Los «levantones» de Sántiz Sántiz y Sántiz Gómez, ambos Bases de Apoyo del EZLN (BAEZLN), se registraron durante un operativo que involucró a 39 vehículos de la Guardia Nacional, el ejército mexicano, las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal, la Agencia de Investigación de Inteligencia Ministerial, la Policía Estatal Preventiva, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, así como dos vehículos civiles con personas armadas.
Durante 55 horas los dos zapatistas permanecieron en calidad de desaparecidos, hasta que «con una creciente denuncia internacional» fueron puestos a disposición del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de San Cristóbal de Las Casas, sin que se conociera el delito por el que fueron detenidos. Además de las detenciones, los perpetradores «allanaron violentamente las casas de varias familias Bases de Apoyo Zapatistas», añadió el Nodho.
«Un operativo tan grande y con la participación de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional definitivamente involucra la decisión y respaldo del gobierno federal. ¿Cuál es el mensaje? Que Claudia Sheinbaum está dejando cada vez más claro que las autonomías estorban a los proyectos de la autodenominada 4T y que, contrario a lo que repite una y otra vez, sí existen la represión, el hostigamiento, la intimidación y la prisión política en su gobierno», aseguró la organización en un comunicado.
La organización recordó que la violencia en Chiapas se ha normalizado desde 1995, cuando comenzó la guerra de contrainsurgencia contra el levantamiento del EZLN, y que al aparato de represión se sumó la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, grupo paramilitar institucionalizado como fuerza policial e inaugurado por Eduardo Ramírez desde el inicio de su cargo como gobernador de Chiapas.
«Al parecer a las autoridades mexicanas les estorba más la autonomía Zapatista que los campos de reclutamiento y exterminio como el de Teuchitlán. Les preocupa más desarticular la resistencia indígena que encontrar a los responsables de crímenes como los del caso Ayotzinapa. Dejan impunes a cientos de criminales que siguen operando como gobernantes, empresarios o jefes de plaza mientras persiguen a quienes desde la autonomía cotidiana construyen un México digno, sin aceptar migajas y sin pedir el permiso de nadie ni del Estado, ni del narco», criticó el Nodho.
La desaparición y posterior detención de los dos bases de apoyo zapatistas sucedió días después de que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) documentara los «actos de intimidación y vigilancia» de las fuerzas de seguridad estatales y de las fuerzas armadas durante el Encuentro de Arte Rebel y Revel, llevado a cabo por el EZLN del 13 al 19 de abril en el Cideci-Unitierra y el caracol Jacinto Canek, en Chiapas.
«Estos actos de intimidación y vigilancia por parte de los gobiernos federal y estatal se enmarcan dentro de una estrategia de seguridad en Chiapas donde están rehaciendo pactos con la criminalidad, se apropia de narrativas de paz, al mismo tiempo que con mensajes de cero corrupción e impunidad fortalece un estado policiaco y militar a través de grupos especiales como las FRIP, la cual a pesar de haber entrado en operaciones recientemente, ya cuenta con denuncias por violaciones a derechos humanos y detenciones arbitrarias, cometidas contra la población civil, y señalamientos de sus mando por colusión con la delincuencia organizada», acusó entonces el Frayba.
COMUNICADO:
Según la información que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C., (Frayba) recibió de la Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (ACGAZ), Caracol 02 Oventic, Chiapas los compañeros zapatistas José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez, de origen tsotsil, fueron levantados en San Pedro Cotzilnam en una operación que involucró a 39 vehículos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal, la Agencia de Investigación de Inteligencia Ministerial, Policía Estatal Preventiva, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, y dos vehículos civiles con personas armadas. Es 55 horas más tarde y con una creciente denuncia internacional que los presentaron en el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de San Cristóbal de Las Casas. Los perpetradores además allanaron violentamente las casas de varias familias Bases de Apoyo Zapatistas.
Es un levantón porque se los llevaron en una acción violenta, perpetrada por personas armadas, sin dar razón jurídica alguna y en un territorio que ha estado asediado constantemente por paramilitares y narcoparamilitares. A esto hay que agregar que en un operativo legal, la persona detenida tendría que haber sido trasladada de inmediato a una fiscalía, y si el trayecto de San Pedro Cotzilnam a San Cristobal de las Casas es de menos de una hora y treinta minutos ¿Qué pasó en las 53 horas y media faltantes?
En Chiapas, como en todo México, se han normalizado los levantones, la tortura y las desapariciones, sin importar si lo hacen criminales con los uniformes de los cárteles o de las fuerzas policiales y militares, pero además, ahí lleva normalizándose la violencia paramilitar desde 1995 en una guerra de contrainsurgencia que no se ha detenido. También, desde el inicio de su cargo como gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez creo un grupo paramilitar institucionalizado como fuerza policial, la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, que se ha sumado como un grupo más a la violencia generalizada en el estado.
Además de esto, un operativo tan grande y con la participación de las fuerzas armadas y la guardia Nacional definitivamente involucra la decisión y respaldo del gobierno federal. ¿Cuál es el mensaje? Que Claudia Sheinbaum está dejando cada vez más claro que las autonomías estorban a los proyectos de la autodenominada 4T y que, contrario a lo que repite una y otra vez, sí existen la represión, el hostigamiento, la intimidación y la prisión política en su gobierno.
Al parecer a las autoridades mexicanas les estorba más la autonomía Zapatista que los campos de reclutamiento y exteminio como el de Teuchitlán. Les preocupa más desarticular la resistencia indígena que encontrar a los responsables de crímenes como los del caso Ayotzinapa. Dejan impunes a cientos de criminales que siguen operando como gobernantes, empresarios o jefes de plaza mientras persiguen a quienes desde la autonomía cotidiana construyen un México digno, sin aceptar migajas y sin pedir el permiso de nadie ni del Estado, ni del narco.
La detención de José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez es un ataque y un intento más de provocación gubernamental para tratar de generar una respuesta violenta que justifique una ofensiva abierta con la intención de aniquilar a una de las principales reservas de dignidad, resistencia y rebeldía global, esa que florece en el sureste mexicano, la del EZLN.
Nodo de Derechos Humanos
AUTOR: REDACCIÓN.
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