El Gobierno de la Ciudad de México retiró de la Glorieta de la Palma el antimonumento a las personas desaparecidas que colectivos habían instalado el domingo, una decisión que provocó reclamos de esas agrupaciones.

A través de pronunciamientos, los colectivos acusaron a la administración capitalina de querer “desaparecer” nuevamente a quienes son buscados.

Eduardo Ramírez cumple 29 años este 10 de mayo, pero Araceli, su mamá, ni espera ni quiere que llegue ese día, porque desde hace un año ocho meses, no sabe dónde está su hijo, desaparecido en la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México. 

Desde Centroamérica, pasando por la Ciudad de México y el Estado de México, hasta Sonora y Nuevo León, para las madres que buscan a sus hijos, que son parte de las 99 mil 805 personas desaparecidas hasta este domingo, no hay descanso. Las une la impotencia, la rabia, la valentía, la persistencia y el dolor, pero sobre todo un reclamo común: el trabajo, que ha recaído en ellas, de hacer presencia, insistencia y búsqueda e investigación ante la inacción de las autoridades. 

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que hará público el tercer peritaje que realizó la empresa noruega Det Norske Veritas (DNV) sobre el colapso de la Línea 12 del Metro, en el cual se apunta una falta de mantenimiento de esta administración y de la anterior a cargo de Miguel Mancera.

Hoy varios medios retomaron la publicación del diario español El País sobre el tercer peritaje de DNV en el cual señala que fallas en la inspección y en el mantenimiento se suman a las causas del colapso de la llamada Línea Dorada que dejó 26 muertos en mayo de 2021.

El tercer y último informe de Det Norske Veritas (DNV) señala fallas en las inspecciones y el mantenimiento como causas concurrentes en el colapso de un tramo de la Línea 12 del Metro y que llevaron a que siguiera funcionando cuando no estaba apta. 

El periódico El País tuvo acceso al tercer peritaje (contratado por el propio Ejecutivo) que la jefa de Gobierno de la Ciudad de Mexico, Claudia Sheinbaum, ha rechazado por considerar que es tendencioso y anunció una demanda civil contra la consultora noruega.

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) reservó de manera definitiva, por tres años, las bitácoras de operación del drenaje metropolitano correspondientes al 6 de septiembre de 2021, previo al desbordamiento del río Tula que causó la muerte de 14 personas.

Animal Político documentó que la inundación obedeció a que autoridades federales y capitalinas tomaron la decisión de enviar aguas negras hacia el municipio hidalguense para evitar afectaciones a la CDMX. El gobierno federal reconoció que la cantidad de agua enviada fue excesiva y superó la capacidad de carga del río Tula, lo que causó su desbordamiento.

La asesoría jurídica de las 12 personas afectadas por el desplome de un tramo de la Línea 12 del Metro solicitó ante el Agente del Ministerio Público la comparecencia de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

Teófilo Benítez, el asesor jurídico del grupo, presentó la petición ante María de la Luz Alcántar Alcántar, agente del Ministerio Público, adscrita a la Agencia de Atención Especializada para el caso Línea 12.

A más tardar en 90 días contados a partir del 21 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador deberá crear la nueva empresa del Estado encargada de administrar toda la cadena de producción del litio, la cual permitirá, según el gobierno federal, aprovechar al máximo este mineral y que sus beneficios sean exclusivamente para la nación.

Esto, luego de que el Congreso aprobara reformas a los artículos 1, 5, 9 y 10 de la Ley Minera, para establecer que el Estado es el único que puede explotar el litio. Sin embargo, de acuerdo con especialistas, la creación de esta empresa enfrenta diversos retos, entre ellos el económico, pues deberá funcionar en su primer año sin presupuesto propio y dependerá de lo que la Secretaría de Economía (SE) pueda otorgarle.

El Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta) informó que ha notificado a las autoridades aeronáuticas de al menos 30 incidentes aéreos y no solo uno como reportó previamente la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

En conferencia de prensa, el secretario general del Sinacta, José Alfredo Covarrubias, dijo que tras el rediseño del espacio aéreo en el Valle de México para la operación simultánea de Santa Lucía, Benito Juárez y Toluca, se han incrementado en un 300% los incidentes aéreos, esto de diciembre de 2021 a la fecha.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó este lunes que Ricardo Torres Muela fue designado como encargado de despacho en la dirección general en los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), luego de la renuncia de Víctor Hernández Sandoval.

La Secretaría de Gobernación (Segob) acordó este lunes junto a otras dependencias del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, así como con las aerolíneas involucradas, ordenar el espacio aéreo de la Ciudad de México para evitar incidentes como el ocurrido en el Aeropuerto Internacional capitalino (AICM) el sábado pasado.

México es el país latinoamericano que tiene el sistema de detención migratoria más amplio y fortalecido de la región, dijo la Dra. Alethia Fernández de la Reguera Ahedo, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), en la mesa de discusión Las caravanas migrantes en México y migración centroamericana y del Caribe, realizada en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

Fernández de la Reguera precisó que, comparado con otros países de Latinoamérica, México es el que tiene más centros de privación de libertad de personas en movilidad, con un total de 50, la mayoría de los cuales empezaron a construirse entre el 2000 y el 2010. Y en cuanto a la detención de migrantes, detalló que en 2021 el Instituto Nacional de Migración detuvo a 307 mil 679 personas, 80.7% provenientes de Centroamérica, principalmente de Honduras, Guatemala y El Salvador.

Un doble asesinato ocurrido durante la madrugada de este lunes 9 de mayo, se registró al interior de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Misión de Puebla, ubicado al Oriente de la ciudad.

Los hechos ocurrieron poco antes de la una de la mañana, dentro de la vivienda marcada con el número 1195 de la calle Fray Cardona, en dicha comunidad que conforma la zona de “Los Pueblas” una de las de mayor incidencia delictiva en el municipio.

Seis cuerpos sin vida fueron hallados en la batea de una camioneta abandonada en el poblado de Capacho, municipio de Cuitzeo, Michoacán.

La tasa de inflación en México subió en abril hasta el 7.68 por ciento, su mayor nivel desde enero de 2001, tras un aumento de los precios en el cuarto mes del año del 0.54 por ciento respecto al mes anterior impulsado por los alimentos y los pecuarios, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Puebla solo ha cumplido con una de las 45 medidas dictadas en la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, de acuerdo con el Dictamen del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario, cuya copia está en poder de CENTRAL.

La Fiscalía de Nuevo León confirmó la tarde de este lunes que el cuerpo hallado ayer en el municipio de Juárez es el de Yolanda Martínez Cadena, la mujer de 26 años que desapareció el 31 de marzo en la colonia Constituyentes de Querétaro tercer sector, en San Nicolás de los Garza.

De acuerdo con el Índice Global de Crimen Organizado de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, México tiene una puntuación criminal de 7.56, lo que lo coloca en el cuarto lugar en la lista de los 193 países analizados.

Primera parte. Autoridades federales y estatales encubrieron irregularidades en los refugios de la organización Comisión Unidos vs Trata, propiedad de la panista Rosa María de la Garza Ramírez, conocida como Rosi Orozco, revela la Recomendación 72/2022, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Las negligencias de los servidores públicos encargados de investigar las violaciones sexuales que sufrieron tres menores de edad –de 6, 9 y 11 años de edad, respectivamente– en esos albergues han permitido que tres integrantes de esa asociación civil –de los que no se dan nombres pero se les denomina probables responsables– sigan impunes.