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Los datos biométricos en México: ¿solución o nuevos riesgos?

Centralizar los datos biométricos de toda la población, sin establecer controles claros sobre su acceso, uso y protección, exige no sólo transparencia en su implementación, sino también contar con sistemas sofisticados de protección y personal altamente calificado.

El Senado aprobó en lo general el uso de nuestros datos biométricos en la Clave Única de Registro de Población o CURP, bajo la premisa de simplificar trámites mediante la Llave MX. 

Esta llave es una herramienta digital que implementará la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la cual pretende, en el fondo, combatir la corrupción. Ante este panorama, en donde el Estado mexicano recolectará datos biométricos de la población, vale la pena preguntarnos: ¿quién se encargará de vigilar y establecer las medidas de seguridad para proteger estas bases de datos?

La información biométrica es única; no existen dos personas con las mismas características físicas, lo que la convierte en un identificador personal por excelencia. Huellas dactilares, escaneo del iris o reconocimiento facial son algunos ejemplos. No obstante, el hecho de que estos datos sean tan precisos no significa que su incorporación automática a un documento de identidad elimine, por sí sola, la corrupción. Existen otros mecanismos para combatirla.

 La posible aprobación de esta reforma ha sido presentada como un avance “anticorrupción”, pero el riesgo de vulneración a la privacidad de millones de personas es inminente. La corrupción es un fenómeno estructural que se combate con controles institucionales, transparencia y rendición de cuentas, no únicamente con bases de datos centralizadas. Entonces, cabe preguntar: ¿quién custodiará esta información?, ¿bajo qué controles y con qué garantías?

 A diferencia de una contraseña, que puede ser modificada si se ve comprometida, los datos biométricos no pueden ser reemplazados. Si alguien obtiene tu huella digital o el escaneo de tu rostro, no puedes modificar tu identidad física. Por ello, este tipo de información requiere los más altos estándares de seguridad, supervisión independiente y un marco legal específico que garantice su tratamiento legítimo, proporcional y seguro.

 Por lo tanto, es pertinente que se transparente el proceso para salvaguardar estos datos, y conocer cuál será el área o la institución responsable de su protección ante una vulneración o mal uso de los datos biométricos. 

En la era digital, los datos personales son tan valiosos como el petróleo: se cotizan como oro. En México hemos sido testigos de filtraciones masivas, uso indebido de información por parte de autoridades o empresas privadas, y un débil esquema de fiscalización tecnológica. En mi paso de más de cuatro años como comisionada del que fuera el organismo garante a nivel nacional de la protección de la privacidad, tuve conocimiento de cientos de casos que resolvimos sobre vulneraciones de datos personales. En aquella época, incluso acudimos varias veces a controversias para evitar el uso de datos biométricos en diferentes iniciativas.
Hoy, ante un nuevo panorama político, es necesario que se tomen en consideración las medidas pertinentes para prevenir y proteger los datos biométricos, además de informar a la población sobre las instituciones que van a intervenir en este proceso. ¿Quién podrá alertar sobre un uso indebido de la información? ¿Quién responderá ante una vulneración o un fallo en la protección de nuestros datos?
De aprobarse esta iniciativa, será necesario actualizar el aviso de privacidad, ya que el aviso actual para tramitar la CURP no contempla las nuevas condiciones ni los datos adicionales que se pretenden incorporar con el cambio normativo. Por lo tanto, su implementación requiere el consentimiento expreso de toda la población.

Centralizar los datos biométricos de toda la población, sin establecer controles claros sobre su acceso, uso y protección, exige no sólo transparencia en su implementación, sino también contar con sistemas sofisticados de protección y personal altamente calificado. La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) alertó en las últimas semanas sobre los riesgos que pueden presentarse al tratarse de datos biométricos.

En este contexto, resulta imprescindible recordar instrumentos internacionales como el Convenio 108 del Consejo de Europa, el cual fue adoptado en Estrasburgo el 28 de enero de 1981 y entró en vigor el 1 de octubre de 1985. Este tratado internacional, vigente y vinculante, tiene como objetivo establecer un marco legal para la protección de las personas en lo relativo al tratamiento automatizado de datos de carácter personal. México puede tomarlo como referencia para garantizar que cualquier avance tecnológico se implemente con respeto a la dignidad humana y a los derechos fundamentales.

En los últimos años, en México, en América Latina y prácticamente en todo el mundo, hemos conocido casos donde datos personales, incluyendo los biométricos, han sido sustraídos de bases institucionales. En el mundo digital en el que vivimos, las tecnologías que han facilitado las tareas de nuestras vidas, también se han convertido en instrumentos que pueden vulnerar la privacidad y los derechos humanos de las personas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JULIETA DEL RIO.

Senado aprueba reforma que desaparece al Coneval y transfiere funciones al Inegi

En un debate álgido, senadores opositores señalaron que enfrentar la desigualdad y la pobreza “no es un asunto de buena voluntad”, por lo que es necesario el Coneval e indicaron que no desaparece por la austeridad republicana, sino porque al gobierno actual le incomoda lo que se evalúa.

Con 73 votos a favor y 34 en contra, el Senado aprobó la reforma para que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) desaparezca y transfiera sus funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Y así, dicho desarrollo sea un conjunto de programas y acciones “destinados a reducir desigualdad, pobreza y exclusión social”.

Por lo que se reforman la Ley General de Desarrollo Social, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En sesión extraordinaria, la morenista Andrea Chávez Treviño, presidenta de la Comisión del Bienestar, dijo que “hay un elemento fundamental de naturaleza metodológica y científica” que les convence para entregar al Inegi “el magnífico trabajo del Coneval” y así desaparecer al órgano.

“El Coneval no levanta en territorio los datos primarios, es decir no produce la información de campo, analiza lo que produce el Inegi y procesa esa producción para emitir análisis y recomendaciones. Eso nos lleva a pensar que la mejor manera de cuidar, proteger y hacer más eficiente esta labor tan necesaria es que trabajen de la mano quienes producen los dos, quienes levantan la información y quienes la procesan bajo el paraguas del Inegi”, declaró Chávez Treviño.

Aseguró que el Inegi tiene a personas variables y que la plantilla de trabajadores ronda entre los 15 mil empleados mientras que el Coneval tiene cerca de 50 plazas fijas y eventuales.

“Por el gasto de duplicidad (…) cada producto científico generado por el Coneval tiene un costo presupuestal cinco veces mayor a lo que nos costaría todas y todos los mexicanos producirlo desde el Inegi. Por eso decimos, en lugar de oficinas, programas, en lugar de nómina, becas, en lugar de burocracia, resultados”, dijo la legisladora.

Se requiere evaluación del Coneval para enfrentar desigualdad

En tanto, la senadora de Movimiento Ciudadano, Amalia García, indicó que enfrentar la desigualdad y la pobreza “no es un asunto de buena voluntad”, sino que requiere de medición y evaluación, de una visión de Estado, con políticas públicas consistentes y con instituciones capacitadas, por lo que lamentó la extinción del Coneval.

En ese sentido, aclaró que el Inegi es una buena institución, pero “no tiene las condiciones” para realizar la tarea del organismo que es “desmantelado”.

Recordó que la actual jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, impulsó el desarrollo de Coneval.

“Impulsamos la creación de estas instituciones autónomas como parte de un México democrático que impulsara condiciones para un buen gobierno. Un gobierno que no pudiera solamente medir como lo hace el Inegi, una gran institución, sino también evaluar y poder marcar el rumbo de a dónde debíamos ir”, comentó la emecista.

Retroceso para México la eliminación del Coneval

El priista Ángel García Yáñez, sostuvo que el dictamen a discusión es un “grave retroceso” institucional, pues la extinción del Coneval es con la intención de “silenciar” la identificación y medición de la pobreza, pues la información que evaluaba era objetiva, “y no como los otros datos que siempre tienen el oficialismo”.

En resumen, su desaparición obedece a “ocurrencias y caprichos políticos”, pues la política social no es un botón electoral, es un compromiso de Estado.

“Representa un grave retroceso institucional, no se cansan de desaparecer organismos públicos y ya nos dejaron sin el Inai, Cofece y ahora van por el Coneval”, recordó.

Por su parte, el panista Agustín Dorantes Lámbarri, aseveró que lo que no se mide no se puede mejorar, por lo que esta reforma es un acto “descarado” de opacidad, pues pretenden extinguir al Coneval, no por una supuesta austeridad republicana, sino porque les incomoda lo que se evalúa.

“Lo que no se mide, no se puede mejorar. Hoy Morena nos presenta una reforma que no es sino un acto descarado de opacidad. Pretenden extinguir el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, no por una supuesta austeridad republicana, sino porque les incomoda lo que se evalúa, porque mide la pobreza con rigor, porque evalúa programas con transparencia, no se presta a su propaganda. Y este gobierno ha tratado a las instituciones autónomas como obstáculos”, declaró.

Extinción de organismos

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos en el Senado aprobaron en lo general y lo particular la desaparición del INAI, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

Sus funciones serán absorbidas por instituciones del gobierno: las del INAI pasarán a la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno; las del Coneval, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); las de la CRE y la CNH, a la Secretaría de Energía, y las de Mejoredu a la SEP.

En el caso de la Cofece y el IFT, los diputados morenistas preparan un organismo descentralizado que los pueda sustituir, debido a que el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos exige que haya una institución independiente que realice las actividades de esas dos dependencias.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

“Son una amenaza para los derechos humanos”: organizaciones rechazan reformas que legalizan la vigilancia por parte del Estado

Organizaciones de la sociedad civil criticaron que no se plantea la mínima apertura, discusión, ni parlamento abierto sobre el paquete de reformas que avanza en el Congreso.

Organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron contra el rechazo del paquete legislativo que avanza en el Congreso para legalizar la vigilancia por parte del Estado, “que atenta contra los derechos y las libertades”.

Artículo 19, Data cívica, Fundar, Red en Defensa de los Derechos Digitales, entre otras, señalaron que a pesar de las denuncias sobre las inminentes violaciones a los derechos humanos y la exigencia ciudadana para que se abriera el diálogo, el 24 de junio la Cámara de Diputados aprobó la Ley de la Guardia Nacional y las reformas a las leyes secundarias en la materia.

Al respecto, apuntaron que estas reformas legalizan la vigilancia por parte de las Fuerzas Armadas, al facultar a la Secretaría de la Defensa Nacional para procesar y usar información para actividades de inteligencia por “motivos de seguridad nacional”, sin que existan salvaguardas ni controles para estas atribuciones.

Además, se eliminó el requisito de autorización judicial para que la Guardia Nacional acceda a datos conservados por parte de empresas de telecomunicaciones y la geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles.

“La vigilancia ilegal y abusiva por parte de las fuerzas armadas es una práctica reiterada que hemos advertido y documentado de forma contundente -como lo revela la investigación Ejército Espía– y que se ha llevado a cabo selectivamente en contra de periodistas, defensoras de derechos humanos, investigadoras e incluso funcionarios públicos. En dichos casos, la impunidad es absoluta”, aseguraron las organizaciones.

Las leyes también autorizan a que la Guardia Nacional realice operaciones encubiertas, a pesar de que apenas en 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó que realizara ese tipo de labores, por considerar que se trataba de una técnica de investigación que podría dar lugar a la obtención de pruebas ilícitas, violar los derechos a la privacidad y a la no incriminación, y que era desproporcionada con relación a los beneficios que se obtendrían.

“La aprobación de estas reformas en materia de Guardia Nacional es parte de un paquete de iniciativas que se abordarán esta semana en el Congreso de la Unión durante el periodo extraordinario, para las cuales tampoco se plantea la mínima apertura, discusión, ni parlamento abierto. Cada una de ellas, y por lo que implica si se implementan en conjunto, representan una amenaza directa para los derechos humanos”, indicaron.

Las organizaciones hacen referencia a las siguientes leyes:

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, aprobadas el 25 de junio, que ordenan la interconexión de bases de datos nacionales e internacionales, tanto públicas como privadas, para que las autoridades accedan a ellas sin los controles necesarios, así como facultades de acceso irrestricto para el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Mientras que las reformas a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada imponen la CURP biométrica como condición obligatoria para acceder a servicios públicos y privados, y una Plataforma Única de Identidad para validar, monitorear y gestionar la identidad de todas las personas en México con consultas en tiempo real. Esto se complementa con la Ley para Eliminar los Trámites Burocráticos, aprobada por el Senado, para la creación de la Llave MX como mecanismo de autenticación e identificación vinculado a la CURP.

En tanto, la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión profundiza el sistema de vigilancia y violación a la privacidad que existía a partir de la ley vigente, al mantener el sistema de acceso a datos conservados y geolocalización en tiempo real sin controles judiciales y sin especificar las autoridades facultadas para ello.

Además, el último dictamen incorpora a las “instancias de inteligencia” de manera amplia con la facultad de acceder a esos datos de manera irrestricta, sin transparencia y sin posibilidad alguna de rendición de cuentas.

“Propuestas legislativas son una afrenta directa a los derechos”

Las organizaciones firmantes rechazaron enérgicamente las propuestas legislativas promovidas por el Poder Ejecutivo que buscan ampliar la infraestructura tecnológica y las facultades de vigilancia estatal.

“La consolidación del poder de vigilancia sin control para las Fuerzas Armadas, el debilitamiento de mecanismos de control y el establecimiento de un Estado que monitorea permanentemente a la sociedad a través de bases de datos y registros obligatorios son una afrenta directa a los derechos y libertades mínimas en un contexto democrático”, reiteraron.

Finalmente, hicieron un llamado a la Cámara de Diputados para rechazar las demás legislaciones que se aborden, al Senado de la República para desechar las que les sean turnadas, y al Congreso de la Unión en su conjunto a recordar que su función es servir a los derechos de la población.

Ayer, la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 368 votos a favor y 101 en contra, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, con la que se permitirá a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acceder al menos a 22 registros que contienen información telefónica, biométrica, vehicular, comercial, empresarial, bancaria, de salud, entre otros.

Con esta ley, la SSPC realizará sus labores de investigación a través del Centro Nacional de Inteligencia, así como agrupar en una plataforma toda la información que otras dependencias de seguridad generen en sus propias indagatorias.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

FGE desacreditó y estigmatizó a la prensa por caso de fosas en Jojutla: Red de Mujeres Periodistas

La organización advirtió que el boletín de la FGE desacredita a la prensa, vulnera derechos fundamentales, limita el ejercicio periodístico, la libertad de expresión y el acceso a la información pública, con el objetivo de controlar la narrativa en un tema de alta sensibilidad social.

La Red de Mujeres Periodistas del Estado de Morelos expresó su preocupación por el boletín informativo FGE 506, emitido el 23 de junio por la Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada por el fiscal Edgar Maldonado Ceballos, al considerar que descalifica el trabajo de los medios de comunicación que han dado cobertura a la cuarta fase de intervención en el panteón “Pedro Amaro”, en Jojutla. 

De acuerdo con la organización, el contenido del boletín no solo desacredita a la prensa, sino que vulnera derechos fundamentales protegidos por leyes nacionales e internacionales. Advirtió que las afirmaciones vertidas por la Fiscalía buscan limitar el ejercicio periodístico, el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información pública, con el objetivo de controlar la narrativa en un tema de alta sensibilidad social.

Entre los puntos señalados por la Red destacan los siguientes: 

  1. Desacreditación sin sustento. La Fiscalía afirmó que la información difundida por la prensa “carece de veracidad y atenta contra el dolor de las víctimas”. Para la Red, esta acusación, sin pruebas, estigmatiza a periodistas que informan de manera responsable y pone en riesgo su labor. 
  2. Estigmatización del periodismo. Consideró preocupante que se responsabilice a los medios de generar “alarma social y desinformación”, ya que es un recurso comúnmente utilizado para desacreditar y censurar la labor periodística en contextos delicados. 
  3. Falta de transparencia. La organización subrayó que, si bien es válido informar primero a las familias de víctimas, la Fiscalía tardó siete días, tras la suspensión de los trabajos, en emitir un informe oficial. Recalcó que, si la institución desmiente información, debe ofrecer datos claros, verificables y accesibles para todas y todos.  
  4. Amenazas implícitas. El boletín señala que “evitar la difusión de datos no verificados es una obligación legal”. La Red alertó que esta declaración puede interpretarse como una advertencia directa contra quienes informan con base en fuentes distintas a las oficiales, lo que representa un riesgo mayor viniendo de una autoridad judicial. 
  5. Cuestionamiento a la ética sin fundamentos. Consideró inaceptable que se sugiera que publicar información no confirmada por la Fiscalía es un acto poco ético. Recordó que el rigor periodístico se sustenta en el contraste de diversas fuentes, no únicamente en la versión institucional. 
  6. Afectaciones al derecho a la memoria. La Red subrayó que el trabajo periodístico contribuye a preservar la memoria colectiva, especialmente en casos de graves violaciones a derechos humanos. Restringir el acceso a la información impacta directamente en este derecho y perpetúa el silencio.
Además, la organización denunció que, durante una reunión con colectivos, realizada el 25 de junio, el fiscal Edgar Maldonado Ceballos responsabilizó personalmente a la prensa de desvirtuar la información sobre las diligencias de exhumación. Afirmó que estas declaraciones agravan el riesgo para quienes ejercen el periodismo en la entidad. 

La Red recordó que el artículo 6 de la Constitución mexicana protege la libertad de expresión, el acceso a la información y el periodismo libre. Asimismo, señaló que tratados internacionales ratificados por México —como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos— garantizan el derecho a buscar, recibir y difundir información, y que la Organización de las Naciones Unidas ha advertido que las autoridades no deben utilizar leyes o discursos para intimidar a periodistas. 

“La Fiscalía General del Estado viola derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión, el acceso a la información, la libertad de prensa y el derecho a la memoria”, apuntó la organización. 

Finalmente, exigió a la Fiscalía:
  • Abstenerse de emitir mensajes que intimiden, amenacen o desacrediten a quienes informan. 
  • Garantizar el acceso transparente, equitativo y oportuno a la información pública. 
  • Reconocer al periodismo como una herramienta clave para la rendición de cuentas, la defensa de los derechos humanos y la preservación de la memoria colectiva.
“La tragedia de las fosas de Jojutla sigue siendo un pendiente sin resolver desde hace más de diez años. Los pocos avances han sido posibles gracias a la insistencia de las familias buscadoras y al trabajo del periodismo comprometido”, sostuvo la Red.

Y concluyó: “La libertad de expresión no se condiciona. El periodismo no se silencia”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.

Morena, PAN y MC avalan reforma a ley de Seguridad; eliminan plataforma de usuarios de telefonía

El PRI fue el único partido que votó en contra tras denunciar “albazo legislativo”.

Diputados oficialistas, junto al PAN y Movimiento Ciudadano, aprobaron la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El PRI fue el único partido que votó en contra, ya que acusó que hubo un “albazo legislativo” al señalar que el dictamen fue modificado en la madrugada.

La iniciativa fue avalada en lo general y en lo particular por 445 votos a favor y 37 en contra y establece que la reforma tiene por objeto regular la integración, organización y el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como la distribución de competencias, la coordinación y cooperación entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno que lo integran.  

Entre los cambios a la reforma se encuentra la eliminación de la Plataforma Digital de Usuarios de Telefonía Móvil, que estaba considerada en la minuta que aprobó la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados.  

También se establece la creación del Sistema Nacional de Información, un conjunto integrado, organizado y sistematizado de registros y bases de datos nacionales.

Se compone por elementos metodológicos y procedimentales que permiten a las Instituciones de Seguridad Pública su consulta e interconexión para el desempeño de sus funciones.   

Además, la reforma fija el mando único es el modelo de coordinación policial en el que se centralizan, dentro de una entidad federativa, las labores de seguridad pública en una sola institución, tanto en lo operativo como en lo administrativo.

Se detalla en la minuta que el mando único se establecerá cuando el municipio no cuente con policía; cuando así lo determine el Consejo Nacional o el consejo local de la entidad federativa o cuando así lo solicite el municipio. 

La minuta fue enviada al Senado de la Republica para que se discuta en comisiones y posteriormente se suba al Pleno de la Cámara Alta el próximo lunes 30 de junio.  

EL PRI VOTA EN CONTRA POR CONSIDERAR QUE LA REFORMA SE AVALÓ “AL VAPOR”

Al inicio de la discusión los legisladores de oposición colocaron una corona con la leyenda: “Murió la democracia”, y unos carteles con la leyenda: “El gobierno espía”.  

También se presentaron dos mociones suspensivas, una del diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Gibrán Ramírez, quien argumentó que las reformas son autoritarias y de vigilancia masiva; por su parte el diputado del PRI, Erubiel Lorenzo Alonso, resaltó que existieron vicios en el procedimiento legislativo de la iniciativa. Sin embargo, ambas fueron desechadas en votación económica.  

El grupo parlamentario del PRI fue el único que votó en contra de la reforma, acusando “albazo legislativo”.

El diputado tricolor Arturo Yáñez Cuéllar cuestionó sobre cómo es posible que se tengan leyes exprés y seguridad de cartón.

“Cómo es posible que ustedes turnen las modificaciones al dictamen de madrugada y le quiero decir a las mexicanas y a los mexicanos, estamos discutiendo un dictamen en donde en la madrugada, cinco de la mañana, se turnó a análisis de los diputados y hoy los diputados de Morena, los diputados del oficialismo, del PT y del Verde hacen un albazo legislativo. Eso es lo que tienen que saber”, resaltó en tribuna.  

La diputada priista Verónica Martínez García afirmó que es inaceptable que cuando el país está enfrentando una grave crisis de inseguridad, violencia e impunidad, no haya el análisis necesario para consensuar una estrategia que verdaderamente le convenga a México. 

“En los hechos, es una nueva ley distinta a la aprobada en comisiones. Esto constituye una violación flagrante al debido proceso legislativo establecido en el artículo 72 constitucional. 

“En una materia tan importante como lo es la seguridad pública debemos ser responsables, no podemos legislar al vapor cuando desde el sexenio anterior hay más de 185 mil homicidios dolosos; más de 50 mil personas desaparecidas, y más de 6 mil feminicidios registrados”, detalló.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.

En el sexenio de AMLO se denunciaron más de 2 mil 800 casos de tortura: OMCT

La organización dio a conocer su ranking mundial, con base en la revisión de las condiciones de la tortura en 26 países emblemáticos, entre ellos México, al que se le ubicó en el rango de los 13 países con mayores riesgos de sufrir tortura y malos tratos.

Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se denunciaron más de 2 mil 800 casos de tortura que implicaron a más de 3 mil víctimas, convirtiendo a México como un país con un “riesgo alto” de perpetración de esa grave violación a derechos humanos, concluyó la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) en el Índice Global de la Tortura 2025. 

En el contexto del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, la organización con sede en Ginebra, Suiza, dio a conocer su ranking mundial, con base en la revisión de las condiciones de la tortura en 26 países emblemáticos, entre ellos México, al que se le ubicó en el rango de los 13 países con mayores riesgos de sufrir tortura y malos tratos.

De acuerdo con la sistematización de la información, facilitada a la OMCT por organizaciones civiles mexicanas aliadas, “la tortura en México es una práctica generalizada que ocurre en un contexto de impunidad, y que, sustituyendo al debido proceso, ha sido utilizada, entre otros fines, como método de investigación, obtención de confesiones y fabricación de culpables”.  

De acuerdo con el informe, “se han denunciado 2 mil 881 casos de tortura cuyos hechos ocurrieron entre los años 2019 y 2024, de los que derivaron 3 mil 506 víctimas”, en apego a la documentación recabada por la Secretaría Técnica de Combate de la Tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública.  

La OMCT alertó en su informe que, en 2023, en todo el país se han tramitado 4 mil 592 carpetas de investigación por tortura, pero que sólo 18 han sido presentadas ante jueces, lo que representa el 0.1% del total de las querellas, situación que coloca a la tortura como uno de los delitos con un alto grado de impunidad.  

Con base en información proporciona por el Observatorio contra la Tortura, en ese mismo año, “sólo se dictaron 8 sentencias condenatorias por tortura y malos tratos”.  

La organización resaltó que, de manera generalizada, las víctimas de tortura carecen de una defensa adecuada, además de que “los agentes de policía disuaden a las víctimas de tortura de presentar denuncias” contra perpetradores, siendo los más señalados agentes de las fiscalías estatales, seguido de elementos de seguridad pública.  

El reporte de la organización internacional incluye datos de la Encuesta Nacional de Población Privada e la Libertad (ENPOL), publicada por el INEGI en 2021, de la que se desprende la prevalencia de “un patrón común para generar pruebas ilícitas: el 42% de las personas en prisión entrevistadas refirieron que fueron golpeadas o maltratadas en la agencia del ministerio público para inculparse o aceptar hechos falsos y en el 22% para inculpar a alguien más”, mientras que 20% aceptó haberse declarado culpable de los delitos que le imputaban tras agresiones físicas”.   

La ENPOL también documenta que el 34.5% de las personas privadas de la libertad encuestadas “declararon haber sido agredidas físicamente por custodios”.  

Para la organización internacional los porcentajes de personas privadas de libertad que denunciaron tortura son muy elevados, considerando que hay 242 mil 457 personas privadas de libertad, de las cuales 38.2% se encuentran en condición de prisión preventiva. 

En la ficha técnica sobre México, la OMCT incluye resultados del Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometida Contra Mujeres en México, ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la sentencia contra México por la tortura sexual cometida contra once mujeres agredidas en un operativo policiaco en Atenco, Estado de México, en mayo de 2006.  

De acuerdo con el Diagnóstico, de mil 280 mujeres privadas de la libertad encuestadas, “el 32% refirió explícitamente haber sufrido tortura sexual, mientras que 11.64% se presume (por sus narraciones) que vivieron actos de tortura sexual, sin haberla reconocido como tal, es decir que el 43.82% de las mujeres que fueron sometidas a actos de tortura, fueron con connotaciones de naturaleza sexual”.  

El documento también incluye las muertes de 21 mujeres en el CEFERESO 16 de Morelos, presuntamente por suicidios derivados del ambiente torturante en que se encuentran las internas del reclusorio federal.  

La OMCT también consideró, como uno de los elementos de riesgo, la situación que viven defensores de derechos humanos y periodistas,  documentada a partir de reportes de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), que refiere que en 2024 “al menos nueve personas defensoras de derechos humanos, seis periodistas y dos trabajadores de medios de comunicación fueron asesinadas en relación con su labor en México”, mientras que cinco personas defensoras de derechos humanos y un trabajador de medios, fueron desaparecidos ese año.  

La organización internacional destacó que a pesar de ser tan frecuente la perpetración de la tortura, en 2023 la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) sólo había reconocido a mil 553 víctimas de ese flagelo. 

La OMCT hizo una referencia a la “brutalidad policial” y retomó datos de la investigación Poder Militar, realizada por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que  alerta que de 20182 a 2023, “la Guardia Nacional aplicó el uso de la fuerza en 421 eventos”, de los cuales, en 411 “se utilizaron armas de fuego”, en tanto que la corporación militarizada, había privado de la vida a 94 personas entre 2019 y 2021, entre los que se han documentado casos de ejecuciones extrajudiciales.  

En la documentación del Índice Global de la Tortura 2025 se resaltó que México es uno de los pocos países que cuentan con legislación para abordar el delito de tortura, así como con instituciones y mecanismos dentro del Estado para combatir el flagelo, instrumentos jurídicos que incluso han sido imitados por otros países.  

Sin embargo, la OMCT lamentó la falta de congruencia entre la legislación y la realidad.  

De acuerdo con el Índice Global de Tortura 2025, México comparte la clasificación de “alto riesgo” con países como El Salvador y Colombia, en Latinoamérica, así como con Nigeria, Camerún, República Democrática de El Congo y Túnez, en África, así como con Turquía, Pakistán, India, Malasia e Indonesia, en Asia.  

La presentación en México del documento estuvo encabezada por Olga Guzmán, responsable regional de OMCT, quien después de darlo a conocer dio la palabra a víctimas directas e indirectas de tortura.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Violencia sexual es “imprescriptible”: SCJN confirma sentencia contra el productor Luis de Llano

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la violencia sexual a niños y adolescentes es “imprescriptible”, al confirmar la sentencia contra el productor Luis de Llano Macedo, acusado del abuso sexual cometido contra Sasha Sokol en la década de los 80, cuando ella, de 14 años, formaba parte del grupo Timbiriche.

Tras la victoria legal, Sokol aseguró aseguró que la resolución sienta un precedente y “abre la vía del juicio civil para otras víctimas” de delitos sexuales.

En marzo de 2022, Sokol reveló que sostuvo una relación con De Llano cuando éste tenía 39 años y ella 14, lo que confirmó el productor en una entrevista pública. De acuerdo con De Llano, la relación fue consensuada, lo que fue negado por Sokol, quien entonces presentó una demanda por daño moral.

En 2023, un juez civil determinó que sí existió daño moral contra la cantante al concluir que De Llano cometió abuso de poder, pues Sokol era menor de edad y él ocupaba un posición de autoridad en su entorno profesional. A pesar de que la sentencia fue apelada por el acusado, quien reclamó la prescripción de los hechos por haber sucedido en 1985, el Tribunal Superior de Justicia y la SCJN ratificaron el fallo.

“La acción de responsabilidad civil por daños provenientes de violencia sexual a niñas, niños o adolescentes es imprescriptible”, señaló la SCJN al negar el amparo a De Llano.

Con la sentencia, el productor está obligado a pedir una disculpa pública a Sokol, que deberá publicarse en los medios donde hizo declaraciones sobre ella, así como reconocer de manera clara su responsabilidad en el daño que provocó. Además, el fallo ordena cubrir una indemnización económica por daño moral, que Sokol anunció que donará a organizaciones que apoyan a víctimas de violencia sexual, y deberá asistir curso especializado en prevención del abuso sexual, con énfasis en el trato con menores de edad.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ordena SCJN que FGR publique carpeta de investigación de Ayotzinapa

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la sentencia judicial que ordena a la Fiscalía General de la República (FGR) elaborar y publicar una versión electrónica de la carpeta de investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, perpetrada la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

La sentencia señala que la información sobre el Caso Ayotzinapa “no podía clasificarse como reservada al estar vinculada con la investigación de hechos que involucran violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad”.

Con el fallo la SCJN respalda la resolución del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) para hacer pública la información del caso, al negar los dos amparos interpuestos este año por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en representación de tres personas que se presentaron en calidad de víctimas del fallo y que fueron identificadas como presuntos exintegrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, implicado en la desaparición de los estudiantes.

De acuerdo con el fallo de la Primera Sala de la SCJN, la versión electrónica de la carpeta de investigación con los datos confidenciales testados deberá ser publicada en la página oficial de la FGR.

“No vemos que el gobierno esté trabajando de la manera adecuada”, acusan normalistas

“No vemos que el gobierno esté trabajando de la manera adecuada” para resolver el Caso Ayotzinapa, denunciaron normalistas a 129 meses de la desaparición de sus compañeros en Iguala, Guerrero.

En un mitin previo a la movilización de este jueves, los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa criticaron que a tres meses de que se cumplan once años de la Noche de Iguala el caso “está estancado”, pues “no hay avances significativos” en las investigaciones y las autoridades federales han demostrado “imprudencia, desatención y negligencia”.

“¿Cómo es posible que a casi once años no se tenga una pista, una prueba, algo que diga dónde se encuentran nuestros 43 compañeros?”, cuestionaron los jóvenes durante la protesta en Acapulco, Guerrero, en la que aseguraron que también exigen justicia por todas las víctimas de desaparición en el país, luego de que mayo registró la cifra más alta de desapariciones, con mil 398 casos.

Recordaron que la presidenta Claudia Sheinbaum “tiene una deuda pendiente que le dejaron los expresidentes” para garantizar que el caso no quede en la impunidad y los responsables materiales e intelectuales de la desaparición sean identificados y sancionados.

“El gobierno sabe dónde se encuentran nuestros 43 compañeros, si el caso no avanza, ¿por qué el gobierno pone obstáculos?”, añadieron los normalistas, que junto con los padres de las víctimas han denunciado en varias ocasiones la negativa del gobierno para que le exija al ejército la entrega de los folios pendientes para la investigación y que avance el caso.

Finalmente, los estudiantes reclamaron que desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se facilitó la salida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) por la obstaculización del ejército a las investigaciones.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Las Fuerzas Armadas detienen a 11 presuntos integrantes de "Los Mayos" en Sinaloa

Como resultado de diversas acciones ejecutadas en distintos puntos de Sinaloa, elementos de las Fuerzas Armadas lograron la detención de 17 personas, incluidas 11 ligadas a "Los Mayos". En los operativos también se aseguraron armas, droga y vehículos.

Las Fuerzas Armadas del Gobierno de México dieron un nuevo golpe al crimen organizado al lograr la detención de 17 personas en el estado de Sinaloa, 11 de las cuales estarían vinculadas con "Los Mayos".

A través de un comunicado conjunto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que dichas detenciones fueron realizadas gracias a la ejecución de diversas acciones en las que participaron elementos de la propia dependencia, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Secretaría de Marina (Semar), de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Guardia Nacional (GN).

De acuerdo con lo señalado por la SSPC, una de dichas acciones tuvo lugar en la localidad de La Laguna Colorada, en el municipio de Culiacán. Ahí, se ejecutaron cuatro órdenes de cateo en una serie de inmuebles donde se detuvieron a ocho personas presuntamente ligadas a "Los Mayos", a quienes también se les aseguraron 10 armas de fuego, 42 cargadores y cartuchos.
"A la vez se detuvo a dos personas que circulaban en camionetas donde transportaban aproximadamente 79 litros y 60 kilos con diferentes sustancias, y un arma de fuego larga", añadió la SSPC. También apuntó que "los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial".
Por otra parte, un onceavo sujeto que pertenecería a dicho grupo criminal fue aprehendido en el poblado de Caminaguato. Al detenido se le aseguraron 10 armas de fuego, dos granadas, 12 artefactos explosivos improvisados, 69 cargadores, dos mil 838 cartuchos útiles, equipo táctico y dos camionetas.

Un par de acciones más se llevaron a cabo en los poblados de El Pozo y La Cuesta, donde elementos de la Semar fueron agredidos a balazos mientras emprendían recorridos de seguridad.
"Al ver en riesgo su integridad, repelieron la agresión, controlaron la situación y detuvieron a seis personas, entre ellas tres menores de edad", indicó la SSPC. "Les aseguraron siete armas largas, un arma corta, cartuchos útiles, 62 cargadores, una bolsa con marihuana, dinero en efectivo, 10 vehículos, equipo táctico, un laboratorio clandestino, 200 litros de acetona, 75 kilos de sosa cáustica, 10 antenas y 47 artefactos explosivos improvisados", agregó.
Finalmente, en el poblado de Agua Caliente, se implementó otro operativo que resultó en el aseguramiento de dos ametralladoras, 63 cargadores, más de tres mil cartuchos y cuatro camionetas.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mencionó que a todas las personas detenidas se les leyeron sus derechos constitucionales y que fueron puestas a disposición de agentes del Ministerio Público para definir su situación legal.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La Plaza México anuncia la cancelación de la tauromaquia por reforma capitalina

La Plaza México invitó a la afición de la tauromaquia a defender las corridas de toros, pese a la prohibición del Congreso Capitalino.

La Plaza México advirtió este jueves que, como consecuencia de la nueva legislación aprobada por el Congreso de la Ciudad de México respecto a la prohibición de corridas de toros con violencia, "no es posible celebrar corridas y novilladas tradicionales" en el recinto.
"La reforma representa una prohibición a la tauromaquia, pues elimina elementos esenciales de la misma y conlleva un cambio estructural que altera profundamente la naturaleza de la corrida de toros. Adicionalmente, es técnica y jurídicamente inviable llevar a cabo el denominado 'espectáculo taurino sin violencia'".
La Plaza México aseguró que, aunque se presenta bajo el argumento de protección animal, la reforma tendrá como consecuencia la desaparición del toro de lidia, una especie cuya existencia depende exclusivamente de la práctica taurina.
"Lamentamos cualquier medida que atente contra la libertad cultural de cientos de miles de personas que han hecho de la tauromaquia una tradición viva en la Ciudad de México y en el resto de nuestro país", añadió el establecimiento.
La México reiteró su disposición al diálogo respetuoso y abierto con las autoridades capitalinas, y reafirmó su compromiso de seguir trabajando por mantener vivas las expresiones culturales que representan tradición, identidad, desarrollo económico y bienestar para miles de involucrados.

"En ese sentido, continuaremos explorando los caminos institucionales y legales disponibles para encontrar una solución que reconozca y respete la rica cultura popular que simboliza la tauromaquia", sostuvo.

Finalmente, la Plaza México invitó a la afición a que participen y se sumen al esfuerzo conjunto "para defender la tradición de las tradicionales corridas de toros como parte de nuestra identidad y mexicanidad".


En marzo, la Ciudad de México se unió a otras regiones del país y del mundo que han optado por prohibir las corridas de toros. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, celebró este avance como un gran paso hacia la consolidación de la capital y destacó el compromiso de la ciudad con el respeto y la protección de los derechos de los animales.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La CNBV remueve a los administradores de CIBanco e Intercam, tras acusaciones de EU

Luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara a CIBanco e Intercam por estar presuntamente involucrados en actividades de lavado de dinero para el crimen organizado, la junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que intervendrá en la gerencia de dichas instituciones.

La junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de CIBanco S. A. e Intercam Banco S. A., esto después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) los considerara "fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides".

A través de un comunicado, la CNBV informó que el decreto se llevó a cabo "con fundamento en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito, y con el fin de proteger los intereses del público ahorrador y acreedores" de ambas instituciones.
"La intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones, dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos", indicó la Comisión.
Asimismo, precisó que, pese a las acusaciones del Gobierno estadounidense, las autoridades financieras mantienen su confianza en "la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano", además de que seguirán trabajando de manera coordinada para "continuar propiciando la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento" de dicho sistema.
EU pone en la mira a Vector, CIBanco e Intercam

El mensaje emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se da luego de que el Departamento del Tesoro de EU afirmara ayer que CIBanco e Intercam, con activos totales por más de siete mil millones y cuatro mil millones de dólares, respectivamente, junto con Vector, una firma de corretaje que gestiona casi 11 mil millones de dólares, han desempeñado de forma conjunta un papel clave y prolongado el lavado de millones de dólares a nombre de cárteles con sede en México. Además, habrían facilitado pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios en la producción de fentanilo.
“El Tesoro de Estados Unidos considera que facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en engranajes clave en la cadena de suministro de fentanilo”, declaró el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, a través de un comunicado difundido por la Embajada de Estados Unidos en México.
“Al usar por primera vez esta poderosa facultad, las acciones de hoy reafirman el compromiso del Tesoro de utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para contrarrestar la amenaza que representan las organizaciones criminales y terroristas que trafican con fentanilo y otros narcóticos”, se lee en el boletín.


A su vez, las autoridades estadounidenses detallaron que se trata de medidas que forman parte de una colaboración intergubernamental con México, con el objetivo de implementar sistemas financieros que cuenten con controles sólidos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT), y que protejan a las y los ciudadanos de ambos países de amenazas transnacionales asociadas al financiamiento ilícito.

Dichas acciones se emprenden después de que el Presidente Donald Trump firmara órdenes ejecutivas para nombrar a al menos seis cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs) y/o Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGTs), en donde las medidas implementadas –según explicó el Departamento del Tesoro– “complementan esas designaciones, con el objetivo de negar acceso al sistema financiero estadounidense a entidades vinculadas con los cárteles del narcotráfico”.

De acuerdo con lo establecido, las instituciones financieras cubiertas tendrán prohibido realizar transferencias de fondos desde o hacia CIBanco, Intercam o Vector, incluyendo cuentas o direcciones de moneda virtual convertible asociadas a dichas entidades. Las restricciones entrarán en vigor 21 días después de su publicación en el Registro Federal.
En cuanto a CIBanco, se le señaló como una institución financiera extranjera que opera fuera de Estados Unidos y que representa una preocupación principal debido a su patrón sostenido de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que han facilitado operaciones delictivas relacionadas con opioides por parte de cárteles mexicanos, como el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo. También se le atribuye la facilitación de adquisiciones ilícitas de precursores químicos provenientes de China.

Respecto a Intercam, Estados Unidos aseguró que también es una de las principales preocupaciones en materia de lavado de dinero por su prolongada relación con operaciones financieras que facilitaron el tráfico ilícito de opioides. Se le vincula específicamente con el CJNG y con el procesamiento de transferencias de fondos en dólares que habrían financiado la adquisición de precursores químicos en China.

México exige pruebas

Ayer, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México exigió pruebas a las autoridades estadounidenses sobre que los bancos y la casa de bolsa estarían involucrados en actividades de lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada.
En una nota informativa sobre las investigaciones en el sector financiero, la SHCP dio a conocer que "el Departamento del Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a través de la Dirección General de Asuntos Normativos e Internacionales, y a Hacienda sobre presuntas irregularidades de estas instituciones".
"Ante ello, se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto", precisó la dependencia.
Apuntó que "la única información proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede verificarse por parte de México contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas". "No obstante, estas transacciones se realizan por miles a través de las instituciones financieras nacionales", aclaró.

Vector y CIBanco rechazan acusaciones

Por su parte, Vector Casa de Bolsa rechazó los señalamientos de narcolavado por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y aseguró que, en sus 50 años de funcionamiento, ha operado bajo estándares de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión de autoridades financieras nacionales.
"Vector rechaza categóricamente cualquier imputación que comprometa su integridad Institucional. Con más de 50 años de trayectoria, nuestra Casa de Bolsa ha operado bajo los más altos estándares de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión por parte de las autoridades financieras nacionales", destacó en un comunicado.
Por su parte, en un posicionamiento, CIBanco aseguró que "no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad" y "reiteró el cumplimiento de todos los lineamientos establecidos por las autoridades competentes". Además, recalcó que la SHCP advirtió que no se han presentado pruebas al respecto.
"La institución opera con una rigurosa regulación nacional e internacional, y se encuentra supervisada permanentemente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB)", explicó.
EU no dio pruebas: Sheinbaum


El tema de los señalamientos por parte del Tesoro estadounidense también fue abordado por la Presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina de este 26 de junio, donde mencionó que EU alertó hace semanas sobre las acusaciones de lavado de dinero contra dos bancos y una casa de bolsa con sede en México, por lo que el Gobierno federal pidió más información de las operaciones que probarían la comisión de dicho delito, pero los datos nunca llegaron.
"Quiero hacer una posición sobre lo que salió ayer por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de estas sanciones administrativas a dos bancos mexicanos y a una casa de bolsa. Ayer hubo un comunicado de la Secretaría de Hacienda", dijo al inicio de su tradicional conferencia de prensa matutina.
De acuerdo con Sheinbaum Pardo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recibieron hace algunas semanas "información confidencial por parte del Departamento del Tesoro y de FinCEN -que es la institución espejo, digamos, en Estados Unidos de la UIF- de estas tres instituciones financieras".
"La información que provenía en este comunicado que hacía el Departamento del Tesoro... Bueno, en el momento en que saben la UIF y la Secretaría de Hacienda, me lo comunican. En este comunicado, venía información muy general. No había información detallada de las razones por las cuales consideraban que estas instituciones financieras hacían lavado de dinero", detalló.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

CAPUFE eliminará el cobro en efectivo en mayoría de casetas de cobro en autopistas

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) anunció, el 25 de junio de 2025, que “próximamente” la mayoría de los carriles en sus plazas de cobro dejarían de aceptar pagos en efectivo y operarían exclusivamente mediante la TAG IAVE, como parte de una estrategia nacional de modernización denominada “Cero Efectivo”.

“En CAPUFE nos modernizamos para ti. Próximamente el pago en la mayoría de los carriles de nuestras plazas de cobro será solo con TAG, lo que permitirá cruces más rápidos. Adquiere tu IAVE con anticipación y súmate al cambio. Agiliza tu cruce con IAVE”, informó el organismo público descentralizado, adscrito a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno Federal.

Aunque algunos carriles seguirían disponibles para pagos en efectivo, estos serían minoría. Ante ello, CAPUFE recomendó a los automovilistas adquirir con tiempo el TAG IAVE, un dispositivo de prepago que se instalaba en el parabrisas del vehículo y permitía el cobro automático, sin necesidad de detenerse.

“El cambio forma parte de una transformación tecnológica para hacer más eficientes, ágiles y seguras las autopistas”, destacó el organismo público descentralizado de la SICT, que también invitó a los usuarios a facilitar su tránsito, usando el sistema de pago electrónico.

El TAG IAVE tenía un costo de 80 pesos, con Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido y podía adquirirse directamente en línea, a través del sitio oficial de CAPUFE: https://iave.capufe.gob.mx:8080/TiendaIAVE. Para obtenerlo, se debe llenar un formulario con datos personales, elegir el punto de entrega y confirmar el pedido.

Además del IAVE, también serían aceptados otros dispositivos electrónicos de pago como PASE y TeleVía, que funcionaban bajo esquemas de prepago o pospago vinculados a cuentas bancarias, o bien mediante recargas en tiendas autorizadas.

Estos TAG también podrían adquirirse y activarse en módulos de atención instalados en diversas autopistas del país, así como en establecimientos comerciales como OXXO, Walmart, Soriana, City Market, 7-Eleven, Radio Shack y Office Depot. La activación también podría realizarse en línea, por teléfono o de forma presencial.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

EU restringirá visas a familiares y socios de personas involucradas en el narcotráfico

Marco Antonio Rubio García, titular del Departamento de Estado de EE. UU. (DOS, por sus siglas en inglés) informó, el 26 de junio de 2025, que implementaría una nueva política de restricción de visas para disuadir y desmantelar el flujo de fentanilo y otras drogas ilícitas hacia Estados Unidos.

“La crisis del fentanilo en Estados Unidos no tiene precedentes, y las sobredosis siguen siendo la principal causa de muerte en estadounidenses de entre 18 y 44 años. Se informa que más del 40 por ciento de los estadounidenses conoce a alguien que ha fallecido por sobredosis de opioides, y en 2024 Estados Unidos registró un promedio de más de 220 muertes diarias por sobredosis”, recordó el DOS.

“Hoy anuncio una nueva política de restricción de visas, en virtud del artículo 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que se aplicará a los familiares y socios personales y comerciales cercanos de las personas sancionadas en virtud de la Orden Ejecutiva 14059, que impone sanciones a las personas extranjeras involucradas en el tráfico ilícito mundial de drogas (OE 14059).”, indicó el funcionario federal estadounidense.

“La medida de hoy amplía las herramientas existentes, incluyendo las sanciones conforme a la Orden Ejecutiva 14059 y la prohibición de visas, conforme a la sección 212(a)(2)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, para los traficantes de sustancias controladas. Imponer restricciones de visas a los narcotraficantes, sus familiares y socios personales y comerciales cercanos no solo les impedirá entrar a Estados Unidos, sino que también servirá como elemento disuasorio para la continuación de sus actividades ilícitas”, agregó Rubio García.

“El Departamento de Estado de EE. UU. utilizará todas las herramientas necesarias para disuadir y desmantelar el flujo de fentanilo y otras drogas ilícitas que ingresan a Estados Unidos y dañan a los ciudadanos estadounidenses”, dijo el titular del Departamento de Estado de EE. UU.

El 18 de junio de 2025, el DOS emitió nuevas directrices para los extranjeros que quisieran estudiar en Estados Unidos, por lo que deberían hacer públicos sus perfiles en redes sociales, para que las autoridades de EE. UU. pudieran asegurarse de que carecían de contenido antiestadounidense.

El 20 de junio de 2025, la Embajada de Estados Unidos en México pidió a los solicitantes de visa de estudiante mantener sus perfiles de redes sociales públicos, para verificar su identidad y admisibilidad a dicho país.

A través de sus diversas cuentas en las redes sociales, la representación diplomática estadounidense advirtió que la adjudicación de visas era un tema de seguridad nacional, por lo que se tenían que checar los antecedentes de los solicitantes.

“A partir de ahora, todas las personas que soliciten una visa de no inmigrante tipo F, M o J deberán ajustar la configuración de privacidad de todas sus cuentas personales en redes sociales a ‘pública’, con el fin de facilitar la verificación necesaria para establecer su identidad y admisibilidad a los Estados Unidos”, señaló la Embajada de EE. UU.

Las visas F y M serían para estudiantes a tiempo completo en instituciones académicas y la J de visitante de Intercambio para programas culturales o educativos. La representación diplomática indicó que todos sus consulados en México ya podían agendar citas para obtener este tipo de documentos.

“Los solicitantes de visa deben incluir todos los nombres de usuario o cuentas de redes sociales de cada plataforma que hayan utilizado en los últimos 5 años en el formulario de solicitud de visa DS-160. Los solicitantes certifican que la información en su solicitud de visa es verdadera y correcta antes de firmarla y enviarla. Omitir información de redes sociales podría resultar en la denegación de la visa y la inelegibilidad para futuras visas”, comentó la Embajada de EE. UU.

“Si no hay una cita disponible antes de la fecha de inicio de tu programa en junio o julio, por favor solicita una cita urgente a través de nuestro sistema en línea. Si no hay una cita disponible antes de un programa que comienza en agosto o después, te pedimos paciencia y que estés atento a la apertura de nuevas citas próximamente”, detalló la representación diplomática estadounidense.

“Las citas de visa para estudiantes y visitantes de intercambio están reabriendo en nuestra Embajada y consulados. Mientras recibimos a futuros estudiantes, los EE. UU. mantienen su compromiso con procesos rigurosos para proteger su seguridad nacional y garantizar un ingreso legal y seguro”, escribió Ronald Johnson, titular de la Embajada de Estados Unidos en México.

En un decreto firmado el día de su investidura, el 20 de enero de 2025, el presidente Donald Trump pidió una mayor verificación de antecedentes de las personas que entraran a Estados Unidos para garantizar que “no presenten actitudes hostiles hacia sus ciudadanos, cultura, gobierno, instituciones o principios fundacionales”.


FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Sheinbaum dice 'no tiene sustento' que EU vea a México como 'adversario extranjero'

“No, no tiene sustento lo que dijo la secretaria del Departamento de Justicia”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que la declaración de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien calificó a México como adversario extranjero por permitir que cárteles del narcotráfico operen con impunidad facilitando el tráfico de fentanilo a aquel país, “no tiene sustento”.

“No, no tiene sustento lo que dijo la secretaria del Departamento de Justicia (Bondi)”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum explicó que las declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos se dieron porque “no está muy informada”.

La mandataria responde así a Bondi, quien el miércoles durante una audiencia ante el Comité de Apropiaciones del Senado sobre el presupuesto 2026 incluyó a México en la lista de adversarios extranjeros junto a Irán, Rusia y China.

“No nos dejaremos intimidar y mantendremos a Estados Unidos seguro. No sólo de Irán, sino de Rusia, China y México. De cualquier adversario extranjero que esté tratando de matarnos físicamente, o por sobredosis a nuestros hijos, con drogas”, señaló la funcionaria estadounidense.

Bondi, además, indicó que México está gobernado por los carteles del narcotráfico y acusó a organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación para que el fentanilo entre a Estados Unidos.

Al respecto, Sheinbaum recordó que están por firmar con Washington un acuerdo sobre seguridad y destacó que en los últimos meses “ha disminuido el cruce del fentanilo”, además de que ha habido un descenso en los homicidios en México, situación que ha sido reconocida por la agencia de aduanas y migración de EE.UU.

“La realidad es que hay cooperación, coordinación sin subordinación y vamos avanzando. Y la estrategia de seguridad en México está funcionando, con sus problemas cotidianos, pero está funcionando”, defendió.

El presidente Donald Trump ha priorizado el combate al fentanilo, una droga sintética que, según su Gobierno, se elabora en países como México con precursores químicos de China y causó más de 48.000 muertes por sobredosis en Estados Unidos durante 2024, de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Por su parte, el Gobierno mexicano reportó la semana pasada que desde febrero, gracias a la ‘Operación Frontera Norte‘, acordada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para evitar aranceles generalizados del 25 % a México, se han detenido a 4,619 personas y más de 40 toneladas de droga han sido confiscadas, incluyendo 1.14 millones de pastillas de fentanilo.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Senado aprueba reformas a la ley de lavado de dinero

Las reformas incorporan el financiamiento al terrorismo y amplían el alcance de la ley mediante nuevas definiciones clave, como beneficiario controlador y persona políticamente expuesta.

El Senado de la República aprobó el miércoles reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal, con el objetivo de fortalecer la supervisión financiera y prevenir el lavado de dinero.

Los cambios aprobados con 74 votos a favor, 13 en contra y 20 abstenciones se da en un contexto marcado por los recientes señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra instituciones financieras mexicanas.

El dictamen avalado busca reforzar la coordinación interinstitucional para investigar y sancionar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Entre los cambios más relevantes, se amplía el objeto de la ley para incluir el financiamiento al terrorismo, se introducen nuevas definiciones clave —como beneficiario controlador y persona políticamente expuesta— y se obliga a las entidades que realicen actividades vulnerables a identificar, monitorear y reportar transacciones sospechosas.

El dictamen aprobado persigue mejorar la colaboración entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Guardia Nacional y otras autoridades nacionales e internacionales para prevenir y detectar operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Establece facultades para que participe la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) en la supervisión de las actividades vulnerables y exige a las entidades del sector financiero utilizar sistemas automatizados para el continuo monitoreo de sus operaciones con clientes de alto riesgo.

Asimismo, amplía de cinco a diez años el plazo de conservación de documentación relevante y permite auditorías proporcionales al nivel de riesgo.

En materia penal, se modifica el artículo 400 bis del Código Penal Federal, y se mantiene la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera como instancia denunciante en casos de uso del sistema financiero para actividades delictivas.

El presidente de la Comisión de Justicia, el morenista Javier Corral Jurado, destacó que la reforma no tiene carácter persecutorio, sino preventivo, y busca impedir que los recursos ilícitos contaminen al sistema financiero nacional.

Además, reiteró que estas adecuaciones responden a compromisos internacionales asumidos por México ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El miércoles, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos hizo señalamientos contra CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por supuestos vínculos con operaciones ilícitas.

Las instituciones rechazaron los señalamientos, mientras la Secretaría de Hacienda explicó que, aunque el Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera, no ha entregado pruebas que respalden los vínculos entre las instituciones y delitos financieros.

Hasta ahora, las entidades y el Gobierno mexicano han precisado que las únicas evidencias verificables son transferencias ordinarias entre empresas mexicanas y firmas chinas legalmente constituidas, en el contexto de un comercio bilateral superior a los 139.000 millones de dólares anuales.

La reforma aprobada será enviada a la Cámara de Diputados para su debate y posible aprobación.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.