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viernes, agosto 15, 2025

Convocan a marcha para exigir paz en Culiacán

Organizaciones civiles y empresariales anuncian manifestaciones el 7 de septiembre en la capital de Sinaloa contra la ola de violencia que cumplirá un año.

En exigencia al gobierno y para que hayan condiciones de seguridad, organizaciones civiles y empresariales lanzaron una convocatoria para una marcha el domingo 7 de septiembre en la capital de Sinaloa, afectada desde hace casi un año por la violencia provocada por el choque de facciones rivales del crimen organizado.

En rueda de prensa, el chef y activista Miguel Taniyama mencionó que este tipo de manifestaciones son urgentes y sirven para visibilizar la crisis de inseguridad que se vive en la ciudad y que ha costado el cierre de negocios y pérdidas de empleos en la ciudad.

“Aquí estamos los sinaloenses, aquí estamos los culiacanenses… vamos a reconstruir nuestra ciudad. Lo que estamos viviendo en Culiacán debe ser tomado a nivel nacional como algo que no debemos permitir y exigir a las autoridades resultados”, dijo.

En ese sentido, la presidenta de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Sinaloa, Martha Reyes, lamentó que la inseguridad haya dejado graves secuelas tanto en la vida económica como en la social, dejando pérdidas en casi un año de alrededor de 36 mil empleos y más de 7 mil empleadores han visto cerrar sus empresas.

“Este panorama no lo merecen los sinaloenses. Todos tenemos derecho a vivir en paz, salir a la calle y saber que nuestros hijos van a regresar a casa”, dijo.

Parte del grupo organizador también corre a parte del profesor Víctor Aispuro, director de la primaria Sócrates, desde la cual se llevó a cabo la primera gran protesta por la violencia, derivada del asesinato de los hermanos Gael y Alexander, ex alumnos del plantel.

La marcha está planteada a partir de las escalinatas de la iglesia de la Lomita a las 8:30 de la mañana para concluir en la Catedral de Culiacán. 

En Sinaloa desde el 9 de septiembre las facciones de Chapitos y Mayos mantienen enfrentamientos sobre todo en Culiacán, ciudad que ha sido el epicentro de esta batalla que ha cobrado la vida de casi 2 mil personas y desaparecido a otras casi 2 mil, además de alrededor de 50 menores de edad asesinados víctimas colaterales de estos enfrentamientos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: AARÓN IBARRA.

Gobierno de Jalisco reconoce por primera vez su “responsabilidad institucional” en desapariciones

El reconocimiento se realizó en cumplimiento de la recomendación de la CNDH, que acreditó violaciones al derecho a la justicia, a la verdad y a la integridad personal.

El gobierno del estado de Jalisco reconoció por primera ocasión su “responsabilidad institucional en la violación de los derechos humanos de víctimas directas e indirectas de las desapariciones”, en específico por un caso de desaparición en el que hay 4 víctimas involucradas ocurrido hace 15 años, el 30 de septiembre de 2010. 

El reconocimiento se realizó en cumplimiento de la recomendación 167/2023 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que acreditó violaciones al derecho a la justicia, a la verdad, y a la integridad personal, atribuibles a servidores públicos de los estados de Jalisco y Zacatecas, ya que las víctimas desaparecieron en las fronteras estatales de estos estados.

María Natividad Guerrero Serrano madre de Valeria Guadalupe Cruz Romero manifestó insatisfacción por la forma en la que se efectuó el acto, ya que inicialmente se pusieron muchas restricciones, la negativa inicial para que estuviera presente el fiscal general del estado, Salvador González de los Santos, y porque el acto se canceló en tres ocasiones previas por la falta de difusión pública del evento, y la imposibilidad de dar la palabra a algunos invitados, y representantes de la ONU-DH y del Centro de Justicia para la Paz y Desarrollo (CEPAD).  

Además de que se quisiera impedir inicialmente que su nieto, Diego Aristóteles Enciso Cruz, leyera una carta en la que habló del impacto personal por la desaparición de sus padres: Dalia Guadalupe de Cruz Guerrero, Luis Ramón Enciso Ramírez y de dos amigos de sus progenitores, Emilia Carolina Naranjo García y Bernardo Sedano Vilchiz. 

“Hoy 14 de agosto del año 2025, estoy frente a ustedes haciendo una exigencia por verdad, justicia y dignidad. Hoy debería ser un día en el que demos un paso hacia la justicia por el caso de la desaparición de mi hija Dalia Guadalupe de Cruz Guerrero, y mi yerno Luis Ramón Enciso Ramírez y otras dos personas desaparecidas.

“El 30 de septiembre del 2010 en Calera de Víctor Rosales, Zacatecas. Hoy se deberían reconocer por parte de la Fiscalía por primera vez en Jalisco las graves omisiones en la búsqueda e investigación que debieron de ser inmediatas y exhaustivas para localizar con vida a Dalia y Luis y las otras dos personas. Así como las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en nuestra contra. Iba a ser un evento digno que venimos construyendo con promesas.

“Sin embargo, me llena de profunda tristeza la forma en la que ha sucedido este proceso que ha implicado la realización este evento para nosotras, las familias, que, en lugar de ser escuchadas, hemos sido ignoradas, y muy desgastadas sin respetar los acuerdos que generamos por la Fiscalía y particularmente por Vicefiscalía de Derechos Humanos, quien desde el inicio del proceso hasta hoy dejó de lado necesidades de las víctimas de las víctimas”, reclamó la señora Natividad”. 

El evento, realizado este el 14 de agosto de 2025 en el patio de Los Naranjos del Palacio de Gobierno. Inicialmente se había negado el acceso a la prensa, pero tras la presión de los familiares, sobre todo de la señora Natividad. se permitió el ingreso al salón a los periodistas. Sin embargo, los diputados: Tonantzin Cárdenas Méndez de Futuro y el diputado del PT, Leonardo Almaguer no pudieron ingresar y se quedaron inconformes en la puerta. 

Los familiares y víctimas indirectas que estuvieron presentes son: María Natividad Guerrero Sedano, Ernesto Cruz Moreno, Diego Aristóteles Enciso Cruz, Ramón Enciso García, Jesús Naranjo Cervantes, Miriam Janeth Naranjo García, Fidel Sedano Sandoval, María Teresita de Jesús Vilchiz Verduzco, Rosalina Michel Sedano Chávez y Azucena Guadalupe Sedano Chávez. 

Durante el acto las autoridades no mencionaron la palabra “disculpa”.  

“El Gobierno de Jalisco reconoce la responsabilidad institucional de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, por violar los derechos de acceso a la justicia a la verdad y a la integridad personal de las víctimas directas e indirectas en aquel lamentable suceso ocurrido hace 15 años”, señaló el secretario general, Salvador Zamora Zamora. 

Durante entrevista posterior, Salvador Zamora señaló que no había necesidad de mencionar la palabra "disculpa" como tal, ya que consideró que el acto fue un reconocimiento institucional a las omisiones cometidas en 2010, respondiendo estrictamente a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Posteriormente, el secretario argumentó que para él si fue un acto de disculpas. 

El secretario Zamora aceptó adeudos pendientes con los hijos de las víctimas Dalia y Luis, relacionados con becas educativas y declaró que habló con la abuela al respecto y prometió que le dará seguimiento al pendiente. 

En el acto también estuvo presente Jesús Eduardo Villar Román, Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de la CNDH y el titular de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, Salvador González de los Santos, quien dijo que hay un compromiso para fortalecer las acciones de investigación, prevención y coordinación con otras autoridades para evitar que hechos similares se repitan. 

Al final de cuentas la administración pública reconoció omisiones atribuibles a la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado y vulneraciones a los derechos de acceso a la justicia, a la verdad y a la integridad personal.  

Los familiares de las víctimas expresaron su sentimiento de que el evento fue un “mero trámite y no un genuino esfuerzo de reparación del daño”. Rosalinda Michel Serrano, familiar de las víctimas, describió el proceso como “revictimizante”.  

Durante el evento familiares de personas desaparecidas efectuaron muestras de inconformidad con la actuación de las autoridades y expresaron las frases de exigencia que suelen efectuar en las marchas “vivos de los llevaron, vivos los queremos”. “¿Dónde están? ¿Dónde están? Nuestros hermanos, ¿dónde están?”. “¿Por qué los buscamos? Porque los amamos. Hasta encontrarlos”. 

Por su parte, el representante Alan García Campos, de la oficina en México del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en entrevista al finalizar el acto, resaltó que las disculpas públicas, son indispensables especialmente en casos de violaciones de derechos humanos, enfatizó la necesidad de la participación de las víctimas y de tomar medidas más allá de los gestos simbólicos.  

Subrayó que las acciones necesarias más allá de una disculpa pública incluyen: fortalecer las estrategias de búsqueda y localización; identificación certera; restitución digna (si las víctimas están fallecidas); garantías de no repetición; responsabilizar a todos los involucrados, no sólo a los ya sentenciados; e implementar marcos jurídicos efectivos. 

Alan García concluyó que se pueden aprender lecciones de esta y otras disculpas para mejorar el efecto simbólico de acciones similares futuras y su contribución a la curación de las víctimas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ELIZABETH RIVERA AVELAR.

Fuerzas federales y estatales toman control de seguridad de Putla y detienen a cuatro policías

Esta intervención permitió el aseguramiento de 13 armas, de las cuales no tienen autorización para portar los municipales, entre las cuales se encuentran escopetas y armas cortas, además de 10 armas blancas, así como radios portátiles a los cuales no deberían tener acceso.

En menos de 48 horas, las fuerzas federales y estatales tomaron el control de la seguridad pública del municipio de Putla Villa de Guerrero y detuvieron a cuatro policías y asegurar armas irregulares en la comandancia, informó la Fiscalía General de Oaxaca. 

En conjunto con las secretarías de la Marina (Semar) y de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Agencia Estatal de Investigaciones, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y el Centro de Control, Comando y Comunicación (C4), implementaron la Operación Sable en Putla Villa de Guerrero, donde tomaron el control de la seguridad de dicho municipio.

En lo que va del año, las fuerzas federales y estatales han tomado el control de la seguridad pública de los municipios de Santa María Huatulco, donde desaparecieron un grupo de jóvenes y posteriormente aparecieron muertos en los límites con el estado de Puebla; en Juchitán, donde fueron incendiadas tiendas de conveniencia por no pagar el derecho de piso; en Pinotepa Nacional, por los recientes asesinatos y ahora Putla Villa de Guerrero, por su posible vínculo con células de la delincuencia organizada. 

Esta acción coordinada también permitió tomar control de los centros de Control y Comando del Municipio C2, el cual está integrado por más de 50 cámaras que ahora están bajo control del Estado, a través del C4. 

La Operación Sable es producto de trabajos de inteligencia criminal, los cuales permitieron detener a los cuatro elementos de la policía municipal por su posible vinculación con células delictivas locales. 

Además, que, a través del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública se aplicaron pruebas toxicológicas a las y los elementos de la policía municipal. 

Esta intervención permitió el aseguramiento de 13 armas, de las cuales no tienen autorización para portar, entre las cuales se encuentran escopetas y armas cortas, además de 10 armas blancas, así como radios portátiles a los cuales no deberían tener acceso. 

En la Operación Sable, coordinada por la Fiscalía de Oaxaca en colaboración con el Gabinete de Seguridad, participan más de 600 elementos de las diferentes corporaciones, quienes tomaron el control de la seguridad en este municipio y permanecerán el tiempo que sea necesario para garantizar la tranquilidad de la población. 

Este operativo en materia de seguridad incluye patrullajes, instalación de filtros de seguridad, así como intervenciones tácticas en puntos críticos del municipio, con el propósito de localizar objetivos prioritarios de la región y a posibles responsables de delitos para presentarlos ante la autoridad correspondiente. 

La Operación Sable es una estrategia de seguridad interinstitucional que busca desarticular redes delictivas, así como lograr la detención de objetivos prioritarios generadores de violencia, por ello, se realizan intervenciones operativas que buscan atender y retomar el control de espacios estratégicos en materia de seguridad, además fortalece las capacidades de las autoridades municipales al tener la colaboración de instancias estatales y federales.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.

Washington intensifica presión: entregas masivas de capos y sanciones contra cárteles mexicanos

El Departamento del Tesoro ha sancionado recientemente a los líderes de Cárteles Unidos y Los Viagras en Michoacán; a operadores del Cártel de Jalisco Nueva Generación implicados en fraude de tiempo compartido en Puerto Vallarta; y a mandos del Cártel del Noreste

En siete meses del gobierno de Donald Trump, Estados Unidos ha recibido de México a más de 50 líderes criminales de alto perfil y ha impuesto sanciones contra integrantes y redes financieras de al menos cuatro organizaciones criminales. La ofensiva combina la designación de cárteles como organizaciones terroristas, la oferta de recompensas millonarias y la inmovilización de activos.

El gobierno de Donald Trump ha puesto en el centro de su estrategia un énfasis creciente en extradiciones o entregas exprés de capos y medidas económicas que buscan cortar fuentes de financiamiento, desde el narcotráfico hasta el fraude a turistas estadounidenses. Todo eso mientras mantiene las presiones arancelarias y comerciales sobre México.

En este contexto, en un hecho inédito, en febrero pasado, el gobierno de México entregó a 29 capos, entre ellos Rafael Caro Quintero. Pero el pasado 12 de agosto, en un hecho similar, otros 26 narcos fueron enviados, incluido Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, y Abigael González Valencia, “El Cuini”.

En paralelo, el Departamento del Tesoro ha sancionado recientemente a los líderes de Cárteles Unidos y Los Viagras en Michoacán; a operadores del Cártel de Jalisco Nueva Generación implicados en fraude de tiempo compartido en Puerto Vallarta; y a mandos del Cártel del Noreste, activo en la frontera de Tamaulipas.

Entregas de capos de alto perfil a EU

El pasado 12 de agosto, México entregó a 26 presuntos líderes criminales a Estados Unidos, por motivos de seguridad nacional, entre los nombres de las personas entregadas al Departamento de Justicia de EU, destacan Abigael González Valencia, líder del grupo criminal conocido como “Los Cuinis”; Servando Gómez, “La Tuta”, los exlíder de “Los Caballeros Templarios”; Kevin Gil Acosta y Martín Zazueta Pérez, importantes miembros del equipo de seguridad de “Los Chapitos”; y Juan Carlos Félix Gastelum, también conocido como “El Chavo Félix”, yerno de Ismael “El Mayo” Zambada, entre otros.

Información oficial dicta que las 26 personas enfrentan diversos cargos penales federales y estatales en Estados Unidos, entre los que se encuentran cargos relacionados con narcotráfico, toma de rehenes, secuestro, uso ilegal de armas de fuego, tráfico de personas, lavado de dinero, asesinato de un agente del sheriff y otros delitos.

Esta no es la primera vez que el gobierno mexicano entrega presuntos criminales para que sean juzgados en Estados Unidos, pues en febrero de este año, otros 29 fueron enviados, entre ellos Rafael Caro Quintero. Actualmente, todos enfrentan cargos federales en EU, que van de narcotráfico a homicidio de agentes.

De acuerdo a especialistas en seguridad pública, como David Saucedo, esta entrega masiva, se dio como una especie de intercambio para evitar la imposición de aranceles del 25% a México, por parte del presidente de país fronterizo, Donald Trump.

Apoyo aéreo estadounidense contra la extorsión

El 13 de agosto, un dron estadounidense sobrevoló el municipio de Tejupilco, Estado de México, para apoyar investigaciones de autoridades locales contra grupos de extorsionadores. El secretario de seguridad, Omar García Harfuch, afirmó que el vuelo fue solicitado y que no se trató de una operación militar como se había especulado.

Estos drones “vuelan a petición específica de alguna institución del gobierno mexicano (…) específicamente en apoyo y colaboración para investigaciones que nosotros tenemos en nuestro país”, dijo Harfuch al ser cuestionado sobre el avistamiento.

La noticia de esta nave no tripulada, se da una semana después de que medios estadounidenses dieran a conocer que el presidente Donald Trump ordenó al ejército a combatir cárteles latinos de narcotráfico, de los cuales algunos habían sido clasificados como terroristas desde febrero.

Va EU vs. Cárteles Unidos y Los Viagras

Este 14 de agosto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a siete integrantes de Cárteles Unidos y Los Viagras, organizaciones señaladas por tráfico ilegal de drogas, extorsión al sector agrícola mexicano y por provocar violencia en el país.

Entre los detenidos, se encuentra Juan José Farías Álvarez, “El Abuelo”, líder de Cárteles Unidos, señalado por La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Además, se anunciaron medidas contra Enrique Barragán Chávez, “Wicho”, líder regional presuntamente involucrado en extorsiones relacionadas con el comercio de aguacate.

Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho”, fue acusado de presuntamente reclutar a exmilitares y policías de Colombia para Cárteles Unidos y a Edgar Valeriano Orozco, “El Kamoni”, a quien se identificó como socio cercano de “El Abuelo” y líder de sicarios.

CJNG y los fraudes de tiempos compartidos en Puerto Vallarta

El pasado miércoles, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a cuatro personas y 13 empresas vinculadas a un esquema de defraudación a ciudadanos estadounidenses, las cuales mantienen presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Dichos fraudes se reportaron con pérdidas de más de 300 millones de dólares entre 2019 y 2023, de acuerdo a información del FBI. Además, se dio a conocer que las operaciones, con base en Puerto Vallarta, usaban empresas inmobiliarias, turísticas y de servicios automotrices, además de “call centers” para engañar a propietarios de inmuebles vacacionales.

“A partir de 2012, el CJNG tomó el control de los fraudes de tiempos compartidos en Puerto Vallarta, Jalisco, y sus alrededores. Estas complejas estafas suelen dirigirse a estadounidenses de edad avanzada que pueden perder los ahorros de toda su vida”, aseguró el Departamento del Tesoro.

Sanciones contra el Cártel del Noreste

El pasado 6 de agosto, el gobierno estadounidense anunció sanciones en contra de tres presuntos líderes del Cártel del Noreste, antes Los Zetas, y un integrante conocido como El Makiabelico.

Entre los sancionados se encuentra Abdón Federico Rodríguez García, alias “Cucho”, por narcoterrorismo, lavado de dinero, extorsión y robo de combustible. Este Cártel forma parte de los ocho grupos criminales designados por Washington como organizaciones “terroristas globales”, y según el comunicado publicado por el gobierno estadounidense, el Cártel del Noreste  mantiene operaciones en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León

Las acusaciones de los otros integrantes van de tráfico de fentanilo, armas y personas, secuestros a homicidios. Además, se dio a conocer que todos los bienes de los sancionados que se encuentren en Estados Unidos, o que estén en poder o bajo el control de estadounidenses, quedarán bloqueados.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Rocha reconoce casos de menores reclutado por el crimen organizado en Sinaloa

El mandatario lamentó el asesinato de un joven de 15 años en Culiacán y aseguró que su gobierno trabaja para prevenir que más adolescentes sean atrapados por la violencia.

Tras el asesinato de un adolescente de 15 años en la comunidad de Juntas del Humaya, Culiacán, el gobernador Rubén Rocha Moya reconoció que sí existen casos de menores reclutados por grupos criminales en Sinaloa, aunque —dijo— no de forma generalizada.
“Sí, definitivamente no. Es definitivo… lamentablemente son los criminales los que actúan. En Pánuco (Concordia) había chamacos equipados (armados), y esto de que los reclutan para la confrontación es muy lamentable. Sí está ocurriendo, no muy generalizado, pero sí hay casos”, declaró el mandatario estatal.
Rocha señaló que su administración trabaja en acciones para evitar que adolescentes sean cooptados por organizaciones delictivas, asegurando que uno de los ejes es atender la pobreza y la falta de oportunidades.
“Ya ven ustedes que están saliendo de la pobreza 13.6 millones de personas, parte de esos son de Sinaloa. Somos gobiernos que estamos dando trabajo para que salgan de la pobreza… necesitan tener trabajo y asistencia de todo tipo. Nuestro slogan es: por el bien de todos, primero los jóvenes”, expresó.
El caso que originó estas declaraciones ocurrió el pasado 14 de agosto, cuando sujetos armados ingresaron por el patio a una vivienda en Juntas del Humaya y dispararon contra un joven de 15 años, quien murió en el lugar. De acuerdo con autoridades de seguridad, la víctima presentaba impactos de arma de fuego en cabeza y tórax.

Se trataba de Pavel N, de 15 años de edad y de quien, de acuerdo a testimonios de familiares, se dijo que el joven presentaba autismo.

Menores son reclutados por el narco

La Secretaría de Seguridad Públicas del Estado (SSPE) confirmó que desde septiembre de 2024 hasta el pasado 31 de julio, fecha en la que se recrudeció la violencia en Sinaloa derivado de una guerra internar entre dos facciones del Cartel de Sinaloa, al menos 52 menores de edad habían sido detenidos y recluidos en el Centro de Internamiento para Adolescentes.

El llamado tutelar de menores, ubicado en Aguaruto junto al penal de Culiacán, ha visto un incremento en su población como reflejo del deterioro social que arrastra el estado. El fenómeno coincide con la ola de violencia entre grupos del crimen organizado, que ha intensificado su presencia en comunidades urbanas y rurales, reclutando a menores de edad para diversas tareas delictivas.

El asesinato de Pavel ha reavivado el debate sobre el reclutamiento forzado de menores en Sinaloa y la necesidad de reforzar estrategias preventivas que no solo atiendan la seguridad, sino también las condiciones sociales que alimentan este fenómeno.

FUENTE: REVISTA ESPEJO.
AUTOR: SCARLETT NORDAHL.

Más de 40 empresas de seguridad, heredadas por Cuauhtémoc Blanco, operaban sin permisos en Morelos

La gobernadora Margarita González Saravia instruyó a la SSPC supervisar y regularizar a las empresas de seguridad privada en Morelos, tras lo cual, algunas empresas fueron sancionadas por incurrir en irregularidades.

Más de 40 empresas de seguridad privada, que formaban parte del padrón heredado por el exgobernador y actual diputado federal Cuauhtémoc Blanco Bravo, operaban en Morelos sin los permisos correspondientes, informó Miguel Ángel Urrutia Lozano, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). 

“La administración anterior entregó un padrón de 183 empresas de seguridad privada. Después de revisar los expedientes, constatamos que 43 empresas no contaban con el permiso vigente para operar en Morelos”, detalló el secretario.

De enero a julio de 2025, la dependencia realizó 93 visitas en sitio para verificar que las empresas cumplieran con los requisitos y obligaciones para obtener autorización o revalidación. Urrutia Lozano agregó:  

“Se han multado a 25 empresas mediante un procedimiento administrativo sancionador por no haber exhibido su póliza de fianza para el cumplimiento de sus obligaciones durante uno o dos años, o por haberla presentado de forma extemporánea. Asimismo, iniciamos dos procedimientos administrativos por irregularidades, donde se ordenó la suspensión temporal de actividades”. 

El titular de la SSPC señaló que algunas empresas mostraron falta de cooperación con las autoridades: “Hemos tenido, o teníamos, una falta de cooperación de muchas empresas de seguridad privada que bloqueaban las instalaciones de centros comerciales, no proporcionaban información de presuntos asaltos, de presuntos vehículos al interior de los estacionamientos y no aportaban información en tiempo real”. 

Ante esta situación, la gobernadora Margarita González Saravia instruyó que, a inicios de agosto, se iniciaran acciones de supervisión para localizar a empresas que prestaban servicios sin autorización estatal, a pesar de contar con permisos federales. Como resultado, diez empresas fueron sancionadas con amonestación pública, multa y retiro de personal, y seis de ellas iniciaron su proceso de autorización. 

Al cierre de agosto, la SSPC reportó que 134 empresas cuentan con autorización vigente o se encuentran en proceso de revalidación, consolidando un padrón confiable que garantiza que los servicios de seguridad privada operen dentro del marco legal en la entidad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.

Sheinbaum y Arévalo reforzarán seguridad en la frontera México-Guatemala

Los mandatarios informaron que colaborarán en temas como la seguridad, la infraestructura ferroviaria –por medio del Tren Maya–, energía, migración y conservación ambiental y cultural, así como en cooperación para el desarrollo.

México y Guatemala admiten la necesidad de reforzar la respuesta contra el crimen organizado en la frontera, la repatriación directa de migrantes, así como la conexión con el Tren Maya entre ambos países e incluir a Belice. 

En un mensaje conjunto la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo Bernardo Arévalo abordaron los temas que van a colaborar.

Sheinbaum Pardo indicó que, además de acudir con su gabinete, “también vengo como una hermana de causa, convencida de que nuestras naciones caminan por sendas paralelas, gobiernos cercanos al pueblo, decididos a erradicar la corrupción, a proteger los derechos humanos y a defender la dignidad de quienes más lo necesitan”. 

En su visita al país vecino reafirmaron los compromisos: “En seguridad, para que nuestras fronteras sean espacios de paz, donde se proteja a las personas y se combata el crimen que atenta contra su bienestar”. 

Otro aspecto es la infraestructura ferroviaria, para conectar economías y fortalezcan el comercio, el turismo y la integración regional. 

“En energía, con soluciones limpias y sustentables que nos permitan crecer sin comprometer el futuro de las futuras generaciones. En medio ambiente, unidos en la defensa de la riqueza natural que compartimos, desde los bosques y selvas hasta los ríos y lagos, que son fuente de vida para nuestras comunidades”, dijo la mandataria mexicana. 

Arévalo expuso que, en materia de seguridad, “debemos reiterar que ambos gobiernos colaboran intensamente desde hace décadas en el combate de la amenaza común del crimen organizado trasnacional”. 

“México y Guatemala estamos dispuestos a trabajar unidos para proteger a las personas que transitan por nuestros territorios, a nuestros connacionales que se encuentran fuera de ellos y a nuestros connacionales que están retornando. Para el gobierno de Guatemala, esta protección es un objetivo de máxima prioridad”, indicó. 

El mandatario guatemalteco dijo que “ambos gobiernos hemos acordado elaborar un protocolo binacional de repatriación de personas migrantes e implementaremos un Programa de Trabajo Temporal bilateral que promoverá la migración laboral segura y digna”. 

Adelantó que la Iniciativa Gran Selva Maya, que abordarán esta tarde junto con el primer ministro de Belice, John Briceño, en Calakmul, es un modelo de conservación de la riqueza natural y el patrimonio cultural que genera bienestar y desarrollo para sus habitantes”. 

“Esta Iniciativa es una muestra del trabajo que debemos hacer para conservar el patrimonio natural, atendiendo a las problemáticas ambientales que, mucho más que regionales, son mundiales”, dijo. 

En cuanto al Tren Maya, expuso que conectar con Guatemala y, eventualmente, con Belice “es una visión que compartimos, y para lo cual, acordamos promover el inicio de negociaciones trinacionales, así como los respectivos estudios de factibilidad”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA ESCOBAR.

El detenido Carlos Treviño, de director de Pemex a rostro del huachicol con Peña Nieto

Vinculado al caso Odebrecht y al exdiputado del Verde Luis Alberto Martínez Bravo, conocido como "Lord Huachicol", en la gestión de Carlos Alberto Treviño Medina como director de Pemex se disparó el robo de combustible: en sólo dos años este delito ascendió a 62 mil 384 millones de pesos.

Durante la gestión de Carlos Alberto Treviño Medina como director de Petróleos Mexicanos (Pemex), ya detenido en Estados Unidos por el caso Odebrecht (de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum), el huachicol alcanzó niveles que no se habían visto en años previos, así los confirman reportes enviados  entre 2017 y 2018 por la petrolera a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

“En los últimos años hemos experimentado un incremento en el robo y el comercio ilegal de los combustibles que producimos”, reconoce Pemex en el documento de 2018.

Los datos muestran que, en los dos años bajo el mando de Treviño, el robo de combustibles no solamente creció, e incluso se empezó a contabilizar la pérdida en barriles. 

En 2018 el promedio diario fue de 55.9 mil barriles, muy por encima de los 32 mil barriles registrados en 2017. 

Las pérdidas no operativas derivadas del robo de combustible ascendieron a 22 mil 945.4 millones de pesos en 2017 y 39 mil 439.1 millones de pesos en 2018.

El huachicol también se reflejó en las tomas clandestinas. Antes de su gestión, el máximo histórico era de alrededor de seis mil casos anuales; en 2016 se detectaron y sellaron seis mil 873.

Un año después, ya con Treviño al frente, la cifra se disparó a 10 mil 316, y en 2018 alcanzó las 14 mil 910. 

“Lo que representa un aumento de 50.1%”, documentó la petrolera.

Pemex atribuyó el repunte tanto al aumento de la vigilancia como al incremento de los intentos criminales por desviar combustibles.

Sin embargo, fuentes cercanas a Proceso señalaron que, en esos años, uno de los hombres cercanos a Treviño, era Luis Alberto Martínez Bravo, exdiputado federal del Partido Verde, conocido como Lord Huachicol, quien se desempeñaba como gerente de Responsabilidad y Desarrollo Social.

Estrategia

Ante el incremento de robos en Pemex, se implementó una estrategia que incluyó medidas internas. 

En 2017 la empresa del Estado canceló contratos de franquicia a siete gasolineras en Puebla, bajo sospecha de irregularidades en la comercialización y con inconsistencias fiscales. 

Un año después las sanciones llegaron a ocho empleados de la terminal de almacenamiento y distribución de Pemex Logística en Chihuahua, con la acusación de operar dispositivos tecnológicos para alterar las mediciones de llenado en autotanques y desviarse de las rutas establecidas.

“Tres de estos empleados fueron despedidos e inhabilitados por un año para ocupar cargos en el sector público, y cinco fueron suspendidos. Tres de los ocho presentaron recursos para impugnar las resoluciones; una fue declarada nula, y los fallos definitivos sobre las otras dos impugnaciones estaban pendientes”, reconoció la empresa.

El dedo de Emilio Lozoya

Carlos Treviño fue el último director de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, en una etapa marcada por la implementación de la reforma energética. 

Su nombre reapareció tras ser señalado por su antecesor en la petrolera, Emilio Lozoya Austin, en una denuncia presentada el 11 de agosto de 2020 ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En su declaración, Lozoya acusó a más de una docena de exfuncionarios y legisladores de recibir sobornos para aprobar la reforma energética y favorecer a la constructora brasileña Odebrecht. 

Entre los señalados figuraron el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso; los exsenadores panistas y gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, y de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés; y el propio expresidente Peña Nieto.

Treviño no fue el único que quedó vinculado a las acusaciones por corrupción y por el crecimiento del llamado huachicol durante el sexenio peñista.

También fue implicado Eduardo León Trauwitz, general responsable de combatir este delito desde la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex. 

León Trauwitz, hoy radicado en Canadá y bajo proceso legal para su extradición, presentó durante su gestión documentos internos que buscaban posicionar a la petrolera como víctima de la expansión de la delincuencia organizada. 

Incluso, en el libro blanco sobre la “Estrategia de salvaguardia” de Pemex 2012-2018, la oficina a su cargo sostuvo que el incremento del huachicol entre 2016 y 2017 “estaba proyectado” y que posteriormente comenzaría a disminuir.

Carrera marcada por la alta administración

Treviño encabezó Pemex de 2017 a 2018, tras ocupar en 2016 la Dirección Corporativa de Administración y Servicios de la empresa, donde tuvo bajo su mando la gestión de bienes, áreas técnicas, supervisión y manejo de recursos humanos. 

Antes de su regreso a la petrolera, fue director de Finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entre 2014 y 2016, y director general de Financiera Rural de 2012 a 2014.

En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fungió como subsecretario de Egresos en 2012 y, anteriormente, como director general de Programación y Presupuesto de 2006 a 2010. 

Su paso por la administración pública también incluyó la Oficialía Mayor en la Secretaría de Economía (2005-2006) y en la Secretaría de Energía (2005), así como cargos en la Presidencia de la República, donde coordinó proyectos de planeación estratégica y competitividad en el sexenio de Vicente Fox.

En el sector privado trabajó en Estrategia Consulting Group (2003-2004) y en el sector académico colaboró durante siete años con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey como profesor investigador y coordinador de proyectos.

Opacidad patrimonial

En su declaración patrimonial como servidor público, Treviño se negó a hacer públicos sus datos de bienes y posibles conflictos de interés. 

No obstante, el Registro Público de Comercio muestra que en 2002 constituyó en Nuevo León la empresa Visión y Lectura Digital, dedicada a servicios de asistencia técnica, ingeniería, supervisión, consultoría y desarrollo.

En 2019, ya fuera de Pemex, creó en Naucalpan la sociedad anónima de capital variable Capellia, cuyo objeto social es amplio, desde la compra, venta, importación y exportación de todo tipo de productos, hasta la adquisición de patentes, marcas y derechos de propiedad industrial; la participación en otras empresas, la emisión y suscripción de títulos de crédito, y la posesión y explotación de bienes muebles e inmuebles.

La compañía también está facultada para otorgar avales, obligarse solidariamente por cuenta propia o de terceros, y celebrar todo tipo de actos y contratos, tanto civiles como mercantiles.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMILA AYALA ESPINOSA.

Eloxochitlán denuncia más de 200 órdenes de aprehensión contra su comunidad

La Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón y Mujeres Mazatecas por la Libertad exigieron a las autoridades de Oaxaca la prescripción de los delitos «confeccionados» en las más de 200 órdenes de aprehensión contra integrantes de la comunidad. Señalaron que estas órdenes se basan en delitos que ya fueron prescritos o que han sido fabricados, y que forman parte de una persecución política que lleva más de una década.

Recordaron que las órdenes fueron activadas después de que la comunidad logró la liberación de sus presos políticos. También acusaron al Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca de ignorar antecedentes jurídicos al reasignar un expediente previamente resuelto por la Tercera Sala Penal a la Segunda Sala.

La comunidad responsabilizó al juez de Huautla de Jiménez, Constantino Santiago Agustín, por desestimar siete resoluciones de instancias superiores en el caso de la profesora Olga Maribel. Además, criticaron al gobierno estatal por mantener como diputada a Elisa Zepeda Lagunas, a quien identifican como parte de la estructura que sostiene la criminalización en su contra.

Exigieron a la presidenta del Tribunal de Justicia de Oaxaca que garantice la actuación conforme a derecho en el expediente 16/2016 y al gobernador Salomón Jara que ponga fin a la criminalización de la comunidad y deje de respaldar con recursos públicos a Elisa Zepeda, señalada como una de las responsables de la persecución política contra los defensores de Eloxochitlán.

COMUNICADO:

#COMUNICADODEPRENSA

🔥DESDE ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, OAXACA.

🔥Lucha por la libertad de personas perseguidas con más de 200 órdenes de aprehensión.

‼️En Oaxaca no hay Estado de derecho, es la realidad que envuelve al próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el reto que enfrentará el abogado mixteco #HugoAguilarOrtiz

‼️Más de 200 nuevas órdenes de aprehensión contra la comunidad mazateca de Eloxochitlán de Flores Magón fundadas en delitos prescritos y fabricados, y reactivadas después de ocho años, precisamente cuando la comunidad logró liberar a todos los presos políticos, evidencian la persecución política sostenida por más de una década contra personas defensoras de la autonomía, el territorio y el río Xanga Ndá Ge.

❓¿Qué nombre puede recibir la conducta de magistrados (as) del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca? Cuando violaron la norma de competencia por antecedentes y, en lugar de asignar el caso de las 200 órdenes a la Tercera Sala Penal -quien ya había resuelto un asunto del mismo expediente- lo asignaron a la Segunda Sala, con tal de “ignorar” los antecedentes vertidos en el expediente 81/2017 de la Tercera Sala, donde se declaró inexistente el delito de daño por incendio, se reclasificó a daño

con fuego, y se declaró prescrito.

❓¿Cómo se nombra la conducta que tuvo el juez de Huautla de Jiménez #ConstantinoSantiagoAgustín el pasado once de julio de 2025 al resolver el asunto de la profesora Olga Maribel e insistir en que los delitos están comprobados? Ignoró siete resoluciones judiciales de instancias superiores (amparos y apelaciones) además

de cuatro autos de libertad dictados en el mismo Juzgado local, los cuales, todos establecen la reclasificación del delito y la prescripción.

❗️Apartándose de juzgar con perspectiva intercultural, la cual le obliga a considerar el contexto y los antecedentes del asunto cuando se trata de una persona y comunidad originaria.

Tanto la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, como el Juez de Huautla de Jiménez han actuado bajo consigna, corrupción y resolviendo de forma dogmática, es decir, con simples afirmaciones (dogmas) sin razonarlas ni

contrastarlas científica ni jurídicamente, con lo cual se prueba el uso abusivo y arbitrario del poder judicial en perjuicio de personas indígenas, entre ellas ocho mujeres, precisamente, en este año de la Mujer Indígena.

❗️El gobierno morenista de Salomón Jara Cruz permite el uso del Poder Judicial para criminalizar a la comunidad, provee recursos públicos a los caciques victimarios de la comunidad mazateca, lo hace al mantener como diputada a Elisa Zepeda Lagunas, a quien le asigna los proyectos de “justicia indígena” en el Congreso. Cruel y absurda conducta del gobierno estatal, que se ha tardado más de diez años para poner fin a una criminalización que jamás debió darse. Lo cual refleja que es el propio Estado el persecutor y saqueador.

✅No obstante, con el derecho que todas las leyes mexicanas y oaxaqueñas le reconocen a la comunidad perseguida de Eloxochitlán, con la razón que múltiples sentencias, amparos y resoluciones de libertad han dado a las personas ex presas y perseguidas, con la dignidad que durante más de diez años se ha mostrado hasta

haber arrancado la última liberación sin aceptar las falsas acusaciones… es que se sigue y seguirá exigiendo a las y los funcionarios responsables de poner FIN a la persecución que cumplan.

🔎Su conducta debe ser objeto de observación y de responsabilidad nacional e internacional cada vez que incumplen con el bloque de constitucionalidad y con el control de convencionalidad, es decir, cada vez que omiten juzgar a la luz de todos los derechos reconocidos en leyes nacionales e instrumentos internacionales.

Por lo anterior, exigimos:

A la Magistrada Berenice Ramírez Jiménez, presidenta del Tribunal de Justicia de Oaxaca: Garantice la conducta conforme a derecho de su juez local cuya consecuencia es el estudio y establecimiento de la prescripción de los delitos en el expediente 16/2016.

Al Juez de Huautla de Jiménez: Que dé la libertad y declare la prescripción de los delitos en los casos de #Adán, #Antonio y #Gaspar, los tres mazatecos que se presentarán en el Juzgado el 18 de agosto derivado de las 5 órdenes de aprehensión que pesan sobre cada uno dentro del expediente penal 16/2016.

Al Fiscal General Bernardo Rodríguez Alamilla: reconozca desde la Fiscalía que los delitos están confeccionados, lo cual se advierte de un estudio de las pruebas testimoniales y periciales, así como de los documentos que obran en el expediente, y además están prescritos, en consecuencia, deje de sostener una falsa acusación contra las y los defensores mazatecos.

Al gobernador Salomón Jara Cruz: Le exigimos que deje de financiar a la victimaria Elisa Zepeda Lagunas con el recurso público del Estado de Oaxaca, a quien designó como diputada plurinominal (después de haberla designado

Secretaria de la Mujer de su Gabinete) y, desde sus obligaciones constitucionales, ponga FIN a la criminalización de más de una década contra Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca.

Atentamente

Asamblea comunitaria en lucha por la libertad de Eloxochitlán de Flores Magón

Mujeres Mazatecas por la Libertad

📣📣¡Kjatabitsandini! ¡Kjatabitsandini! ¡Kjatabitsandini!

📸 @Paolina Orta @paolunaorta

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Mario Delgado gastó 17 mdp en inmuebles en 2 años y omitió declarar ‘depa’ en Reforma: Latinus

Mario Martín Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), del Gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como ex presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, del 5 de noviembre de 2020 al 30 de septiembre de 2024, además de ex diputado federal y senador, compró un lujoso departamento ubicado en la avenida Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, mismo que omitió en su primera declaración patrimonial como funcionario federal.

“En ese mismo edificio, muy exclusivo por cierto, ya tenía otra propiedad a la que también le bajó el precio en su declaración patrimonial. En tiempo récord, el morenista ha comprado una serie de propiedades que no cuadran con sus ingresos en los distintos cargos que ha tenido”, comentó el periodista Claudio Ochoa Huerta, en su noticiero matutino, transmitido en el medio digital Latinus.

“¿Cómo lo ha hecho? Este reportaje que les vamos a presentar cuadra perfecto con lo que piden ahora en Morena. Si tienen, escóndanlo, dijo apenas Luisa María Alcalde [Luján], la líder nacional. Hay que hacer fifís de closet. Una vez más queda claro que los llamados de la presidenta a la austeridad y justicia medianía le entran por un oído y no salen por el otro. Este es un trabajo junto a mi compañero Alberto Valiente”, agregó el citado reportero.

“Mario Delgado ocultó una propiedad millonaria en su primera declaración patrimonial como funcionario del nuevo gobierno de México. De acuerdo con el registro público de la propiedad, Mario Delgado cuenta con al menos dos departamentos en el lujoso condominio Magno Reforma 222, en el mismo piso y casi de forma contigua. El más grande de ellos cuenta con 165.81 metros cuadrados y, según los registros, le costó 15 millones de pesos apenas en agosto pasado, es decir, a dos meses de asumir su nuevo cargo”, indicó, por su parte, Valiente.

“Sin embargo, en su declaración patrimonial, el secretario de Educación Pública sólo reportó la compra de un inmueble en el mismo periodo por un monto de 1.5 millones de pesos. Es decir, oculta el coste real de su nuevo departamento. Una búsqueda rápida sobre el valor promedio de este residencial arrojó que ningún inmueble con las mismas características tiene un precio menor a los 11 millones de pesos, lo que también coloca a su segunda propiedad con una alta plusvalía a un número de distancia”, destacó el reportero.

“Delgado Carrillo ya contaba con un departamento que, de acuerdo con el registro público, compró en 2015 por 4.8 millones de pesos, monto que también fue modificado en su declaración patrimonial al reportar un coste de cuatro punto tres millones de pesos”, reveló Valiente.

“Este departamento es más chico, cuenta con 119 metros cuadrados y comparte terraza con su otro inmueble. En el Registro Público [de la Propiedad] también consta que durante 2024, ese mismo agosto, Mario Delgado Carrillo adquirió una hipoteca por el departamento que compró en 2015 por un total de cuatro millones de pesos a un plazo de 15 años”, abundó el reportero.

“No obstante, el nuevo secretario de Educación Pública, apenas un mes después, es decir, en septiembre del año pasado, liquidó el total de su deuda. Y acuerdo con expertos consultados por Latinus Diario, este tipo de movimientos bancarios son sospechosos de ser operaciones utilizadas para lavado de dinero”, dijo Valiente.

“Mario Delgado, de acuerdo con su declaración patrimonial, cuenta con dos propiedades más compradas en 2023 y 2024 que en conjunto suman 4 millones de pesos. Además de haber sido funcionario del Gobierno capitalino, fue senador y más tarde diputado federal, para finalmente ostentar durante cuatro años la presidencia de su partido Morena”, precisó el reportero.

“De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, ahí recibió un sueldo de 91 mil 38 pesos mensuales, es decir, un ingreso anual de 1 millón 92 mil, se traduce en que en los últimos 4 años, solo de salario, recibió casi cuatro millones y medio de pesos, que en conjunto con los 61 mil 600 mensuales que reporta por concepto de arrendamiento, no explica qué en solo 2 años gastó 17 millones de pesos en inmuebles”, finalizó Valiente.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Pemex detectó y canceló los contratos de la petrolera ligados a sobornos: Sheinbaum

Sheinbaum explicó que hubo un intento de soborno a funcionarios de Pemex para obtener contratos, pero no se llevaron a cabo. Por el caso se abrió una investigación en Estados Unidos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este viernes que Petróleos Mexicanos (Pemex) canceló contratos cuando se detectó un intento de soborno a funcionarios entre 2019 y 2021, durante la gestión de Octavio Romero Oropeza, un caso que se investiga en Estados Unidos.
"Hubo un intento de soborno, pero no se llevaron a cabo. Los nombres, qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió, en el momento lo va a informar la Secretaria Buenrostro la próxima semana, para que todo el pueblo de México tenga la información y se sepa qué pasó, quiénes fueron los que intentaron hacer el soborno y cómo Octavio era director de Pemex, se cancelaron en el momento en que tuvieron conocimiento estos contratos", expresó Sheinbaum.
En conferencia de prensa en Chetumal, Quintana Roo, la Jefa del Ejecutivo Federal recodó que uno de los personajes señalados por la justicia estadounidense fue militante del Partido Acción Nacional (PAN).
"La persona fugitiva trabajó en Pemex, fue candidato del PAN, pero en el momento que se tuvo conocimiento, se suspendieron esos contratos. Entonces, toda la información detallada de lo que pasó, cómo pasó, y si en el proceso es factible dar los nombres, se darán los nombres", recalcó.


Esta semana se dio a conocer el caso de dos empresarios mexicanos acusados en Estados Unidos (EU) de pagar sobornos millonarios a funcionarios de la empresa estatal entre 2019 y 2021.

La acusación formal, presentada por el Departamento de Justicia estadounidense, señala que Ávila Lizárraga y Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, ambos residentes en Texas, ofrecieron al menos 150 mil dólares en efectivo, relojes de lujo y artículos de diseñador para manipular licitaciones y obtener contratos con Pemex Exploración y Producción (PEP).

Lizárraga se encuentra prófugo y fue candidato del Partido Acción Nacional (PAN) al Gobierno de Campeche.


Además, las autoridades estadounidenses vincularon a Rovirosa Martínez con redes del crimen organizado, lo que agrava el caso. Mientras que éste ultimo ya fue detenido, Ávila Lizárraga permanece prófugo.

Por ello, el Gobierno mexicano revisará el periodo 2019–2021 para detectar posibles contratos irregulares y determinar si hubo complicidad institucional.

La investigación se realizará en coordinación con autoridades estadounidenses bajo el marco de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

Carlos Treviño Medina, el último director de Petróleos Mexicanos (Pemex) con Enrique Peña Nieto (EPN), fue detenido en Estados Unidos (EU) y será deportado a México para enfrentar un juicio por actos de corrupción, informó el pasado jueves la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia matutina.

Treviño Medina fue director general de Petróleos Mexicanos de noviembre de 2017 a noviembre de 2018. Antes, se desempeñó como director corporativo de Administración de Pemex, entre febrero de 2016 y diciembre de 2017, y como director de Finanzas de Pemex de febrero de 2010 a enero de 2012.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

"No hay desabasto de combustibles", aclara Sheinbaum; Pemex atiende afectaciones

Pemex anunció que implementó acciones como incorporar unidades de transporte adicionales ante los reportes de problemas de abasto de combustibles en la Ciudad de México y otras entidades del país.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó este viernes que haya desabasto de combustible de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el país, luego de que entidades como la Ciudad de México, Nuevo León y Chiapas reportaran algunos problemas de abasto de gasolina.
"No, no hay desabasto y cualquier problema que tenga que ver con los contratos a transportistas se está resolviendo, pero no hay desabasto de combustibles. Hay combustible, es más bien un tema del transporte que ya se está resolviendo", explicó la mandataria.
Desde su conferencia de prensa en Chetumal, Quintana Roo, la Jefa del Ejecutivo Federal explicó que algunas de las pipas que se adquirieron en el sexenio pasado pasarán a Pemex y que la disponibilidad de transporte es algo que se está resolviendo.

"Una parte de estas pipas seguían administrándolas la Secretaría de la Defensa Nacional y ahora van a pasar a Petróleos Mexicanos, entonces es el tema que se está viendo en estos momentos, pero está resuelto y no hay problema de abasto. Se está atendiendo", explicó.
Ayer, Petróleos Mexicanos informó que, ante afectaciones temporales en la distribución de gasolinas en la Ciudad de México y área conturbada debido a trabajos de mantenimiento en unidades de transporte y a una disponibilidad temporalmente reducida de autotanques, se han implementado acciones inmediatas para reforzar el suministro.
"Durante las próximas horas se incorporarán unidades adicionales de reparto, lo que permitirá incrementar la operación", explicó la petrolera.
Pemex reafirmó su compromiso de garantizar un abasto seguro, eficiente y continuo para las y los consumidores, trabajando de manera ininterrumpida.
El pasado 5 de agosto, el Gobierno federal presentó la Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento para Pemex con el objetivo de apoyar a la empresa del Estado hasta 2027 para que pueda enfrentar su alta carga de deuda y presión financiera, y que partir de ese año pueda financiarse por sí misma. También se busca que para 2030 haya una reducción del 26 por ciento en el saldo de la deuda respecto al monto registrado en 2019.

De acuerdo con la propuesta dada a conocer entonces por Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Energía, y Pemex, el plan incluye mecanismos de respaldo a través de la SHCP, con los cuales se dotará a la paraestatal de liquidez suficiente para que, a partir de 2027, ella pueda financiar su propio gasto operativo.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

EU revoca visa a otra morenista: la Alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante

Norma Alicia Bustamante y su esposo se suman a la lista de los funcionarios morenistas a los que el Gobierno de Estados Unidos les ha revocado la visa, lo que les impide entrar a la Unión Americana.

El Departamento de Estado de Estados Unidos (EU) ha revocado la visa de la Presidenta Municipal de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, y de su esposo, el doctor Luis Samuel Guerrero Delgado.

De acuerdo con información obtenida por el Semanario ZETA, el pasado viernes 8 de agosto, el esposo de la Edil, médico de profesión y actual funcionario del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (COEPRA), fue retenido en el puerto internacional de entrada a Calexico, California, y enviado a segunda revisión.

Ahora, la orden del Departamento de Estado para revocar la visa al doctor Guerrero Delgado se ha hecho extensiva para su esposa, la Alcaldesa Norma Alicia Bustamante Martínez, afirma el Semanario. Sin embargo, el retiro del documento a la funcionario morenista no ha podido concretarse porque ella no ha intentado cruzar la frontera hacia los Estados Unidos.

El medio recordó que el pasado 15 de mayo de 2025, la Presidenta Municipal bromeo con la polémica por el retiro de visas al afirmar que años atrás fue enviada a segunda revisión debido a que fue sorprendida comiéndose un tomate justo cuando entraba en el rango de inspección de elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).
Apenas el pasado 5 de agosto, Juan Francisco Gim, Alcalde de Nogales en Sonora, también informó que su visa había sido cancelada por el Gobierno estadounidense.

Estamos en proceso de recuperar la visa: Marina del Pilar

Otra de las afectadas por el retiro de visas es la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, quien el pasado 10 de mayo confirmó que el Departamento de Estado de EU le había revocado el documento a ella y a su esposo, Carlos Torres Torre, calificando el asunto como un "asunto administrativo". Aunque el hecho generó controversia, la mandataria dejó claro que no necesitaba de visa para gobernar su estado.

Al respecto, ayer la Gobernadora afirmó que está en proceso de recuperar su visa y que mantiene comunicación y coordinación con el Gobierno de Estados Unidos, ante la alerta de viaje que ese país emitió para que sus ciudadanos no visiten el estado por la violencia que registra.

"Estamos en ese proceso, tratando de recuperarla", respondió la mandataria a pregunta expresa de medios de comunicación al salir del informe del Senador Gerardo Fernández Noroña; y agregó que continuará trabajando "siempre con la frente en alto y la conciencia bien tranquila”.


FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ramírez Cuellar y Patricia Armendáriz critican excesos y abusos de Andy, Layda, Dato Protegido, Noroña…

Alfonso Ramírez Cuéllar y Carmen Patricia Armendáriz Guerra, diputados federales del grupo parlamentario de Morena, criticaron el 14 de agosto de 2025, lo que denominaron excesos. abusos de poder y presunción de corrupción de Andrés Manuel López Beltrán -de 38 años de edad, uno de los hijos del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de dicho partido-, de Layda Elena Sansores San Román -gobernadora de Campeche-, de Diana Karina Barreras Samaniego y de su esposo, Sergio Carlos Gutiérrez Luna -actual presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión-, de Alejandro Armenta Mier -gobernador de Puebla-, y, del senador José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña.

“Eso del ‘dato protegido’, la ciudadana -Karla María Estrella Murrieta, usuaria de la red social X- que fue víctima de este atropello promovido por dos diputados federales desde la coalición de Morena. Totalmente vergonzoso lo que hicieron y todavía la complicidad de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación [TEPJF], pues es como un círculo perverso que es inaceptable porque estos son los elementos que nos indican que en cualquier momento la democracia y la libertad de expresión se pone en peligro”, dijo, en una entrevista, Ramírez Cuellar, Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de San Lázaro.

“Y todos los que hemos sufrido la represión por ampliar las libertades tenemos que criticarlos aunque sean gente nuestra. Me parece una actitud totalmente abusiva. Son ciudadanos que tienen el derecho y además la obligación de criticar al poder. Nosotros llegamos a gobernar en una crítica muy fuerte hacia los arbitrarios, hacia los poderosos. El ciudadano no solamente tiene el derecho sino también la obligación de establecer mayor control sobre los que son electos. Tiene el derecho y la obligación”, insistió el diputado federal de Morena, quien también mencionó, de forma breve, los casos de Campeche y Puebla.

“Mira, yo creo que en Morena, el partido de Morena, hay del chile dulce y de manteca, o sea, habemos empresarios que estamos terminando nuestro ciclo de vida ya para servir al país a donde nuestro ingreso en realidad es deficitario como funcionarios públicos. En mi caso, por ejemplo, yo de lo que me dan, todavía tengo que meter más de lo que me pide el partido, por ejemplo, para ir a hacer trabajo de territorio. Y es el caso de muchas personas, eh, no sobresalgo yo nada más, donde estamos ya como que en el ciclo de vida final volviendo a dar servicio público. Y ese es mi caso”, indicó, por su parte, Armendáriz Guerra.

“O sea, en mi caso, yo me monté a la cuarta transformación, básicamente porque siempre he pensado que la distribución del ingreso en México es pésima y la oferta de Morena de mejorar la distribución del ingreso de primero los pobres, a mí me pareció una manera de dejar un legado, pues metiéndome a dedicar mi tiempo, mi talento, mi preparación a ello. Eso no quiere decir que todos los de Morena, porque estamos con los pobres, tengamos que vivir como pobres”, abundó la diputada federal.

“Tenemos dos ejemplos de muy pues muy fregados porque los dos presidentes que hemos tenido de Morena realmente son juaristas. Es decir, no vas a ver a Claudia Sheinbaum con una cartera de Dior, ni vas a ver a Claudia jamás viviendo en un Polanco, o sea, para nada, ¿no? Pero entonces a mí, que yo sí vivo en un lugar especial, que me gusta vivir bien, que tengo mis metas de confort para en esta época, lo que a mí me fascina es atender a mis nietos”, agregó la también empresaria.

“Es que no me alcanza. Si quisiera yo irme a un viaje con mis nietos para que se empapen un poco de cultura de México o se empapen un poco de cultura europea o etcétera que, ahorita, son mi pasión, mi modo, mi misión de vida, ahorita son mis nietos, ¿no? Entonces yo les doy, soy la Disneylandia, soy la abuela Disneylandia, entonces los llevo aquí, los llevo allá, los llevo acá, siempre con cierta manera, culturizarlos. Pero bueno, no me alcanzaría”, enfatizó Armendáriz Guerra.

“No, porque soy empresaria, todo lo sabe y está declarado en mis impuestos. Digo, está mi declaración anual, es muy transparente, ahí está todo mi patrimonio, ahí están mis ingresos anuales. A mí no me pueden venir a decir, ‘Oye, Patricia, ¿de dónde sacaste ese viaje con tus nietos?’, expresó la diputada federal.

“Lo que es criticable, sí, adelante, es personas que han tenido nada más ingresos de servicio público toda su vida y se dan lujos que ni siquiera yo me los doy como empresaria ya con un patrimonio, ¿me explico? Es criticable la corrupción y además más allá de dónde venga el dinero, es muy incongruente, ¿no? Porque también yo podía ser incongruente, ¿me explico? Decir, yo sigo con mis objetivos de aculturizar a mis nietos y si me tocó llevarlos a París, pues me fui a París y que no me siento mal de que lo estoy haciendo porque mi dinero es bien habido”, insistió la empresaria.

“Y sí, efectivamente, no estoy siguiendo el ejemplo de nuestra presidenta que efectivamente pues jamás va a pensar en irse a llevar a París a sus nietos. O sea, la presidenta piensa llevarlos a Tenochtitlán, a ver la gran Tenochtitlán, a sus nietos y todos caben en el mismo movimiento”, reconoció Armendáriz Guerra.

“A mí no me ven mal, al contrario, porque ven cómo hago servicio social a la gente. O sea, tú me has visto, me viste en Shark Tank, que yo siempre voy hacia los más necesitados, a los más necesitados. Entonces, por ejemplo, la próxima semana me van a condecorar en el Senado por mi servicio público, ¿no? A pesar de que soy empresaria y voy con zapatos X, Y, Z. No me ven mal. Al que a quien nosotros veríamos mal y la verdad yo estoy muy decepcionada con esto que está pasando, es gente que no tiene razón para tener un patrimonio y que se va, perdón, el hijo del presidente, no tiene manera de comprobar esos ingresos”, precisó la diputada federal.

“No me alcanza […] Entonces, tomando como base esa justificación, pues por eso todas estas personas, ¿eh?, ¿de dónde sacan el dinero para que sí les alcance? Ese es el problema que le acabo de llamar corrupción, señor […] Si no les alcanza, ¿para qué se meten al servicio público? El gran problema de donde venimos, de donde venimos y que justamente por eso es que tan respetado le ha cobrado tanta fuerza el movimiento de Morena es que la gente entraba a la política para hacer dinero […] Para enriquecerse, y ese tipo de cosas que estamos viendo ahorita dentro del movimiento es total”, comentó la empresaria.

“Sí, eso es, eso es un punto, dependiendo del perfil. Es lo que yo decía, el secretario de Estado, a quien yo entrevistaba, que insisto, no voy a decir su nombre, todo el mundo también sabía que era un empresario exitosísimo y que toda la vida lo había sido y que había aceptado por X razones porque le pareció un reto interesante tomar las riendas de esa dependencia. Incluso en el movimiento que tiene como bandera la austeridad. Lo mismo que usted. Lo que no se vale es precisamente cuando a todas luces hay algo que no cuadra. Hay algo. Si tú me estás diciendo que toda la vida has sido servidor público, pues entonces no te alcanza para ese viaje. ¿Quién pompó?”, cuestionó Armendáriz Guerra.

“Exactamente. Además, te puedo decir, okay, listo, estoy de acuerdo con, por ejemplo, Noroña, ¿no? Pues uno ya tiene un salario igual al mío, ¿no? Mejor que el mío porque los senadores ganan más y estoy segura de que con ese dinerito Noroña puede tener una American Express, entrar a una VIP, este, vive solo, tiene una pareja, ya sus hijos no están y se puede ir a Roma, etcétera. ¿Me explico?”, detalló la empresaria.

“Sí, sí entiendo, pero una persona joven de como los que hemos visto que se va, y justamente al contrario, o sea, se van a despilfarrar, vamos, yo no gasto en un hotel de tantos miles diarios ahora. Y esto también cabe en todos los gobiernos y en todos los sexenios. Ha sido la crítica siempre, no importa de qué partido seas ni de qué partido ha llegado al poder […] Porque nosotros estamos diciendo que nosotros no somos así, que somos diferentes […] Ese es el gran problema. Lo hablemos claro”, finalizó la diputada federal.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Magistrado del TEPJF propone declarar nulidad de elección de ministros, por “acordeones”

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón propondrá al Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), declarar la nulidad de la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por el uso sistemático de “acordeones”, considerado como propaganda prohibida

En un proyecto dado a conocer la noche del jueves 14 de agosto de 2025, el magistrado, señaló que quedó acreditado el uso sistemático y generalizado de “acordeones”, los cuales, según él, beneficiaron indebidamente ciertas candidaturas.

En el documento que debería ser discutido y votado por el Pleno de la Sala Superior del TEPJF, Rodríguez Mondragón indicó que lo anterior actualizó las causales de nulidad correspondientes al uso de financiamiento ilícito y la violación grave a los principios constitucionales que regían la materia electoral.

“Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declara la nulidad de la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte, por la existencia de una estrategia de distribución sistemática y generalizada de guías de votación [“acordeones”] que constituyeron propaganda electoral prohibida, lo cual benefició indebidamente a diversas candidaturas e impactó de manera determinante en los resultados electorales”, planteó el magistrado.

Según el proyecto de Rodríguez Mondragón, el uso de “acordeones” estaba permitido, siempre y cuando fuera elaborado y utilizado por una persona para su uso individual y discreto, ante la complejidad de la elección judicial. Sin embargo, explicó que estaba prohibida la difusión y exposición de estos materiales con el fin de direccionar el sentido del voto de la ciudadanía.

El magistrado sostuvo en su propuesta que los “acordeones” existieron en el marco de la elección judicial y pruebas de ello eran la medida cautelar emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE), para su distribución a nivel nacional, la cual fue revisada por la Sala Superior del TEPJF.

“Esto ya implica un acto de autoridad que reconoció, a partir de un análisis preliminar, que estos documentos se estaban circulando y distribuyendo”, advirtió Rodríguez Mondragón, quien agregó que también se registraron diversos procedimientos especiales sancionadores y de fiscalización, en los que se investigó la existencia, circulación y distribución de acordeones, aunque las candidaturas que aparecían en estos se deslindaron de su autorí, e hicieron referencia a otros para desmarcarse.

Además, según abundó el magistrado en el proyecto, se promovieron 156 medios de impugnación donde se hizo referencia de la existencia, circulación o distribución de estos documentos, en 23 entidades de la República.

Rodríguez Mondragón detalló que se contaron con pruebas físicas consistentes en 3 mil 188 acordeones impresos y 374 imágenes, videos, audios y enlaces a internet que condujeron a materia visual, publicaciones en redes sociales y notas periodísticas.

Aunado a ello, según sostuvo el magistrado, existió una plena coincidencia entre las candidaturas que aparecieron en los materiales y las que ganaron u obtuvieron mayores votos, lo cual, expresó, también generó un indicio fuerte respecto a su grado de influencia.

“Esa situación ya acredita que hubo una estrategia organizada de distribución de acordeones que constituyeron propaganda electoral prohibida y, por lo tanto, implicó la existencia de un esquema de financiamiento prohibido que benefició a las candidaturas, quienes eran las únicas que podían emitir y pagar limitadamente por su propia propaganda, pues el propio diseño de la elección judicial prohíbe la injerencia de agentes políticos, públicos y sociales con la capacidad estructural de influir en la elección”, subrayó Rodríguez Mondragón.

Además de declarar la nulidad de la elección de ministros, el proyecto planteó revocar el acuerdo del Consejo General del INE y ordenarle al Senado de la República que convocara a la celebración de una elección extraordinaria de integrantes de la SCJN, así como a resolver la forma en la que debería integrarse y funcionar el máximo tribunal constitucional, en tanto se celebraban los nuevos comicios.

La propuesta del Rodríguez Mondragón, que vinculó al Congreso de la Unión y al INE, declaró también la existencia de una omisión legislativa en materia de regulación de la elección de personas juzgadoras mediante el voto popular, por lo que solicitó la expedición de la normativa que estimara pertinente, para garantizar que la elección extraordinaria de ministros, así como los subsecuentes procesos para la elección de personas juzgadoras cumplieran con los estándares democráticos y con los principios de certeza, legalidad e independencia.

El 13 de agosto de 2025, el bloque mayoritario de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no permitió, una vez más, impugnaciones presentadas por candidatos a las elecciones judiciales del pasado 1 de junio del mismo año, quienes denunciaron condiciones de inequidad, debido a que sus rivales fueron promovidos en los llamados “acordeones”.

Los tres magistrados del bloque mayoritario, encabezado por la presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso, resaltaron en unos casos que los denunciantes no aportaron pruebas suficientes para anular los resultados de la elección, y se negaron a dar vista al INE para que realizara una investigación respecto a los “acordeones”.

La Sala Superior del TEPJF se dividió en torno a seis casos derivados de la elección judicial, en los cuales el bloque mayoritario evitó la anulación de algunas elecciones debido al reparto de “acordeones”. Los dos magistrados disidentes consideraron, por su parte, que existían las condiciones para al menos solicitar una investigación al INE.

“No hay elementos para determinar, como se propone en algunos casos, la nulidad de la elección”, refrendó Soto Fregoso, quien aseveró que “este Tribunal no es la autoridad investigadora y en este sentido no nos corresponde a nosotros ir a buscar los elementos que no fueron aportados.”

En el mismo tono, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera sostuvo que “el tema puede ser de un pronunciamiento mediático alto, pero nosotros nos tenemos que ceñir a lo estrictamente jurídico”, y aseveró que los temas partieron de una “supuesta distribución masiva de acordeones”, pero, según él, no demostraron “la existencia de los hechos demostrados”.

Por su parte, la magistrada Janine Madeline Otálora Malassis consideró que resultaría difícil para un candidato investigar el origen de los acordeones y demostrar la incidencia que tuvieron en los resultados de la elección, por lo que planteó dar vista al Instituto Nacional Electoral, para investigar “una posible inducción al voto y el consecuente posible rebase de gastos de campaña, para que el INE no esté analizando quejas de manera aislada, sino toda una temática en su contexto y en su totalidad”.

“Hay muchos casos en los que las pruebas no traen ni meros indicios o algunos que ni siquiera por sí mismos generan convicción respecto a lo que se pretende probar, y ahí es cuando no estaríamos ni dando vista al INE ni nada, son indicios que realmente no son ni siquiera mínimos para generar una investigación que vaya más allá, porque no nos están aportando ninguna prueba”, dijo la presidenta del TEPJF.


FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.