Diversos organismos empresariales rechazaron “categóricamente” que el Infonavit regularice la ocupación ilegal de viviendas, mediante arrendamientos con opción a compra a precios subsidiados de esos inmuebles.

“El Infonavit fue creado para proteger el patrimonio de los trabajadores, no para avalar ocupaciones irregulares ni convertir en beneficiarios a quienes han tomado inmuebles que no les pertenecen”, señalaron la Coparmex, Concamín, COMCE, CNET, AMIB y Canaco CDMX.

Los organismos empresariales indicaron que el 86% de las 168 mil viviendas censadas por la Secretaría del Bienestar están habitadas por personas sin ningún vínculo jurídico con el Instituto ni con los legítimos propietarios. “Pretender que estos ocupantes puedan adquirir los inmuebles, por debajo de su valor real, representa un grave precedente”.

Consideraron como una “crisis de gestión” que el índice de morosidad se disparó del 7.8% en 2018 a más del 18% en 2024, y el deterioro de la cartera crediticia asciende al 32% si se consideran los créditos segregados. Es decir, uno de cada tres financiamientos otorgados por la institución presenta incumplimientos de pago.

“En lugar de regularizar los créditos vencidos en beneficio del patrimonio del acreditado, se impulsa una estrategia que agrava el problema y compromete el futuro financiero del Instituto”, afirmaron.

La administración anterior ya había instruido que no se procediera con desalojos a acreditados con pagos vencidos. Ahora, se pretende extender ese criterio a invasores, incluso cuando las viviendas siguen formando parte del patrimonio de acreditados que han cumplido con sus obligaciones o tienen pagos pendientes de su crédito, lo que representa una vulneración directa al derecho de propiedad y mina la certeza jurídica en nuestro país.

“Rechazamos de forma categórica cualquier iniciativa que premie la toma ilegal de viviendas y exigimos que las autoridades competentes  -en especial la Asamblea del Infonavit- detengan cualquier intento por legalizar ocupaciones al margen de la ley”

El Instituto no tiene atribuciones legales para otorgar créditos, rentas, ni escrituras a personas que no son derechohabientes, lo cual corresponde a la Comisión Nacional de la Vivienda (Conavi), agregaron

Fue el 16 de junio pasado cuando el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, planteó que las personas que están ocupando irregularmente una vivienda la puedan adquirir a un precio “muy económico, valor en libros”, con un esquema -si no son derechohabientes- de renta con opción de compra, “de manera que vayan pagando la renta y pagando la casa y a los cuatro o cinco años sean ya dueños de su vivienda”.

A los legítimos propietarios de esas viviendas ocupadas irregularmente se vería “cómo le reponemos la vivienda” con los más de 20 mil inmuebles abandonados, y reestructurando su crédito.

En México existen 843 viviendas “emproblemadas”. De las 168 mil ya censadas por la Secretaría del Bienestar, 23 mil están deshabitadas y/o vandalizadas. El resto, 145 mil, está en su mayoría habitadas por personas que está ocupándolas de manera irregular, aseguró el funcionario federal.

El horror se vive y se ve en México todos los días y en cualquier rincón de este vasto país. No existe zona franca en la guerra de muerte y venganza que encabezan los cárteles de la droga a través de cientos de células que los integran, y que con sangre y plomo mantienen, pelean o disputan territorios para delinquir.

El terror que generan supera de sobremanera las estrategias de los distintos órdenes de gobierno, cuyos liderazgos políticos fallan en su encomienda de proveer seguridad para los gobernados. Trátese del Gobierno de la República, de la cabeza ejecutiva de cualquier entidad federativa o de los ediles en los miles de municipios, muchos de los cuales están tomados por las organizaciones criminales.

Un país cuyo último presidente carga con la escandalosa, grave y notoria cuenta de 200 mil asesinatos dolosos durante su administración, como lo fue el de Andrés Manuel López Obrador, merece más que condolencias o huecos compromisos oficiales de “investigar hasta las últimas consecuencias”, cuando se trata de masacres que incluyen familias, niños y niñas, a quienes se les arrebata la vida de la peor manera y en la sinrazón de la violencia que impera ante la impunidad y la corrupción que prevalecen en México.

La barbarie quedó evidenciada esta semana cuando en la celebración de la fiesta Patronal de San Juan, el 24 de junio, en Irapuato, Guanajuato, la felicidad de las familias, de menores de edad que gozaban del jolgorio, se vio interrumpida a balazos. El video que era tomado para captar un momento de relajamiento y felicidad mientras un menor de edad entraba al baile, lo que grabó fueron los minutos de dolor, de desesperación y muerte. Balazos a diestra y siniestra que, a la larga, dejaron 12 personas, un niño entre ellos, sin vida, y una veintena de heridos.

Se aprecia en las imágenes del momento y las posteriores, cómo los asistentes a la celebración no tienen armas, no tienen chalecos antibalas, nadie los protege con seguridad o escoltas. Se ven familias unidas por un momento, confiadas en la intimidad de su hogar para tener una fiesta en santa paz. Pero no, en México no es así. Lo que se aprecia son los gritos de ayuda que nadie responde, el clamor por alguna autoridad que no aparece, la desesperación por atención médica que no llega, el grito desolado de una población víctima de la inseguridad que los gobiernos no son capaces ni de combatir ni de contener.

La fiesta de la comunidad en honor a San Juan terminó en una masacre que, pasados los días, sigue en la impunidad, ignorada por las autoridades, desacreditados los hechos al tiempo que los heridos luchan por recuperarse y las familias lloran las ausencias que ese día dejó el ataque armado.

La Fiscalía del Estado de Guanajuato sólo atinó a informar de los hechos que estuvieron a la vista de todos en los videos que circularon en las redes sociales. Cuántos muertos, cuántos heridos, más de 60 casquillos localizados en la escena… como si esa notarial reacción fuese suficiente para calmar el dolor de las víctimas y los sobrevivientes, quienes pueden dar fe de la insensibilidad de los gobiernos, de la policía que tardó en llegar y no apoyó, de los servicios médicos que arribaron cuando la tragedia ya era fatal para muchos.

Pero ni una masacre como la de Irapuato sensibiliza a la Presidenta de la República para hacer un llamado a la Fiscalía General de la República y a su propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, o a su querida Guardia Nacional, para perseguir a los asesinos de familias y dar seguridad a la sociedad.

Todo lo que refieren son frases hechas que revictimizan a quienes perdieron la vida, “se debió a un ajuste de cuentas” informan con suma soberbia en la fiscalía guanajuatense sin decir entre quiénes, qué debían los menores que fueron víctimas del “ajuste”, cuánto debían las familias para ser “ajustadas”. Quién los mató. Quién aprovechó su momento más vulnerable, mientras bailaban al son de la banda, para matarlos. No hay respuestas, hay estigmatización de las personas víctimas de la violencia.

“En realidad fue un enfrentamiento, pero lamentablemente fallecieron niños”, dijo la Presidenta en un dejo de insensibilidad, como si un “enfrentamiento” justificara la muerte y el ataque en Irapuato, y cuando claramente en los videos se ve cómo se trató de un ataque, pues quienes fueron sorprendidos en la fiesta no portaban armas ni seguridad, no respondieron a los balazos, cayeron muertos o heridos.

Entonces, al decir en el Gobierno del Estado, en la fiscalía estatal o desde la Presidencia de la República que se trató de un “ajuste de cuentas” o de un “enfrentamiento”, se justifica la violencia criminal con el estigma que le cargan a las víctimas. “Estaban metidos”, “algo debían”, “se enfrentaron”. Y lo peor, tales actitudes gubernamentales son el augurio de un caso más para la impunidad, en el cual no se identifican a los asesinos, pero sí victimizan a los muertos, a los heridos.

Los cárteles de la droga, sus células criminales, imponen su ley salvaje porque el Gobierno de la República, los de los Estados y Ayuntamientos, se lo permiten al no investigarlos, al justificar las masacres, las desapariciones y las ejecuciones que ellos encabezan, como producto de un círculo criminal en el que andan.

Es lamentable que con tanto aparato policiaco, de los tres órdenes, pero particularmente de la FGR, de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas, las masacres sigan cobrando en México la vida de niños y niñas, de familias que festejan a su suerte por gobiernos insensibles e incapaces.

Abelina López, alcaldesa de Acapulco, aseguró que su gobierno ha actuado con transparencia, pese a la investigación que enfrenta por no haber comprobado el uso de 898 millones de pesos de recursos federales destinados a obras públicas durante el ejercicio fiscal 2023. 

“Yo quiero dejar claro que no pretendo evadir la transparencia en la rendición de cuentas, son procesos que hay que continuar, pero reitero, mi honestidad no está a prueba, mi honestidad se ha demostrado a lo largo y ancho de mis 40 años al servicio”, dijo este sábado en entrevista con medios de comunicación. 

En días pasados se dio a conocer que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE) presentó una denuncia penal en contra de la alcaldesa por negarse a rendir cuentas sobre los recursos mencionados. 

De acuerdo con la auditoría, dichos recursos fueron ejercidos por el Ayuntamiento de Acapulco en 2023 y corresponden al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Municipal (FISM), el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) y a participaciones de los ramos 33 y 38.

El Senado aprobó la creación de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), un organismo público descentralizado, que estará sectorizado a la Secretaría de Economía, en sustitución de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), uno de los órganos autónomos eliminados por iniciativa del gobierno federal en diciembre pasado.

Pese a que en el artículo 10 de la Ley Federal de Competencia Económica se establece que la nueva Comisión tendrá “independencia técnica y operativa en sus decisiones”, las principales advertencias de legisladores de la oposición fueron precisamente en ese sentido, debido a que sus integrantes serán nombrados por la propia presidenta Claudia Sheinbaum y que será un órgano sectorizado de la Economía.

Una de las modificaciones respecto a la Cofece es que el nuevo órgano estará integrado por cinco comisionados y no siete, nombrados ahora por la Presidencia de la República y ratificados por el Senado. Los funcionarios serán nombrados de manera escalonada por la mandataria y permanecerán en el cargo siete años.

La iniciativa, presentada por el senador Emmanuel Reyes señala que la nueva CNA conservará su propia personalidad jurídica y su patrimonio.

Fueron 103 votos: 68 de la coalición conformada por Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, y 35 de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

El Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa, fue escenario de una riña, por segundo día consecutivo, entre personas privadas de la libertad que dejó tres reos muertos, según la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

De acuerdo con las autoridades estatales, el nuevo conflicto se habría originado el viernes en el módulo 17. También identificaron a los fallecidos como Marco “N”, Iván “N” y Eduardo “N”.

Aunque versiones extraoficiales apuntaron que sus cuerpos fueron encontrados colgados, las autoridades insisten en que se trató de un enfrentamiento entre internos.

La situación fue contenida por custodios penitenciarios con apoyo de la Policía Estatal Preventiva, la Guardia Nacional (GN) y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). La zona permanece asegurada.

El incidente ocurre apenas un día después de otra riña que dejó un muerto y tres heridos por arma de fuego. Tras ese primer evento, se incautaron nueve pistolas y 21 cargadores en una inspección a los módulos 11, 15 y 21 del penal.

Apenas en mayo pasado, otro enfrentamiento provocó el hallazgo de un túnel, armas largas y una antena satelital, lo que evidencia la creciente crisis en el sistema penitenciario de Sinaloa.

El Centro de Comando, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México respondió a los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el uso de cámaras de vigilancia de la capital del país para rastrear a informantes del FBI por parte del Cártel de Sinaloa en 2018.

La dependencia señaló que los hechos ocurrieron en 2018, en la etapa final del gobierno Enrique Peña Nieto a nivel federal y de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México, en una época en que se negaba la existencia del crimen organizado; se ha demostrado que hubo maquillaje sistemático de cifras de incidencia delictiva y el homicidio doloso llegó a sus más altos niveles.

Añadió que el C5 de la CDMX emprendió desde la administración local de Claudia Sheinbaum su fortalecimiento en materia tecnológica y su extensión hasta cuadruplicar el número de cámaras de la previa gestión.

El C5 afirmó que desde el primer día del actual Gobierno de la Ciudad de México, la Agencia Digital de Innovación Publica se planteó por instrucciones de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, como objetivo fortalecer la ciberseguridad y la seguridad de las instituciones de la capital mediante una estrategia integral que contempla la protección en todas las capas tecnológicas y está basada en un enfoque de gestión de riesgos, bajo los principios de autonomía y soberanía tecnológica.

“El C5 realiza análisis de vulnerabilidades periódicos para evaluar, detectar y mitigar riesgos.

“A la fecha, no existen registros públicos o institucionales conocidos o detectados de intrusiones exitosas al sistema núcleo del C5 CDMX, que opera con un sistema robusto y en coordinación con el Gabinete de Seguridad, en el cual actúan instituciones locales y federales”, detalló el Coordinador General, Salvador Guerrero Chiprés.

Añadió que “en el mismo reporte del FBI no se precisa que sean cámaras públicas o privadas las que supuestamente habrían sido utilizadas por delincuentes”.

La tarde de este sábado las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron el polémico dictamen de reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como el dictamen que expide la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, o como se le ha llamado por sus críticos: la Ley Espía.

Ahora, ambos serán turnados a la Mesa Directiva del Senado de la República, donde serán debatidos como parte del Periodo Extraordinario de Sesiones, en el cuál se revisará la aprobación de al menos dos docenas de iniciativas, muchas de ellas enviadas desde el Ejecutivo por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Se anticipa que la votación en el Pleno tome lugar el próximo lunes 30 de junio.

La Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública pasó con 16 votos en pro y ocho en contra,de manera conjunta entre ambas comisiones (6 votos a favor y 2 en contra de la Comisión de Seguridad Pública, que preside la senadora Lucía Trasviña Waldenrath; a favor y dos en contra, de la Comisión de Estudios Legislativos, presidida por el senador Enrique Inzunza Cázarez).

En tanto, el decreto referente a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública fue aprobado con 18 votos a favor y cuatro en contra (7 votos a favor y 4 en contra de la Comisión de Seguridad Pública, y 9 a favor y 4 en contra de la Comisión de Estudios Legislativos).

Durante la sesión, que tuvo una duración de más de dos horas, se aprobó la Ley que, entre otros propósitos, busca establecer un nuevo modelo de seguridad con mayor énfasis en la prevención de delitos e inteligencia estratégica.

Al referirse a los temas, la senadora Lucía Trasviña Waldenrath destacó la inclusión como un eje rector de la seguridad en el país. Por otro lado, recordó que el sistema penal mexicano desde sus orígenes no usaba la inteligencia, pero hoy “estamos en un mundo globalizado y tecnológico”.

Añadió que la segunda minuta responde a los desafíos contemporáneos del crimen organizado, la violencia sistemática y amenazas, y el fin es establecer un sistema de inteligencia bajo principios de legalidad, derechos humanos y coordinación interinstitucional.

Investigación e Inteligencia

El Senado de la República aprobó por unanimidad la Ley que se reforma la Ley Orgánica del Congreso para brindar nuevas atribuciones a la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados, como autoridad garante en materia de transparencia y datos personales.

El Pleno de la Cámara Alta voto por 104 votos a favor la reforma que establece las facultades a la contraloría interna de la Cámara de Diputados, para resolver recursos de revisión, atender denuncias por incumplimiento, dictar medidas de apremio, coordinarse con otras autoridades y emitir criterios que fortalezcan la cultura y la transparencia institucional.

Un agente de la Policía Municipal de Culiacán fue ejecutado por un grupo armado esta tarde de sábado en el fraccionamiento Los Ángeles, al norte oriente de la ciudad. Con este crimen suman 28 elementos de corporaciones asesinados durante 2025, según cifras de la organización civil Causa Común, colocando a Sinaloa como la entidad con mayor incidencia en estos crimines.

El ataque se dio en la entrada de este fraccionamiento sobre el bulevar California y la carretera a Imala, misma zona en donde en enero de este año un comando disparara contra un vehículo con civiles a bordo causando la muerte a los hermanos Gael y Alexander de 12 y 9 años junto a su padre Antonio de 40.

Mauricio “N”, acusado del delito de violencia vicaria por negarse a entregar a su hija Lucía de 6 años de edad desde agosto de 2024, enfrenta un nuevo proceso legal por desaparición forzada cometida por particulares. En una audiencia realizada este sábado 28 de junio, se determinó que permanecerá en prisión preventiva por obstaculizar la búsqueda de la menor

Como Proceso informó previamente, el 13 de junio, Mauricio huyó con Lucía para no regresarla a su mamá Ericka Contreras. Ese día se efectuó un operativo en el que se autorizó el uso de la fuerza pública para recuperar a la pequeña. Tras no encontrarlos, denunciaron filtración de información del Poder Judicial.

El Senado aprobó la iniciativa de reforma en Telecomunicaciones con ajustes reclamados por especialistas, integrantes de la sociedad civil y legisladores,  pero con medidas que permitirán dar seguimiento en tiempo real a usuarios de telefonía e internet, calificadas como “espionaje” por parte de legisladores de la oposición.

El documento emitido inicialmente por la presidenta Claudia Sheinbaum, y frenado por más de dos meses por indicaciones de ella misma para abrir un diálogo con especialistas, empresarios y usuarios del sector, fue aprobado por 29 votos a favor, cuatro en contra y cuatro abstenciones, en las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.

Reclaman geolocalización en tiempo real

Ricardo Anaya, coordinador del PAN, destacó las correcciones realizadas respecto a la primera versión de la iniciativa pero puso énfasis en la posibilidad de que exista geolocalización en tiempo real de usuarios de telefonía móvil.

“Hay avances importantes sin duda, pero si no corregimos el registro de usuarios de telefonía móvil, geolocalización en tiempo real, artículo 183, y facultad para sus suspender transmisiones con una cosa tan vaga y abierta como derecho de las audiencias, no habrá manera de acompañar este dictamen, a pesar del enorme esfuerzo que se ha hecho.

El priista Néstor Camarillo se pronunció en ese mismo sentido:

“Esto significa vigilancia masiva, es un registro detallado de nuestras llamadas ubicación duración de conversaciones, mensajes. Y esto simplemente es inaceptable, en una democracia. Esto simplemente no es seguridad, es espionaje institucionalizado”.

La priista Claudia Anaya advirtió sobre la imposibilidad de que el Senado pueda nombrar a los integrantes de la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, por su estatus de órgano desconcentrado.

“Nosotros para poder nombrar ratificar tomar protesta o destituir, tenemos que tener en las facultades del Senado las que nos marca el 76 constitucional, nosotros no tenemos en el 76 constitucional la facultad de nombrar a estos consejeros, entonces estamos un acto anticonstitucional”.

Lo señalado por la priista requeriría una reforma antes de que la Comisión de la nueva ley entre en funciones.

Javier Corral, impulsor de la iniciativa, la calificó como “la mayor reforma de fortalecimiento en materia de medios sin fines de lucro”.

Destacó el fortalecimiento de medios sociales como a radios comunitarias, afromexicanas e indígenas.

“Estos son de uso social de los que estoy hablando, porque son medios que necesitaban un mayor fortalecimiento económico para su viabilidad económica y sobre todo porque ahora los ingresos que puedan recibir de presupuestos de comunicación social de entidades públicas, ya sea del gobierno federal, estatal o municipal, pues no se circunscriben a la venta de publicidad, sino también pueden ser destinados a infraestructura, a producción de contenidos, a mantenimiento de equipos o equipamiento.

Alrededor de 300 mil personas engrosaron la población que trabajó en la informalidad en México al cierre de mayo pasado. Con ello, en el país sumaron 32.9 millones en esa condición laboral.

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indican que la tasa de informalidad pasó de 54.4% a 54.9% de la Población Económicamente Activa (PEA), de mayo de 2024 a mayo de 2025.

Si solo se toman en cuenta los primeros cinco meses del presente año, la informalidad ha incrementado en cerca de 700 mil personas, ya que en enero se reportó 32.2 millones en esa condición laboral, observó la directora de Operaciones de Manpower México, Beatriz Robles.

“El crecimiento de la informalidad y la insuficiencia de creación de empleos formales es un tema histórico. No se ha logrado el número suficiente de empleos formales para satisfacer a la población, el cual es entre 1 millón y 1 millón 200 mil empleos anualmente”, señaló la ejecutiva.

La informalidad es un “reto importante” para el mercado laboral, porque está ligada a salarios bajos, falta de prestaciones sociales, subempleo y malas condiciones de trabajo. En el panorama actual es necesario generar las condiciones propicias para que el mercado laboral sea más grande y haya mayor bienestar para los trabajadores, consideró.

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), dada a conocer este 27 de junio de 2025, la población desocupada en el país también aumentó en 83 mil personas contabilizándose en total 1.7 millones.

Prácticamente la desocupación afectó solamente a las mujeres al alcanzar las 715 mil; cantidad mayor a la reportada en mayo de 2024, de 632 mil.

La Población No Económicamente Activa (PNEA) creció en 2 millones de personas alcanzando 42.1 millones; lo que representó el 40.5% de la población de 15 años y más.

En este rubro 5.5 millones de personas se declararon disponibles para trabajar, pero no llevaron a cabo acciones para ello. Esta población también aumentó en 477 mil 39 personas.

Grisel Galeano García, procuradora fiscal de la federación, exhibió el modus operandi del Grupo Salinas, propiedad del magnate Ricardo Salinas Pliego, que mediante vínculos con algunos integrantes del Poder Judicial ha evadido el pago de 74 mil millones de pesos al Sistema de Administración Tributaria (SAT) por diferentes casos desde hace 16 años.

En la conferencia de este viernes en Palacio Nacional, la funcionaria explicó que este grupo, del que no mencionó directamente el nombre, mantiene 32 casos en litigio en el Poder Judicial de la Federación que, juntos, suman los 74 mil millones de pesos.

Un juez federal dictó el tercer auto de formal prisión contra Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas, esta vez por delincuencia organizada agravada y lavado de dinero. 

La determinación fue dictada por la juez Segundo de Distrito en materia Penal el el Estado de México, con sede en Toluca, Raquel Ivette Duarte Cedillo, específicamente por los delitos de delincuencia organizada (hipótesis de cometer delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, hipótesis de quien tenga funciones de dirección, administración y supervisión) agravado; y por el de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La captura fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). El detenido fue ingresado al penal de Cuautitlán, donde quedó a disposición de un juez de control que definirá su situación jurídica.

Lo relacionan con crímenes múltiples y amenazas contra autoridades

Según las investigaciones de la FGJEM, Arturo “N” estaría vinculado a varios eventos de alto impacto, entre ellos el abandono de un cuerpo envuelto en bolsas negras bajo un puente vehicular en Coyotepec el pasado 17 de junio. Junto al cadáver se dejó un mensaje intimidatorio dirigido a autoridades municipales y elementos de la Fiscalía, en el que se advertía que cesaran los cateos o continuarían las ejecuciones.

Édgar Damián Sandoval Albarrán, alias “La Rana” o “El Wereke”, identificado como vigilante y sicario de Guerreros Unidos, fue deportado desde Estados Unidos, el 27 de junio de 2025. El individuo enfrenta cargos por delincuencia organizada y desaparición forzada de personas relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Iguala, Guerrero, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014.

La Fiscalía General de la República (FGR) había presentado ante el Gobierno de Estados Unidos la solicitud de detención provisional con fines de extradición de Sandoval Albarrán. El 9 de junio de 2025, autoridades estadounidenses comunicaron que el sujeto había sido detenido y sometido a procedimiento migratorio, por encontrarse de manera ilegal en territorio estadounidense.

Tras la audiencia migratoria de Sandoval Albarrán, un juez ordenó su deportación a México para enfrentar los cargos criminales pendientes. La Fiscalía confirmó que la entrega del mexicano “se ejecutó en las últimas horas, entregándolo a Interpol México, de la FGR, por la frontera que comunica a las ciudades de Nogales, Arizona, de los Estados Unidos, con Nogales, Sonora, México”.

El acusado supuestamente había fungido como halcón y matón a sueldo de la organización criminal Guerreros Unidos durante los hechos relacionados con la desaparición de los estudiantes normalistas.

El 25 de junio de 2025, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó echar abajo la resolución que ordenó a la FGR dar a conocer la versión pública de la carpeta de investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La decisión fue tomada durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Primera Sala de la SCJN avaló la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. El proyecto señaló que en hechos relacionados con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, la información no puede clasificarse como reservada.

La resolución del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) también fue impugnada por tres presuntos sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos. Estos individuos fueron señalados de participar en el secuestro, desaparición y homicidio de los normalistas, pero posteriormente se convirtieron en testigos colaboradores durante la Administración de López Obrador.

Según el expediente consultado, el 15 de febrero de 2023 el INAI impuso a la FGR la obligación de entregar la versión pública. Entre los que impugnaron la resolución estuvieron Agustín García Reyes, “El Chereje”; Salvador Reza Jacobo, “El Lucas”, y Patricio Reyes Landa, “El Pato”. Durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto fueron señalados de presuntamente formar parte de dicho grupo criminal.

En 2018 fueron liberados por orden de un Tribunal Federal, el cual determinó que en sus casos se violó el debido proceso y que fueron torturados. De los tres testigos, solo dos sobreviven, ya que, el 15 de junio de 2025, fue asesinado “El Pato”, en un domicilio particular, ubicado en Jilotepec, en el Estado de México.

La FGR tendrá que publicar la versión pública de la carpeta en su micrositio del Caso Iguala, donde están los diversos tomos de la investigación del caso iniciada desde 2014. González Alcántara Carrancá consideró que los argumentos eran inoperantes, ya que al tratarse de violaciones graves de derechos humanos, la información solicitada revestía el carácter de pública.

Un grupo de hombres armados asesinó a balazos a Humberto Piza Pérez, secretario general de la Sección 19 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), cuando viajaba en un automóvil junto a su chófer, en la avenida Niños Héroes, en la colonia Progreso, en Acapulco de Juárez, Guerrero.

El ataque armado ocurrió cerca de las 7:40 horas del viernes 27 de junio de 2025, cuando Piza Pérez se trasladaba por dicha avenida,.a bordo de un automóvil Chevrolet tipo Aveo, color oro, junto con su escolta de seguridad.

Testigos citados por medos locales señalaron que el líder sindical circulaba junto con el escolta identificado como Roberto ‘N’, en dirección a la avenida Cuauhtémoc, metros más adelante de la Coordinación Zona Sur, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGRO), donde fue ultimado a tiros.

Según los reportes de la prensa local, sujetos armados a bordo de motocicletas atacaron a balazos al dirigente sindical y a su chófer cuando el vehículo se encontraba en movimiento. El cuerpo de Piza Pérez quedó sentado en el asiento del copiloto, mientras que su escolta fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado a un hospital, para su atención médica.

Al momento del ataque, el escolta perdió el control del automóvil y se impactó contra el conductor de una motocicleta, quien resultó lesionado. Tras la balacera, el chofer perdió el control del vehículo, invadió el carril contrario y se impactó contra una barda.

Al lugar llegaron elementos de la Policías Municipal, Ministerial, Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Marina (SEMAR), mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Piza Pérez cumplía su segundo mandato como dirigente de la sección, que en su mayoría está integrada por trabajadores de Saneamiento Básico municipal. La Sección 19 del SUSPEG aglutinaba a alrededor de mil 400 trabajadores del Ayuntamiento de Acapulco.

El Gobierno Municipal de Acapulco condenó el homicidio de Piza Pérez y exhortó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a aquellos que resulten responsables. Asimismo, expresó solidaridad a familiares, amigos y compañeros.

La dirigente del SUSPEG, Adela Hernández Angelito, condenó el asesinato del líder de la Sección 19 y exigió una investigación clara, eficaz e inmediata del crimen.

En la sección sindical existen antecedentes de violencia contra sus dirigentes. El último ataque a un líder de la Sección 19 del SUSPEG ocurrió el 20 de enero de 2022, cuando hombres armados dispararon contra el automóvil del entonces secretario general, Mario Alonso Quevedo, quien resultó herido junto con dos acompañantes. El hecho violento fue reportado cerca de la calzada Pie de la Cuesta, cerca del extinto Diario 17.

Anteriormente, el 6 de diciembre de 2013, el dirigente de esa misma sección sindical, Fernando Vázquez Bustos, fue asesinado dentro de su vehículo, muy cerca de su domicilio particular, en la colonia Postal.

Vázquez Bustos, de 52 años de edad, fue interceptado por un hombre armado que le disparó cuando salió de su vivienda y abordó su vehículo. Los agresores le dejaron una cartulina con un mensaje del que no se dio a conocer el contenido.

Los senadores oficialistas aprobaron la reforma en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como la Ley General de Población. 

Los senadores aprobaron la iniciativa en lo general y en lo particular por 69 votos a favor, 28 en contra y cinco abstenciones.