A pesar de ser uno de los sectores más sensibles para la población, los 32 gobiernos estatales hicieron recortes en 2024 a la función de salud, de acuerdo con una radiografía de la organización Política Colectiva.
El informe, basado en datos oficiales del cuarto trimestre de la Cuenta Pública de todas las entidades, muestra que los estados tenían un presupuesto aprobado de 2.8 billones de pesos, sin embargo, gastaron más de 240 mil millones adicionales, aumentando su proyección financiera a 3 billones de pesos.
Pese a que los gobiernos estatales gastaron un 8.6 % más durante el 2024, uno de los principales hallazgos de la radiografía que busca señalar opacidad y prioridades cuestionables, son los recortes en salud con una reducción por más de 8 mil millones de pesos a este sector.
Para dimensionar la magnitud de este recorte, Política Colectiva destaca que se trata de más del doble del gasto total que el Instituto Nacional de Cancerología tuvo en 2024, el cual ascendió a 3 mil millones de pesos.
Por el contrario, los estados tuvieron un aumento en publicidad oficial y comunicación, pues destinaron 9 mil 197 millones de pesos a espacios en medios para promocionar logros o programas de sus gobiernos.
Este monto representa más del doble de lo que se había aprobado inicialmente para este rubro en todas las entidades, de acuerdo con el análisis de Política Colectiva, el cual también subraya que cinco estados aumentaron su gasto en publicidad en más del 1000 %.
El comparador estatal y municipal de Cuentas Públicas, una herramienta que se encuentra en el sitio web de la organización, muestra que los cinco gobiernos estatales que incrementaron su gasto en servicios de comunicación social y publicidad fueron: Guerrero con una diferencia porcentual entre lo aprobado y devengado del 505, 567.62, seguido por el Estado de México con 1,994.09, Puebla en tercer lugar con 1,854.35, Tamaulipas con 1,723.48 y en quinto lugar se ubicó Veracruz con 1,272.35.
Otro hallazgos sobre el gasto de los gobiernos estatales
Política Colectiva revela que la deuda pública se disparó un 282 % en 2024 en cuanto a lo que planearon inicialmente los estados. De esta manera se alcanzaron los 90.8 millones, “una cifra similar al costo total del AIFA“.
El informe también muestra la deuda planeada y aprobada a inicios de 2024 y la deuda recaudada por los estados.
En este caso, señala que Oaxaca (12.05 mil millones de pesos), Tamaulipas (13.69 mil millones de pesos) y Quintana Roo (19.3 mil millones de pesos) fueron los tres estados donde más cambió la deuda recaudada, la cual no fue avalada en su planeación.
Por el contrario, Yucatán y Ciudad de México adquirieron una deuda menor a la que aprobaron al comenzar el año. La primera entidad avaló 3.06 mil millones de pesos y terminó con un endeudamiento de 1.63 mil millones, mientras que la capital del país aprobó inicialmente 2.5 mil millones y recaudó un adeudo de 2.41 mil millones de pesos.
Otro hallazgo es que las entidades invirtieron más en el pago de deuda que en obra pública con un 5.5 %, que representa 168.7 mil millones de pesos, contra un 4.6 %, que equivale a 139.1 mil millones de pesos del presupuesto.
“Esto refleja una baja inversión en infraestructura por parte de los estados, algo que contrasta con la idea de que los gobiernos gastan mucho en obra pública”, subraya Política Colectiva.
El informe también señala cómo y en qué gastan las entidades, contemplando principalmente que más de un 35 % del gasto de las entidades en 2024 se canalizó del gobierno estatal a través de transferencias a otros entes públicos, como son organismos descentralizados, autónomos, poderes legislativo y judicial, así como fideicomisos y otros.
Para la organización, esta tendencia es importante de considerar, porque fragmenta la información presupuestal y complica su seguimiento y revisión.
Por otro lado, el 23.5 % del gasto total de entidades como Chiapas, Veracruz y Tabasco lideran la inversión en el rubro de nómina gubernamental, que se contempla como servicios personales en la cuenta pública.
Este rubro suele ser motivo controversial ante posibles retribuciones desproporcionadas a algunos cargos, apunta Política Colectiva, sin embargo, reconoce que se trata de “un gasto indispensable” debido a que ninguna administración estatal puede operar sin funcionarias y funcionarios.
Con el análisis de estos hallazgos y anomalías, Política Colectiva busca abrir la conversación pública sobre los presupuestos estatales, así como visibilizar áreas de oportunidad y fomentar el involucramiento de la ciudadanía en decisiones que afectan a todas y todos.
Además, la organización enfatiza que “lo más grave no es cuánto se gasta, sino que no lo sepamos, no lo discutamos y no lo exijamos”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALEJANDRA GONZÁLEZ.
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