Familiares y habitantes de Tlacuapan, localidad que se ubica en las faldas de la montaña Matlalcuéyetl, sostuvieron que don Saúl fue criminalizado debido a su trabajo para organizar a la comunidad en la defensa de sus bosques.
Afuera de las instalaciones del Poder Judicial Federal en Tlaxcala, familiares y habitantes de Tlacuapan, localidad que se ubica en las faldas de la montaña Matlalcuéyetl, también conocida como La Malinche, sostuvieron que don Saúl fue criminalizado debido a su trabajo para organizar a la comunidad en la defensa de sus bosques.
En 2022, Rosales Meléndez fue detenido después de un linchamiento cometido el 15 de abril de ese año, pues en ese entonces era presidente de San Pedro Tlacuapan y lo responsabilizaron por no haber frenado a una turba de más de 400 pobladores que, hartos por la inseguridad, golpearon a una persona hasta matarla.
En un dossier, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C., se advierte que el día de esos hechos ninguna autoridad intervino para evitar que el grupo de pobladores acabara con la vida de esa persona, no obstante, toda la culpa del suceso se la adjudicaron a Saúl como presidente de comunidad.
La ONG refiere que el 14 de julio de 2022, Rosales Meléndez fue detenido, acusado por el delito de homicidio calificado y fue vinculado a un proceso penal que duró 1 año y 8 meses. Desde entonces permanece preso en el Centro de Reinserción Social de Tlaxcala.
Fue sentenciado a 20 año de prisión en base al testimonio de dos policías y un comandante de la policía municipal, sin tomar en cuenta las declaraciones de tres pobladores que presenciaron los hechos y afirmaron que Rosales Meléndez trató de calmar al grupo de personas y entregar al detenido, “pero que esto fue imposible”.
El Centro Prodh expone que las Juezas que decidieron condenar a Saúl “utilizaron estereotipos sobre pueblos indígenas, pues afirmaron que el linchamiento forma parte de los usos y costumbres del pueblo originario de San Pedro Tlalcuapan y que sabiendo esto, Saúl no actuó de manera diligente para evitar el homicidio de una persona, por el contrario, que auxilió al grupo de personas reunidas al exterior de la presidencia de comunidad, a pesar de no contar con pruebas para señalar esta circunstancia”.
Previo a estos hechos, don Saúl había trabajado con su comunidad desde 20019, cuando se unió al Colectivo de Saneamiento y Restauración de la Malintzi Tlalcuapan (CSRMT), que demandaba a las autoridades estatales y federales su intervención para atender la plaga del escarabajo descortezador.
En un comunicado de la Brigada San Pedrito, se indica que Saúl forma parte de la lucha frente a empresas y personas que talan árboles en su comunidad.
“Exigimos justicia. Que los magistrados revisen caso. Saúl es un joven trabajador que defiende su pueblo, su maíz, su monte. Pedimos su liberación. Es inocente”, señalaron los integrantes de esa agrupación comunitaria.
Cabe recordar que diversas poblaciones localizadas en las faldas de la Malinche denunciaron que taladores, con la protección de autoridades locales y federales, aprovecharon la plaga del gusano descortezador para obtener permisos con los que talaron árboles sanos para hacer negocio.
El Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés refirió en un escrito dirigido a los magistrados que este caso es relevante porque en él está involucrado un defensor del bosque la Malinche, quien es reconocido por su comunidad y por distintas organizaciones, colectivos y académicos por su lucha contra la plaga del gusano descortezador.
“Por lo que su encarcelamiento injusto es visto como una agresión a la defensa de la tierra y el territorio en Tlaxcala”, expresa.
El Centro Prodh menciona que el 23 de diciembre de 2024, el defensor del bosque presentó una demanda de amparo a la cual se le dio el número 5/2025 ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. El 3 de marzo de 2025, el asunto fue turnado a la ponencia del Secretario en funciones de Magistrado Francisco Ballesteros González.
“Con las elecciones judiciales del 1 de junio de 2025, la conformación del Tribunal Colegiado cambiará en el mes de septiembre de 2025, lo que conlleva el riesgo de que el caso de Saúl se retrase aún más en su resolución. Para ese momento, habrían transcurrido 9 meses desde la presentación de la demanda de amparo y más de 3 años desde su detención, tiempo que permanecerá en prisión por un delito que no cometió”, subraya la organización.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.
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