El Capitán de Fragata, Omar Armando Valdés Neria, fue nombrado nuevo Director de la Policía Municipal de San Felipe, en sustitución de Marco Vinicio Tisnado García, el cual dejó el cargo luego de mantener la titularidad de la corporación desde que José Luis Dagnino se volvió presidente del Concejo Fundacional de San Felipe hace ya casi 4 años.

La modificación en el séptimo municipio obedece -oficialmente- a rotaciones normales dentro de la Secretaría de Marina, pues el ahora ex jefe Marco Vinicio Tisnado, está próximo a jubilarse y será enviado a una misión castrense en el Sur del país.

La renuncia fue presentada el pasado sábado 31 de mayo, pero se hizo efectiva al término de la jornada electoral del primero de junio, toda vez que ya estaba definido todo el plan de trabajo para garantizar la seguridad dentro la jornada.

Este lunes 2 de junio, el Cabildo de San Felipe, recibió tanto la renuncia como la propuesta de José Luis Dagnino, presidente municipal del puerto, para presentar al nuevo mando de la seguridad, el cual fue respaldado por los ediles.

Según el curriculum vitae, Omar Armando Valdés Neria, es Capitán de Fragata Infantería de Marina, Paracaidista, quien ingresó a la Heroica Escuela Naval Militar, en 1999, como Cadete del Cuerpo de Infantería de Marina.

Cuenta con 24 años de experiencia de servicio al mando y manejo de personal, recursos financieros y materiales.

“Durante su desarrollo profesional se ha desempeñado como Oficial de cargo en diversas unidades de Infantería de Marina de la Armada de México, así como Comandante y Jefe de Grupo de Comando en Compañías y Batallones de Infantería de Marina; específicamente en Lázaro Cárdenas, Michoacán, Manzanillo, Colima y Puerto Vallarta, Jalisco; siendo su última comisión operativa, la de Jefe de Grupo de Comando del Batallón de Infantería de Marina Número 37 en Coatzacoalcos, Veracruz”, reza el documento público.

Cuenta con experiencia en áreas civiles, como cuando en 2019 fue nombrado Director General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito, en La Paz, Baja California Sur.

Cuenta con “Diplomado en Políticas Públicas de Seguridad Nacional y de Seguridad Pública impartido por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Comisión de Defensa de la H. Cámara de Diputados, en la Ciudad de México”.

Cabe señalar que se ha hecho acreedor a las Condecoraciones de Perseverancia de Sexta, Quinta y Cuarta Clase por haber cumplido de 10 y 15 y 20 años de servicio activo en la Armada de México, también ha sido merecedor del Distintivo de Mando Naval.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denunció a los policías estatales que participaron en la detención del delegado José Luis Aranza Aguilar ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En un comunicado, la dependencia informó que pidió a la fiscalía nacional “esclarecer lo sucedido y deslindar las responsabilidades” en la detención de Aranza Aguilar, el 22 de abril a mediodía en Victoria, Tamaulipas.

La captura provocó polémica por las distintas versiones.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el aumento de percepciones para el Ejército mexicano: “Ustedes son los guardianes de nuestra soberanía y los defensores de la paz y la seguridad (…) los llevamos en la mente y en el corazón siempre”, consideró.  

En el día del Ejército Mexicano, en las instalaciones del 27 Regimiento de Caballería Motorizado, en Cerralvo, Nuevo León, la mandataria federal dijo que a este agrupamiento, además de la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional se dirigía con “un profundo sentido de respeto y gratitud”.

Como una imposición y no una negociación calificó Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional del partido Movimiento Ciudadano, el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respecto al envío de 10 mil elementos de la Guardia Nacional para reforzar la frontera con Estados Unidos, con el objetivo de evitar el cruce de migrantes y fentanilo.

Durante su visita a Mexicali para respaldar a los candidatos de su partido, el ex candidato presidencial de Movimiento Ciudadano habló sobre diversos aspectos de la vida pública del estado y del país, donde aseguró que la militarización que se está propagando tendrá consecuencias severas.

Consideró que los tres principales retos del país actualmente son el abasto y la generación de energía, la disponibilidad de agua y la seguridad, ya que estos impactan en diversos ámbitos, entre ellos la inversión.

Comentó que es urgente un cambio en el modelo de política de seguridad, orientado hacia una visión civil, pues —consideró— la problemática no es exclusiva de Baja California, donde aún existen condiciones para hacer un cambio y mejorar la situación, a diferencia de otras entidades como Sinaloa. Al respecto, señaló que el gobernador Rubén Rocha Moya debería hacerse a un lado.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó un informe especial sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en el que rechaza que haya militarización en México.

Además, el organismo destaca que hay una disminución notable en el número de quejas interpuestas ante el organismo contra las Fuerzas Armadas respecto a administraciones pasadas.

Más de 300 organizaciones y redes agrupadas en el Colectivo EPUMx urgieron al Estado mexicano a adoptar medidas “que coloquen los derechos humanos al centro de las políticas públicas, es decir, dejando de lado las políticas que promueven la profundización del poder militar sin controles o las políticas punitivistas violatorias de derechos”, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos.

El colectivo, que durante el cuarto Examen Periódico Universal (EPU) dio 318 recomendaciones a México, recordó que las medidas hechas por la comunidad internacional “fueron rechazadas por el Estado”, a pesar de que la violencia afecta “de manera desproporcionada a comunidades enteras y representa un desafío que requiere respuestas inmediatas y sostenibles que pongan al centro la dignidad humana”.

La militarización de la seguridad pública en México de los últimos 20 años es una estrategia “fallida, ya que no sólo no ha ayudado a reducir el crimen y la violencia que afecta al país, sino que ha generado un ambiente propicio para que integrantes de las fuerzas armadas violen los derechos humanos cuando llevan a cabo sus actividades de seguridad pública”, aseguró Amnistía Internacional.

Después de 20 años de recurrir a las Fuerzas Armadas al frente de la seguridad pública en México, la persistencia de la violencia en el país alerta que “esta estrategia ha sido fallida, ya que sólo no ha ayudado a reducir el crimen y la violencia que afecta al país, sino que ha generado un ambiente propicio para que integrantes de las Fuerzas Armadas violen los derechos humanos cuando llevan a cabo sus actividades de seguridad pública”.

Así lo considera Amnistía Internacional en su más reciente informe “Cambiando el paradigma. De la militarización de la seguridad pública a la seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos”.

“No hay garantía de que las personas migrantes sobrevivientes y familias de los fallecidos reciban justicia y reparación del daño, así lo han demostrado las diferentes masacres contra dicha población y los casos donde elementos del ejército están involucrados”, denunciaron organizaciones de derechos humanos, tras el asesinato de seis migrantes a manos de militares en Villa Comaltitlán, Chiapas, el pasado 1 de octubre.

Quien se consideró a sí mismo el presidente más humanista, Andrés Manuel López Obrador, concluye su mandato con la firma de la reforma constitucional que entrega el control, ahora, de la seguridad pública al Ejército, protagonista histórico de masacres en México.

El de izquierda, que durante su campaña afirmó que de llegar a la silla presidencia regresaría a los militares a los cuarteles y su movimiento clamaba el “no a la militarización”, al estar en el poder no sólo no los sacó de las calles, al contrario, les entregó el poder de acaparar obras y con ellas el presupuesto.

Gabriella Citroni, presidenta del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o involuntarias de las Naciones Unidas, afirmó que la ONU reitera su ofrecimiento a México de asistencia técnica para que la reforma a la Guardia Nacional se alinee a los estándares internacionales.

El 4 de diciembre de 2020, Andrés Manuel López Obrador recién celebraba sus dos años como presidente y fue a Nayarit para supervisar el Canal Centenario, la llamada “obra hidroagrícola del siglo, la más importante del sexenio”.

“Estoy seguro que en este sexenio, antes de que concluya nuestra función, vamos a terminar esta obra con los 8 mil millones de pesos de inversión”, aseguró López Obrador.

Sin apoyo de la oposición, Morena y aliados aprobaron en lo general en la Cámara de Diputados el pase de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La mayoría calificada de los partidos de la Cuarta Transformación logró 362 votos a favor de la iniciativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por 133 en contra.

En un llamado con escasas esperanzas, las organizaciones reunidas en el colectivo Seguridad Sin Guerra exhortaron hoy a los diputados federales a votar en contra de la reforma constitucional sobre la Guardia Nacional impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues advirtieron sobre varios artículos que, de aprobarse, otorgarán un “poder absoluto” a las Fuerzas Armadas, con consecuencias “sumamente graves para los derechos humanos”.

Amnistía Internacional llamó al Congreso mexicano a no aprobar la reforma constitucional que da al Ejército mexicano el control de la Guardia Nacional.

Argumenta que se debe abandonar el enfoque militarizado de la seguridad pública.

El Grupo de Trabajo de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos sobre Detenciones Arbitrarias observó que la detención arbitraria sigue siendo una práctica generalizada en México y expresó su profunda preocupación sobre la militarización de la seguridad pública, la figura del arraigo, y el abuso del uso de la fuerza durante las detenciones en el país.

El pasado domingo, la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, volvió a insistir en  un punto al que ya se había referido en múltiples ocasiones durante su campaña: que la intención de su próximo gobierno es que se apruebe en el Congreso la reforma planteada por el hoy presidente López Obrador para que la Guardia Nacional se integre de manera definitiva a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). 

Este domingo, en la inauguración de un cuartel de la Guardia Nacional (GN) en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, en Oaxaca, Claudia Sheinbaum afirmó que seguirá fortaleciendo y consolidando a ese cuerpo de seguridad como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En el evento, donde también estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, la virtual presidenta electa aseguró que la venidera reforma constitucional permitirá robustecer a la Guardia Nacional, de la que dijo hay una plena aceptación en la población mexicana.