A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha declarado en varias ocasiones que el proyecto minero Los Cardones, en Baja California Sur, está cancelado, «no se ha presentado algún documento que formalice este dicho» y, por el contrario», están vigentes 15 concesiones relacionadas con la mina, denunciaron habitantes, organizaciones civiles y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

En un comunicado, las organizaciones señalaron que de acuerdo a la Secretaría de Economía las 15 concesiones mineras relacionadas con el proyecto continúan vigentes, algunas hasta el 2055, además de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que no ha recibido ninguna solicitud por parte de presidencia para cancelar el permiso ambiental otorgado a la mina, por lo que el proyecto aún cuenta con la autorización de impacto ambiental.

Desde hace cuatro meses el proyecto minero San José de la minera Cuzcatlán «opera en completa ilegalidad» en los Valles Centrales de Oaxaca, pues continúa con sus actividades a pesar de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) le retiró los permisos ambientales hasta 2023, denunció el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos.

Las autoridades comunitarias que integran el Frente recordaron que la Semarnat decidió retirar los permisos con los que se extendía por doce años la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la minera, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, que fueron resultado del «tráfico de influencias y la corrupción» entre diputados federales y funcionarios de la dependencia.

La empresa minera Cuzcatlán «ha irrumpido clandestinamente» en las comunidades zapotecas de Magdalena Ocotlán, Monte del Toro y San Martín de los Cansecos, Oaxaca, a pesar de que en las asambleas comunitarias declararon sus territorios libres de minería, por lo que representa una violación a su derecho de la libre determinación, denunció el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos.

La entrada de la minera Cuzcatlán a las comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca se suma a la presión de la Secretaría de Gobernación (Segob) para que haya una reunión con los directivos de la empresa y al «error tipográfico» que cometió la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) con el que otorgó a la minera dos años de explotación comercial, a través de la ampliación de su Manifestación de Impacto Ambiental.

Tras un proceso judicial que se prolongó por más de siete años, la comunidad indígena de Zacualpan ganó un juicio de amparo contra el otorgamiento de los títulos de concesión minera 227572 y 201872, correspondientes a los lotes Tigrilla y Heliotropo, registrados a nombre de Mario Carlos Moncada Cantú y Adolfo Pineda Martínez, respectivamente.

En su sentencia relativa al juicio de amparo 458/2015, el juez primero de Distrito en esta ciudad, Jorge Damián González Villaseñor, ordenó a las autoridades federales de la materia dejar sin efecto los referidos títulos de concesión minera, pues para emitirlos “en ningún momento consideraron los usos y costumbres de dicha comunidad”, ignorando su especial situación de vulnerabilidad al ser integrante del grupo indígena nahua.

Organizaciones y redes de América y Europa manifestaron su preocupación por «el clima de inseguridad y amenazas» en el Valle de Ocotlán, Oaxaca, por la operación ilegal del proyecto minero Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines.

En un pronunciamiento, las organizaciones reprobaron que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) notificara a la minera la autorización para renovar los permisos ambientales por otros 12 años de explotación comercial, a pesar de las denuncias por los asesinatos de defensores que se oponían a la mina, las obras irregulares, la contaminación del agua y el estrés hídrico en el que se encuentra el acuífero.

La comunidad nahua de Tecoltemi, en la áridas sierras de Puebla, en el centro este de México, celebraba esta semana el triunfo de siete años de batalla legal contra una minera canadiense que, según los pobladores, ponía el peligro la escasa agua que tenían, su salud y su derecho a un medio ambiente sano.

La Suprema Corte de Justicia del país decidió el miércoles “dejar sin efecto” dos concesiones de la empresa canadiense Almaden Minerals para extraer oro y plata en sus montañas a cielo abierto porque no hubo una consulta previa a los pueblos indígenas afectados, tal y como ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del cual México forma parte.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió ayer miércoles dejar sin validez dos concesiones mineras otorgadas a Almaden Minerals, minera canadiense que proyecta abrir una mina de oro y plata a cielo abierto en Ixtacamaxtitlán, en la sierra norte de Puebla.

Animal Político publicó en agosto de 2020 una investigación que documentó que este proyecto minero requerirá más de 5 millones de litros de agua diarios en una comunidad indígena que padece sequías severas, y que, por tal motivo, ciudadanos de las comunidades aledañas al proyecto, como el ejido de Tecoltemi, habían interpuesto amparos contra la concesión a esta compañía canadiense y contra la misma Ley Minera.

A escasos 300 metros de la comunidad de Naopa, en la sierra hidalguense, se estableció en 1992 una mina a cielo abierto de manganeso, una de las diez más extensas del planeta y la más importante para el continenente americano. La empresa encargada es Mina Autlán, nombre que lleva por el un municipio del estado de Jalisco, que en 1953 estableció su primera unidad para extraer este material.

Los habitantes han realizado manifestaciones por las diversas afectaciones a su salud, al territorio, el agua y la tierra, pues la mina ha ocasionado derrumbes, la tala de árboles avanza con velocidad y las enfermedades asociadas a la contaminación se presentan todos los días.

La comunidad michoacana de San Juan Huitzontla, ubicada en la zona sierra-costa del municipio de Chinicuila, gana amparo contra el otorgamiento de títulos de concesión minera por parte de la Secretaría de Economía (SE) a las empresas Las Encinas y ArcelorMittal México.

Según informó la defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el pasado 21 de enero, el Juez Sexto de Distrito con sede en Uruapan Michoacán, concedió un amparo a la comunidad nahua contra  el otorgamiento por parte de títulos de concesión miner, otorgados por la Secretaría de Economía, “por estimar que con ello se ignoró el derecho de la comunidad a ser consultada de manera libre, previa e informada”.

Una vez más, trabajadores de la sección 333 de la mina San Rafael, en Cosalá, Sinaloa, estallaron en punto de las 12:00 hrs la huelga debido a que la empresa Americas Gold and Silver insiste en negarse a reconocer al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, como titular del contrato colectivo de trabajo (CCT).

Además, “ha intervenido en la vida interna” de dicho sindicato “para imponer modificaciones que violan los derechos legítimos” de los obreros, señaló la organización en un comunicado.

Comunidades del Valle de Ocotlán, Oaxaca, rechazaron que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgara el permiso para ampliar por 12 años más la minera Cuzcatlań, filial de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, y reafirmaron su lucha y organización contra esta “traición” de las autoridades.

“No nos sorprende la traición de este gobierno, todos nos han traicionado, pero sí nos molesta”, señalaron autoridades municipales y agrarias de San Pedro Apóstol y San Pedro Mártir, así como el colectivo Articulación por la vida, contra la minería del Valle de Ocotlán.

Tras un ejercicio de consulta indígena organizada desde y para los pueblos, diez comunidades zapotecas de los Valles Centrales de Oaxaca reunieron 6 mil 172 firmas para rechazar la imposición de la minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, en sus territorios.

Las asambleas fueron realizadas el pasado 10 y 11 de diciembre en las comunidades de Santa Catarina Minas y San Dionisio Ocotepec, como respuesta a la consulta exprés que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de Gobernación (Segob) propusieron para la aprobación del megaproyecto.

Las comunidades zapotecas del Valle de Ocatlán, Ejutla y Tlacolula denunciaron la «actitud servil» del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) frente a los intereses de la Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, y rechazaron las acciones de su administración para continuar con la imposición del proyecto minero.

«No existe ningún cambio respecto de gobiernos anteriores […]. AMLO no está representando los intereses del pueblo zapoteco que lo eligió, sino de empresas extranjeras canadienses. Su determinación representa una traición a la voluntad popular en Oaxaca», concluyeron las comunidades que este 10 y 11 de diciembre participaron en asambleas regionales para decidir si autorizaban la minería en sus territorios.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó por cuarta ocasión la autorización del manifiesto de impacto ambiental (MIA) al proyecto minero Cerro del Gallo, en Dolores Hidalgo, Guanajuato, solicitado por San Antón de las Minas, SA de CV, filial de la minera canadiense Argonaut Gold.

Lo anterior fue publicado el 02 de diciembre en la gaceta Ecológica de la Semarnat y comunicado en una asamblea el 04 de diciembre en la fiesta Patronal de Santa Bárbara, una de las comunidades más grandes amenazadas por el proyecto minero. En dicha fiesta participaron representantes de varias organizaciones como la Red Mexicana de Afectados por la Minería y Hermandad de la Cuenca de la Independencia.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó por cuarta ocasión la aprobación del manifiesto de impacto ambiental (MIA) al proyecto minero Cerro del Gallo, en Dolores Hidalgo, Guanajuato, que solicitó la empresa San Antón de las Minas, SA de CV, filial de la minera canadiense Argonaut Gold, informó la organización no gubernamental Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema).

El resolutivo de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat expresa: “Se resolvió archivar el expediente como asunto totalmente concluido, indicándole (a la empresa) que no podrá realizar ninguna obra o actividad”, aunque se advierte que la compañía minera mantiene a salvo su derecho de impugnar el fallo.

Las comunidades de San Pedro Apóstol y San Pedro Mártir de Ocotlán, en Oaxaca, rechazaron la consulta que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) pretende realizar para aprobar el proyecto minero San José, de la empresa Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines.

Las comunidades señalaron que a través de la consulta la Semarnat decide «poner en bandeja de plata» el futuro del valle de Ocotlán «en las manos de la criminal empresa Cuzcatlán, una empresa con un enorme poder de corrupción, con un poder económico aplastante y que tiene acuerdos con todos los partidos políticos».

Mientras que la minera canadiense Fortuna Silver Mines obtuvo ganancias millonarias por el proyecto San José, para las comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca ha habido pobreza y violencia sistemática en sus territorios, denunció el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos.

Detalló que la ganancia bruta del proyecto San José desde el inicio de su explotación comercial en 2011 ha sido de 750 millones de dólares, mientras que para los Valles Centrales «ha quedado la división comunitaria, las amenazas, asesinatos y agresiones hacia defensores comunitarios, la contaminación del medio ambiente y la disminución alarmante de los pozos de agua».

Cerca de 100 mujeres indígenas reunidas en el Encuentro Regional de Mujeres Chontales en Defensa de la Tierra y el Territorio se pronunciaron contra el proyecto minero Zapotitlán 1 y exigieron al tribunal de Justicia de Oaxaca resuelva el recurso interpuesto por la Asamblea del Pueblo Chontal conforme a los derechos de los pueblos indígenas.

Reunidas los días 13 y 14 de noviembre en la comunidad de Santa María Candelaria, en la Sierra Sur de Oaxaca, las mujeres provenientes de varias comunidades presentaron el Comité Regional del Pueblo Chontal e intercambiaron experiencias sobre la participación política y la defensa del territorio.

Comunidades de Ixtacamaxtitlán rechazaron que la Minera Gorrión, subsidaria de la canadiense Almaden Minerals, pagara por la realización de la Evaluación de Impacto en Derechos Humanos (EIDH) para avanzar con el proyecto minero Ixtaca en Puebla.

Reunidos en la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua, los comuneros recordaron que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazó a finales del 2020 que la minera iniciara su fase de explotación y que el proyecto no cuenta con las autorizaciones del gobierno «ni mucho menos» con el consentimiento de los pueblos.

Con bloqueos en la carretera federal 175 en inmediaciones de Magdalena Ocotlán y Monte del Toro, el Frente no a la minería por un futuro de Todxs, exigió la cancelación de proyecto minero San José de la empresa Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, por afectar el ambiente de las comunidades de Valles Centrales al construir 75 obras irregulares.

En respuesta, las autoridades agrarias y municipales integrantes del Frente no a la minería denunciaron han recibido una serie de amenazas por exigir cancelación de proyecto minero a través de bloqueos carreteros.