Los colectivos explicaron que un equipo interdisciplinario de especialistas «con sólida experiencia en impacto ambiental, conservación biológica, biogeografía, restauración ecológica, biología de la conservación, entre otras», realizaron peritajes que concluyeron que «el Tren Maya ya está generando afectaciones profundas y sostenidas», entre las que se encuentran la fragmentación de ecosistemas y pérdida de conectividad biológica, así como la pérdida del 20 por ciento de la cobertura natural en la región, lo que representa 2 millones 52 mil 393 hectáreas (equivalente a 13.73 veces el tamaño de la Ciudad de México).
Además, los estudios proyectaron que para el 2050 se registrará una disminución de funciones ecológicas clave, como la polinización, la dispersión de semillas, el control de plagas y la captura de carbono en la región, pues se estimó que la capacidad de captura de carbono bajará del 72 al 53 por ciento del territorio. Asimismo, continuará la aceleración del cambio de uso de suelo y expansión urbana desordenada y aumentará la presión sobre recursos naturales como agua, energía y alimentos.
De acuerdo con los peritajes, las medidas de mitigación propuestas por el megaproyecto «son ineficaces o inaplicables», pues se han instalado pasos de fauna en zonas sin grandes vertebrados, no hay claridad sobre la disposición final de materiales y residuos de las diversas construcciones, y no existe una estrategia de restauración ambiental que corresponda a la magnitud del daño.
A pesar de la evidencia y de la falta de estudios conforme a la legislación ambiental del país, la Semarnat «ha retrasado el cierre del juicio con solicitudes de prorrogas que no tienen sustento, obstaculizando el avance del proceso judicial. Este patrón dilatorio parece orientado a prolongar el juicio hasta la reestructuración del juzgado por las elecciones, lo que vulnera el derecho a la justicia pronta y expedita», aseguraron organizaciones como Kanan Derechos Humanos, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX).
Con el retroceso, la audiencia constitucional se realizará el próximo 4 de junio, fecha considerada «clave» por las organizaciones, pues en ella el poder Judicial determinará «si protege los derechos de los pueblos, los ecosistemas de la península y el futuro climático del país, o si cede ante los intereses políticos y económicos detrás del proyecto».
Frente a la audiencia, las organizaciones, comunidades y colectivos exigieron que el Juzgado otorgue el amparo para detener la destrucción ecológica en curso, restaurar los daños ocasionados, garantizar el respeto a los derechos de los pueblos y al equilibrio ecológico de la región y ordenar la cancelación definitiva del Tren Maya.
COMUNICADO:
En el marco del juicio de amparo promovido por pueblos, comunidades indígenas, ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, se han presentado pruebas periciales que advierten que el proyecto Tren Maya genera y generará daños ambientales graves, con consecuencias a largo plazo para la región y para los derechos humanos de quienes habitan y defienden la península de Yucatán.
Las personas quejosas denuncian violaciones a su derecho humano a un medio ambiente sano, reclamando la ausencia de una evaluación integral de los impactos ambientales acumulativos y sinérgicos del proyecto en su conjunto. El juicio abarca los siete tramos del Tren Maya, y por tanto, el proyecto completo.
Los peritajes, elaborados por un equipo interdisciplinario de especialistas con sólida experiencia en impacto ambiental, conservación biológica, biogeografía, restauración ecológica, biología de la conservación entre otras, muestran proyecciones para los años 2030 y 2050. Las conclusiones son claras: el Tren Maya ya está generando afectaciones profundas y sostenidas, y los escenarios para 2050 advierten:
1. Fragmentación de ecosistemas y pérdida de conectividad biológica- Áreas ecológicamente clave, como Calakmul y Sian Ka’an, tendrán mayor presión por desarrollos turísticos y urbanos, lo que disminuye su funcionalidad ecológica.
2. Pérdida del 20% de la cobertura natural en la región, lo que representa 2,052,393 hectáreas, equivalente a 13.73 veces el tamaño de la Ciudad de México.
3. Afectación a especies amenazadas y endémicas, como el jaguar, el tapir y el pecarí.
4. Disminución de funciones ecológicas clave, como la polinización, la dispersión de semillas, el control de plagas y la captura de carbono.
– La capacidad de captura de carbono bajará del 72% al 53% del territorio.
5. Aceleración del cambio de uso de suelo y expansión urbana desordenada.
– El área destinada a la agricultura crecerá en un 64%, lo que representa un aumento de 1,001,018 hectáreas, equivalente a 20.51 veces el tamaño de Cozumel.
– La cobertura pecuaria aumentará en un 37%, con 978,885 hectáreas adicionales, lo que equivale a 2.45 veces el tamaño del estado de Tlaxcala.
– La cobertura urbana crecerá un 24%, con un aumento de 72,490 hectáreas, lo que representa 101,526.37 veces el tamaño de un campo de fútbol profesional.
6.Aumento en la presión sobre recursos naturales como agua, energía y alimentos.
Los peritajes concluyen que el proyecto no fue evaluado mediante una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) integral, como exige la legislación ambiental mexicana. En su lugar, las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) fueron presentadas de forma separada por tramos y componentes, entregadas en distintos momentos y sin articulación entre sí. Esta segmentación impide identificar los efectos acumulativos del proyecto y, por tanto, aplicar medidas de mitigación, compensación o restauración eficaces.
Además, los peritajes documentan que las medidas de mitigación propuestas por el proyecto son ineficaces o inaplicables. Se han instalado pasos de fauna en zonas sin grandes vertebrados, no hay claridad sobre la disposición final de materiales y residuos de las diversas construcciones, y no existe una estrategia de restauración ambiental que corresponda a la magnitud del daño.
A pesar de la solidez de la evidencia presentada, denunciamos que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) ha retrasado el cierre del juicio con solicitudes de prorrogas que no tienen sustento, obstaculizando el avance del proceso judicial. Este patrón dilatorio parece orientado a prolongar el juicio hasta la reestructuración del juzgado por las elecciones, lo que vulnera el derecho a la justicia pronta y expedita.
La audiencia constitucional ha sido fijada para el 4 de junio de 2025, fecha clave a partir de la cual el Poder Judicial Federal determinará si protege los derechos de los pueblos, los ecosistemas de la península y el futuro climático del país, o si cede ante los intereses políticos y económicos detrás del proyecto.
Hacemos un llamado urgente al Poder Judicial Federal a resolver ya, con base en las pruebas periciales y documentales que evidencian múltiples violaciones a los derechos ambientales y territoriales. La decisión que se tome sentará un precedente histórico sobre el papel del Poder Judicial ante megaproyectos de alto impacto social y ecológico.
A la sociedad civil, la academia, los medios de comunicación y la comunidad internacional les pedimos mantenerse atentos, acompañar este proceso y exigir, junto con nosotras y nosotros, justicia socioambiental para la península de Yucatán ante uno de los proyectos con mayores impactos socioambientales de los últimos años.
Solicitamos que el Juzgado otorgue el amparo para detener la destrucción ecológica en curso, restaurar los daños ocasionados, garantizar el respeto a los derechos de los pueblos y al equilibrio ecológico de la región y ordenar la cancelación definitiva del Tren Maya.
AUTOR: REDACCIÓN.
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