Un juez del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México podría cometer este jueves 4 un “albazo” en beneficio de la trasnacional agroquímica Bayer-Monsanto, en su juicio de amparo contra el decreto que prohíbe gradualmente la importación del herbicida glifosato, emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, alertó el colectivo Sin Maíz No Hay País.

En ese juicio de amparo, uno de los 37 que empresas de la agroindustria han presentado contra el decreto presidencial del 13 de febrero de 2023, el colectivo pidió integrarse para aportar evidencias sobre los daños que causa el glifosato y sobre los riesgos que el maíz transgénico acarrea para México, país del que el maíz es grano nativo.

Estados Unidos solicitó la realización de consultas para resolver una disputa en el marco del Tratado de Libre Comercio entre México, EU y Canadá, conocido como T-MEC, con respecto a la prohibición en territorio mexicano del maíz transgénico, anunció este viernes la representante comercial estadounidense Katherine Tai.

La oficina del representante comercial de EU (OUSTR, por sus siglas en inglés), detalló que la solicitud tiene que ver con “medidas relativas a los productos de la biotecnología agrícola” en un comunicado donde anunció la decisión.

El comercio del maíz amarillo transgénico es uno de los temas que organizaciones de México, Estados Unidos y Canadá esperan que se aborde durante la Cumbre de Líderes de América del Norte que se lleva a cabo este inicio de semana, por lo que han solicitado al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador “mantenerse firme” en su gradual prohibición rumbo a 2025 pese a las “presiones” de las autoridades norteamericanas y de las trasnacionales que controlan las semillas y los agrotóxicos.

Dos senadores federales republicanos por el estado de Iowa pidieron a la Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR, por sus siglas en inglés) intervenir para revocar la decisión del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de no comprar maíz amarillo en 2024.

En una misiva enviada a Katherine Tai, titular de la USTR, los senadores Chuck Grassley y Joni Ernst advierten sobre la pérdida de miles de millones de dólares a su país y estado por la decisión de AMLO.

Las organizaciones Greenpeace y el Centro Mexicano de Derechos Ambiental presentaron una denuncia antes la Procuraduría Federal del Protección al Ambiente (Profepa) y el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) por la siembra de maíz y soya “probablemente transgénicos” en Campeche.

Habitantes de las comunidades de Santa Rosa, Xtampac, Huechil, Bolonchen, Ich Ek, Santa Fe, Crucero San Luis, Nueva Esperanza, Sacabchen, Poste, Katab, Xcalot, Komchén y Nuevo Progreso, del Municipio de Hopelchén, informaron que durante junio, julio y agosto de este año observaron la siembra de maíz y soya con la aplicación de agroquímicos, como el glifosato. Por ello sospechan que dichas semillas sean transgénicas.

Luego de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó amparar a Bayer-Monsanto, Syngenta Group, Dow Agrosciences de México y PHI México, estas trasnacionales deberán suspender la adquisición, siembra y comercialización de transgénicos en el país, aseguró la Colectividad Demandante en Defensa del Maíz Nativo.

Agregó que el uso de organismos genéticamente modificados y plaguicidas como el glifosato vulnera los derechos colectivos de la alimentación, la salud y la participación justa y equitativa de la diversidad biológica de los maíces nativos de comunidades campesinas e indígenas.

Por decisión unánime y sin discusión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó el amparo 1023/2019 impulsado por trasnacionales agroalimentarias, con lo que ratifica la prohibición de la siembra y comercialización de transgénicos.

La decisión también confirma la prohibición paulatina de importar a México el herbicida glifosato, tal como lo establece el decreto presidencial del 31 de diciembre de 2020. Con esto se mantiene vigente la medida precautoria que suspende la siembra de maíz genéticamente modificado con fines comerciales.

Entre hierba larga en una parte de los mil 200 kilómetros del ejido de San Antonio Tecómitl, en la Alcaldía Milpa Alta, Isaac Suárez mostró los sembradíos de fruta, maíz, papa, frijol y amaranto de la Cooperativa Construir en Raíces. La maleza, en vez de eliminarla con herbicidas como el glifosato, la aprovechan para generar biomasa, retener agua y es alimento y hábitat de las abejas del apiario para la cosecha de miel.

La Organización de Innovación en Biotecnología (BIO, por sus siglas en inglés) acusó que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador viola el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ante las políticas implementadas contra los productos genéticamente modificados.

La BIO es la asociación de defensa más grande del mundo que representa a empresas miembro, grupos biotecnológicos estatales, instituciones académicas y de investigación y organizaciones relacionadas en los Estados Unidos y en más de 30 países, resalta la organización en su página web.

Durante su conferencia de prensa, el primer mandatario dijo a Contralínea que en México “ya no se puede estar utilizando agroquímicos que dañan la salud, que nos dañan a todos, a ellos mismos”.

Luego de conocer que el CNA pagará poco más de 12 millones de pesos en amparos y medios de comunicación, el titular del Ejecutivo dijo que habría que “convencerlos, porque esas campañas no funcionan.

Y es que, según reveló el reportero Zósimo Camacho, en el apartado “Servicios Profesionales”, el CNA señala que para ejecutar el “componente legal” de la estrategia se contrató al despacho Conesa & Moreno Abogados. El encargado del “componente internacional” será el despacho AGDN Economía, Derecho, Estrategia. La estrategia de comunicación estará a cargo del despacho Guerra Castellanos & Asociados.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) reconocieron que sí se hallaron muestras de maíz y soya transgénica en Campeche, tal como denunciaron las comunidades mayas en diciembre de 2020 sobre la siembra ilegal de organismos modificados genéticamente (OMG) en sus territorios.

En el caso de la Semarnat, informó que de los resultados obtenidos a las muestras de ejemplares de maíz y soya provenientes de las comunidades de Hopelchén, Campeche, «para el caso del maíz la muestra fue positiva para el promotor 35s, el terminador T-nos y a los eventos MON88017 y NK603», que confieren tolerancia al herbicida glifosato. Para las muestras de soya, agrega el informe de la Semarnata, «se obtuvo un resultado positivo para el evento MON4032, que confiere tolerancia al herbicida glifosato».

El «decreto» presidencial publicado el 31 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación «no prohíbe el glifosato ni el maíz genéticamente modificado» y, por el contrario, abre un amplio espacio de «discrecionalidad» y de ambigüedad sobre las acciones para erradicar su uso, señaló la Red en Defensa del Maíz.

«Leyendo el documento no podemos dejar de pensar que parece más un memorándum interno que un decreto presidencial», indicó la Red, que cirticó que no aparezca en el texto la noción de que se prohibe el glifosato o el maíz transgénico.

«Si realmente se quiere prohibir el maíz genéticamente modificado y el glifosato, la norma debe ser clara, breve y explícita prohibiendo su utilización», añadió.

La organización ambientalista Greenpeace México recordó que «el verdadero progreso son las técnicas agrícolas sostenibles», al celebrar el decreto que prohíbe el maíz transgénico y marca la prohibición progresiva del glifosato hacia 2024.

Greenpeace aseguró que la agricultura ecológica, la protección de la agrobiodiversidad, la conservación a la fertilidad del suelo y el desarrollo de modelos locales, basados en las variedades tradicionales y los agroecosistemas marcarán la diferencia en la agricultura y contribuirán a la soberanía y autosuficiencia alimentaria.

La apicultora maya Leydy Pech Martín recibió esta semana el premio Goldman, el galardón ambiental más importante del mundo, otorgado por la Fundación Goldman por el trabajo de más de 25 años del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes en la defensa del ambiente y del territorio en Hopelchén, Campeche. Han luchado contra la soya transgénica de la trasnacional Monsanto que desde 2012 sigue vulnerando sus derechos indígenas, la imposición de megaproyectos como el Tren Maya y la deforestación por la agroindustria. Además impulsan a la apicultura tradicional golpeada por la crisis climática.

Y es que el que desde el 23 de octubre pasado, por tercera ocasión, el titular de la Sader, con anuencia del consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, “subió a la página de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) un proyecto de decreto presidencial sobre glifosato y maíz transgénico que no los prohíbe”, alertaron investigadores, académicos y organizaciones defensoras del medio ambiente.

Las empresas transnacionales aliadas Monsanto y Bayer poseen 62 por ciento de los permisos para cultivar transgénicos en México, donde la siembra de semillas genéticamente modificadas se ha realizado en 365 sitios de todo el territorio nacional, destacó el informe “30 años de transgénicos en México”, elaborado por Daniel Sandoval y el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam).

Por otra parte, el grupo Dow concentra 25 por ciento de los permisos y 50 por ciento del maíz transgénico, mientras que el algodón lo controla Monsanto.