Un coronel de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) rechaza reconocer a su hija, quien tiene una condición médica que requiere tratamiento especializado, y pagar su manutención, lo que ha logrado con la protección de autoridades judiciales en el estado de Coahuila.
Se trata del coronel de infantería de Estado Mayor José Barragán Chávez, quien desde el año 2022 fue demandado por Hatzy, nombre modificado por razones de seguridad, con quien tuvo una hija, para otorgar el reconocimiento de paternidad de ésta, pagar la manutención e inscribirla al servicio médico de las Fuerzas Armadas, debido a que la niña padece hemiparesia (debilidad o falta de control muscular en la mitad del cuerpo).
Proceso tuvo acceso a la demanda de reconocimiento de paternidad presentada por Hatzy contra el militar en la que relata que de 2019 a 2020 fue segundo comandante del 69 Batallón de Infantería, de la ciudad de Saltillo, Coahuila, época en la que ellos se conocieron y sostuvieron una relación sentimental que duró dos años, pese a que él es casado.
Para enero de 2021, Barragán fue convocado a concurso de selección para cubrir plazas de Agregado Militar y Aéreo Adjunto a las embajadas de México en el extranjero, donde resultó vencedor y fue asignado a la Embajada de México en Canadá, con residencia en Ottawa, Ontario.
En agosto de ese año, antes de que Barragán se fuera a Canadá, Hatzy quedó embarazada y le dio la noticia al futuro padre.
“Tal noticia fue recibida por José Barragán Chávez de una manera sorpresiva, manifestando enojo y cuestionándose sobre cómo nos había podido pasar eso, señalando incluso que precisamente por esa razón él no andaba con una jovencita, sino con una mujer inteligente y madura que no le pudiera ‘salir con una cosa así’”, detalló la mujer.
Conforme fue avanzando el embarazo la situación entre ellos era cada vez más tensa, llegando al grado en el que, en julio de 2022, tres meses después de que la hija de ambos nació y estando él en Canadá, Hatzy inició el litigio de reconocimiento de paternidad.
La estrategia del militar
En los tres años que lleva de iniciado el litigio por los derechos de su hija, Hatzy ha padecido violencia vicaria, institucional, impunidad y tráfico de influencias por parte de José Barragán Chávez.
Su demanda fue admitida a trámite por Daniel Abraham González Esquivel, juez Tercero de Primera Instancia en materia Familiar en Coahuila, bajo el número de expediente 1078/2022.
De manera provisional, en octubre de 2022 el juez decretó una pensión alimenticia a favor de la niña consistente en el 25% de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios de Barragán Chávez.
El militar contestó la demanda hasta febrero de 2023, por lo que el juez ordenó la realización de una prueba de ADN y designó como perito oficial a Edgar Arnoldo de la Rosa Alvarado, coordinador de Genética de la Fiscalía General de Coahuila.
Sin embargo, entre los abogados que el elemento castrense designó para representarlo, se encuentra Anel Concepción de la Rosa Padilla, media hermana del perito designado por el juez González Esquivel.
Para ese momento Hatzy no había reparado en la relación familiar entre ambos, pues acababa de recibir amenazas de muerte por parte de Barragán Chávez durante una videollamada que le hizo desde la Embajada de México en Canadá, razón por la que lo denunció por violencia familiar.
En una audiencia realizada el 3 de abril de 2023 ante el juez de Distrito, Benito Edgardo Hernández Luna, del Centro de Justicia Penal Federal de Coahuila de Zaragoza, con sede en Torreón, el coronel compareció por videoconferencia acompañado por sus abogados y, de manera extemporánea, afirmó que ya sabía que el resultado de la prueba de ADN no saldría en su contra.
Fue en ese momento que Hatzy se dio cuenta de que la abogada Anel Concepción de la Rosa Padilla y el perito encargado de realizar la prueba para acreditar la paternidad de su hija comparten el apellido paterno, por lo que consiguió las actas de nacimiento de ambos para acreditar que son hijos del mismo padre, razón por la que el 9 de abril solicitó declarar impedido a Edgar Arnoldo de la Rosa Alvarado para que él no realice el dictamen pericial.
Sin embargo, al percatarse de esto, el 11 de abril siguiente, Barragán Chávez revocó a la abogada Anel Concepción de la Rosa Padilla, pero mantuvo al resto de su equipo legal, para que su medio hermano y perito designado por el juez Familiar no fuera declarado impedido.
El militar no sólo logró su cometido sino que el juez González Esquivel le impuso una multa a Hatzy por “faltas de probidad y lealtad” y ordenó realizar una anotación en su registro profesional por mala praxis legal.
Posteriormente, en el juicio familiar todas las pruebas de Hatzy fueron desechadas y sólo fue admitida una prueba de Barragán Chávez, que consistía en la declaración de la mamá de la niña.
En tanto, para la prueba genética ordenada desde el inicio, el juez determinó que no se permitiría a ninguna de las partes designar perito, se realizaría con un perito único: Arnoldo de la Rosa Alvarado.
El perito tomó las muestras de ADN el 8 de mayo de 2023 únicamente a Hatzy y al militar, no a la hija de ambos, y en ningún momento se respetó la cadena de custodia que debe observarse para las mismas.
Para el 6 de julio de 2023 Hatzy debía presentarse al juzgado para desahogar la prueba que le fue admitida al militar, pero no acudió por razones médicas, y aunque presentó justificante, el juez ordenó investigarla, citó a su médico, requirió sus antecedentes clínicos y pidió informe al trabajo de ella para saber si había presentado incapacidad médica o no.
Ante las conductas del juez González Esquivel, Hatzy presentó una queja en su contra al Consejo de la Judicatura de Coahuila, donde se determinó el 28 de septiembre de 2023 iniciar un procedimiento de responsabilidad en su contra.
El juez se excusó de continuar con el juicio y envió el expediente al juzgado Cuarto de Primera Instancia en materia Familiar.
En tanto, en el procedimiento de responsabilidad iniciado por el Consejo de la Judicatura, el juez ofreció como testigo al perito de la Rosa Alvarado, quien acudió a declarar acompañado del abogado Osvaldo Espinoza Rodríguez, quien meses después, en enero de 2025, compareció como defensor de Barragán Chávez en una audiencia de medidas de protección solicitadas por Hatzy en la carpeta de investigación iniciada contra el militar por violencia familiar.
Sin embargo, el juez Daniel Abraham González Esquivel fue absuelto, por lo que Hatzy solicitó un amparo en el que el juzgado Quinto de Distrito le dio la razón en febrero de este año, pero dicha resolución ya fue impugnada.
“Existe un evidente desequilibrio de poder entre el demandado, coronel José Barragán Chávez, y yo, ello aunado a sus múltiples amenazas de que él movería las cosas a su favor aquí en Saltillo. Tengo temor de que siga cometiendo actos de corrupción e influyentismo para lograr su cometido, pues es evidente que el Poder Judicial local ha actuado en forma parcial a su favor”, comentó Hatzy para Proceso.
“Tengo temor de que siga ejerciendo actos de violencia, incluso temo por mi integridad o la de mi hija, pues fui informada en la Sedena que él ya culminó su comisión en la Embajada de México en Canadá y ya se encuentra en territorio nacional como comandante de Batallón de Policía Militar en Irapuato, Guanajuato”.
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