Nacional

Imágenes del tema: kelvinjay. Con la tecnología de Blogger.

Estados

Política

Violencia

Descubren narcotúnel de 600 metros de longitud que conecta Tijuana con EU

Elementos de la SSPC, de la Fiscalía General de la República, de la Defensa Nacional y Marina, junto con autoridades locales de Baja California, cumplimentaron una orden de cateo por delitos contra la salud cuando localizaron el túnel.

Un túnel de aproximadamente 600 metros de longitud para el trasiego de drogas, que conectaba México con Estados Unidos, fue descubierto en la ciudad de Tijuana, Baja California, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Elementos de la SSPC, de la Fiscalía General de la República, de la Defensa Nacional y Marina, junto con autoridades locales de Baja California, cumplimentaron una orden de cateo por delitos contra la salud cuando localizaron el túnel.
Apenas el martes 17, elementos del Ejército mexicano detuvieron en Tijuana a Pablo Edwin “N”, alias “Flaquito” y a tres personas más. "Flaquito" es señalado como uno de los principales generadores de violencia en la región e identificado por las autoridades como uno de los principales operadores del cártel de Tijuana (Arellano Félix).

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Corte declara inconstitucional el cobro de 2% de impuesto a apps de reparto de alimentos

Durante la sesión de la Segunda Sala de la Corte los ministros rechazaron con tres votos contra uno, el proyecto de Yasmín Esquivel Mossa, que proponía negar el amparo a la empresa Cargamos Mobility en contra del artículo 307 Ter del Código Fiscal de la Ciudad de México.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que el cobro del 2% a plataformas de servicio de repartidores por el uso de vialidades públicas de la Ciudad de México es inconstitucional.

Durante la sesión de la Segunda Sala de la Corte los ministros rechazaron con tres votos contra uno, el proyecto de Yasmín Esquivel Mossa, que proponía negar el amparo a la empresa Cargamos Mobility en contra del artículo 307 Ter del Código Fiscal de la Ciudad de México, impulsado por la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

Sin embargo, en esta ocasión la Sala no returnó el asunto a otro ministro para que presente un nuevo proyecto, sino que el presidente de la Segunda Sala, Javier Laynez asumió directamente la redacción de la sentencia final en el sentido de amparar a la empresa contra la aplicación del artículo.

Los ministros que votaron en mayoría, Laynez, Alberto Pérez Dayán y Margarita Ríos, que acudió a la Segunda Sala para desempatar el asunto, indicaron que el cobro del 2% por el uso de infraestructura pública no constituye un aprovechamiento sino un impuesto y que el Congreso capitalino no puede legislar en materia de comercio electrónico ni establecer contribuciones sobre ingresos derivados de un modelo de negocios como las aplicaciones de servicio de repartidores, pues esta facultad la tiene exclusivamente al Congreso de la Unión.

El precedente de la Corte no es de aplicación obligatoria pero puede ser considerado para otros casos similares como el amparo de Uber contra el mismo cobro cuya resolución está pendiente en la Primera Sala.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sheinbaum defiende prisión preventiva oficiosa ante inseguridad en el país

Ante el proyecto de resolución que busca reinterpretar esa figura, la mandataria argumentó que se se debe de mantener “frente a la situación de inseguridad que vive el país con los grupos de la delincuencia organizada es importante, incluso para protección de los jueces".

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum consideró que, ante la situación de inseguridad que se vive en el país, la prisión preventiva oficiosa continúe aplicándose automáticamente para ciertos delitos y que esto no dependa del análisis de los jueces. 

Durante la conferencia matutina de este jueves, la presidenta enfatizó que esta figura está prevista en el artículo 19 constitucional, mismo que establece un catálogo de delitos por los que las personas deben llevar sus procesos penales en prisión.

Dicho catálogo incluía delitos de alto impacto como extorsión, homicidio y delincuencia organizada, sin embargo, en el año 2019 fue ampliado por el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador para incluir delitos de corrupción, fiscales, en materia de hidrocarburos, entre otros. 

“Frente a la situación de inseguridad que vive el país con los grupos de la delincuencia organizada es importante, incluso para protección de los jueces, que haya ciertos delitos en los que no quede a criterio del juez si es prisión o no, sino que ya haya una orientación previa de que ciertos delitos, como el homicidio o delitos graves, el juez oriente a la prisión preventiva oficiosa”, dijo la presidenta. 

“Esto tiene que ver incluso con que el juez no ponga en riesgo su vida frente a un delincuente peligroso”. 

El tema fue abordado por la mandataria federal a propósito de la programación de la discusión de un proyecto de resolución, elaborado por la ministra de la ministra Margarita Ríos Farjat, que establece que la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en automático, conforme al delito que se imputa, es inconvencional y prevé reinterpretar la figura para que los juzgadores analicen caso por caso y determinen si los imputados deben seguir sus procesos penales en la cárcel o no. 

Este criterio coincide con los emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en los casos García Rodríguez y otros vs. México y Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México, en los que declaró que la forma en la que se aplica la prisión preventiva oficiosa en el país no es compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, porque se hace en automático si una persona es acusada de alguno de los delitos del catálogo del 19 constitucional, sin tomar en consideración las particularidades de cada caso. 

El proyecto no tiene fecha fija de discusión en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sin embargo, la presidenta Sheinbaum reprochó que la oposición tenga intenciones de que todo el tiempo se aplique prisión preventiva justificada (la solicita el ministerio público y está obligado a ofrecer pruebas para su imposición) sin aportar mayores propuestas al conflicto de convencionalidad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

Sanciona Tribunal Electoral a ciudadana de Hermosillo por cuestionar en redes sociales a diputada del PT

Karla María Estrella, ciudadana originaria de Hermosillo, Sonora, fue sancionada por cuestionar en redes sociales a Diana Karina Barreras, del PT, esposa del morenista Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados.

Una ciudadana de Hermosillo, ama de casa y usuaria de redes sociales, fue sancionada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tras haber cuestionado a la diputada del Partido del Trabajo (PT), Diana Karina Barreras Samaniego, esposa del morenista Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados.

Todo inició en 2024 cuando la hermosillense Karla María Estrella, quien usualmente dedica publicaciones en redes sociales para señalar las deficiencias de autoridades y figuras políticas, recibió una notificación de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE).

Fue el 24 de febrero cuando Karla dio a conocer en su cuenta de X (antes Twitter) que Barreras Samaniego había solicitado medidas cautelares en su contra “por la presunta comisión de hechos que podrían constituir violencia política en razón de género”.

Lo anterior, después de que Karla realizara la siguiente publicación el 14 de febrero de 2024:

“Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas”.


En esa publicación, Karla se refería a la postulación de Barreras Samaniego como candidata a diputada federal por el distrito 3 de Hermosillo, impulsada por la coalición de la 4T.

Días después, el 27 de febrero, la Unidad Técnica Ejecutiva del INE notificó a Karla de la queja de la diputada Barreras Samaniego por su publicación. La institución le refirió que debía contestar “cuál era el objetivo” de su tuit y presentar “documentación que justifique” las afirmaciones.

“¿No les parece un uso faccioso de la Violencia Política Contra Las Mujeres en Razón de Género? Pero además, el INE incluyó mi dirección y mi nombre completo en los acuerdos, a pesar de que yo no los publico ni utilizo públicamente, ¿le entrega copia a la denunciante de esa información?”, cuestionó.
Ahora, más de un año después, Karla dio a conocer que, pese a haber impugnado la resolución del INE en su contra ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), éste determinó que sí existió violencia política de género por parte de su parte contra la diputada sonorense.

“El día de hoy se votó la propuesta de resolución del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón donde decía que no había violencia de género, sino una crítica ciudadana a un posible caso de nepotismo”.

“Pero la votación estuvo dividida y el voto de calidad lo tuvo la magistrada presidenta donde dice ‘que el contenido implícito de mi tuit sugiere que’. O sea, se pusieron a analizar qué es lo que creen que quise decir y no lo que realmente dije”, apuntó.

De acuerdo con Proceso, el 11 de abril la Sala Regional Especializada del TEPJF resolvió que si bien el mensaje no constituía calumnia, sí configuraba violencia política de género, ya que sugería que la candidatura de Barreras Samaniego obedecía únicamente a su relación con un hombre, en menoscabo de sus capacidades.

“La expresión realizada por la recurrente se limitó a hacer una crítica a un servidor público que presuntamente ejerció nepotismo o influyentismo, con el propósito de favorecer a su cónyuge”, sostuvo el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.

Sin embargo, fue la magistrada presidenta Mónica Soto quien rechazó esta visión y defendió la sanción contra Karla.

“Uno de los argumentos que se utilizan de manera muy recurrente para invisibilizar o menoscabar las capacidades de las mujeres es llevarlas siempre a la esquina de la pertenencia o la dependencia de algún hombre”, dijo durante la sesión.


Por su parte, el magistrado Felipe Fuentes coincidió en que el comentario de Murrieta no cuestionaba la postulación desde un análisis político, sino que desestimaba los méritos de la diputada al reducir su candidatura a una supuesta influencia de su esposo.

Ahora, tras la resolución del TEPJF, la ciudadana Karla María Estrella deberá pagar una multa, ofrecer disculpas públicas por 30 días, tomar un curso de género, realizar lecturas obligatorias de bibliografía especializada y publicar la sentencia en sus redes sociales, además de que será inscrita en el Registro de Personas Sancionadas del INE por 18 meses.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/PROYECTO PUENTE.
AUTOR:                           /JOSÉ MANUEL ÁVALOS.

Empresa minera deja a comunidad sin apoyo para enfrentar secuelas en salud tras años de extracción de oro en Carrizalillo

En Carrizalillo, Guerrero, funciona una Casa de Salud que depende de las aportaciones de Equinox Gold, donde se brinda atención médica a personas con padecimientos asociados a la explotación minera, pero el servicio en esta clínica está en riesgo sin el subsidio de la empresa.

Silvia, quien rondaba los 30 años, llegó quejándose de un agudo dolor en el abdomen el pasado lunes por la noche al campamento de los ejidatarios y parcelarios de Carrizalillo, instalado en una de las casetas que tenía la minera canadiense Equinox Gold en el camino hacia el pueblo. Al día siguiente murió en el Hospital General Raymundo Abarca Alarcón, de Chilpancingo, por un probable tumor en el estómago del que nunca supo.

La médica Nancy Olivia Guzmán, una de los tres doctores que atienden la Casa de Salud en Carrizalillo, dijo que la muerte de Silvia pudiera tener alguna relación con enfermedades asociadas a la explotación minera.

El de Silvia fue un deceso rápido e intempestivo. El presidente del Comisariado Ejidal de Carrizalillo, José Luis Rodríguez Saldaña, recibió ese martes la noticia por teléfono y exclamó con sorpresa: “¡Se murió!”. Para ningún habitante es una información ajena, porque si no son familia, seguro se conocen.

El presidente del comisariado estaba por iniciar un recorrido por los patios de lixiviados con reporteros, debido a que ya habían transcurrido dos meses y 17 días desde que comenzó el plantón en la caseta principal para impedir los trabajos de la empresa. El objetivo del plantón era forzar un nuevo acuerdo, ya fuera para renovar el convenio de explotación minera —vigente de forma ininterrumpida durante 20 años— o para dar inicio al proceso de cierre. En ninguno de los dos casos hubo avances; la empresa se negó a aceptar la propuesta de convenio presentada por los ejidatarios.

Rodríguez Saldaña realizó varias llamadas para que desde la Casa de Salud enviaran la ambulancia al hospital y así trasladar al pueblo el cadáver de Silvia. La Casa de Salud de Carrizalillo operaba de manera independiente a la clínica institucional, como parte de los beneficios del convenio social que los ejidatarios mantuvieron con las empresas mineras que durante dos décadas explotaron oro en este ejido, perteneciente al municipio de Eduardo Neri. El subsidio para su funcionamiento provenía tanto de la empresa minera como del Comisariado Ejidal de Carrizalillo.

Al no avanzar la negociación con la empresa, uno de los principales riesgos es que la Casa de Salud en Carrizalillo deje de operar. Según la versión de los ejidatarios, Equinox Gold les ofrece un 60 % menos por la renta de casi 1,400 hectáreas que ocupaba en su ejido, en relación al último convenio que venció el 31 de marzo pasado.

El plantón que comenzó el 1 de abril pasado ahora es un campamento que parece una extensión del pueblo, porque los plantonistas construyeron pequeñas casas de madera o techados con esqueletos de herrería para mantener el movimiento. El personal que hace el turno de la noche en la Casa de Salud ofrece el servicio desde la carpa donde atiende el Comisariado Ejidal en el campamento.


Es por eso que Silvia llegó al lugar. Quienes la vieron y escucharon cuentan que gritaba de dolor. En la Casa de Salud atendieron algunas veces a Silvia por la diabetes que padecía. Pero esta vez era algo más grave y el personal la trasladó durante la madrugada al hospital de Chilpancingo, unas horas después murió.

La Casa de Salud, que atiende diariamente entre 10 y 20 personas, depende en este momento en un 100 % del Comisariado Ejidal de Carrizalillo. El financiamiento de las acciones de la mesa ejidal está vinculado a su relación con la empresa, por lo que el funcionamiento de los servicios de salud se sostienen, en realidad, con las reservas presupuestales que la mesa tiene previstas para este año.

El presidente del comisariado, en una actitud optimista, cree que pueden mantener los gastos de la Casa de Salud por seis meses o, quizá, un año, pero en un golpe de realidad, la médica Nancy le dice que los tratamientos que ofrecen son costosos, porque atienden padecimientos derivado de la contaminación por la explotación minera. 

Cada mes, dice la médica, se podrían gastar en medicamentos hasta 700 mil pesos, de esos, la empresa daba unos 200 mil, y la mesa ejidal ponía el resto.

Las enfermedades más comunes en el pueblo son las respiratorias, de la piel y las oculares. “Una tos te dura normalmente una semana, es el ciclo normal de la enfermedad, aquí nuestros pacientes duran hasta tres meses, no les funciona un jarabe, una pastilla, los tenemos que nebulizar. Es una de las preocupaciones ahora que no tenemos el ingreso de la mina, son medicamentos caros; las ampolletas nada más para nebulizarte cuestan casi 600 pesos, además de los aparatos e insumos de ese tratamiento” agrega.

La Casa de Salud, además de ofrecer los servicios médicos básicos, subsidia en un 50 % el medicamento para la mayoría de los habitantes, y en 100 % para quienes no pueden costearlo. En este sitio trabajan tres médicos, tres enfermeros y paramédicos, y tres administrativos que dejaron de recibir sueldo desde el término del convenio.

La médica calcula que, si acaso, pueden cubrir bien tres meses más, no seis ni un año; ya no compraron la lista completa de medicamentos y dejaron de pedir tratamientos para los pacientes crónicos, como diabéticos, hipertensos y asmáticos, que son las enfermedades menores por aquí.

La tumba de Sofía, una evidencia de los daños en la salud por la explotación minera

El martes 17 de junio, cuatro reporteros recorrimos Carrizalillo en el contexto del plantón —de otro modo habría sido muy difícil hacerlo—. El pequeño panteón del pueblo resultó una parada obligada a propósito de la muerte de Silvia. La primera tumba visible al ingresar era la de Sofía Peña Figueroa, fallecida el 4 de diciembre de 2010. Su muerte fue uno de los primeros casos documentados como consecuencia de la explotación minera.

Sofía había sido contratada por Goldcorp como afanadora. La empresa inició la explotación de oro en el ejido en 2007 —aunque desde 2005 comenzó la instalación del consorcio—. Poco después, fue asignada al manejo del equipo de absorción atómica en el laboratorio. Para operar ese equipo habría requerido una especialización, ya que implicaba procesos de separación del mineral de la roca y el uso de sustancias químicas como el cianuro. Sin embargo, su escolaridad llegaba únicamente hasta primero de secundaria. En marzo de 2008, la empresa la presentó como un caso de superación, aunque su salario semanal era de apenas 1,800 pesos.

Sofía murió con los pulmones destrozados, después de dos días continuos de vómitos y convulsiones, y tres meses sin comer, de acuerdo con lo que documentaron en su momento los periodistas Marlén Castro y Rogelio Agustín en el reportaje Carrizalillo: oro por cuentas de vidrio.

En el momento de su muerte, apenas habían transcurrido tres años desde el inicio de la actividad minera en la comunidad.

La médica Nancy dijo que estaban a la espera del acta de defunción del caso de Silvia, pero ya tienen registradas dos muertes recientes por cáncer, las que asocia de manera directa con la actividad minera, que acumula ya 20 años de operación.

Enfermedades causadas por la explotación minera en comunidades de México

Todos estos años de explotación minera en el pueblo han ocasionado que, de algún modo, todos los habitantes de Carrizalillo estuvieran expuestos a enfermedades: los patios de lixiviado y la planta están cerca del perímetro habitacional, además de que se practica una minería a cielo abierto. 

“Todo el polvo tiene un grado de contaminación”, dice la médica con claridad. Expone que en el ejido han comprobado que los informes semestrales que les entrega la empresa sobre los contaminantes ambientales, que siempre son bajos, están manipulados.

Ella misma forma parte de sus estadísticas de consecuencias en términos de salud; tuvo un embarazo pretérmino reciente, su bebé de poco más de dos meses nació antes de las 37 semanas. Esto también afecta a las mujeres del pueblo, incluidas las pérdidas fetales.

Además, se registraron casos de anemias severas en menores y adultos, así como malformaciones genéticas y diagnósticos de síndrome de Down. Estos casos también ocurren en lugares donde no hay explotación minera, pero en Carrizalillo tienen relación con esa función.

A sus 34 años, Didecsi Robles es madre de cinco hijos. El menor tiene tres años, se llama Pedro, y nació con síndrome de down, fallas en el corazón, presión pulmonar y hace poco le detectaron problemas en la tiroides, además de las recurrentes complicaciones respiratorias. Todo esto tiene que ver, dice la médica Nancy, con el ambiente del pueblo.

Iris Peña tiene 24 años, es madre de dos niñas, la mayor es María Guadalupe, de cuatro años, quien comienza a decir sus primeras palabras. Dice el nombre de su hermana que es una bebé. Comenzó a caminar casi a los tres años. Padece también una anemia eritropoyética, que le causa un problema en la estimulación de la producción de glóbulos rojos, por lo que deben llevarla a consultas periódicas al Instituto Nacional de Pediatría en Ciudad de México.

Lo común que hay entre estas mujeres, además de ser habitantes de Carrizalillo, es que sus esposos, padres de sus hijos, trabajaban en la empresa minera, lo que les ponía en contacto con los químicos que se usan para la separación de los minerales de la roca. También tienen en común que Equinox Gold los liquidó en el contexto del actual conflicto con ejidatarios y parcelarios.

La etapa en la que los habitantes de Carrizalillo enfrentan solos las consecuencias de la explotación minera en sus cuerpos apenas comienza.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/AMAPOLA PERIODISMO.
AUTOR:                           /MARGENA DE LA O.

México se convierte en el país más peligroso del mundo para alcaldes y funcionarios locales

Con un 29% más de violencia que en 2023, los servidores públicos mexicanos están más expuestos que en zonas de conflicto, advierte la iniciativa global de Datos y Ubicación de Conflictos Armados. Sinaloa, Michoacán y Veracruz, los estados más peligrosos.

La iniciativa global de Datos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés) alertó que México es el país del mundo más peligroso para funcionarios públicos locales, entre ellos alcaldes, concejales y empleados de gobiernos subnacionales como el de la Ciudad de México.

En su más reciente informe, correspondiente a 2024, reseña 324 eventos de violencia (asesinatos, ataques armados, secuestros y desapariciones) contra servidores públicos locales, un 29% más que en 2023, lo que supera a países con conflictos armados internos, como Myanmar.

En la categoría de funcionarios públicos locales, la organización internacional incluye a empleados de gobiernos subnacionales, como es el caso de Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y de su asesor José Muñoz, quienes fueron asesinados por un sicario el 20 de mayo último en esta capital.

También al presidente municipal de Tacámbaro, Michoacán, Salvador Bastida García, y su escolta, Pastor Cortez Álvarez, victimados a balazos durante la madrugada del 4 de junio.

La analista principal de la ACLED para América Latina, Sandra Pellegrini, dice a Proceso que estos ataques son “un indicador preocupante de que en 2025 las figuras políticas, especialmente a nivel local, continúan estando bajo amenaza”.

Sin embargo, explica, “no necesariamente podemos afirmar que 2025 será un año más violento, a pesar de estos episodios recientes”. Asegura que en los primeros cinco meses de este año se han producido menos ataques contra funcionarios locales que en el mismo periodo de 2024, un año electoral que fue especialmente violento en México.

De acuerdo con la experta en seguridad, este año también se observa que los procesos electorales, especialmente los locales, siguen siendo un motor importante de violencia. 

Explica que el caso de Veracruz es un buen ejemplo, donde, según los datos recopilados por la ACLED, muestran que entre mayo último y lo que va de junio se produjo un repunte en los incidentes contra actores políticos locales, incluyendo a autoridades electorales, así como episodios de protestas y disturbios poselectorales.

Al mismo tiempo las disputas por el control político entre distintos actores locales de poder y los ataques presuntamente vinculados al crimen organizado continúan ocurriendo al margen del calendario electoral, señala.

Pellegrini plantea que, en ese sentido, el proceso de reconfiguración de la delincuencia organizada, en particular el vinculado a las disputas al interior del Cártel de Sinaloa, “también podrían estar generando nuevos focos de disputa criminal y un mayor riesgo para las figuras políticas.

Éstas, agrega, “podrían convertirse en blanco de grupos armados que buscan reforzar su control de recursos y posiciones de poder a nivel local”.

Estados críticos

El informe de la iniciativa ACLED señala que la violencia en México se ha concentrado especialmente en estados disputados por grupos criminales, como Guerrero, Veracruz, Michoacán, Sinaloa y Guanajuato.

La competencia entre contendientes políticos locales también avivó la violencia en torno de las elecciones generales del año pasado, al igual que los incidentes relacionados con el descontento por los resultados, indicó el organismo.

Agrega que en Chiapas, el segundo estado más violento para los funcionarios locales, casi la mitad de los ataques ocurrieron en el contexto de las elecciones, y la mayor parte se debió a que simpatizantes de partidos dañaron material electoral y propiedades para obstruir o impugnar los resultados. 

“El estado también es un foco de tensión en una disputa territorial criminal por el control de la frontera”, dice el informe.

En el estudio aparecen como los países más violentos de 2024 para funcionarios locales México, Myanmar, India, Nigeria y Filipinas.

Aunque el año pasado fue particularmente violento en México por las elecciones presidenciales, legislativas y locales, la base datos sobre violencia Data Cívica reporta que entre enero y marzo de ese año fueron asesinados 33 funcionarios públicos y en el mismo periodo de 2025 ya van 43 las víctimas fatales.


Más allá de las elecciones

La ACLED expone que los picos de violencia provocados por el cambiante panorama criminal en México muestran que el riesgo para los funcionarios locales no se limita a los periodos electorales y de transición política.
En Sinaloa –detalla– la violencia contra funcionarios se había mantenido históricamente baja debido al dominio del Cártel de Sinaloa y a sus antiguos vínculos con las autoridades locales. Sin embargo, el estallido de una lucha interna de poder entre Los Chapitos y Los Mayos, en septiembre pasado, desencadenó un aumento de los incidentes.
En 2024 más de la mitad de todos los ataques contra funcionarios locales en Sinaloa, incluyendo robos de vehículos contra los alcaldes de Mazatlán y San Ignacio, ocurrieron tras el estallido del conflicto, aseguró la ACLED.

De acuerdo con el informe, los ataques a funcionarios locales responden a intentos de los grupos armados de presionar a las autoridades para que favorezcan sus intereses en detrimento de los de sus rivales en su disputa territorial y refuercen el control y la influencia en las operaciones policiales. 

Además, “a medida que se debilita el control del Cártel de Sinaloa, sus rivales podrían intentar llenar cualquier vacío de poder y coaccionar a los funcionarios para asegurar el control territorial”.

En el Índice de Conflictos 2024 de la ACLED, México había aparecido como el país sin una guerra regular más peligroso y violento del mundo.

El organismo señaló que el gobierno mexicano tiene “el poder, pero no el control” de todo el territorio y sostuvo que México registra “una guerra civil de cárteles” de la droga.

De acuerdo con el informe, a medida de que los conflictos armados, la polarización política y el malestar social continúan generando desorden político, los funcionarios locales seguirán expuestos a intensos niveles de violencia.

En 2024, la ACLED registró 680 incidentes de violencia contra funcionarios locales en América Latina y el Caribe, lo que la convierte a la región en la segunda más peligrosa del mundo para estos servidores públicos, después de Asia-Pacífico; 47% de esas agresiones ocurrieron en México.

FUENTE: PROCESO
AUTOR: RAFAEL CRODA.

El PAN impugna la elección judicial ante el Tribunal Electoral y la Suprema Corte

Dirigentes y legisladores panistas intentarán que 90 millones de ciudadanos que no participaron en la elección sean considerados "terceros interesados".

El Partido Acción Nacional (PAN) informó que presentará una impugnación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para intentar anular los resultados de la elección judicial del 1 de junio. 

En conferencia de prensa, la dirigencia nacional y legisladores del PAN afirmó que, con la impugnación, busca representar a los poco más de 90 millones de mexicanos que repudiaron la reforma y la elección judicial, y por ello diseñaron una estrategia de defensa jurídica con la figura de “terceros interesados”. 

Los panistas afirmaron que se acreditaron irregularidades en 818 casillas y que hubo 37 modelos de acordeones distribuidos en 15 entidades federativas; un 70% de inconsistencias en Chiapas, así como una coincidencia promedio con acordeones cargos nacionales: 80 por ciento. 

El abogado Roberto Gil Zuarth explicó que el PAN presentará ante las autoridades competentes, en un plazo de 72 horas, una impugnación sustentada en la figura del tercero interesado, contemplada en el Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Detalló que, mediante este recurso, se solicitará tanto a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la nulidad total del proceso debido al cúmulo de irregularidades detectadas desde la reforma hasta la jornada electoral. 

“Hemos encontrado una manera de concurrir a las impugnaciones que se van a presentar por cientos de jueces y magistrados a través de una figura procesal que nos reconoce la posibilidad de sostener una posición jurídica y, correlativamente, la obligación de los órganos jurisdiccionales de escuchar esos argumentos, de atender esos argumentos, de ponderar los argumentos y las pruebas, y de pronunciarse en el sentido de la pretensión postulada por el tercero interesado. 

“Por cierto, existe mucha literatura en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los terceros interesados y sobre la obligación de los estados de oír esos argumentos, de ejercer el derecho a la participación por la vía institucional y el derecho a recurrir a una justicia eficiente, pronta, expedita. No vamos a permitir que con argumentos leguleyos, no vamos a permitir que con trampitas dejen sin representación a 90 millones de ciudadanos”, resaltó. 

Por su parte, el coordinador de Asuntos Jurídicos del CEN del PAN, Santiago Torreblanca, cuestionó la legalidad de una elección marcada por casillas con más votos que votantes y coincidencias exactas con los acordeones distribuidos, a pesar de la existencia de cientos de combinaciones posibles. 

Además, el vocero nacional del PAN, Jorge Triana, afirmó que su partido busca representar a millones de mexicanos que no acudieron a votar, que expresaron su rechazo a este proceso, su desinterés en este proceso, su desconfianza a este proceso, no acudiendo a las urnas o acudiendo a las urnas para anular un voto.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.

Grupo Elektra, de Ricardo Salinas Pliego, pierde litigio fiscal por 2 mil millones de pesos

La empresa intentó frenar la resolución presentando escritos de último minuto, con los que buscaba poner en duda la imparcialidad de los juzgadores y frenar el dictado de la sentencia.

Después de cinco años de batalla legal, Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, perdió un litigio fiscal clave por la omisión en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al ejercicio 2012.  

Este jueves 19 de junio, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió en sesión ordinaria que Elektra debe cubrir aproximadamente 2 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) derivado de esa omisión.

“La resolución fue aprobada por unanimidad por los tres magistrados que integran el Tribunal”, confirmaron a Proceso fuentes con conocimiento directo del caso. 

Como ha ocurrido en otros procedimientos similares, la empresa intentó frenar la resolución presentando escritos de último minuto, con los que buscaba poner en duda la imparcialidad de los juzgadores y frenar el dictado de la sentencia. Sin embargo, esta vez el tribunal desechó los recursos bajo el argumento de que no aportaban elementos nuevos y sólo pretendían dilatar el proceso. 

“Los magistrados determinaron por unanimidad que Grupo Elektra debe pagar aproximadamente 2 mil millones de pesos por dicha irregularidad”, confirmó una fuente fiscal consultada por Proceso. 

Este caso es parte de una serie de litigios que Salinas Pliego mantiene abiertos contra resoluciones del SAT. 

La empresa aún tiene la posibilidad de solicitar la revisión del fallo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aunque esto dependerá de si se acredita que el asunto es de interés constitucional. 

En caso de que se admita, la revisión quedaría en manos de la nueva conformación del alto tribunal, que entrará en funciones el próximo 1 de septiembre.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMILA AYALA ESPINOSA.

Censura 4T: el poder sin freno ni contrapesos

Artículo 19 advirtió que en Puebla, de 2018 a 2024, se documentaron 22 procesos judiciales contra periodistas por su labor informativa. Un patrón que ahora se blinda con más leyes.

El poder absoluto de Morena continúa mutando en un poder sin límites ni controles. En Puebla, el Congreso local aprobó modificaciones al Código Penal que podrían criminalizar la libertad de expresión. 

La propuesta fue publicada al día siguiente por el gobernador Alejandro Armenta, convirtiendo en ley el riesgo de prisión para periodistas, activistas o críticos del poder.

El proyecto fue impulsado en 2024 por José Luis García Parra, entonces legislador local y hoy coordinador del gabinete estatal. Entre las nuevas figuras delictivas se encuentran el “ciberasedio” y el “espionaje digital”, vagamente definidos y peligrosamente aplicables.

Organismos como la Red Puebla de Periodistas y Artículo 19 lo advierten con claridad: el Artículo 480 sanciona con hasta tres años de cárcel a quien “insulte, injurie, ofenda, agravie o veje de forma insistente”.

Es una redacción ambigua que deja abierta la puerta para castigar el disenso. Mientras que los artículos 479 (espionaje digital) y 258 Ter (usurpación de identidad) también padecen de redacción vaga, capaz de criminalizar el manejo profesional de información por periodistas.

Artículo 19 advirtió que en Puebla, de 2018 a 2024, se documentaron 22 procesos judiciales contra periodistas por su labor informativa. Un patrón que ahora se blinda con más leyes. 

Y esto no se queda en Puebla.

LEYES QUE AMPLÍAN EL CERCO

En el Congreso federal rondan iniciativas del Ejecutivo federal que prometen seguridad y combate al crimen, pero esconden más control.

El primer paquete es la Ley General del Sistema de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. Bajo el pretexto de proteger a ciudadanos, buscan imponer registros obligatorios:
  • Registro de líneas móviles con CURP o RFC, condicionando su uso.
  • Centralizar datos biométricos y personales en plataformas del Estado.
  • Permitir acceso a la policía y el CNS sin supervisión judicial ni transparencia.
  • Uso de inteligencia artificial para vigilar en masa.
Modelos como RENAUT (Calderón) o PANAUT (AMLO) ya fallaron: no redujeron la delincuencia, pero sí violaron la privacidad y vulneraron datos. La Suprema Corte declaró inconstitucional al PANAUT en 2022. Regresan, sin lecciones.

Expertos de R3D, Artículo 19 y SocialTIC apuntan que estas leyes consolidan una infraestructura tecnológica autoritaria.

Permiten la vigilancia masiva, sin límites, sin controles. Van contra la privacidad, la libertad de expresión y los derechos humanos. 

Y, paradójicamente, colocan a la población en mayor riesgo: no solo por el Estado, sino por la delincuencia que podría acceder a esas mismas bases de datos.

¿PARA QUÉ TANTO CONTROL?

La respuesta oficial es “combatir el crimen”, pero nadie convence. R3D revela que no hay evidencia de que grabar líneas o centralizar biométricos reduzca delitos. Al contrario, sí hay evidencias de exclusión y abuso. 

En el caso de la Ley de Telecomunicaciones se propone también:
  • Padrón biométrico de móviles (Art. 8, LXV).
  • Recopilación de datos por 24 meses (Art. 159–161).
  • Bloqueadores de señal sin criterio claro (Art. 161).
Son herramientas más de censura que de control: sin transparencia ni regulación, todo puede ser vigilado sin freno.

¿QUO VADIS, 4T?

Morena habla de combate a la corrupción y equidad. Y quién no estaría de acuerdo. Sin embargo, las herramientas que activa pueden usarse para otros fines: silenciar disidencia, disciplinar prensa, disciplinar ciudadanos. 

El poder absoluto siempre tendrá la tentación de perseguir al mensaje incómodo y de convertir la centralización de datos en arma política. 

Morena podría impulsar con sus mayorías reformas profundas al sistema de justicia para mejorar la labor de policías, ministerios públicos, juzgados y fiscalías, hoy sobrepasadas, saturadas y abandonadas. Sin embargo, amplía los controles digitales. 

Mientras tanto, los mecanismos de justicia social continúan en segundo plano, velados tras discursos y aparatos jurídicos que se exhiben como progresistas.

La pregunta es inevitable: ¿quién vigila al que vigila?

No se trata de negar la necesidad de garantizar la seguridad. Pero siempre debe existir límites, reglas claras, contrapesos visibles. Caso contrario, lo que progresa es un poder sin freno.

Y donde no hay freno, sobra el autoritarismo.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: JUAN ORTIZ (LUPA LEGISLATIVA)

“Estamos permitiendo que el futuro nos alcance en cuanto a la calidad educativa”: CNTE ante Ley del ISSSTE 2007

El miércoles maestros del Comité Democrático de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) retomaron las movilizaciones en Baja California, en esta ocasión mediante el reparto de volantes frente a Plaza Monarca, en Tijuana.

Tras el repliegue táctico del plantón nacional, los trabajadores de la educación reiteran que las demandas no cesan, por ende, buscan hacer partícipe a la sociedad civil mediante diversas brigadas informativas y protestas pacíficas, esta vez con la entrega de panfletos que explican sus causas.

Alrededor de 450 maestros y un grupo de aproximadamente 60 padres de familia se dieron cita en el crucero de la mencionada plaza y el bulevar Gato Bronco. Permanecieron en el lugar desde las 8:30 hasta las 11:00 de la mañana, “bajando la información a la comunidad en general, en cuanto a qué se refiere la lucha en contra de la Ley del ISSSTE”, detallaron.

El contenido del mensaje era el siguiente:

“A la comunidad en general les hacemos un llamado fraterno a acompañar a los maestros en esta lucha que no solamente es por la defensa de nuestros derechos laborales, sino por el respeto y rescate de la educación pública junto con la calidad que podemos entregar a nuestros alumnos.

El magisterio a nivel nacional se encuentra librando una batalla por lo justo, por el cumplimiento de la palabra empeñada de los gobernantes y a ti, ciudadano, te decimos que esta lucha no es en contra de ustedes sino por todos los ciudadanos de México”.

Mientras se repartían los folletos, automovilistas manifestaron su apoyo, “sabemos que la comunidad es sensible una vez que se le explica realmente lo que está en juego”, indicó el secretario general de la delegación I-40 de la CNTE, Erick Díaz Preciado.

En ese sentido, aclararon la situación actual del movimiento para reivindicar las demandas y exponer las ofertas parciales ofrecidas a la Coordinadora.

“Desgraciadamente, en varios medios de comunicación, como también de parte de la presidencia, se ha informado como si el magisterio quisiera superponerse a la clase trabajadora de México, y eso bajo ningún motivo es real”, aclaró el secretario.

Recuento de las negociaciones, lo que ofrece el Gobierno Federal
  • Congelación de edad de jubilación para trabajadores bajo el régimen solidario de reparto o Artículo Décimo Transitorio, donde mediante la tarjeta Informativa de la Secretaría de Gobernación, emitida el 2 de junio, se detalla que el esfuerzo financiero para el país sería de poco más de 93 mil millones de pesos en los próximos años. En el periodo 2024-2030 ascendería a más de 36 mil 825 millones de pesos según Martí Batres.
  • Aumento al salario del 9% retroactivo a enero, más un 1% a partir de septiembre. Esto sumaría un incremento del 10% e implicaría destinar, solo para 2025, más de 38 mil millones de pesos de recursos fiscales.
  • Modificación del calendario escolar de educación básica, aumento de cinco días al periodo vacacional, reflejado como una semana extra.
  • Instalación de un Colectivo Interdisciplinario para el estudio de alternativas en los esquemas del seguro social, donde se contempla la participación del magisterio.
  • Complemento de pensión mediante el Fondo de Pensiones para el Bienestar para docentes en el sistema de cuentas individualizadas al cumplir los 65 años, una bonificación de 6 mil 200 pesos bimestrales.
  • Quitas y disminución de intereses del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE)
  • Establecimiento de mesas de trabajo y consultas escuela por escuela para definir la ruta de eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM).
La respuesta del magisterio y el resultados de la movilización nacional

La movilización dio inicio el 15 de mayo de este año, Día del Maestro, desde entonces, las mesas de trabajo llevadas a cabo durante mayo y junio, se dieron entre la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) y las autoridades. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y el Director General del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama.

Las propuestas de las autoridades derivadas de las negociaciones, han sido etiquetadas como definitivas, “sustentadas en la máxima posibilidad financiera que tiene el Estado mexicano en este momento para atender las demandas planteadas”.

El pasado viernes 13 de junio, el Gobierno Federal emitió un nuevo proyecto de Decreto Presidencial por medio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), este congela la edad de retiro en 58 años para hombres y 56 años para mujeres, aplicable para quienes ya cotizaban antes de enero de 2008.

Bajo esta disposición, la edad comenzaría a reducirse a partir de 2028, con 57 años para hombres y 55 para mujeres. Eventualmente, en 2031 disminuiría un año más, con 56 años para hombres y 54 para mujeres.

La intención es que finalmente, en 2034 y años posteriores, la edad de jubilación se establezca en 55 años para hombres y 53 para mujeres. El requisito para hacer efectiva tal disposición sería un mínimo de 30 años de labores para hombres y 28 años para mujeres.

Si bien las condiciones anteriores implicaban un aumento cada dos años a partir del 2010 -llegando a 59 años para hombres y 57 para mujeres en 2026, y estableciéndose en 60 y 58 años a partir de 2028-, la inconformidad del magisterio es de origen, debido a que durante la huelga nacional han solicitado jubilación por años de servicio en sí, y no por edad.

Aunado a ello, los docentes recordaron que el beneficio anteriormente mencionado no aplica para quienes ingresaron al sistema educativo después del 2007, año en que se reformó la Ley del ISSSTE.

“La información que se ha dado por parte de la presidencia es que existe una tabla donde se congela la edad de jubilación para que los maestros se retiren a una edad significativamente mejor, pero esos acuerdos solamente protegen a los maestros, o a todos los trabajadores al servicio del Estado, que se encuentran bajo el décimo transitorio”, explicó Díaz.

Así pues, aquellos que se encuentran bajo el régimen de cuentas individuales o Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), no estarían contemplados en el congelamiento y reducción de la edad de jubilación. De acuerdo al secretario general, esto supone el 75% de la clase trabajadora después del 2007, en lo que respecta al magisterio.

“Todos los compañeros que se encuentran bajo cuentas individuales tendrán que trabajar hasta los 65 años de edad para poder adquirir una pensión digna, porque básicamente con las Afores se hace el cálculo estimado donde la pensión quedaría de 5 mil a 6 mil pesos mensuales, que para ellos dicen que está el tema de la pensión del bienestar, aumentando con eso a 16 mil pesos mensuales, pero para poder cobrar la pensión del bienestar tendrías que llegar hasta los 65 años de edad”, indicaron.

El vocero ejemplificó que, en su caso, al laborar hasta los 65 años para poder obtener la pensión del bienestar, sumaría alrededor de 43 años de servicio.

Las jornadas informativas, como la llevada a cabo ayer, pretenden fortalecer el movimiento para octubre, mes en el cual la CNTE anunció una nueva movilización nacional.

“Es parte de lo mismo, de fortalecer esas mesas de trabajo que se tienen que llevar con una característica humana, con una característica de un gobierno que de verdad esté del lado de los trabajadores. No podemos estar pensando que la clase trabajadora al exigir una pensión justa o al exigir una jubilación digna esté mal”, puntualizaron.

En relación a tales mesas de trabajo, la disposición actual es el desarrollo de mesas tripartitas locales, la primera de ellas llevada a cabo en Oaxaca el día de ayer, con la Sección 22 de la Coordinadora y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Pese a la participación del secretario de Educación Pública, Mario Delgado y el director general del ISSSTE, Martí Batres, el magisterio informó que el diálogo con temática administrativo-laboral concluyó sin solución efectiva.

“Se supone que nosotros como trabajadores, como ciudadanos, entregamos el plan C al Gobierno Federal en turno para que ellos dieran marcha atrás a las reformas neoliberales, a la Reforma Energética, la Reforma a la Ley del ISSSTE, la Reforma Educativa, la Reforma Laboral y sabemos que ha habido ciertos avances, pero eso no cumple con las demandas de los trabajadores de México”, expresó Erick Díaz.

“Tenemos ya prácticamente el 100% de las escuelas en clase”, aseguró este martes el Secretario de Educación, Mario Delgado en la conferencia mañanera, de acuerdo al funcionario, alrededor de 30 escuelas sostienen el paro en Baja California Sur, además de un número no especificado en Baja California y Yucatán.

En la publicación del calendario escolar 2024-2025, se constata la extensión de una semana más de vacaciones, dejando el ciclo escolar en 185 días efectivos de clases, una propuesta ofrecida al inicio del paro ante la que los docentes mostraron rechazo.

“Tampoco vamos a estar aceptando situaciones de chantajes o dádivas, como 5 días más de vacaciones, como si esto estuviéramos pidiendo los maestros. No es por ahí, se trata de una educación digna para el pueblo, pero un trato también digno para el magisterio”, dijo en su momento el profesor Marco Antonio Pacheco Peña.

El inicio del siguiente ciclo tendrá lugar el primero de septiembre, con los docentes debiendo presentarse una semana antes para gestionar las cuestiones administrativas. En ese sentido, representantes de la Coordinadora que se adhirieron al paro advirtieron: “si no hay respuesta del Gobierno Federal, queda latente la posibilidad de no iniciar el ciclo escolar en el mes de septiembre”.

Respecto a la eliminación de la USICAMM, recientemente los maestros han denunciado la distribución de una encuesta condicionada para generar un sistema alterno.

“Venía completamente para mantener el sistema, las preguntas eran casi casi como decir, ‘¿qué le quieres cambiar? ¿La S por la C o la C por la S?’ No había manera de que el maestro ejerciera una propuesta o una contrapropuesta”, reclamó Díaz Preciado.

“Las demandas son bien claras, la lucha no va a terminar hasta que se abrogue la reforma a la ley del ISSSTE”, pronunciaron los profesores, quienes aún solicitan una mesa de trabajo directamente con la presidenta de la República.

“Seguimos exigiendo un cumplimiento de la palabra del ejecutivo federal, en la que está en turno en este momento la presidenta Claudia Sheinbaum, pero queremos que voltee a ver ese proceso y sobre todo que se ponga de lado de los trabajadores, no del lado de los banqueros”, reclamaron.

Otros sectores señalan que las determinaciones de las autoridades federales no han sido sustentadas con evaluaciones de impacto económico.

En retrospectiva, al inicio del paro de labores, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que se vieron afectados cerca de 1 millón 200 mil alumnos de educación básica, cifra que representa el 5.8% del total de este nivel en el país. Además, 19 mil 974 escuelas cerraron sus puertas a causa de las movilizaciones, de un universo de 202 mil 184, equivalente al 9.8%.

“Ahorita no ha llegado la consumación del primer ciclo de vida de la ley del ISSSTE 2007, pero cuando llegue ese momento, entonces nosotros estamos permitiendo que el futuro nos alcance en cuanto a la calidad educativa”, advirtió finalmente el secretario general de la delegación I-40 de la CNTE.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: DANIELA MELÉNDEZ VEGA.

Al menos 16 mujeres buscadoras han sido asesinadas desde 2011; enfrentan doble impunidad y daños a la salud, según informe

En un informe dirigido a la ONU, organizaciones dan cuenta de las dificultades que enfrentan las mujeres durante la búsqueda de sus seres queridos y de las violencias ejercidas en su contra por las propias instituciones del Estado.

En México, las mujeres lideran la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, una actividad considerada de alto riesgo por los peligros que conlleva y que ha cobrado la vida de al menos 16 de ellas en los últimos nueve años. 

Se trata de más de la mitad de los 30 homicidios cometidos en contra de familiares y allegados de personas desaparecidas desde febrero de 2011 a mayo de 2025, según señalan las organizaciones Amnistía Internacional e IPAS Latinoamérica y el Caribe en su Informe dirigido al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas. 

En el documento, las organizaciones dan cuenta de las múltiples afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras durante el desempeño de su labor que van desde amenazas, seguimientos, secuestros, tortura, violencia sexual, desplazamiento, extorsiones, así como la violencia ejercida en su contra por parte de las propias instituciones del Estado.

En primer lugar se ha identificado que las autoridades discriminan a las mujeres buscadoras por razones de género, lo que se traduce en la falta de escucha y en considerarlas incapaces de realizar ciertas tareas. A esto se suma un trato diferenciado dependiendo de su situación económica, un factor que determina la rapidez con la que se atiende el caso. 

Además, las mujeres racializadas, indígenas o migrantes enfrentan mayores desafíos para ejercer sus derechos debido a barreras del lenguaje, geográficas o por no contar con los documentos necesarios para hacer sus búsquedas en territorio mexicano, en el caso de las últimas.

Tras la desaparición de sus familiares, las mujeres también son estigmatizadas y revictimizadas con comentarios que depositan toda la responsabilidad de las tareas de cuidado en ellas, es decir, tanto las autoridades como la sociedad las cuestionan por no haber cuidado adecuadamente a sus seres queridos o por no saber dónde se encuentran. 

Asimismo, las organizaciones han detectado problemas relacionados con los apoyos y la protección que otorga el Estado a las mujeres buscadoras por su labor o su condición de víctimas. 

En el caso de los mecanismos federal y estatales de protección se ha identificado que carecen de un enfoque de prevención, así como de una visión integral con perspectiva de género, interseccional y de infancias; sus medidas no son efectivas, no hay coordinación entre autoridades y requieren de mayores recursos.

En cuanto a los servicios otorgados por las comisiones de atención a víctimas, se demoran, son insuficientes y en algunos casos culturalmente inapropiados; los responsables no dan seguimiento puntual a las asesorías jurídicas y no cumplen con la reparación integral del daño.

Mujeres buscadoras enfrentan doble impunidad

De acuerdo con el informe, para las mujeres buscadoras la impunidad se vive al doble: primero con la desaparición de sus seres queridos y luego con las violaciones a los derechos humanos que enfrentan en su intento de dar con su paradero. 

A pesar de los múltiples llamados internacionales para resolver la crisis de desapariciones, México mantiene un alto índice de impunidad y persisten los obstáculos para que las víctimas puedan acceder a la justicia. 

Tan sólo de 2019 a 2022, se calcula que el nivel de impunidad en el delito de desapariciones fue del 99 %, lo que refleja la grave situación que atraviesa el país en la materia.

Daños económicos y a la salud

La desaparición de familiares también provoca graves daños a la salud y economía de las mujeres buscadoras. 

Según indica el informe, la mayoría de ellas se encuentran en una situación previa de pobreza que suele empeorar, ya sea porque la persona desaparecida era la proveedora del hogar, por la pérdida de un negocio tras la desaparición o porque las mujeres quedan a cargo de las labores de cuidado de manera exclusiva, lo que dificulta el camino para conseguir una fuente de ingresos. 

El deterioro de las condiciones de vida y el estrés constante derivado de las búsquedas generan además importantes impactos en la salud física y mental de las mujeres. Se han documentado daños al sueño, irritabilidad, nerviosismo, ansiedad, depresión, sentimientos de culpa, así como el desarrollo de enfermedades crónicas y accidentes en las labores de campo.

Ante ello, las organizaciones hicieron una serie de recomendaciones al Estado mexicano que incluyen garantizar los derechos de las mujeres buscadoras; la incorporación de una perspectiva de género en las medidas implementadas para protegerlas; la eliminación de barreras discriminatorias, así como el desarrollo de un programa integral de atención a las infancias afectadas por las desapariciones. 

El documento fue entregado al comité de la ONU durante el décimo informe que rindió el Estado mexicano sobre el  cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de igualdad de género, durante los días 17 y 18 de junio en Ginebra, Suiza.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Entra en vigor la “Ley Censura” en Puebla con penas de hasta tres años

La “Ley de Ciberseguridad”, conocida como “Ley Censura”, entró en vigor en Puebla a pesar de las críticas de organizaciones como Artículo 19 y la Red de Periodistas de Puebla que advirtieron que los delitos incorporados al Código Penal “pueden ser utilizados contra la ciudadanía de manera arbitraria, particularmente personas periodistas y medios de comunicació

La nueva norma castiga el “ciberasedio” con penas desde once meses hasta tres años por insultar en redes sociales, correos electrónicos o cualquier espacio digital, lo que “podría derivar en censura encubierta y limitar gravemente la libertad de expresión en entornos digitales, según informes de prensa”, señaló a su vez la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

“La reforma del código penal autoriza a empresas y plataformas a eliminar contenidos tras una simple solicitud, sin intervención judicial ni revisión independiente. Esto crearía una vía rápida para censurar crítica legítima, testimonios incómodos o investigaciones periodísticas, según los críticos de la reforma”, añadió la SIP.

Además de la prisión, las penas por injuriar, ofender o insultar a través de medios digitales incluyen una multa de 50 a 300 días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Desde antes de su entrada el vigor, Artículo 19 y la Red de Periodistas de Puebla criticó que los delitos de la Ley de Ciberseguridad violentan el principio de taxatividad en materia penal, además de que en su elaboración no se incorporó el expertise técnico de especialistas, por lo que podrán ser usados en contra de periodistas, medios de comunicación y otros sectores de la población.

Tras las críticas, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, convocó a foros para analizar la reforma, que fue defendida por la presidenta de la Junta de Gobierno de Puebla, Laura Artemisa García, por lo que a pesar de que las organizaciones manifestaron su rechazo con base en las violaciones al derecho de la libertad de expresión, el Congreso de Puebla aseguró que se mantendría “firme” con la iniciativa y aprobó el proyecto de decreto en materia de ciberseguridad.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Medios y organizaciones documentarán persecución política en Eloxochitlán con Misión de Observación

Una Misión de Observación comenzará este 20 de junio en la comunidad mazateca de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, “ante el recrudecimiento de la represión estatal y caciquil” que durante más de diez años ha provocado amenazas, prisión política, desplazamiento forzado y destrucción ambiental en el territorio.

Se trata de la primera misión de observación en Eloxochitlán que surge “como una respuesta urgente” a la violencia política y judicial contra la población, cuya última alarma se declaró con la confirmación de 200 órdenes de aprehensión para 56 defensores comunitarios, entre ellos ocho mujeres mazatecas.

“Estas nuevas órdenes de aprehensión son un retroceso en materia de justicia, pues a pesar de haber logrado la libertad de sus presos políticos en 2024, la represión se reactiva usando al aparato judicial como herramienta de castigo colectivo. Hoy, el territorio, el río Xangá Ndá Ge y su gente están bajo asedio nuevamente y es responsabilidad del Estado Mexicano poner un alto a la criminalización y a los ataques contra las personas defensoras del territorio”, señalaron las organizaciones de derechos humanos que integran la Misión, entre ellas el el Observatorio Memoria y Libertad y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes» (Red TDT).

Además de la criminalización contra los defensores “como estrategia de despojo territorial”, la comunidad también ha sido víctima de intentos de detención ilegal y atentados contra la vida de sus pobladores, como sucedió con el fotoperiodista comunitario David Peralta el pasado 3 de abril.

Las organizaciones de la Misión exigieron al gobierno federal y de Oaxaca que se conceda la suspensión definitiva y protectora a los defensores comunitarios víctimas de las 200 órdenes de aprehensión, así como que conceda el amparo y la protección a los 14 perseguidos políticos “con el fin de que puedan regresar a su comunidad luego de 10 años de encontrarse desplazados con órdenes de aprehensión”.

“Es urgente que se resuelvan los amparos conforme al Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para juzgar con perspectiva intercultural: Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas”, señaló el colectivo de mujeres Mazatecas por la Libertad en la conferencia de prensa sobre la Misión, realizada este 18 de junio.

La Primera Misión de Observación, Documentación y Exigencia del alto total a la criminalización, tortura y devastación del territorio comunitario se realizará del 20 al 22 de junio y contará con la participación de organizaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones medioambientales, medios de comunicación, comunidades originarias y sociedad civil.

COMUNIDAD:

Anuncian Primera Misión de Observación, Documentación y Exigencia Alto total a la criminalización y ecocidio en la Sierra Mazateca

Boletín de prensa

18 de junio de 2025

Anuncian Primera Misión de Observación, Documentación y Exigencia Alto total a la criminalización y ecocidio en la Sierra Mazateca
  • En riesgo comunidad mazateca por las más de 200 órdenes de aprehensión en contra de 56 personas de la comunidad, de las cuales, 8 son mujeres mazatecas.
La comunidad mazateca de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, anuncia la Primera Misión de Observación, Documentación y Exigencia del alto total a la criminalización, tortura y devastación del territorio comunitario, a realizarse los días 20, 21 y 22 de junio de 2025 en la comunidad de Eloxochitlán, con la participación de organizaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones medioambientales, medios de comunicación, comunidades originarias y sociedad civil.

Esta misión surge como respuesta urgente ante el recrudecimiento de la represión estatal y caciquil que desde hace más de una década ha mantenido a la comunidad bajo amenazas, prisión política, desplazamiento forzado y destrucción ambiental. La comunidad confirmó la existencia de más de 200 órdenes de aprehensión contra 56 personas de la comunidad, de las cuales, 8 son mujeres mazatecas. Esto evidencia la criminalización que viven las personas defensoras de derechos humanos en México y el particular ensañamiento con comunidades indígenas, ante lo cual, la visibilización y la solidaridad son elementos clave para evitar la violencia contra la comunidad.

En la Misión de Observación participarán el Observatorio Memoria y Libertad, la  Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes» (Red TDT), el Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban A.C., NODHO Centro de Derechos Humanos, estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), los colectivos Sueña Dignidad, Avispa Midia, Acordamos Vivir, Degeneración, así como diversos medios de comunicación.

Las mazatecas y las organizaciones civiles que les acompañan exigieron que se conceda la suspensión definitiva y protectora a las personas defensoras comunitarias contra quienes pesan las más de 200 órdenes de aprehensión para que puedan retomar sus labores cotidianas en tanto concluye el juicio de amparo. 

Argelia Betanzos, defensora comunitaria de Eloxochitlán, mencionó la importancia de los pronunciamientos de la Asamblea Nacional del 15 de mayo de 2025 y de la Asamblea Estatal de la Sección 22 del 14 de junio de 2025, mediante los cuales exigen la cancelación de las más de 200 órdenes de aprehensión y en el caso de la Sección 22, además, el pronunciamiento por el acompañamiento a la profesora Olga Maribetl Betanzos Fuentes, una de las mujeres mazatecas perseguidas con las órdenes de aprehensión.

Así mismo, urgieron al Gobierno Estatal y Federal para que se conceda el amparo y la protección a los 14 perseguidos con el fin de que puedan regresar a su comunidad luego de 10 años de encontrarse desplazados con órdenes de aprehensión.

“Es urgente que se resuelvan los amparos conforme al Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para juzgar con perspectiva intercultural: Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas” enfatizaron desde la organización Mazatecas por la Libertad.

Así mismo señalaron que los gobiernos en sus diferentes niveles deben garantizar la seguridad de las personas defensoras que integran esta misión civil de observación, pues se trata de un territorio que ha sido asediado por diferentes grupos, en donde existen graves antecedentes de ataques directos a las personas organizadas en la asamblea comunitaria.

A esta urgencia se suman los intentos de detención ilegal y atentados contra defensores como el fotoperiodista comunitario David Peralta y la criminalización sistemática e histórica por la que la comunidad ha tenido que atravesar, como estrategia de despojo territorial. 

Estas nuevas órdenes de aprehensión son un retroceso en materia de justicia, pues a pesar de haber logrado la libertad de sus presos políticos en 2024, la represión se reactiva usando al aparato judicial como herramienta de castigo colectivo. Hoy, el territorio, el río Xangá Ndá Ge y su gente están bajo asedio nuevamente y es responsabilidad del Estado Mexicano poner un alto a la criminalización y a los ataques contra las personas defensoras del territorio.

Las mujeres mazatecas informaron que cuentan con 300 firmas provenientes del sector magisterial de Oaxaca y 500 firmas de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, que suscriben por la exigencia al alto total a la criminalización de más de una década.

¡Eloxochitlán no está solo!

Alto total a la criminalización y ecocidio.

Libertad y territorio para la comunidad mazateca.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sheinbaum nombra a ex comandante de la Guardia Nacional, como cónsul en Dallas

Luis Rodríguez Bucio, ex comandante general de la Guardia Nacional-, y ex titular de la Subsecretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), fue designado, el 18 de junio de 2025, por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como titular del Consulado General de México, en Dallas, Texas, Estados Unidos.

Según oficio firmado por el canciller Juan Ramón de la Fuente Ramírez, la titular del Poder Ejecutivo Federal también designó a Carlos Iriarte Mercado -ex diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ex presidente municipal de Huixquilucan, así como ex director general de Seguridad Pública y Tránsito en el Estado de México, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto-, como cónsul general en Boston, Massachusetts, también en EE. UU.

Otros titulares de consulados designados por la mandataria nacional mexicana, fueron Rafael Eugenio Laveaga Rendón, en Atlanta, Georgia; Marcos Augusto Bucio Mújica, en Nueva York; Donají Alba Arroyo, en Raleigh, Carolina del Norte; Marco Antonio Mena Rodríguez, en San Francisco, y Neftalí Said Pérez González, en San José, estos últimos dos en California, Estados Unidos.

Mientras que, según el oficio firmado por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), otros titulares de consulados nombrados por Sheinbaum Pardo fueron Claudia Velasco Osorio, en Sao Paulo, Brasil; mientras que para Toronto y Vancouver, Canadá, fueron designados Iván Norberto Sierra Medel y Julián Adem Díaz de León, respectivamente.

En el oficio -que fue originalmente signado por la titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y que se envió al canciller, con la petición de que se solicitara la aprobación de ese y otros nombramientos a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión- estaban los nombramientos de seis personajes sin ninguna experiencia diplomática.

Los otros cuatro de la lista son integrantes del Servicio Exterior Mexicano (SEM). Además del ex comandante general de la Guardia Nacional, el nuevo titular del Consulado General de México en Nueva York tampoco cuenta con experiencia en cargos diplomáticos.

Bucio Mújica fungió como vocero de Francisco Buenaventura Labastida Ochoa, durante la campaña presidencial del PRI en el año 2000, y, durante el Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ocupó cargos en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Mientras que Pérez González fue ex director del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Por su parte, Mena Rodríguez ganó la gubernatura de Tlaxcala como candidato del PRI, entidad que gobernó del 1 de enero de 2017 al 30 de agosto de 2021. Tras ello, se volvió militante de Morena.

Mena Rodríguez también se desempeñó como director general de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL), del 16 de agosto de 2023 al 11 de mayo de 2025, durante la Administración de López Obrador. Asimismo, Alba Arroyo, militante de Morena, fue candidata a la Secretaría General de dicho partido y es cercana de Mario Martín Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Federal.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Fiscalía de Jalisco no tiene en sus investigaciones los nombres que dio EE.UU por caso Valeria Márquez

Las autoridades estatales anunciaron que solicitarán información al Consulado de Estados Unidos en Guadalajara para aclarar los señalamientos.

Las autoridades de Jalisco negaron tener en sus investigaciones los nombres señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en torno al asesinato de la influencer Valeria Márquez y actividades del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La periodista Ahtziri Cárdenas informó para Aristegui en Vivo que este jueves se llevó a cabo la rueda de prensa del gabinete de seguridad de Jalisco, la cual tuvo un enfoque especial tras el comunicado emitido un día antes por el Departamento del Tesoro estadounidense donde se mencionaron “varios personajes del Cártel Jalisco Nueva Generación”.

Durante la conferencia, Ahtziri Cárdenas preguntó directamente al coordinador del Gabinete Estratégico de Seguridad de Jalisco, Roberto Alarcón, sobre los nombres señalados por el gobierno estadounidense respecto el asesinato de la influencer Valeria Márquez.

“La legislación mexicana nos obliga a hacer las investigaciones adecuadamente, ha integrar las carpetas con los elementos de prueba objetivos que se presenten y al día de hoy esas carpetas se siguen integrando”, declaró Alarcón.“En Jalisco, la autoridad investigadora no hace eco de algo transcendido o de una publicación. Nuestra verdad tiene que ser la verdad legal”.

La periodista subrayó que tanto el coordinador de seguridad como el Fiscal General de Jalisco, Salvador González de los Santos, coincidieron en que los nombres señalados por el Departamento del Tesoro no están incluidos en sus investigaciones.

“Ninguno de esos nombres aparecen en las líneas de investigación que lleva la Fiscalía de Jalisco”, declararon ambos funcionarios.

En el comunicado del Departamento del Tesoro está el nombre el de Ricardo Ruiz Velasco, identificado como presunto responsable del asesinato de Valeria Márquez.

“Ricardo Ruiz Velasco fue identificado como el principal sospechoso en el feminicidio de su presunta pareja sentimental, Valeria Márquez, influencer mexicana de redes sociales, quien fue asesinada en una transmisión en vivo en vídeo”.

Otro de los señalados por el Departamento del Tesoro es Gonzalo Mendoza Gaitán, a quien describen como miembro de alto rango del Cártel Jalisco Nueva Generación, involucrado en reclutamiento y entrenamiento de nuevos integrantes, así como en el asesinato de oficiales mexicanos. Sobre este punto, Cárdenas relató que las autoridades de Jalisco también negaron tener su nombre en sus expedientes: “tampoco tenemos ese nombre”, indicó.

Las autoridades de Jalisco explicaron que estas diferencias no implican que los nombres no formen parte de indagatorias federales bajo la Fiscalía General de la República (FGR).

“Eso no significaba que no fuera parte de la investigación federal de la Fiscalía General de la República, porque ellos son los que están encabezando esta investigación”, informó Cárdenas citando al Fiscal General de Jalisco.

Las autoridades estatales anunciaron que solicitarán información al Consulado de Estados Unidos en Guadalajara para aclarar los señalamientos.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.