Gobernación envía al Senado observaciones sobre ley de desaparición; colectivos insisten en parlamento abierto

La iniciativa, que se votará los próximos días, antes de que concluya el periodo legislativo extraordinario el 2 de julio, tendrá que ser ajustada con las observaciones de Gobernación y sigue sin ser aceptada por colectivos de personas buscadoras.

Ante la próxima aprobación de la iniciativa de reforma a la Ley General en materia de desaparición en México, la Secretaría de Gobernación entregó al Senado un documento con las sugerencias que considera pertinente incorporar luego de diversas reuniones con colectivos. Sin embargo, personas que buscan a sus familias y aliados de todo el país aseguran que es insuficiente e insisten en un parlamento abierto.

De acuerdo con el documento “propuestas relevantes de modificaciones a la iniciativa de reformas a la Ley General en materia de desaparición de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”, remitido por la Consejería Jurídica el 18 de junio pasado, durante las mesas fueron presentadas más de 570 propuestas que quedaron plasmadas en solo 30 modificaciones a la iniciativa que envió la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado el 27 de marzo.

“Exigimos al Senado de la República y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que atiendan con profesionalismo, humanismo y seriedad esta problemática, y que tengan la apertura para convocar a un Parlamento Abierto en el que se pueda discutir públicamente la iniciativa del Ejecutivo Federal. No hacerlo concretaría el proceso de simulación el cual tendrá como resultado más impunidad y alargar la tortura que vivimos las familias”, advirtieron más de 300 familiares, colectivos y personas aliadas este martes 24.

Recordaron, además, que la ley vigente en materia de desaparición de personas nació como producto de la apertura de las fuerzas políticas del Congreso de la Unión, sin prisas, con responsabilidad, profesionalismo, trabajo técnico y empatía a su dolor. “La reforma a la ley se debe de dar en los mismos términos y no como resultado de los caprichos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación”, continúa el documento difundido por colectivos y familiares de personas desaparecidas.

Desde su perspectiva, la iniciativa no atiende la crisis en materia de desaparición y tiene como objeto imponer un sistema de vigilancia masiva que no sirve para la búsqueda de personas desaparecidas y puede ser peligroso para la seguridad de todas las personas en México. Además, no partió de una consulta amplia y pública, por lo que no es respaldada por todos los colectivos y no responde a la problemática que enfrentan.

¿Qué ajustes propone Gobernación?

En un documento que retoma el articulado de la iniciativa de ley entregada por la presidenta Claudia Sheinbaum con las 30 modificaciones derivadas de las mesas, la Consejería Jurídica nombra a cada uno de los colectivos que impulsaron cada una de las propuestas.

Una de las primeras que se menciona, dado que forma parte de los primeros artículos, es sumar la disposición de que la Comisión Nacional de Búsqueda emita un Protocolo para la Activación de la Alerta Nacional, así como los mínimos que deberá contener.

A consideración del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, precisa la Consejería Jurídica, se agrega el concepto de familia social y nombre social en el artículo 4, pues en los casos de desaparición de personas LGBTTTIQ+, así como de quienes viven en situación de calle, esos conceptos son fundamentales pues esas redes afectivas son quienes realmente conocen, buscan y se preocupan por las personas desaparecidas.

Además, se contempla añadir un principio de proporcionalidad en el funcionamiento de la Plataforma Única de Identidad, para tratar solo los datos personales que resulten adecuados, relevantes y necesarios; a las fuentes de esta herramienta se suman también los registros de salud física y mental, asistencia privada y establecimientos residenciales de atención a las adicciones, así como un apartado que condiciona su uso a la existencia del folio único de búsqueda o del número de carpeta de investigación.

Por otro lado, se agrega una precisión en el sentido de que el acceso de la fiscalía general, las locales, la Comisión Nacional y las Comisiones Locales de Búsqueda a la Plataforma estará sujeto a las medidas de seguridad y niveles de acceso establecidos y protocolos de actuación, y se limita exclusivamente a fines de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas.

Entre otros aspectos, las propuestas enviadas por Gobernación permiten también la participación de otras autoridades en la investigación, cuando sea necesario, y a quienes tengan acceso a mediciones generadas por satélites o aeronaves permitir su consulta solo a las fiscalías y comisiones de búsqueda –en este punto se omite a todas las instituciones de seguridad pública, como decía la iniciativa original–.

Otras sugerencias de adición apuntan a atender los más altos estándares científicos en materia de identificación humana, a la actuación de oficio para realizar pruebas dactiloscópicas y genéticas antes de remitir a fosas comunes, a la actuación diligente de las fiscalías, a la integración de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas con voz y voto en el Sistema Nacional de Búsqueda, a la difusión pública de lineamientos, a no condicionar la búsqueda a la presentación de la CURP, al énfasis en los hijos e hijas de personas desaparecidas, a los planes para la seguridad y protección de las familias, a la sensibilización de la población en relación con prevención y mitigación de factores de riesgo, así como algunas sanciones específicas a autoridades que no cumplan las disposiciones a cabalidad.

El 4 de mayo pasado, Animal Político documentó que el Senado no había tenido ninguna participación en los diálogos con colectivos y familiares de personas desaparecidas. A petición de la presidenta Sheinbaum, el órgano legislativo solo estaba a la espera de las observaciones de Gobernación para dictaminar y aprobar el documento.

Desde entonces, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, había asegurado en entrevistas que existía urgencia de que en el periodo extraordinario se contemplara la iniciativa para su aprobación inmediata. Al mismo tiempo, la senadora Margarita Valdez, presidenta de la Comisión de Gobernación en esa Cámara, declaró que el Senado no tenía proyectado un proceso de parlamento abierto que nutriera la iniciativa con la participación pública de víctimas y especialistas, como ya habían demandado colectivos con anterioridad.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.

LINK: https://www.animalpolitico.com/sociedad/segob-senado-ley-desaparicion-parlamento-abierto

Tres mujeres aspiran a presidir el Senado, pero Fernández Noroña no descarta reelegirse pese a la alternancia de género

Desde 2018, la presidencia del Senado ha sido alternada por personas de distinto género, por lo que al menos tres legisladoras se perfilan para tomar ese cargo.

Las senadoras Verónica Camino Farjat, de Yucatán, Imelda Castro Castro, de Sinaloa, y Ana Lilia Rivera, de Tlaxcala, son algunas de las legisladoras de Morena que se perfilan para presidir la Mesa Directiva del Senado de la República a partir de septiembre. Sin embargo, el actual presidente Gerardo Fernández Noroña no descarta reelegirse.

Por la alternancia de género, la reelección de Fernández Noroña resultaría algo atípico en los últimos siete años, ya que desde 2018 la presidencia de la Mesa Directiva se ha turnado cada año entre un hombre y una mujer.

En varias ocasiones, el senador Gerardo Fernández Noroña ha enfatizado que su gestión como presidente del Senado llegará hasta el 31 de agosto próximo, cuando concluye el primer año de la actual Legislatura, y que regresará a sus participaciones en tribuna; sin embargo, el pasado lunes 21 de junio advirtió que puede intentar reelegirse.

“Yo no he tomado ninguna determinación de buscar la reelección. ¿Eso quiere decir que no la buscaré? Tampoco. Lo que estoy diciendo es que no he tomado ninguna determinación. Yo creo que a mí me hará, me va a resultar, muy ventajoso volver a mi condición de senador y volver al debate. Yo espero la decisión que toma el grupo parlamentario y esa la voy a apoyar”.

Las tres senadoras morenistas han sido integrantes de la Mesa Directiva ya sea en esta Legislatura o en periodos anteriores.

El nombramiento está a cargo del grupo parlamentario con más integrantes en la Cámara, que es Morena. Esa bancada deberá definir en agosto, previo al inicio del siguiente periodo ordinario de sesiones, quién presidirá el Senado a partir del 1 de septiembre.

Las tres aspirantes a la presidencia del Senado

De acuerdo con las legisladoras, aún no hay acuerdos al interior de la bancada para iniciar con el proceso para definir la presidencia del Senado. 

Verónica Camino Farjat, senadora por Yucatán, reiteró este martes que una de sus aspiraciones es presidir el Senado, pero acotó que espera los tiempos que defina el coordinador de su bancada Adán Augusto López Hernández para formalizar la decisión.

“En agosto es cuando hacemos la plenaria y es cuando votamos para elegir a la persona que nosotros consideremos que puede ir a mesa directiva. Yo voy a esperar mucho los tiempos, que ya el coordinador Adán Augusto nos diga ‘ya pueden inscribirse formalmente’ y en ese momento lo haré, por supuesto que sí”.

En tanto, la senadora Imelda Castro ha reconocido con antelación que no descarta presidir el Senado en el siguiente periodo, algo que ya ocurrió en la la anterior Legislatura. 

El martes, ante medios de comunicación, la legisladora dijo que no tiene una decisión tomada y esperará; reconoció que es una de las posibles sucesoras de Fernández Noroña, pero dijo que apostará por una decisión derivada de la unidad.

“Las aspiraciones personales siempre tienen que estar acotadas a la decisión de un colectivo, que en este caso pues es Morena; obviamente, es un privilegio, es un privilegio ser presidente de la mesa. Yo he sido dos veces vicepresidenta y pues es muy interesante encabezar, digamos, la representación social de la Cámara Alta”.

La candidatura de la gubernatura de Sinaloa sería una de las razones que harían que Imelda Castro no contienda por la Mesa Directiva del Senado, ya que esa entidad es una de las 17 que  entidades en las que se renovará la gubernatura en 2017, uno de los cargos en los que la legisladora buscará contender. 

“Para la mesa, faltan dos meses y para la elección Sinaloa, dos años. Imagínense. También hay que tener responsabilidad en las decisiones. También hay que decir algo importante en ese tema: gobernar no es un día de campo, menos gobernar Sinaloa por la problemática, la crisis de seguridad que estamos viviendo; yo creo que no es un tema de ambiciones personales (…) En su momento también, bajo las reglas que el partido defina y los tiempos, vamos a tener una posición, ahorita hay mucho trabajo”.

La senadora Ana Lilia Rivera no descartó presidir la Mesa Directiva, pero advirtió este lunes que su prioridad será la gubernatura de Tlaxcala, que también se renueva en 2027.

“Hoy tengo una prioridad y mi prioridad es construir en Tlaxcala una oportunidad que el pueblo consense en mi persona para llegar a ese espacio. Falta tiempo, pero hoy esa es mi concentración y eso en eso estoy trabajando”.

Rivera dijo que una de las razones por las que volvería a presidir el Senado, como ocurrió en la pasada Legislatura, sería que fuese derivado de una decisión consensuada dentro de su bancada.

“Hoy no la tengo como fue hace un tiempo, que lo busqué con tiempo, que estuve consensuando, que hice un trabajo para posicionarme. Hoy no, hoy no estoy en esa intención.

—¿De qué dependerá, senadora?, se le preguntó.

—Que en mi Grupo considere que soy útil. Si no lo consideran así, me sumaré con mucho gusto de las alternativas a la que yo vea con las condiciones.

Defienden alternancia de género en la presidencia del Senado

Las tres legisladoras defendieron su derecho a que una mujer presida la Mesa directiva, por la alternancia de género que implementaron desde 2018.

“Estamos en una etapa de igualdad sustantiva que ya está en la Constitución, pues entonces el Senado pues tiene que cumplir eso y aparte es como tú lo dices, una tradición ya de por lo menos los 6 años de las últimas dos Legislaturas. Así ha sido y seguramente va a seguir siendo”, dijo Imelda Castro.

“En el sexenio pasado logramos no solamente la paridad en todo, sino en el cargo de los espacios de ejercicio de poder internos de gobierno, del Senado, la alternancia. Eso quiere decir que un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Y yo estoy porque la alternancia se mantenga, es una lucha histórica en las mujeres. No le quitamos el derecho a alguien a volver a ser, pero no en este momento tendrá que dejar paso a que una mujer ocupe este espacio y si después el Grupo parlamentario considera que debe tener otra oportunidad por el género…”, agregó Ana Lilia Rivera.

La legisladora por Yucatán Verónica Camino Farjat también defendió el derecho de que una mujer sea la siguiente presidenta de la Mesa.

“Creo que los lugares donde las mujeres ya hemos ganado, los espacios que ya hemos ganado, no vamos a retroceder en ellos”.

Empuja perfil “sin protagonismos”

Sin dar nombres, Ana Lilia Rivera destacó que entre las características que se requieren para presidir el Senado son la moderación, la discreción y la prudencia.

“Que sea una compañera que tenga carácter para poder dominar desde ahí arriba a una oposición que muchas veces no discute razones, sino son posicionamientos políticos que nos ha llevado a un descrédito nacional. En la excentricidad en la que muchas veces se conducen quienes aquí son protagonistas políticos, el que menos protagonismo debe dar es el presidente”.

“Carácter, mesura, inteligencia, conocimiento. Y que tenga una una cualidad: representarnos a todos, que no tengan amistades, confrontación con los demás grupos, porque esa no es una posición de partido. Si es cierto que somos la mayoría, pero representa a todo el Senado”.

Andrea Chávez se descarta, dice que rechazará “los reflectores”

Ante cuestionamientos de reporteros, la senadora por Chihuahua Andrea Chávez dijo inicialmente que aún estaban conversando al interior de su grupo parlamentario para definir si buscaba presidir el Senado, pero finalmente este martes rechazó que busque el nombramiento.

La vocera de Morena en el Senado, quien durante el primer año legislativo ha promovido de manera constante en el territorio chihuahuense su imagen, declaró en un video que su atención está centrada en su estado natal, que también renueva la gubernatura en 2027 y en cuyo proceso la legisladora ha manifestado su intención de participar.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

AUTOR: ANDRO AGUILAR.

LINK: https://www.animalpolitico.com/politica/norona-presidencia-senado-alternancia-genero-candidatas

Militar evade pensión y servicio médico para su hija con ayuda institucional

Francisco Javier Xala, teniente oficinista adscrito a la Sedena, ha evitado cumplir una sentencia que lo obliga a reconocer a su hija, pagar manutención e inscribirla al ISSFAM. Con respaldo de la institución militar, ha obstruido la justicia y violado los derechos de la menor.

En los últimos cuatro años el teniente oficinista Francisco Javier Xala Chigo, adscrito a la sección 3 del Estado Mayor conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ha evitado cumplir con una sentencia que le ordena pagar la manutención de una hija que durante seis años se negó a reconocer e inscribirla al servicio médico que le corresponde, lo que ha logrado con el apoyo de la institución castrense.

Desde 2021 el juez Séptimo de Proceso Oral en materia Familiar de la Ciudad de México, Teófilo Abdo Kuri, condenó a Xala Chigo a reconocer la paternidad sobre una niña que tuvo desde 2013, pagarle manutención así como el retroactivo de los años que no la reconoció como suya e inscribirla ante el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) para que reciba servicio médico gratuito como corresponde a todos los hijos de los militares.

En 2013 el teniente Xala Chigo llevaba casi un año viviendo con su entonces pareja sentimental, ocho años menor que él, quien por razones de seguridad solicitó resguardar su nombre.

Un buen día ella le dio la noticia de que tenía dos meses de embarazo, él no respondió nada inmediatamente, simplemente esperó a que ella saliera a trabajar para sacar sus cosas del departamento que compartían y cambiar las chapas del lugar para evitar que ella intentara ingresar nuevamente al que había sido su hogar en los últimos meses.

En entrevista, ella reconoció que inicialmente no insistió en pedir una explicación sobre lo que estaba pasando, pues le tenía miedo, ya que, asegura, el teniente Xala Chigo se caracteriza por ser un hombre agresivo.

Me dejó un recado con el vigilante de que yo no tenía nada que hacer ahí, que no regresara, no pude hacer nada, la verdad tenía miedo.

Con este cambio repentino llegaron otros problemas, como la pérdida de su empleo y la falta de recursos para tomar acciones legales contra su expareja de quien, además, desconocía si contaba con algún fuero castrense que lo protegiera de cualquier demanda.

“Yo no sabía si como militar lo podía demandar para que reconociera a mi hija y le diera lo que por derecho le corresponde, y cuando empecé a buscar abogados, pues los que sí saben, cobran carísimo y yo no tenía recursos”, explicó.

Durante ese tiempo ella se enteró de que el teniente era divorciado, hecho que le había ocultado, que tenía dos hijos mayores y que, poco tiempo después de que él la sacó del departamento, Xala Chigo inició una relación con la mujer que les hacía el aseo cuando vivieron juntos con quien ahora tiene dos hijos pequeños.

En 2019, cuando al fin tuvo recursos para pagar un abogado, demandó a Francisco Javier Xala Chigo el reconocimiento de la paternidad sobre su hija.

El caso fue admitido a trámite por el juez Abdo Kuri y en su respuesta a la demanda el teniente dijo que nunca fue informado de la existencia de la niña, pese a que su expareja presentó diversas pruebas para acreditar, no sólo que le informó del embarazo y nacimiento de la bebé, sino que hasta le solicitó ayuda para su manutención.

En septiembre de ese año Xala Chigo ofreció a su expareja llegar a un convenio en el que reconocería la paternidad sobre la niña y registrarla conforme a la ley.

Sin embargo, en enero del año siguiente, la madre de la niña tuvo que informar al juez que el teniente jamás se presentó a registrar a su hija, por lo que el juzgador ordenó continuar con el procedimiento.

Ante la negativa de reconocer la paternidad de la niña, en el juicio se ordenó la realización de una prueba de ADN bajo la advertencia de que, si el teniente no acudía al Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia capitalino a realizarse la prueba, se declararía que es el padre de la niña de manera automática.

De nueva cuenta el teniente ignoró la orden del juez y no se presentó a la toma de muestras, por lo que su expareja solicitó que, además de declarar formalmente que el militar es el padre de la niña, se le condene al pago de una pensión alimenticia, el pago retroactivo de la misma por todos los años que él omitió cumplir con su obligación, e inscribirla ante el ISSFAM, pues la pequeña carece de servicio de seguro social porque su madre trabaja de manera independiente.

Con la pandemia de 2020 el caso se retrasó y en mayo de 2021, cuando el juez estaba por dictar su sentencia, el teniente informó que desde septiembre de 2019 le dio mil 300 pesos quincenales a la madre de la niña por concepto de pensión alimenticia, para que esta cantidad fuera tomada en consideración al momento de fijar un monto definitivo en el fallo.

Además, indicó que mantenía a sus hijos mayores, uno de 21 y 17 años de edad en aquella época, y a su madre, de 77 años.

En su sentencia el juez Abdo Kuri ordenó al teniente registrar a la niña como suya y para evitarle confusiones a la menor autorizó que se le pusieran primero los apellidos de su mamá, con los que siempre había vivido hasta ese momento, y después el apellido de su padre, Xala.

En su análisis del caso, Abdo Kuri afirmó que durante el juicio el teniente Xala Chigo obstruyó la justicia y violó los derechos humanos de su propia hija.

“El demandado pasó por alto una determinación judicial (por no ir a la toma de muestras de ADN). En ese tenor el demandado, con su conducta procesal, obstruyó la impartición de justicia violentando el derecho humano de la menor de edad de investigar por conducto de su progenitora, su origen, el cual es un bien jurídicamente tutelado por nuestra Constitución”, explicó el juez en el fallo.

Asimismo lo condenó a pagar 20% de sus ingresos ordinarios y extraordinarios como integrante de la Sedena por concepto de pensión alimenticia en favor de su hija, que equivalen a poco más de cinco mil pesos mensuales y, como en septiembre de 2019 fue el propio Xala Chigo quien ofreció llegar a un convenio y aceptó registrar a la niña, reconociendo desde entonces su paternidad, el juzgador también lo condenó a pagar el retroactivo exigido por su expareja, cuyo monto sería calculado conforme a sus percepciones, el porcentaje de la pensión alimenticia y el tiempo desde el nacimiento de la niña hasta el dictado de la sentencia.

También le ordenó inscribir a la niña en el servicio médico que le proporciona la Sedena, es decir, ante el ISSFAM.

Burocracia verde olivo

Una vez que el fallo quedó firme, en julio de 2021, la primera y última vez que el teniente Xala Chigo vio a su hija fue el día que acudió al Registro Civil a registrarla como suya.

Para entonces la niña tenía ocho años, pese a ello, actualmente no se acuerda de su papá ni pregunta por él, pues éste jamás ha buscado tener un vínculo con ella.

Debido a que el registro ante el ISSFAM lo debe realizar personalmente el teniente Xala, su expareja ha encontrado diversos obstáculos para lograr que su hija reciba la atención médica que le corresponde.

Pese a que la sentencia quedó firme desde 2021, no fue sino hasta 2023 que fue expedida la credencial del ISSFAM a nombre de la niña, pero, casualmente, sus apellidos estaban mal.

Por ello, en noviembre de ese año el director general de Seguridad Social Militar, general de brigada Roberto Claudio del Rosal Ibarra, informó al juzgado que la expareja del teniente Xala debía regresar la credencial errónea para recibir una nueva.

“Yo fui, pero al llegar me dijeron que esa persona ya no estaba ahí y hasta ahora nadie sabe a quién le corresponde recibir la credencial y darme una nueva, el problema es que en la Sedena todo lo tengo que hacer mediante oficios emitidos por el juzgado y todo eso es muy tardado”, explicó la madre de la niña.

Yo sé que él tiene contactos para bloquear cualquier trámite en la Sedena, y como es muy agresivo yo ya temo por mi seguridad.

Aunque al teniente le descuentan el porcentaje de la pensión alimenticia directamente de la nómina, el descuento para el pago del retroactivo no ha podido ser una realidad, pues incluso desde la propia Sedena han incumplido con los informes requeridos por el juez para cuantificar el monto, lo que ya causó que el juzgador imponga multas tanto al teniente como a otros funcionarios de la institución.

Desde el 28 de mayo último el Poder Judicial de la Ciudad de México está en paro de labores, lo que ha ocasionado que casos como el de la hija del teniente Xala Chigo se vean afectados, pues hasta ahora la niña no ha logrado tener ni siquiera la atención médica que por derecho le corresponde.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: DIANA LASTIRI.

LINK: https://www.proceso.com.mx/nacional/2025/6/25/militar-evade-pension-servicio-medico-para-su-hija-con-ayuda-institucional-353658.html

Andrea Chávez se descarta para presidir el Senado

“Mi prioridad es representar con compromiso, cercanía y entrega al pueblo de Chihuahua”, dijo la legisladora morenista.

La senadora morenista Andrea Chávez se descartó para presidir la Mesa Directiva del Senado de la República en el próximo periodo ordinario que inicia el 1 de septiembre.

En un video en sus redes sociales, la legisladora afirmó que su prioridad es representar con compromiso y cercanía al Pueblo de Chihuahua.

"No he comunicado presidir el Senado de la República, porque no busco presidir el Senado de la República ... Esta es una decisión previsible y que tomé hace tiempo porque como es público, evidente y notorio, mi prioridad es representar con compromiso, cercanía y entrega al pueblo de Chihuahua que por primera vez depositó masivamente su confianza este pasado 2024 en la Cuarta Transformación", explicó.

La legisladora morenista resaltó que sería un gran honor presidir el Senado, pero implicaría callar una voz necesaria para denunciar el “desgobierno” en su estado natal, Chihuahua.

"A pesar del gran honor que representa encabezar uno de los poderes de la Unión, en este momento los actos protocolarios, el tener que llamar la atención de los maleducados panistas que gritan e insultan y la neutralidad discursiva no llaman demasiado mi atención, e implicarían apagar, atenuar o moderar una voz combativa, frontal y necesaria para denunciar el desgobierno en Chihuahua”, enfatizó.

Para finalizar, la legisladora afirmó que entre el pueblo y los reflectores prefiere el pueblo. Además anunció una gira de 60 días por su estado natal, Chihuahua.

Durante estas semanas, muchos medios de comunicación me han preguntado si presidiré el Senado de la República.

Yo no juego a las intrigas, y como buena chihuahuense, hablo claro, firme y sin rodeos.

Aquí tienen la respuesta que ayer les prometí. pic.twitter.com/Q5gXOf8UU9

— Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) June 25, 2025

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.

LINK: https://www.proceso.com.mx/nacional/politica/2025/6/25/andrea-chavez-se-descarta-para-presidir-el-senado-video-353692.html

Caso "Kiki" Camarena: Pena de muerte para Caro Quintero sigue sobre la mesa

Hector Berrellez, ex agente de la DEA y encargado de la "Operación Padrino” para investigar el caso, ha asegurado a Proceso en múltiples entrevistas que en una de esas grabaciones se escucha la voz de Félix Rodríguez “El Gato”, exoperador de la CIA en México.

El Departamento de Justicia señaló que mantiene sobre la mesa la posibilidad de solicitar como castigo la pena de muerte para el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, e informó a la Corte del Distrito de Nueva York, que está empezando a compartir con la defensa del capo, información sensible sobre las grabaciones que se hicieron en el interrogatorio del agente de la DEA, Enrique "Kiki" Camarena, quien fue secuestrado en febrero de 1985.

En una audiencia de procedimiento ante el juez federal Frederick Block, la fiscal del Departamento de Justicia, Saritha Komatireddy, dijo que su equipo está revisando los documentos referentes al caso, que involucra trasiego de drogas, el secuestro, la tortura y el asesinato de Camarena hace 40 años.

“Nos encontramos en el procedimiento de revisar expedientes, interceptación de llamadas que tienen que ver con consignaciones de marihuana, cocaina, metanfetaminas, y las grabaciones sobre el interrogatorio al agente Camarena, así como documentos sobre múltiples asesinatos y autopsias”, explicó Komatireddy.

El juez de la corte federal en Brooklyn le preguntó a la representante del Departamento de Justicia si ya habían resuelto el tema de solicitar la pena capital como castigo para Caro Quintero, en caso de que se celebre un juicio y el capo sea declarado culpable.

“La pena de muerte sigue sobre la mesa”, respondió la fiscal al juez, estableciendo que se trata de un caso complejo y que para el el otoño, podrían tener una decisión respecto al tipo de castigo que solicitarían contra el acusado. 

Las grabaciones sobre la tortura a Camarena en una residencia en Guadalajara, Jalisco han sido mencionadas en múltiples procesos judiciales en diferentes cortes de los Estados Unidos, en donde han sido juzgados y sentenciados varios personajes acusados e involucrados en el homicidio del agente de la DEA. 

Hay información disponible al público de la transcripción de fragmentos de esas grabaciones, pero hasta ahora se desconocen en su totalidad.

Hector Berrellez, ex agente de la DEA y encargado de la "Operación Padrino” para investigar el caso, ha asegurado a Proceso en múltiples entrevistas que en una de esas grabaciones se escucha la voz de Félix Rodríguez “El Gato”, exoperador de la CIA en México y también señalado como uno de los agentes y operadores estadunidenses en la captura y el asesinato de Ernesto “Che” Guevara en Bolivia. 

Elizabeth Macedonio, la abogada de oficio de Caro Quintero, argumentó ante el juez que por tratarse de un caso complejo que involucra la pena de muerte, ella se mantendrá en contacto con los fiscales para intercambiar documentos, expedientes y otras evidencias y estableció que es muy pronto para que ella presente una moción respecto a la solicitud de pena de muerte como castigo para su cliente. 

La próxima audiencia procediendo del caso en la Corte de Brooblyn quedó calendarizada para el 18 de septiembre a las 11:00 am.

A la audiencia de este miércoles Caro Quintero y su sobrino Ismael Quintero Arellano se presentaron ante el juez con el uniforme de reos color caqui, resguardados por cuatro alguaciles federales, a diferencia de las anteriores audiencia de procedimiento en esta ocasión no hubo tanta presencia de agentes d ella DEA; únicamente llegaron seis.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.

LINK: https://www.proceso.com.mx/nacional/2025/6/25/caso-kiki-camarena-pena-de-muerte-para-caro-quintero-sigue-sobre-la-mesa-353702.html

En 2024, estados recortaron más de 8 mil millones de pesos en salud mientras duplicaron gasto en publicidad

A pesar de ser uno de los sectores más sensibles para la población, los 32 gobiernos estatales hicieron recortes en 2024 a la función de salud, de acuerdo con una radiografía de la organización Política Colectiva.

En el 2024, gobiernos de los 32 estados del país recortaron más de 8 mil millones de pesos en la función de salud, a pesar de ser uno de los sectores más sensibles para la población, mientras que incrementaron su gasto en comunicación oficial a más del doble de lo inicialmente aprobado para ese año. Así lo revela la “Radiografía de la recaudación y el gasto de los estados en 2024”, un análisis del proyecto ‘Ojos al Gasto’ de la organización Política Colectiva.

El informe, basado en datos oficiales del cuarto trimestre de la Cuenta Pública de todas las entidades, muestra que los estados tenían un presupuesto aprobado de 2.8 billones de pesos, sin embargo, gastaron más de 240 mil millones adicionales, aumentando su proyección financiera a 3 billones de pesos.

Pese a que los gobiernos estatales gastaron un 8.6 % más durante el 2024, uno de los principales hallazgos de la radiografía que busca señalar opacidad y prioridades cuestionables, son los recortes en salud con una reducción por más de 8 mil millones de pesos a este sector.

Para dimensionar la magnitud de este recorte, Política Colectiva destaca que se trata de más del doble del gasto total que el Instituto Nacional de Cancerología tuvo en 2024, el cual ascendió a 3 mil millones de pesos.

Por el contrario, los estados tuvieron un aumento en publicidad oficial y comunicación, pues destinaron 9 mil 197 millones de pesos a espacios en medios para promocionar logros o programas de sus gobiernos.

Este monto representa más del doble de lo que se había aprobado inicialmente para este rubro en todas las entidades, de acuerdo con el análisis de Política Colectiva, el cual también subraya que cinco estados aumentaron su gasto en publicidad en más del 1000 %.

El comparador estatal y municipal de Cuentas Públicas, una herramienta que se encuentra en el sitio web de la organización, muestra que los cinco gobiernos estatales que incrementaron su gasto en servicios de comunicación social y publicidad fueron: Guerrero con una diferencia porcentual entre lo aprobado y devengado del 505, 567.62, seguido por el Estado de México con 1,994.09, Puebla en tercer lugar con 1,854.35, Tamaulipas con 1,723.48 y en quinto lugar se ubicó Veracruz con 1,272.35.

Otro hallazgos sobre el gasto de los gobiernos estatales

Política Colectiva revela que la deuda pública se disparó un 282 % en 2024 en cuanto a lo que planearon inicialmente los estados. De esta manera se alcanzaron los 90.8 millones, “una cifra similar al costo total del AIFA“.

El informe también muestra la deuda planeada y aprobada a inicios de 2024 y la deuda recaudada por los estados.

En este caso, señala que Oaxaca (12.05 mil millones de pesos), Tamaulipas (13.69 mil millones de pesos) y Quintana Roo (19.3 mil millones de pesos) fueron los tres estados donde más cambió la deuda recaudada, la cual no fue avalada en su planeación.

Por el contrario, Yucatán y Ciudad de México adquirieron una deuda menor a la que aprobaron al comenzar el año. La primera entidad avaló 3.06 mil millones de pesos y terminó con un endeudamiento de 1.63 mil millones, mientras que la capital del país aprobó inicialmente 2.5 mil millones y recaudó un adeudo de 2.41 mil millones de pesos.

Otro hallazgo es que las entidades invirtieron más en el pago de deuda que en obra pública con un 5.5 %, que representa 168.7 mil millones de pesos, contra un 4.6 %, que equivale a 139.1 mil millones de pesos del presupuesto.

“Esto refleja una baja inversión en infraestructura por parte de los estados, algo que contrasta con la idea de que los gobiernos gastan mucho en obra pública”, subraya Política Colectiva.

El informe también señala cómo y en qué gastan las entidades, contemplando principalmente que más de un 35 % del gasto de las entidades en 2024 se canalizó del gobierno estatal a través de transferencias a otros entes públicos, como son organismos descentralizados, autónomos, poderes legislativo  y judicial, así como fideicomisos y otros.

Para la organización, esta tendencia es importante de considerar, porque fragmenta la información presupuestal y complica su seguimiento y revisión.

Por otro lado, el 23.5 % del gasto total de entidades como Chiapas, Veracruz y Tabasco lideran la inversión en el rubro de nómina gubernamental, que se contempla como servicios personales en la cuenta pública.

Este rubro suele ser motivo controversial ante posibles retribuciones desproporcionadas a algunos cargos, apunta Política Colectiva, sin embargo, reconoce que se trata de “un gasto indispensable” debido a que ninguna administración estatal puede operar sin funcionarias y funcionarios.

 Con el análisis de estos hallazgos y anomalías, Política Colectiva busca abrir la conversación pública sobre los presupuestos estatales, así como visibilizar áreas de oportunidad y fomentar el involucramiento de la ciudadanía en decisiones que afectan a todas y todos.

Además, la organización enfatiza que “lo más grave no es cuánto se gasta, sino que no lo sepamos, no lo discutamos y no lo exijamos”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

AUTOR: ALEJANDRA GONZÁLEZ.

LINK: https://www.animalpolitico.com/politica/estados-recortes-salud-aumento-publicidad-2024

Construcción de un cuarto muelle en Cozumel dañará arrecife Villa Blanca, advierten habitantes; Semarnat revisa proyecto

Ciudadanos y gremio náutico en la isla de Cozumel denuncian que un cuarto muelle no es viable para la comunidad y amenaza la riqueza biológica del arrecife de Villa Blanca. La Semarnat informó que revisará el proyecto en materia de impacto ambiental.

La construcción de un cuarto muelle para ser terminal de cruceros en la isla de Cozumel, Quintana Roo, pondría en peligro un gran arrecife conocido como muro de Villa Blanca, valioso por sus corrientes de agua y diversidad biológica, advierten habitantes, ambientalistas y funcionarios locales del estado. Ante ello, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) revisará el proyecto.

“No son dos, tres coralitos. Es un arrecife sano. Es un arrecife que sí tiene un valor ecosistémico muy importante”, dijo Oscar Rebora, titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo y buzo, en una entrevista con el Periódico Quequi.

Los habitantes de Cozumel consideran que no es necesario construir un cuarto muelle en la Isla pues ya cuentan con tres desembarcaderos que, a su parecer, proveen los servicios suficientes para la comunidad.

Además, la organización Conservación, Investigación y Manejo Ambiental de Cozumel (CIMAC) ha denunciado las afectaciones que podría causar un cuarto muelle en la isla.

Con pangas (embarcaciones pequeñas) y manifestaciones en las calles, han solicitado entablar diálogo con el presidente municipal, José Luis Chacón, y expresarle su preocupación por este proyecto que amenaza la conservación marina de México.

Tras las denuncias de los posibles daños por la construcción de un cuarto muelle, la Semarnat atrajo el caso para revisar el proyecto.

La Semarnat revisará el resolutivo en materia de impacto ambiental, emitido desde el 7 de diciembre de 2021, tras la impugnación de los vecinos de la Isla.

Semarnat revisará proyecto de construcción de un cuarto muelle en Cozumel

La Secretaría del Medio Ambiente federal atenderá el recurso de revisión interpuesto por habitantes de la isla de Cozumel en contra del oficio resolutivo que autorizó el proyecto “Muelle Cozumel, Terminal de Cruceros”, conocido también como “cuarto muelle”.

Esta dependencia, encabezada por Alicia Bárcena, valorará el proyecto del cuarto muelle con base en la normatividad vigente, la protección del ecosistema arrecifal y el derecho de la población a un medio ambiente sano.

El 13 de junio pasado la Semarnat admitió a trámite un recurso de revisión, luego de que habitantes de Cozumel cuestionaron el resolutivo SGPA-DGIRA-DG-05859-21 que autorizó el proyecto.

Para el 18 de junio, la Secretaría notificó a las vecinas y a la empresa promovente que inició un procedimiento administrativo derivado de esa impugnación.

Los habitantes de Cozumel solicitaron la suspensión a efecto de que no se ejecute el proyecto, hasta en tanto se resolviera el procedimiento.

Ante este procedimiento, la Semarnat dio a conocer a las partes involucradas que para llevar a cabo la ejecución de la obras y actividades evaluadas se requiere el cumplimiento de los términos ordenados en la autorización de Impacto Ambiental.

En una autorización de Impacto Ambiental se obtienen las aprobaciones, concesiones, permisos federales, estatales y municipales correspondientes que se encuentran pendientes por emitir. 

La Semarnat informó que el recurso ya fue turnado al superior jerárquico para su substanciación quien deberá resolver con base en la normatividad aplicable, principios ambientales y principios que rigen el servicio público este procedimiento.

Gobierno de Quintana Roo reconoce importancia de arrecife de Cozumel

Oscar Rebora, titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo y buzo, expresó en redes sociales su rechazo al proyecto cuarto muelle de Cozumel luego de bucear en la zona del arrecife Villa Blanca que podría ser afectado, invitado por el gremio hotelero.

Rebora comentó al Periódico Quequi que tras bucear por el arrecife encontró un ecosistema sano. También explicó que este ecosistema marino, aunque no se encuentra dentro de una área natural protegida sí se considera una zona de amortiguamiento marino.

Una zona de amortiguamiento es toda la carga que está recibiendo el arrecife. Por ello, se deja un espacio para que toda esa carga pueda irse y amortiguar, también, las consecuencias que va teniendo o cargas rebasadas que ya tiene el área natural protegida, explicó el funcionario local.

“Esta zona de amortiguamiento funciona para que no todo el impacto que se genera dentro de la ANP lo reciban directo los arrecifes que ya conocemos”, dijo en entrevista.

El secretario explicó que el proyecto lo propusieron empresarios para activar la economía local tras la pandemia por COVID-19. Sin embargo, señaló que cinco años después no es viable ante las consecuencias del cambio climático.

“Tomé la decisión de ir a bucear para ver qué nos encontramos allá abajo (…) y dar una postura para ver si está bien planteada esta Manifestación de Impacto Ambiental, ver qué se puede rescatar y cuál va a ser el impacto. Sabemos que todo desarrollo causa impactos y por eso son importantes las manifestaciones de impacto ambiental”, explicó.

De acuerdo con el funcionario, los empresarios señalaron que las barreras del arrecife de Villa Blanca tenía poco valor ecosistémico con algunas especies y contados corales.

Sin embargo, tras verificar la zona junto con activistas y empresarios, el secretario encontró que sí es un arrecife sano y con valor ecosistémico.

Protestas en Cozumel por proyecto de cuarto muelle en la Isla

Pobladores de Cozumel, el gremio náutico e integrantes de CIMAC marcharon pacíficamente el 20 de junio pasado desde Playa Mantarrayas hasta el Palacio Municipal.

El contingente lo integraron 100 personas a pie, más de 100 motocicletas y más de 50 automóviles en caravana de la sociedad cozumeleña que rechaza este proyecto.

Guadalupe Martín, presidenta de la organización Conservación, Investigación y Manejo Ambiental de Cozumel, reconoció la respuesta de los habitantes de la isla por atender la convocatoria para protestar en contra del cuarto muelle.

“Gracias por demostrar que el puedo de Cozumel defiende al arrecife Villa Balanza y su ecosistema”, agradeció la cozumeleña en sus redes sociales. Además, dijo que continuarán manifestándose tras lograr la revisión de la MIA que la Semarnat estará analizando.

Tras la marcha, Margarita Vázquez Barrios, representante del presidente municipal, recibió a una parte del contingente de manifestantes, quienes comunicaron que han tenido una respuesta negativa de parte del ayuntamiento, derivado de la revisión de la Manifestación de Impacto Ambiental que inició la Semarnat.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

AUTOR: VERÓNICA SANTAMARÍA.

LINK: https://www.animalpolitico.com/estados/cozumel-cuarto-muelle-arrecife-semarnat

Congreso de Morelos busca aumentar curules, frenar paridad y desaparecer el Instituto de la Mujer

Las iniciativas para frenar las candidaturas exclusivas para mujeres en 2027, desaparecer el Instituto de la Mujer y el IMIPE, así como para sumar curules, fueron presentadas por el panista Daniel Martínez Terrazas, en una sesión extraordinaria no programada y convocada de última hora.

Diputadas y diputados del Congreso de Morelos analizan reformas político-electorales para aumentar de 20 a 30 las curules y frenar la sentencia del Tribunal Electoral que ordena reservar municipios para candidaturas exclusivamente para mujeres en 2027, con el objetivo de garantizar la paridad en las presidencias municipales. 

Las iniciativas fueron presentadas este miércoles en una sesión extraordinaria no programada y convocada de última hora. La reunión duró apenas 10 minutos y tuvo como único punto la recepción formal de las propuestas, que fueron turnadas a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación. Se prevé que sean dictaminadas y votadas el jueves 26 de junio.

El legislador panista Daniel Martínez Terrazas impulsa ambos proyectos. El primero busca reformar el artículo 24 de la Constitución local y modificar diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, además de incluir el artículo 14 Bis.  

El objetivo es aumentar el número de diputaciones locales de 20 a 30 mediante un nuevo proceso de redistritación. La nueva integración contemplaría 18 curules de mayoría relativa, ocho de representación proporcional y cuatro de primera minoría. 

En la segunda iniciativa se propone modificar el acuerdo emitido por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) en cumplimiento de la sentencia TEEM/JDC/15/2024, que ordena reservar 21 municipios exclusivamente para candidaturas para mujeres en el proceso electoral de 2027. 

Se plantea ajustar el listado de municipios definidos por el Impepac para excluir a Cuernavaca, Jiutepec y otros de interés de diputados panistas. 

Asimismo, se busca establecer, a partir del proceso electoral de 2030, un mecanismo de alternancia de género: en los municipios donde haya gobernado un hombre, deberá postularse una mujer en el siguiente trienio, y viceversa. 

El Congreso local tiene como meta aprobar estas reformas antes del 15 de junio, fecha en que concluye el actual periodo ordinario de sesiones. Las y los legisladores aceleran el proceso electoral ante la posibilidad de que las iniciativas sean impugnadas una vez aprobadas. 

De acuerdo con diputadas y diputados que hablaron con esta periodista bajo condición de anonimato, detrás de estas reformas habría una negociación política entre el PAN y otras fuerzas legislativas, incluida la mayoría de Morena. 

Las fuentes aseguran que el acuerdo consiste en aprobar las reformas promovidas por Martínez Terrazas —lo que le permitiría postularse como candidato a la alcaldía de Cuernavaca— a cambio de respaldar la propuesta de la gobernadora Margarita González Saravia para desaparecer el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos y el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), medida que forma parte de una línea impulsada por el Gobierno Federal y que fue anunciada recientemente con amplia difusión.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.

LINK: https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2025/6/25/congreso-de-morelos-busca-aumentar-curules-frenar-paridad-desaparecer-el-instituto-de-la-mujer-353704.html

Fiscal de Morelos admite omisiones en exhumaciones de Jojutla; promete fortalecer el proceso

Después de que la FGE desacreditó a buscadoras que dieron a conocer el número de cuerpos en fosas clandestinas y señalaron irregularidades por parte de autoridades, el fiscal Edgar Maldonado tuvo un encuentro con colectivos y anunció la incorporación de peritos independientes y rigor técnico.

El fiscal general del estado de Morelos, Edgar Maldonado, reconoció —ante buscadoras— omisiones durante la cuarta diligencia de exhumación en las fosas de Jojutla, y anunció una serie de medidas para mejorar los trabajos, entre ellas la incorporación de peritos independientes y de especialistas en arqueología y antropología física, una vez que se reanude el proceso. 

La información fue difundida a través de un comunicado oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE), en el que se detalla que el encuentro sostenido este martes con integrantes de diversos colectivos de búsqueda, que tuvo como objetivo “revisar avances, compartir información y reforzar el diálogo permanente sobre los trabajos de exhumación”.

“Esto es un trabajo en conjunto que nos abona mucho a la Fiscalía. Entiendo su visión y por lo que han sufrido, y también todos entendemos que esta problemática viene desde hace muchos años atrás, pero que nosotros tenemos la voluntad y disposición para dar respuesta a las familias y colectivos de búsqueda”, expresó Maldonado, según cita el documento. 

Uno de los compromisos centrales asumidos durante la reunión fue el desarrollo de perfiles genéticos de los restos recuperados durante la cuarta fase de intervención judicial, una demanda que las familias han sostenido desde hace varios años. 

Además, el fiscal informó que las labores de exhumación en las fosas comunes de la dependencia, situadas en el panteón “Pedro Amaro” de Jojutla, fueron suspendidas temporalmente el pasado viernes, ante el riesgo de derrumbe de un muro colindante con la zona de excavación, y aseguró que “se reanudarán en cuanto se garantice la seguridad estructural del área”. 

Ante las solicitudes de los colectivos, la Fiscalía “abrió la puerta a la incorporación de peritos independientes y valorará la inclusión de especialistas en arqueología y antropología física, con el propósito de asegurar una intervención técnica más robusta y respetuosa”, puntualiza el comunicado. 

También se planteó la posibilidad de reforzar las capacidades operativas en las regiones Oriente y Sur Poniente mediante la asignación de agentes del Ministerio Público especializados en desaparición forzada, “de acuerdo con la disponibilidad institucional”. 

Al encuentro acudieron representantes de los colectivos Desaparecidos Tetelcingo y Jojutla; Víctimas y Ofendidos del Estado de Morelos; Regresando a Casa Morelos; Unión de Familias Resilientes en Búsqueda de sus Corazones Desaparecidos; Buscadoras del Sur; la Brigada Nacional de Búsqueda, y personal de la Comisión Nacional de Búsqueda. 

Por parte de la Fiscalía también participaron el fiscal especializado en Desaparición Forzada de Personas, Alberto Belmont Gutiérrez; el coordinador general de Servicios Periciales, Samuel Nava Vázquez; la secretaria ejecutiva, Alejandra Cruz Quiroz, y el fiscal especializado en Delitos Electorales, Víctor Rogel Gabriel.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.

LINK: https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2025/6/25/fiscal-de-morelos-admite-omisiones-en-exhumaciones-de-jojutla-promete-fortalecer-el-proceso-353706.html

Mientras Trump cierra fronteras, Putin busca con México el corredor Yucatán-Cuba-Rusia

En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pasada la pandemia, creció la inversión rusa en México. Según cifras de la Secretaría de Economía, en 2022 llegaron al país 2.8 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED) desde la nación gobernada por Vladimir Putin; para 2024, la cifra ascendió a 86.4 millones de dólares. 

Y ahora, mientras Donald Trump militariza la frontera con México y transita su segundo mandato presidencial impulsando una nueva guerra arancelaria, y maniobra entre las tensiones en Medio Oriente, Rusia dirige su atención hacia el principal socio comercial de Estados Unidos, México, gobernado ahora por Claudia Sheinbaum Pardo. El punto de entrada está lleno de simbolismo geopolítico, Cuba, gobernada por Miguel Díaz-Canel, el aliado más cercano del Kremlin en la región.

El director del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, Aleksey Valkov, expuso en entrevista con Proceso los ejes de la estrategia con la que Rusia busca ampliar su presencia económica en América Latina, comenzando por México. 

El movimiento forma parte de una ofensiva diplomática y comercial más amplia del Kremlin.

De acuerdo con el seguimiento realizado por Proceso, la iniciativa guarda similitudes con el modelo que Moscú desplegó con India, primero, en el sector farmacéutico y, después, en diferentes puntos de la economía donde se fortalecieron los vínculos industriales mediante convenios de transferencia tecnológica y comercio bilateral. En esta ocasión, la apuesta contempla sectores como energía, infraestructura y conectividad.

Plan de largo plazo

El primer paso tiene un componente logístico y comercial, explicó Valkov: la creación de una ruta aérea directa entre Moscú y México, con escala en La Habana. La propuesta, detalló, ya fue planteada a integrantes del gobierno de Sheinbaum y plantea un corredor entre Yucatán, Cuba y Rusia. El objetivo no es simplemente atraer turistas, sino construir un canal directo para empresarios e inversionistas, una autopista aérea para los negocios.

El arranque formal de esta estrategia ocurrió en abril último, cuando empresarios rusos y funcionarios de alto nivel aterrizaron en México para participar en un foro de negocios.

“Tomamos la decisión de hacer un foro de negocios. Tuvo lugar en México, se reunieron 300 personas de Rusia y expertos de diferentes campos que hablaron de distintos aspectos de las relaciones bilaterales. Eso se considera como un paso muy bueno para fortalecer el diálogo bilateral, y se espera que continúe en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo en junio de este año”, añade.

Más allá del turismo cultural –aunque presente–, lo que Rusia plantea es un reposicionamiento de largo plazo, en un momento en que el neoliberalismo pierde fuerza y América Latina se reconfigura como un terreno abierto para nuevas alianzas económicas.

“Sí hay un gran interés por México y por su cultura riquísima. Mucha gente en Rusia se interesa por la cultura mexicana. Mucha gente rusa va a las exposiciones y conoce muy bien los cuadros de Frida Kahlo, como un ejemplo”, comenta Valkov.

Apoyo nuclear

La siguiente fase del plan se desarrolló en junio, en el Foro de San Petersburgo, donde Rusia buscó capitalizar el nuevo ciclo político mexicano con la reforma energética que impulsa la presidenta Sheinbaum.

En este punto, el interés ruso es explícito, con gas, petróleo, energías renovables y energía nuclear.

Valkov detalla que entre las propuestas se incluye la modernización de la infraestructura energética mexicana, así como un posible convenio para suministrar uranio a la planta nuclear de Laguna Verde. Además, ofrecen tecnología avanzada, como reactores modulares pequeños, útiles para llevar energía a regiones remotas del país.

Rusia celebra -explicó- el aniversario de 80 años de energía atómica, de la energía nuclear en Rusia. Y, por lo tanto, Rusia puede ofrecerle a México un buen potencial energético tecnológico. Incluido el sector de los reactores modulares pequeños para proveer estabilidad económica y energética a las áreas remotas.

Precisamente este 23 de junio la Embajada de Rusia en México anunció oficialmente su disposición para suministrar gas natural licuado (GNL), además de compartir tecnologías especializadas para la extracción de crudo en condiciones geológicas adversas, y procesos para mejorar la eficiencia en el refinado.

Relaciones diplomáticas

Valkov insiste en que este acercamiento no es coyuntural ni impulsivo. En este 2025 se cumplen 135 años de las relaciones diplomáticas entre México y Rusia, desde que se establecieron formalmente el 1 de diciembre de 1890. 

Y es que para el director del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, la historia diplomática avanza, pero ahora, con un nuevo corredor aéreo, un foro de negocios en marcha y una jugada energética sobre la mesa.

“Entre Rusia y México las relaciones no son circunstanciales, sino más bien a largo plazo. Por eso, este año se celebra el aniversario de las relaciones diplomáticas entre Rusia y México (…) y se están planeando algunos proyectos conjuntos que ambas partes están trabajando”, sostuvo.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: CAMILA AYALA ESPINOSA.

LINK: https://www.proceso.com.mx/nacional/2025/6/25/mientras-trump-cierra-fronteras-putin-busca-con-mexico-el-corredor-yucatan-cuba-rusia-353684.html

Estado mexicano miente a CEDAW. Mujeres son encarceladas por abortar en 2025

«En México no hay ni una sola mujer detenida por haber practicado un aborto» declaró Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, durante el 91° periodo de sesiones de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en ingles), pero su declaración contradice información documentada por diversas organizaciones civiles quienes han denunciado casos de criminalización y encarcelamiento de mujeres por abortar en distintas entidades del país.

El día de ayer concluyó la comparecencia que sostuvo el Estado mexicano ante CEDAW, en la cual, una delegación de funcionarias acudieron a Ginebra en Suiza para rendir cuentas sobre el avance y cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de igualdad de género y de nueva cuenta, además de evadir los cuestionamientos, negaron problemáticas que violentan a las mujeres, niñas y adolescentes en el país, como el encarcelamiento de mujeres por aborto, una realidad ampliamente expuesta por defensoras con cifras y casos específicos.

Durante la segunda audiencia de comparecencia del Estado mexicano ante la CEDAW, la relatora española Ana Peláez Narváez cuestionó la detención de mujeres por abortar con sentencias bajo figuras como homicidio o infanticidio y preguntó a la delegación mexicana cómo piensan abordar estos retos para armonizar su legislación con los estándares internacionales.

En respuesta, la titular de la Semujeres evadió la respuesta hasta que la relatora Patsilí Toledo Vázquez hizo hincapié en una pregunta complementaria para que el Estado mexicano respondiera. Fue entonces que Citlalli Hernández atajó la inexistencia de mujeres detenidas por practicarse un aborto.

Actualmente, en México ya son 23 entidades federativas en las que está despenalizado el aborto hasta las 12 semanas de gestación y a pesar del avance de las mujeres, persiste el número de muertes maternas relacionadas con abortos inseguros, el cual ya alcanzó el 11.3%, según el informe semanal de la Secretaría de Salud y además persiste la criminalización contra mujeres.

No perdamos de foco que en el 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México, dictaminó la inconstitucionalidad de criminalizarlo a nivel federal.

Datos de la organización Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) publicados en su informe «Maternidad o castigo. Hacia la despenalización del aborto en México» muestran que de enero de 2012 a diciembre de 2022 hubo 2 mil 169 denuncias por el delito de aborto (680 mujeres), así como 2 mil 456 averiguaciones previas y carpetas de investigación (258 mujeres) reportadas por procuradurías o fiscalías.

En el mismo periodo se encontraron 14 mujeres en prisión preventiva por el delito de aborto. Asimismo, en 412 ocasiones se ejerció la acción penal por abortar (145 de las veces fueron mujeres) y se emitieron 142 sentencias (32 dirigidas a mujeres). Dichos datos fueron obtenidos a través de solicitudes de información a las 32 entidades de la república mexicana.

La titular de la Semujeres también trajo a colación la existencia de la Ley de Amnistía para liberar a las mujeres en prisión acusadas por abortar. No obstante, el informe sombra «Informe al Comité CEDAW ante la Décima Evaluación al Estado mexicano» del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios (OCNF) y de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (RED TDT) denunció que esta ley no ha sido eficaz, pues solo una solicitud ha sido procedente desde su implementación y 9 han sido rechazadas.

Pese a que la delegación celebró ante la CEDAW la despenalización del aborto en 23 entidades del país, la realidad es que persisten diversos problemas para llevarla a cabo. En primera instancia, el delito de aborto continúa estando tipificado a nivel federal ya que no se han eliminado los artículos 329° al 334° que establecen la ilegalidad de «la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar», entren otras disposiciones.

Esto ha provocado no solo que en 8 entidades el aborto siga siendo un delito, sino la existencia de 218 carpetas de investigación por aborto, incluidas entidades donde el procedimiento ya fue despenalizado. Además, persiste la práctica de denuncias por parte de personal de salud, lo que refuerza la criminalización de quienes deciden abortar.

La criminalización del aborto por el personal de salud

Garantizar el acceso seguro al aborto es una medida de salud pública fundamental para las mujeres, ya que permite su autonomía y dignidad. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil, colectivas feministas y personas defensoras de derechos humanos reportan que persisten barreras para acceder a este servicio incluso en entidades donde ya está despenalizado.

De acuerdo con la organización GIRE, entre 2012 y 2023 atendieron 46 casos de criminalización de mujeres y acompañaron 27 de ellos. El rango de edad de las mujeres estuvo entre los 15 y los 42 años y los casos ocurrieron en once entidades (Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán).

De los 27 casos acompañados, en ninguno se criminalizó al personal de salud y, en varios de ellos, fue ese personal adscrito a los hospitales el que denunció o dio aviso al personal de seguridad pública o a las fiscalías o procuradurías locales. La mayoría de estos casos concluyeron porque se solicitó el cierre por falta de actividad procesal por parte de las fiscalías o por no acreditarse los elementos del delito.

«El fenómeno de la criminalización por parte del personal de salud tiene consecuencias graves. La percepción de que las personas que decidieron abortar han cometido un delito solo las somete a escrutinio y las coloca bajo sospecha, sino que pone en riesgo la calidad de la atención médica que reciben. Al privilegiar los temas legales, la participación y las actividades del personal ministerial antes, durante y después de la atención médica, se puede afectar la recuperación de las personas investigadas» -Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) en «Maternidad o castigo. Hacia la despenalización del aborto en México»

No obstante, las barreras para acceder al aborto por parte de las instituciones de salud, así como su criminalización por el personal terminan por vulnerar los derechos humanos de las mujeres, representando uno de los mayores obstáculos para que el aborto sea aceptado socialmente como un servicio de salud.

Los obstáculos

Según señala GIRE, esta criminalización contra mujeres, además de representar una violación a los derechos humanos también ha generado incremento en las carpetas de investigación por el delito de aborto en casos como cuando una mujer aborta fuera del límite de las 12 semanas de gestación incluso cuando es involuntario.

Otra barrera para las mujeres persiste en varias entidades del país donde aún no se ha despenalizado hasta las 12 semanas de gestación, pese a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2021. Actualmente, los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Hidalgo, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, ya despenalizaron el aborto hasta las 12 semanas.

Por otro lado, 8 entidades mantienen vigente la penalización de la Interrupción del Embarazo (ILE): Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala, y se tiene el caso extraordinario de Aguascalientes donde el aborto sólo está permitido hasta las 6 semanas de gestación. Esta disparidad territorial refleja un acceso desigual al derecho, y aunque la legalidad no reduce la práctica del aborto, su criminalización obliga a muchas mujeres a interrumpir su embarazo en condiciones clandestinas, vulnerando sus derechos humanos e incluso su vida.

A eso se añade la objeción de conciencia, ya que permite que personal médico se niegue a practicar abortos por motivos religiosos o morales. Aunque las leyes mexicanas establecen que los servicios de salud deben garantizar personal disponible que no objete, en la práctica esto no siempre se cumple. También hay una grave falta de capacitación técnica y ética en el personal médico, lo cual es fundamental para ofrecer una atención segura, profesional y basada en derechos humanos. Esta carencia limita la calidad del servicio y dificulta el acceso oportuno al procedimiento.

La falta de infraestructura adecuada es otra barrera importante, especialmente en hospitales públicos ubicados en zonas rurales o marginadas, donde no existen los insumos básicos, medicamentos o espacios físicos apropiados para realizar abortos. La centralización de clínicas especializadas en capitales estatales deja en desventaja a las mujeres que viven en comunidades alejadas o indígenas, pues implica un esfuerzo económico, logístico y emocional adicional. A esto se suman los trámites burocráticos arbitrarios e ilegales que muchos centros de salud exigen, como permisos notariales, autorizaciones familiares, valoraciones médicas o psicológicas innecesarias, e incluso periodos obligatorios de “reflexión”, todos los cuales constituyen formas de violencia institucional.

Por otro lado, las barreras socioculturales también juegan un papel fundamental. El estigma social alrededor del aborto genera culpa, vergüenza y discriminación hacia las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. La desinformación sobre salud sexual y reproductiva, y en particular sobre la seguridad del aborto, contribuye a que muchas mujeres no conozcan sus derechos ni las opciones médicas seguras disponibles. Finalmente, los factores económicos limitan el acceso a anticonceptivos, medicamentos como el misoprostol o la mifepristona, o servicios clínicos adecuados, dejando fuera a las mujeres con menos recursos.

A esto se añade los impedimentos de instituciones para abortar en casos de violencia sexual, desobedeciendo la NOM-46. Esta institución ha establecido una norma interna que impone requisitos adicionales —como ultrasonidos, opiniones jurídicas o testigos— que obstaculizan el acceso al procedimiento. Este conflicto refleja una serie de barreras institucionales que persisten incluso en estados donde el aborto ya fue despenalizado.

Debido a estos factores que han sido denunciados en reiteradas ocasiones por la marea verde, no se puede invisibilizar la criminalización de las mujeres que abortan, siendo este uno de sus derechos sexuales y reproductivos. Por ello, el Estado mexicano no puede negar que aún existan mujeres encarceladas o procesadas penalmente por interrumpir su embarazo.

FUENTE: CIMAC NOTICIAS.

AUTOR: WENDY RAYÓN GARAY.

LINK: https://cimacnoticias.com.mx/2025/06/19/estado-mexicano-miente-a-cedaw-mujeres-siguen-siendo-encarceladas-por-abortar-en-2025/

“Avanza la militarización”: aprueban reformas a ley de la Guardia Nacional

La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen sobre la nueva Ley de la Guardia Nacional, que contempla el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la vigilancia de las comunicaciones por parte del ejército y la posibilidad de que militares se postulen para cargos de elección popular.

Las reformas eliminan por completo el control civil de la corporación y otorga el manejo total de sus funciones administrativas y operativas al ejército. Además, la Guardia Nacional ahora estará facultada para realizar operaciones encubiertas, utilizar “usuarios simulados”, acceder a datos georreferenciados e intervenir comunicaciones.

Tras la votación, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) denunció la “innegable militarización en un contexto de erosión de la democracia constitucional” que representan las reformas, así como que su aprobación “culmina un largo proceso iniciado en 2019, cuando se traicionó el acuerdo amplio con el que esa corporación se creó como cuerpo civil”.

Recordó que las reformas aprobadas “en ‘fast track’” no se limitan a la regulación de la Guardia Nacional, sino que con ellas el ejército busca que se reforme la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal “para ampliar sus atribuciones en inteligencia”.

“Se deja de lado así el modelo establecido en la Ley de Seguridad Nacional desde 2005. Avanza la militarización”, advirtió el Centro Prodh en sus redes sociales.

El dictamen fue aprobado con 349 votos a favor emitidos por legisladores de Morena, PVEM y PT durante el segundo día del periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados. La iniciativa será enviada al Senado para su discusión por los legisladores.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.

AUTOR: REDACCIÓN.

LINK: https://desinformemonos.org/avanza-la-militarizacion-aprueban-reformas-a-ley-de-la-guardia-nacional/

La Guardia del Ejército, que sólo el Ejército quiere

Así que eso de aprobar una Ley para oficializar lo que ya sucede, que la Guardia Nacional esté en la facultad de la Secretaría de la Defensa, no cambia el panorama de la seguridad o la estrategia para combatir a la criminalidad en el país, finalmente, poco aportan, y a estas alturas, es una corporación que nadie más que el Ejército quiere.

En sí la nueva Ley de la Guardia Nacional es un mero trámite, al estilo de Morena, para constitucionalizar lo que de facto ya sucede. Desde su creación en el 2019, la Guardia Nacional fue integrada mayormente con elementos del Ejército Mexicano, pocos policías federales, corporación que desaparecería posteriormente, migraron hacia la nueva policía que, de entrada y en un vil engaño, dijeron quedaría en la facultad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La Secretaría de Seguridad, reinstaurada en la Administración de Andrés Manuel López Obrador luego que su antecesor Enrique Peña Nieto la desapareciera, pasó a ser en el primer Gobierno de Morena en la República, una mera secretaría de actas, al deshacerse de su corporación preventiva para integrar la Guardia Nacional, desde un inicio integrada por elementos del Ejército y con mando militar, la entonces titular, Rosa Isela Rodríguez, sólo llevaba los datos nacionales de la inseguridad por trámite para el diseño, en la Guardia Nacional y otras entidades, de las estrategias, aun fallidas (el Gobierno de López Obrador rebasó los 200 mil ejecutados en 5 años 10 meses que tuvo de duración.

Mucho se especuló, que con la entrada a la Secretaría de Seguridad del súper policía que ha acompañado a la Presidenta Claudia Sheinbaum en anteriores encargos, Omar García Harfuch, se podría frenar eso de pasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, con el argumento de que él, requeriría de una corporación policiaca para sacar adelante el compromiso de la mandataria nacional en materia de seguridad. Pero no…

Antes de aceptar la Guardia Nacional, o de frenar la iniciativa intocable de Andrés Manuel López Obrador de enviar tal corporación ya constitucionalmente al Ejército que de suyo la maneja, Harfuch prefirió hacer su propia reforma constitucional y sentar las bases para, desde la SSCP, realizar la investigación, la inteligencia y la coordinación, tanto con entidades de las Fuerzas Armadas, como con aquellas en los estados de la República.

Así, el 28 de noviembre de 2024, en una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, Omar García Harfuch rearmó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que heredó en calidad de desmantelada, no sólo para que fuese su dependencia la encargada de establecer los protocolos “en materia de arquitectura, infraestructura, desarrollo y equipamiento institucional, carrera policial y régimen de seguridad social”, sino también titular la “distribución para la asignación de recursos federales y los esquemas de control y verificación”, también, “establecer, fortalecer y homologar los planes y programas para la formación y actualización policial, ministerial, pericial y penitenciaria, a través de las academias e institutos especializados”.

Y en materia de investigación de delitos, aparte de la Guardia Nacional ya de suyo en la facultad del Ejército, y de la Agencia de Investigación Criminal o Policía Ministerial que depende de la FGR, la reforma constitucional incluyó facultar, por lo pronto, a la Policía de Protección Federal, la única disponible en lo que crea un grupo élite de investigación, para realizar labores de inteligencia y “realizar la investigación y persecución de delitos basada en inteligencia, información estratégica, análisis, colaboración, práctica de operaciones especiales y aprovechamiento de la tecnología informática, para generar y aportar mayores elementos de prueba que originen y fortalezcan carpetas de investigación ministerial, con la finalidad de que los indicios, datos y pruebas que se recaben sean admisibles en juicio con plena sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales, en coordinación con la Fiscalía General de la República y las dependencias competentes conforme a las disposiciones jurídicas aplicables”. 

Pero no se quedó ahí, sino que se dio la función de coordinar nacionalmente en materia de seguridad, al adicionar a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al inscribir que se coordina no con el Poder Judicial de la Federación para los efectos ya dispuestos, sino también con facultad para coordinarse con los “poderes judiciales de las entidades federativas, así como con la fiscalía general de la República, y las fiscalías estatales… cuando así se requiera”.

Este año 2025, a diferentes estados de la República Mexicana, entre ellos Baja California, han llegado cientos de unidades de Protección Federal, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para realizar labores de investigación. A Tijuana, en abril de este año, arribaron 80 unidades con más de 300 policías. 

La Guardia Nacional ha quedado rezagada por la corporación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Relegada como lo indicó el expresidente López Obrador desde un inicio, a patrullar, a cuidar parques, canchas y fiestas, a acompañar a los ciudadanos en una labor disuasiva y no investigadora ni generadora de inteligencia. Volviendo a Baja California, recientemente fue información de la SSPC y de corporaciones de los Estados Unidos, la que fue procesada, analizada y que sirvió de base para la realización de un operativo sorpresivo que llevó a la captura de Pablo Huerta Nuño, el "Flaquito", criminal de una célula del cártel Arellano Félix, prófugo por más 10 años. En tal acción, la Guardia Nacional, como el Ejército, sirvieron para resguardar los perímetros al ser coordinadas por el grupo especializado de la FGR, y la SSPC, y nada más.

Por eso ahora que en el legislativo se prestan a aprobar la reforma a la Guardia Nacional que ya da certeza castrense al origen, desarrollo y mando de esa corporación, y acaba con la farsa de que se trataba de una corporación civil, para el estratega de seguridad del país, podría resultar lo de menos, pues se armó con la reforma a la Ley orgánica de la administración federal, con su propia y facultada corporación policiaca para definir y coordinar en la materia, la estrategia nacional.

Al final de cuenta, la Guardia Nacional no entrega buenas cuentas. Ni ha realizado aprehensiones de alto impacto, ni ha contribuido a la seguridad y sí ha sido infiltrada por grupos de la criminalidad organizada, y algunos muchos de sus elementos investigados, y en el peor de los casos asesinados, sea patrullando las calles porque hasta ahí les da, o protegiendo a la criminalidad como han sido descubiertos en varias ocasiones.

Así que eso de aprobar una Ley para oficializar lo que ya sucede, que la Guardia Nacional esté en la facultad de la Secretaría de la Defensa, no cambia el panorama de la seguridad o la estrategia para combatir a la criminalidad en el país, finalmente, poco aportan, y a estas alturas, es una corporación que nadie más que el Ejército quiere.

FUENTE: SIN EMBARGO.

AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.

LINK: https://www.sinembargo.mx/4668744/la-guardia-del-ejercito-que-solo-el-ejercito-quiere/