Los asesinatos de defensores ambientales y del territorio aumentaron un 25 % durante 2024 en México, al registrar 25 homicidios, cinco más que en 2023, de acuerdo con un informe realizado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). Se trata de la segunda cifra de asesinatos más alta en 10 años de documentación realizada por la organización.
De las agresiones letales, cuatro personas defensoras fueron víctimas de ejecución extrajudicial —cuando son cometidas por agentes del Estado–. Además, cuatro defensores más fueron víctimas de desaparición.
La participación del Estado en estas agresiones contra personas defensoras aumentó y se consolidó como el principal agente agresor con el 65.9 % del total, 16 % más que en 2023.
Además, el CEMDA destacó el aumento de la participación de las empresas privadas en las agresiones contra defensores del territorio, con 25 episodios de violencia de distintos tipos. Otros 17 casos fueron responsabilidad de grupos de la delincuencia organizada.
Criminalización contra defensores
Juana Inés Ramírez Villegas es defensora mixe (ayuuk) e integrante de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec (Ucizoni), una agrupación que ha acompañado a opositores al Tren Interoceánico, un megaproyecto que conecta los océanos Pacífico y Atlántico, cruzando los estados de Veracruz y Oaxaca.
A Ramírez se le iniciaron procesos judiciales por acompañar a comunidades que se opusieron al megaproyecto mediante protestas pacíficas junto a las vías del tren cuando seguía en construcción. La criminalización es la agresión más frecuente que hay contra defensores y que se documentaron en el informe.
De acuerdo con el CEMDA, este tipo de violencia se realizó en al menos 20 eventos de agresión durante 2024, con un total de 77 defensores y defensoras ambientales y del territorio criminalizados.
También se registraron otros tipos de violencia, como la intimidación, en 27 eventos; el hostigamiento, en 23; la estigmatización, en 20; y difamación, con 19 casos documentados.
“El alto número de registros de agresiones como la intimidación, el hostigamiento, la estigmatización y la difamación obedece a que, durante la búsqueda de información y análisis de datos, se encontró que dichos casos estuvieron relacionados con la represión al ejercicio del derecho a la protesta”, detalla el documento.
Los actos de criminalización, en su mayoría, se cometieron contra personas de comunidades, seguidos de ejidatarios (titulares de tierras comunales), abogados e integrantes de la sociedad civil.
“La criminalización se coloca como el mecanismo más utilizado en nuestro país, en su mayoría por agentes del Estado y empresas para frenar o impedir la labor de defensa de los derechos humanos ambientales e interrumpir los procesos de liderazgo en las comunidades, o incluso desintegrarlos”, detalla el informe.
La defensora del territorio Ramírez habita en Oaxaca, el estado que reportó mayores agresiones contra este sector en 2024, con 15 casos, seguida de Chiapas (9), Michoacán (9), Puebla (9) y Veracruz. En total estas localidades concentran el 53.1 % de las agresiones totales el año pasado.
A Ramírez, junto con dos compañeros de Ucizoni y otros 23 defensores comunitarios, se les iniciaron procesos judiciales por ataques a las vías de comunicación y por el delito de invasión al derecho de vía, tras el desalojo violento de un campamento contra el tren.
Mientras que por un lado se le mantienen abiertos estos procesos judiciales, por otro lado es beneficiaria del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
“Hemos notado muchas amenazas en contra de quienes estamos más visibles en la defensa del territorio en el Istmo de Tehuantepec”, menciona. “Hay amenazas por parte del gobierno del estado de Oaxaca, como por parte de la Marina, y del crimen organizado”, advierte Ramírez.
Profepa promete colaboración con defensores
La titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Mariana Boy, dijo que la dependencia se incorporará a la mesa de trabajo del Mecanismo de Protección y que buscarán intensificar los procesos de consultas comunitarias en casos de proyectos que lleguen a perjudicar a comunidades.
Mongabay Latam preguntó a la procuradora si la Profepa utilizará este espacio para buscar que la Marina se desista de las acciones judiciales en casos concretos, como el que enfrentan actualmente los defensores del Istmo en Oaxaca.
“Sobre si va a haber un acercamiento por parte de la Profepa con la Secretaría de Marina para el desistimiento de las acciones que tiene en contra de la comunidad, por supuesto”, sostuvo.
Boy afirmó que no tenía información sobre este caso, pero como Procuraduría uno de sus retos es trabajar con otras instancias de Gobierno.
“Toda vez que los principales perpetradores de estas agresiones son el propio Estado, uno de los grandes retos que tenemos es hacer este acercamiento para sensibilizar y lograr el respeto por parte de las instancias gubernamentales de los derechos ambientales de las personas”, afirmó.
Para Ramírez, esta posibilidad de apoyo se vuelve “una luz que se abre entre tanta oscuridad”, pues señala la dificultad de tener espacios para hablar de su lucha por el territorio.
“Confiamos en que la Procuraduría nos pueda apoyar en crear este espacio y tener una alianza para poder revisar todo el impacto ambiental y social que está ocasionando el Tren Interoceánico”, agregó.
Urgente implementar el Acuerdo de Escazú
El informe de CEMDA advierte que ante el panorama de violencia contra defensores ambientales y del territorio es “urgente” la implementación y aplicación de medidas de prevención y de reacción que vayan acorde al Acuerdo de Escazú, el tratado que busca garantizar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales dentro de América Latina y el Caribe.
“La implementación del Acuerdo de Escazú ha sido obstaculizada por el mismo Estado, ya que en México nuestro papel como defensores ambientales o el derecho a defender no está garantizado y eso ha generado violencia y criminalización”, considera Ramírez.
La defensora considera que la implementación es clave porque “solamente así se van a obligar a las empresas, quienes implementen megaproyectos en los territorios, para que puedan ser sancionados o en su caso cancelados”, señala.
El informe advierte que en México no se han podido resolver problemas centrales expuestos por comunidades y organizaciones, los cuales “obstaculizan la labor de protección del medio ambiente, de la tierra y de los territorios”.
Por este motivo el documento menciona acciones para la transparencia, el acceso a la información, participación y justicia ante la implementación de proyectos en México.
