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martes, agosto 05, 2025

“No habrá vacíos de poder” en renovación de la Corte: Hugo Aguilar

“Nos estamos preparando ahorita que no haya un vacío, una laguna, para que desde que entremos, comencemos a tomar las decisiones que nos corresponden”, dice el futuro presidente de la Corte.

Hugo Aguilar Ortiz, presidente electo de la Suprema Corte que entrará en funciones el 1 de septiembre, dijo en entrevista con medios que se está trabajando para que no haya “vacíos de poder” durante la renovación de ministros, como la decisión de quiénes serán encargados del Órgano de Administración Judicial. 

“La corte va a realizar sus actividades con mucha fuerza, yo espero que sea desde el primer día, tenemos muchas tareas, muchos expedientes, nos estamos preparando ahorita que no haya un vacío, una laguna, para que desde que entremos, comencemos a tomar las decisiones que nos corresponden en el cambio”, respondió ante la pregunta de cuándo se iban a elegir los miembros del Órgano de Administración. 

La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México estará integrada por nueve ministros y ministras elegidos por voto popular directo en las elecciones judiciales extraordinarias del 1 de junio de 2025, organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE). 

Este proceso, derivado de la reforma judicial de 2024, marca un hito al ser la primera vez en la historia del país que los ministros son electos por la ciudadanía, buscando una mayor legitimidad democrática.
La elección incluyó a 27 candidatos propuestos por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los cuales resultaron electos, para la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo, Arístides Rodrigo Guerrero García y Sara Irene Herrerías Guerra, garantizando paridad de género con cinco mujeres y cuatro hombres.

La Corte operará exclusivamente en sesiones públicas y en Pleno, eliminando las salas previas, y los ministros tendrán un periodo de encargo de nueve años sin posibilidad de reelección, con el objetivo de promover transparencia, austeridad y una justicia más cercana a la ciudadanía.

Sin embargo, estos candados no han evitado las especulaciones sobre la independencia de la corte, sobre todo debido a que al menos cinco de los ministros han tenido relaciones directas con la Cuarta Transformación, incluyendo Aguilar Ortiz. 

El 19 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum negó haber influido en las elecciones judiciales y aseguró que su gobierno busca garantizar la autonomía del Poder Judicial, no controlarlo. 

“Yo no le voy a hablar al presidente de la Suprema Corte para orientar ninguna votación”, afirmó tajante.

Respondió a los cuestionamientos de la periodista Reyna Haydee Ramírez sobre la coincidencia entre los ganadores y listas prediseñadas (“acordeones”), argumentando que muchos ciudadanos llevaron sus propias hojas por la complejidad del proceso. También defendió que figuras cercanas a Morena hayan resultado electas, señalando que la oposición no participó activamente.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: REDACCIÓN.

FGR vincula asesinato de su delegado en Tamaulipas, con decomiso de “huachicol”

La Fiscalía General de la República (FGR) reveló, el 5 de agosto de 2025, que el asesinato de Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, delegado de dicha institución de procuración de justicia en Tamaulipas -quien fue asesinado un día antes, en el municipio de Reynosa, ciudad fronteriza con Estados Unidos-, estaría vinculado a un reciente decomiso millonario de “huachicol” o robo de combustible.

“Con el apoyo de todo el Gabinete de Seguridad y de las autoridades de Tamaulipas, se inició la carpeta de investigación federal, por el homicidio del Licenciado Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, Fiscal de la Federación en ese estado, ocurrido ayer por la tarde, en la ciudad de Reynosa”, informó la FGR, en un comunicado.

“También se ha hecho contacto inmediato con la familia de la víctima para manifestarle nuestra absoluta solidaridad, proporcionándole apoyo permanente e informándole, paso a paso, los avances de la investigación correspondiente y sus resultados”, agregó la institución de procuración de justicia, cuyo titular es Alejandro Gertz Manero.

“Los primeros datos que señalan la violencia inusitada y la brutalidad del delito cometido, indican una sólida probabilidad de que este hecho provenga de la delincuencia organizada que, recientemente, en los últimos días del mes de julio, tuvo un grave descalabro cuando la Secretaría de la Defensa Nacional, junto con esta Fiscalía y todo el Gabinete de Seguridad, lograron el decomiso de más de un millón 800 mil litros de gasolina y otros combustibles como producto del huachicol, más nueve tractocamiones, 12 motobombas, 39 frac tanks (tanques de almacenamiento móviles), tres vehículos, dos generadores de energía y una barredora industrial”, detalló la FGR.

“Siendo este el principal tema, no se descarta cualquier otra línea de investigación que pueda llevarnos al esclarecimiento de lo ocurrido. Conforme haya avances en la investigación, se darán a conocer de inmediato”, finalizó la Fiscalía General de la República, que un día antes atrajo la indagatoria de su delegado en Tamaulipas.

El 25 de julio de 2025, una bodega clandestina que almacenaba hidrocarburos robados, ubicada en la colonia La Escondida, del municipio Reynosa, fue cateada por agentes federales, entre ellos, elementos de la FGR.

La diligencia, autorizada por un juez federal, contó con la participación de agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) -ambas adscritas a la FGR-, y se ejecutó en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

En el cateo participaron elementos de la secretarías de la Defensa Nacional (DEFENSA), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, de la Guardia Nacional (GN), además de Protección Civil y Bomberos, así como peritos y personal de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX). Sin embargo, no hubo personas detenidas en el lugar.

Vázquez Reyna, delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, fue asesinado, alrededor de las 19:30 horas del 4 de agosto de 2025, sobre el bulevar Miguel Hidalgo, en el Fraccionamiento Las Quintas, frente a la plaza Engrei, en el municipio de Reynosa, ciudad fronteriza con Estados Unidos.

La propia Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT) compartió un breve comunicado, en el que reconoció la muerte de una persona, presumiblemente un servidor público de nivel federal.

“Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informa que derivado de los hechos en que perdiera la vida una persona presumiblemente servidor público federal, cuyo vehículo se incendió en el Bulevar Hidalgo en la ciudad de Reynosa, se ha establecido coordinación con la Fiscalía General de la República para colaborar en las investigaciones en lo que se requiera”, escribió la institución de procuración de justicia estatal.

Según lo reportaron medios locales, en el ataque contra Vázquez Reyna hubo disparos y habrían sido utilizadas granadas de fragmentación. Supuestamente el vehículo en el que viajaba el delegado de la FGR explotó. Elementos del Cuerpo de Bomberos municipal acudieron para sofocar las llamas, mientras la zona quedó acordonada en espera de la Policía Investigadora.

“Autoridades atienden reporte de un vehículo incendiado en el Blvd. Miguel Hidalgo por Avenida San José, en el Fraccionamiento Las Quintas de #Reynosa. De acuerdo con los primeros reportes, testigos escucharon detonaciones de arma de fuego en la zona. Autoridades se encuentran a cargo de la situación. Se recomienda precaución al transitar por la zona”, indicó la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, en su cuenta de la red social X.

“Derivado de los hechos en los que perdió la vida una persona, presumiblemente servidor público federal, cuyo vehículo se incendió en el Blvd. Miguel Hidalgo de #Reynosa, se ha establecido desde el primer momento de los hechos coordinación entre la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal para colaborar en el esclarecimiento de los hechos”, detalló la misma institución estatal, en una segunda publicación.

Además, a través de las diversas redes sociales fueron compartidos videos que mostraban una camioneta marca Cadillac, modelo Escalade, color negro, incendiada, mientras que un cadáver estaba tirado sobre el pavimento, quien, según información preliminar, sería Vázquez Reyna, quien viajaba solo.

El vehículo fue atacado con un explosivo, en la parte inferior. En otra grabación se ve que, herido, el delegado de la FGR en Tamaulipas bajó tambaleándose de la Cadillac -que empezó a incendiarse-, y, todavía con vida, cayó de frente sobre la avenida.

En otro video se observa que, instantes después, una camioneta color blanca se detuvo frente al delegado de la FGR y sicarios dispararon para rematarlo, aparentemente con armas largas, aunque el vehículo de los criminales impidió ver el ataque.

Otras imágenes captaron que un hombre, aparentemente ajeno a los hechos, arrastró el cadáver del funcionario federal, para alejarlo de su camioneta, que era consumida por el fuego tras la explosión, dejando a Vázquez Reyna tendido boca abajo, sobre la calle.

El ataque se reportó a las 19:30 horas del 4 de agosto de 2025 -tiempo local-, a unos 7 kilómetros de distancia del Puente Internacional Reynosa-Hidalgo, y a 1.6 kilómetros de la Delegación de la FGR, cuya sede estatal está ubicada en dicha ciudad fronteriza con EE. UU.

A pesar de que el asesinato se cometió todavía con luz del día y en hora pico del tráfico, cerca de la sede de la Delegación de la FGR en Tamaulipas, la ejecución del funcionario federal se realizó de forma impune y no se reportaron detenidos por dicho crimen.

“Pese a que era el funcionario de más alto nivel de la FGR en el estado, Vázquez viajaba comúnmente sin escolta, conduciendo él mismo la camioneta que, según fuentes, tenía blindaje, cuyo nivel no fue precisado”, indicó el diario Reforma.

“Vázquez llegó a la Delegación de la FGR en 2019, durante los sexenios del presidente morenista Andrés Manuel López Obrador y del Gobernador panista Francisco [Javier] García Cabeza de Vaca”, recordó el citado rotativo.

“Desde el Gobierno de Tamaulipas condenamos el crimen del Delegado de la FGR en el estado. Nos solidarizamos con su familia y reiteramos nuestra total disposición para coadyuvar con la Fiscalía y el Gobierno de México en la búsqueda de justicia y la construcción de la paz”, escribió, en su cuenta de la red social X, Américo Villarreal Anaya, militante del partido Morena y gobernador tamaulipeco, desde el 1 de octubre de 2022.

El 5 de agosto de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que Omar Hamida García Harfuch -titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal- mantuvo comunicación con Villarreal Anaya, por el asesinato del delegado de la Fiscalía General de la República en dicha entidad.

Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, la titular del Poder Ejecutivo Federal destacó que, hasta ese momento, ella no había mantenido contacto “personal” con el gobernador, pero las autoridades federales de seguridad lo habían hecho e informarían próximamente respecto a mayores detalles. Asimismo, descartó confirmar si fue un posible ataque del crimen organizado.

“Desde el primer momento, estuvieron en contacto tanto con la Fiscalía [General de Justicia] del Estado de Tamaulipas, como con la Fiscalía General de la República y se está apoyando para poder hacer justicia en este caso”, subrayó la mandataria nacional.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

EU tampoco pedirá pena de muerte para Rafael Caro Quintero, ni para “El Viceroy” Carillo Fuentes

Estas notificaciones se dan a unos días de que se había revelado un acuerdo de seguridad entre México y Estados Unidos y en medio del anuncio de la postergación de los aranceles que buscaba imponer el gobierno de Donald Trump.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos notificó que tampoco solicitará la pena de muerte contra los narcotraficantes Rafael Caro Quintero, ni contra Vicente Carrillo Fuentes “El Viceroy”; previamente reveló que tampoco pediría, la misma sanción”, contra Ismael “El Mayo” Zambada”, el líder histórico del Cártel de Sinaloa.
“El gobierno respetuosamente presenta esta carta para informar a la Corte y a la defensa que el Procurador General ha autorizado y ordenado a esta oficina no solicitar la pena de muerte contra el acusado”, se lee en las cartas presentadas.

Estas notificaciones se dan a unos días que se había revelado un acuerdo de seguridad entre México y Estados Unidos y en medio del anuncio de la postergación de los aranceles que buscaba imponer el gobierno de Donald Trump.

Desde hace meses se ha venido especulando que tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, los hilos de la estructura del crimen organizado se modificarían a partir de los acuerdos de colaboración que los capos del narcotráfico tendrían con la administración estadunidense; esto con el fin de revelar información sobre la operación de los grupos criminales en México.

Caro Quintero

Rafael Caro Quintero, conocido como el “Narco de Narcos”, fue un fundador del Cártel de Guadalajara en la década de 1970, junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo. Este cártel se dedicó principalmente al tráfico de marihuana a gran escala hacia Estados Unidos. Caro Quintero es acusado de ser el principal responsable del secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena Salazar en 1985, un caso que marcó un hito en las relaciones entre México y Estados Unidos y en la lucha contra el narcotráfico.

El 7 de febrero de 1985, Camarena fue secuestrado en Guadalajara, Jalisco, cuando se dirigía a almorzar con su esposa. Fue interceptado por sicarios del cártel, junto con el piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, quien también trabajaba con la DEA. Ambos fueron llevados a una casa en la calle Lope de Vega 881, propiedad de Caro Quintero, donde fueron torturados durante más de 30 horas para obtener información sobre las operaciones de la DEA. Camarena fue asesinado, con evidencias de tortura extrema, incluyendo perforaciones en el cráneo con un tubo de metal y costillas rotas.

Caro Quintero huyó a Costa Rica, pero fue capturado en 1985 y extraditado a México, donde fue sentenciado a 40 años de prisión por el asesinato de Camarena y Zavala. Sin embargo, en agosto de 2013, fue liberado tras 28 años de cárcel debido a un tecnicismo legal, lo que generó una fuerte controversia y tensiones con Estados Unidos. Tras su liberación, Caro Quintero retomó actividades de narcotráfico y fue añadido a la lista de los 10 más buscados del FBI.

En julio de 2022, fue recapturado en Sinaloa, México, por la Marina, en una operación que resultó en la muerte de 14 militares mexicanos tras el desplome de un helicóptero Blackhawk.

El 27 de febrero de 2025, Caro Quintero fue extraditado a Estados Unidos junto con otros 28 narcotraficantes. Fue presentado ante una corte federal en Brooklyn, Nueva York, el 28 de febrero donde se declaró no culpable de cargos que incluyen dirigir una empresa criminal, conspiración para distribuir narcóticos y uso ilegal de armas de fuego, además del asesinato de Camarena.

“El Viceroy”

Carrillo Fuentes, conocido como “El Viceroy”, nació el 16 de octubre de 1962 en Navolato, Sinaloa, México. Fue un narcotraficante mexicano y líder del Cártel de Juárez, una de las organizaciones de tráfico de drogas más influyentes en México durante la década de los 90. Era hermano de Amado Carrillo Fuentes, apodado “El Señor de los Cielos”, quien fundó el cártel y murió en 1997 tras una cirugía plástica fallida.

Desde el 2000, Estados Unidos buscaba su extradición por cargos de narcotráfico, lavado de dinero y homicidio. En julio de 2023, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México aprobó su extradición, pero un juez federal suspendió temporalmente el proceso tras un amparo presentado por Vicente.

El 27 de febrero de 2025, Vicente fue extraditado junto con otros 28 narcotraficantes, incluyendo a Rafael Caro Quintero, para enfrentar cargos en la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas.

Desde abril de 2025, negociaba un acuerdo de culpabilidad con la fiscalíaen una corte federal de Nueva York para evitar una posible cadena perpetua o incluso la pena de muerte, que el gobierno estadunidense buscaba imponer tanto a él como a Caro Quintero. Su primera audiencia fue ante la jueza Jean Marie Azrack en Brooklyn, donde se mostró relajado y se declaró no culpable inicialmente.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RODRIGO HERNÁNDEZ LÓPEZ.

Jueza invalidó testimonios de víctimas por inducción y manipulación de la PGR tras revelarse montaje en caso Vallarta-Cassez

La jueza aclaró en su sentencia que no pone en tela de juicio el sufrimiento de las víctimas, sino la inducción por parte de la PGR para que señalaran a Israel Vallarta como responsable de sus secuestros

La jueza federal que absolvió a Israel Vallarta Cisneros de cuatro acusaciones de secuestro con un total seis víctimas, ordenando su libertad inmediata, afirmó que la extinta Procuraduría General de la República (PGR) manipuló e indujo testigos para que inculparan al propio Vallarta, con el fin de poder sostener el proceso penal en su contra luego de que se revelara el montaje de su detención con la ciudadana de origen francés, Florence Cassez, en el rancho “Las Chinitas” que se ubica en el pueblo de San Miguel Topilejo, alcaldía de Tlalpan.

La sentencia dictada por la juzgadora federal añade que tras analizar analizar 292 pruebas presentadas por la PGR, hoy Fiscalía General de la República (FGR), encontró testimonios contradictorios, cateos sin orden judicial, violaciones a la cadena de custodia, torturas a inculpados, tardanza injustificada en la puesta a disposición de un juez de los detenido y violaciones graves al debido proceso, y que todos los reconocimientos de Israel Vallarta en el proceso penal que lo mantuvo preso por casi 20 años, se realizaron sin la asistencia de su abogado defensor o persona de confianza.

De acuerdo con la sentencia dictada por la Jueza Tercera de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Mariana Vieyra Valdés, la manipulación e inducción que la PGR propició para que las víctimas declararan en contra de Vallarta y lo reconocieran como su secuestrador, rompió con el principio de garantizar un proceso justo en contra del inculpado, ya que en decenas de diligencias analizadas por la juzgadora federal se pudo corroborar que las personas agraviadas y testigos de la causa penal “fueron inducidos al reconocimiento de Israel Vallarta Cisneros por parte del agente del Ministerio Público”.

Contrario a lo que se especula en redes sociales o por actores políticos sobre el caso Vallarta, la sentencia de la jueza federal sí analizó los testimonios de las seis víctimas de secuestro y si bien advierte que hubo manipulación de las mismas después que se descubriera el montaje en el rancho “Las Chinitas” para detener a Florence Cassez e Israel Vallarta, la impartidora de justicia aclaró que en su análisis del caso “no pone en tela de juicio” el sufrimiento de las víctimas y sus familiares.


La juzgadora federal señaló que los testimonios y reconocimientos que las víctimas hicieron de Vallarta, guiados siempre por personal de la PGR, se encuentran viciados por la actuación del Ministerio Público y carecen de fiabilidad para poder sentenciar a una persona inocente, “dada la inducción por parte del Ministerio Público a efecto de que reconocieran e hicieran imputaciones firmes y directas en contra del acusado”, es decir, para que todas las víctimas señalaran a Israel Vallarta como líder de la banda de secuestradores.

La juez añadió en su resolución que los “reconocimientos” de Vallarta y otras diligencias, realizados de forma posterior al montaje televisivo que evidenció la periodista July García en el programa “Punto de Partida”, intentaban justificar “las circunstancias de tiempo, modo y lugar referidos” para acreditar el secuestro en el rancho “Las Chinitas”.

El razonamiento de la juzgadora atiende en particular los testimonios de dos víctimas, identificadas en el expediente con las siglas VCAT y SSM que denunciaron el secuestro antes del montaje del caso Cassez-Vallarta, por lo que las primeras actuaciones realizadas en ambos casos se realizaron antes del montaje y de forma independiente al proceso penal contra la supuesta banda de plagiarios conocido como “Los Zodíaco”.

Incluso, en sus primeras declaraciones ambas víctimas, integrantes de la comunidad judía en México, afirmaban que no reconocían a ninguno de sus presuntos captores, pero después de ser llamadas por llamadas por el Ministerio Público de la PGR para que reconocieran a Vallarta como su secuestrador, presentaron nuevas declaraciones en las que ya lo señalaron de forma directa como el jefe o patrón de la banda criminal que los privó de la libertad para exigir el pago de un rescate a sus familias.

En la reconstrucción de los hechos ocurridos los días 8 y 9 de diciembre del 2005, la jueza también logró establecer que la detención de Florence Cassez e Israel Vallarta se concretó el 8 de diciembre del 2005 en la carretera libre a Cuernavaca y no el 9 de diciembre a las seis de la mañana como se quiso mostrar en televisión durante el montaje transmitido en vivo en Televisa y Televisión Azteca.

Para la juzgadora federal, tampoco se acreditó que la detención de Vallarta y Cassez se hubiera realizado cuatro o cinco horas antes del montaje dentro de “Las Chinitas” y que los agentes aprehensores, encabezados por Luis Cárdenas Palomino y Francisco Javier Garza Palacios, hombres de confianza de Genaro García Luna en la extinta Policía Federal, fueran advertidos por el propio Vallarta de que había víctimas de secuestro en el rancho, por lo que tenían que regresar para rescatarlas y evitar que sus cómplices las mataran, una versión con la que la Policía Federal intentó encubrir el montaje televisivo.


La tortura contra Vallarta y su primera declaración

A pesar de la insistencia de la Fiscalía General de la República (FGR) para sustentar sus acusaciones por secuestro con la primera declaración de Israel Vallarta, la jueza Mariana Vieyra Valdés desechó la misma tras dar por acreditada la tortura en contra del hombre que se definió como comerciante de autos usados tras su detención en 2005.

En la sentencia dictada el pasado 31 de julio, la juzgadora federal no sólo reconoce la tortura en contra de Vallarta Cisneros, sino que ordena a la FGR entregar un informe sobre la denuncia que presentó el propio Israel Vallarta por las torturas que sufrió el día de su detención y tras su puesta a disposición ante la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada (SIEDO).

En la declaración que fue invalidada por la sentencia de primera instancia, Israel Vallarta se autoincriminaba como secuestrador y revelaba la presunta existencia de la banda “Los Zodíaco”, dirigida por una persona de nombre Salustio y apodo “Sagitario” que nunca fue localizada ni identificada por la PGR.

“Por ello, se requiere a las autoridades encargadas de la integración de la averiguación previa y carpetas de investigación de las que se ha dado noticia en esta determinación, para que una vez que surta sus efectos legales la presente, dentro del término de diez días, a través de la agente del Ministerio Público de la adscripción, informen a este Juzgado de Distrito con constancias fehacientes, cuál fue a la conclusión a la que allegaron dentro de las mismas, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se dará vista a sus superiores jerárquicos para que actúen conforme a sus atribuciones”, advierte la sentencia.

En una segunda declaración, el propio Vallarta afirmó que los policías federales se hablaban entre sí con los nombres del Zodíaco y que de ahí habría surgido el nombre de la banda de plagiarios que le inventaron las autoridades.

Para acreditar la tortura, la juzgadora recurre a fotografías y denuncias que la defensa de Israel Vallarta presentó en diversos momentos, así como al Protocolo de Estambul practicado por peritos de la defensa, destacando que si bien todavía no existe una sentencia contra los servidores públicos que habrían cometido la tortura, no se trata de un requisito indispensable para tomar en cuenta esas violaciones a derechos humanos dentro de una causa penal.

Otro elemento que la jueza tomó en cuenta para invalidar la primera declaración ministerial de Vallarta Cisneros fue que el testimonio del inculpado se tomó el 9 de diciembre de 2005 luego del montaje y con uso de violencia física y psicológica como se pudo observar a través de la televisión mientras era interrogado por reporteros, lo que comprueba que dicha declaración no fue emitida “de forma espontánea y sin presiones”.


Montaje tras montaje de la mano de PGR

En la sentencia dictada por la Jueza Tercera de Distrito en Materia Penal en el Estado de México,  se retoman los argumentos del amparo otorgado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a Florence Cassez para su liberación, mismos que se usan para invalidar una docena testimonios y  diligencias de reconocimiento del lugar en el que estuvieron secuestradas las víctimas, ya que se trata de actuaciones ministeriales” viciados por el montaje televisivo”.

La resolución agregó los testimonios de Carlos Loret, Laura Barranco, Pablo Reinah y Juan Manuel Magaña, ex trabajadores de Primero Noticias y Televisa, para terminar de acreditar el montaje en el rancho “Las Chinitas”, destacando que hay un “efecto corruptor en el proceso derivado de la escenificación ajena a la realidad en la que participaron las autoridades ministeriales y policiales y que fue auspiciado por los medios de comunicación nacionales e, incluso, internacionales”.

En este sentido, la jueza insistió en se expuso a Vallarta y Cassez ante la opinión pública y ante las víctimas que se encontraban en el lugar, por lo que a partir del montaje y con la inducción de las autoridades, las personas agraviadas inculparon de sus secuestros directamente a la ciudadana de origen francés y al comerciante mexicano.

La jueza explicó que las contradicciones de las víctimas, aunado al efecto corruptor del montaje televisivo y a que todos los reconocimientos de Israel Vallarta en la Cámara de Gesell se hicieron sin la presencia de su abogado o persona de confianza, violando así el debido proceso y su derecho a una defensa adecuada,  por lo que le fue imposible “distinguir las pruebas auténticas de las que fueron inducidas o preparadas para sostener una versión alternativa de los hecho”.

La resolución resaltó que tras el análisis del expediente, se acreditaron violaciones graves a los derechos humanos en el proceso penal contra Vallarta como “la inmediata puesta a disposición del acusado ante el agente del Ministerio Público, la violación al principio de presunción de inocencia, en su doble aspecto, como regla de trato y extraprocesalmente; y desde luego, la tortura de que fue objeto el acusado, a efecto de arrancar su confesión e incriminarse de los hechos que se le imputaban”.

Además, la revisión del minuciosa del caso arrojó que la PGR realizó cateos a diversas parte del rancho “Las Chinitas” los días 18 y 19 de diciembre del 2005, es decir, días después del montaje televisivo, para tratar el hallazgo de armas y bienes u objetos de las víctimas, por lo que la jueza resolvió que dichas diligencias también viciadas de origen, debido a que “existe duda de lo que efectivamente fue real” y por lo tanto, “no es posible establecer valor a las inspecciones de lugares que ya habían sido contaminados”.

Incluso, la juzgadora reveló que la PGR dio fe del hallazgo de dichos objetos en “Las Chinitas” para tratar de acreditar la estancia de los secuestrados en el lugar, pero posteriormente solicitó las órdenes de cateo para constatar que ahí se encontraban dichos los objetos citados.

Para la PGR, el hallazgo de objetos antes de un cateo rompió la cadena de custodia. Una irregularidad más grave aún, es que en una ampliación de la declaración de una de las víctimas, rendida  el 25 de agosto del 2009 a través de una videoconferencia, se pretendió presentar como prueba adicional un pasamontañas que presuntamente perteneció a uno de los secuestradores captores, pero sin que existiera resguardo o registro del origen de esa prenda de vestir.

Por todo lo anterior, Israel Vallarta fue absuelto de las acusaciones por los delitos delincuencia organizada, portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro, en agravio de cuatro víctimas con siglas CHRR, RRC, CRV y EYEF, todo ellos relacionados directamente con el montaje televisivo que tuvo lugar en el rancho “Las Chinitas” el 9 de diciembre del 2005.

Dos secuestros adicionales tras revelación del montaje

La sentencia de la jueza federal hizo un énfasis especial en dos casos de secuestro que se cometieron antes del montaje televisivo: uno ocurrido en 2003 de una víctima identificada con las siglas SSM de un empresario textilero, y otro cometido en 2005 en agravio de la víctima con las iniciales VCAT, una estudiante universitaria de apenas 18 años.

Estos son los casos que mediáticamente se han identificado como “las otras causas penales” que enfrentaba Israel Vallarta, pero que que no lo son. Se trata de procesos penales que corresponden a dos averiguaciones previas  ya existentes y que se acumularon a la causa penal que ya se seguía contra Israel Vallarta por el caso del montaje televisivo en el rancho “Las Chinitas”.

Por lo tanto, la acumulación de ambos casos con el caso Vallarta-Cassez se hizo después del montaje y a petición del Ministerio Público Federal

En el caso de SSM este fue llamado por las autoridades para sumar su caso a la causa penal abierta contra Israel Vallarta; mientras que en el caso del VCAT, un presunto testigo que afirmó haber visto a Vallarta seguir a la joven víctima y a su madre, fue el argumento para poder llamar a la joven plagiada y a su familia para que pudieran declarar contra el supuesto líder de la banda “Los Zodíaco”.

Cabe señalar que en sus primeras declaraciones sobre el secuestro que sufrieron, antes de acumular ambos expedientes al caso Vallarta-Cassez, tanto VCAT como SSM dijeron no haber visto ni identificar a ninguno de sus secuestradores, pero tras el montaje y los señalamientos de la PGR  lograron “reconocer” a la francesa y el mexicano por su tono de voz y/o porque “los habían visto” en algún momento del plagio.

Incluso, en l resolución se advierte que el reconocimiento de VCAT a Vallarta podría ser otro montaje: supuestamente la joven asistía a una diligencia de reconocimiento del lugar en el que estuvo secuestrada, cerca del rancho “Las Chinitas”, cuando “vio por el espejo retrovisor” a Vallarta que circulaba a bordo de un auto marca Volvo, a alta velocidad. Pese a que solo habría sido un instante y sin recordar más sobre asunto, VCAT le habría dicho a los agentes de la Policía Federal y de la PGR  que esa persona se le “figuraba” a su plagiario.
Este reconocimiento podría no ser exacto, sobre todo si se considera que, de acuerdo con el relato de la víctima, el vistazo en el espejo fue muy rápido, aunado a que cuando identificó al chofer del automotor, únicamente refiere que esa persona, “se le figuró” como una de las que participó en su secuestro en un vehículo volvo gris, a la que reconoció cuando ella iba a bordo de una patrulla y el inculpado viajaba rápido en otro vehículo.
A raíz del supuesto encuentro vial, a la joven le son mostradas fotografías de Israel Vallarta en un Volvo gris, diferente al carro blanco que describió en su declaración antes del montaje en “Las Chinitas”, reconociéndolo como uno de sus presuntos secuestradores y señalando que lo había visto una vez, mientras estaba privada de su libertad, a través de un espejo que le habían proporcionado los presuntos plagiarios.

Sin embargo, una vez más la jueza resolvió que se trataba de un testimonio contradictorio: el espejo no estaba en ningún relato previo de la víctima, rendidos antes del montaje, y el reconocimiento fotográfico de Vallarta como líder de los secuestradores se hizo sin poner a la vista de VCAT fotografías similares de otras personas para que pudiera elegir una imagen por encima de otras.

Por lo anterior, la sentencia concluye que se violaron las reglas que la Suprema Corte impuso para validar un reconocimiento fotográfico después del caso Acteal. Para que un reconocimiento fotográfico sea validado por la justicia, el Ministerio Público debe presentar un carrusel de imágenes similares, para que la víctima o testigo señale, de forma libre y espontánea, a un presunto responsable.

No obstante, en el caso Vallarta-Cassez lo que ocurrió es que el Ministerio Público solo entregó a las víctimas fotos e imágenes del inculpado, es decir, de Israel Vallarta, por lo que las víctimas lo señalaron directamente a él y sin tener que reconocerlo frente a imágenes de otras personas. En consecuencia, la diligencia también fue invalidada y descartada como prueba para incriminar a Israel Vallarta.


En este marco, la sentencia destaca que todos los reconocimientos hechos en la Cámara de Gesell de Israel Vallarta por parte de las víctimas y testigos, se hicieron sin la presencia de su abogado defensor o persona de confianza, violando así el debido proceso y el derecho a una defensa adecuada de la persona inculpada.

Además, la resolución considera que las víctimas reconocieron a Vallarta cuando “ya había sido televisada su imagen a nivel nacional y se le había señalado ‘sin lugar a dudas’ como culpable de ilícitos”, lo que muestra la inducción y manipulación por parte del Ministerio Público Federal.

Es por eso que tras analizar 292 pruebas de distintos tipos en una sentencia de 423 páginas, la jueza de la causa decidió absolver a Israel Vallarta Cisneros, cancelar cualquier registro en el que se le señale como responsable de un delito y ordenar su inmediata libertad.

En la sentencia que todavía puede ser apelada por la FGR y las víctimas de plagio, no hay ninguna frase escrita por la jueza en la que se refiera a Vallarta como culpable del delito de secuestro, pese a que mucha gente se niega a reconocer que la absolución equivale a un reconocimiento de inocencia.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sheinbaum nombra a exgobernadora priista Claudia Pavlovich embajadora en Panamá

Claudia Pavlovich hizo su carrera política en el PRI, donde tuvo cargos desde 2004, como presidenta del comité directivo en Hermosillo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, decidió nombrar a Claudia Pavlovich como embajadora en Panamá.

El oficio fue enviado al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

El nombramiento debe ser avalado por la Cámara alta.

Claudia Pavlovich hizo su carrera política en el PRI, donde tuvo cargos desde 2004, como presidenta del comité directivo en Hermosillo.

Fue diputada local, regidora y senadora de la República, siempre bajo las siglas del partido tricolor.

De 2015 a 2021 fue gobernadora de Sonora, cargo que entregó al morenista Alfonso Durazo.

En enero de 2022, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador decidió nombrarla en el consulado de Barcelona.

La sonorense se unió a la lista de exgobernantes de oposición que fueron ‘premiados’ con puestos en el Servicio Exterior tras entregar sus gubernaturas a morenistas.

Tal es el caso de Omar Fayad, exgobernador de Hidalgo; Quirino Ordaz, de Sonora; Carlos Aysa, de Campeche; Carlos Joaquín González, Quintana Roo

Lilly Téllez, quien publicó el documento, criticó severamente el nombramiento:
La presidente Sheinbaum nombra a Claudia Pavlovich como embajadora en Panamá. Premia a quien defendió a Sandra Lucía Téllez y demás dueños de la guardería ABC. Hipócrita.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

CFE electrifica el Tren Maya en comunidades de la Península de Yucatán sin luz y sin indemnizar a ejidatarios afectados

La Comisión Federal de Electricidad instaló postes de luz en la ruta que va de la subestación de Polyuc a la estación del Tren Maya en Felipe Carrillo Puerto, sin consultar ni indemnizar a los ejidatarios afectados, y sin proveerles acceso al servicio eléctrico.

Hace días que Fray Colli Colli no tiene luz en su casa. El comisariado ejidal de X-Yatil, una comunidad del municipio de Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, conformada por viviendas de construcción tradicional maya, con techos de palma y paredes de bajareque, cuenta lo curioso que es vivir sin electricidad a pesar de estar cerca de unos postes de luz de alta tensión.

Estas torres han causado un conflicto entre el ejido de X-Yatil y las autoridades mexicanas, que llevaron a los pobladores a interponer dos demandas: una en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la Secretaría de Comunicación y Transporte (SCT), la otra en contra del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). 

Los ejidatarios acusan a las dependencias federales de haber ocupado ilegalmente su tierra para construir la línea eléctrica que va de la subestación de Polyuc a la estación del Tren Maya de Felipe Carrillo Puerto. La primera audiencia del juicio en contra de Fonatur se celebrará este 5 de agosto.

Electricidad para el Tren Maya

Los postes de esta línea eléctrica, con una altura aproximada al doble de los de baja tensión, no están destinados a atender los problemas de acceso al servicio eléctrico que enfrentan con frecuencia los habitantes de la península de Yucatán, sino para alimentar el Tren Maya.

De la ruta total, 690 kilómetros —el 44 %— operan con electricidad, mientras que el 56 % restante utiliza diésel. Para electrificar el Tren Maya se construyó una red que cruza 40 municipios del sureste mexicano, 43 subestaciones y 10 líneas de transmisión. 

“Este proyecto nos dio la oportunidad de construir subestaciones importantes que no solo van a beneficiar al Tren Maya y las zonas aledañas a su recorrido, sino que ya están mejorando la calidad del servicio eléctrico en una gran área tanto de Yucatán como de Quintana Roo”, afirmó Rafael Antonio Ramírez Ríos, coordinador de Proyectos de Transmisión y Transformación de la CFE.

Sin embargo, hasta ahora, el sistema eléctrico no ha logrado cubrir la demanda de toda la población. En la región, caracterizada por un crecimiento demográfico y turístico acelerado, los apagones son frecuentes. El 24 de marzo pasado, 1.3 millones de personas, alrededor de la tercera parte de los habitantes de la Península de Yucatán, fueron afectadas por un apagón.

CFE coloca postes sin pedir permiso a la asamblea ejidal

A mediados de octubre de 2023, los pobladores de X-Yatil se dieron cuenta de que la CFE estaba plantando unos postes gigantes en sus terrenos en la orilla de la carretera federal 184. La ley prevé que antes de construir una obra en tierras ejidales, la asamblea tiene que autorizar la ocupación previa, que es el trámite que da inicio al proceso de expropiación y al consiguiente pago de indemnización. Sin embargo, esto no ocurrió.

Al ver a los trabajadores de la CFE realizar las obras, el excomisariado ejidal acudió al sitio con algunos vecinos para detenerlas. “¿A ustedes quién les dio permiso para entrar acá? Nadie nos lo pidió”, dijo a los trabajadores. Ante ello, la comisión les aseguró que pronto se iba a reunir con la comunidad para aclarar la situación, pero la asamblea nunca se realizó y las obras siguieron. 

Los pobladores de X-Yatil tomaron entonces la decisión de cerrar la carretera. Se sumaron también los ejidatarios de las comunidades colindantes: Dzula, X-Pichil, Betania y Chunhuas, también afectadas por el tendido eléctrico que en este tramo corre por unos 53 kilómetros. 

“Es un despojo descarado”

Tras la movilización, los pobladores lograron realizar una asamblea con dependencias gubernamentales, donde se les advirtió que, de continuar con los bloqueos, podrían enfrentar consecuencias legales. Luego, la CFE demandó al excomisariado ejidal por haber impedido las obras y fueron enviados unos convoyes del Ejército a X-Yatil: entraron, dieron unas vueltas y se estacionaron en la esquina del parque central. 

“Fue un acoso, un acto intimidatorio”, dice Fray Colli Colli. “Es una falta de respeto que el gobierno entre como un bandido en nuestras tierras y agarre lo que quiere, como si fuera dueño de todo. Somos un ejido desde 1942, son nuestras tierras y las están invadiendo. Tenían que expropiar legalmente, no entrar así. Eso es un despojo descarado”. 

Sin embargo, en su libro “Vías de luz: historia de la electrificación del Tren Maya”, la CFE afirma tener un “respeto profundo” hacia la población maya local y presume su participación en una Ceremonia Primicia, para pedir a las deidades que cuidan los montes la protección y el permiso de adentrarse a su territorio y construir el proyecto. El ritual, conocido como Wahil Kóol o Hanli Kóol, se llevó a cabo el 14 de enero de 2023 cerca de la subestación eléctrica de Polyuc.

Una acción planeada para ahorrar tiempo

Durante la asamblea, las autoridades no entablaron una negociación con los ejidatarios, sino que resolvieron el asunto de otra forma. “Si no están de acuerdo con lo que estamos haciendo, demándenos”, dijeron a los pobladores. 

“El gobierno primero ocupó la tierra, taló, construyó y ya luego intenta resolver el tema de los pagos. Que yo sepa ocurrió lo mismo en por lo menos 12 ejidos de los municipios de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, puede haber más”, dice Flavio Ayuso, abogado del ejido X-Yatil. 

“La parte demandada podría contraargumentar y negar las acusaciones, pero no lo hizo y creemos que está aceptando que va a perder el juicio. Pareciera una acción planeada para ahorrar tiempo y adelantarse en las construcciones, en lugar de hacer el proceso de expropiación correspondiente”. 

Desgastar a las comunidades

Fray Colli Colli teme que se pueda suspender la audiencia de este 5 de agosto. “Ya se suspendió cinco veces. El Juzgado de Chetumal está lejos y para nosotros que somos gente de campo es mucha inversión”, dice el comisariado ejidal de X-Yatil.

De acuerdo con el abogado Flavio Ayuso, las comunidades en muchos casos no tienen presupuesto para pagar a un abogado particular y por ello deciden no demandar, perdiendo así el acceso a la indemnización que, según la ley, les corresponde.

“Algunos ejidos acaban buscando a la Procuraduría Agraria, que a veces ha perdido casos a todas luces ganables”, dice Pedro Ayuso.

“Además, el pago de la indemnización se hace tras el avalúo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), que en algunos casos establece precios que los beneficiarios no consideran justos y tienen que emprender otro proceso extralegal, que puede llevar hasta un par de años de negociación”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ORSETTA BELLANI.

“Se va a escuchar a todos, pero sobre todo al pueblo”, dice Sheinbaum sobre discusión para la reforma electoral

La mandataria dijo que en la discusión para la reforma electoral podrán participar integrantes de la oposición y hasta expresidentes del INE, sin embargo, se escuchará "al pueblo".

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se realizará una consulta amplia para la reforma electoral en la que “se va a escuchar al pueblo” y no solo a expertos. Además, de que podrán participar integrantes de la oposición y expresidentes del Instituto Nacional Electoral (INE).

Las declaraciones de Sheinbaum ocurren tras darse a conocer en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) a los integrantes de la Comisión para la Reforma Electoral, la cual será encabezada por Pablo Gómez, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y por otros funcionarios de su administración.

Asimismo, se presentan a tan solo un día de su anuncio para una realizar una encuesta ciudadana para conocer la opinión sobre la reforma electoral que se planteará al Congreso.

En conferencia matutina, la mandataria dijo que tiene que realizarse una serie de debates y habrá espacio para que todos opinen.

“Queremos una reforma electoral, primero que represente al pueblo y no es nada más bájale a los partidos a tanto, sino mucho más profunda, y para eso tiene que haber una serie de debates, y ahí va a haber el espacio”, sentenció.

En ese sentido, añadió, sin profundizar en detalles, que en la discusión podrán participar integrantes de los partidos de oposición, así como expresidentes del INE.

“Va a poder participar la oposición, expresidentes del INE… ya vamos a hablar mañana de la reforma electoral”, dijo.
Al ser cuestionada por el diseño de la comisión y el derecho a voz, pero no a voto, la mandataria refirió que hay presidentes del INE “que son grandes comentócratas” que fueron “artífices del fraude electoral de 2006”.

“Se abre el 8% y se reduce la diferencia entre Andrés Manuel López Obrador y Calderón y la gente pedía que se abran todas las casillas, que se cuenten de nuevo todos los votos. ¿Qué más democrático que eso? 2006. Se negaron. Ah, pero ahora son paladines de la democracia. Ellos definen, ellos dicen que somos autoritarios”, expresó.

En ese sentido, la mandataria reiteró que se tomará en cuenta a todos, no solo a los expertos, pero sobre todo “se va a escuchar al pueblo, a la gente”.

Formalizan comisión para la reforma electoral, ¿cuáles serán su labores?

Durante la tarde del lunes se dio a conocer que el coordinador general de política y gobierno de la presidencia, Arturo Zaldívar; el titular de la Agencia de Transformación Digital, José Peña Merino, y Jesús Ramírez, jefe de asesores de la presidenta, se integraron a la comisión para la reforma electoral de Sheinbaum que será encabezada por Pablo Gómez.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación; Ernestina Godoy, consejera jurídica del Gobierno de México, y Lázaro Cardeñas Batel, jefe de la oficina de la presidencia, son otros perfiles elegidos por la mandataria para conducir los trabajos de redacción de la reforma electoral del país, uno de los 100 compromisos hechos al inicio de su administración.

Entre los objetivos que tendrá la comisión se encuentra “convocar al pueblo a expresarse sobre la reforma electoral conveniente para México y realizar estudios sobre este mismo tema”.

Asimismo, deberá llevar a cabo los análisis necesarios y elaborar propuestas sobre la reforma electoral y constituir los grupos de trabajo que considere necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como elaborar y expedir su reglamento interno.

“Las personas titulares de las áreas del Poder Ejecutivo mencionadas podrán designar a una persona servidora pública como suplente permanente para cubrir sus ausencias, quien deberá tener nivel mínimo de director general u homólogo. La suplencia de la persona titular del Ejecutivo Federal recaerá en la Presidencia Ejecutiva de la Comisión”, se detalló en la publicación del DOF.

Para los trabajos para los cuales han sido convocados, la comisión podrá invitar a representantes de dependencias, entidades, instituciones públicas o privadas de los tres órdenes de gobierno, organismos autónomos, academia y sociedad civil quienes podrán participar con derecho a voz, pero sin voto.

A partir de este 5 de agosto —cuando entra en vigor el decreto— la comisión contará con 10 días hábiles para instalarse y se mantendrá vigente y activa hasta el 30 de septiembre del año 2030, o cuando la presidenta Sheinbaum determine su disolución.

Respecto a los gastos que la operación de esta comisión signifique, el documento aclara que se cubrirá con cargo al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal de que se trate y los subsecuentes de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que integran la comisión.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Asesinan a excolaborador de Sandra Cuevas y a dos hombres en la alcaldía Cuauhtémoc

Tres hombres, incluido Raúl García Mejía, de 42 años y excolaborador de Sandra Cuevas, murieron tras un ataque armado en la alcaldía Cuauhtémoc.

Raúl García Mejía, quien se desempeñó como coordinador territorial durante la administración de Sandra Cuevas en la alcaldía Cuauhtémoc, fue privado de la vida junto a otros dos hombres la noche del viernes 1 de agosto.  El suceso ocurrió durante un ataque con arma de fuego en las afueras de un establecimiento que operaba como punto de venta de bebidas alcohólicas en la colonia Maza.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tomó conocimiento de los hechos después de recibir un reporte de disparos en la calle Aluminio. Al llegar al lugar, los agentes encontraron los cuerpos de tres personas con heridas por proyectil de arma de fuego.

¿Qué sucedió en la calle Aluminio?

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 22:30 horas del 1 de agosto, cuando un grupo de cerca de 30 personas se encontraba reunido en la vía pública celebrando un cumpleaños. Según los primeros reportes, dos individuos a bordo de una motocicleta llegaron al lugar, ubicado en la calle Aluminio, casi esquina con San Andrés de la Sierra.

Uno de los sujetos descendió del vehículo y abrió fuego directamente contra los asistentes. En el sitio, peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) localizaron al menos 20 casquillos percutidos de un arma calibre 9 milímetros.

Paramédicos que acudieron a la emergencia confirmaron el deceso de los tres hombres en el lugar. Las otras dos víctimas fueron identificadas como Adrián H., de 19 años, y Rajid Alejandro E., de 40 años. Tras la agresión, los responsables huyeron del sitio.

¿Quién era Raúl García Mejía, el excolaborador de Sandra Cuevas?

Raúl García Mejía, de 42 años y conocido como "Oliver", fungió como Director General y coordinador territorial en la alcaldía Cuauhtémoc. Inició sus funciones en la demarcación en junio de 2022, durante la gestión de Sandra Cuevas.

Previo a su cargo en la alcaldía, García Mejía trabajó como auxiliar administrativo en la Policía Preventiva de la Ciudad de México, en la Procuraduría Social y en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. Dejó su puesto en la alcaldía Cuauhtémoc tras el fin de la administración de Cuevas.

El local operaba como 'chelería' clandestina

El lugar donde ocurrieron los hechos fue identificado como "De todo un poco pit". Dicho establecimiento funcionaba durante el día como un taller mecánico y por las noches como un punto de venta y consumo de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes, de acuerdo con los reportes.

Este tipo de establecimientos han sido objeto de diversos operativos por parte del Gobierno de la Ciudad de México en los meses recientes. La Secretaría de Gobierno ha informado sobre la suspensión de decenas de "chelerías" en la alcaldía Cuauhtémoc y otras demarcaciones, como parte de la estrategia “La Noche es de Todos”, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normatividad y la seguridad vecinal.

Avanza la investigación de la Fiscalía sin detenidos

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso. Hasta el momento, las autoridades no han reportado la detención de ninguna persona relacionada con el ataque.

Como parte de las indagatorias, la SSC se encuentra realizando el análisis de las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar a los probables responsables y determinar la ruta de escape que utilizaron.Una de las líneas de investigación apunta a un ataque directo en contra de las víctimas, aunque el móvil del crimen todavía no ha sido establecido formalmente por las autoridades.

Hasta la redacción de esta noticia, Sandra Cuevas, quien recientemente anunció su regreso a la actividad política, no ha emitido un pronunciamiento público sobre el homicidio de su excolaborador.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

CDMX organiza foro sobre arraigo local; ciudadanos denuncian que están siendo desplazados

Asistieron integrantes de la comunidad otomí que reside en la colonia Roma, así como integrantes de barrios y pueblos originarios de Iztacalco, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, quienes pidieron que se detenga el “crecimiento disfrazado de pobreza”.

En el primer "Foro Temático sobre Arraigo Local: Identidad, Memoria, Cultura y Vida Comunitaria", integrantes de pueblos y barrios originarios recordaron a las autoridades capitalinas que la gentrificación afecta más allá de las denominadas “zonas de tensión inmobiliaria”, entre las que se encuentran las colonias Condesa, Roma y Juárez, de la alcaldía Cuauhtémoc.  

El evento, celebrado en el Museo de la Ciudad de México, fue anunciado por la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (METROPOLIS) como parte del Bando Uno, presentado el pasado 16 de julio, por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Aunque estuvo organizado por la dependencia encabezada por Alejandro Encinas, el funcionario no se presentó y la mesa de diálogo fue presidida por la titular de la Secretaría de Cultura, Ana Francis López Bayghen, y la secretaria de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI) de la Ciudad de México, Nelly Antonia Juárez, quien tomó la palabra para recordar los 14 puntos del Bando Uno, entre ellas la regulación de las rentas en la ciudad.  

Entonces, tomaron la palabra los habitantes, que poco a poco comenzaron a levantar la mano. Hubo integrantes de la comunidad otomí que reside en la colonia Roma, así como integrantes de barrios y pueblos originarios de Iztacalco, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.  

Los inconformes utilizaron la plataforma para pedir al Gobierno de la Ciudad de México que se detenga el “crecimiento disfrazado de pobreza”, y que se tome en cuenta todo el territorio en la capital mexicana para desarrollar medidas que combatan el fenómeno de gentrificación, que se caracteriza por el aumento de las rentas y la especulación inmobiliaria.  

También preguntaron qué sucederá con las propiedades de los programas sociales para garantizar el acceso a la vivienda, entonces, defendieron su derecho a acceder a este tipo de apoyos 

Una representante de los pueblos originarios de Xochimilco, quien no reveló su identidad, compartió frente a todos que los canales de la alcaldía ya sufren gentrificación, además, dijo que las costumbres originarias están siendo desplazadas por extranjeros que promueven ceremonias con medicinas tradicionales que no son oriundas de la zona, como la Ayahuasca.  

Una representante de los pueblos originarios de Iztacalco, quien también conservó el anonimato, declaró: “Aquí hemos sido desplazados de nuestros propios pueblos, querían acabar con nuestro arraigo, con nuestra identidad, haciendo edificios y edificios. Todos los pueblos originarios de la ciudad de México tenemos un arraigo por nuestra tierra. Iztacalco lleva más de 700 años de resistencia”.  

Y agregó: “Nos han quitado la vivienda, nuestros padres tenían casas, desde mis tatarabuelos teníamos tierras, pero la necesidad obliga a vender”.  

Eusebia Moreno inició su participación presentándose en Náhuatl; ella cuestionó con firmeza a las autoridades sobre las acciones que el Gobierno capitalino tomará para garantizar el abasto de agua a todos los habitantes:  

“Sin agua de que sirve tener viviendas, en vez de quejarnos de que si ya invadieron, que llegaron extranjeros, somos miles y miles, no es que uno llegue a invadir a uno. Ya han dicho que no hay más tierra, preocupémonos por el agua, si no hay no vamos a poder hacer más viviendas”.  

En tanto, un guía turístico que promueve eventos en Iztapalapa intervino para hablar sobre la descentralización de la capital: “Todo el mundo habla de Roma, Condesa, Juárez, porque no nos damos cuenta de que el turismo genera derrama económica y lo sacamos de la Cuauhtémoc”.  

Habitantes otomíes del mercado de La Merced, en Venustiano Carranza, dijeron que está a punto de colapsar la zona: “Habemos un mundo de indígenas que nos abrazó el mercado cuando llegamos, porque con una caja de chicle que yo venda ya tuve para comer. Es muy noble ese barrio y nadie en el gobierno le pone atención”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: XIMENA AROCHI.

Plantas huachicoleras en Veracruz: el elefante se ocultaba a la vista de todos

Los recientes megadecomisos de hidrocarburos en dos miniplantas de Veracruz son el ejemplo perfecto de la connivencia de autoridades, empresas y pobladores que hacen posible el saqueo a Pemex. Proceso investigó quiénes están detrás de esas instalaciones en los poblados de Moloacán y Las Vigas.

Las dos plantas “clandestinas” en las que autoridades federales aseguraron más de un millón y medio de litros de hidrocarburos en el último mes, ubicadas en Moloacán, sur de Veracruz, y Las Vigas, a una hora de Xalapa, en realidad operaban desde hace años a la vista de todos. Acceder a ambas no tiene ninguna dificultad. 

Los sitios funcionaban bajo la fachada de ser centros de acopio y procesamiento de residuos peligrosos y contaban con permisos ambientales vigentes. Incluso presentaron Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) y habían sido inspeccionados por autoridades como la Procuraduría de Protección al Ambiente federal (Profepa), de Protección Civil y hasta por el Ejército, todo esto antes de ser asegurados por ser inmuebles utilizados para el tráfico de hidrocarburos.

Cuentan con instalaciones eléctricas, de agua y gas, plenamente operativas. Las empresas utilizadas como fachada para su operación, Petrosoluciones del Sureste y Energía Ecorenovable, están formalizadas legalmente en el Registro Público de Comercio, según corroboró Proceso. Sus socios tienen otras compañías del mismo giro que operan en entidades como Nuevo León, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. 

Es el caso de la planta asegurada por la Marina y la Guardia Nacional en Las Vigas, donde el 8 de julio último fueron decomisados 933 mil litros de hidrocarburo ilegal y 64 carrotanques. Su ubicación es estratégica: se encuentra a escasos metros de la carretera federal Veracruz–Puebla, a 50 metros de la vía del ferrocarril, a tan sólo 10 minutos del Palacio Municipal y a tres minutos de una gasolinera.

Pese a ello no hubo detenidos durante los aseguramientos. 

El robo de combustible en México no es obra de huachicoleros con cubetas, sino un sistema industrializado que opera durante años con complicidad institucional. Así lo sostiene el general...

Fragmento del reportaje publicado en la edición 0026 de la revista Proceso, correspondiente a agosto de 2025

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FLAVIA MORALES.

Supremo Tribunal de San Luis Potosí ‘se pinta de verde’: cuatro magistraturas son cercanas al gobernador Ricardo Gallardo

Funcionarios del gabinete del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, del PVEM, y la hermana de su secretario General de Gobierno llegarán al tribunal

Cuatro personas afines al gobernador de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona e integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ocuparán el  Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado. Se trata de funcionarios de su gabinete y la hermana de su secretario General de Gobierno.

Además, a pesar de que no cumplen con el requisito del promedio mínimo de 8, cinco candidaturas resultaron electas para ser magistradas o magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. De esos perfiles, tres forman parte directamente de su gobierno.

El Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí estará integrado por 15 magistradas y magistrados. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana asignó los cargos de magistraturas a ocho mujeres y siete hombres. 

Según el artículo 95 constitucional, que fue reformado en San Luis Potosí mediante la reforma judicial, la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia se renovará cada dos años, de forma rotatoria, dependiendo del número de votos. 

Así que con 191 mil 664 sufragios, le corresponde a Lourdes Anahí Zarazúa Martínez la presidencia. Su ficha en ¡Conóceles! refiere que es magistrada de circuito en el Poder Judicial de la Federación (PJF).


Del gobierno de Ricardo Gallardo al Supremo Tribunal de Justicia

Silvia Torres Sánchez será una de las ocho mujeres integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, tras los resultados de la elección judicial. Gracias al voto popular logró mantener su cargo como magistrada, pues actualmente preside la Tercera Sala de dicho tribunal. 

Sin embargo, su candidatura y ahora su nombramiento han sido criticados por ser hermana de Guadalupe Torres Sánchez, secretario General de Gobierno en el gabinete de Ricardo Gallardo Cardona. 

Ángel Gonzalo Santiago Hernández será uno de los siete hombres que integrarán el Supremo Tribunal de Justicia. Pasó de subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos, precisamente en la Secretaría General de Gobierno, a magistrado aunque desde 2002 ya había ocupado cargos como subsecretario, actuario, proyectista, secretario y juez en el Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. 

En septiembre de 2021, Guadalupe Torres Sánchez, secretario General de Gobierno, presentó a sus principales colaboradores. Entre ellos estaba el entonces juez con licencia Ángel Gonzalo Santiago Hernández, cuya misión de la dependencia a su cargo era vigilar la constitucionalidad y legalidad de los actos del gobierno de Gallardo Cardona.

Además, Ángel Gonzalo Santiago Hernández es uno de los magistrados electos señalados de no haber cumplido con el requisito de 8 de promedio general en su carrera de Derecho para poder acceder a su candidatura como magistrado. 

Otros ganadores señalados de no alcanzar el promedio

Como Ángel Gonzalo Santiago Hernández hay otras candidaturas señaladas de no alcanzar el promedio mínimo de 8 ligados al gobernador. Se trata de José Luis Ruiz Contreras, quien en mayo de 2024 asumió como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana dentro del gabinete del gobernador Ricardo Gallardo Cardona. 

Días antes de este nombramiento, José Luis Ruiz Contreras había renunciado a seis meses de concluir su cargo como fiscal general en el estado de San Luis Potosí desde diciembre de 2021. 

Otra de las candidaturas que no cumplen con el promedio de 8 es Mónica Kemp Zamudio, quien desde octubre de 2021 se desempeñó como coordinadora general del Centro de Justicia para las Mujeres que forma parte del Gobierno de San Luis Potosí. 

Otra candidatura que no cumple con el requisito de promedio para ser magistrado es Arturo Morales Silva, actual presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Desde el 6 de enero está en ese cargo y lo ejercerá hasta la fecha en que tomen protesta ante el Congreso del Estado las magistradas y los magistrados electos por voto popular.

Finalmente, Juan David Ramos Ruiz es magistrado de la Quinta Sala en el Poder Judicial de San Luis Potosí y también resultó electo para integrar el Tribunal Supremo de Justicia de la entidad. Fue propuesto por el Poder Judicial y también fue señalado de no contar con el requisito de obtención de promedio mínimo de 8. 

El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP) resolvió asignarles las magistraturas a pesar de las impugnaciones.

Exfuncionarios o del Poder Judicial, otras magistraturas del Tribunal

El Tribunal Supremo de Justicia también estará integrado por perfiles que formaron parte de otros gobiernos en San Luís Potosí, como es el caso de Armando Rafael Oviedo Abrego, quien se desempeñó como subsecretario jurídico en el gobierno priista de Fernando Toranzo Fernández y se mantendrá en el cargo de magistrado, ahora por voto popular. 

Jairo Hernández Garibay también será magistrado tras ocupar cargos como secretario proyectista y de acuerdos en el PJF, según ¡Conóceles! del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí. Asimismo, Rogelio Javier Salazar Zavala ha sido oficial judicial y administrativo y secretario en el PJF.

En el caso de las mujeres, Juana María Alfaro Reyna, quien actualmente se desempeña como secretaria de estudio y cuenta en un tribunal del Poder Judicial estatal, será una de las ocho magistradas. Igualmente la jueza de control en San Luis Potosí, María Sara de la Luz Bernal Ramírez; la consejera de la judicatura María del Rocío Hernández Cruz; la magistrada de la Segunda Sala en el Poder Judicial de San Luis Potosí, Liliana Elizabeth Aguilar Gómez; y la secretaria de juzgado Lizet Paola Morales Monter.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO (EL SABUESO)
AUTOR: LUZ RANGEL.

Sheinbaum dice que se hará justicia en el caso del delegado de la FGR asesinado en Tamaulipas

Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, delegado de la FGR en Tamaulipas, fue asesinado durante un ataque a disparos en el que supuestamente también fueron utilizadas granadas de fragmentación este 4 de agosto.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que habrá justicia en el caso de Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, quien fue asesinado este lunes durante un ataque armado en Reynosa.

“Desde el primer momento estuvieron en contacto, tanto con la fiscalía, como del Estado de Tamaulipas, como la Fiscalía General de la República y se está apoyando para poder hacer justicia“.

“Personalmente no, (he hablado con el gobernador) pero estuvo en contacto el secretario de Seguridad. El gabinete de seguridad lo va a informar”, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el ataque contra Vázquez Reyna, ocurrido sobre el bulevar Miguel Hidalgo, frente a la plaza Engrei, hubo disparos y habrían sido utilizadas granadas de fragmentación, según reportes de medios locales.

La propia Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas compartió un breve comunicado en el que reconoció la muerte de una persona, presumiblemente un servidor público de nivel federal.

“Se ha establecido coordinación con la Fiscalía General de la República para colaborar en las investigaciones en lo que se requiera”, informó la institución.

El gobernador Américo Villarreal condenó ayer en su cuenta de X el asesinato del delgado de la FGR y dijo que su administración está en “total disposición” para ayudar en las investigaciones.

“Desde el gobierno de Tamaulipas condenamos el crimen del delegado de la FGR en el estado. Nos solidarizamos con su familia y reiteramos nuestra total disposición para coadyuvar con la fiscalía y el gobierno de México en la búsqueda de justicia y la construcción de la paz”, escribió.

¿Qué se sabe del asesinato?

De acuerdo con los primeros reportes, supuestamente el vehículo en el que viajaba el delegado de la FGR explotó.

En tanto, elementos del Cuerpo de Bomberos municipal acudieron para sofocar las llamas, mientras la zona quedó acordonada en espera de la Policía Investigadora.

A través de redes sociales se compartieron videos que mostraban una camioneta incendiada de color negro, marca Cadillac, y un cadáver tirado sobre el pavimento, quien, según información preliminar, sería Vázquez Reyna.

Incluso, en uno de los videos se observa al funcionario federal descender del vehículo, pero falleció instantes después cuando sujetos bajaron de una camioneta color blanca y le dispararon, matándolo a quemarropa.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Diputado acusado de golpear a su esposa tendrá cargo en congreso de Baja California

En 2024, Fidel Mogollón Pérez fue acusado de presuntamente haber agredido a su esposa e incluso lanzarla de su vehículo Mercedes Benz.

El legislador Fidel Mogollón Pérez, acusado de golpear a su esposa y tirarla de un automóvil en octubre de 2024, fue nombrado por unanimidad como prosecretario de la nueva Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California.

Con un historial que incluye el haber sido expulsado de la bancada de Morena el año pasado por la misma situación, seis averiguaciones previas, y actualmente investigado por la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) por violencia familiar, apareció sonriente en el equipo donde también habrá tres mujeres.

“Me complace informar la conformación de la nueva Mesa Directiva que conducirá los trabajos del Primer Periodo Ordinario del Segundo Año de la XXV Legislatura y de la cual su servidor es parte”, expresó en un mensaje publicado en su cuenta oficial el pasado 31 de julio.

De acuerdo a la mesa, Mogollón Pérez estará hombro con hombro al lado de Jaime Cantón, presidente; María Teresa Méndez, vicepresidente; Michelle Tejeda, secretaría; y Teresa Ruiz, secretaria escrutadora; estarán del 1 de agosto al 30 de noviembre, según las fechas.

En este tenor, el diputado felicitó al nuevo presidente del Congreso, quien antes de ser legislador local era secretario particular de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
“Quiero felicitar a mi compañero y amigo, el diputado Jaime Cantón, por su reciente nombramiento como presidente del Congreso del Estado de Baja California. Confío plenamente en que, con su liderazgo, esta legislatura continuará trabajando con responsabilidad y compromiso por el bienestar de las y los bajacalifornianos. ¡Enhorabuena!”, según el texto.
De la acusación contra Fidel Mogollón, la fiscal general del Estado de Baja California (FGE), Ma. Elena Andrade Ramírez, declaró en su momento que la víctima no se había presentado a declarar o ratificar, pero que habían abierto una carpeta de investigación por el cargo de violencia familiar.

Este lunes se solicitó una actualización a la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), pero no hubo respuesta.

Otras polémicas incluyen el despido injustificado de una de sus trabajadoras en el Congreso, y asegurar que conoce a narcotraficantes e incluso tratantes de personas.
“¿Que le dan solo visa a las gentes honestas? ¡Por favor! Conozco gente de lo peor que tiene visa, que se dedica al narcotráfico, que se dedica a la trata y tienen visa. Y exhiben fotos en las redes sociales en Estados Unidos”, afirmó en su momento, en un intento por defender a Marina del Pilar, a quien el gobierno estadounidense se la retiró este año, según dio a conocer el 10 de mayo pasado.
A pesar del nombramiento, no hubo pronunciamientos públicos por parte de legisladoras, como ocurrió al expulsarlo de la bancada.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: BENJAMÍN PACHECO LÓPEZ.