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miércoles, junio 18, 2025

Lenia Batres impide a la Corte aprobar deducción de 4,442 mdp en impuestos a Movistar

La Ministra Lenia Batres rompió el quorum de la sesión de trabajo de la Segunda Sala de la SCJN para evitar una deducción de impuestos millonaria a Movistar.

La Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, dio a conocer este miércoles que mediante su ausencia en la Segunda sala del máximo Tribunal impidió que se resolviera un amparo a favor de Movistar para una deducción de impuestos equivalente a cuatro mil 442 millones de pesos.
"Tomé la decisión de no acudir ante la insistencia de votar asuntos fiscales de altísimo costo para la hacienda pública. Y, el próximo martes, en la sesión del pleno de la Corte, estaré proponiendo que todos los asuntos fiscales se voten en el Pleno mismo, de manera transparente ante la inminencia de la conclusión del cargo de los actuales ministros", explicó Batres Guadarrama en X.
Con dicha inasistencia, la Ministra rompió el quorum de la sesión de trabajo de la Segunda Sala, pues juzgadora explicó que se había listado para este miércoles 18 de junio la resolución de un asunto que, de aprobarse, significaría una pérdida de cuatro mil 442 millones 423 mil 090 pesos para el erario Federal.

Se trata del recurso de reclamación 158/2025 que el Ministro ponente, Javier Laynez Potisek, propuso para que se aprobara como fundado. Una decisión que llevaría a desechar el amparo en revisión 1172/2025 y permitir esta cuantiosa deducción a favor de la empresa Pegaso, PCS, S.A. de C.V., razón social de la marca Movistar, por concepto de amortización fiscal de gastos diferidos del ejercicio de 2014.
La Ministra expresó que las sesiones privadas de las salas de la Corte, las cuales desaparecen con la Reforma al Poder Judicial, son "obscuras e injustificadas" y advirtió que las causas que sostienen deducción, exención o devolución de impuestos han aumentado en las últimas sesiones.

Por dicho motivo, Guadarrama explicó que solicitó que todos los asuntos fiscales que aún quedan pendientes de resolver en salas de la SCJN se aborden en sesiones públicas del Pleno en vez de sesiones privadas, esto ante la inminente renovación de ministras y ministros producto de la elección judicial.

Respecto al asunto de Movistar, subrayó que la empresa argumenta que el pago de la multimillonaria cantidad se le debe deducir debido a que el impuesto sobre la renta que se le cobró fue generado por otra firma del mismo grupo, con la que se fusionó en ese ejercicio fiscal.


"Al realizar esa fusión, dejó de obtener ingresos provenientes del Contrato de Operación Delegada de Servicios de Telecomunicaciones de la empresa fusionada, por lo que —afirma Pegaso— se le debió deducir de la base gravable el monto señalado en el proyecto. Sin embargo, el grupo empresarial mantuvo la concesión de la que derivaba ese contrato, que le siguió generando ingresos", añadió.
Batres aclaró que el proyecto del Ministro Laynez propone no entrar al fondo del asunto, pues afirma que el caso no contiene ningún tema de constitucionalidad, por lo cual la SCJN debería desecharlo, ignorando que el Artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expresa claramente que es una obligación contribuir a la hacienda pública.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Fuerzas federales detienen a seis presuntos criminales tras operativo en Michoacán

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana destacó que "El 24" es líder de un grupo criminal con presencia en Paracho, Michoacán.

En el marco de la Estrategia de Antiextorsión que se implementó en Michoacán, las fuerzas federales detuvieron este miércoles a seis personas generadoras de violencia en diversos puntos de la entidad por delitos contra la salud, portación de armas, secuestro, extorsión y homicidio.

Por medio de un comunicado, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, destacó que entre los detenidos se encuentran Octavio "N", alias "El 24", líder de un grupo criminal con presencia en Paracho, así como Lenin Cristopher “N”, presunto criminal que opera en el estado.

Las aprehensiones de estos sujetos se llevaron a cabo de manera simultánea mediante un operativo conjunto en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional y la Guardia Civil de Michoacán, mediante unidades especializadas en antisecuestro y delitos de alto impacto.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, los seis criminales fueron localizados en cinco domicilios de la entidad, por lo que implementaron vigilancias fijas y móviles para recabar datos de prueba suficientes que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó la orden para intervenir en los inmuebles.
De este modo, se cumplimentaron las órdenes de cateo en los cinco puntos del estado, dos de los cuales fueron ubicados en las colonias Puerto de Buenavista y Pascual Ortíz de Ayala, en el municipio de Morelia. Allí fueron detenidos Octavio "N" y Lenin Christopher "N" en posesión de armas de fuego, drogas y una camioneta de reciente modelo.

La siguiente orden de cateo se registró en un inmueble ubicado en las inmediaciones de la localidad de Quinceo, en el municipio de Paracho, lugar en el que fue detenido Octavio “N”, a quien se le aseguraron dos armas largas, un arma corta y una granada de mano, dicho sujeto se desempeñaba como líder de una célula delictiva dedicada a extorsión y secuestro.

En Morelia, fue identificado otro inmueble en la colonia Obrera, donde se detuvo a un hombre y una mujer en posesión de cartuchos útiles y dispositivos móviles, ambos están relacionados con el trasiego de droga.

En tanto, en la colonia Triángulo Guacamayas, del municipio Lázaro Cárdenas, se cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de extorsión contra de Eduardo “N”.
Todas las intervenciones fueron realizadas en estricto apego a los derechos humanos, a los detenidos se les leyeron sus derechos constitucionales y junto con lo asegurado fueron presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal. En tanto los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial.

"Con estas acciones, la SSPC refrenda su compromiso para restablecer la seguridad con la detención de generadores de violencia que laceran a la sociedad", aseguraron las fuerzas federales.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Avanza la nueva reforma a la Guardia Nacional enviada por Sheinbaum

La iniciativa da atribuciones a la Guardia Nacional para realizar tareas de investigación e inteligencia y llevar a cabo operaciones encubiertas e intervenir comunicaciones privadas.

En la Comisión de Justicia, los diputados oficialistas aprobaron el dictamen de la nueva Ley de la Guardia Nacional (GN) que envió la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados. 

El dictamen fue aprobado por 22 votos a favor y siete en contra.  

La reforma busca armonizar el marco jurídico secundario con la reforma constitucional del 30 de septiembre de 2024, en la que se reconoce a la Guardia Nacional como una Fuerza de Seguridad Pública Profesional de carácter permanente e integrada con personal militar, con formación policial dependiente de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública elaborada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).  

El dictamen también fija que la GN participará con las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas o de los municipios en operaciones coordinadas para preservar la paz social y la seguridad de la población y, por conducto del secretario de la Defensa, podrá celebrar convenios de colaboración con las autoridades locales para la realización de acciones continuas en materia de seguridad pública por un tiempo determinado. 

Además, la iniciativa propone la expedición de una nueva Ley de la Guardia Nacional y la modificación de seis leyes y dos códigos vigentes, con el fin de lograr su consolidación transexenal.  

Por otro lado, establece que la investigación de los delitos a cargo de la Guardia Nacional se lleve a cabo bajo el mando y conducción del Ministerio Público Federal, observando en todo momento el debido proceso previsto como una garantía en la Constitución. 

También establece que la Guardia Nacional tendrá atribuciones, previa autorización judicial, de realizar tareas de investigación e inteligencia y llevar a cabo operaciones encubiertas e intervenir comunicaciones privadas. 

"La Guardia Nacional podrá solicitar ante la autoridad jurisdiccional la intervención de comunicaciones. La autorización judicial correspondiente podrá otorgarse a solicitud de la persona titular de la comandancia o de la jefatura general de coordinación policial, cuando se constatare la existencia de indicios suficientes que acrediten que se está organizando la comisión de los delitos”, establece el documento.  

Asimismo, el dictamen también modifica la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, el Código de Justicia Militar y el Código Militar de Procedimientos Penales. 

El dictamen se prevé se discuta durante el periodo extraordinario que se celebrará del 23 de junio al 30 de junio en donde se busca aprobar al menos 23 reformas en la Cámara de Diputados y el Senado.  

Oposición denuncia la militarización del país y las fuerzas policiales

Durante el debate, los diputados opositores acusaron que la reforma militariza las fuerzas policiales, además afirmaron que con esta iniciativa se militarizaría al país.  

La diputada del PAN, Paulina Rubio Fernández, afirmó que aprobar el dictamen avalaría militarizar la seguridad pública.  

“Yo creo que no han leído cuál es la descripción de la Guardia Nacional, porque no me explico de qué otra manera no podían entender que habla que la Guardia Nacional está integrada por personal militar. ¿Qué parte de esa frase no entienden que eso es militarización? Que se está militarizando la seguridad pública”, detalló.  

Por su parte, el diputado del PRI, Arturo Yáñez, afirmó que con el pase de la Guardia Nacional a la Sedena se está militarizando al país.  

“Volverles a decir a los ciudadanos, y que aunque ustedes quieran omitir o quieran disfrazar el que no van a militarizar al país, pues lo van a militarizar, por supuesto que sí. Vamos a ver en las calles las patrullas de la Guardia Nacional y estaremos con una situación de represión”, enfatizó.  

Por otro lado, el diputado morenista Leonel Godoy, rechazó la militarización del país, ya que, afirmó, la seguridad no sólo depende de una sola institución.  

“Si hay un gravísimo error conceptual, decir que se va a militarizar al país porque sólo se le va a dar formación, se le va a dar, va a haber personal militar con formación policial, me parece que es un gravísimo error y es un dislate que debería de corregir la oposición.  

“No se va a militarizar al país, lo que se va a hacer es que va a haber personal militar que va a tener una formación policial para cumplir sólo la función de prevención, ellos solos y en las demás actuaciones, en la investigación que previene el artículo 21, o en otras atribuciones requieren acompañar o ser parte del mando del Ministerio Público, o si quieren una orden para intervenir un teléfono o ir a alguna casa, tienen que tener una orden judicial. Sólo en la prevención actúa sola la Guardia Nacional”, explicó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.

Desarticulan en Morelos laboratorio de metanfetamina con producción millonaria

Además, las autoridades detuvieron a cinco personas ligadas a “Los Maya y/o Los de Siempre” y aseguraron maquinaria e insumos para producir droga.

Autoridades estatales y federales desmantelaron un megalaboratorio clandestino en el municipio Huitzilac, Morelos, con capacidad para producir hasta una tonelada de metanfetamina al mes, cuyo valor en el mercado negro se estima en aproximadamente 300 millones de pesos mensuales, informó Miguel Ángel Urrutia Lozano, secretario de seguridad pública y protección ciudadana de la entidad.

Este es el segundo narcolaboratorio detectado en Morelos de lo que va del año. El primero fue ubicado en febrero, en el municipio Yautepec, donde se decomisaron sustancias químicas, maquinaria industrial y otros objetos utilizados para la fabricación de drogas sintéticas.

La instalación de Huitzilac fue localizada en una zona agreste próxima al volcán Los Cardos y a la comunidad conocida como “La Comadreja”.

El operativo fue ejecutado en conjunto por la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz y Seguridad, integrando fuerzas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos, Secretaría de Marina, Ejército Mexicano y Guardia Nacional.

Durante la intervención fueron arrestados tres hombres: José Adán “N”, de 18 años, originario de Pinotepa Nacional, Oaxaca; Damián “N”, de 22 años, de Santiago Tuxtepec, Oaxaca; y Norberto “N”, de 34 años, residente en Huitzilac. En el sitio aseguraron una amplia variedad de insumos y maquinaria: cinco reactores químicos industriales, veinte costales con sosa cáustica, bidones con químicos líquidos como ácido tartárico, acetona y glicerina, recipientes con metanfetamina en proceso, además de tanques de gas y depósitos de agua de gran capacidad.

El titular de la SSPC Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, subrayó la relevancia del hallazgo al declarar: “Yo puedo asegurar que tenían una protección institucional de alguno de los tres niveles de gobierno, cosa que no ocurrirá en este sexenio”. Además, destacó que el laboratorio comparte características con otros detectados en Sinaloa y que la célula delictiva “Los Maya y/o Los de Siempre” opera en la región.

La Fiscalía General de la República (FGR) asumió la investigación, dado que se trata de delitos federales.

Detenciones vinculadas en Tres Marías y Cuernavaca

Previo a este operativo, la Guardia Nacional interceptó una camioneta en la comunidad Tres Marías, también en Huitzilac, en la que viajaban Celestino “N”, de 43 años, y Roger Alejandro “N”, de 34, ambos originarios de Tlacotepec, Guerrero. Según Urrutia Lozano, transportaban cuatro tambos industriales con 200 litros cada uno de precursores químicos, así como bolsas y bidones con sustancias químicas.

En Cuernavaca, luego de un reporte por disparos en la colonia Delicias, fuerzas estatales y federales capturaron a dos presuntos integrantes de “Los Maya y/o Los de Siempre”: Daniel “N”, alias El Sinaloa, de 23 años, con antecedentes en Guasave, Sinaloa, y Juan “N”, alias El Chupón, de 18 años. Ambos fueron detenidos en un domicilio ubicado entre las calles Cibeles y Apolo, donde se aseguraron armas de fuego y sustancias ilegales.

El secretario Urrutia añadió que “en otras administraciones no se habían realizado acciones relevantes; el compromiso de la Mesa de Paz y Seguridad es hacer que Huitzilac sea seguro, además de ser uno de los compromisos del estado con la Federación”.

Las autoridades indicaron que los detenidos están probablemente relacionados con el ataque ocurrido el 2 de junio en el fraccionamiento Burgos, Temixco, contra Luis “N” alias El Wicho y Javier “N” alias Pelón lic, así como con otro incidente en marzo sobre la avenida Poder Legislativo de Cuernavaca, donde fallecieron Aliven “N” y otro hombre, presuntamente vinculados a La Familia Michoacana.

“Los detenidos estarían relacionados con el ataque del 2 de junio en el fraccionamiento Burgos, en Temixco, contra Luis ‘N’ alias El Wicho y Javier ‘N’ alias Pelón lic, así como con otro ataque en marzo sobre la avenida Poder Legislativo de Cuernavaca, donde fallecieron Aliven ‘N’ y otro hombre, presuntamente vinculados al grupo criminal La Familia Michoacana”, detalló Urrutia Lozano.

De acuerdo con las investigaciones, las víctimas se habrían reunido para pactar la compraventa de vehículos.

En un operativo adicional, fue asegurado Daniel “N”, alias El Chimuelo, implicado en robo violento de vehículos y su traslado a Guerrero. Su testimonio permitió la detención de Miguel Ángel “N”, exagente ministerial de Guerrero, quien portaba droga cristal y documentación falsa.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.

Aseguran en Veracruz refinería 'pirata' para procesar huachicol y obtener diésel

El complejo industrial que era utilizado como una refinería a pequeña escala, la cual operaba sin permisos ni protocolos de seguridad, se localizó en el municipio de Coatzacoalcos

Una refinería pirata para la producción de diésel “artesanal”, nafta ligera y combustóleo a partir de crudo robado o huachicol, fue asegurada en Coatzacoalcos, Veracruz, tras una orden de cateo otorgada por un juez federal, informó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

El operativo realizado por la Fiscalía General de la República (FGR), personal de Pemex y de la Secretaría de Energía (Sener) con apoyo de fuerzas federales localizó un complejo que era utilizado como una refinería a pequeña escala, misma que operaba sin permisos de ningún tipo ni protocolos de seguridad.

Tras una inspección del lugar, los expertos de Pemex y la Sener señalaron que la refinería ‘pirata’ contaba con equipo para separar combustibles, tuberías para su traslado y tanques de almacenamiento, todo ello sin cumplir con las normas de seguridad vigentes para el manejo de estas sustancias inflamables y altamente contaminantes.

Del huachicol a la refinería ‘pirata’

Las primeras investigaciones indican que la planta originalmente se dedicaba al tratamiento de residuos industriales, pero que fue modificada para el procesamiento ilegal de crudo huachicoleado y otros hidrocarburos, con el fin de producir diésel artesanal o alternativo, nafta ligera, solventes, aceites tratados y combustóleo ligero.

La investigación de este caso se inició tras un decomiso de presunto huachicol, por lo que mediante labores de inteligencia y de vigilancia, se pudo presumir que el fin de la actividad criminal era la producción “pirata” de un diésel “artesanal”.

Con el uso de drones, elementos de las Secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y de Marina (Semar) lograron conocer la ubicación exacta de la refinería “pirata” en el puerto de Coatzacoalcos, por lo que se pidió a una orden de cateo con las pruebas existentes a un juez federal de control.

El juzgador resolvió que los datos presentados eran suficientes para otorgar la orden de cateo, por lo que se intervino en el inmueble hallando 500 mil litros de crudo, siete tanques móviles de gran capacidad, cuatro tanques verticales, así como toda la infraestructura destinada a la producción ilegal de combustibles “alternativos”.

Ante la confirmación del hallazgo, el Ministerio Público de la FGR inició la carpeta de investigación correspondiente y el lugar fue asegurado, por lo que se mantendrá sellado y bajo resguardo de las fuerzas federales. Sin embargo, en la acción no hubo personas detenidas.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Jueza exonera a exfuncionaria señalada de comprar el software espía Pegasus; FGR investigará a juzgadora

Judith Aracely Gómez Molano, exoficial mayor de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), es señalada por la adquisición ilegal de equipos de espionaje conocida como Pegasus.

La jueza federal Alejandra Domínguez Santos rechazó vincular a proceso a Judith Aracely Gómez Molano, exoficial mayor de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), señalada por la adquisición ilegal de equipos de espionaje conocida como Pegasus.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la no vinculación a proceso se dio después de “dos años y medio de retraso ilegal”, razón por la cual informó que investigará a la juzgadora, por los delitos en contra de la administración de la justicia.

Animal Político buscó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano encargado de supervisar el actuar de jueces y magistrados, para conocer los motivos por los cuales la juzgadora rechazó vincular a proceso a la exfuncionaria, pero no se recibió respuesta.

Le imputan a Gómez Molano cuatro delitos

Durante la audiencia, la FGR imputó a Gómez Molano cuatro delitos relacionados con la compra ilegal del sofware espía Pegasus, realizada por la entonces PGR en el año de 2014.

El delito de uso indebido de atribuciones y facultades le fue imputado a Gómez Molano al presuntamente incumplir con la obligación de supervisar dicha contratación ilegal, mientras que el de peculado fue por supuestamente participar en el desvío ilegal de recursos, sin que existiera el riesgo, la urgencia o la confidencialidad necesarios para estas compras.

También presentó pruebas para comprobar el delito de fraude equiparado, al incumplir sus obligaciones y participar en una operación que dañó gravemente el patrimonio de la Institución, en beneficio del proveedor.

Mientras que el delito de asociación delictuosa fue por presuntamente participar en los delitos anteriormente señalados, en conjunto con otros servidores públicos de la Institución.

“En resumen, haber permitido la adquisición ilegal de esos equipos de espionaje, sin que se demostrara que había necesidad de ello, pagando 460 millones 196 mil 383.64 pesos, que le significaron un grave daño irreparable al patrimonio público”, señaló la FGR mediante un comunicado.

Sin embargo, según la Fiscalía, a pesar de todas esas pruebas ofrecidas la jueza de control decidió no vincularla. 

“En razón de lo anterior, la Fiscalía ya inició el recurso de apelación correspondiente; y también iniciará de inmediato, a la Jueza de Control Alejandra Domínguez Santos, una carpeta de investigación por delitos en contra de la administración de justicia”, señaló.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.

Congreso de Tamaulipas tipifica como delito las “terapias de conversión”; impone penas de 2 a 6 años de prisión

De esta manera Tamaulipas se convierte en la entidad número 21 en prohibir las llamadas terapias de conversión. Las personas que promuevan o realicen estas prácticas serán sancionadas con prisión y multas.

El Congreso de Tamaulipas aprobó reformas que tipifican como delito las llamadas “terapias de conversión“e impuso penas de dos a seis años de prisión contra las personas que las promuevan o apliquen. 

Las reformas fueron aprobadas por unanimidad en la sesión ordinaria del martes y consisten en la adhesión del Capítulo IV al Título Duodécimo del Código Penal de Tamaulipas en el que se tipifica como delito cualquier práctica que atente contra la orientación sexual, identidad o expresión de género de las personas. 

A esto se agregó el artículo 276 Octies, que impone penas de dos a seis años de prisión y multas de hasta 2 mil UMAs (el equivalente a 226 mil 280 pesos) a quien imparta, obligue, financie o aplique terapias de conversión. 

La sanción aumentará hasta una mitad del mínimo o máximo impuesto cuando estas prácticas se realicen contra personas menores de edad, con discapacidad, adultos mayores o en contextos de poder o subordinación, como el ámbito familiar, médico o laboral.

La acción legislativa fue impulsada por la diputada morenista, Guillermina Magaly Deandar Robinson, quien aseguró que se llevaron a cabo consultas públicas con colectivos LGBT+, personas con discapacidad y profesionales en psicología para elaborar el dictamen.

De esta manera Tamaulipas se convierte en la entidad número 21 en prohibir las “terapias de conversión”. Hasta ahora los estados que han legislado para prohibir y sancionar este tipo de tortura son:
  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Chiapas
  • Colima
  • Ciudad de México
  • Guerrero
  • Hidalgo
  • Jalisco
  • México
  • Morelos
  • Nuevo León
  • Oaxaca
  • Puebla
  • Querétaro
  • Quintana Roo
  • Sinaloa
  • Sonora
  • Tamaulipas 
  • Tlaxcala
  • Yucatán
  • Zacatecas
Mientras que en los 11 estados restantes ya se han presentado iniciativas en los congresos locales sobre el tema. 

Además, esta práctica se encuentra prohibida a nivel nacional. A partir del 7 de junio de 2024 entraron en vigor las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud para prohibir las “terapias de conversión” y sancionar con dos a seis años de prisión a quienes las realicen, obliguen o financien.

La sanción aumentará al doble cuando dichas prácticas se realicen en contra de personas menores de 18 años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad. Lo mismo pasará cuando la persona autora guarde una relación laboral con la afectada y cuando haga uso de violencia física o de la función pública para cometer el delito.

¿Qué son las “terapias de conversión”?

Las “terapias de conversión” son intervenciones que se realizan con el objetivo de cambiar a las personas gays, lesbianas o bisexuales a heterosexuales y de transgénero o género diverso a cisgénero.

El término “terapia” proviene del griego y se refiere a “curación”. No obstante, las llamadas “terapias de conversión” son todo lo contrario, pues sin sustento científico parten de que la orientación sexual y la identidad de género son enfermedades.

Por eso es preferible llamarles Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG), porque al usar la palabra “terapia” se les valida como tal cuando no lo son. Además, el término es inexacto, ya que estas prácticas no pertenecen a la medicina o la psicología, es decir, no son terapéuticas, según la guía Nada que curar.

Se trata sólo de “esfuerzos” que intentan modificar algo que la ciencia ha demostrado que no se puede cambiar mediante supuestos enfoques psicológicos, médicos y religiosos.

De acuerdo con la ONU, estas prácticas son “inherentemente discriminatorias, crueles, inhumanas y degradantes y que, según el grado de dolor físico o mental infligido a la víctima, pueden equivaler a formas de tortura”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Impugnan a exfiscal de justicia del Edomex, hoy magistrado electo, por casos Tlatlaya y Atenco

Desde su designación como procurador general de Justicia del Edomex se incrementaron actos de tortura, desapariciones forzadas, se fabricaron carpetas de investigación y ejecuciones extrajudiciales de personas, incluida la de una menor de 14 años.

Las asociaciones civiles Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) y Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna (FMDVD) impugnaron, ante el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), la entrega de la constancia de mayoría a Alejandro Gómez Sánchez, exfiscal de Justicia del Estado de México, como magistrado electo del Tribunal de Disciplina Judicial de la entidad (TDJEM), al considerar que incumplió con los requisitos constitucionales de buena fama pública, honestidad y honorabilidad.  

José Humbertus Pérez Espinoza, fundador de ambas organizaciones, plasmó en el juicio de inconformidad que el incumplimiento de estos requerimientos se sustenta en conductas como el ocultamiento y la manipulación de la ejecución extrajudicial de Tlatlaya, la falta de investigación y sanción a los mandos superiores que ordenaron la represión en Atenco, y la inaplicación del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP) en la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA).

Desde su designación como procurador general de Justicia del Estado de México, el 26 de mayo de 2014, señala el documento, se incrementaron actos de tortura, desapariciones forzadas, y ejecuciones extrajudiciales de personas, incluida la de una menor de 14 años.  

Además, acusa, se fabricaron carpetas de investigación a miles de jóvenes, y personas que nunca cometieron delito fueron llevados a prisión y sentenciados siendo inocentes.  

En el recurso también detalló su propia detención y permanencia en la cárcel con cuatro carpetas de investigación que le fueron fabricadas y en las que nunca se comprobó su culpabilidad, de manera que fue considerado prisionero de conciencia y resultó liberado como preso político en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.  

La demanda expone que, a 16 días de su nombramiento como procurador, Gómez Sánchez participó en el ocultamiento y manipulación de la ejecución extrajudicial de Tlatlaya, en la que murieron 22 civiles.   

Clara Gómez González, sobreviviente y madre de una adolescente de 14 años que fue ejecutada, había ido a buscar a su hija el 30 de junio de 2014, a la bodega de San Pedro Limón, donde ocurrieron los hechos, afirmó que los militares dispararon mientras los civiles dormían, y dijo que todavía vio a su hija con vida, herida, desarmada y pecho tierra para protegerse.  

Después fue retenida e incomunicada por varios días en las oficinas centrales de la ahora FGJEM en Toluca, donde sufrió maltrato, tortura y amenazas para firmar declaraciones que acreditaban la versión de los militares en el sentido de que fueron atacados por los civiles y sólo se defendieron.  

Un mes después, el hijo de Clara Gómez le mostro´ las fotos del cuerpo de su hija fallecida, con un arma en la mano izquierda (era diestra) y tirada boca arriba en una posición en la que jamás la vio.   

El documento indica que el entonces presidente Enrique Peña pretendió dar impunidad a Gómez Sánchez por estos hechos y lo propuso en la terna para ocupar las vacantes de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero en su comparecencia ante el Senado, el 25 de noviembre de 2015, fue cuestionado sobre el tema y vetado para ser nominado como ministro.  

La denuncia también plantea que el 21 de noviembre de 2017, Alejandro Gómez quiso justificar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) graves violaciones a los derechos humanos en contra de las mujeres de Atenco ocurridas en 2006, aseguró que 18 elementos policiacos fueron sujetos a proceso penal por el delito de tortura.  

Mientras, en la misma fecha, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó “que a 11 años de los sucesos existe una impunidad total, pues las autoridades revictimizan a las personas agredidas y se niegan a investigar si hay responsabilidades en el nivel federal”.  

Ambas instancias internacionales cuestionaron por qué no sé investigó a los responsables superiores: Vicente Fox, Eduardo Medina Mora, Genaro García Luna, Enrique Peña Nieto, Humberto Benítez Treviño y Wilfrido Robledo, con lo que se advierte que Gómez Sánchez ocultó “actos delictivos”.  

De igual manera, plantea un supuesto desvío de recursos públicos, pues el también exfiscal avaló y operó miles de millones de pesos del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP), destinados a la implementación, instalación y consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), sin que los recursos se hayan utilizado para ese fin, como se desprende de diversas documentales públicas obtenidas a través de solicitudes de transparencia que presenta como pruebas.  

Lo anterior, se tradujo en la ausencia del servicio civil de carrera ministerial, policial y pericial, falta de certificación de los operadores de justicia, ausencia de protocolos y del sistema policial homologado, dando como resultado “que miles de personas privadas de la libertad son procesadas y sentenciadas siendo inocentes, por delitos que no cometieron, principalmente los de alto impacto”.  

En su caso particular, recordó que fue detenido el 4 de noviembre de 2015 con falsas imputaciones de robo a casa-habitación en tres carpetas distintas y una por extorsión, hechos que jamás se acreditaron y por los que resultó absuelto. 

El exfiscal, prosigue el juicio, facilitó la invasión de miles de viviendas de conjuntos habitacionales de Tecámac en 2014, y protegió a líderes de esta actividad, como Noé Centeno Ruíz, Delia Hernández, Israel y Ricardo Enríquez Dávila y Norma Leonar Olguín, quienes aparecían como víctimas en las carpetas de investigación que le fueron fabricadas.  

En la demanda se asegura que el 18 de mayo de 2025, como parte de su campaña, Gómez Sánchez se reunió con líderes de invasores de viviendas de Tecámac, Ecatepec y Cuautitlán Izcalli como Israel Enrique Dávila y Eloy Peralta Mora, exfiscal regional de Tecámac.  

Todos estos antecedentes, refirió, no fueron debidamente valorados por los Comités de Evaluación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, que postularon al hoy magistrado electo, ni por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), quien finalmente le entregó constancia de mayoría.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.

Sólo se detectaron irregularidades en 0.89% de casillas de la elección judicial, insiste Taddei

“Ni avalamos irregularidades, ni dejamos de decir que existen”, aseguró la presidenta del INE, dejando de lado los señalamientos de los cinco consejeros disidentes sobre la incidencia de los “acordeones” en los resultados.

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, aseveró que la elección judicial del pasado 1º de junio “va a ser recordada como una donde el Consejo General actuó en consecuencia de las diferentes irregularidades o indicios de irregularidades que se cometieron en el proceso”.

Dejando de lado los señalamientos de los cinco consejeros disidentes del INE sobre la incidencia de los “acordeones” en los resultados, Taddei insistió en que se detectaron irregularidades en apenas el 0.89% de las casillas, en referencia a las 818 casillas que fueron anuladas por reportar irregularidades flagrantes, como tasas de participación superiores al 100%.

Durante una conferencia de prensa, la presidente del INE aseveró que los seis consejeros electorales que votaron a favor de la validez de la de la elección “estamos convencidos que el resto es totalmente limpio”, es decir, que los resultados de las casillas no anuladas son válidos.

Pero Taddei no se refirió al “elefante en la sala” –como lo calificó el consejero Arturo Castillo– para el INE: los “acordeones” atribuidos a Morena que fueron distribuidos antes de las elecciones para indicar a las personas para qué candidatos votar, los cuales coincidieron con los resultados de la elección.

Según los consejeros disidentes, pero también la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) estas coincidencias arrojan dudas sobre la legitimidad de los resultados; por ello, los consejeros trataron de aprobar una resolución para que el INE no validara los resultados de la elección hasta la conclusión de las investigaciones sobre los “acordeones”.

Guadalupe Taddei y su grupo de consejeros afines –con el voto a favor de Carla Humphrey Jordan, que le dio la mayoría—desecharon esta propuesta, bajo el argumento de que solo se probaron las irregularidades en las 818 casillas. “Ni avalamos irregularidades, ni dejamos de decir que existen, y por eso es que se conocen en este momento”, insistió hoy la funcionaria.

En línea con este punto, el consejero Uuc-kib Espadas aseveró hoy que “las casillas en donde hubo adulteración de la voluntad popular no son contabilizadas”, y resaltó que, con base en las 818 casillas anuladas, “no estamos ni de muy lejos acercándonos al 20% de casillas que podrían llevar a que el tribunal anulara”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

Delegado de Bienestar del Gobierno Federal: Viajero frecuente en aviones privados

Entre el 31 de enero y el 25 de marzo de 2025, el delegado en Coahuila utilizó, al menos, en 25 ocasiones el avión privado. De acuerdo con registros de vuelo, en promedio abordó la aeronave una vez cada dos días durante ese periodo.

Entre el 31 de enero y el 25 de marzo de 2025, el delegado de Bienestar del gobierno federal en Coahuila, Américo Villarreal Santiago, utilizó al menos en 25 ocasiones el avión privado. De acuerdo con registros de vuelo, en promedio abordó la aeronave una vez cada dos días durante ese periodo.

El uso frecuente de la aeronave privada contrasta con las declaraciones recientes de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, quien afirmó el pasado 4 de mayo: “El uso de aviones o helicópteros privados no es parte de nuestro movimiento”.

También el 15 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció sobre el uso de helicópteros y aviones privados:
“Yo siempre he pensado que nosotros debemos ser un ejemplo para la sociedad y que no debe haber gobierno rico con pueblo pobre. Esa es la manera en que nos comportamos y creo que todos debemos dar un ejemplo.”
Más de un millón de pesos en vuelos de avión gasta el delegado del Bienestar en Coahuila

Rentar por hora un avión con las características del que utilizó Américo Villarreal Santiago —un Cessna 340A— tiene un costo promedio que oscila entre mil 300 y mil 800 dólares.

Durante el periodo del 31 de enero al 25 de marzo de 2025, el delegado de Bienestar en Coahuila abordó la aeronave privada en al menos 25 ocasiones, acumulando un total de 31 horas con 57 minutos de vuelo. Con base en estas cifras, el gasto mínimo estimado asciende a por lo menos 797 mil 16.22 pesos.


Información oficial de la Secretaría de Bienestar federal revela que Américo Villarreal Santiago ocupa el cargo de delegado de programas para el desarrollo en Coahuila, con una remuneración mensual neta de 108 mil 133 pesos.

De acuerdo con estos datos, el delegado habría destinado el equivalente a más de siete meses de sueldo para cubrir el costo mínimo de utilizar el avión privado en al menos 25 ocasiones durante poco menos de dos meses.

En su última declaración patrimonial, Américo Villarreal Santiago informó que no posee inversiones, cuentas bancarias, ni otro tipo de activos; los únicos ingresos que recibe provienen de su remuneración como funcionario del gobierno federal.

No solo aviones privados, también camionetas de lujo y guardaespaldas

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde comentó: “No es de nuestro movimiento tener como anhelo portar ropa de marca, tratar mal a las personas o andar con guardaespaldas y un séquito de camionetas para ir de un lado a otro.”

Américo Villarreal Santiago no solo utiliza con frecuencia aviones privados, sino que también se desplaza en vehículos de alta gama, acompañado de guardaespaldas y choferes.

En diversas ocasiones, después de aterrizar, el avión privado que traslada al delegado se dirige hacia un hangar, donde lo espera una camioneta de lujo de modelo reciente. El funcionario desciende del avión y aborda la camioneta dentro del mismo hangar. La camioneta que lo traslada es escoltada por otra camioneta blanca, en la que viajan tres guardaespaldas.


El avión privado es utilizado frecuentemente por Américo Villarreal Santiago y personas cercanas a él. Esta información se corrobora tanto con fotografías y videos como con la comparación entre las bitácoras de vuelo del avión y las publicaciones en las plataformas sociales del funcionario.

20 de marzo de 2025

Las bitácoras registran que el avión con matrícula XB-BBK recorre la ruta Saltillo–Ciudad Victoria. En este vuelo, se trasladaron Américo Villarreal Santiago y la senadora Cecilia Guadiana. Un día después, ambos asistieron en Tamaulipas al segundo informe de María de Villarreal, madre del delegado federal en Coahuila. Ella encabeza el DIF en Tamaulipas y es esposa del gobernador de ese estado.


8 de marzo

El delegado del Gobierno Federal utilizó el avión privado para trasladarse de Ciudad Victoria a Toluca, con el fin de participar, al día siguiente, en la asamblea informativa convocada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Villarreal Santiago también utilizó la misma aeronave para viajar a Saltillo el 12 de marzo.


27 de febrero

Américo Villarreal, a bordo del avión con matrícula XB-BBK, despegó de Saltillo a las 8:16 a.m. y aterrizó en Matamoros a las 9:29 a.m. El delegado participó como invitado de honor junto a Barbara de Regil, en un evento organizado por el gobierno de Matamoros, Tamaulipas.


El mismo 27 de febrero, al intentar confirmar la presencia de Américo Villarreal Santiago en las oficinas de la delegación en Saltillo, el personal aseguró que el delegado se encontraba en la ciudad, aunque en realidad estaba en Matamoros.

18 de febrero

El 18 de febrero de este año, el avión voló del aeropuerto de Toluca a Saltillo, un día después de que Américo Villarreal se entrevistara en la Ciudad de México con Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar del gobierno federal.

19 de febrero

El avión voló de Saltillo a Torreón trasladando a Américo Villarreal, quien posteriormente asistió a la ceremonia de arranque del programa de bienestar “Beca Universal de Educación Básica ‘Rita Cetina’” en la ciudad lagunera.

El 19 de febrero, por la tarde, la aeronave regresó a Saltillo, aterrizando a las 16:57 horas. Al día siguiente, Villarreal se reunió con diversos delegados en la capital de Coahuila.

21 de febrero

El 21 de febrero, Américo Villarreal utilizó nuevamente el avión privado para trasladarse a Ciudad Victoria, Tamaulipas, con el fin de realizar diversas actividades privadas. El 23 de febrero participó en la cabalgata y jornada asistencial de salud en el Ejido Graciano Sánchez.

El uso recurrente de aviones privados, así como la disposición de guardaespaldas y camionetas de lujo por parte de Villarreal Santiago, contrasta con los principios promovidos por la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

El propietario del avión

El avión Cessna 340A con matrícula XB-BBK es propiedad de la empresa Servimecánica Aérea S.A. de C.V. Según consta en su acta constitutiva, el objeto social de la compañía es la reparación y mantenimiento de aeronaves y planeadores. Ni en plataformas comerciales ni en redes sociales, la empresa se anuncia como prestadora de servicios de renta de aviones.

Al comunicarnos vía telefónica con la empresa para solicitar una cotización por el servicio de renta, nos informaron que únicamente ofrecen mantenimiento, no servicios de arrendamiento.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GUILLERMO FLORES.

En el gobierno de AMLO bajó la atención médica pública y aumentó la privada: hubo 33% más cirugías en clínicas particulares

Durante el sexenio de AMLO, el sector público registró recortes presupuestales en salud. El gasto promedio en este rubro de los hogares más pobres aumentó 54% entre 2018 y 2022, al pasar de mil 729 a 2 mil 679 pesos al año.

Daniel ha trabajado en un puesto de tacos durante las últimas dos décadas y nunca ha estado afiliado a ningún servicio de salud público, por eso tuvo que ahorrar para hacer frente a una operación de rodilla que requería desde hace dos años y que pudo hacerse apenas hace unos meses en un hospital privado. 

Su rehabilitación fue rápida, lo que le permitió regresar a trabajar, una verdadera necesidad, puesto que es el único sostén en su familia. Apenas comenzaba a recuperarse del bolsillo cuando su hija, estudiante de medicina, tuvo apendicitis. “Corrimos a la primera clínica que encontramos y la operaron inmediatamente”. Esa emergencia le costó otros 70 mil pesos. “Pero gracias a Dios la salvamos”, dice. 

Al preguntarle por qué no acudió a alguna clínica pública, sobre todo al tratarse de una atención urgente, hace un gesto con la mano como si empujara algo al aire y ataja con un tono burlón: “¡Nombre, ya parece que me la iban a recibir!”.

Daniel no es el único que ha optado por el servicio médico privado, aún cuando esto represente un sacrificio y signifique que tenga que ahorrar durante meses, trabajar más o renunciar al poco patrimonio a cambio de la salud. 

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador las cirugías realizadas en hospitales privados creció en 33 %. En 2012 hubo 919 mil intervenciones quirúrgicas en centros privados en el país, para 2018 aumentó a 1 millón 78 intervenciones, y en 2024 creció a 1 millón 436 mil, de acuerdo con el Sexto Informe de gobierno de AMLO.


Estos datos demuestran que no sólo aumentó la oferta privada de primera atención, a través de Consultorios Adyacentes a Farmacias (CAF), donde la gente atiende malestares menores como gripas o infecciones estomacales, sino que también aumentaron las atenciones privadas que requieren hospitalización. 

Y paradójicamente, aunque López Obrador mantuvo el lema de “primero los pobres”, la atención médica pública disminuyó durante su gestión. Entre 2018 y 2024, el número de cirugías cayó 6 %, lo que significó 200 intervenciones menos en todo el sistema público. Y si se compara con las realizadas en 2012, la disminución alcanzó 489 mil cirugías, según su último informe de Gobierno.


Esto, dice Luis Javier Cortés, consultor y Maestro en Administración y Políticas Públicas por el CIDE, es la privatización de la salud. “La verdadera privatización es traspasar el costo de la atención médica directamente al paciente, y eso es lo que está sucediendo”.

“Aunque desde la Constitución el ciudadano tiene garantizado el derecho a la salud, ni se la estás garantizando ni protegiendo financieramente, porque el costo lo está absorbiendo plenamente las personas”, explica en entrevista. 

Los datos lo confirman: el gasto en salud promedio aumentó 54 % entre los hogares más pobres. Mientras en 2018 gastaron 1,729 pesos, en 2022 el desembolso fue de 2 mil 679 pesos, según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

De ahí que, ante la demanda, el sector privado ha aprovechado en incrementar la oferta: la infraestructura privada creció en los últimos seis años, de acuerdo con datos del Sexto Informe Gobierno de AMLO. 

Entre 2018 y 20124, las unidades médicas con 15 a 24 camas aumentó 21 %, al pasar de 254 a 307. Mientras que las camas censables en instituciones privadas pasó de 33 mil 630 a 36 mil 514. 

En 2024, las personas también tuvieron 13 % más oferta de laboratorios clínicos privados en comparación con 2018. Se pasó de 892 unidades a mil 12. La oferta correspondió a la demanda: entre 2016 y 2020, el número de análisis clínicos se mantuvo en 17 millones al año, pero en 2021 aumentó a 21 millones; el año siguiente 22 millones y en 2023 alcanzó los 23 millones en establecimientos privados, de acuerdo con datos del INEGI. 

En contraste, en el sector público dejaron de hacerse 41 millones de estudios clínicos, al comparar 2018 y 2024, según datos de la Secretaría de Salud. En este rubro, además, hubo recortes presupuestales desde el primer año del sexenio de AMLO, con una disminución de 82 % de presupuesto para materiales, accesorios y suministros de laboratorio en las instituciones de la Secretaría de Salud, esto significó 654 millones de pesos menos en 2019 con respecto a 2018 en términos reales. 

Las consultas médicas generales en el sector público también disminuyeron en 21 % entre 2018 y 2024. Esto implicó dejar de realizar 42 millones 256 mil consultas. Y 10 millones 122 mil consultas de especialidad también dejaron de otorgarse, una disminución de 22 %. 

De ahí que muchos más mexicanos acudieron a establecimientos privados sobre todo para consultas de especialidad. En 2018 hubo 6 millones de atenciones, y para 2024 aumentó a 7 millones 100 mil consultas, un crecimiento de 17 %.

Esto ocurrió durante las fallidas estrategias en materia de salud del expresidente López Obrador. Primero decidió desaparecer el Seguro Popular, un programa transexenal que atendía a población sin seguridad social desde 2012, acusando la existencia de corrupción, aunque nunca hubo alguna persona denunciada o investigada por ello. 

Luego lo sustituyó por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), pero apenas funcionó dos años y luego fue extinguido. En su lugar trasladaron la responsabilidad de coordinar ese sistema de salud que opera en los estados al IMSS-Bienestar. 

Sin embargo, en ese proceso se perdió el rastro de miles de millones de pesos que financiaba el tratamiento y cirugías de enfermedades catastróficas como el cáncer, malformaciones genéticas o transplantes, entre otros, a través del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud del Seguro Popular. 

Hasta 2018 el fideicomiso había acumulado 119 mil millones de pesos. En 2019, tras la desaparición del Seguro Popular, los recursos fueron transferidos al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (Fonsabi), administrado por el Insabi. Para 2023, ese Fondo sólo tenía 45 mil millones de pesos. Es decir, en cuatro años AMLO disminuyó 62 % del dinero ahorrado durante 14 años, y sin explicar en qué lo gastó.

De acuerdo con el artículo “La eliminación del Seguro Popular: impactos en la atención de enfermedades de alto costo en la población no asegurada en México”, de Luis Javier Cortés y Octavio Gómez Dantés, publicado en The Lancet, la consecuencia de la decisión de AMLO de desaparecer este programa fue la reducción en el acceso a servicios de salud de alta especialidad, afectando a quienes menos tienen. 

Aumentan seguros médicos

Desde que Claudia Castellanos tiene uso de razón, había tenido seguro de gastos médicos mayores junto con sus seis hermanos y su madre, gracias a que el trabajo de su padre como supervisor en una empresa cervecera incluía ese beneficio desde los años 80. 

Sólo por eso pudieron hacer frente al cáncer que padeció su madre en 2011. A cuatro días del diagnóstico comenzó el tratamiento que incluyó 16 quimioterapias, 6 meses de radioterapias y una mastectomía. Un año después estaba libre de cáncer de mama. 

“Fue el privilegio de la atención privada”, dice Claudia. “Entre la dignidad de los espacios, la atención de los médicos, la comida, la disposición, mi mamá anímicamente no estaba afectada”.

Sin embargo, 11 años después, en 2022, su madre comenzó a enfermar, esta vez con choques sépticos, sus órganos se congestionaban y le generaban infecciones. Luego supieron que eran síntomas del regreso del cáncer, pero esta vez la póliza del seguro médico ya no le cubría nada relacionado a ello. 

El patriarca de la familia decidió continuar con la atención privada, pero la realidad le chocó de frente. Sólo por ocho días internada, estudios y tratamiento, sus ahorros se esfumaron. Era mayo de 2022.

La única posibilidad era acudir al servicio público y, gracias a la recomendación de sus médicos que trabajaban en instituciones públicas a la par de las privadas, pudieron conseguirle un espacio para iniciar un tratamiento. Sin embargo, el cáncer avanzó rápidamente y sus últimos días los pasó solo con cuidados paliativos. Falleció en junio de 2020 a los 53 años. 

Claudia y sus cinco hermanas saben que el cáncer que sufrió su madre tiene un componente genético, por eso es que no fallan en sus exámenes de revisión. También tienen como prioridad pagar su seguro médico privado. Aunque ella, consiguió esa prestación en su nuevo trabajo, pues antes de eso, al cumplir 22 años perdió la antigüedad de su primera póliza porque no tenía recursos para pagarla. 

Dado el antecedente de su madre, su póliza tiene una cláusula que encarece la contratación. Por eso es que aún cuando Claudia tiene 29 años el costo del seguro supera los 50 mil pesos. “No podía pagar eso, pagando renta, comida”. Pero ahora hará el esfuerzo para conservarlo porque “no queremos morirnos de cáncer”, dice. 

Claudia no es la única en querer sentirse segura con un servicio médico privado. En 2024 se registró el número más alto de personas con seguro de gastos médicos de los últimos 12 años, según datos de la Encuesta de Inclusión Financiera del INEGI. 

Mientras en 2012 hubo 4.6 millones de mexicanos con seguro de gastos médicos, en 2018 creció a 4.9 millones y el año pasado hubo 6.4 millones, un 7.5 % de la población. Esto representa un aumento de 29 % en el último sexenio.


En tanto, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) tiene su propia estadística, pero coincide en el aumento. Entre 2010 y 2014 se mantuvo una tendencia con más de 300 mil personas con seguros de Salud, aquellos que brindan servicios de primera atención. 

A partir de 2016 ascendió a 1.2 millones de personas y aunque varió en los siguientes años no superó los 1.7 millones. Sin embargo, en 2022 aumentó a 3 millones, en 2023 a 6 millones y la estimación de la AMIS para 2024 se ubica en 8.3 millones de personas que tienen contratado este tipo de servicios.

José Barreiro, director de Gastos Médicos y Salud de la AMIS, explicó en entrevista que este crecimiento obedece, sobre todo, a que se incluyó la atención dental a los Seguros de Salud, que son servicios de primera atención. 

Mientras que el crecimiento de 10 millones de asegurados registrados en 2018 y el salto a 13 millones en 2023, se debe al aumento en la contratación de seguros colectivos por parte de las empresas, como parte de la búsqueda de “pólizas con primas bajas”; además, también se trata de un “efecto de la pandemia de Covid”, en el que las personas optaron por contratar servicios privados dada la saturación de los servicios públicos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.

Funcionarios panistas controlarán los tribunales de Aguascalientes tras elección judicial

El 81 % de los ganadores de la elección para el Supremo Tribunal de Justicia y el Tribunal de Disciplina Judicial son funcionarios que todavía este año trabajaron en el gobierno de Aguascalientes, o que fueron designados por la gobernadora en otros cargos.

Funcionarios públicos que trabajaron con la gobernadora panista María Teresa Jiménez controlarán el Supremo Tribunal de Justicia y el Tribunal de Disciplina Judicial de Aguascalientes, luego de haber ganado la elección judicial del pasado 1 de junio.

El 81 % de las personas que ocupará una magistratura en esas dos instituciones trabajaron todavía este año con la gobernadora integrante del Partido Acción Nacional (PAN), o fueron designados por ella para ocupar otros puestos en el pasado.

Los funcionarios públicos panistas trabajaron principalmente en dependencias adscritas a la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Social y la Consejería Jurídica.

Aunque el PAN ha criticado que perfiles cercanos a Morena ganaron la elección judicial en cargos federales, en Aguascalientes sucedió exactamente lo mismo, ya que la mayoría de las candidaturas ganadoras a nivel local son cercanas a María Teresa Jiménez.

Los resultados muestran que, como lo hicieron los morenistas en los estados donde gobiernan, integrantes de la oposición aprovecharon la elección judicial para colocarse en los tribunales de sus estados.

Aguascalientes y Chihuahua fueron los estados gobernados por el PAN en el que se realizaron elecciones locales para renovar los juzgados y tribunales. En Querétaro y Guanajuato este mismo ejercicio se realizará hasta el 2027. 

El Instituto Electoral de Aguascalientes concluyó los cómputos de la elección y se espera que en los próximos días entregue las constancias de mayoría a las candidaturas ganadoras.


Funcionarios panistas ocupan el Supremo Tribunal de Justicia

El Supremo Tribunal de Justicia de Aguascalientes es un ejemplo de cómo exfuncionarios panistas controlarán las decisiones judiciales. Nueve de las once personas que ganaron una magistratura trabajaron con la gobernadora María Teresa Jiménez todavía en este 2025.

Felipe Ávila Orozco, quien hasta el mes de abril se desempeñaba como subconsejero jurídico del gobierno de Aguascalientes, ganó la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia al recibir 88 mil 635 votos, el porcentaje más alto de la elección.

Mariana de Fátima de León Barba es otra de las ganadoras de una magistratura con 85 mil 930 votos. Este año todavía se desempeñó como directora de Administración del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes.

Cynthia Guadalupe Trujillo Lara, con 84 mil 424 votos, fue tercer lugar en las elecciones del Supremo Tribunal. En este 2025 se desempeñó como coordinadora de Casas del Bien Común Rurales, un programa de la Secretaría de Desarrollo Social de Aguascalientes.

José Franco Muñoz, quien este año se desempeñó como Procurador de la Defensa del Trabajo del gobierno de Aguascalientes, también será magistrado al obtener 83 mil 115 votos, la cuarta cifra más alta de apoyos.

María José Ocampo Vázquez será magistrada del Supremo Tribunal al obtener 82 mil 949 votos. Este 2025 tenía el cargo de directora general de Política Social y Planeación de la Secretaría de Desarrollo Social de Aguascalientes.

Víctor Manuel Martínez Castillo este año fue coordinador de Asuntos Jurídicos de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Ahora será magistrado después de recibir 79 mil 664 votos en la elección judicial.

Xochiltzin Ilancueitl Ramírez Rodríguez será magistradas del Supremo Tribunal al recibir 78 mil 668 votos. Este año aún tuvo el cargo de directora de Administración y Finanzas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes.

María Guadalupe García Durán, quien este 2025 todavía fue directora general de Trabajo de la Secretaría General de Gobierno de Aguascalientes, ganó una magistratura en el Supremo Tribunal después de obtener 76 mil 330 votos.

Mónica Guadalupe Medina Gómez es la última magistrada cercana al panismo que obtuvo 73 mil 697 votos. Este 2025 fue coordinadora jurídica de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua del estado.

Las otras dos personas que ocuparán un lugar en el Supremo Tribunal son Héctor Salvador Hernández Gallegos, exmagistrado del Tribunal Electoral del estado, y Mauro René Martínez de Luna, actual magistrado de la Sala Familiar.

Perfiles panistas llegan al Tribunal de Disciplina Judicial

En la elección del Tribunal de Disciplina Judicial de Aguascalientes ocurrió algo parecido: dos funcionarios públicos que trabajaron con la gobernadora ganaron, al igual que otras dos mujeres que actualmente son magistradas del Suprema Tribunal de Justicia de Aguascalientes gracias al apoyo que recibieron del gobierno del estado.

Alicia Núñez Medina, quien será la presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial por recibir 89 mil votos, se desempeñó en este 2025 como asesora del Congreso del Estado de Aguascalientes, dominado principalmente por el PAN.

Martha Elba Dávila Pérez es magistrada del Supremo Tribunal de Justicia de Aguascalientes desde el 2023. Fue propuesta por la gobernadora María Teresa Jiménez para ocupar ese cargo. Ahora estará el Tribunal de Disciplina Judicial después de recibir 88 mil 848 votos.

Janett Romo Zaragoza también es magistrada del Supremo Tribunal de Justicia local desde el 2023 por propuesta de la gobernadora. Igualmente dará el salto al Tribunal de Disciplina Judicial con 83 mil 278 votos.

Omar Eduardo Pedroza López será magistrado del Tribunal de Disciplina al recibir 81 mil 229 votos. Este 2025 se desempeñó como subdirector Jurídico Administrativo del Instituto de Educación de Aguascalientes.

Manuel Peña León, quien este año fungió como subconsejero de Litigios y Asuntos Contenciosos del gobierno de Aguascalientes, también estará en el Tribunal de Disciplina Judicial al recibir 70 mil 756 votos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALEXIS ORTIZ.

CJNG: EU Sanciona a “El Mencho” y al sospechoso del asesinato de la influencer Valeria Márquez

Las sanciones que emite la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) apuntan hacia “El Mencho”, sobre quien Estados Unidos ha puesto una recompensa de hasta 15 millones de dólares para quien pueda ofrecer información que conduzca a su detención.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cinco líderes del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellos a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho” y a Ricardo Ruiz Velasco, “Doble Erre”, señalado como el principal sospechoso del asesinato de la influencer Valeria Márquez.

Ruiz Velasco es un teniente de alto rango, afiliado con la unidad de las fuerzas especiales del cártel y responsable de la propaganda y comunicaciones públicas de la organización criminal; además es señalado por estar implicado en asesinatos de alto perfil en México por más de una década, de acuerdo con la información del gobierno norteamericano.

Las sanciones que emite la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) apuntan hacia “El Mencho”, sobre quien Estados Unidos ha puesto una recompensa de hasta 15 millones de dólares para quien pueda ofrecer información que conduzca a su detención.

El Departamento del Tesoro responsabiliza al CJNG de una parte importante del tráfico de fentanilo y otras drogas que llegan a Estados Unidos.

También han sido incluidos en la lista negra de la OFAC Julio Castillo Rodríguez, “El Chorro”, yerno de “El Mencho” y considerado su sucesor; Gonzalo Mendoza Gaytán, conocido como “El Sapo” y responsable del rancho Izaguirre de Teuchitlán, utilizado como campo de adiestramiento en el que se han hallado recientemente restos óseos. Mendoza Gaytán es conocido por ser prolífico en estrategias de reclutamiento de empleados por el CJNG para aumentar sus soldados de infantería.

En la lista también se incluyó a Audias Flores Silva, “El Jardinero”, quien es el comandante regional a cargo de grandes extensiones de territorio en Zacatecas, Guerrero, Nayarit, Jalisco, y Michoacán y controla clandestinamente laboratorios en la región central de Jalisco y en el sur de Zacatecas que son usados para producir metanfetaminas y otras drogas ilícitas dentro de los Estados Unidos.

A todos ellos se le han impuesto sanciones que implican el bloqueo de todos los bienes que posean en territorio estadunidense, así como cualquier tipo de transacción económica, o comercial.

“Todas las propiedades o intereses en las propiedades de las personas designadas que se encuentran dentro de los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben reportarse a la OFAC. Además, se bloquea cualquier entidad que sea propiedad directa o indirectamente, individualmente o en conjunto. Además, se bloquea cualquier entidad que sea propiedad directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una persona bloqueada. A menos de que haya una licencia publicada en lo general o en lo particular por OFAC, o estén exentas, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o personas dentro de (o en tránsito por) los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas”, refirió el gobierno estadunidense.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Hallan sin vida a niña de 13 años en lote baldío de Coahuila tras alerta Amber

Encuentran sin vida a niña tras operativo coordinado; hay dos arrestados y el caso se investiga como feminicidio.

El martes 17 de junio de 2025, la Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que fue localizado el cuerpo de una menor de 13 años, identificada como Brisa Izela Castellanos Márquez, en un lote baldío del ejido Santa María, en el municipio de San Juan de Sabinas.

De acuerdo con el informe oficial, las labores de búsqueda estuvieron a cargo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con apoyo de un binomio canino especializado de la Fiscalía estatal. El operativo incluyó cateos en viviendas de la colonia Americana de Nueva Rosita y Nueva Rosita, donde se presume pudo estar privada de la libertad.

Brisa fue reportada como desaparecida el 10 de junio

Brisa fue vista por última vez cerca de las 17:00 horas del 8 de junio. Su desaparición fue reportada formalmente el 10 de junio, activando la Alerta Amber, y generó la participación de autoridades y sociedad civil para su localización.

El cuerpo fue hallado en avanzado estado de descomposición, lo que sugiere que llevaba varios días en el sitio, y fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia correspondiente.

Una mujer y un hombre fueron detenidos

Como parte de la investigación, dos personas fueron detenidas. En Coahuila se arrestó a una mujer adulta vinculada a la línea de investigación, mientras que en Nuevo León se detuvo a un hombre –reportado como ex policía estatal–, gracias a la coordinación interinstitucional.

Las autoridades definieron el caso como posible feminicidio y subrayaron que se mantiene “cero tolerancia” ante la violencia contra las mujeres y niñas en la entidad.

Vecinos y deportistas locales difundieron su imagen desde su desaparición, exigiendo su pronta localización.

Las diligencias continúan, con intervenciones para reunir pruebas e integrar la carpeta judicial. La Fiscalía informó que no se revelarán más detalles sobre los detenidos ni la necropsia hasta que concluyan las investigaciones.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Avanza la Ley Antilavado; la oposición teme violación de datos personales

Legisladores cuestionaron que se pueda investigar libremente a "persoas políticamente expuestas", y que el Ejército tenga acceso a la información financiera de cualquier persona.

Las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron el dictamen de la Ley Antilavado, que propone la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

El objeto del dictamen es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo, los delitos relacionados y con las estructuras financieras de las organizaciones delictivas, así como evitar el uso de los recursos para su financiamiento. 

El dictamen busca reformar los artículos 11 bis y 400 bis del Código Penal Federal y fue aprobado por 23 votos a favor, cero en contra y seis abstenciones.  

La iniciativa establece que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) será la encargada de prevenir el lavado de dinero y la faculta para coordinar sus funciones con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además de la Guardia Nacional para investigar operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

La reforma también busca monitorear a las “Personas Políticamente Expuestas (PPE)” en actividades financieras consideradas de “riesgo” y de contar con manuales internos para detectar operaciones sospechosas en las llamadas "actividades vulnerables": casinos, joyerías, bienes raíces, venta de autos, obras de arte, préstamos y donativos, entre otras. 

La iniciativa establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) será la dependencia encargada de elaborar y mantener actualizado un listado nominativo de cargos de personas servidoras públicas que serán consideradas políticamente expuestas. 

La iniciativa se prevé se discuta durante el periodo extraordinario que se anunció del 23 de junio al 30 de junio en el Comisión Permanente.   

Más control y vigilancia del oficialismo, acusa la oposición

La senadora de Movimiento Ciudadano (MC), Alejandra Barrales, afirmó que la información que se solicite se puede proporcionar sin restricción alguna, además de que la inclusión de la figura de personas políticamente expuestas resuelta muy ambigua. 

“Esto nos parece pues sumamente grave porque se trata de darle acceso absoluto a la Secretaría sin limitación alguna, sin intervención judicial previa ni mucho menos, solamente la que la propia Secretaría designe como el proceso o el método que va a seguir para poder solicitar a cualquier ente público la información de todas las mexicanas y los mexicanos. 

“El concepto de las personas políticamente expuestas es muy amplio, es abierto, cuáles son las personas relacionadas con nosotras, nuestros asesores, otra vez lo que la Secretaría designe, familiares o quien crea que tiene una persona, el que nos toma fotografías ahorita puede ser una persona relacionada con nosotros si la Secretaría así lo determina, porque está muy amplio, está muy abierto y nos parece también muy delicado el manejo que se pueda hacer de esta redacción”, detalló. 

Por su parte, la senadora del PAN, Laura Esquivel, afirmó que, pese a que su partido votará a favor en comisiones, enumeró los cinco puntos en los que su partido no está de acuerdo: 

La inclusión de los partidos políticos, de sindicatos y colegios de profesionistas dentro de la vigilancia por parte de la SHCP y UIF; ambigüedad en la definición de persona políticamente expuesta; la inclusión de la Guardia Nacional, que implica que el Ejército obtenga información financiera sensible no solo de quienes realizan actividades vulnerables, sino de opositores y críticos. 

Además de obligar a las autoridades electorales a entregar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público información sobre partidos, coaliciones, agrupaciones, candidatos y precandidatos, y por último, incluir como actividades vulnerables a los fideicomisos o cualquier otra figura es otro exceso.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.