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Informe de la Sedena indica que AMLO ordenó investigar a Hernán Bermúdez en 2021

Miembros de la organización criminal “La Barredora”, dedicados al huachicoleo en Macuspana y gran parte de Tabasco, sabían que estaban siendo espiados, de acuerdo con una investigación de Quinto Elemento Lab.

Informes de inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hackeados por el colectivo Guacamaya revelan que en 2021 el expresidente Andrés Manuel López Obrador habría dado la orden de investigar las actividades ilícitas de Hernán Bermúdez Requena, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, designado por Adán Augusto López Hernández, entonces gobernador del estado.


El documento oficial filtrado por los hackers expone cómo integrantes de la organización criminal “La Barredora” se enteraron gracias a un informante de la Secretaría de Marina (Semar) que “por orden de el viejito cabeza de algodón” la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) había abierto una carpeta de investigación contra Bermúdez y otros mandos del grupo delictivo.

El viejito cabeza de algodón es “posiblemente el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador”, escribieron textualmente los analistas de la Sedena para explicar la referencia al cabello cano con la que los simpatizantes de AMLO suelen referirse a él.

La alusión directa a AMLO en relación a las actividades ilegales de Bermúdez y sus socios está escrita en una tarjeta informativa identificada con el numeral 201 y fechada el 22 de marzo de 2021, cinco meses antes de que Adán Augusto López se convirtiera en secretario de Gobernación.

Este hallazgo, que no había sido reportado por la prensa con anterioridad, surge de un resumen de conversaciones telefónicas intervenidas el domingo 21 de marzo de 2021, por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste, donde participan la Sedena, la Semar, el Centro de Investigación y Seguridad, y la Fiscalía General de la República. La información se envió por correo electrónico al Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que recaba datos de cinco centros de inteligencia del país.

La supuesta orden desde Palacio Nacional para investigar a Bermúdez y sus socios, y el espionaje a sus conversaciones telefónicas ponía bajo la lupa federal a “La Barredora”, una organización con nexos al Cártel Jalisco Nueva Generación y dedicada principalmente al tráfico de hidrocarburos en buena parte de Tabasco, incluido Macuspana, el lugar de nacimiento de López Obrador.

Bermúdez tiene una orden de aprehensión en su contra y hay una ficha roja de la Interpol para su búsqueda y captura, pues es señalado de ser uno de los líderes del grupo delictivo. Adán Augusto López se ha deslindado públicamente de las presuntas actividades ilícitas de su excolaborador y dijo estar a disposición de las autoridades que investigan la trama.

El espionaje telefónico —del que integrantes de “La Barredora” ya sospechaban— tenía como foco a Gustavo Elías de Dios Yedra, apodado “Tavo” o “Espartano”, quien se dedicaba al tráfico de combustible en Tabasco y Chiapas. La Sedena lo vigilaba desde 2019 y por eso conocía bien que tenía contactos federales de los que se valía de información o apoyo para sus actividades delictivas. Esa relación eventualmente le costaría la vida.

El documento refiere que aquel día Yedra se comunicó con dos personas —también dedicadas al tráfico de hidrocarburos— para avisarles que le habían mostrado una carpeta de investigación de la SEIDO y una lista donde aparecía “H”, como se referían al interior de “La Barredora” a Hernán Bermúdez Requena. En la investigación, dijo, también se mencionaba a Carlos Tomás Díaz Rodríguez, el “Lic” o “Tomasín”, identificado como asesor de Bermúdez.

Más tarde, ese mismo día, Yedra habló con Jorge Carvallo alias “Pizza”, quien, según el documento, colaboraba con él en operaciones de compra-venta de hidrocarburos y trabajaba en Petróleos Mexicanos. En la llamada le confió que un elemento de la Semar, identificado como “Popeye” y que formaba parte de un grupo de inteligencia, le confirmó que la orden de realizar la investigación venía del “viejito cabeza de algodón”.

Otro conjunto de reportes de la Sedena identifica a “Popeye” en los organigramas del grupo criminal. En ellos se menciona como alguien que laboraba en el área de Inteligencia de la Semar, con capacidad de dar órdenes, movilizar personal y hasta de proporcionar elementos vestidos de civil para apoyar a miembros de “La Barredora” en sus disputas internas.

Yedra solía trabajar con elementos de la Marina en la venta de combustible robado, detallan otros correos hackeados. Por ejemplo, sabía de un Teniente que ofertaba combustible ilícito en el Puerto de Dos Bocas y le habían ofrecido el servicio de escolta para sus pipas.

Diversos reportes de la Sedena también muestran que los integrantes de “La Barredora” contaban con informantes entre agentes ministeriales y de inteligencia dispuestos a filtrar datos a cambio de dinero.

Según uno de los documentos filtrados, un elemento de inteligencia de la SEIDO le pidió 180 mil pesos a Yedra para sacarlo de la carpeta de investigación cuando el cerco federal sobre “La Barredora” se iba cerrando. Mientras, Hernán Bermúdez instruyó a líderes de “La Barredora” que se resguardaran “porque van a entrar 10 camionetas del Estado y de Inteligencia de Marina”.

En esos días, Yarda fue secuestrado junto con Michel Alfonso Haddad Sánchez, “Joncha”, uno de sus encargados en las actividades de tráfico de hidrocarburos. Sus compañeros de “La Barredora” se los llevaron en una camioneta Lincoln y les quitaron 22 mil pesos. Yarda, por su relación con elementos de inteligencia de SEIDO y la Marina se había convertido en sospechoso. “Lo van a interrogar porque al parecer los delató”, dice el informe militar.

“No se debe soslayar que en próximas horas aparezcan sus cuerpos ejecutados y con cartulinas o mantas amedrentando a otros miembros de células independientes que controla la autoridad estatal con el fin de causar temor entre ellos”, cierra el reporte. El augurio se cumplió. Al día siguiente los cuerpos de ambos fueron encontrados en la localidad de Santa Rita, perteneciente a Cárdenas. Los asesinaron con violencia extrema.

FUENTE: PROCESO/QUINTO ELEMENTO LAB.
AUTOR:               /VIOLENTA SANTIAGO.

Cuando AMLO negó los nexos de colaboradores de Adán Augusto López con "La Barredora"

Adán Augusto López aseveró por su parte que se trataba de “fantasías” y de “chismes” salidos de “dizque filtraciones”, y retó a quienes tuvieran “alguna prueba” a presentar “alguna denuncia de carácter penal”, tras la publicación de informes de inteligencia del Estado.

En octubre de 2022, Andrés Manuel López Obrador y Adán Augusto López Hernández, entonces presidente y secretario de Gobernación, respectivamente, arremetieron contra los medios que revelaron los contenidos de informes de inteligencia del Estado que identificaban como líderes del grupo criminal llamado “La Barredora” a los mandos de seguridad de Tabasco, nombrados por Adán Augusto López durante su mandato como gobernador de la entidad, incluyendo a Hernán Bermúdez Requena. 

El mandatario aseveró entonces que la “prensa conservadora, incluyendo a Proceso”, estaba atacando a su gobierno como parte de una campaña; Adán Augusto López, su “hermano”, aseveró por su parte que se trataba de “fantasías” y de “chismes” salidos de “dizque filtraciones”, y retó a quienes tuvieran “alguna prueba” a presentar “alguna denuncia de carácter penal”.

“Que sean las autoridades las que investiguen y hagan público cuál es su decisión”, agregó el político durante una visita a Sinaloa, el 14 de octubre de ese año. 

Pasaron cerca de tres años hasta que, la semana pasada, el general Miguel Ángel López Martínez, comandante de la 30 Zona Militar, informó que Hernán Bermúdez Requena era blanco de una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía del Estado, el pasado 14 de febrero, día en que huyó del país hacia Panamá; luego se fue a España y posteriormente se habría ido a Brasil.  

Las autoridades también emitieron órdenes de aprehensión contra Ulises Pinto, un expolicía federal, y contra otros integrantes de “La Barredora”, incluyendo a su presunto líder, Daniel Hernández Montejo. 

Adán Augusto López Hernández, ahora presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, no se ha pronunciado sobre el caso al que se refería como “chismes” en 2022. 

El 5 de octubre de ese año, Proceso, “Aristegui Noticias”, “Animal Político” y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicaron los contenidos de informes del Centro de Fusión de Inteligencia Sureste (Cerfi Sureste) y de la 30 Zona Militar que señalaban a Hernán Bermúdez Requena y otros altos funcionarios nombrados por Adán Augusto López Hernández –José del Carmen Castillo Ramírez y Leonardo Arturo Leyva Ával, designados respectivamente Comisionado y Director General de la Policía Estatal de Tabasco– como líderes de “La Barredora”, grupo criminal, dedicado entre otras cosas al robo de combustible.  

En respuesta a los medios, Bermúdez sostuvo entonces que el grupo “La Barredora” era “inexistencial” (sic). 

La información provenía de fuentes sólidas: si la 30 Zona Militar pertenece exclusivamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Cerfi Sureste reúne a todas las agencias de seguridad del gobierno mexicano: está integrado por agentes de Sedena, de la Secretaría de Marina (Semar), del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de la Guardia Nacional (GN), de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). 

Entre los millones de archivos de la Sedena hackeados y filtrados por el colectivo Guacamaya, al menos 16 informes se referían explícitamente a Bermúdez como un líder criminal en Tabasco.  

El primero de ellos estaba fechado en noviembre de 2019; apenas un mes más tarde, Adán Augusto López Hernández lo nombró al frente de la SSPC estatal. Los informes incluían esquemas de organizaciones criminales, reportes de intervenciones telefónicas o información sobre actividades delictivas del responsable de la seguridad en Tabasco, incluyendo el cobro de 500 mil pesos para liberar a un criminal. 

Carlos Manuel Merino Campos, quien asumió la gubernatura de Tabasco cuando Andrés Manuel López Obrador nombró a Adán Augusto López Hernández en la Segob, mantuvo a Hernán Bermúdez Requena en la SSPC, a pesar de los informes de inteligencia. Permaneció en el cargo hasta principios de 2024, cuando tuvo que renunciar por la explosión de violencia que sacudió al estado. 

Un año más tarde, las autoridades de Tabasco –ahora gobernado por Javier May Rodríguez—lo acusaron de formar parte de “La Barredora”, tal como lo identificaban los informes de inteligencia. 

Por cierto, uno de estos informes, fechado en mayo de 2021, reportaba el contenido una conversación que tuvieron dos delincuentes dedicados al huachicol en Tabasco seis meses antes.  

En ella, uno decía al otro que el líder criminal local de entonces, Felipe Mollinedo Montiel, “está con el gobierno, está con el gobernador (quizá Adán Augusto López Hernández, Gobernador de Tabasco), eso me dijo la última vez, de hecho, el titular del estado le ofreció una gratificación a cambio de un jale”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

Ejército sospechaba de vínculo del exsecretario Bermúdez Requena con el crimen organizado desde 2021

Un informe castrense, elaborado en 2021, señaló que el exfuncionario y sus colegas habrían ordenado el asesinato de "Kalimba, un líder criminal regional, al año siguiente, otro reporte lo ubicó al frente del grupo criminal conocido como La Barredora.

Informes de inteligencia militar, filtrados por los hackers de Guacamaya Leaks, revelaron que el Ejército sospechaba de las actividades criminales de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de seguridad de Tabasco, al menos desde febrero de 2021, de acuerdo con “El País”. 

Bermúdez Requena, apodado “Comandante H”, se encuentra prófugo de la justicia y hay una orden de aprehensión en su contra desde febrero de este año, por ser el presunto líder de la organización criminal “La Barredora”, informó el general Miguel Ángel López Martínez, comandante de la 30 Zona Militar, el pasado viernes 11 de julio.

“La Barredora” —grupo delictivo dedicado al tráfico de drogas, la extorsión y el robo de combustible o huachicol— se dividió a finales de diciembre de 2023, lo que desató una ola de violencia en Tabasco, mientras otros grupos delictivos luchan por conseguir el control que ostentaba.  

Hernán Bermúdez Requena, fue designado por el exgobernador Adán Augusto López, actual coordinador de Morena en el Senado y quién dejo su puesto como mandatario cuando fue nombrado secretario de Gobernación por el expresidente tabasqueño Andrés Manuel López Obrador en agosto del 2021.  

En su lugar, quedó Carlos Merino, quién ocupó su puesto hasta 2024 y mantuvo a Bermúdez a cargo de la seguridad pública.    

En un documento elaborado en 2021, el Centro Regional de Fusión de Inteligencia Región (Cerfi) Sureste señaló que el asesinato de un líder criminal regional, alias “Kalimba”, había sido ordenado por “’El H’, posiblemente el secretario de seguridad, Hernán Bermúdez Requena”, y sus colegas, ‘El Lic’, Tomás Díaz, asesor del director de la policía ministerial de la Fiscalía local, y un tal alias ‘Rayo’”, reveló “El País”. 

En agosto del 2022, en un documento también elaborado por el Cerfi y titulado: “Actividad Delictiva en Tabasco”, se ubicó a Requena al frente de “La Barredora”, junto a Tomás Díaz, y otros integrantes de la burocracia policial estatal, como José del Castillo, comisionado de la policía estatal, el inspector Leonardo Arturo Leyva, director general de la policía estatal, o Ulises Pinto, un expolicía federal.  

Sin embargo, Requena, siguió en el cargo hasta enero de 2024. En entrevista en el noticiero vespertino de Radio Fórmula, el general Miguel Ángel López Martínez aseguró que un juez ordenó su captura, el 14 de febrero de 2025 “ese día hay registros de que salió del país” aseguró.  

La última información de las autoridades militares es que se encuentra en Brasilia, en donde el gobierno mexicano está en contacto con la Interpol para aprehenderlo. 

El 13 de noviembre del año pasado, a un mes y medio de haber llegado al gobierno de Tabasco, el mandatario Javier May Rodríguez, también de Morena, aseguró que en la entidad todo mundo sabía que Bermúdez Requena era el cabecilla de “La Barredora”. Adán Augusto López no se ha pronunciado sobre los últimos acontecimientos.  

¿Quién es Hernán Bermúdez Requena?

Hernán Bermúdez Requena ocupó diversos cargos públicos, el último de ellos como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco, al cual renunció en enero de 2024. 

De acuerdo con reportes periodísticos, su carrera en el sector público inició en el gobierno de Manuel Gurría Ordoñez en Tabasco, en 1992, donde fungió como director de Seguridad Pública del estado.  

Desde 1995 y hasta 1997 se desempeñó como director del Centro de Readaptación Social del Estado durante el gobierno de Roberto Madrazo Pintado. Finalmente, en 2019, dirigió la Policía de Investigación de la Fiscalía de Tabasco, hasta que pasó a convertirse en el titular de la SSPC.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Exgobernador Quirino Ordaz prefería invertir en sector hotelero que en seguridad de Sinaloa, señala reporte hackeado a Sedena

La Sedena concluyó que el exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, y el exfiscal del estado, Juan José Ríos Estavillo, no tuvieron “voluntad” para trabajar en materia de seguridad, según un reporte hackeado por el colectivo Guacamaya.

En un reporte de 2020, hackeado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Ejército concluyó que el exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, y el exfiscal del estado, Juan José Ríos Estavillo, no tuvieron “voluntad ni disposición para trabajar en materia de seguridad y delincuencia organizada”, y que el exmandatario le interesó más invertir en el sector hotelero.

De acuerdo con una publicación realizada hoy por Río Doce, el actual embajador de México en España no invertía en seguridad y parte del presupuesto lo ejercía en otros rubros.

Congreso de EU debe investigar hackeo a Sedena: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a Estados Unidos de haber realizado espionaje en otros países de América Latina.

El presidente Andrés Manuel López Obrador acuso nuevamente a Estados Unidos de espiar a México y dijo al Congreso estadounidense que investigue los hackeos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“El Congreso de Estados Unidos debería abrir una investigación sobre esto, porque el hacer ese espionaje no ayuda a las relaciones, no ayuda a que haya relaciones de respeto”, declaró este miércoles durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

AMLO critica a Proceso y Aristegui por publicar información hackeada a la Sedena

El presidente López Obrador acusó a Proceso y a Carmen Aristegui de utilizar la información hackeada a la Sedena por el colectivo Guacamaya, y admitió que su gobierno no ha investigado cómo se filtraron los documentos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a Proceso y a Carmen Aristegui de utilizar la información de los documentos hackeados por el colectivo Guacamaya, y admitió que su gobierno no ha hecho una investigación de por qué fue posible una vulneración a los sistemas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ni de quién proviene.

Adán Augusto dice desconocer reportes de Sedena que vinculan funcionarios que él nombró con el CJNG

Cuando era gobernador de Tabasco “entregó” la Secretaría de Seguridad y la Policía Estatal a tres supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, publicó Proceso hace seis meses con base en reportes de la Sedena. Hoy Adán Augusto dice que no conoce esos reportes.

El secretario de Gobernación Adán Augusto López aseguró que no conoce los informes de la Secretaría de la Defensa Nacional que involucran a funcionarios de seguridad que él designó en Tabasco ligados al cártel Jalisco Nueva Generación y pidió que si alguien tiene indicios de irregularidades que presente denuncias.

Detienen a primer militar por Guacamaya Leaks: El Universal

El militar está siendo acusado por la Fiscalía de Justicia Militar, señala el diario citando a fuentes del gabinete de seguridad federal, de infracción a los deberes militares, en la modalidad de pérdida de información militar.

Un teniente coronel adscrito a la Dirección de Informática de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es el primer militar detenido por el hackeo grupo de activistas Guacamaya contra el Ejército mexicano, ocurrido el año pasado.

De acuerdo con El Universal, se trata de Jesús “N”, un ingeniero militar, fue recluido en la prisión del Campo Militar 1-A en la Ciudad de México.

AMLO culpa a ‘agencias internacionales’, de hackeo a SEDENA, que se atribuyó Guacamaya

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó, sin pruebas, el 23 de marzo de 2023, que el hackeo a servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), cuya autoría se atribuyó el colectivo internacional autodenominado Guacamaya, pudo haber sido realizado por “agencias internacionales”, supuestamente “vinculadas” al empresario mexicano Claudio X. González Guajardo.

El 15 de febrero de 2023, Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional afirmó que el hackeo a servidores de dicha institución, realizado por el colectivo internacional autodenominado Guacamaya, no puso en riesgo la seguridad nacional.

Sedena espía a familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a defensores de DH y líderes sociales de Guerrero

La Sedena mantiene desplegados “pelotones de información” que reportan sus actividades, según documentos confidenciales de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo que forman parte de las filtraciones del grupo Guacamaya.

El Ejército también espía a los voceros de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, al director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, al abogado de los padres de los normalistas, Vidulfo Rosales Sierra, así como a líderes sociales, magisteriales, políticos y de derechos humanos.

Así lo revelan documentos confidenciales de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, Guerrero, que forman parte de las filtraciones del grupo Guacamaya sobre el seguimiento del Ejército mexicano, de acuerdo con El Sur de Acapulco.

La Sedena dio trato VIP a José Ramón López Beltrán cuando enfermó de covid-19, asegura Latinus

Documentos hackeados a la Sedena muestran que José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, recibió un trato VIP y medicamentos restringidos para la mayoría de los mexicanos, reveló Latinus.

José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, habría recibido un trato preferente de la Sedena y acceso a medicamentos restringidos para la mayoría de los mexicanos, reveló un reportaje de Latinus.

En su programa del viernes por la noche, Carlos Loret de Mola presentó un documento hackeado a la Sedena por el colectivo Guacamaya, en el que se informa del trato exclusivo al hijo del presidente.

Titular de SEDENA afirma que hackeo de Guacamaya no puso en riesgo seguridad nacional

Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), afirmó, el 15 de febrero de 2023, que el hackeo a servidores de dicha institución, realizado por el colectivo internacional autodenominado Guacamaya, no puso en riesgo la seguridad nacional.

El 30 de septiembre del 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que un “grupo internacional de hackers”, autodenominados Guacamaya, obtuvieron al menos 6 terabytes de información confidencial, a través de correos electrónicos (que incluye textos, archivos adjuntos, cartas, videos), alojados en servidores de la SEDENA mexicana, que datan desde el año del 2016 hasta septiembre del 2022.

La aviación civil se pinta de verde olivo

La creación de seis empresas de participación estatal mayoritaria, bajo la administración y resguardo de la Secretaría de la Defensa Nacional, consumó un capítulo más de la militarización de la aviación civil. Gracias a las iniciativas del presidente López Obrador basadas en proyectos y análisis de la Sedena –como se muestra en documentos hackeados por el colectivo Guacamaya–, ahora los aeropuertos, la Agencia Federal de Aviación Civil, una aerolínea comercial y el espacio aéreo están en manos militares.

El 13 de abril de 2021 el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo una reunión de alto nivel en Palacio Nacional y giró instrucciones para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) llevara a cabo la administración, operación, explotación y construcción de los aeropuertos internacionales de Palenque, Chetumal y Tulum, así como del Tren Maya, a través de la creación de diversas empresas de participación estatal mayoritaria sectorizadas a la Secretaría de la Defensa Nacional, de acuerdo con el acta de la reunión, filtrada entre millones de archivos militares por el colectivo de hacktivistas Guacamaya.

Sedena Leaks: EU mantuvo en la mira a Ovidio Guzmán y espió comunicaciones de sus “halcones” en Sinaloa

Correos revelados por el hackeo del grupo Guacamaya muestran que en agosto de 2022 funcionarios de la embajada de EU interceptaron comunicaciones de hombres al servicio del hijo del ‘Chapo’ Guzmán.

Funcionarios de la embajada de Estados Unidos realizaron labores de investigación en México en contra del crimen organizado, lo que incluyó el espionaje en 2022 de las comunicaciones por radio entre personas identificadas como “halcones” al servicio de Ovidio Guzmán en Sinaloa. 

Existen al menos dos reportes de inteligencia emitidos por el área de Operaciones Aéreas del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de la embajada de EU en México sobre escuchas en las que se menciona a Ovidio Guzmán, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, y considerado como una amenaza para Estados Unidos por su papel en la producción y el tráfico de drogas hacia ese país.  

Sedena Leaks: Ejército pidió reforzar zona militar, por agresiones tras primera captura de Ovidio Guzmán; gobierno negó recursos

Desde 2019, el Ejército señaló internamente que necesitaba recursos para reforzar la seguridad de la Novena Zona Militar, luego del operativo fallido contra Ovidio Guzmán. A la fecha, Hacienda no le ha dado los fondos requeridos.

Tras la primera captura de Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, y ante el incremento de agresiones por parte del crimen organizado, el Ejército pidió mejorar la protección de la Novena Zona Militar y de las Unidades Habitacionales Militares de Culiacán, Sinaloa, pero el gobierno federal negó los recursos solicitados. 

Esta información forma parte de los miles de documentos de la Sedena que en 2022 fueron filtrados por el grupo de hacktivistas Guacamaya. En documentos, se refiere que, a tan solo semana y media del llamado “jueves negro” del 17 de octubre de 2019, el Ejército planteó por primera vez solicitar al presidente Andrés Manuel López Obrador “reorientar el despliegue operativo de la 9/a. Z.M., con el fin de disponer de mayores efectivos para integrar fuerzas operativas disponibles permanentes”. 

Secretario de la Defensa se reúne con senadores: México ya no vive el tiempo de golpes de Estado

En una nota publicada por El Universal se revela que el encuentro privado tuvo lugar el pasado 10 de noviembre en el Campo Militar 1, con integrantes de la Comisión de Defensa del Senado de la República.

El secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González, se reunió el pasado 10 de noviembre con los senadores que integran la Comisión de Defensa para analizar el hackeo informático a sus correos electrónicos por el colectivo Guacamaya y el tema de la militarización del país, informó el periódico El Universal.

Ante senadores de Morena, PRI, PAN, MC, PT y PVEM que acudieron al Campo Militar 1 por más de cinco horas, el titular de la Sedena afirmó que en México “no estamos ya en tiempos donde existía el riesgo de golpes de Estado”.

Antros, diplomacia y crimen organizado: los vínculos del cónsul honorario de Rusia en Acapulco

Antonio Rullan Dichter, dueño del Palladium que se nombra a sí mismo “el señor de la noche” en Acapulco, mantiene desde su cargo diplomático vínculos con el grupo criminal “Los Rusos”, una escisión de los Beltrán Leyva, de acuerdo con un informe de inteligencia que forma parte de los Sedena Leaks.

La coincidencia es evidente: el polémico empresario Antonio Rullan Dichter, dueño de hoteles, restaurantes y de la famosa discoteca Palladium en Acapulco, funge como cónsul honorario de Rusia en esa ciudad desde 2008, y a la vez estuvo vinculado con el grupo criminal conocido como “Los Rusos”, una escisión del cártel de los Beltrán Leyva.

En 2021, un informe de inteligencia militar de la 27ª Zona Militar, producto de operaciones de los Órganos de Búsqueda de Información (OBIs), señaló que al menos en 2019 y 2020, “Tony” Rullan tuvo como jefe de escoltas a José Manuel Salinas Cortez, “El Oso”, jefe de un grupo de la Policía Investigadora Ministerial estatal que sirve como “brazo armado” de “Los Rusos” y estuvo involucrado en el asesinato de una administradora del IMSS en 2020.

Enfrenta el Ejército demandas que le costarían 999 millones de pesos

Más documentos hackeados por el colectivo Guacamaya revelan que la Sedena enfrenta 125 juicios –entre administrativos, laborales, civiles y agrarios–, de los que prevé perder 48; y según los propios cálculos de la dependencia, esto podría costarle casi 999 millones de pesos el próximo año, sólo en pagos de diferentes condenas en su contra.

De todas las demandas que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) enfrenta actualmente en diferentes tribunales del país, para 2023 la dependencia podría pagar más de 900 millones de pesos en condenas.

De acuerdo con un informe interno de la Sedena, realizado en agosto pasado y que forma parte de los miles de documentos hackeados por el colectivo Guacamaya, actualmente la dependencia castrense mantiene abiertos 125 litigios en los que se le reclama el pago total de mil 396 millones 813 mil 783.29 pesos.

#Guacamayaleaks Hackeos revelan que al presidente no lo cuida el pueblo… él se cuida del pueblo

Contrario a lo que el presidente López Obrador ha sostenido desde que fue candidato, sobre que no necesita escoltas porque “la gente me cuida”, reportes de la Sedena –hackeados por el colectivo Guacamaya– revelan que los aparatos de inteligencia y seguridad militar están más preocupados por protegerlo de protestas sociales, que tienen “el objeto de hacer peticiones y/o muestras de afecto”, dejando de lado los riesgos por el narco, pese a que visita localidades bajo la influencia de cárteles y grupos violentos. Así, entre la lista de amenazas figuran familiares de mujeres asesinadas, de desaparecidos, maestros, normalistas, campesinos, pescadores y hasta enfermos de covid-19.

Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador visita algunos de los estados más peligrosos del país, las preocupaciones del Ejército no son los grupos del crimen organizado que pudieran atacarlo, sino las protestas sociales.

Proceso revisó documentos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que forman parte de los correos electrónicos hackeados por el colectivo Guacamaya, en los cuales el Ejército realiza labores de inteligencia previo a las visitas del mandatario para identificar cuáles son los posibles riesgos que enfrentará al llegar al lugar designado.

La Sedena se dio el lujo de girar instrucciones a la CNDH

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no sólo se resistió a entregar información al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que investiga la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sino que se dio el lujo de instruir a la CNDH para que el organismo ignorara una queja interpuesta por el comité de madres y padres de los estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014, según se desprende de los documentos hackeados por el colectivo Guacamaya.

Revelada la resistencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para entregar información al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para esclarecer el caso Ayotzinapa, la dependencia encabezada por Luis Cresencio Sandoval González se tomó la libertad de instruir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para cerrar una queja interpuesta por el Comité de Madres y Padres de los 43 Normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.