Aunque los desaparecidos también deberían ser contados, tal cual se hace con los ejecutados, para la autoridad federal en la Secretaría de Gobernación, de 2006 a la fecha, en el país únicamente se acepta la desaparición de poco más de 125 mil personas, en contraste con los más de 200 mil homicidios dolosos registrados en los cinco años y diez meses que tuvo de duración el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador.
A diferencia de los asesinatos o ejecuciones de las mafias y sus células en México, donde el cuerpo es el registro de la estadística, en el caso de los desaparecidos parece ser que no tienen a quien contar: ni las pesquisas de los familiares, ni la búsqueda de los colectivos organizados para ello, son declaraciones que se tomen con seriedad y como consiga oficial para integrar una estadística de desaparecidos en México.
Ahí está el ejemplo del rancho Izaguirre localizado a inicios de marzo por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, en el cual encontraron restos óseos, presuntamente de humanos, en lo que llamaron un centro de exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación, del cual por cierto ya tenían conocimiento las autoridades de Jalisco, pero que dejaron por incapacidad, colusión o corrupción, seguir funcionando. A pesar de los huesos, de las prendas de ropa, de los accesorios y los zapatos encontrados en el rancho, el gobierno de la República y la FGR han hecho hasta lo imposible para cambiar la realidad social y “demostrar” que no era un centro de exterminio del cártel, sino uno de adiestramiento, como si la categoría minimizara el hecho de que una organización criminal se apodera de una región y erige centros de reclutamiento, de muerte, de desaparición forzada, como lo han explicado con decenas de testimonios de personas que sobrevivieron a ese campo apócrifo de la mafia mexicana.
A estas alturas, para la criminalidad organizada es más fácil desaparecer a una persona que matarla. Desaparecerla significa que no será contada por la autoridad, que no será buscada por las fiscalías, que simple y sencillamente quedará al margen de la justicia. En esas condiciones, corren peligro los buscadores de personas. En Baja California, en febrero de 2024, fue asesinada Angelita León, una buscadora del municipio de Tecate que había descubierto no solo restos humanos, sino cuerpos en los cerros de aquella demarcación frontera con los Estados Unidos. Con sus medios, los de su colectivo y otros que se sumaron, solía hacer las expediciones que el gobierno del Estado y la FGE se niegan a hacer, localizando los despojos para buscar identificarlos y acercar a las víctimas a la justicia.
Don Eddy Carrillo, un destacado padre buscador, encontró los restos de su hijo cinco años después de empezar su frenética búsqueda y de haber localizado miles de desaparecidos, algunos vivos, los más, muertos, desmembrados, enterrados para que el olvido bajo tierra imperara; en ese trajinar en busca de su hijo, don Eddy fue objeto de muchas amenazas, lo amenazaban los criminales y también aquellos que en su búsqueda, veían tocada la impunidad que el Estado les provee, delincuentes de cárteles o con charola.
Esta semana, María del Carmen Morales y su hijo, Jaime Daniel Ramírez Morales, fueron asesinados el 24 de abril de 2025. Ella era miembro del colectivo Guerreros Buscadores, el cual localizó y procesó de manera inicial y aun con sus capacidades el Rancho Izaguirre. Una de las descubridoras del rancho del exterminio, fue asesinada, eliminada. La acribillaron cuando, en compañía de uno de sus hijos, buscaba a otro hijo desaparecido.
Esa cruenta imagen es el reflejo de un país en el cual impera la impunidad, la corrupción, la indiferencia del gobierno de la República para con los desaparecidos y sus familiares, a quienes se niega a contar, a los cuales se les deniega el acceso a la justicia, a la seguridad. Los desaparecidos solo son contados cuando aparecen muertos. El hijo de María del Carmen Morales no fue localizado, su madre ya no lo buscará, la mataron junto a otro hijo; y su crimen, como el de la mayoría de los más de 200 mil asesinados en el sexenio inmediato pasado, quedará en la impunidad, como el de Angelita León en Tecate que buscaba a su hermano desaparecido.
En el abandono y la indiferencia de los gobiernos estatales y el federal, los desaparecidos no cuentan porque no los cuentan, y los buscadores son vulnerados por las mafias que se decantan, de manera impune y permisiva, en el dilema de matar o desaparecer; total, no habrá gobierno que investigue aunque el costo de esa omisión algún día habrá de pagarlo.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
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