Hace unos meses, Américo Villarreal Santiago emprendió un juicio para quitarle a Brenda definitivamente todo derecho sobre sus hijos. El caso reúne todos los elementos de violencia vicaria, bajo la mirada complaciente de su padre el gobernador.
Sin embargo, cada intento por verlos terminó en una batalla desigual: vigilancia, restricciones, mensajes filtrados, iPads confiscados, amenazas disfrazadas de procedimientos legales, fabricación de delitos e intimidación desde el poder.
Esta columnista tuvo acceso a expedientes judiciales y testimonios directos de personas vinculadas al caso. El material revela un patrón constante: el uso de influencias políticas e institucionales por parte de Villarreal Jr. para impedir la convivencia de Brenda con sus hijos menores de edad, bajo el argumento no declarado de control total.
El caso encaja con los elementos de violencia vicaria: uso de los hijos para castigar o controlar a la madre, instrumentación del aparato judicial y generación de denuncias como forma de intimidación. Lo que comenzó como un conflicto familiar escaló a una operación jurídica con rasgos de persecución.
Hay documentos, hay carpetas de investigación, hay detenciones. Y también hay omisiones. Lo que aquí se narra no es una inferencia ni una historia contada al oído. Son hechos documentados que cuestionan no sólo la actuación de un funcionario con poder, sino la complicidad institucional que lo rodea.
Brenda teme por su integridad y la de su familia. Por eso esta historia se publica. Porque cuando los expedientes se alinean con los silencios, la denuncia se vuelve una forma de resguardo.
DOCE AÑOS DE ASEDIO
En mayo de ese año ella se mudó a Monterrey con los niños. El acuerdo judicial del divorcio, que se concretó legalmente en 2015, le daba esa prerrogativa. Cinco meses después, el 4 de octubre, Américo Jr., con la participación de sus padres, fue señalado por sustraer a los niños del domicilio donde vivían con Brenda. La ley tamaulipeca impone de dos a seis años de prisión y multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, siempre y cuando haya devolución espontánea del menor o los menores. Pero el delito se perpetró en Nuevo León, donde la pena es de 4 años de prisión e inhabilitación de la patria potestad de 4 a 10 años.
El 13 de octubre, el juez dio a Brenda la custodia provisional de los niños. Pero estos seguían en el domicilio de los abuelos, y no se los dieron. El 18 de octubre Américo Villarreal Santiago fue detenido en Tamaulipas y trasladado a Monterrey. Brenda aprovechó el momento para llevarse a sus hijos, en cumplimiento de la disposición del juez. Encargó a su madre y a su hermana que trasladaran a los niños en un vehículo, y ella los siguió en otro, minutos atrás.
Al salir del conjunto residencial, dos vehículos se le cerraron al que conducía la madre de Brenda, donde viajaban los niños, tratando de hacerle perder el control. Uno era un Jeep Liberty en el que iban dos primos de Américo Villarreal Santiago. El otro, era la camioneta ranger propiedad de Américo Villarreal Anaya, pero conducido por la esposa, María de la Luz Santiago, actual primera dama del estado de Tamaulipas. La madre de Brenda pudo sortear la presión y recuperar el control del vehículo.
Pero, todavía más adelante, sobre la carretera Victoria Monterrey, un despliegue de unas 20 unidades de la Policía Federal las aguardaban para detenerlas, ya que la fuerza pública había sido alertada sobre el secuestro de dos niños. Llegó Brenda con los abogados, y aclarados los hechos la policía se empezó a retirar.
Pero llegó el subsecretario de Salud del gobierno del estado, Américo Villarreal Anaya, en una camioneta con los logotipos del gobierno, se instaló como encabezando el operativo, de pie sobre el asfalto, hablando com el responsable, telefoneando a la vez a a guarnición de la Policía Federal de Victoria, y como resultado retuvieron de nuevo a Brenda, su madre, su hermana, los niños.
Tiempo después, cuando la agitación bajó un poco, Brenda se mudó a un lado de la casa de Américo hijo. Tenía los niños para ella los fines de semana o se pasaban a dormir a su casa. Fue una época en la que tenía pareja, pero la relación terminó. Brenda tuvo que mudarse a otra colonia. Américo la vio desprotegida y comenzó de nuevo a tratar de impedirle ver a los niños.
A principios de 2017 le permitieron volver a ver a sus hijos, después de 11 meses sin contacto. Les regaló a los niños teléfonos para que estuvieran en contacto con ella, los niños le enviaban mensajes, diciéndole que su papá no les permitía verla. Al final, la madre se resignó a verlos cinco minutos a la salida de sus clases de tenis o de muay thai, les daba un abrazo rápido, un beso. Eso es todo.
Pero desde que el abuelo, Américo Villarreal Anaya, consiguió la segunda gubernatura para la familia, las cosas se complicaron para Brenda. No la dejan ver a los niños, la siguen, la vigilan, tienen todos sus dispositivos de comunicación intervenidos.
El año pasado, le pusieron un GPS en su camioneta, y cuando conducía en la misma carretera Cd. Victoria – Monterrey, la policía estatal la interceptó, le exigieron que bajara del vehículo, el cual comenzaron a golpear. Cuando pidió la razón, la bajaron, la esposaron, y la acusaron de narcotráfico. Fue incomunicada todo el día, la encerraron, cuatro días después la presentaron frente al juez. Pero los policías entraron en contradicción, además de que se presentaron discrepancias con las grabaciones.
Cuando iban a levantar los cargos, “apareció” un amparo, lo que permitió al juez aplicarle como medida cautelar la obligación de firmar cada semana en los juzgados de Ciudad Victoria.
Hace unos meses, Américo Villarreal Santiago emprendió un juicio para quitarle a Brenda definitivamente todo derecho sobre sus hijos, ante el Juzgado 3° de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, radicado en Ciudad Victoria, por el que exige “la declaración judicial de pérdida de la patria potestad y todos los derechos inherentes a la misma” que corresponden a Brenda, además de que también demanda de ella el pago de los costos legales del juicio.
El hijo del gobernador de Tamaulipas acusa a Brenda de “abandono de obligaciones alimenticias desde 2016”. Textualmente, el señor Delegado del Bienestar de la presidenta Sheinbaum instruye al juez para “desaplique” “porciones” de la ley adversas a sus propósitos, como la parte de la legislación que admite el alegato de abandono sólo cuando “compromete la salud, la seguridad o la moralidad”.
Dicta el hijo del gobernador, en su escrito de demanda: “En el caso actual debe desaplicar el artículo 414 fracción III en la porción normativa que se indica del Código Civil para el estado de Tamaulipas”. El argumento de la demanda es que los chicos están en riesgo de ser inducidos a consumir sustancias debido a que su madre fue detenida por narcotráfico, y que incluso está en riesgo su integridad física pues pueden ser atacados “por un bando contrario” del crimen organizado o ser víctimas de “un daño colateral”.
Y ahora, Brenda ha sido notificada de una nueva demanda, esta vez, por enriquecimiento ilícito, aunque vive solamente de la renta de una casa.
AMÉRICO III
El padre de los niños en litigio es el tercer Américo de la dinastía Villarreal. Nació en 1984, tres años antes de que su abuelo, Américo Villarreal Guerra, arrancara su gubernatura en Tamaulipas (1987-93). A sus tres años, el nieto ya corría por los pasillos de Palacio de Gobierno en Ciudad Victoria.
Su padre, el segundo Américo, Américo Villarreal Anaya, hizo una carrera en el ámbito de la salud pública como director hospitalario, y llegó a subsecretario del sector en la administración estatal del panista Francisco Xavier García Cabeza de Vaca. Dejó el PRI en 2017 para sumarse a Morena, partido que lo hizo senador en 2018 y gobernador en 2021, esto último tras una campaña salpicada por los escándalos del traficante de combustible Sergio Carmona, presunto operador financiero de Morena, y perseguido por el FBI debido a presuntas actividades criminales.
Villarreal Anaya conocía a Carmona a quien consideraba “cordial y amable”, según dijo al diario El Mañana de Reynosa, pero negó saber “quién era el dueño” del avión en el que viajó alguna ocasión con Yeidkol Polevsnky, entonces lideresa de Morena.
Américo Villarreal Santiago tiene 41 años y es el primogénito del gobernador. Tiene dos hermanos, Humberto Francisco, y María. Lo mandaron a estudiar a (2004-07) a la Universidad de Monterrey (UDEM), una de las principales instituciones privadas de Nuevo León. Se tituló de administrador público en 2009, y entró directa y simultáneamente al sector privado y al público: ingresó a la dirección de ventas del consorcio Kin Energy y como secretario particular al Instituto de Cultura del estado.
Ya en 2011 se quedó de lleno en la burocracia, como Jefe del Departamento de Promoción y Relaciones Públicas del gobierno de Tamaulipas, en los gobiernos del priísta Egidio Torre Cantú, Cabeza de Vaca y en el de su propio padre. Eso dice su perfil. Otras versiones los señalan como “aviador” en instancias del sector salud del gobierno estatal, donde ha trabajado su padre.
Hasta 2024, cuando fue candidato plurinominal a senador. No resultó electo, pero en octubre de 2024 la presidenta Claudia Sheinbaum lo nombró delegado de Programas para el Desarrollo en Coahuila. Su gestión ha estado marcada por la polémica, con críticas y rechazos hasta de sus correligionarios.
En febrero pasado, legisladores y regidores morenistas de Coahuila ―entre ellos el senador Luis Fernando Zalazar, los diputados federales Cintia Cuevas y Antonio Castro, el diputado local Antonio Attolini, y la regidora de Saltillo, Alejandra Salazar― denunciaron que Américo Villarreal Santiago promovía su imagen y la de la senadora Cecilia Guadiana Mandujano, con quien públicamente mantiene una relación de pareja, con recursos de programas federales.
Entre los hechos que reclamaban estaba la atención médica de adultos mayores en las instalaciones de la delegación de Bienestar en Coahuila, con presencia de personal y camionetas rotuladas con propaganda de la senadora Guadiana y del diputado local Alberto Hurtado, que fue asistente del padre de la legisladora, Armando Guadiana. También, que el delegado entrega tarjetas de afiliación a beneficiarios en casas de gestión de la senadora.
Más tarde, en junio, la revista Proceso publicó una relación de 25 vuelos privados efectuados por Villarreal Santiago en menos de dos meses, del 31 de enero al 25 de marzo, con un costo de más de un millón de pesos, a pesar de que su salario mensual es de 104 mil pesos mensuales, según la plataforma Nómina Transparente.
El funcionario respondió que usaba el avión “por puras cuestiones de chamba” y que lo sufragaba con recursos propios, pues contaba desde los 18 años con ingresos de sus negocios, principalmente en la ganadería y la agricultura. La presidenta Sheinbaum respaldó la versión de Villarreal en una de sus conferencias: “Pueden tener la certeza de que (…) no son dinero público, y en caso de que ésto se hiciera, lo tiene que investigar la Secretaría Anticorrupción”. Pero nadie va a investigar contra la certeza presidencial.
Es con lo que Brenda se ha enfrentado los últimos 12 años, y aún lo enfrenta. Con todas las relaciones heredadas de la primera gubernatura de la familia, y las de la actual, en un contexto de derrumbe del estado de derecho, en una era donde no importa si las gubernaturas se obtienen con relaciones cuestionables, y se ejercen sin límites, donde un mandatario estatal puede mandar a un fiscal, a pesar de que formalmente este sea independiente, y a todos los ministerio públicos y policías.
FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: SANDRA ROMANDÍA.
