También acusó al sector transportista de estar infiltrado por el narco, sin especificar en qué regiones y el nombre de las organizaciones.
Luego calificó de ilegales a la mayoría de grupos de autodefensa que existen en cinco de las siete regiones.
Sobre ese tema, Salazar dijo que para resolver el conflicto de la expansión y enfrentamientos armados entre guardias comunitarias y delincuentes, ha propuesto que aquéllas se integren al sistema de la Policía Rural que administra el Ejército, “pero no quieren”, acusó el funcionario estatal para justificar la inoperancia gubernamental.
Ello, a pesar de que este fin de semana, Salazar Adame pactó con los dirigentes de la autodefensa denominada La Tecampanera del municipio de Teloloapan; investigar al alcalde priista de Arcelia, Adolfo Torales Catalán, por sus presuntos nexos con el narco, y detener a los líderes del grupo delictivo La Familia, Johnny Hurtado Olscoaga El Mojarro, quien es señalado como proveedor de la empresa minera canadiense Torex Gold asentada en Cocula y socio del empresario de negro historial Carlos Ahumada Kurtz, dueño de la minera Beneficiadora de Minerales Temixco.
De esta forma, Salazar destrabó de forma momentánea el conflicto que persiste en la zona Norte, luego de que los miembros de la autodefensa bloquearon durante más de 30 horas la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano a la altura de Teloloapan para exigir seguridad y la liberación de tres personas que fueron secuestradas hace dos semanas por la banda de La Familia, afincada en Arcelia.
Además, el gobierno de Héctor Astudillo brinda seguridad personal, a través de la Policía Preventiva Estatal (PPE), a Bruno Plácido Valerio, líder de la autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG).
Esta mañana en la sede del Poder Legislativo, el secretario de Gobierno, Florencio Salazar, y el titular de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, comparecieron ante la Comisión de Seguridad de la LXI legislatura local, que preside el diputado priista Héctor Vicario Castrejón, como parte de la glosa del primer año de administración del priista Astudillo Flores.
Al respecto, Almazán advirtió que la sociedad está al borde de la desesperación ante los niveles extremos de violencia que se viven en la entidad.
No obstante, redujo el problema de la violencia a la falta de presupuesto para combatir el delito y dotar de equipo a la Policía Estatal.
Ello a pesar de que en marzo la agencia de noticias Apro dio a conocer que, a finales de noviembre anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió un informe en el que advierte de “un probable daño” al erario por 19 millones 802 mil pesos ejercidos durante 2014, último año de gestión del gobernador Ángel Aguirre Rivero, y 2015, en que gobernaron el mandatario interino Rogelio Ortega y, a partir de octubre, Héctor Astudillo.
Esos casi 20 millones provinieron del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) destinado a las entidades federativas.
La revisión detectó la adjudicación directa de contratos millonarios a empresas de forma irregular, la compra irregular de armamento que involucra al Ejército, así como la adquisición de un sistema de espionaje telefónico para la Fiscalía General del Estado (FGE), entre otras anomalías.
Según el informe, las autoridades estatales no presentaron documentos para comprobar esos gastos, incurrieron en diversas irregularidades en materia de adquisiciones y violaron indicaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Coordinación Fiscal.
A pesar de esta situación, el millonario desvío de recursos públicos del fondo para combatir el delito sigue impune y nadie ha sido sancionado.
En la prolongada comparecencia, Salazar Adame admitió “la insuficiencia” del gobierno de Astudillo, debido a que a un año de su gestión, no han logrado revertir los efectos de la narcoviolencia en la entidad.
De forma paradójica, Salazar Adame aseguró que la sociedad puede transitar libremente en la entidad, a pesar de que la delincuencia controla territorios completos y se han vuelto comunes el secuestro, los asesinatos, la extorsión y la desaparición de personas.
En su mensaje, el funcionario del gobierno de Astudillo dijo que los conflictos sociales se deben superar, pues “no podemos caer en la subcultura de la protesta constante, incluso por cuestiones francamente menores”, expresó.
Salazar pidió a la sociedad respetar la vida económica, política social, rural y mantener libres las vías de comunicación, y apegar su conducta a lo que marca la normatividad.
También criticó y minimizó los bloqueos que realizan ciudadanos, al argumentar que tienen su origen en que “un maestro fue cambiado o que el maestro que llegó no es satisfactorio para los padres de familia, porque faltan mesabancos o pizarrón y porque alguna autoridad no cumplió algún compromiso”, indicó.
Por ello, Salazar exhortó a la sociedad y a los diputados a reorientar lo que definió como “subcultura de la protesta”, debido a que afecta a terceros y “genera la falsa idea de que si toman una oficina pública encontrarán respuestas a sus problemas, esto no es así”, atajó el funcionario.
La postura de Salazar Adame provocó molestia en algunos de los diputados.
En el caso de la legisladora por Morena, María de Jesús Cisneros, ésta se enfocó en exigir la renuncia de los funcionarios por su incapacidad, argumentando que la entidad es la más violenta en el país, donde la pobreza es evidente y “los desfalcos a las arcas del pueblo no se investigan, ni se castigan y el dinero no se recupera, es el Guerrero del oprobio y de la realidad más insultante, y ustedes son la tapadera, por eso les recomiendo que se vayan a descansar”, expresó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/462705/narco-ya-problema-gobernabilidad-en-guerrero-secretario-gobierno
