La decisión del Consejo General del INE derivó de la estrategia sistemática del Verde para promocionar su imagen y por sobreexposición del mismo con la difusión de los informes de labores legislativas antes y durante el actual proceso electoral.
Previo a esta decisión, el PVEM promovió una petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano por considerar que las multas que se le han impuesto violan el derecho de acceso a la información.
Carlos Puente, vocero del PVEM, aseguró que el modelo de difusión diseñado por las autoridades electorales mexicanas es violatorio de los derechos humanos.
Incluso, salió en defensa de que sus legisladores hayan financiado la campaña del Verde para difundir sus gestiones parlamentarias: “Es un ejercicio de rendición de cuentas, lo queremos dejar muy claro”, justificó Puente.
También argumentó que el modelo creado por el INE ha perjudicado a los concesionarios de radio y televisión “con una doble tributación impuesta injustamente”.
Pese a que la queja de Morena y PRD contra el PVEM planteaba que se requiriera información a los representantes de Televisa y TV Azteca para confirmar las operaciones realizadas por el partido sancionado, al final de la sesión de este día el Consejo General determinó darle vista al SAT y a la Fepade, entre otros.
Al dar cuenta del proyecto de resolución, el consejero Benito Nacif indicó que la Unidad Técnica de Fiscalización consideró que existió una aportación en especie a favor del PVEM, asunto que decidió investigar, encontrando contratos, cheques y comprobantes de pago.
Al final, determinó que los recursos provenían de las cámaras de Diputados y Senadores, así como de aportaciones de legisladores a título personal.
La Unidad encontró 25 contratos firmados por los coordinadores de los grupos parlamentarios en ambas Cámaras por 107 millones 485 mil 237 pesos; 12 contratos firmados a título personal por 2 millones 279 mil 962 pesos, equivalente en total a 109 millones 765 mil 199 pesos, sin embargo, estas aportaciones están prohibidas por la ley electoral.
La sanción impuesta por nueve votos y dos en contra equivale a los 107 millones 485 mil 237 pesos elevada al 300 por ciento.
Pablo Gómez, representante del PRD, dijo a Nacif que la Comisión de Fiscalización que encabeza no investigó nada porque su queja fue presentada desde el 21 de enero, se tardaron dos semanas en recibirla y otras dos en admitirla. Esto fue hasta el 23 de febrero.
“Creo que falta en el proyecto la parte más importante. Es decir, hubo aquí centenares de miles de spots, pero los spots de origen, los de la televisora de cada una de las dos cadenas. Son 2 mil 274 de TV Azteca y mil 778 de Televisa para ser transmitidos en proyección nacional, o sea, con decenas de repeticiones o centenares. El importe pagado ya lo conocen, son 47 millones y pico en cada una de las dos televisoras. La tarifa por spot en el caso de Azteca es de 20 mil 956 pesos… El problema es que la Comisión de Fiscalización no investigó nada. Cuando digo de verdad que es nada, es nada”, fustigó.
Gómez indicó que lo que Nacif debió indagar es lo que se llama tarifa mínima, lo cual siempre se ha establecido en términos de medios de comunicación y quedó ya establecido en la última reforma de telecomunicaciones.
Sin embargo, las televisoras no quieren entregar esa información, cuando podría pedirla Nacif como presidente de la Comisión de Fiscalización al Ifetel, que es la autoridad que registra esas tarifas.
“Si las televisoras no quieren entregarlas no vamos a hablar de precio comercial, vamos a hablar de tarifa mínima. Es decir, no se puede cobrar menos. Y si se cobró menos que la tarifa mínima, entonces hay aportación. Como esa investigación no se ha hecho, propongo que se haga, puesto que el concepto de tarifa mínima es constitucional, si de algo ha de servir la Constitución”, planteó el perredista.
“Sobre esa base puede actuar la autoridad investigadora y puede llegar a las conclusiones que sean necesarias, porque spots, en proyección nacional de a 26 mil pesos, que me aparten unos tres o cuatro, no por falta de ganas sino por falta de dinero, hasta ahí sí puedo llegar y cualquier pudiera empezar a comprar ahora spots y revenderlos 10 veces más o 20 veces más”, criticó.
El consejero Ciro Murayama recordó que estas quejas fueron presentadas por el PRD y Morena por haberse beneficiado de la campaña en radio y televisión del 18 de septiembre y hasta febrero pasado, desplegando 293 mil 321 impactos en los medios de comunicación.
También recordó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que deberá ratificar la nueva multa al PVEM, había dictaminado, el 19 de diciembre, que sólo pueden propalarse en los medios los mensajes de los servidores públicos, a condición de que no aludan a la imagen, voz o símbolos que gráficamente impliquen al servidor público.
No obstante, “es claro lo que ocurrió. El PVEM tomó dinero de los grupos parlamentarios, recursos de origen público dedicados al buen funcionamiento del Legislativo para sumarlos, contraviniendo la ley al financiamiento público partidista que legalmente le correspondía. Fue una aportación en especie que asciende a más de un tercio del financiamiento público ordinario anual que recibe el partido”, acusó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
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