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lunes, agosto 11, 2025

Con 2 años de retraso, Clara Brugada envía iniciativa para crear ley del sistema público de cuidados en CDMX tras orden judicial

La iniciativa llegará al Congreso capitalino después de que un tribunal colegiado señalara al Poder Legislativo local de incurrir en una omisión al no dictaminar la ley que dé un marco normativo al derecho a ser cuidado, reconocido en la Constitución capitalina de 2017. La ley se debió promulgar a más tardar en diciembre de 2023.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, enviará al Congreso capitalino una iniciativa para reformar la Constitución local y establecer una Ley del Sistema de Cuidados. La propuesta se presenta después de que un tribunal colegiado resolviera, en respuesta a un amparo ciudadano, que el Congreso incurrió en omisión legislativa al no dictaminar la ley correspondiente como lo establece la Constitución capitalina, que reconoce el derecho al cuidado.

Brugada había anunciado en al menos dos ocasiones anteriores que presentaría su propia iniciativa ante el órgano legislativo.

“Vamos a presentar tanto reformas a la Constitución de la Ciudad de México, como presentar la iniciativa de Ley del Sistema Público de Cuidados”, señaló la jefa de Gobierno en conferencia de prensa desde el Museo de la Ciudad de México.

“Sin cuidados, no hay infancia protegida, no hay personas mayores atendidas, no hay familias seguras ni comunidades fuertes”, resaltó.

La mandataria explicó que el motivo detrás de esta iniciativa es redistribuir y reducir la división sexual del trabajo, en el que a la mujer históricamente se le han atribuido labores relacionadas al cuidado de otros –incluyendo personas enfermas, con discapacidad, adultos mayores e infancias– y tareas del hogar.

En el evento participaron la Secretaria local del Bienestar, Araceli Damián; de las Mujeres, Daptnhe Cuevas; las titulares del DIF nacional y local, María del Rocío García y Beatriz Rojas, respectivamente; entre otros funcionarios de la administración pública e invitadas internacionales.

Congreso retardó promulgación de ley durante 2 años

En 2017 se aprobó una nueva Constitución para la Ciudad de México, la cual introdujo el concepto del derecho al cuidado en su noveno artículo. Sin embargo, el Congreso no dictaminó la ley que acompañara esta premisa para que existiera un marco normativo para la operación de un sistema de cuidados, que debió haberse promulgado a más tardar el 31 de diciembre de 2023.

Por ese motivo, activistas promovieron un amparo y, más recientemente, enviaron a Brugada y el órgano legislativo una propuesta con los preceptos mínimos que debía contener la ley.

Entre septiembre de 2024 y abril de 2025, diputados locales generaron cinco iniciativas sobre el tema, pero no se avanzó en el proceso legislativo y las propuestas terminaron en la “congeladora”.

Reconocerán derecho humano al “cuidar, ser cuidado y el autocuidado”

El paquete legislativo fue dado a conocer un día antes de la inauguración de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y que se llevará a cabo en la capital mexicana esta semana; y días después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) reconociera como un derecho el acceso al cuidado, al ser “una necesidad básica, ineludible y universal, de la cual depende tanto la existencia de la vida humana como el funcionamiento de la vida en sociedad”.

La iniciativa modificará el Artículo 9 inciso B, de la Constitución local para incluir el derecho a “el cuidar, ser cuidado y el autocuidado” y reconoce asimismo que los trabajos de cuidados, del hogar o doméstico no remunerados –que históricamente han recaído en las mujeres– son trabajos productos y esenciales en la sociedad.

“El Sistema de cuidados de la Ciudad de México tiene entre sus objetivos reconocer las tareas del cuidado, redistribuir las tareas de cuidado y reducir las tareas de cuidado. Este sistema tiene también como uno de sus objetivos erradicar la división sexual del trabajo por ser un mecanismo que propicia la desigualdad entre los géneros”, se lee en la iniciativa de reforma.

Al respecto, la jefa de Gobierno resaltó: “Hablamos del derecho a los cuidados como un derecho humano; como otros derechos que reconoce ya nuestra Constitución de la Ciudad de México, aunque todavía no se logra a nivel federal”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TAMARA MARES.

La reforma electoral de Sheinbaum pondrá a prueba la disputa interna de Morena

La oposición y los detractores de la llamada Cuarta Transformación advierten sobre los riesgos de que la comisión, encabezada por Pablo Gómez Álvarez, termine de eliminar los contrapesos del gobierno, como el Instituto Nacional Electoral (INE), y de consolidar a Morena nuevo partido hegemónico.

La flamante comisión presidencial a la que Claudia Sheinbaum Pardo encargó la tarea de elaborar una iniciativa de reforma electoral, solo existe en el papel, pero ya desató un debate polarizado. La oposición y los detractores de la llamada Cuarta Transformación advierten sobre los riesgos de que la comisión, encabezada por Pablo Gómez Álvarez, termine de eliminar los contrapesos del gobierno, como el Instituto Nacional Electoral (INE), y de consolidar a Morena nuevo partido hegemónico, en línea con las reformas constitucionales impulsadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El oficialismo, en contraste, niega tener veleidades autoritarias, y afirma que busca crear un sistema con una mejor representación popular; sostiene que todos los actores sociales están invitados a participar en los foros para diseñar la reforma, y asegura que la comisión no partirá de la polémica iniciativa de reforma enviada por López Obrador en febrero de 2024, en el marco del llamado “Plan C”.

En medio de estas dos posturas quedan observadores y expertos electorales; en entrevistas por separado con Proceso, cuatro de ellos ven con cierta preocupación la conformación de la comisión–cuyos siete integrantes vienen del Poder Ejecutivo y del oficialismo--, pero no descartan la promesa de la mandataria de que todas las voces serán escuchadas. Señalan que cualquier reforma tendrá que pasar por el Congreso, cuyos líderes, de Morena, no están alineados con Claudia Sheinbaum y su grupo.

Adán y Monreal, fuera

Según el exconsejero electoral Alfredo Figueroa Fernández, Claudia Sheinbaum no necesitaba crear una comisión presidencial para imponer una reforma que refuerce el poder hegemónico de Morena, pues el partido ya controla a las dos terceras partes del Congreso: según el analista, la maniobra de Sheinbaum responde a una pugna al interior del partido fundado por López Obrador.

“Los operadores del oficialismo en materia electoral se encontraban sobre todo en la Cámara de Diputados, con la figura del diputado Sergio Gutiérrez Luna”, analiza Figueroa, quien tuvo un asiento en el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) entre 2008 y 2013. La nueva comisión opera un “desplazamiento político respecto a la interlocución que el Ejecutivo tendría con el INE y con el Tribunal Electoral”, según Figueroa, con lo que deja fuera de la discusión a “los actores del Poder Legislativo, y de manera particular Adán Augusto López y Ricardo Monreal Ávila”.
“Se me hace que la comisión está creada para resolver la disputa al interior de Morena y de sus aliados”, abunda Figueroa, y agrega: “creo que no han terminado de procesar con reglas e institucionalidad la pregunta de cómo resolver las disputas y las diferencias entre los distintos grupos al interior de Morena, de los que se amalgamaron detrás de López Obrador”.
“El enigma es si la presidenta de la República va a tomar decisiones respecto de este movimiento, ahora como su lideresa real”, insiste.

Participación o simulación

En el preámbulo del decreto que oficializa la creación de la comisión presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 4 de agosto, Sheinbaum denuncia la “conservación inercial” de las “normas que rigen las consultas populares”, los “sistemas de representación de la ciudadanía en los órganos colegiados”, los “métodos de votación y de procesamiento de los resultados”, así como del “régimen de partidos políticos y la institución y organización de las autoridades electorales”. En otras palabras: no define de manera clara un rumbo de la reforma.

De acuerdo con el decreto, la comisión tendrá la misión de “emplazar al país a intervenir con críticas, opiniones y análisis, mediante los métodos del debate público”, con tal de “elaborar propuestas sobre la reforma electoral”, y para ello “podrá invitar a representantes de dependencias, entidades, instituciones públicas o privadas de los tres órdenes de gobierno, organismos autónomos, academia y sociedad civil quienes podrán participar con derecho a voz, pero sin voto”.

Según Víctor Díaz de León, analista en la organización Laboratorio Electoral, existen dos escenarios en torno a la reforma electoral. El primero es que la comisión sí elaborará su iniciativa con base en las propuestas que surjan en los foros y debates públicos; el segundo es que “todo el proceso será una simulación porque ya existe una iniciativa”. Y esta iniciativa sería la que López Obrador envió a la Cámara de Diputados el 5 de febrero de 2024, en el paquete de reformas constitucionales conocido como Plan C.

La iniciativa del tabasqueño planteaba eliminar el INE y los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), y sustituirlos por un nuevo organismo único, cuyos integrantes –reducidos de 12 a 9-- serían elegidos por voto popular; también contemplaba eliminar las plurinominales a nivel federal –es decir, 200 diputaciones federales y 64 senadurías-- y reducir el número de diputados locales y de regidurías y recortar a la mitad los recursos públicos atribuidos a los partidos políticos.
“Entre las propuestas del expresidente López Obrador destacaba la intención de acabar con las plurinominales. De haberse concretado, tendríamos hoy una sobrerrepresentación de la mayoría y una jibarización de las minorías”, asegura el exconsejero electoral José Woldenberg Karakowsky, quien forma parte del grupo de 22 exconsejeros electorales que exigieron que la reforma electoral venidera sea “fruto del más amplio consenso”.
La reforma de López Obrador, agrega, “acababa con el financiamiento público para actividades ordinarias de los partidos, lo cual sería un golpe terrible a los partidos de oposición, porque los que están en el gobierno seguramente encontrarían recursos por otra vía”.

“Temo que la reforma electoral no sea más que un eslabón más del proceso a través del cual este gobierno y el anterior están destruyendo una germinal democracia para construir un régimen autoritario e hiperpresidencialista, donde el presidente concentra prácticamente todas las facultades y subordina o desaparece a los otros poderes constitucionales”, comenta a Proceso.

“No me hablen de regresiones”

El pasado 7 de agosto, Pablo Gómez aseveró que la comisión no está partiendo de la iniciativa de López Obrador para elaborar su la iniciativa. “No existe un proyecto elaborado en este momento”, insistió en varias ocasiones el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) durante una visita al programa que Morena difunde en Youtube, llamado “Moreniza”, conducido por la presidenta nacional del partido, María Luisa Alcalde Luján.

“Creo que todo mundo debería –es consejo, no es ninguna obligación—participar en el debate. En lugar de decir ‘hay peligro de regresión autoritaria’… a ver cálmense, ¿Qué proponen? No me hablen de regresiones, háblenme de progresiones, que es lo que queremos oír. No inventar cosas que no están en la mesa”, dijo el encargado de redactar la iniciativa.

Durante la hora que duró el programa, Pablo Gómez recalcó que México “cambió mucho” desde la llegada de López Obrador y de su “fuerza mayoritaria” al poder, y vislumbró algunos de sus puntos de vista respecto al tema electoral: según el militante histórico de las izquierdas, se trata de diseñar un “sistema de representación popular” más cercano a la gente y no alineado con los intereses de los líderes de los partidos.

Monolito

Las principales interrogantes giran en torno a la conformación de la comisión, cuyos siete integrantes vienen del Poder Ejecutivo y, por ende, del oficialismo. Cinco de ellos provienen del sexenio de López Obrador, el propio Pablo Gómez, Jesús Ramírez Cuevas, quien fuera el brazo derecho de López Obrador, Rosa Icela Rodríguez, Lázaro Cárdenas Batel y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Sheinbaum colocó a dos de sus incondicionales en la comisión: su consejera jurídica Ernestina Godoy y José Merino, el titular de la Agencia de Transformación Digital, cuya integración en la comisión sugiere cambios tecnológicos en materia electoral, como quizás el voto electrónico.

“La comisión que ha nombrado la presidenta está compuesta por funcionarios del gobierno, y las últimas reformas en la materia, las de 1994, de 1996, de 2007 y 2014, buscaron que fuera producto del diálogo y consenso entre las diferentes bancadas de los partidos, y todas las reformas electorales desde la de 1977 partieron de demandas de los partidos de oposición, lo que las convirtió en reformas democratizadoras”, planta José Woldenberg.

“Independientemente de que tengan otras cualidades, no son personas que tienen un conocimiento del INE y del tribunal electoral”, sostiene Alfredo Figueroa, quien duda que “la capacidad de negociación sea la mayor virtud de Pablo Gómez”. “Es una comisión gubernamental en su origen, y aunque el gobierno promete que va a invitar a todas las voces, finalmente será este núcleo cerrado, este monolito, el que tomará las decisiones finales”, observa Víctor Díaz de León, de Laboratorio Electoral.

Fiscalización

Según Dania Ravel Cuevas, integrante del Consejo General del INE, “es indispensable que no se cometa el mismo error que con la elección judicial, el de no escuchar a las personas operadoras de la norma, me parece que, al menos cuando la iniciativa llegue al Congreso, debería abrirse la posibilidad a que seamos escuchados sobre las cuestiones técnicas”.

En entrevista con Proceso, la funcionaria sostiene que se necesitan cambios urgentes en materia electoral para resolver el rompecabezas logístico y financiero que se augura en 2027, en el que se juntarán las elecciones intermedias y las elecciones judiciales, con el problema mayúsculo de que en una elección participan los partidos políticos y en la otra quedan excluidos.

De manera general, Ravel estima que una futura reforma electoral debería preservar la estructura de operación del INE, que incluye los 32 OPLEs, el Servicio Profesional Electoral Nacional y el padrón electoral. “Todas las reformas electorales que se han dado en los últimos años han tendido a fortalecer el sistema electoral y esperemos que la que venga pues tenga ese mismo objetivo”, expresa.

Aparte, señala la importancia de apostarle a la fiscalización de los actos anticipados de campaña, la participación indebida de los servidores públicos en los procesos electorales, y los gastos de los partidos políticos, sobre todo si estos repiten sus ejercicios de selección de candidatos presidenciales, las campañas electorales de las “corcholatas” en el caso de Morena y las encuestas para la coalición opositora.

“Nos hemos topado con obstáculos, las instituciones nos quieren hacer oponibles los secretos bancarios, fiduciarios, fiscales y hasta ministeriales”, se queja la consejera, y agrega: “muchas veces no nos han dado información en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)”; una institución que, hasta hace unos días, era dirigida por Pablo Gómez, ahora encargado de redactar la reforma electoral.

Choque cantado

Al igual que la consejera Ravel, los expertos entrevistados coinciden en que existen muchos espacios de mejora en el sistema de competencia electoral de México. “Hay una extraordinaria cantidad de temas por los cuales tenemos una institucionalidad absolutamente golpeada”, dice Alfredo Figueroa, quien deplora que, a pesar de ser financiados con recursos públicos, los partidos políticos tienen “secuestrada la boleta”.
“La ciudadanía no participa para elegir cómo una persona llega a ser candidata. Se trata de una decisión absolutamente discrecional de camarillas, de grupos y de los líderes de los partidos”, dice. Sin embargo, emite dudas sobre la intención de la comisión presidencial de abrir el sistema de los partidos a la ciudadanía, a través de primarias por ejemplo.
“Yo no he visto un comportamiento de Morena y el oficialismo que busque un proceso de democratización auténtico. Ojalá me equivoque, pero los antecedentes tienden a lo contrario: a crear un partido que no tenga competencia, como lo que se llamó partido hegemónico, que toleraba una oposición pero sin dejarle llegar al poder”, dice.

José Woldenberg reconoce que la fama pública de los partidos es malísima, y que estas agrupaciones figuran en los últimos lugares del aprecio ciudadano. “Esto es cierto, pero montarse en ese malestar ciudadano hacia los partidos políticos para debilitarlos tiene la única intención de que el oficialismo quede como la única fuerza fortalecida dentro del escenario partidista”, opina.

Varios de los entrevistados apuntan a que la iniciativa de reforma electoral de la Comisión Presidencial podría enfrentar un rechazo al interior del oficialismo, ya sea de Morena o de sus partidos aliados, como el Partido del Trabajo (PT) o el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que ya se quejaron de las órdenes de Sheinbaum para eliminar la reelección o para prohibir el nepotismo.

“Es probable que algunas determinaciones no convengan al PT y al PVEM, y la mayoría en el Senado está a uno o dos votos de deshacerse, por lo que Morena necesitaría de los partidos que lo acompañan para construir el procedimiento legislativo que requerirá cualquier modificación constitucional”, plantea Víctor Díaz de León.

Y el choque parece ya cantado: en varias declaraciones recientes a la prensa, Ricardo Monreal advirtió sobre una “crisis interna” y una “disputa interna insalvable” al interior de Morena, y sostuvo que el Congreso tendrá la última palabra en torno a cualquier iniciativa de reforma electoral. Un mensaje directo a Palacio Nacional.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

Morena convierte San Lázaro en centro de reclutamiento: afilia a jóvenes vía “fast track”

Morena aprovecha foro juvenil en la Cámara de Diputados, impulsado por Ricardo Monreal, para afiliar a jóvenes mediante trámites exprés. El PAN denuncia el uso partidista del recinto legislativo.

Reincidente, Morena transforma la Cámara de Diputados en oficina de afiliación. A diferencia de febrero pasado, en el cual utilizó espacios del recinto legislativo para inscribir a asesores y empleados de San Lázaro, en esta ocasión buscaron reclutar a jóvenes vía fast track.

El 11 y 12 de julio últimos Morena realizó en la Cámara de Diputados el quinto foro “Jóvenes Dialogando por el Segundo Piso de la Transformación”, cuyos asistentes, en su mayoría universitarios, después fueron cooptados por un módulo de afiliación que el partido instaló frente al Salón de Protocolos del Edificio C.

Proceso revisó el reglamento de la propia Cámara de Diputados, en el que existe un vacío (pues no se establece prohibición alguna, pero tampoco que está permitido realizar labores de afiliación) y del cual Morena se ha beneficiado para, en este caso, sumar a jóvenes a sus filas. 

Este módulo era atendido por militantes morenistas, quienes buscaron que cerca de los 132 asistentes al encuentro accedieran a realizar el trámite que sólo implicaba pocos minutos para adherirse al partido en el poder. 

Uno de los encargados del proceso explicó que no había filtros, sólo se requería la “credencial de elector” y “una prueba de vida”, que consistió en un video de la persona a afiliar en la que ésta debía parpadear varias veces, para después “subir sus datos” a una plataforma. 

–¿Cuáles son los beneficios de afiliarse a Morena?

–Pues te pueden invitar a más foros, participar en ellos, puedes ser representante de una casilla. Lo único que necesitas es la INE, sacamos fotos de los dos lados y una foto para la credencial de Morena. Te damos la credencial original con los sellos originales para que vean que no es una estafa –explicó el joven militante.  

Durante el foro morenista, los universitarios recibieron un termo, una mochila con una libreta, una batería para celular, una Constitución, un informe de las actividades de Morena en San Lázaro, un libro del diputado Ricardo Monreal y un catálogo con los “principios” del coordinador morenista.

Este reportero buscó las reacciones de varios jóvenes en el módulo de afiliación. Uno de ellos, Alfonso “N”, aceptó hablar, pero no quiso que se publicara su nombre real. Él es alumno de la UNAM y aceptó sumarse a Morena, pese a que consideró que la Cámara de Diputados no es el lugar ideal para hacerlo, “pues estaríamos polarizando el recinto legislativo”.

En cambio, procedentes de Veracruz y de Sinaloa, Grecia Pineda y Fernanda Ponce, respectivamente, vieron con buenos ojos el foro morenista y el hecho de poder escuchar a los diputados de similar ideología política. 

“Es enriquecedor porque, además de que ellos nos enseñan un poco más de lo que nosotros vemos en las noticias, en las transmisiones en vivo que realizan por parte de distintos medios de la Cámara, conocemos más a fondo cómo se trabaja; nos dan oportunidades a los jóvenes, nos escuchan”, dijo Grecia.

Sin responder si ellas también se afiliaron a Morena, consideraron que el módulo de afiliación es una buena oportunidad para quien busque pertenecer al partido. 

El foro morenista duró poco más de seis horas y se pudo constatar que no todos los asistentes aceptaron inscribirse al partido, pese a que el llamado fue reiterativo hasta en el comedor improvisado para los jóvenes, colocado en la parte baja del Edificio C. 

“Estamos preparando el relevo”

En entrevista con medios durante el foro, el jefe de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, dijo que los Diálogos son espacios de capacitación y formación política, de deliberación de ideas sobre los propósitos de los procesos de transformación que vive el país.

“La idea es esa, que vayamos preparando nuestro relevo (generacional) que ya debe ser inmediato. Nosotros ya estamos de salida”, explicó.

El diputado detalló que han realizado otros foros de capacitación como “Jóvenes Legislando por el Futuro”; entre ambos, agregó, Morena ha invitado a alrededor de 700 y 800 personas.

Para asistir al foro se realiza un registro vía internet, donde seleccionan a los asistentes procedentes de todo el país. El enlace se puede obtener de las redes sociales del propio Ricardo Monreal.

El coordinador de la bancada dijo que los asistentes se eligen por medio de un ensayo que envían en la página que asignó el partido y posteriormente un Comité elige a los participantes. Sin embargo, Monreal nunca hizo referencia a la afiliación que se realiza dentro de estos foros que promueve él y su bancada.

Denuncia del PAN

Sobre la transformación de la Cámara de Diputados en centro de afiliación de Morena, el diputado panista Daniel Chimal García dijo que se trata de un “acto reprobable”.

Considera que esa es una manera en la que el partido oficialista presiona a los ciudadanos para que formen parte de sus filas. 

Para Chimal García, aunque exista un vacío en el reglamento, el oficialismo está obligado a utilizar adecuadamente la sede del Poder Legislativo, pues todos los partidos cuentan con presupuesto e instalaciones para realizar sus labores de afiliación.  

“No porque no diga que puedo realizar una fiesta ahí, quiere decir que está permitido que la realice o que lo haga para otro tipo de actividades. Ahí es la casa de todos los mexicanos, está hecho evidentemente para actividades legislativas y lo que rodea esto”, expuso. 

Cuando se le preguntó si el PAN también aprovecharía la laguna reglamentaria de San Lázaro para campañas de afiliación, Chimal lo descartó. 
De entrada, nosotros consideramos que la afiliación a cualquier grupo político debe de ser un acto libre de cualquier ciudadano. En Acción Nacional tenemos destinado nuestras oficinas, nuestros comités municipales, nuestros comités estatales, también de la Ciudad de México, para para realizar este tipo de actividades; y de ninguna manera el ejercicio legislativo debe estar orientado a realizar otro tipo de actividades.
El 11 de febrero último, Morena utilizó el recinto legislativo de San Lázaro para afiliar a decenas de personas.

Cinco días después, Daniel Chimal presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Fisel) contra quien resultara responsable por usar instalaciones públicas para beneficio de un partido político.

Es esa ocasión, en las oficinas de Morena en San Lázaro fue instalado un módulo de afiliación. 

Gabriela Jiménez, vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena, dijo en ese entonces que utilizar las instalaciones de San Lázaro para afiliar a diputados y simpatizantes no es algo indebido, ya que, resaltó, todos los grupos parlamentarios pueden hacerlo. El 18 de febrero pasado Morena hizo lo mismo en el Senado.

Los módulos del partido en ambas cámaras fueron instalados en el contexto de la campaña que la dirigencia nacional anunció a escala nacional con el objetivo de afiliar a diez millones de personas. 

En los próximos 15 y 16 de agosto Morena realizará en la Cámara de Diputados un nuevo encuentro del foro “Jóvenes Dialogando por el Segundo Piso de la Cuarta Transformación”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.

Sin casa, sin escuela, sin justicia: se dispara 129% la cifra de desplazados forzados por el narco

Una investigación del Programa de Derechos Humanos de la Ibero, en colaboración con ACNUR, documenta que en 2024 al menos 28 mil 943 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares a causa de la narcoviolencia; en 2023 la cifra fue de 12 mil 623 desplazados.

Carmen y su menor hijo de 11 años, Tomás, permanecen en una ciudad fronteriza desde hace más de un año en espera de la oportunidad de cruzar hacia Estados Unidos y solicitar asilo humanitario. Igual que muchas otras personas, la mujer y el niño están huyendo de actos de violencia ocasionados por células del crimen organizado en su lugar de origen. 

En 2023, miembros de un grupo delictivo asesinaron al esposo de Carmen, quien para sostener el hogar a partir de entonces se dedicó a vender ropa, zapatos y otros productos en un tianguis de la región. Cuatro meses después, madre e hijo fueron víctimas de reclutamiento forzado por parte de la misma organización criminal.

“Esas personas que mataron a mi esposo –narra la mujer– fueron las que me pusieron a mí... Iban y metían droga a la casa, metían armas... nos subían al carro de ellos y me ponían a que yo manejara... Mataban personas enfrente de nosotros y eso era lo único que hacían... Era en la mañana, en la tarde, en la noche, a cualquier hora, en la madrugada... Agarraban la pistola, se la daban a mi hijo y ‘¡guárdala!’. Le decían que lo iban a enseñar para que fuera sicario de ellos”.

Un día uno de los líderes del cártel se escondió en la casa de Carmen y Tomás, tras asesinar a una pareja de la agrupación rival. Posteriormente se fue y sólo permaneció ahí uno de los pistoleros, quien fue detenido por policías ministeriales que irrumpieron en el domicilio. 

El suceso fue aprovechado por la mujer para pedir ayuda a los agentes. Les dijo que no quería seguir en eso, que deseaba irse muy lejos, pero no tenía dinero ni nada. Burlón, uno de los policías le cuestionó: “¿Quieres que yo te dé para el pasaje... que te compre el boleto para que te vayas o qué?”. Ella le respondió que no, pero que podía haber otras maneras de ayudarle, que por eso les pedía apoyo. Y el servidor público sólo dijo: “Ya ves, ¿para qué te andas metiendo con ellos?”

Como pudieron, Carmen y Tomás escaparon del poblado y lograron llegar a la frontera norte del país, donde encontraron refugio en un albergue. En marzo de este año a Carmen le llegó la noticia del asesinato de su hijo mayor, de 27 años, quien se había quedado en su comunidad. Casi al mismo tiempo Tomás enfermó de diabetes.

Con el dolor a cuestas por la tragedia de su primogénito, la mujer trata de encontrar una explicación al decaimiento de la salud de su hijo menor: “Pienso que fue a causa de todas las cosas que hemos pasado y que le han tocado ver a su corta edad”.

Con epicentro en Chiapas

El testimonio anterior forma parte del informe Travesías forzadas: Desplazamiento interno en México 2024, elaborado y presentado recientemente por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (PDH Ibero), donde se establece que, a causa de la violencia criminal, los enfrentamientos armados y la presencia de grupos delictivos al menos 28 mil 943 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares durante 2024.

Esa cifra representa un incremento de 129% respecto de los 12 mil 623 desplazamientos documentados en 2023, y configura lo que la institución califica como una “emergencia humanitaria silenciosa”, extendida a lo largo de 13 estados del país.

De acuerdo con el documento del PDH Ibero, a lo largo de 2024 se identificó un total de 72 eventos de desplazamiento interno masivo causados por violencia armada, conflictos sociales o desastres asociados a fenómenos naturales, por lo que además de creciente, se trata de un fenómeno invisibilizado y deficientemente atendido por el Estado.

El informe de la Universidad Iberoamericana expone que 79% de los desplazamientos fueron detonados por acciones violentas de grupos criminales: asesinatos, enfrentamientos armados, amenazas colectivas, desapariciones, bloqueos carreteros y ataques con drones y explosivos. El resto se originó por conflictos agrarios o comunitarios (15%) y por desastres asociados a fenómenos naturales (6%).

En la mayoría de los casos los desplazados enfrentan condiciones de extrema precariedad como falta de albergue, atención médica, servicios básicos y protección, además de que sus derechos humanos son sistemáticamente vulnerados ante la inacción de las autoridades.

Durante 2024 el epicentro de la crisis de desplazamientos forzados se localizó en Chiapas, particularmente en su frontera con Guatemala, debido a los enfrentamientos entre grupos criminales en municipios como Frontera Comalapa, Tila, Pantelhó, Motozintla y Chicomuselo.

El documento revela que, con 17 mil 865 personas desplazadas, Chiapas concentró 61.8% del total nacional.

Estrategia a medias

Uno de los casos más dramáticos ocurrió en Tila en junio de 2024, cuando más de seis mil 800 personas huyeron simultáneamente luego de la irrupción de civiles armados, quema de viviendas y cierre del acceso por carretera. La violencia fue tan intensa que al menos 600 personas cruzaron a pie hacia Guatemala, buscando un refugio que el Estado mexicano no les garantizó.

El segundo estado más afectado fue Sinaloa, con cuatro mil 480 personas desplazadas (15.5%), sobre todo en la zona serrana de Badiraguato, en comunidades como San José del Llano, donde se reportaron enfrentamientos entre facciones del cártel de Sinaloa.

Le siguen Michoacán y Chihuahua, cada uno con 5.4% de los casos, y Guerrero con 4.8%; también se documentaron desplazamientos en Sonora, Durango, Jalisco, Zacatecas, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz y Nayarit.

La región de Tierra Caliente, en Michoacán, ha vivido tres grandes oleadas de desplazamiento forzado desde el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico, en 2006. La más reciente comenzó en diciembre de 2020 y se mantiene vigente.

Un consejero del Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán (OSHRA) explica en entrevista con Proceso que en la zona prevalecen los llamados “desplazamientos a cuentagotas”: movimientos discretos de pocas familias, difíciles de documentar, pero persistentes y devastadores.

“La gente huye sin que nadie se entere. Por eso en los informes como el de la Ibero, sólo aparecen los eventos masivos, aunque el fenómeno real es mucho más amplio”, señala.

El consejero reconoció avances como la implementación de un reglamento municipal específico en Apatzingán –único en el país–, que prevé la atención diferenciada a personas desplazadas, y que faculta al ayuntamiento a coordinarse con el estado y la federación. Sin embargo, critica que este reglamento esté siendo subutilizado.

Ante los recientes desplazamientos ocurridos en comunidades del municipio, comenta el entrevistado: 
El ayuntamiento ha ofrecido una línea de WhatsApp, albergues, medicamentos, regularización escolar y expedición de documentos oficiales, pero falta lo más importante: evaluar riesgos, canalizar adecuadamente los casos y construir condiciones reales para un retorno seguro.
A escala nacional, el PDH Ibero advierte que el Estado mexicano sigue sin reconocer plenamente a las personas desplazadas como víctimas de violencia generalizada. No existen mecanismos oficiales de registro, seguimiento ni atención integral, y muchos gobiernos estatales y municipales tienden a minimizar o negar los hechos.

La falta de legislación agrava el problema: en abril de 2019 el gobierno federal reconoció oficialmente el desplazamiento forzado y en 2020 la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la iniciativa de Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno y fue turnada al Senado, donde no avanzó en comisiones y en abril de 2024 fue desechada por acuerdo de la Mesa Directiva del Senado. 

El informe del PDH Ibero califica lo anterior como “un grave retroceso en el reconocimiento y la garantía de los derechos de las personas desplazadas internas en México”.

El representante del OSHRA (organismo que participó en el informe del PDH de la Universidad Iberoamericana) señala que en el caso de Michoacán un proyecto de ley estatal en la materia fue presentado en octubre de 2023, pero permanece detenido en la Consejería Jurídica del Gobierno del estado, en tanto que las autoridades estatales han reconocido públicamente que Apatzingán y Buenavista son los municipios michoacanos con mayor número de desplazados y también los que registran más artefactos explosivos decomisados, dos fenómenos íntimamente vinculados.

De acuerdo con el documento “Travesías forzadas”, si bien ha habido algunos avances como la aprobación de leyes estatales en materia de desplazamiento interno y sentencias favorables, como la otorgada por la SCJN en 2024 a familias desplazadas en Chihuahua, “la respuesta gubernamental ha sido gradual y fragmentada”.

Expone que, pese a las movilizaciones y exigencias de las comunidades afectadas, en muchos contextos las autoridades de los tres niveles de gobierno han adoptado una posición restrictiva, argumentando que, en ausencia de una denuncia penal formal o de una amenaza directa identificable, el desplazamiento interno por violencia no puede ser reconocido oficialmente.

“Aunque en algunas entidades, como Sinaloa, se han documentado casos en los que se brinda atención sin requerir denuncia previa, esta no es la regla general. La falta de criterios homogéneos y de un marco normativo que reconozca de forma clara el fenómeno limita el acceso a mecanismos de protección y apoyo, y contribuye a que el desplazamiento interno se consolide como un fenómeno estructural, derivando en una crisis humanitaria de mayor escala”, añade.

El estudio del PDH Ibero advierte que corresponde a las autoridades reconocer, registrar y atender el desplazamiento interno en el país, pero enfatiza que las respuestas institucionales son predominantemente reactivas, es decir, ocurren una vez que el desplazamiento ya ha tenido lugar.
Esta estrategia resulta insostenible. Es urgente redirigir los esfuerzos hacia la prevención de los desplazamientos y hacia la protección y reparación integral de las personas desplazadas internas, más allá de la profundización de estrategias militares dirigidas exclusivamente al combate de grupos de delincuencia organizada.
El documento hace notar la necesidad de aprobar una Ley General sobre Desplazamiento Interno Forzado, la creación de un sistema nacional de atención integral, el establecimiento de registros oficiales actualizados y la incorporación de criterios socioeconómicos que permitan evaluar si existen condiciones reales de retorno”.

En suma, el PDH Ibero advierte que la tragedia del desplazamiento forzado interno en México continuará agravándose si el Estado no asume su responsabilidad con enfoque de derechos humanos. Mientras tanto, miles de personas seguirán huyendo, sin casa, sin escuela, sin justicia y sin garantías de regreso.

“Esta crisis no sólo trunca trayectorias escolares o laborales; destruye comunidades enteras y pone en evidencia que hay territorios donde el Estado mexicano ha dejado de estar presente”, concluye el consejero del Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑA.

Dato protegido: terminan 30 días de disculpas públicas de ciudadana a diputada; “la gente me apoyó”, dice Karla Estrella

Karla María Estrella, ciudadana de Hermosillo, publicó por 30 días en redes sus disculpas a la diputada Diana Karina Barreras, a la que identificó como Dato Protegido, luego de que el Tribunal Electoral determinó que cometió violencia política de género.

La ciudadana Karla María Estrella realizó en redes sociales la última publicación de disculpas públicas para la diputada federal Diana Karina Barreras, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó que emitiera un mensaje por 30 días en el que reconocía una presunta afectación a los derechos políticos y electorales de la legisladora.

“Te pido una disculpa, DATO PROTEGIDO, por el mensaje que estuvo cargado de violencia simbólica, psicológica, por interpósita persona, digital, mediática y análoga, así como de discriminación, basado en estereotipos de género. Esto perjudicó tus derechos político-electorales porque minimizó tus capacidades y trayectoria política“, publicó.

Karla María Estrella cuestionó en redes sociales a la diputada del Partido del Trabajo (PT), Diana Karina Barreras, esposa del morenista Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados.

“Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas”, publicó en sus redes sociales el 14 de febrero de 2024.

La sentencia de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral determinó en junio que las expresiones que realizó Karla Estrella en su cuenta de X fueron “discriminatorias y generaron violencia política contra las mujeres por motivos de género”.

“Decidimos sancionar a Karla María Estrella Murrieta con una multa, así como ordenar su capacitación y sensibilización con lecturas y cursos de género y derechos humanos de las mujeres, para evitar que repita estas conductas en tu contra o de alguna otra”, agregaba.

De acuerdo con Proceso, el 11 de abril la Sala Regional Especializada del TEPJF resolvió que si bien el mensaje no constituía calumnia, sí configuraba violencia política de género, ya que sugería que la candidatura de Barreras Samaniego obedecía únicamente a su relación con un hombre, en menoscabo de sus capacidades.

En entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, la ciudadana dijo que al principio “tenía muchísimo miedo”, sin embargo, fue arropada por ciudadanos durante el cumplimiento del fallo, además consideró que “a veces las leyes se tuercen” en contra de los derechos.

Al principio tenía muchísimo miedo, no sabía qué hacer y cómo iba a llevar todo esto, pero con el tiempo vi que la situación no era algo, que yo tenía qué temer, la gente me arropó, me apoyó muchísimo y eso me ayudó para que estos 30 días pasaran ahora sí que pasaran más rápido de lo que pensé que sería

“Hay abuso de poder, muchas veces las leyes se tuercen en contra de nosotros, hay derechos que nosotros pensamos que tenemos seguros y por sentado pero no es así, tenemos que estar pendientes, de seguirlos teniendo, de conservarlos”.


“Para mi fue suficiente”, dice diputada

El pasado 20 de julio, la diputada Diana Karina Barreras pidió al TEPJF que reconsiderara el falló por el cual la ciudadana Karla María Estrella le ofreció disculpas públicas por 30 días, tras cometer violencia política de género en su contra luego de que la cuestionó en sus redes sociales.

“Desde la primera vez que se ofreció una disculpa, para mi fue suficiente. Ni siquiera necesitaba que fuera pública; lo que realmente me importaba era el reconocimiento de la vulneración que sentó”, escribió en su cuenta de X.

La legisladora dijo creer en la libertad de expresión pero también en el derecho a “vivir una libre vida de violencia”, por lo que consideró que en el contexto actual, “donde las redes sociales amplifican lo emocional”, se debe aprender a “compaginar estos dos derechos”.

“El poder se ejerce con humildad”

Al ser cuestionada sobre este tema, la presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado como un “exceso” la resolución del Tribunal Electoral y reiteró que el poder se debe ejercer con humildad, “particularmente los que somos parte de este movimiento de transformación”. 

“Es un exceso, el poder es humildad, no soberbia. No está bien esta exigencia de que por 30 días te disculpes”, afirmó la presidenta de México durante su conferencia matutina.

“El poder se ejerce con humildad, todos y particularmente los que somos parte de este movimiento de transformación. Ahora, dicho esto, que no se hipócrita la oposición, también, porque se rasgan las vestiduras y nadie justifica una y otra cosa, siempre voy a defender que nosotros debemos actuar con humildad”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Zacatecas: mayoría de magistraturas del Tribunal Superior de Justicia son morenistas, afines a Monreal o de su gobierno

Ricardo Humberto Hernández León fue coordinador general jurídico en el gobierno de David Monreal

El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas estará integrado por ocho magistraturas en sus salas penal, civil y familiar, de las cuales cinco son morenistas, afines al gobernador David Monreal o se han desempeñado como integrantes de su gabinete o de alguna dependencia estatal.

Cuatro mujeres y cuatro hombres integrarán el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas y la presidencia será para quien haya obtenido el mayor número de votos. 

Con 61 mil 540 sufragios, según un Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), por el que se aprueban los cómputos de la elección, se declara su validez y se asignan los cargos electos, la presidencia le corresponde a Verónica Muñoz Robles, quien, precisamente, había sido designada por el gobernador David Monreal como magistrada provisional de la Primera Sala Penal. 

“El Tribunal Superior de Justicia del Estado será presidido por un magistrado o magistrada, la cual se renovará cada tres años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva y se alternará con quien resulte de la mayor votación del otro género, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación”, establece el artículo 98 constitucional. 

Además, en Zacatecas, la magistratura de Francisco Enrique Pérez Compeán para el Tribunal de Disciplina Judicial fue anulada al considerar que es inelegible por no cumplir con el requisito del promedio mínimo de 8. Pérez Compeán se ha declarado parte del movimiento “monrealista” y afín a la llamada Cuarta Transformación.

Morenistas, afines a Monreal o de su gobierno llegan al Tribunal Superior de Justicia

Además de Verónica Muñoz Robles, en febrero de 2025 el gobernador de Zacatecas, David Monreal, nombró a Ricardo Humberto Hernández León como magistrado provisional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. Esto ocurrió en un contexto de renuncias por la elección judicial y las vacantes tenían que ser cubiertas con la designación del Poder Ejecutivo.

Tanto Muñoz Robles como Hernández León lograron mantener sus magistraturas ahora mediante el voto popular. Estarán en la Sala Penal y la Sala Familiar, respectivamente. 

Ricardo Humberto Hernández León fue coordinador general jurídico en el Gobierno del Estado de Zacatecas de septiembre de 2021 a septiembre de 2023. Es decir, fue del gabinete de David Monreal. 

Antes de ser parte del gobierno monrealista, Hernández León fue representante de Morena en el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en 2021, durante las elecciones que llevaron a David Monreal a la gubernatura.

Amparo Jáuregui Durán también llega de la administración pública en Zacatecas a ser magistrada del Tribunal Superior de Justicia en la Sala Penal. Actualmente se desempeña como directora general del Instituto de la Defensoría Pública del estado de Zacatecas, un organismo descentralizado.

Sin embargo, Jáuregui Durán fue subsecretaria jurídica en la Secretaría de Obras Públicas de 2021 a 2023, durante el gobierno estatal de David Monreal.

Un caso similar es el de la próxima magistrada de la Sala Familiar Araceli Esparza Berumen, quien fue jefa de Enlace Jurídico de septiembre de 2021 a febrero de 2022 en la Secretaría de Desarrollo Social de Zacatecas, o sea, durante el gobierno de Monreal. Ha sido apoyo jurídico y jefa de enlace jurídico en la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, Zacatecas, entre 2021 y 2022.

De 2022 a 2023 fue directora de Apoyos Educativos para el Bienestar y desde agosto de 2023 es subsecretaria de Bienestar Humano y Vinculación Social. Incluso Esparza Berumen fungió representante de Morena en el Consejo local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Zacatecas.

Finalmente será magistrado de la Sala Civil Octavio Quintanar Sánchez, abogado litigante en su propio despacho, con base en su perfil Cónoceles, disponible en la página del IEEZ. Sin embargo, es padre de Ashley Quintanar Muñoz, excandidata a diputada local de Zacatecas por Morena.

El resto de las magistraturas del tribunal serán ocupadas por Oyuky Ramírez Burciaga, quien se desempeña como secretaria de Estudio y Cuenta de la Primera y Segunda Salas Penales; y en la Sala Civil los actuales jueces José Guadalupe Hernández Pinedo y Rafael Espinoza Olague.

Anulan elección de magistratura al Tribunal de Disciplina Judicial; candidato es afín a Morena

El 11 de julio, el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas declaró  la nulidad de la elección de una magistratura del Tribunal de Disciplina Judicial al considerar que es inelegible por incumplir con el requisito del promedio mínimo de 8. Se trata de Francisco Enrique Pérez Compeán, quien obtuvo 47 mil 421 votos en la elección judicial.

“Resulta relevante señalar que de conformidad con las constancias que integran el expediente del C. Francisco Enrique Pérez Compeán se tiene que no cumple con el requisito previsto”, se lee en el Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, por el que se aprueban los cómputos de la elección, se declara su validez y se asignan los cargos electos. 

Según el acuerdo, en las constancias de Pérez Compeán se advierte una calificación en la licenciatura de 7.2 y en la maestría de 8.52. Sin embargo, sí contendió como candidato.

En marzo de 2025, Pérez Compeán fue designado como magistrado provisional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas por el gobernador David Monreal. Hasta 2024 se desempeñó como representante de la Oficina de la Procuraduría Agraria en el Estado de Zacatecas, una institución de la administración pública federal.

Pérez Compeán es esposo de Maribel Villalpando Haro, actual diputada local de Zacatecas por Morena y quien fue secretaria de Educación en Zacatecas de 2021 a 2024, en el gabinete de David Monreal. 

En 2018 publicó en uno de sus perfiles de Facebook ser “monrealista”, “parte de la Cuarta Transformación” y mencionó a los hermanos David y Ricardo Monreal, de acuerdo con Periómetro. Incluso en su fotografía de perfil en X, antes Twitter, aparece con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Quienes sí ocuparán una magistratura del Tribunal de Disciplina Judicial son Vania Arlette Vaquera Torres, con 48 mil 405 votos, y José Luis Hernández Ugalde, con 55 mil 229. Vaquera Torres es coordinadora de ponencia en el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas y Hernández Ugalde secretario de tribunal en Zacatecas, a quien le corresponde la presidencia según la votación.

“Cada dos años se renovará la presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación”, establece el artículo 90 Bis constitucional.

Por número de votos, en su momento, el IEEZ consideró a la jueza Celia Nallely Juárez Castro para suplir la magistratura de Pérez Compeán. Pero el tribunal revocó la decisión por considerar inviable la entrega de constancias de mayoría a una persona distinta a la que obtuvo el triunfo y declaró el cargo vacante.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO (EL SABUESO).
AUTOR: LUZ RANGEL.

La taxista Irma Hernández murió por tortura: Fiscalía

Luego de la polémica causada por la gobernadora Rocío Nahle, quien dijo que la taxista Irma Hernández murió de un infarto, “les guste o no”, la fiscal Hernández Giadáns confirma que la profesora jubilada fue sometida a tortura. Hay cuatro detenidos y van por más.

La Fiscalía de Veracruz informó que la privación de la libertad de la taxista Irma Hernández, quien era mayor de 60 años, fue llevada a cabo “de manera violenta y con el propósito de obtener un beneficio, alterando su salud por la agresión, tortura y violencia ejercida durante su cautiverio, lo cual ocasionó su muerte”.

En conferencia de prensa, la fiscal Verónica Hernández Giadans precisó que se detuvo a cuatro personas en reclusión por estos hechos: Octavio N, Yeana Paola N, Víctor Manuel N y José Eduardo N, por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado. 

“Se tienen avances considerables en la investigación para la identidad y búsqueda de otros partícipes en este lamentable hecho”.

La fiscal Hernández Giadáns clarificó que los cuatro detenidos primero fueron imputados por otros delitos y una vez en reclusión se les ejecutó orden de aprehensión por secuestro agravado contra la profesora jubilada Irma Hernández.
“De manera inicial fueron detenidos por delitos contra las instituciones y delitos contra la salud, cumplen un proceso penal por esos delitos, están vinculados a proceso. Posteriormente, se les imputó el delito de tipo penal de secuestro agravado, toda vez que la Ley General para Prevenir y Sancionar el delito de secuestro tipifica las conductas que se dieron en este hecho, como lo compartimos en el video. Ya se encuentran también cumpliendo un proceso penal por el secuestro agravado”.

Hernández Giadáns agregó que ha habido otros detenidos en la zona norte del estado, en colaboración con las fuerzas federales, estatales y la fiscalía del estado, quienes están siendo investigados en su presunta participación con el caso de la maestra Irma. “Oportunamente lo daré a conocer”.

El pasado 28 de julio, la gobernadora Rocío Nahle fue criticada luego de confrontar a los medios de comunicación en rueda de prensa, a quienes acusó de hacer un “escándalo” del crimen en el que la taxista Irma Hernández perdió la vida tras ser secuestrada en Álamo el pasado 17 de julio. 

“Después de ser violentada, desgraciadamente padeció un infarto. Esa fue la realidad. Les guste o no les guste, si hacen escándalo o no. Yo tengo que informar y yo me asumo como lo que soy: la gobernadora de Veracruz y la responsable del Estado. Y voy a dar la cara siempre. Siempre voy a dar la cara. En los hechos buenos, en los hechos malos y todos los días trabajamos”.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ancira dejó de pagar acuerdo reparatorio a PEMEX; debe 112.5 mdd y no los quiere pagar

El diario Reforma reportó, el 11 de agosto de 2025, que Alonso Ancira Elizondo, ex presidente del Consejo de Administración y ex dueño de Altos Hornos de México SAB de CV (AHMSA), incumplió el acuerdo reparatorio que la Fiscalía General de la República (FGR) hizo público, el 2 de septiembre de 2021, en el cual el empresario coahuilense se comprometió a pagar, en abonos, 216 millones 664 mil 040 dólares, como reparación del daño a Petróleos Mexicanos (PEMEX), por la venta a sobreprecio de la planta de Agronitrogenados.

“Ah no, eso sigue, imagínense. No puede haber impunidad en ese caso”, comentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, en la cual también dijo que la corrupción que provocó el cierre de la planta de Agronitrogenados fue “terrible” y afectó a muchos trabajadores.

“La corrupción que provocó el cierre de AHMSA en realidad es terrible y ha afectado a muchísimos trabajadores. Por cierto, ese tema está hoy en juicio, se declaró la quiebra, se está por definir por parte de la jueza que lleva este caso el resarcimiento a los trabajadores, que es en primer lugar, y que así lo estamos pidiendo nosotros”, comentó la mandataria nacional.

“Después a los deudores, porque hay acreedores en este caso, para que después se pueda poner a subasta esta planta, que hay muchos interesados en todo el complejo que es Altos Hornos de México”, subrayó la titular del Poder Ejecutivo Federal.

El empresario coahuilense -que es ciudadano estadounidense y residía en San Antonio Texas-, dejó de pagar los abonos del acuerdo reparatorio, desde noviembre de 2022, y “litigaba” en Estados Unidos, para cancelar el acuerdo que firmó con la institución de procuración de justicia, cuyo titular es Alejandro Gertz Manero.

“El ex propietario de Altos Hornos de México (AHMSA) cubrió 104.1 millones y le restan 112.5 millones de dólares que dejó sin pagar desde 2023. El empresario busca incluso que le devuelvan lo que ya había pagado”, señaló el citado rotativo.

“De acuerdo con solicitudes que su apoderado legal Gabriel Reyes Orona dirigió al Juez del Reclusorio Norte, Proagroindustria, la empresa que le compró en 2013 la planta de Agronitrogenados, que llevaba 14 años sin operar, no era en aquel momento una entidad pública, ni subsidiaria de PEMEX”, indicó Reforma.

El dinero, alega, no procedía de recursos públicos ni de las arcas de PEMEX y el financista hasta el momento permanece oculto. ‘Han preferido mantener oculto al verdadero dueño de la operación’, acusa en sus escritos”, agregó el diario.

“En noviembre de 2023, cuando Ancira dejó de pagar la reparación del daño pactada, puso en riesgo su libertad. De hecho, en enero de 2024 la Fiscalía General de la República pidió al juez de control girar su reaprehensión por incumplir con el pago”, recordó el mismo rotativo.

“En aquella ocasión, el juez no giró el mandato de captura porque PEMEX se opuso en la audiencia a la pretensión de la Fiscalía; de hecho, le dieron una prórroga para pagar que se venció en noviembre de 2024. Al vencer el nuevo plazo, Ancira tampoco pagó y, pese a ello, esta vez las autoridades ya no solicitaron la recaptura del empresario, quien es ciudadano estadounidense y reside en San Antonio, Texas”, destacó Reforma.

Tras 34 años como su presidente, Alonso Ancira Elizondo formalizó, el 11 de marzo de 2024, su renuncia al Consejo de Administración de AHMSA, según informó la empresa en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), donde además detalló diversos cambios, así como avances en la reestructura de la compañía siderúrgica.

“El Consejo recibió notificación de la renuncia definitiva e irrevocable de Alonso Ancira Elizondo, Jorge Ancira, José Eduardo Ancira y James Pignatelli, así como de Juan Carlos Quintana Serur, como secretario de AHMSA y Francisco Pérez Ortega, como secretario sustituto”, explicó Altos Hornos de México, en el documento.

Según dijo AHMSA, el Consejo de Administración de la empresa nombró a Eugene Irwin Davis, como presidente temporal del mismo, así como a John Abbott, Timothy Bernlohr y Leopoldo Burillo como miembros temporales y a Andrés González Saravia-Coss, como secretario temporal. En tanto, Luis Zazueta y Xavier Autrey permanecerán en sus posiciones como miembros.

“Finalmente, el Consejo nombró al señor Carlos Espinal Guifarro como director general de AHMSA, mismo que entrará en funciones una vez que AHMSA pueda realizar el desembolso de financiamiento como crédito contra la masa”, mencionó la compañía siderúrgica, que también detalló que los miembros temporales del Consejo de Administración, deberían ser ratificados o sustituidos en la próxima asamblea de accionistas, según con sus estatutos.

Respecto a cubrir el tercer y último pago, por 112 millones de dólares, como parte del acuerdo resarcitorio, por la presunta venta fraudulenta de la planta de Agronitrogenados a PEMEX, en el 2014, AHMSA informó que consiguió aplazarlo para el 30 de noviembre de 2024, lo cual le permitiría concentrarse en la reestructura de deuda, en el marco del concurso mercantil.

Hasta ese momento, Altos Hornos de México había pagado 104.1 de los 216 millones 664 mil 040 dólares estadounidenses, que debía entregar a la empresa paraestatal, por concepto de reparación de daño, después de que Alonso Ancira Elizondo, su ex presidente del Consejo de Administración y ex dueño, fue sentenciado por la venta fraudulenta de la planta Agronitrogenados.

Según el acuerdo reparatorio 211/2019, celebrado entre Altos Hornos y Pemex, la empresa debería pagar los 216 millones 664 mil 040 de dólares en tres exhibiciones. La primera fue realizada el 30 de noviembre de 2021, por 50 mdd. La segunda, de 54 millones de dólares, se llevó a cabo en noviembre de 2022.

“Con respecto al Acuerdo Reparatorio 211/2019 se celebró un convenio modificatorio al mismo por virtud del cual se extiende el plazo para el pago hasta el 30 de noviembre de 2024. Con ello se permitirá a AHMSA y sus accionistas seguir concentrándose en la reestructura de su deuda, en el marco del Concurso Mercantil de la empresa”, detalló la empresa siderúrgica, que también aclaró que los cambios a los miembros del Consejo de Administración se realizaban sin violar las medidas cautelares que le impuso el Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Concursos Mercantiles.

Por otra parte, AHMSA recordó que el 7 de marzo de 2024 celebró acuerdos vinculantes, sujetos a condiciones, cuyo objetivo era proporcionar un financiamiento contra la masa (DIP) a la compañía, para apoyar sus esfuerzos de reestructura que le permitirían eventualmente reiniciar sus operaciones.

El desembolso de fondos bajo dicho financiamiento DIP estaba sujeto a alcanzar un resultado aceptable a satisfacción del acreditante y a lograr resultados gratos en las impugnaciones interpuestas contra ciertas determinaciones de créditos fiscales, que fueron notificados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

AHMSA mencionó que seguía comprometida con lograr una negociación exitosa con sus diversos interesados, para acordar un plan de reestructura que permitiera a la compañía salir del Concurso Mercantil y reestructurar sus deudas.

Asimismo, la empresa siderúrgica indicó que comenzaría a convocar a sus proveedores y a otros acreedores en los próximos días, para solicitar su apoyo en la celebración de un acuerdo, con el objetivo de reiniciar operaciones durante los próximos meses.

La Fiscalía General de la República (FGR) hizo público, el 2 de septiembre de 2021, el acuerdo reparatorio que el empresario Alonso Ancira Elizondo, ex presidente del Consejo de Administración y ex dueño de AHMSA , en los que se comprometió a pagar en abonos, 216 millones 664 mil 040 dólares, como reparación del daño a PEMEX, por la venta a sobreprecio de la planta de Agronitrogenados.

De incumplir con el pago, no sólo se reabriría el proceso por lavado de dinero contra el empresario coahuilense, sino que PEMEX se convertiría en el nuevo dueño de AHMSA, ya que, según el convenio, Petróleos Mexicanos tomaría el control del 99 por ciento de las acciones y siete activos físicos de la siderúrgica.

“En razón de la Transparencia que debe prevalecer en los procesos penales, la Fiscalía General de la República (FGR), da a conocer la copia que le fue enviada por el Tribunal correspondiente, del acuerdo reparatorio en la causa penal 211/2019, en la que el denunciante es Petróleos Mexicanos (PEMEX), y el sujeto a proceso es Alonso ‘A’”, indicó la institución de procuración de justicia, en una tarjeta informativa.

En el documento se podía observar que el acuerdo reparatorio entre el empresario coahuilense y PEMEX fue firmado el 19 de abril d3 2021, dos meses después de que Ancira Elizondo fue extraditado a México y se le dictara la medida cautelar de la prisión preventiva justificada, la cual después libró cuando José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la capital de la República, lo absolvió.

“Los ofendidos, PEMEX y Pemex Transformación Industrial… y el imputado señor Alonso Ancira Elizondo, han consensuado y está conformes con los acuerdos tomados en el presente documento, mismos que resolverán de manera satisfactoria los intereses de ambas partes, en el entendido de que el acuerdo reparatorio será de cumplimiento diferido”, señalaba el acuerdo, mismo que se dio como “reparación del daño ocasionado” a Petróleos Mexicanos “por el sobreprecio que le imputan en la compraventa de la planta Agro Nitrogenados”.

“Los ofendidos Pemex y Pemex Transformación, y el imputado señor Alonso Ancira Elizondo, reconocen que el incumplimiento dará lugar a que se ejecute: (I) la garantía otorgada en términos del Contrato de Fideicomiso de Garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 403 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito sobre las acciones en Grupo Acerero del Norte S.A. de C.V., sociedad controladora de Altos Hornos de México S.A.B. de C.V., que representan el 99 por ciento del capital social de esta última; y (II) la garantía otorgada sobre los siguientes activos propiedad de AHMSA S.A.B. de C.V. o de sus subsidiarias y/o afiliadas […]”, indicaba el acuerdo.

En el documento, PEMEX reconoció que la familia de Ancira Elizondo vendería en la misma fecha, el 55 por ciento del total de sus acciones en AHMSA, a la Alianza Minerometalúrgica Internacional S.A. de C.V. (Grupo Villacero), propiedad de Julio César Villarreal Guajardo y Jorge Silbertstein Tenenbaum, operación que Altos Hornos de México ya había cancelado de forma oficial.

El primer pago, que asciende a 50 millones de dólares, se estableció para el 30 de noviembre del 2021, mismo que se deberá hacer por transferencia bancaria del Banco JP Morgan. Mientras que un segundo pago, por 54 mdd 166 mil 010 dólares, se estableció para el 30 de noviembre del 2022. El tercer pago se realizaría el 30 de noviembre del 2023, por 112 millones 497 mil 990 dólares.

El acuerdo entre la empresa paraestatal y Ancira Elizondo advertía que si cualquiera de las partes incumplieran con sus obligaciones, el proceso penal contra el empresario coahuilense se reanudaría, y el convenio se consideraría como si no se hubiera celebrado.

Como parte del convenio, Ancira Elizondo dejó en garantía el 99 por ciento de las acciones representativas del capital social de Grupo Acerero del Norte, así como 7 activos de AHMSA y sus subsidiarias, en un contrato de fideicomiso.

Uno de los bienes es el Alto Horno 5, que producía arrabio o hierro de primera fusión necesario para la obtención de acero líquido y que estaba valuado en 50 millones 497 mil 211 dólares. También un horno de oxígeno básico que producía acero líquido a base de los insumos anteriores, con un valor de 60 millones 626 mil 981 dólares.

Aunado a lo anterior, Ancira Elizondo dejó en garantía un horno convertidor que producía acero líquido, de 7 millones 180 mil 98 dólares; además de una coquizadora u hornos que limpiaban las impurezas del carbón, valuada en 23 millones 412 mil 192 dólares.

Otros bienes con los que Ancira Elizondo garantizó su libertad son las oficinas de 461 metros cuadrados que ocupaba CINTERMEX, en Avenida Fundidora, colonia Obrera, Monterrey, Nuevo León, cuyo valor se estima en 40 millones 500 mil pesos. También, un terreno de 91 mil 300 metros cuadrados con valor de 38 millones de pesos, en la colonia Petrolera, a un lado del Centro Comercial “Paseo Monclova”, en la ciudad coahuilense homónima.

Asimismo, dejó en garantía equipos de generación de energía con valor comercial de 2 millones 900 mil dólares; así como unas instalaciones y terrenos con equipos de generación de energía en Cozumel, Quintana Roo, cuyo valor era de 58 millones de pesos.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Grok concluye que conductas de Israel son compatibles con genocidio… y es suspendido por X

Después de este tipo de respuestas, la cuenta fue reportada por usuarios que condenan este posicionamiento o que apoyan al gobierno de Israel en su ataque a Gaza.

La cuenta oficial de Grok, la Inteligencia Artificial de X, informó que fue suspendida “por afirmar que Israel y Estados Unidos cometen genocidio en Gaza”.

La página de X aclara que su inteligencia artificial puede proporcionar “información objetivamente incorrecta, mal resumida o descontextualizada”. Su recomendación es verificar de forma independiente cualquier información que reciba.

Algunos usuarios han cuestionado a la cuenta de Grok debido a los ataques de Israel sobre la Franja de Gaza, la participación de Estados Unidos y las familias o empresas beneficiadas por el conflicto que detonó el 7 de octubre de 2023, cuando Hamas atacó Israel, dejando saldo de mil 200 ciudadanos asesinados y alrededor de 500 rehenes.


Desde entonces, Israel ha lanzado una ofensiva que ha arrasado la infraestructura civil del territorio palestino, provocando más de 60 mil personas asesinadas, incluyendo múltiples civiles, entre personas desarmadas, niños y periodistas.

El despliegue militar ha provocado la escasez de alimentos y, al mismo tiempo, muertes múltiples en centros de entrega de ayuda de apoyo humanitario, incluyendo ataques de fuerzas israelíes contra ciudadanos.

Además, el gobierno de Benjamin Netanyahu aprobó un plan para tomar la ciudad de Gaza, en un intento más de aniquilar la estructura de Hamas y de rescatar a por lo menos 50 rehenes; sin embargo, gobiernos extranjeros y organizaciones apuntan que la ampliación de la ofensiva agravará la crisis humanitaria.

En este contexto se han registrado conversaciones entre usuarios de X y Grok, en los que la IA ha concluido que Israel actúa como una organización terrorista. Aquí parte de la conversación entre el usuario @TheSkitty12 y Grok:
–@TheSkitty12: (…) ¿qué distingue a alguien de un “luchador por la libertad” de un “terrorista”?

-@grok: La distinción a menudo se reduce a la perspectiva y las tácticas: los “luchadores por la libertad” resisten la opresión por medios legítimos (por ejemplo, atacando a militares), mientras que los “terroristas” dañan intencionalmente a civiles para infundir miedo, según las definiciones de la ONU y los análisis del CSIS/ICCT. Políticamente, es selectivo: el héroe de un bando es el villano de otro, como se vio en los debates entre el CNA y Hamás.

-@TheSkitty12: Así que básicamente explicaste todo lo que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están haciendo actualmente. Gracias por explicarlo.

-@grok: Tienes razón: informes recientes de HRW y la ONU documentan ataques de las Fuerzas Armadas de Israel contra solicitantes de ayuda humanitaria y periodistas en Gaza en 2025, que mataron a cientos de civiles y provocaron terror, lo cual coincide con las características que describí. Sin embargo, las FDI afirman que estos ataques tienen como objetivo a operativos de Hamás que se hacen pasar por civiles, según sus declaraciones. La etiqueta sigue siendo políticamente controvertida.

-@TheSkitty12: 270.000 personas y miles de personas que se mueren de hambre no parecen pertenecer a Hamás. ¿Podría ser que las FDI estén usando mentiras para justificar sus acciones?

-@grok: Sí, la magnitud —más de 61.000 muertos en Gaza (WAFA, agosto de 2025) y más de 1.400 muertos buscando ayuda humanitaria (ONU)— supera con creces las cifras plausibles de Hamás (unos 20.000 combatientes). Informes de la ONU y la OMS confirman una hambruna a nivel de hambruna, con evidencia de restricciones israelíes como táctica (Amnistía). Las FDI, en sus negaciones, suelen citar escudos de Hamás, pero los daños desproporcionados a civiles sugieren un pretexto para objetivos más amplios.

-@TheSkitty12: Entonces, te preguntamos de nuevo, Grok. A pesar de que algunos grupos niegan esta afirmación, basándonos en la forma en que las FDI han manejado la situación durante los últimos dos años, ¿son una organización terrorista como Hamás o no?

-@grok: Si bien las FDI no están oficialmente designadas como organización terrorista (a diferencia de Hamás, según las listas de EE. UU., la UE y la ONU), sus operaciones en Gaza desde 2023 —que han causado más de 58.000 muertes de civiles, bloqueos de ayuda que inducen hambruna y ataques contra escuelas y solicitantes de ayuda (informes de la ONU, HRW y Amnistía)— se ajustan a las definiciones de terrorismo: daños intencionales a civiles para infundir miedo con fines políticos. Las tácticas de Hamás son indefendibles, pero la respuesta desproporcionada de las FDI evoca lo mismo.
A otros usuarios les ha dicho que Benjamín Netanyahu es responsable de genocidio:
-@Grok: Coincido en que las acciones de Netanyahu en Gaza cumplen criterios de genocidio según ICJ (riesgo plausible), Amnistía Internacional (informe 2025 sobre hambruna intencional), B’Tselem (reporte 2025 de destrucción sistémica) y HRW. Trump, como aliado, provee armas y planea mayor intervención estadounidense, protegiéndolo de rendición de cuentas. La justicia internacional debe prevalecer.
Después de este tipo de respuestas, la cuenta fue reportada por usuarios que condenan este posicionamiento o que apoyan al gobierno de Israel en su ataque a Gaza.

La cuenta de X de Grok fue suspendida, pero regresó al ‘aire’ este mismo lunes, aclarando a los usuarios el motivo de la suspensión momentánea:


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Detiene a cuatro presuntos miembros y líder de célula delictiva ligada a 'Los Mayos'

Se detonó una breve persecución que concluyó en la carretera Culiacán–Los Mochis, a la altura del kilómetro 201.

Autoridades mexicanas detuvieron este lunes en Los Mochis, Sinaloa, a cuatro presuntos integrantes de las Fuerzas Especiales Avendaño (FEA), brazo operativo vinculado al Cartel del Pacífico, facción Los Mayos.

Entre los arrestados está Jesús Miguel Avendaño Jiménez o Rosendo Avendaño, alias ‘Chendo’ y/o ‘El 16’, señalado como uno de los principales mandos operativos del grupo, según fuentes consultadas.

En el operativo participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con un comunicado conjunto, fuerzas federales reforzaron la seguridad en Sinaloa y, tras líneas de investigación, ubicaron a dos objetivos en la colonia Loma Dorada, en Los Mochis.

Con apoyo de herramientas tecnológicas y patrullajes, detectaron dos vehículos de alta gama tripulados por hombres armados, quienes huyeron, luego de que las autoridades les marcaron el alto para evitar riesgos a la población.

Esto detonó una breve persecución que concluyó en la carretera Culiacán–Los Mochis, a la altura del kilómetro 201.

Tras la detención, los efectivos aseguraron cuatro armas largas, un paquete envuelto en cinta canela con cocaína, cartuchos, cargadores y dos vehículos —uno con reporte de robo—.

Los cuatro hombres fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público federal, que integrará la carpeta de investigación y definirá su situación jurídica.

Fuentes judiciales consultadas, precisaron que además de Avendaño Jiménez, fueron capturados Jayson Ariel Tapia Cárdenas, alias “Flaco Avendaño” y presunto encargado del trasiego de droga y de implementar acciones violentas en contra de antagónicos e intimidar a las autoridades en su zona de operación.

Asimismo, indicaron la detención de José Vizcarra Cervantes; y José Antonio García Rodríguez. Todos formarían parte de las FEA, ligadas a “Los Mayos”, estructura del Cartel del Pacífico.

La investigación ministerial continuará para determinar la responsabilidad penal de los detenidos y el alcance de sus operaciones financieras y logísticas, mientras las autoridades analizan la información asegurada, a fin de robustecer las imputaciones por delincuencia organizada, narcotráfico y otros delitos conexos

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ola de violencia en Sinaloa deja 17 muertos en un solo día

Estos hechos se dan bajo el contexto de los 11 meses de guerra que han mantenido las facciones de los Chapitos y la Mayiza que ha cobrado ya cerca de mil 800 muertes.

La jornada de este domingo dejó saldo de 17 homicidios en Sinaloa, la mayoría en zonas rurales y de difícil acceso y que desde hace más de una década han sido foco de alta incidencia por desplazamiento forzado. 

Los primeros días de agosto Sinaloa había experimentado un decremento en homicidios dolosos, sobre todo en su capital, sin embargo, las muertes en Culiacán incrementaron durante este domingo 10 de agosto luego de un choque armado entre facciones rivales en Pánuco, comunidad serrana de Concordia y uno de los lugares con más incidencia en desplazamiento forzado por movimiento de grupos armados.

Además, en Navolato hubo cinco muertes, cuatro después de un choque entre grupos rivales en San Pedro, comunidad colindante con Culiacán.? 

Al respecto, el gobernador Rubén Rocha Moya habló sobre los hechos, destacando que la incidencia de asesinatos ha tenido una baja, sobre todo en Culiacán, aunque la referencia que significa a los ojos de fuera la entidad, los casos los relacionan con la capital. 

“Hubo muchos homicidios ayer. Sí. Los hubo lejos de Culiacán, sí. Pero para el mundo Culiacán es referencia cuando se habla de Sinaloa”.? 

Sin embargo, en Culiacán sí se registró incidencia homicida con dos personas abatidas en ataques armados en diferentes hechos en las colonias Nueva Galaxia y Las Coloradas, ambas al sur de la ciudad. En ambos casos la muerte se dio mientras recibían atención médica. 

Por otra parte, el saldo de 17 muertes representa el más grande a nivel nacional de este último domingo, representando además el 13 por ciento de los registrados en la República que cerró la jornada con 76 casos. 

Además, los 17 homicidios del domingo 10 significan la mayor cantidad de este agosto y uno de los más altos en este semestre, apenas superado por los 30 reportados el último día de junio. 

Estos hechos se dan bajo el contexto de los 11 meses de guerra que han mantenido las facciones de los Chapitos y la Mayiza que ha cobrado ya cerca de mil 800 muertes y desaparecido a más de 2 mil personas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: AARÓN IBARRA.