plataforma actualmente, no se ha logrado“, mencionó Tzuc. 

A esto se suma el mantenimiento constante que se le ha realizado a la PNT desde que tomó posesión de ella la Secretaría Anticorrupción. Para Espinoza, hay falta de transparencia sobre este tema, al no conocer qué módulo ni qué cambios se han realizado.

Además de los temas técnicos o la interfaz de la Plataforma, está el tema de que la nueva legislación en materia de transparencia agregó nuevas causales para negar la entrega de información, tales como considerar que los datos solicitados por la ciudadanía comprometen la paz social, o el desarrollo de proyectos prioritarios.

Autoridades no han publicado sus obligaciones de transparencia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó al gobierno de México su preocupación por los cambios en la vida pública del país emprendida por los gobiernos de Morena, incluidos la reforma judicial y la desaparición del instituto que favorecía la transparencia de los asuntos públicos. También dio a conocer su inquietud por la subsistencia de la violencia contra la prensa.

La Comisión “está siguiendo con mucha preocupación algunas reformas constitucionales que tuvieron lugar en México, como por ejemplo la reforma Judicial. También la reforma del Instituto Nacional de Acceso a la Información, que es un tema que nos generó mucha preocupación”, dice la vicepresidenta de la CIDH y relatora para México, Andrea Pochak, en entrevista con Proceso.

A un año de la elección que dio triunfo a la presidenta Claudia Sheinbaum, la Comisión presentó un informe en el que agrega la preocupación sobre la elección judicial, “en la audiencia pública convocada por la CIDH, el Estado reconoció no contar con un diagnóstico que haya determinado el modelo de reconfiguración de sus tribunales a través del voto popular”. 

Incongruencia mexicana

Otra de las preocupaciones es la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

Para Pochak, “por un lado, en 2024 nosotros advertimos con preocupación la disolución de este organismo, no me puedo adelantar a cómo se va a implementar la política en 2025. 

Es algo que estamos monitoreando y que eventualmente va a ser motivo del informe”.

Sin embargo, hay un elemento que llama la atención en el informe de 2024, “es que nos preocupaba la disolución, la modificación abrupta de la institucionalidad en materia de acceso a la información, porque había sido el propio Estado mexicano el que en varias ocasiones había levantado el INAI como un modelo para garantizar el acceso a la información y

la transparencia. 

Expuso que “en muchas otras oportunidades en que la Comisión Interamericana consultó sobre el acceso a la información y la transparencia, México reconocía como importante la estructura, la institucionalidad del INAI y tampoco nosotros conocemos y México no nos ha informado al respecto, de cuál fue el diagnóstico por el cual modificaron abruptamente la institucionalidad en materia de acceso a la información”.

Dice a Proceso que este tipo de discursos “vulnera la libertad de expresión, porque puede generar por lo propio una situación de miedo o de autocensura por parte del comunicador. Entonces, la Comisión Interamericana también releva la situación de discursos estigmatizantes por parte de autoridades públicas”.

De manera contraria, la Fiscalía General de la República no ha mostrado seguimiento a quienes presentaron una denuncia y el gobierno mexicano no dio mayor información sobre las sanciones a los responsables de esta filtración que vulneró la seguridad de representantes de medios de comunicación. Algunos de los responsables, incluso, continúan en los más altos niveles de gobierno.

También registró más informes sobre la estigmatización a la prensa, la cual reconoce como “impulsada por el Poder Ejecutivo a través de la sección diaria previamente conocida como “Quién es quién en las mentiras de la semana”, implementada desde junio de 2021 con el alegado fin de “analizar, verificar y aclarar las noticias imprecisas de interés general para la población”.

La relatora reconoce como positivo que en el informe se dé cuenta del fortalecimiento del mecanismo de protección de personas defensoras y periodistas; aunque “lamentablemente no es suficiente para prevenir estos hechos y también llamamos la atención no solamente en el caso de la violencia contra periodistas, sino en general en el caso de violencia en México, la impunidad, un hecho que favorece y que hace que se perpetúe la violencia”.

El Comité de Trabajadores Migrantes de la ONU expresó este jueves su preocupación por la “falta de claridad y transparencia” ante los posibles acuerdos formales o informales entre México y Estados Unidos en materia migratoria, que en su opinión “podrían implicar la externalización del control fronterizo por parte de autoridades estadounidenses”.

En un informe del comité publicado después de analizar el actual cumplimiento de México de la Convención Internacional sobre los Trabajadores Migrantes, también se señala que con estos acuerdos México podría estar transfiriendo a terceros sus obligaciones internacionales en materia de asilo y otros derechos humanos.

El informe muestra en este sentido inquietud por las devoluciones sistemáticas hacia México de nacionales de terceros países, así como informes sobre expulsiones aéreas realizadas por las autoridades estadounidenses al estado de Chiapas, toleradas por las autoridades mexicanas.

Éste subraya que todas estas situaciones podrían haberse agravado desde inicios de 2025 con el regreso a la presidencia estadounidense de Donald Trump, y pide a las autoridades mexicanas que aclaren la naturaleza y el contenido de cualquier acuerdo formal o informal con Estados Unidos en materia migratoria y de protección internacional.

Por otro lado, el comité de 14 expertos, presidido por la senegalesa Fatima Diallo, expresó en el informe su preocupación por la creciente militarización de la política migratoria en México, incluyendo la participación de cuerpos armados como la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina en las tareas de control.

Asimismo, expresa inquietud por la subcontratación de esas tareas de control o las de custodia de personas migrantes a empresas privadas de seguridad “sin garantías adecuadas de respeto a los derechos humanos”.

Además, recrimina a las autoridades mexicanas la falta de avances sustanciales en las investigaciones de casos de violencia contra migrantes, especialmente en masacres perpetradas en Tamaulipas, Nuevo León y Guanajuato entre 2010 y 2012, o el asesinato de la migrante salvadoreña Victoria Salazar en 2023.

“Preocupa también al comité el reciente hallazgo de fosas clandestinas y hornos crematorios en Jalisco y Tamaulipas”, señaló el texto.

El cuarto examen periódico de México ante el comité se produjo los pasados días 7 y 8 de abril, y las observaciones finales fueron adoptados el 17 de este mes, siendo publicadas este jueves en la web oficial de este organismo de Naciones Unidas.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inauguró el 18 de abril la plataforma Compras MX, como reemplazo de Compranet, que estuvo vigente desde 2010; de acuerdo con la plataforma, su actualización se debe a “la necesidad de adecuarse al nuevo marco legal en materia de contrataciones públicas”. 

El nuevo portal contará con una nueva imagen y una interfaz intuitiva que facilitará la búsqueda de información, manteniendo el compromiso con la transparencia para todas las personas y dependencias del gobierno, señala el sitio web.

El pasado 10 de abril, el senado aprobó el decreto de expedición a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y las reformas a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, donde se incluye la “desaparición” de Compranet.  

Durante la conferencia mañanera de aquel día, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, indicó que Compranet no desaparece, sino que se mejora, porque su sistema tecnológico –que databa de 2010– "era muy viejo” y, aunque se actualizó en 2023, ahora debe adaptarse al nuevo marco legal. 

Señaló que la actualización busca agilizar y transparentar los procesos de compra del gobierno, con modalidades eficientes y competitivas. 

Además, destacó que la nueva Ley de Obras Públicas establece que no puede haber una subcontratación mayor al 49%, y que todos los contratos tienen que ser publicados en Compranet, para garantizar una mayor transparencia.  

Buenrostro reiteró que durante la administración de Sheinbaum "la obligación es cuidar el dinero del pueblo de México, por lo que cada peso vale”.

La organización Artículo 19 advirtió que la reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su partido Morena plantea que las obras de las Fuerzas Armadas y los proyectos considerados estratégicos escaparán al escrutinio, una disposición “alarmante” que aumentará “la opacidad en el ejercicio de recursos públicos”. 

En un análisis de la ley, aprobada ayer por la Cámara de Diputados, Artículo 19 deploró que las nuevas disposiciones plantean “mayores negativas para el acceso a información de interés público bajo argumentos de seguridad nacional” y no establecen “mecanismos claros para auditorías independientes ni para la rendición de cuentas en casos de fallas o corrupción”.

La reciente disolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) representa un golpe a la transparencia y la rendición de cuentas en México. El jueves 20 se consumó con la apurada aprobación de la nueva Ley General de Transparencia en la Cámara de Diputados y su publicación. Este organismo, que durante años fungió como pilar en la lucha contra la opacidad gubernamental, no sin disputas políticas y constantes intentos de captura, ha sido desmantelado en un proceso marcado por la incertidumbre laboral, la exclusión institucional y decisiones que deterioran el derecho a saber.

La desaparición del INAI no sólo deja un vacío institucional, sino que también revela una profunda descomposición interna. Más de 700 trabajadores quedaron varados en un limbo burocrático durante meses, sin certezas sobre sus finiquitos ni sobre su futuro. Ante la falta de respuestas, las protestas estallaron, llevando incluso al cierre de vialidades tanto a las afueras del Instituto en vías de extinción como a las afueras de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.

Pero lo más simbólico fue lo ocurrido durante una de las últimas sesiones del pleno: un grupo de trabajadoras intentó ingresar para manifestarse pacíficamente… y no pudo siquiera encontrar dónde sesionaban las comisionadas y comisionado. Las puertas estaban atrancadas con palos de madera, un policía resguardaba los accesos desde adentro. El pleno del órgano garante de la transparencia tuvo que sesionar a escondidas de su propio personal. Lo que debió ser una institución abierta terminó actuando como si fuera una célula clandestina.

La intervención tardía de la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, autorizando finiquitos tras semanas de presión, sólo evidenció el desprecio institucional hacia los trabajadores que, por años, dieron legitimidad al INAI desde la trinchera administrativa. Lo peor es que todo esto sobrevivino ante una decisión adoptada por la mayoría de comisionadas del INAI de no avalar los finiquitos propuestos por el comisionado Alcalá .

Además de la inertidumbre laboral, el desmantelamiento trae nuevas consecuencias jurídicas graves. Según el recien publicado Reglemento de la Secretaría encabezada por Raquel Buenrostro, durante al menos 45 días hábiles, no se tramitaron recursos de revisión por parte de la ciudadanía. Esto significa que toda persona a quien le sea negada información pública quedará sin mecanismos de defensa durante dos meses.

Peor aún, el Vigésimo Transitorio de la nueva Ley de Tranaperencia congela los juicios de amparo relacionados con el acceso a la información por 180 días naturales debido al impasse generado por la creación de nuevos ribunales especializados en transparencia. Esta suspensión del ejercicio de derechos constitucionales -en este caso, el derecho a un recurso efectivo para la protección de derechos- es inaceptable en una democracia.

Organizaciones civiles lo han dicho claro: México ha dado un paso atrás. Y lo ha hecho de forma deliberada, sin participación ciudadana y con una ley que parece diseñada para ocultar información. La supeditación al Ejecutivo del órgano “Transparencia para el Pueblo”, compromete seriamente la autonomía e independencia real en la vigilancia del derecho a la información. Las nuevas disposiciones amplían las causales para reservar información pública, especialmente en temas relacionados con megaproyectos gubernamentales. De hecho, se integra un gelatinoso concepto de “interés del Estado” para reservar la información, que no es otra cosa que la razón de Estado, y por tanto, la discrecionalidad absoluta.

La escena del órgano garante de la transparencia escondiéndose de sus propios trabajadores será difícil de borrar. No sólo es el epitafio de una institución, es el retrato de un modelo de país que prefiere el control vertical antes que el escrutinio ciudadano. El INAI muere en medio de reyertas personales entre las personas comisionadas que lo integraron hasta el final de sus días. Fallece convulsionado y defenestrado, resultado de los ataques constantes y la asfixia en escalada a la que fue sometido desde el gobierno de AMLO: primero se le quiso paralizar dejándolo sin comisionados, después se consumó su extinción con el llamado "Plan C”.

El mensaje es claro: en la era de la opacidad a la carta, el Gobierno se reserva el derecho de decirnos lo que quiere y de esconder lo que más importa. El derecho a saber se ha reducido a una concesión graciosa del Estado.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general una serie de leyes secundarias para que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno se haga cargo del derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales, con lo que se concreta la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)

Las leyes secundarias, avaladas con 321 votos a favor y 125 en contra, establecen que la Secretaría Anticorrupción se hará cargo de la Plataforma Nacional de Transparencia, al mismo tiempo que dispondrá de un organismo desconcentrado llamado Transparencia del Pueblo para garantizar el derecho de acceso a la información.

Morena y sus aliados respaldaron las leyes secundarias enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, a las que no hicieron ningún cambio a pesar de los reclamos de los partidos de oposición y las observaciones que especialistas en la materia han hecho.

“Estas reformas representan un avance trascendental hacia una administración pública moderna y sensible a la demanda social, se fortalece la transparencia, se mejora el acceso a la información pública y se garantiza una protección más efectiva y especializada de los datos personales”, defendió Ricardo Mejía Berdeja, diputado del Partido del Trabajo (PT) y presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

La coalición morenista en en Senado aprobó la reforma en transparencia propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum con un cambio para que dependencias que realizan investigación sobre terrorismo y acopio de armas estén sujetas a un comité que clasifique su información.

La mayoría oficialista aprobó una reserva para que los Comités de Transparencia de las propias dependencias sí tengan acceso y clasifiquen la información del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, así como unidades especializadas en investigación de terrorismo, acopio y tráfico de armas, delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) determinó que la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) deberá realizar una nueva búsqueda exhaustiva y proporcionar estadísticas sobre denuncias o reclamos por abusos o intentos de abusos sexuales en las escuelas primarias públicas de la capital.

Esta resolución surge a raíz de una queja presentada ante el INAI, luego de que la AEFCM, un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), declarara no poseer los datos solicitados, argumentando que no generaba este tipo de estadísticas.

Sin embargo, el INAI, a través de la ponencia de la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, corroboró que la AEFCM no realizó una búsqueda exhaustiva en todas sus unidades administrativas competentes.

“Para proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes de cualquier tipo de violencia, especialmente la sexual, se requiere la participación tanto del sector público como del sector privado; sin ese apoyo mutuo y esa responsabilidad de la sociedad, el objetivo no sería alcanzado y con ello más niñas, niños y adolescentes sufrirían los efectos nocivos de la violencia sexual”, expresó la Comisionada Ibarra Cadena al presentar el caso.

Ante la inminente desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, presentó, el 31 de enero de 2025, reformas para dar cumplimiento a dichos derechos.

“La propuestas que nosotros estamos haciendo al capturar el INAI, es que la parte del derecho al acceso a la información, que es el derecho público a conocer todas las estadísticas y el comportamiento del Estado y los gobiernos, vaya a un órgano desconcentrado que le vamos a llamar Transparencia para el Pueblo”, expuso la funcionaria federal.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó al IMSS Bienestar informar cuánto tiempo deben esperar las personas para una cita médica, así como el número de recetas y medicinas que se dejaron de surtir del 1 de enero al 19 de diciembre de 2024.

Esto, luego de que una persona pidió al IMSS-Bienestar esa información, pero la institución se declaró incompetente al argumentar que sólo atiende a personas sin seguro médico, por lo que le recomendó pedir los datos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En un comunicado, el INAI informó que se analizó el caso y encontró que aunque la persona pidió información textualmente sobre “derechohabientes”, en realidad se refería a todos los pacientes que atiende el IMSS-Bienestar.

Petróleos Mexicanos (Pemex) debe revelar a la ciudadanía la cantidad de combustible enviado a Cuba durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, determinó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Asimismo, debe dar transparentar los envíos que se han efectuado durante el primer mes del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, expuso el Instituto.

A través de un comunicado, el INAI dio a conocer que dicha información fue solicitada a Pemex por un ciudadano y que la petrolera respondió que no encontró en sus archivos la información requerida.

En particular, la persona solicitante pidió a Pemex entregar la información desglosada por cantidad de combustible, valor comercial, fechas de envío y recepción, nombre y cargo de la persona responsable de los envíos, la partida presupuestal, las condiciones comerciales y los importes.

Pemex le respondió que los países, entidades, empresas o instituciones extranjeras no están contempladas como posibles beneficiarias de donaciones de productos petrolíferos o combustibles, por lo que no encontró la documentación solicitada. 

“Esto, a pesar de que la solicitud incluyó enlaces con citas del Presidente López Obrador hablando sobre los envíos”, recalcó el INAI en su comunicado.

Mexicana de Aviación debe dar a conocer los contratos que celebró con Petrus Aero Holdings y cualquier otra empresa para el arrendamiento de aviones, resolvió el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Una persona presentó una queja ante el INAI porque el Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V. (GAFSACOMM) reservó la información sobre el arrendamiento de aviones.

La empresa del gobierno argumentó que forma parte de un expediente judicial derivado de una demanda por el supuesto incumplimiento de obligaciones contractuales.

En el análisis del caso, la ponencia de la comisionada Norma Julieta del Río Venegas determinó que la reserva de los contratos es improcedente, pues se trata de información de naturaleza pública desde su creación.

Advirtió que, si bien existe un juicio en tribunales de Estados Unidos por la demanda contra la aerolínea del Estado mexicano, los contratos se firmaron antes de la controversia jurídica y no refieren una actuación, diligencia o constancia propias del procedimiento jurisdiccional en curso, por lo que no se puede validar la reserva.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno contempla la creación de al menos dos oficinas que realizarán actividades en materia de transparencia y acceso a la información, ante la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) aprobó un presupuesto interno de casi 500 millones de pesos para garantizar su operación hasta abril de 2025, priorizando los sueldos de los 759 trabajadores, el mantenimiento de la Plataforma Nacional de Transparencia, la seguridad de los documentos públicos y gastos esenciales como renta y mantenimiento.

La bancada de Morena en la LXV Legislatura del Senado no sólo carga con acusaciones por presunta corrupción en el manejo de las finanzas, según lo ha denunciado el propio Senador Adán Augusto López, también carga con la opacidad en sus gastos, refiere una solicitud alojada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) correspondiente a la partida 39903 "Asignaciones a grupos parlamentarios".

Las leyes secundarias que se promulguen tras la inminente desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) serán clave para conocer cómo se administrará la Plataforma Nacional de Transparencia, señaló esta mañana la comisionada Julieta del Río Venegas. 

Los gobiernos, cualquiera que sea su ideología o color de origen, invariablemente tienden a controlar todo aquello que signifique recurso público, desde quién lo administra, quién lo asigna, a quién se lo ceden, por cuál concepto, en qué tiempo y bajo qué condiciones. De manera sistemática, esto ha quedado evidenciado, generalmente, a partir de investigaciones periodísticas, ciudadanas, de organizaciones u opositores.

Entre las cuestiones no previstas por el Congreso en el proceso de extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Datos Personales (INAI) está el futuro de los 14 mil millones de archivos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)  a los que cualquiera tuvo acceso de manera sencilla y rápida en los últimos 10 años, pero que ahora existe el riesgo que los ciudadanos pierdan ese derecho. 

Por ello, la organización Artículo 19, dedicada a la defensa de los derechos humanos, está proponiendo ser el encargado del resguardo y respaldo de la información contenida en la PNT, toda vez que se trata de información pública y ya publicada.

El futuro de 14 mil 958 millones de archivos que se encuentran en la Plataforma Nacional de Transparencia es incierto si el Congreso aprueba la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

La ciudadanía le ha dado una “utilidad social” al acceso a la información, contrario a la idea de algunos políticos que “piensan que la plataforma es para molestar”, pues a través de ella pueden acceder a sus número de semanas cotizadas, historiales clínicos, sueldos, contratos y otros datos de instituciones públicas, señala la comisionada Julieta del Río Venegas.